Azcárraga, el socio mexicano de Murdoch

Azcárraga. Negociazos.

Jenaro Villamil

MÉXICO, D.F. (Proceso).- La mano del magnate australiano Rupert Murdoch, considerado el Ciudadano Kane de la era multimedia, está metida en Televisa, específicamente en Sky, la empresa de televisión satelital que se ha convertido en la segunda fuente de ingresos y utilidades para la compañía de Azcárraga Jean frente a los números negativos de la televisión abierta.

Sólo en el segundo trimestre de 2011 Sky cerró con 3 mil 122 millones de pesos en ventas, un crecimiento de 10.2% respecto del año anterior, y generó utilidades por mil 496.4 millones de pesos, 16% más que en 2010. En contraste, la televisión abierta tuvo ventas por 5 mil 478 millones de pesos, lo que representó una disminución de 5.7% respecto de 2010, y un decrecimiento de 8.7% de sus utilidades al registrar 2 mil 618.7 millones de pesos, según el reciente reporte trimestral de Grupo Televisa a la Bolsa Mexicana de Valores.

La participación de Murdoch en Innova, filial creada en 1996 para el lanzamiento de Sky México, se incrementó de 30 a 41.3% desde 2007, mientras que Televisa disminuyó ligeramente su propiedad accionaria al pasar de 60 a 58.7%, según el reporte F-21 de diciembre de 2010, que Grupo Televisa entrega anualmente a las autoridades bursátiles estadunidenses.

El incremento de la participación de Murdoch en Sky México va de la mano con la estrategia que ha aplicado a escala global: asfixiar a sus competidores, presionar políticamente y luego buscar la compra de las acciones para ganar el mercado, práctica que Televisa ha aplicado puntualmente en los mercados nacional y latinoamericano.

Tan similares son sus prácticas que la revista Expansión, en su número especial del 20 de diciembre de 2010, calificó a Emilio Azcárraga Jean como “el Rupert Murdoch mexicano”. El reportaje citó así al consultor Xepus Ginebra, de Media Planning Group: “Ambos (News Corporation y Televisa) son negocios controlados prácticamente por una persona, se enfocan a generar contenido distribuido en multiplataformas, con una fuerte influencia política en los países donde operan y con la actitud de hacer grandes apuestas de inversión”.

La sociedad Murdoch-Televisa

La presencia del magnate australiano en Televisa comenzó a negociarse con Emilio Azcárraga Milmo, El Tigre, para lanzar la plataforma de televisión satelital conocida como DTH (televisión directa al hogar) que permitiría la transmisión de decenas de canales vía satélite, desplazando en eficacia a la televisión por cable.

En 1990 se formó en Gran Bretaña el consorcio British Satellite Broadcasting (BSB), formado por varias compañías de televisión y Pearson, la poderosa editorial inglesa. Lanzaron un satélite construido por Hughes Communications y despertaron el interés en todo el mundo por este nuevo negocio de televisión de paga.

Los altos costos de operación de BSB forzaron a una fusión con su competencia, Sky Television, creada por Murdoch, con el amplio beneplácito del gobierno conservador inglés. Entre 1993 y 1994, el dueño de News Corporation demostró a través de canales deportivos, de películas y de noticiarios de corte sensacionalista (ya era dueño de los estudios Fox en Estados Unidos) que podía desafiar a la legendaria BBC, la cadena pública inglesa. Tres millones de británicos se suscribieron a sus servicios y más de 30% de los hogares con televisión de 17 países europeos contrataron los servicios de la llamada BSkyB. En 1998 fue el primero en ofrecer 200 canales.

El éxito europeo quiso replicarse en América Latina. Murdoch se asoció con los magnates de medios en la región: Azcárraga Milmo, de Televisa; Roberto Marinho, del consorcio brasileño O Globo, y Liberty Media, para crear Sky Latinoamérica.

En México la empresa se denominó Inno­va. Televisa tuvo 60%, News Corporation 30% y Liberty Media el 10% restante.

En contraste, el magnate venezolano Gustavo Cisneros, a través de su filial Darlene­ Investments, impulsó una sociedad con la constructora de satélites Hughes, filial de General Motors, y con la familia Vargas, de Multivisión, para crear DirecTV, competencia de Sky.

En México la guerra contra DirecTV fue brutal. Sky lo sacó del mercado al negarle el acceso a los canales de televisión abierta al tiempo que las inversiones de General Motors quebraron y no fue suficiente para sostener la plataforma que llegó a tener 11 millones de suscriptores en América Latina. Durante casi ocho años Sky tuvo 95% de los suscriptores de televisión satelital en México.

En abril de 2003 la junta de directores de General Motors aprobó la venta de Hughes­ Electronics, propietaria mayoritaria de DirecTV, a News Corporation, de Murdoch, por 6 mil millones de dólares. El australiano absorbió así a su competencia. En 2004 se dio la fusión entre DirecTV Latin America y Sky Latinoamérica.

