Trabajadores de Mexicana apoyan la precandidatura de Mario Di Costanzo en oficinas de AMLO

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Alza A La Gasolina (Nadie Sabe De Donde Sale El Precio)

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El Fisgón "Lavado de Dinero por Mario Di Costanzo

El Fisgón "Lavado de Dinero por Mario Di Costanzo

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Farsa de “austeridad” en gobierno federal

El gobierno federal aplica sus políticas de reducción de gasto en programas de desarrollo social e infraestructura al tiempo que engrosa el gasto corriente en casi medio billón de pesos y aumenta las plazas de mando en la administración pública. Con políticas de austeridad vigentes desde 2006, algunas dependencias reportan como “ahorros” lo que en realidad constituyen subejercicios, señala legislador.

Mayela Sánchez

A pesar de las diversas ordenanzas que dictan medidas de ahorro y reducción del gasto público, en lo que va de la administración calderonista ha aumentado el presupuesto para el pago de servicios generales y de sueldos y prestaciones de los servidores públicos. Simultáneamente, ha disminuido el gasto en programas de infraestructura y desarrollo.

Tan sólo en 2009, mientras el país se encontraba sumido en la peor crisis económica desde 1995, la política de ajuste del gasto gubernamental minó principalmente los recursos destinados a los rubros de Comunicaciones y Transportes y Educación Pública, para programas de infraestructura y de desarrollo social de la población.

La afectación sólo en estos ramos fue de 15 mil 710 millones de pesos, la tercera parte del ajuste en el gasto para paliar el boquete fiscal que resintieron las arcas públicas ese año.

Pero al tiempo que se recortaban recursos en áreas prioritarias, el gasto corriente continuó en ascenso.

Por ejemplo, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el pago en servicios personales –que incluye sueldos y prestaciones de los servidores públicos– añadió 1 mil 513 millones de pesos a su presupuesto original, equivalente a 23 por ciento.

La dependencia, entonces a cargo de Juan Francisco Molinar Horcasitas, pagó ese mismo año 2 mil 653 millones de pesos no previstos en su presupuesto en servicios generales para sus oficinas.

Sin embargo, el incumplimiento en las medidas de ahorro no ha sido exclusivo del periodo más agudo de la crisis económica reciente, como lo consigna la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su Informe sobre la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009.

De 2007 a 2009, informa la ASF, los capítulos de gasto “Servicios personales” y “Materiales y útiles” aumentaron su presupuesto 60 por ciento. En el mismo lapso, el rubro de “Servicios generales” creció 175 por ciento.

Es decir, durante la primera mitad del sexenio calderonista las áreas del gasto que se abultaron fueron precisamente aquéllas que el titular del Ejecutivo propuso reducir desde el inicio de su mandato cuando publicó el Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto en la Administración Pública Federal.

A ese precepto siguieron otros, como el Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 2008-2012 y el Programa Nacional de Financiamiento de Desarrollo 2008-2012.

Ambos establecían directrices similares sobre una meta de ahorro de 20 por ciento en los rubros operativo y administrativo; el segundo proponía además que se incluyera la evaluación de los programas para mejorar la “calidad del dinero ejercido”.

Incluso la ley en la materia fue modificada en octubre de 2007 para asentar que los ejecutores del gasto debían tomar medidas para racionalizar las erogaciones administrativa y de apoyo. Y se definió que esos ahorros debían destinarse a inversión en infraestructura y a programas de desarrollo social.

Por si fuera poco, ante el deterioro de la economía derivado de la crisis mundial en 2009 se decretaron medidas presupuestarias adicionales a través de los Lineamientos de Austeridad, Racionalidad, Disciplina y Control del Ejercicio Presupuestario 2009.

Pero en la práctica, estas disposiciones son letra muerta, pues la austeridad gubernamental sencillamente “no existe ni ha existido”, sentencia la legisladora Esthela Damián Peralta, quien forma parte de la Comisión de la Función Pública en la Cámara de Diputados.

La diputada perredista considera que, más allá del discurso, no ha habido un freno en el ejercicio del gasto público ni durante la gestión calderonista ni con sus antecesoras.

Los legisladores Mario Di Costanzo Armenta, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y Pablo Escudero Morales, presidente de la Comisión de la Función Pública, coinciden en calificar como un “fracaso” la política de austeridad del gobierno actual.

Di Costanzo Armenta añade que el gasto público se ha expandido más del ciento por ciento en la última década, a pesar de lo cual las políticas de gasto orientadas a sectores de inversión productiva y social, como educación, salud, infraestructura, energía y combate a la pobreza, han mostrado “magros resultados”.

El diputado del Partido del Trabajo, quien el pasado periodo ordinario presentó una iniciativa de ley para que el gasto corriente y de operación no pueda ser mayor que la mitad del crecimiento económico estimado, considera que el “grave dispendio” que el gobierno federal hace del erario “permite asegurar que una fuerte reducción del gasto es posible y deseable”.

Gasto corriente al alza

A pesar de las políticas de ahorro y austeridad en la materia, vigentes desde que inició el sexenio calderonista, datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) muestran que, en los últimos cuatro años, el gasto corriente en la administración pública federal ha aumentado 497 mil 644 millones de pesos.

El incremento –cercano al medio billón de pesos– contempla el crecimiento de 22 por ciento en el pago de servicios personales.

Es decir, que los casi 654 mil millones de pesos que se gastaron en 2007 aumentaron a alrededor de 800 mil millones de pesos para el año pasado únicamente en ese rubro, que incluye el pago de sueldos y prestaciones de los servidores públicos.

Parte de ese crecimiento se explica por el engrosamiento de la burocracia que ha tenido la administración de Felipe Calderón Hinojosa, que tan sólo durante la primera mitad de su sexenio incorporó a 15 mil 661 nuevos miembros en puestos de mando medio y alto.

Concretamente en 2009, mientras el país atravesaba una crisis económica que dejó sin empleo a alrededor de 700 mil personas, se crearon 2 mil 688 nuevas plazas para la alta burocracia, anota la ASF.

De acuerdo con la información referida por el órgano fiscalizador, al término del primer trienio calderonista el número de nuevas plazas de mando sumaba 50 mil 52, es decir 45 por ciento más que al inicio del sexenio y no obstante los lineamientos de austeridad que limitaban la creación de ese tipo de plazas.