Para diciembre de 2007, Azcárraga Jean y Murdoch firmaron un acuerdo con Orbital Sciencies Corporation para la construcción y puesta en marcha de un satélite para servicios exclusivos de Sky en México y Brasil. Televisa informó en aquella ocasión a la Bolsa Mexicana de Valores que ese satélite duplicaría la capacidad actual de Sky México.

Para esas fechas la composición accionaria de Innova se modificó: DirecTV, propiedad de Murdoch, incrementó de 30 a 41.3% su propiedad y Televisa pasó de 60 a 58.7%.

Los informes oficiales de Televisa ante las autoridades estadunidenses y la Bolsa Mexicana de Valores definen a News Corporation como “una empresa líder en distribución de programas y películas” y a Televisa como “empresa de comunicación número uno de habla hispana”.

Dish, la competencia

Desde finales de 2008, y sobre todo entre 2009 y 2011, Sky se ha enfrentado a la competencia de Grupo Dish, formado por MVS de la familia Vargas, la compañía EchoStar y Grupo Telmex como socio de facturación. En menos de dos años Dish llegó a tener más de 2.6 millones de suscriptores y Sky tuvo que enfrentarse a un competidor con fuerte respaldo.

En 2008 Sky tenía 1 millón 759 mil suscriptores. En 2009 subió a 1 millón 959 mil y su gran salto fue en 2010, cuando cerró con 3 millones 44 mil. El reporte del segundo trimestre de 2011 señala que actualmente tiene 3.6 millones de clientes.

La clave fue crear dos servicios de televisión satelital más baratos para competir con Grupo Dish: la empresa VeTV y MiSky, que incluye sólo los 25 canales más vistos, cantidad menor que la oferta de 238 canales que ofrece el servicio de Sky.

Sin embargo, las presiones de Televisa a los organismos reguladores, como la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la de Competencia o la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para frenar la expansión de Grupo Dish y bloquear la autorización de MVS como proveedor de servicios de internet en banda ancha se han incrementado en 2011, de la mano de la guerra publicitaria y comercial contra Grupo Carso, de Carlos Slim.

Como Murdoch en Gran Bretaña, el consorcio de Azcárraga se vale de su enorme capacidad de cabildeo político y de espionaje y presiones a sus principales clientes publicitarios.

Por lo menos en 2006 Televisa aplicó el llamado Proyecto Múnich, una estrategia en conjunto con David Robillard, entonces director de la agencia privada de investigaciones Kroll, y el vicepresidente de Comercialización de Televisa, Alejandro Quintero.

El Proyecto Múnich, divulgado por la revista Etcétera, plantea como objetivo “un esfuerzo de inteligencia competitiva ofensiva”. En otras palabras, espiar no sólo las cuentas corporativas, sino los antecedentes privados de los ejecutivos más prominentes de sus mayores clientes publicitarios.

Kroll aclaró que para establecer su investigación emplea “técnicas de inteligencia, pesquisas de campo, la revisión exhaustiva de bases de datos públicas y privadas, así como la consulta de fuentes confidenciales de información”.

Robillard desmintió la información publicada por Etcétera, pero confirmó que Kroll ha hecho trabajo con Televisa para ayudar “a encarar los riesgos a los que se enfrenta.

“En ningún momento participamos en la obtención de información privada”, advirtió en una carta el 2 de mayo de 2006.

La descomposición nacional

La morgue de Matamoros es una sucursal del purgatorio. Tras hacerse público el hallazgo de fosas llenas de cadáveres en San Fernando, Tamaulipas, cientos de personas de todo el país acudieron para saber si sus desaparecidos –de los que no habían hecho la denuncia por puro temor– están ahí, entre los ejecutados. Los trámites son lentos y dolorosos... más cuando las respuestas tardan en llegar y aún más cuando se sabe que muchos cuerpos fueron enviados al Distrito Federal porque esta ciudad, “La Meca” de los desaparecidos, ya no se da abasto...

Marcela Turati

MATAMOROS, TAMPS.- El hedor traspasa las paredes de la morgue. Se cuela por escuelas, negocios y casas, impregna la ropa, atasca las gargantas, encoge la nariz, provoca náusea, obliga a apurar el paso. En el edificio blanco donde se origina la peste hay 71 cuerpos en el piso, unos sobre otros, que esperan su turno para la autopsia.

En el estacionamiento, un tráiler de esos que podrían transportar frutas, sirve como depósito para otros 74 cadáveres envueltos en bolsas de basura y amortajados con cinta adhesiva que lleva escrito el lugar de su hallazgo.

Las carrozas fúnebres llegan cada tanto con otros cuerpos recién desenterrados. En el último conteo eran 145.