El ramo donde más puestos de elite se crearon durante la crisis fue Gobernación, que incorporó a su plantilla a 1 mil 466 nuevos burócratas en un año.

El crecimiento del gasto en prestaciones sociales para los servidores públicos puede dar una idea del impacto que para las finanzas públicas ha tenido el robustecimiento de la burocracia.

Y es que mientras que en 2007 el gasto en prestaciones del sector Gobernación fue de 725 millones 991 mil pesos, para 2009 la cifra había aumentado a 878 millones 187 mil pesos. En 2010, el monto ascendió a 1 mil 14 millones 853 mil pesos, es decir, cerca de 300 millones de pesos más a los ya de por sí abultados presupuestos de la burocracia en sólo cuatro años.

Dentro de ese ramo, la Secretaría de Gobernación también mereció observaciones de la ASF por incrementos en su gasto corriente durante 2009: en la compra de materiales, ejerció 30 millones 974 mil pesos más de lo aprobado originalmente, mientras que en el amplio capítulo de “Inversión financiera, provisiones económicas, ayudas, otras erogaciones, y pensiones y jubilaciones y otras” gastó 78 millones 882 mil pesos de más.

Y todo ello con la venia de Hacienda, que autorizó esas ampliaciones en su presupuesto.

Los informes sobre las finanzas públicas que reporta dicha dependencia muestran que la austeridad en el gasto no llegará en lo que resta del sexenio: para este año se ha presupuestado 1 billón 976 mil 305 millones de pesos sólo para gasto corriente.

De ese monto, 846 mil 616 millones serán para servicios personales, 343 mil 326 millones se irán a gastos de operación y 326 mil millones de pesos más servirán para pagar jubilaciones y pensiones.

Mientras tanto, el gasto de capital total será de 646 mil 222 millones de pesos, la mayor parte (636 mil millones), destinada a inversión física.

Tan sólo su más reciente informe trimestral da atisbos de que el gasto corriente seguirá robusteciéndose: en los primeros tres meses de este año se desembolsaron 211 mil 471 millones de pesos, 4.4 por ciento más del dinero erogado en el mismo periodo de 2010.

Subejercicios por ahorros

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala en su artículo 61 que la racionalización del gasto no debe afectar el cumplimiento de las metas de los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos.

No obstante este precepto, fue precisamente en sus programas prioritarios que las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Comunicaciones y Transportes aplicaron sus medidas de ahorro en 2009.

Lo hicieron, además, en un año en que la crisis económica minó las finanzas públicas de tal forma que fue necesario ajustar el gasto público. Los Lineamientos de Austeridad, Racionalidad, Disciplina y Control del Ejercicio Presupuestario 2009 que ese año se pusieron en marcha debían afectar sólo el gasto administrativo y de operación.

Sin embargo, el 70 por ciento de las reducciones de la Sedesol se hizo en 24 de los 35 programas presupuestarios de la Secretaría, cuyo titular era entonces Ernesto Cordero Arroyo, ahora encargado de la hacienda nacional.

El “ahorro” de 3 mil 14 millones de pesos impactó principalmente a proyectos como el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades –estandarte del gobierno federal en materia de apoyo social–, al que se le redujeron 635 millones de pesos.

Otros proyectos afectados fueron el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (412 millones), el 70 y Más (606 millones) y el Hábitat (224 millones). Tan sólo en estos cuatro programas recayó el 62 por ciento de las reducciones.

También se registraron “ahorros” en los capítulos de Abasto Social de Leche y de Apoyo Alimentario.

Por si fuera poco, los recursos obtenidos por esas medidas de ahorro no se aplicaron a programas de desarrollo social, aun cuando así lo dispone la ley.

En Comunicaciones y Transportes ocurrió lo mismo, pues los ahorros tampoco se canalizaron a programas prioritarios de la dependencia, además de que las reducciones de gasto se aplicaron en 36 de los 47 programas de servicios e infraestructura que operó la dependencia ese año.

Además, los rubros de servicios personales y de servicios generales no se redujeron; por el contrario, el gasto en servicios personales aumentó 23 por ciento (1 mil 512 millones 983 mil pesos), la mayor parte a razón de incrementos al sueldo base de los servidores públicos de la dependencia y para cubrir gastos operativos.

En el caso de servicios generales, se gastó 50 por ciento más del presupuesto autorizado. La erogación adicional (de 2 mil 653 millones 539 mil pesos) sirvió para cubrir principalmente “gastos por concepto de responsabilidades, resoluciones judiciales y pago de liquidaciones, los cuales no forman parte de la operación de la SCT”, refiere la ASF.

Al gasto en obra pública le adelgazaron 15 mil 765 millones de pesos, más del doble de lo que la Secretaría reportó como reducciones al gasto ese año. Dicho recorte sirvió para ampliar los presupuestos para servicios personales, servicios generales y el capítulo “Participaciones de ingresos, aportaciones federales, aportaciones y gasto reasignado”, que comprende las aportaciones a estados y municipios.

Tras detectar estas acciones, la ASF dictaminó que, durante 2009, las medidas de austeridad “no generaron los beneficios previstos para las dependencias en sus programas de desarrollo social y de infraestructura”.

Sumado al incumplimiento de la ley que supone el haber ejercido reducciones en el gasto de programas prioritarios, el diputado Escudero Morales apunta que esos ahorros podrían tratarse de subejercicios.

El presidente de la Comisión de la Función Pública recuerda que ha sido precisamente la SCT la que mayores subejercicios ha presentado en los últimos años de entre todas las dependencias de la administración pública central.

De acuerdo con datos de la SHCP, entre enero y septiembre de 2009 la dependencia acumulaba 1 mil 250 millones de pesos sin ejercer. Aunque en el último informe de ese año Hacienda reportó el subejercicio como “subsanado”, en ese periodo el monto de su “ahorro” fue de 1 mil 639 millones 846 mil pesos.

A decir del legislador del Partido Verde Ecologista de México, ello evidencia la ineficacia del trabajo de las dependencias responsables de ejercer el gasto y de las secretarías de Hacienda y de la Función Pública para vigilar su correcto cumplimiento.

Durante el año pasado, la SCT tuvo un subejercicio de 2 mil 517 millones de pesos, prácticamente el doble que el año anterior, con lo que de nueva cuenta figuró como la dependencia con el mayor subejercicio. La cifra corresponde sólo a los primeros nueve meses del año, pues al final de 2010 la SHCP reporta todos los recursos no ejercidos como “subsanados”.

Fuente: Contralínea 233 / 15 de mayo de 2011

Gerardo Fernandez Noroña 27 de abril de 2011

http://www.youtube.com/watch?v=qxJg10MKdPc

Mario Di Costanzo Intervención en tribuna2 LSN 270411

http://www.youtube.com/watch?v=8H53qTHr_qI


http://www.youtube.com/watch?v=HU7-DN82uKI

Dip. Agustín Guerrero, Dip. Laura Itzel Castillo, Dip. Mario Di Costanzo

http://www.youtube.com/watch?v=zS1TArQ7iYc

RENUNCIEN RATAS PANistas!

http://www.youtube.com/watch?v=YEdoIafzxDo

http://www.youtube.com/watch?v=qSycFJ5cID8

Dips. del MORENA se pronuncian sobre el documental Presunto Culpable

http://www.youtube.com/watch?v=cMflXP-cfYE

http://www.youtube.com/watch?v=MJrbTBc5K_8

http://www.youtube.com/watch?v=tTgQb_ebJpI

El miedo de Calderón cuesta 3 mil MDP

La Presidencia de la República ha gastado casi 3 mil millones de pesos del erario en la protección de Felipe Calderón, de diciembre de 2006 a la fecha. Para blindar su “integridad física”, el mandatario mexicano cuenta con una partida especial en el Presupuesto de Egresos 2011 por más de 630 millones y con un “seguro de riesgo” por 800 mil pesos. En lo que va del sexenio, el Estado Mayor Presidencial ­–encargado de la seguridad del presidente– ha ejercido 2 mil millones.

Érika Ramírez

En el quinto año de su “guerra” contra el narcotráfico, el presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa blinda su “integridad física” con una partida especial superior a los 630 millones de pesos, aprobada por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2011.

Se trata del “apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo federal”. En lo que va del actual sexenio, ésta es la segunda vez que la Presidencia de la República ejerce esa partida, identificada en el PEF como P004. La primera fue en 2009; mientras que en los ejercicios 2007, 2008 y 2010 no se asignó presupuesto por ese concepto.

Este gasto –ideado en el segundo periodo presidencial del Partido Acción Nacional (PAN) en el poder– se incrementó en más de 1 mil por ciento respecto de 2009, cuando ascendió a sólo 60 millones de pesos.

“Dado que el presidente Calderón ha emprendido una batalla contra el crimen organizado, más de dos quisieran causarle daño físico. Estamos hablando de líderes del narcotráfico que sienten afectados sus intereses”, justifica Luis Enrique Mercado Sánchez, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

El legislador panista niega que alguna de las partidas destinadas a la seguridad del mandatario sea extraordinaria, pues, dice, “siempre han existido y es en los esfuerzos por la transparencia que se están desglosando”.

Gasto multimillonario

Los gastos para la protección de Calderón Hinojosa no se reducen al “apoyo” para garantizar su “integridad física”. De diciembre de 2006 a la fecha, el Estado Mayor Presidencial (EMP) –cuerpo de las Fuerzas Armadas Mexicanas encargado de proteger y garantizar la seguridad del mandatario– ha ejercido 2 mil 153 millones 593 mil 93 pesos.

A estas erogaciones también se suman 800 mil pesos para la “potenciación del seguro de vida y pago extraordinario por riesgo”, consignados en las “percepciones extraordinarias” que cubren al Ejecutivo federal y registrados en el desglose de su remuneración anual. Conocido como “seguro de riesgo”, éste también se ha incrementado: de 2010 a 2011, aumentó más de 200 mil pesos.

Óscar Enrique Díaz Santos –doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en presupuesto, administración y gasto públicos– señala que con la partida P004 habría una “duplicidad” en el presupuesto de la Presidencia, pues la seguridad del mandatario corre a cargo del Estado Mayor.

Para el académico, en este caso hay un manejo “encubierto” de los recursos públicos. “¿Quién le va a proporcionar la protección de su integridad al presidente y hasta qué punto se está saliendo del protocolo de seguridad?”.

Única desde que el PAN asumió la Presidencia, la partida P004 fue propuesta por segunda vez al Congreso de la Unión y aprobada en diciembre de 2010. El “apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo federal” asciende a 630 millones 909 mil 250 pesos.

De 2001 a 2011, el folio P004 sólo aparece en los presupuestos 2009 y 2011. Su primer registro, etiquetado como “apoyo a las medidas de seguridad de la Presidencia de la República”, fue 1 mil por ciento menor al actual. Hace dos años, el presidente dispuso de 60 millones de pesos, refiere el Análisis funcional programático económico del PEF 2009.

Ambas dotaciones suman 690 millones 909 mil 250 pesos. Ese monto duplica el presupuesto de 2011 asignado al Estado Mayor Presidencial, que en este ejercicio devengará 332 millones 984 mil 374 pesos.

El legislador priista Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias admite que su partido apoyó la propuesta que envió el Ejecutivo a la Cámara de Diputados en 2010, sólo para que Calderón Hinojosa no tuviera ningún pretexto en hacer bien su trabajo.

Integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Lerdo de Tejada Covarrubias añade: “Tenemos la evidencia de una sociedad en riesgo y de profunda inseguridad. Lo que no queremos es generar el más mínimo pretexto por parte del presidente o de las áreas responsables del tema para que asuman su responsabilidad y le den resultados a la gente”.

Posible ejercicio discrecional

El académico Díaz Santos duda del manejo de la partida P004. Considera que se podría estar creando una “bolsa” para otros asuntos: en el PEF no se especifica cómo debe ser ejercido, y esto permite que los recursos puedan ser transferidos a cualquier otro rubro.

El gasto es injustificable, pues se “contabiliza doblemente” una partida asignada a la seguridad del presidente, señala Mario Di Costanzo, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados.

“A menos de que ya se esté dudando del trabajo que desempeña el Estado Mayor Presidencial y se quiera hacer un escuadrón ajeno o diferente a este cuerpo. A lo mejor, Felipe Calderón tiene tanto miedo que está pidiendo que se cree un escuadrón de Rambos; no lo sabemos. Hay poca información sobre esto”, agrega el también integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Según el diputado panista Luis Enrique Mercado, los dineros que garantizan la integridad de Calderón Hinojosa, ajenos al presupuesto del EMP, “están destinados a los sueldos y salarios de las personas que cuidan al presidente, las instalaciones de seguridad de Los Pinos, de los aviones, del hangar presidencial”.