Los cementerios clandestinos descubiertos en el municipio bisagra de San Fernando –que une a Reynosa y Matamoros con Ciudad Victoria– evidencian el nivel de descomposición de la narcoguerra.

Cada fosa es prueba del encubrimiento oficial a la anormalidad cotidiana: las carreteras controladas por criminales, las matanzas cotidianas, el subregistro de muertos, las desapariciones masivas de personas, la primitiva barbarie de los grupos enfrentados, el reclutamiento forzado de jóvenes para la guerra, la cómplice indiferencia de la justicia y el obligatorio silencio ciudadano.

“Hasta ahora se dieron cuenta de lo que pasa. ¿Ya cuándo?, si mi marido y su compadre iban a León a dejar unos carros y nunca llegaron a Victoria y vivo sin una noticia, ¡nada!”, reclama una rubia con lentes oscuros y palabras atascadas por las lágrimas.

“Desde el año pasado había ya muchas denuncias pero no nos oían, era como hablar abajo del mar”, dice furiosa una tamaulipeca flaquita y ágil que de la cajuela de un auto descarga garrafones de agua potable. Los deposita bajo la lona improvisada como albergue atendido por espontáneos que alimentan y consuelan a los fuereños que llegan para cotejar si sus familiares, los que un día no llegaron, están entre los desenterrados. Matamoros, Meca nacional de las familias con desaparecidos.

“No habíamos denunciado nunca. Apenas nos animamos porque están sacando tanta gente de las tumbas y vimos en las noticias que llegaron muchas familias”, reconoce el padre de Leonte Silva Hernández –criador de pollos, padre de tres hijos y desaparecido en noviembre en San Fernando–, de quien no había denunciado la ausencia por miedo a que “lo tormenten”.

Los sepulcros removidos atrajeron a tamaulipecos de todos los puntos del estado, que aquí son mayoría, pero también a personas de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Distrito Federal, Zacatecas, Michoacán, Jalisco o Guanajuato que sospechan que sus familiares fueron capturados en alguna de estas carreteras de la muerte.

La pesadilla ocurrió en San Fernando –municipio vecino controlado por Los Zetas, que desde el año pasado está en guerra contra el cártel del Golfo, su origen–, el mismo que escandalizó al mundo en agosto pasado por el hallazgo de 72 migrantes centro y sudamericanos asesinados.

El nuevo encuentro de ocho fosas clandestinas con 59 cadáveres ocurrió el 6 de abril y destapó la podredumbre: los criminales asesinaban a los pasajeros de los autobuses que transitaban por la carretera de San Fernando, como ocurrió en tres corridas a finales de marzo.

El Ejército detuvo a varios implicados que señalaron los sitios de las excavaciones, y a 11 policías locales cómplices. Hasta el viernes 15 ya eran 145 los cadáveres exhumados de decenas de fosas.

Un ama de casa de Ciudad Altamirano, Guerrero, se mantiene inmóvil, recargada contra una pared de la oficina de servicios periciales. Es la presentida viuda de uno de los pasajeros del ómnibus que iba a Reynosa, donde su esposo y seis compañeros intentarían cruzar a Estados Unidos.

“Como no llegó pedimos hablar con el chofer para preguntarle, pero en la terminal nos dijeron que no reportó nada. Los de los autobuses sospechaban que les faltaba gente porque “sobraban maletas”. Hasta después el chofer nos confesó que, entre las siete y las ocho de la mañana del 29 de marzo, unos hombres armados bajaron a todo el pasaje, como a 25 gentes, y nomás dejaron irse a las dos mujeres que iban, al chofer y su ayudante”, cuenta esta madre de cuatro hijos que lleva una mochila con ropa como único equipaje.

Ninguno de los guerrerenses denunció la desaparición porque esperaban que los secuestradores pidieran rescate, como es la usanza. Entonces supo por las noticias que los cuerpos de los pasajeros eran albergados en esta morgue.

“Tengo tres días aquí, dicen que no puedo verlos, que los cuerpos están muy descompuestos… si está vivo o muerto lo quiero encontrar”, dice triste y asustada: “Borre el nombre de él, dicen que a veces los tienen vivos y si se publica, los matan”.

Otra mujer de Arcelia, Guerrero, hace fila para que le tomen la muestra de ADN para sacar a su hijo de entre los cuerpos apilados en las bolsas de basura: “Es jornalero, iba a Reynosa, salió el 28 de marzo en uno de esos camiones”.

Los forasteros que llegan a la morgue tienen que hacer al menos cuatro filas que duran horas: dos para denunciar la desaparición, dos para dejar su sangre para el cotejo genético.

En la recepción de la oficina de servicios periciales, en el tiempo de espera se escuchan las inquietudes comunes:

–Señorita, ¿no nos podrán poner las fotos de los muertos? –pregunta un ranchero anciano.