No obstante, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá rendir cuentas del ejercicio del gasto y los integrantes de la Cámara, en su facultad de control, “vamos a exigir transparencia”, asegura el legislador priista Sebastián Lerdo de Tejada.

El Estado Mayor Presidencial

Responsable de resguardar la vida del presidente Felipe Calderón Hinojosa, al Estado Mayor Presidencial le han sido etiquetados 2 mil 153 millones 593 mil 93 pesos en los presupuestos de los últimos cuatro ejercicios fiscales. El monto rebasa el total suministrado en todo el sexenio de Vicente Fox Quesada: 2 mil 25 millones 705 mil 968 pesos.

La seguridad es la función “sustantiva” del EMP –dice el libro El Estado Mayor Presidencial. Cumplir con institucionalidad, editado por el mismo órgano– “e implica un conjunto de actividades, procedimientos y/o dispositivos que permiten garantizar la adecuada operación del organismo, a fin de que las actividades presidenciales se realicen en un ambiente confiable”.

Este cuerpo castrense, bajo el mando del Ejecutivo federal, incluye dentro de su estructura orgánica las secciones Quinta, seguridad presidencial; Séptima, escoltas; y la Coordinación de Seguridad, dedicados a garantizar la seguridad de dignatarios extranjeros. Además, son apoyados permanentemente por el personal del Cuerpo de Guardias Presidenciales y del 24 Batallón de Infantería de Marina de Guardias Presidenciales.

En caso de ser necesario, explica el documento oficial, es “factible” solicitar el apoyo de las autoridades de seguridad pública federales, estatales y municipales. Éstas, con un plan previamente elaborado y aprobado, pueden participar en las actividades de seguridad de referencia, siempre bajo la supervisión y control del EMP.

El directorio de la Presidencia de la República indica que el EMP lo encabeza Jesús Javier Castillo Cabrera, general de Brigada Diplomado de Estado Mayor y jefe del Estado Mayor Presidencial; Crisanto García, general brigadier diplomado de Estado Mayor y subjefe de Logística; Roberto Francisco Miranda Moreno, general brigadier diplomado de Estado Mayor y subjefe de Seguridad; y Mario Rodolfo Segura Villaseñor, general brigadier diplomado del Estado Mayor y subjefe administrativo.

Hasta ahora, las erogaciones para la seguridad de Calderón –integradas por el presupuesto del EMP, el “apoyo” y el “seguro de riesgos”– superan en 28 por ciento los gastos devengados por Vicente Fox Quesada en todo su sexenio. Mientras que de 2001 a 2006 se ejercieron 2 mil 25 millones 705 mil 968 pesos, de 2007 a 2011 se han gastado 2 mil 846 millones 4 mil 54 pesos.

Contralínea solicitó conocer la posición de la Presidencia de la República respecto del gasto en la seguridad de Calderón. Alejandro Caso Niebla, director General de Medios, sugirió formular las preguntas por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (sistema Infomex), en tanto conseguía algún funcionario que pudiera responder, “ya que la seguridad del presidente es un tema muy delicado”. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Más seguridad, menos trabajo

Los más de 2 mil 800 millones de pesos que se han suministrado para garantizar la seguridad de Calderón Hinojosa rebasan los presupuestos anuales de diversos programas de las secretarías del Trabajo, Agricultura, Salud y Educación.

Autonombrado “el presidente del empleo” –mientras intentaba conquistar al electorado mexicano en 2006–, Felipe Calderón ha depositado 1 mil 321 millones 828 mil 6 pesos más en su resguardo (durante su administración) que en la Promoción del Empleo. Este último renglón está etiquetado con una partida presupuestal de 1 mil 524 millones 176 mil 48 pesos en el PEF de este año.

Lo mismo ocurre con el Programa de Apoyo al Empleo –ambos, administrados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social–, que en este ejercicio fiscal obtuvo una asignación de 1 mil 369 millones 95 mil 214 pesos, contra los 2 mil 846 millones 4 mil 54 pesos asignados para la seguridad del presidente.

Renglones que también llaman la atención son los del ramo educativo. De acuerdo con el Análisis funcional programático económico del PEF, los montos destinados a la producción y distribución de libros de texto gratuitos y al Consejo Nacional de Fomento Educativo son menores en casi 1 mil millones de pesos. El primero de estos programas obtuvo este año 2 mil 235 millones 956 mil 287 pesos, en tanto que el segundo, 1 mil 858 millones 326 mil 4 pesos.

El diputado Di Costanzo considera que los recursos especiales asignados para garantizar la seguridad e integridad se deben a que “tenemos un Ejecutivo que está buscando compensar el hecho de que no ha habido incrementos de sueldo”.

Visión del Estado Mayor Presidencial

Cumplir con eficiencia y eficacia las misiones generales que le impone su reglamento para salvaguardar la seguridad del presidente de Estados Unidos Mexicanos en el ámbito de los valores de la lealtad, la honestidad, la discreción y el profesionalismo, sustentados en los principios de institucionalidad, legalidad y disciplina.

Misiones generales

• Garantizar la seguridad del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de su familia, de los mandatarios y funcionarios extranjeros que visiten la república mexicana, de los expresidentes de la república y de otras personalidades que, por la importancia de su cargo o encomienda, expresamente ordene el titular del Ejecutivo federal; así como proporcionar el apoyo logístico inherente a las actividades anteriores.

• Apoyar al presidente de los Estados Unidos Mexicanos en el desarrollo de sus actividades.

• Organizar las actividades conexas a la participación del presidente de los Estados Unidos Mexicanos y su señora esposa en actos oficiales, proporcionando los recursos humanos y materiales que se requieran en apoyo de sus actividades.

• Garantizar la seguridad de las instalaciones presidenciales.

• Desarrollar las actividades de inteligencia y contrainteligencia necesarias para el cumplimiento de las funciones del Estado Mayor Presidencial.

• Coordinar las actividades de conservación, mantenimiento y restauración de las instalaciones presidenciales a cargo del Estado Mayor Presidencial.

• Administrar los recursos presupuestales asignados por la Presidencia de la República para el desempeño de las actividades correspondientes.

Fuente: El Estado Mayor Presidencial. Cumplir con institucionalidad

Pasos para cuidar al presidente

“Visitar el sitio al cual irá el presidente para valorar los posibles riesgos y, en su caso, considerar los requerimientos necesarios para garantizar la seguridad del jefe de Estado, todo lo cual queda plasmado en un plan de seguridad.

“Previamente a una actividad presidencial, supervisar el dispositivo planeado. Hacer ajustes de último momento con base en información reciente o la evaluación de la situación imperante.

“Adicionalmente, la Sección Quinta es responsable de la seguridad de la Residencia Oficial de Los Pinos, del área presidencial ubicada en Palacio Nacional, del hangar presidencial y de otras instalaciones donde resida o se encuentre temporalmente el Ejecutivo de la nación.”

Fuente: El Estado Mayor Presidencial. Cumplir con institucionalidad

Contralínea 219 / 06 de febrero de 2011

Ley de APP, la última apuesta de Calderón

En unas semanas, la Cámara de Diputados discutirá la ley más polémica de los últimos años: la de las Asociaciones Público Privadas, que, según especialistas, implica la privatización de todos los sectores y servicios públicos. La iniciativa –presentada por el Ejecutivo en octubre de 2009– representa la última carta de Felipe Calderón para capitalizar el respaldo del sector empresarial a favor del PAN en las próximas elecciones

Ana Lilia Pérez

Con miras a las próximas campañas presidenciales, Felipe Calderón se juega en el Congreso de la Unión su última carta para regresarle al Partido Acción Nacional (PAN) el apoyo del sector empresarial que el blanquiazul perdió en el desempeño de su gobierno: la Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP), que, en términos llanos, abre a la iniciativa privada todos los sectores, bienes y servicios que por mandato constitucional controla el Estado; de allí que el politólogo e historiador Arnaldo Córdova, investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), defina dicha ley como el “fin del Estado mexicano”.

La posibilidad de lucrativos negocios en áreas del sector salud, educación, seguridad pública y, sobre todo, energético llevó a las cámaras empresariales a replantear su respaldo a la continuidad del PAN en el gobierno federal, condicionado aún a la aprobación de la LAPP, que en octubre pasado fue avalada por el Senado de la República y está próxima a discutirse en la Cámara de Diputados.

Aunque los empresarios tampoco están de brazos cruzados, la cabildean en público y privado. Algunos, como el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Eduardo Correa, colocan en la agenda pública la “urgencia” de que la Cámara de Diputados ratifique la ley para su entrada en vigor.

En San Lázaro, la minuta actualmente se encuentra en comisiones, y se espera que sea una de las primeras en llevarse al pleno hacia febrero o marzo; sin embargo, algunos grupos parlamentarios, como el del Partido del Trabajo (PT), se preparan para combatirla “dada su agresividad sin precedente en contra de las atribuciones y potestades económicas del Estado”, dice la legisladora Ifigenia Martínez Hernández.

Una ley torcida

El 10 de noviembre de 2009, Felipe Calderón envió al Senado su proyecto para formalizar las asociaciones de la Administración Pública Federal (APF) con particulares para la prestación de todo tipo de obras y servicios, incluidos los prohibidos por la Constitución y no contemplados tampoco en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) ni en la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Sector Público (LAASP).

Asociaciones que en la práctica comenzaron a ejecutarse desde hace más de una década en sectores como el de comunicaciones y transportes con las concesiones y privatización carretera; el de salud, mediante la subrogación de infraestructura hospitalaria y servicios médicos en los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS).

En el sector energético, con los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo (Pidiregas), los Contratos de Servicios Múltiples (CSM), y, en el caso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), bajo el nombre ya de asociaciones público privadas, término que tampoco es novedoso, sino copia del modelo que inició Inglaterra a inicios de la década de 1990.

Que la iniciativa llegara al Senado y no a la Cámara de Diputados como correspondía, según las atribuciones de cada una, no fue casual, sino parte del cabildeo para asegurar su aprobación, revela el diputado priista César Augusto Santiago Ramírez, quien critica que en este sexenio el Senado se ha convertido en vía de aprobación de leyes a modo para Felipe Calderón.

De allí que “en los temas más delicados de la vida nacional, el presidente envíe sus iniciativas al Senado y no a la Cámara de Diputados, como corresponde de acuerdo con las atribuciones constitucionales de cada una”, refiere el político chiapaneco, que cuenta en su récord seis legislaturas federales y una local.

En efecto, pese a que en el pleno, senadores de distintos grupos parlamentarios –incluido el Partido Revolucionario Institucional (PRI)– definieron la ley como el proyecto más privatizador de los últimos 50 años, el pasado 12 de octubre la aprobaron con 85 votos a favor, ocho en contra y cero abstenciones.

De la política de Salinas a la ley de Calderón

En la historia de México, si por algo se distingue el sexenio de Carlos Salinas de Gortari es por la ola de privatizaciones de empresas estatales: monopolios privados, rescates multimillonarios y el correspondiente déficit en los ingresos. Pero ni entonces se planteó la idea de que los privados administraran áreas como la seguridad pública, incluidas las cárceles; el sector salud o las identificadas como de seguridad nacional, como si lo hace la LAPP de Felipe Calderón.

“Sólo falta que se proponga una Cámara de Diputados outsourcing o que se contraten outsourcing diputados”, critica el diputado Mario Di Costanzo.

La LAPP argumenta la imperiosa necesidad de que “la iniciativa privada se convierta en un proveedor de servicios de la APF, con la obligación de construir la infraestructura necesaria para la prestación de los mismos, asumiendo en forma equitativa los riesgos que represente la ejecución de los proyectos”.

La supuesta pretensión de “impulsar el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura, incentivar la inversión, atender necesidades sociales e impulsar el empleo y el crecimiento económico de manera más ágil”.

Su aprobación en el Senado implicó la reforma, adición y derogación de diversos artículos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; de la Ley de Expropiación; de la Ley General de Bienes Nacionales y del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Las malas prácticas: licitaciones dirigidas, adjudicaciones directas, contrataciones irregulares a cambio de comisiones, dádivas o sobornos son el pan de cada día en instancias como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la CFE, involucradas lo mismo grandes trasnacionales que las pequeñas compañías. Ahora, la LAPP legaliza este tipo de prácticas, alerta el diputado Mario Di Costanzo Armenta, secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Los bienes materia de expropiación podrán ser tasados por valuadores externos y no únicamente por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. Las escrituras tampoco requerirán del aval de la Secretaría de la Función Pública.