–No. Quedaron irreconocibles por el paso del tiempo y las condiciones de su muerte –contesta la recepcionista–. Sólo describiendo las ropas, tatuajes o cadenas se puede saber. Por eso se pide que dejen esos datos porque aunque hay 100 cuerpos han venido más de 400 familias buscando.

–¿Hasta cuándo nos van a decir? –pregunta frustrada una mujer con cuatro días de espera.

–Señora, es que hay muchísima gente y tenemos que mandar los paquetes para cotejar.

La oficina parece un purgatorio lleno de personas con miradas perdidas, ojos llorosos, lágrimas escurridas. A ratos se hace el silencio de un velorio, otras veces se convierte en comunidad de autoayuda.

–A veces es mejor, de una vez, el trancazo a estar todo el día pensando si estará vivo, si lo estarán golpeando, si habrá comido –dice alguien.

–Ya ni pasa la comida, nos dan una muerte lenta –dice una joven con un bebé en brazos.

–Nosotros no queremos encontrar a mi hijo aquí. Lo queremos vivo. Ya lo hemos buscado en Reynosa, Laredo, Mier. Hasta fuimos a ver unos cuerpos quemados pero no pudimos: no quedó ni un teni, ni un pantalón y así andamos –dice la mamá del cocinero Leonel Ignacio Mancilla Silva, desaparecido en un auto particular con su jefe y dos compañeros de trabajo en la carretera a Reynosa.

Hasta 100 personas al día hacen fila para ser atendidas. Algunas se persignan al momento de tomar su turno. Una anciana nerviosa suspira y dice: “Que sea lo que Dios quiera, ¿qué más?”.

Cargando recuerdos

En el predio contiguo, los forenses enfundados en trajes quirúrgicos blancos manipulan los cadáveres. Bajan del tráiler las bolsas de basura con forma humana hasta depositarlas en el piso del Servicio Médico Forense. En sentido contrario sacan otros para subirlos al tráiler.

A quienes buscan a sus familiares se les encoge el corazón cuando miran, perplejos, la manipulación de los cadáveres dispuestos en el contenedor como si fueran cajas de fruta.

“Dios quiera que mis familiares no estén aquí, no me da gusto ver cómo están sacando las personas del camión”, dice mientras se aleja apurada la cocinera Isidra Pérez Segundo, que en un mismo día perdió a su hijo, su nuera, su hija con ocho meses de embarazo, su yerno y un nieto de cinco años en la carretera. Ahora ella mantiene a Daira Yareli, su nieta huérfana a los cuatro años, que sonríe desde la pantalla del celular.

Los forenses apenas se dan abasto. A ratos salen a fumar para exorcizar el tufo agarrado a la garganta. Se abren el zíper de los overoles.

En voz baja, porque tienen prohibido dar información, dicen que la mayoría de los asesinados que han revisado llevan las manos amarradas a la espalda y las camisetas sobre la cabeza. No van vendados. Pocos tuvieron una muerte rápida. Tres eran mujeres.

“Están muy golpeados, con golpes en el cráneo, como con un fierro, un tubo, un mazo. Así vienen los nueve que revisamos hoy. Unos ni siquiera se pueden evaluar, casi ninguno tiene disparo en la cabeza”, dice uno de ellos a Proceso.

Otro perito investigador que participó en la localización de las fosas explica que detectaron los cementerios gracias al “dedo” (informante) que los guió, porque no están al pie de la carretera ni a simple vista. Tuvieron que excavar unos montículos hechos con maquinaria por los criminales para esconder a sus víctimas.

Este funcionario confirma que la mayoría fueron asesinados a golpe de marro. Como todos, adjudica el crimen a Los Zetas, que dominan la zona.

Algunos de los muertos tienen ropa de invierno. Casi todos eran pobres (“no tenían para pagar casetas, para vías más rápidas, y nadie quiso enterarse porque no eran hijos de ningún famoso”, dice).

–¿Por qué los habrán matado? –se pregunta al investigador.

–A todos los hombres, jóvenes, en edad de enrolarse, los ven como potenciales enemigos. Podría ser que están tan desesperados que los matan previniendo que se hagan sicarios del Golfo. Además, así les impiden llegar a Matamoros y Reynosa, que controlan los contrarios.

Purgatorio nacional

Ninguna autoridad se puede decir sorprendida por lo que aquí ocurre. Sobre todo si se miran los papeles que tapizan las oficinas con mensajes como “ayúdanos a encontrarlo” y los rostros de jóvenes como Eli Octavio, de 17 años, extraviado en la carretera de San Fernando; la quinceañera Yukan Yanay, levantada en el centro de Valle Hermoso igual que el joven Francisco Felipe Maya. Son cientos.

Quienes están aquí ya recorrieron las rutas de las narcofosas. Como el anciano Crescencio Ortiz, tamaulipeco de San Fernando, cultivador de sorgo, quien busca a su hijo Adolfo, también agricultor (“y no era ni borracho ni fumador ni jugador ni nada”, aclara).