Sí contempla el sector energético

En noviembre, la minuta aprobada por el Senado llegó a San Lázaro. Desde la mesa directiva, se impuso un veto para que la Comisión de Energía no participara en su análisis y discusión, con el argumento de que, desde el Senado, se había excluido el sector energético de las APP. Ello azuzó la inquietud de revisar a detalle la minuta, explican a Contralínea legisladores integrantes de esa Comisión.

El análisis que de manera individual haría cada uno les develó que la ley que aprobó el Senado no tiene candados suficientes para blindar el sector energético –el más lucrativo del país– de este tipo de asociaciones, como se manejó oficialmente, denuncia Laura Itzel Castillo, secretaria de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

Ifigenia Martínez, exvicepresidenta de la mesa directiva del Senado, explica que, en la redacción “imprecisa”, está el truco para que la LAPP tenga posibilidad de ejecutarse “en cualquier materia”, principalmente en Pemex, y “para ello utiliza una redacción imprecisa encaminada a interpretarse como la posibilidad de participación de materia petrolera, similar a la utilizada para justificar la celebración de contratos de servicio público, ahora llamados incentivados”.

La redacción de la ley que el Senado aprobó encendió la alerta en San Lázaro. “Es imposible de aprobar esta ley si tiene resquicio para su aplicación en materia energética, es imposible de aprobarla en esa materia. Definitivamente no, allí no se puede y punto”, suelta tajante César Augusto Santiago, quien fungió como director general adjunto de Pemex en el sexenio de Ernesto Zedillo.

Cabildeos oscuros

El proceso legislativo que ha tenido la LAPP está lleno de claroscuros. Cuando entró a San Lázaro, por ejemplo, la Junta de Coordinación Política “informó” a los coordinadores del interés de que se aprobara antes del 15 de diciembre, es decir se buscó que entrara como una de tantas leyes y dictámenes que en cascada se validaron previo a la tregua navideña.

Sin embargo, “algunos diputados logramos que no se desahogara sin un análisis previo y, mucho menos, se votara”, refiere Enrique Ibarra, diputado del PT por Jalisco.

En el estira y afloja, los coordinadores parlamentarios del PRI, Francisco Rojas; Partido de la Revolución Democrática, Alejandro Encinas; y del PT, Pedro Vázquez, acordaron revisar los alcances de la ley mediante algunos foros en febrero y marzo próximos, antes de que la LAPP se someta a votación.

El análisis que los legisladores del PT, principales opositores de la LAPP, expondrán ante el pleno durante la discusión de la ley deduce que la propuesta calderonista que avaló el Senado es “un mecanismo claro de facilitación privatizadora”.

Argumentos falaces

En su iniciativa, Felipe Calderón argumenta que la LAPP impulsará la competitividad económica del país y, “en general, la calidad de vida de la población con la inyección de capital para el desarrollo de obras”.

Aunque desde su nombre parecería orientada a fortalecer el régimen de economía mixta, “en esencia es todo lo contrario: significa favorecer al sector privado a toda costa, abandonando funciones primordiales y entregando para su gestión sin intervención del gobierno todo tipo de servicios públicos y la construcción de infraestructura para su operación”, explica Ifigenia Martínez, una de las economistas más prestigiadas de México, la primera connacional en obtener el grado de maestría y doctorado en economía por la Universidad de Harvard.

“Tal intención se pretende apoyar –continúa Martínez– en la supuesta mayor eficiencia del sector privado y en la supuesta necesidad de adoptar tecnología de punta en las actividades gubernamentales para la prestación de servicios públicos. No obstante, la experiencia ha demostrado muchas veces el carácter ruinoso de esa participación privada en actividades públicas.”

El saldo de los esquemas que precedieron a las APP es contundente:

La privatización de la banca comercial y el posterior rescate a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (después llamado Instituto para la Protección de Ahorro Bancario) implicaron un costo fiscal de 1 billón 248 mil millones de pesos, según cifras de la Auditoría Superior de la Federación inscritas en el informe final de la comisión de investigación sobre el IPAB. Para septiembre de 2010, el pasivo estimado era de 780 mil millones de pesos.

La privatización y posterior rescate carretero, que en 1997 tuvo un costo de 58 mil 100 millones de pesos, se triplicó una década después por los intereses generados: 98 mil 700 millones de pesos, según estimación del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.

El otro esquema que precedió a las APP es el de los Pidiregas, aplicados particularmente en el sector energético. El resultado: sin activos visibles, la deuda de Pemex vía Pidiregas en los sexenios panistas suma 896 mil millones de pesos; los de la CFE, 263 mil millones.

Ni una ni otra paraestatal se hicieron más competitivas y eficientes. En el caso de Pemex, de ser la sexta empresa petrolera más importante del mundo en 2000 (sólo después de Saudí Aramco, Pedevesa, Exxon Mobil y la NIOC de Irán), hoy se ubica en el número 11.

El caso de la CFE es quizá más polémico: las deudas adquiridas vía Pidiregas sirvieron para capitalizar docenas de compañías privadas, en su mayoría extranjeras. Sin una ley todavía sobre las APP, esta paraestatal tiene ya pactados compromisos de este tipo prácticamente para todas las fases de producción, y aunque cada día sus pasivos son más abultados, la CFE no ofrece a los usuarios ni mejores servicios ni tarifas más bajas, por el contrario, actualmente es la empresa que acumula más quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor por “tarifas y cobros abusivos”.

Respecto de los PPS, esquema más afín con las APP, su desarrollo de ninguna manera ha sido a favor del bien público. De acuerdo con diversas investigaciones de la reportera Érika Ramírez, en el ámbito federal y particularmente en el sector salud, han sido utilizados para beneficiar a empresarios vinculados al PAN y algunos claramente identificados como financieros de campaña de Felipe Calderón (Contralínea 122, 173), con proyectos que además han costado hasta cinco veces el precio original pactado.

Abultados costos

La ley de Calderón argumenta la necesidad de las APP por la inyección de capital para el desarrollo de infraestructura, pero como ha ocurrido con los PPS en el sector hospitalario, los proyectos que se desarrollen mediante estas nuevas asociaciones costarán dos y hasta tres veces más que si el proyecto lo desarrollara el gobierno, advierten economistas.

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Denuncian a Molinar Horcasitas por daño patrimonial

La redacción

MÉXICO, DF, 18 de enero (apro).- El diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Mario di Costanzo, presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia penal por presunto daño patrimonial en contra de Juan Molinar Horcasitas, extitular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Según la denuncia, Molinar Horcasitas tiene responsabilidad en el caso de la guardería ABC, donde murieron 49 niños; el presunto manejo ilegal de fondos de pensionados del IMSS, así como también por haber beneficiado, presuntamente, a Televisa al otorgar la Licitación 21, y por supuesta negligencia en la huelga de Mexicana de Aviación, que provocó el despido de empleados y pérdida de divisas para el país.

Di Costanzo presentó la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, donde señaló que la PGR debe de iniciar las indagatorias correspondientes para actuar en consecuencia y, de existir elementos suficientes, sancionar al presunto responsable.

Luego confió en que la dependencia federal realice las investigaciones correspondientes, toda vez de que el exsecretario de la SCT “carece de fuero constitucional” que pueda protegerlo.

Una vez fuera de la fiscalía, el legislador petista mostró su denuncia, por la cual, aclaró, se abrió la averiguación previa PGR-UEIDCPCAJ/SP

http://www.youtube.com/watch?v=N3EXX6BRiXg

Entrevista a Mario DiCostanzo sobre la liberación de Diego Fernández de Cevallos

Pagan los ciudadanos el ISR a diputados

Los diputados federales no pagarán su ISR, sino que se les pagará con los impuestos que pagan los mexicanos.

De acuerdo con Reforma, la Cámara de Diputados absorbió con recursos de los impuestos que pagan los ciudadanos el pago de 22.7 millones de pesos, o 45 mil 522 por cada diputado federal del ISR relativo al fondo de ahorro sus integrantes.

Los diputados depositaron en sus cuentas personales esa cantidad por devolución de ISR.

La entrega de los 45 mil 522 pesos ocurrió debido al artículo 20 de la Norma para Regular la Transferencia y Control de los Recursos Financieros Asignados a los Grupos Parlamentarios.

El artículo concede completa discrecionalidad a los coordinadores para el manejo de loas recursos de las bancadas.

Todo esto se respalda en un recibo entregado por un diputado federal a Reforma, en el cual se señala que los recursos manejados por los coordinadores parlamentarios corresponden a "ISR aportaciones Fondo de Ahorro", el cual se devuelve por acuerdo del comité de administración el pasado 26 de noviembre.

Es decir, fue el comité de administración el que aprobó este reembolso.

Los diputados pueden particirpar en un fondo de ahorro hasta con 12% de su dieta bruta. La Cámara de Diputados aporta una canitidad igual.

El ingreso bruta anual de un diputado es de un millón 941 mil 683 pesos, con aguinaldo de 184.5 mil pesos. También cuentan con seguri de vida y gastos médicos mayores para ellos y su familia, entre otras prestaciones.

Sólo los diputados del PT, como Gerardo Fernández Noroña y Mario Di Costanzo, han renunciado al fondo de ahorro y a las prestaciones como diputados.

Di Costanzo, Jaime Cárdenas y Fernández Noroña intervención en el dictamen art.27. fuerzas armadas

http://www.youtube.com/watch?v=uI1MWlIft-Q

http://www.youtube.com/watch?v=RfLlyaC8g44

http://www.youtube.com/watch?v=vjS3-J2frQM

Mario Di Costanzo: propuesta de no cobrarle impuestos a los pensionados y jubilados

http://www.youtube.com/watch?v=dVs0TqqXdPw

Respuesta de Mario Di Costanzo a las calumnias de Vidal Llerenas

http://www.youtube.com/watch?v=311YCgrX6pU

Mario Di Costanzo, en contra del Art. 2 de la Ley del IEPS al Tabaco

http://www.youtube.com/watch?v=TgBEhRx6aV0

Mario Di Costanzo en contra de la LFD relativo al Régimen Fiscal de PEMEX

http://www.youtube.com/watch?v=2JKVVg5pXmQ

Mario Di Costanzo: Posicionamiento del GPPT sobre la Ley de Ingresos 2011

http://www.youtube.com/watch?v=qc475T_RzE0

Gerardo Fernández Noroña Recrimina Al PRI y PAN Su Falta De Sensibilidad Por La Gente

http://www.youtube.com/watch?v=l5oPezpEU1M

Suárez Coppel, dispendio en tiempo de crisis

Designado por Felipe Calderón para dirigir, en tiempos de profunda crisis, la principal empresa del Estado, Juan José Suárez Coppel no es un funcionario que se afane en aplicar los recursos públicos con sobriedad. Durante su gestión como director corporativo de Finanzas, en el sexenio pasado, gastó dinero de Pemex en hospedaje en hoteles boutique de la realeza europea, en cenas en restaurantes gourmet con la aristocracia inglesa y en bebidas en los bares de moda de la Quinta Avenida de Nueva York y Londres.

Ana Lilia Pérez

Los especialistas en materia energética lo señalan como corresponsable de la quiebra técnica que hoy vive Petróleos Mexicanos (Pemex); las organizaciones de trabajadores petroleros, de ser partícipe de la privatización a la que se encamina la paraestatal. También ha sido señalado de estar implicado en contrataciones irregulares a favor de consultorías y transportistas de hidrocarburos –según dieron a conocer la Secretaría de la Función Pública y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional–. De allí el unánime rechazo que suscitó su nombramiento como director general de la paraestatal.

Pero hay algo más que abona al cuestionamiento de la decisión presidencial: el derroche de miles de pesos, dólares, euros y libras esterlinas entre 2001 y 2006 al viajar en vuelos premier a Europa y Nueva York, hospedarse en hoteles boutique y alimentos en mesa de reyes, sin que se tenga claridad sobre el objetivo de esos viajes, y que el hoy director de Pemex se negó a explicar en la solicitud de entrevista que hizo Contralínea.