“Desde que no volvió fue andar buscando muertos tirados, ir a verlos, caminar en la orilla de la carretera o en algún monte o en las funerarias. Pedir al Ejército que nos enseñe a los que han liberado para ver si lo vieron.”

O los familiares de Natanael Arturo y Josué Arcel, hermanos defeños que fueron a McAllen a comprar ropa para el bebé del primero. Antes de desaparecer, uno de ellos envió por celular un mensaje: “Nos acaban de secuestrar en San Fernando, no hahas nada si llega a pasar algo solo avisale a mis papas. me metieron en la cajuela. no me vayas a llamar ni nada”. Sus padres han peinado Tamaulipas, esquivado “halcones”, acudido a morgues, procuradurías, PGR, Marina, Sedena, Policía Federal, derechos humanos, periodistas, las señora Wallace y Moreira, para recuperarlos.

La esperanza no muere. Se refugian en la oración, en adivinos o hasta en milagros. Como la anciana oaxaqueña que dice: “Quiero ir a la televisión con Laura (Bozzo) para ver si ella los encuentra”.

Los nervios se quiebran en la larga espera, como ocurre a la señora Guadalupe Alfaro cuando quiere anotar a su sobrino Jairo Daniel entre los desaparecidos que reclama hecha llanto: “¡Quisimos hacer la denuncia pero en la PGR de Reynosa no nos la quisieron tomar, que por seguridad de nosotros! ¡Aquí hay confabulación! Yo tuve que hacer volantes y dejarlos en todos los rincones. Anduve 15 días en las brechas de la carretera, sola, buscando y pidiendo en los retenes y la guarnición militar que me llamaran si aparecía un muerto o si rescataban a alguien”.

La gente explota cuando se entera de que el tráiler con los cadáveres fue enviado al Distrito Federal. Sienten que los separaron de los suyos una vez más.

“¡Los muertos son de Tamaulipas, los queremos aquí! Ya nos quedamos viudas con nuestros huérfanos, ¿para qué quieren exponernos yendo por las carreteras a buscarlos allá? ¿Quieren que maten a otros 500? ¿Cuánto más nos harán esperar para que no los regresen?”, grita con rabia la esposa de Agustín Jaime del Ángel, desaparecido el 1 de diciembre en el “tramo peligroso” carretero.

La familia del matamorense Gonzalo García Casanova, que fue el primero en ser identificado el lunes anterior, reclama porque se lo llevaron al DF con los demás. “Si ya saben quién es, ¿por qué se lo llevan? Nomás nos hacen sufrir más”, lamenta su hermana, quien, como la mayoría aquí, no entiende por qué los “llevaron a pasear”.

Los episodios de rabia estallan contra cualquier funcionario que aparece y la gente reclama que el gobernador Egidio Torre no ha llegado a este lugar a solidarizarse y que Felipe Calderón nunca ha tomado esas carreteras. Los fuereños también reclaman porque nadie les avisó de los peligros de las carreteras.

El chofer de uno de los autobuses que diariamente viaja hasta Victoria reconoce ante Proceso los peligros conocidos por sus colegas: “Desde hace dos años mirabas en la noche o en la madrugada en las carreteras o en las brechas puro camionetón de 300, 400 mil pesos con las puertas abiertas, y puros pelados con armas largas. Por eso dejamos de viajar en la noche. Si vas en carro ¡aguas!, que van y te cierran en las camionetas, te tumban el carro, te secuestran o te matan”.

Sangre llama a sangre

En la fila muchas madres son las primeras voluntarias para hacerse la prueba de la sangre que les permitirá reclamar al hijo. Sus esposos las esperan en los pasillos, nerviosos. También llegan mujeres con todos sus hijos por si se requieren más genes para darle al papá una tumba.

Una niña de tres años está en la fila creyendo que la van a vacunar, porque sus tíos no le han dicho que su papá, su mamá y su hermanito están desaparecidos. Otro niño zacatecano de 12 años, hijo de Enrique Vázquez Ibarra –desaparecido en Méndez cuando regresaba con un carro usado que acababa de comprar– sostiene la foto de su papá para que lo fotografíen, mientras su tío comenta que “lo agarraron frente a la escuela, llegaron, lo cargaron, lo echaron pa’rriba”.

La mayoría de los tamaulipecos nunca había denunciado la desaparición. Por miedo.

Con las historias que se cuentan en la espera se podría hacer una cartografía de los levantones y concluir que en estas tierras los jóvenes son reclutados a la fuerza como combatientes de reemplazo de los exterminados todos los días.

“Mi hijo iba a cumplir 22 años, trabajaba en un Oxxo, el 8 de enero se lo llevaron del trabajo. Fue en Valle Hermoso. No pudimos denunciar porque ahí no hay autoridad.”