Las facturas de los gastos personales que a cuenta del erario hizo Juan José Suárez Coppel durante su desempeño como director corporativo de Finanzas develan los excesos de quien tenía la misión de administrar financieramente la bonanza petrolera: los millones que generó la venta de los excedentes, aunado a los precios récord que alcanzó el crudo mexicano durante el sexenio foxista.

Parte de aquella bonanza fue: el consumo de costosas bebidas alcohólicas, el uso de artículos de tocador de diseñadores como Hermès, alimentación exclusiva de chefs internacionales y hasta la adquisición de boletos para los espectáculos que ofrecen los grandes teatros de Londres.

Felipe Calderón regresó a la administración pública a un personaje que a cuenta del erario, durante seis años, se hospedó en por lo menos 10 de los hoteles que figuran en la lista de “los mejores y más exclusivos del mundo”, según el ranking de las revistas internacionales de “vida y estilo”. También a cuenta del erario almorzó, comió y cenó en los restaurantes que aparecen en la Guía Michelín, publicación francesa que identifica los mejores restaurantes del mundo en calidad, servicio y lujo.

Las excentricidades de Coppel

En marzo de 2001 se hospedó durante dos noches en la habitación M1523 del New York Palace, un imponente hotel de lujo que combina el histórico hito Villard Mansion (pisos de mármol, estructuras italianas y chimeneas de mármol rojo de Verona), decretado monumento histórico desde 1882, con una moderna torre de 55 pisos, situado sobre la avenida Madison, justo frente a la Catedral de San Patricio, en el corazón de Manhattan. Pagó 1 mil 200 dólares.

El 2 de abril de ese año comió por 118.32 dólares en The Oyster Bar, en Central Park, un elegante restaurante de techo abovedado, identificado por las revistas de “vida y estilo” entre los 10 mejores restaurantes de ostras del mundo. Cenó por 160 dólares en el restaurante bar Manhattan Ocean Club.

El 3 de mayo, en Atlanta, por 45 dólares comió en Thai Chilli Cuisine –del chef Robert Khankiew–, considerado por el canal de cocina de CNN International como el mejor restaurante tailandés de Estados Unidos. Por la noche acudió al Atlanta Fish Market, un edificio de art decó que recrea las clásicas estaciones de trenes de Georgia, decorado con finos muebles de caoba y cedro de Nueva Inglaterra, desde donde los comensales se relajan mientras beben cerveza frente a las cinco pantallas planas que a toda hora ofrecen programas deportivos. Suárez Coppel cenó y bebió por 166 dólares.

La noche del 31 de mayo se hospedó en la habitación 1524 del JW Marriott Hotel, en Houston, Texas: un majestuoso hotel-galería que ofrece ropa de cama “de lujo” (sábanas de algodón y lino bordadas y edredones acolchados), pantallas planas de alta definición y habitaciones estilo contemporáneo “con ambiente residencial” rodeado por 200 tiendas de exclusivos diseñadores. Pagó 235 dólares.

El 22 de junio volvió al New York Palace a pernoctar en la habitación M2607. Se trata de uno de los siete emblemáticos hoteles de lujo en el mundo que opera la cadena Dorchester Collection. Que Suárez Coppel durmiera ahí la noche del 26 de agosto en la habitación M2905 costó a Pemex 564 dólares.

Aficionado a la comida asiática, Coppel frecuentaba los sitios gourmet más costosos, como el Nobu, el restaurante japonés más exclusivo de Nueva York, donde en 1 mil metros cuadrados se recrearon los paisajes japoneses con sus texturas naturales: abedules, pisos de madera y paredes cubiertas con piedras de río.

Viajar como lord

Viajó a Inglaterra en vuelo premier que costó a la paraestatal 59 mil 883 pesos. Arribó a Londres el 24 de septiembre de 2002. Tomó un taxi limousine, por 75.50 libras esterlinas, que lo trasladó al Mandarin Oriental Hyde Park, un palacio del siglo XIX que desde 1889 operaba como exclusivo club de caballeros y hoy alberga uno de los cuatro hoteles más ostentosos de Inglaterra; “creado con la elegancia del lujo inglés”, en plena avenida Knightsbridge, frente al emblemático Hyde Park, con los ecos de la guardia real asomando por el Palacio de Buckingham, la residencia oficial de la Reina Isabel II.

Fruta de la pasión

El 14 de noviembre de 2003 viajó de Madrid a Toledo –a 70 kilómetros de distancia– para almorzar en el Adolfo, “uno de los restaurantes más destacados de Iberia”, atendido por el chef Adolfo Muñoz Martín, premio Marqués de Desio de la Academia Nacional de Gastronomía y de la Buena Mesa “al mejor profesional de la restauración española”.

A cuenta de Pemex, Suárez Coppel y su acompañante comieron de las carnes de caza, frutos de huerto, aceites, especias y dulces que el chef Adolfo sirve en una casona judía del siglo XI, decorada con estucos venecianos, entre telares y policromías del siglo XV. Su mesa se vio rebozada de jamón de bellota, bogavante en ensalada y estofado de lentejas verdes, flor de calabacín en tempura y vieira, chipirón (calamar) sobre pisto de invierno y salsa en tinta, lubina a la parrilla y tiznao, ensalada de frutos rojos con fruta de la pasión.

Suárez Coppel, patrimonio en duda

En sus primeras declaraciones como director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) dijo que encontró la paraestatal mal administrada y con visos de corrupción. En 2007, como vicepresidente financiero del Grupo Modelo, Juan José Suárez Coppel fue involucrado por funcionarios de muy alto nivel de la Secretaría de la Función Pública (SFP) –entonces a cargo de Germán Martínez Cázares– en irregularidades en la asignación de millonarias adjudicaciones a contratistas de Pemex a cambio de sobornos en efectivo y viajes, y de depósitos millonarios en cuentas personales, que habría recibido entre 2001 y 2006 como financiero de la paraestatal, según las indagatorias que llevaba la SFP.

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Mario Di Costanzo Director General De PEMEX, Suárez Coppel, 'Se Da Vida De "Diva" Cuando Viaja'

http://www.youtube.com/watch?v=WTWKmg3FU8I

Juan Molinar Horcasitas Protegido Por El Gobierno Para No Rendir Cuentas Ante La Justicia

http://www.youtube.com/watch?v=G92kbbMhpAg

http://www.youtube.com/watch?v=nhIQfS_4a-M

http://www.youtube.com/watch?v=EViyup4lk4M