“El mío es José Juan Zavala (obrero, padre de cuatro niños). Salió en la mañana y no volvió. En Matamoros se llevan a muchos.”

“Yo vengo por Roberto Díaz, es ayudante de albañil, lo sacaron aquí del solar de su casa.”

“Le tocó a mi hijo César Mosqueda que se lo llevaran como a muchos otros huercos. Un amiguito vino a decirme que una camioneta lo había recogido y del susto ni la camioneta quiso describir.”

“Anote al mío: Daniel Contreras Lerma, de 16 años, y a su amigo César Homero Salazar, de 18, se los llevaron del Oxxo de cuadra y media de la casa. Así pasa en Valle Hermoso: la gente va caminando y se la llevan, o te sacan de casa, y es parejo para hombres y mujeres. Y la gente que se ha escapado no quiere decir si ahí vieron a alguien.”

“A mi hermana (Luz Elena Ramírez, madre, 30 años) le hicieron señas de un carro gris, se acercó, la tomaron del hombro y ya no supimos.”

“Yo busco a Édgar Silquero Vera, gerente de una gasolinera de San Fernando. Encontramos sólo su camioneta Expedition. Se pasean en ella los marinos pero dicen que no saben nada.”

“Mi hijo tendría ‘orita unos 20 años. Se lo llevaron en un levantón en San Fernando porque se llevan a todos parejo a trabajar obligados. Pero mejor borre su nombre.”

Los peritos de la morgue se dan un descanso y vuelven a salir a fumar. Es el jueves 14. Han trabajado toda la semana y les acaban de informar que llegará otra camioneta con una docena de cuerpos.

En los noticiarios del día se anuncia que el gobierno estatal impulsará el estado como destino turístico para Semana Santa. “¡Ya ni la chingan estos cabrones!”, comenta un ministerio público enojado.

Un reportero local que observa el cansancio general comenta: “Y eso que falta que excaven todos los de Camargo, Alemán, Guardado de Arriba y de Abajo, los poblados Los Guerra y Comales, Ciudad Mier, Valle Hermoso, Anáhuac, Cruillas, González Villarreal, Nuevo Padilla, Nuevo Guerrero… Todo el estado está lleno de fosas clandestinas”.

Todo alrededor apesta. l

Norte de Veracruz, desastre social

En los poblados de los municipios de Actopan y Alto Lucero –aledaños a la nucleoeléctrica de Laguna Verde– se incrementan los casos de cáncer entre los jóvenes. Además, aumentan los casos de desnutrición infantil, se agudiza la pobreza extrema y escalan la extorsión y el secuestro. Pero sobre miles de pobladores de esa región pende otra amenaza: la destrucción de manantiales y de la biodiversidad a causa del plan minero Caballo Blanco.

Nydia Egremy

Alto Lucero, Veracruz. Abel, Santiago y Camila son primos y viven en el Ensueño. Ése es el nombre idílico de un caserío veracruzano situado entre el Golfo de México y la carretera federal que limita al Norte con Tamaulipas y Texas, Estados Unidos, y al Sur con Oaxaca. A 14 kilómetros hacia el Sureste, opera la nucleoeléctrica de Laguna Verde. La noche del 5 de agosto del año pasado, la unidad uno del reactor tuvo una falla de arranque y se dio la alerta de evacuación para los habitantes de Alto Lucero y Actopan, los municipios más cercanos. Luego de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) asegurara que los sistemas de seguridad funcionaron adecuadamente, los pobladores volvieron a su vida cotidiana.

La radiación que genera la primera planta nuclear del país podría ser la causa del incremento en casos de jóvenes que enferman y mueren por cáncer en 15 municipios de la zona aledaña. El cáncer cervicouterino, de piel, tiroides y en pulmones se manifiesta con más intensidad en las comunidades que se ubican en un radio de cero a 18 kilómetros alrededor de la nucleoeléctrica.

Hace dos años, hubo 17 casos en la comunidad del Cedro, municipio de Actopan. Recientemente, en Buena Vista, municipio Emiliano Zapata, otras 18 personas manifestaron ese mal. “Hay malformaciones y muertes”, replicaban los representantes de 40 mil familias de esa zona a Rafael Vega Lara, subgerente de Vinculación y Coordinación de la nucleoeléctrica.

El encuentro del 15 de septiembre pasado entre representantes civiles y personal de la nucleoeléctrica se centró en dos ejes: que la CFE “ahora sí” cumpla con el compromiso que asumió hace dos años de enviar a la zona un equipo médico que valore el origen de esa incidencia de cáncer y cumpla con dar mantenimiento a las rutas de evacuación en Alto Lucero en caso de emergencia radioactiva.

Se trata de vías muy deterioradas, laberínticas y sin salida, imposibles de transitar cuando se ordene la evacuación de miles de habitantes de la zona aledaña a la planta. Recuerdan los asistentes a esa reunión que ésta se desbordó cuando Vega Lara sostuvo que no existe peligro de radioactividad, pues él vive con su familia en el Farallón y no han tenido ningún problema.

Los ánimos se caldearon pues nadie los representaba –sus diputados de distrito, Silvio Lagos y Karime Aguilera, no asistieron– ni obtuvieron las garantías de la CFE que esperaban. En el ambiente, flotaba el recuerdo de lo ocurrido apenas un mes atrás, cuando falló el arranque de la unidad uno del reactor.

Veneno nuclear

El funcionamiento de la primera planta nuclear del país siempre ha suscitado polémica por el temor a una fuga de radiación. Su objetivo, desde que se construyó en 1976, fue aumentar la producción de electricidad del país. Ahora genera el 3.6 por ciento de la electricidad del país

La preocupación por los efectos de la radioactividad en la salud de niños, como Abel, Santiago y Camila, se incrementa cuando se conoce el resultado de una investigación que realizó el físico matemático Bernardo Salas Mar sobre la existencia de radionúclidos antropogénicos en aguas del Golfo de México. Esos átomos inestables de cobalto-60 y cesio-137, que producen las plantas nucleares y la medicina nuclear, pueden causar envenenamiento o contaminación en los seres vivos si estuvieron expuestos por largo tiempo o en grandes cantidades.

El estudio de Salas Mar encontró radionúclidos antropogénicos frente a la nucleoeléctrica Laguna Verde y esto tiene efectos en la salud, ya que ambos son agentes cancerígenos, destaca Leslie Cristina Campos, socióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, en su tesis Los movimientos ambientalistas contemporáneos: el caso del grupo antinuclear de madres veracruzanas.

En la entrevista que Campos sostuvo con Salas Mar, en noviembre de 2010, el experto sostiene que él y su equipo sí encontraron radionúclidos antropogénicos en las muestras recabadas en arena y agua de mar en Villa Rica y Chachalacas. Sobre todo, en las muestras de Laguna del Llano (a 5 kilómetros de la planta).

Cuando pretendieron tomar muestras a menos de 1.5 kilómetros, los límites de la nucleoeléctrica, se los impidió el teniente de fragata Víctor Ochoa Monroy, pues es zona federal bajo custodia de la Armada de México. El oficial sólo permitió tomar muestras a una distancia más lejana.

Bernardo Salas Mar, crítico de la corrupción y los manejos turbios en la nucleoeléctrica, describe que, como suele ocurrir periódicamente, en la segunda mitad de 2010 repotenciaron los reactores de Laguna Verde. A ese proceso, los habitantes del Ensueño y Palma Sola lo conocen como “la recarga” y trae aparejada una temporada de derrama económica en la región que todos festejan sin profundizar en el significado y riesgos del mismo.

El físico matemático describe que, en esta ocasión, “el costo de la repotenciación fue de 800 millones de dólares”. El objetivo era aumentar 20 por ciento la capacidad del reactor. Subraya que, en cambio, el mismo proceso en la planta estadunidense de Vermont Yankee costó “sólo 120 millones de dólares”.

La diferencia radica en que la licitación para realizar la recarga no la obtuvo General Electric –fabricante de ambos reactores–, sino Iberdrola, “donde es un alto ejecutivo Rafael Fernández Murrieta, hijo de Rafael Fernández de la Garza”. La investigación de Salas Mar, divulgada en congresos de energía nuclear en España, Perú y Portugal, es poco conocida en México.

Oro y devastación

Sobre los habitantes de los municipios del centro y Norte de Veracruz, pende otra amenaza: la degradación ambiental que traerá consigo la operación del plan minero Caballo Blanco, de la empresa canadiense Goldgroup Mining. El objetivo es extraer oro y cobre de los cerros de los Metates y los Atlixcos, situados a unos 3 kilómetros de la planta Laguna Verde y a unos 4 kilómetros de Palma Sola, municipio de Alto Lucero.

Aunque las excavaciones prospectivas en la zona comenzaron desde 1996, se mantuvieron lejos del conocimiento público. Sin embargo, en noviembre de 2010, días antes de concluir su gestión como gobernador, Fidel Herrera Beltrán se reunió con Francisco Escandón Valle, director de esa empresa en México. El clima de ese encuentro se ilustra en una fotografía que publicó un medio local donde el exejecutivo estatal hace una caravana al representante de la multinacional.

Los caminos de terracería se comenzaron a abrir en 1996 y por ahí llegaron después quienes elaboraron los mapeos geológicos, los que hicieron barrenación exploratoria, levantaron las muestras geoquímicas y realizaron estudios geofísicos. Los opositores a este plan de la minera citan que estudios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) hablan de “trabajos de exploración minera con base en la NOM-120 Semarnat, Registro y Supervisión Sistemática de 2007 a la fecha”.

El 6 de enero de 2007, en un informe interno, la empresa (entonces era Almaden) reportó su “complacencia” por el resultado de las exploraciones de la víspera: se encontró oro a 33.6 metros de profundidad. En la copia de ese documento –del que Contralínea tiene copia–, se lee el lema de esa firma: “Invertir en nuestras ideas, beneficio por su potencial”.

De acuerdo con datos de la empresa propietaria, en marzo de 2010 Goldgroup compró la firma NGEx’s (anteriormente Canadian Gold Hunter Corporation) con opción de adquirir el 70 por ciento de sus intereses en el proyecto Caballo Blanco. Las excavaciones se extenderán a lo largo de 15 kilómetros, entre el Cerro la Cruz y el Cerro la Paila.

A lo largo de 14 años, la minera obtuvo 18 concesiones para explotar 19 mil 344 hectáreas. Ahora se sabe que por cada tonelada de tierra que remueva, la empresa canadiense apenas extraerá 1.5 gramos de oro. Esa operación requerirá el empleo de sustancias tóxicas (mercurio y cianuro de sodio), así como constantes explosiones, cuyas vibraciones –asegura la Red de Información y Acción Ambiental de Veracruz– representan un peligro para “la inestable” operación de la nucleoeléctrica Laguna Verde.

La extracción de oro a cielo abierto representa un riesgo ambiental para las comunidades el Viejón, Tinajitas, Farallón y Palmas de Abajo, del municipio de Actopan. La remoción de grandes cantidades de tierra, árboles, pastizales, cultivos de todo tipo y potreros privará de su hábitat natural a las especies endémicas de flora y fauna.

De igual forma, resultará afectada la biodiversidad de las rancherías de Boca Andrea, Arroyo Agrio, Yerbabuena, el Ojital y la Luz, del municipio de Alto Lucero. Las zonas arqueológicas de Zempoala y Quiahuiztlán también sufrirán por el impacto de las explosiones.

El oro que la minera trasnacional extraiga de suelo veracruzano no servirá para construir las escuelas que necesitan los niños de los municipios pobres de Alto Lucero y Actopan; tampoco se utilizará para dotar de clínicas de primer nivel a las comunidades. Este metal viajará los países desarrollados bajo el modelo económico imperante del capitalismo en su vertiente extractiva.

Foco rojo social

A pesar del permanente riesgo de una fuga de radioactividad en Laguna Verde, ningún habitante del Ensueño o Palma Sola –a sólo 7 kilómetros de la única planta nuclear del país y con mayor población de la zona– ha participado, en los últimos años, en simulacros de emergencia radiológica ni se le ha practicado pruebas de contaminación. La mayor preocupación de estos hombres y mujeres es el cobro excesivo de luz, emplearse, aunque sea como peones y sirvientas, y que, en la próxima temporada de calor, sus hijos sufrirán los cíclicos ataques de dengue, difteria, gripes o diarreas hemorrágicas.

El Ensueño pertenece a Alto Lucero, uno de los 212 municipios de Veracruz. De acuerdo con el censo de 2005 (único dato oficial vigente), ese ayuntamiento –de 25 mil 893 habitantes– tiene un índice “alto” de marginalidad. La mayor parte de las casas tiene piso de tierra; persiste la desnutrición y el analfabetismo entre los menores; los jóvenes están desempleados. Las autoridades se muestran incapaces de hacer frente a la escalada de la delincuencia.

Cada vez son más comunes los casos de extorsiones a comerciantes, secuestros y robos a pasajeros de autobuses que recorren el tramo Palma Sola-Santa Ana. Ningún delito se denuncia porque se presume la complicidad entre infractores y autoridades. “Sólo cuando se voltea un carro, ahí sí van corriendo los federales”, afirma sonriente Ernesto García, un antiguo campesino que ahora trabaja para los ganaderos.

Palma Sola tiene la mayor población de la zona y está a 7 kilómetros de la planta nuclear. Su actividad comercial es intensa y ahí los hombres del Ensueño hacen la compra de víveres y después beben alcohol de baja calidad en los burros (burdeles) y consiguen mujer para un rato. Así toleran el calor de unos 28 grados centígrados que, en promedio, tiene ese lugar.

Ese pueblo creció al lado de la carretera federal hace cuatro décadas. Ahora, el paisaje se llena con decenas de tráileres de doble caja estacionados anárquicamente sobre la vía pública, así como camiones repartidores y una que otra flamante camioneta de la CFE que transporta a “los ingenieros” de la planta nuclear cuando se dirigen a comer.

No hay banquetas y los peatones transitan por la tierra para evadir a los autos y las enormes pozas de agua estancada que se formaron desde septiembre por el paso del huracán Karl. Nadie limpia, sacude o barre; ahí predomina la indolencia.

No hay un solo parque, cine, cafetería o lugar de recreación para jóvenes o familias. Además de una clínica para consulta externa del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la única obra de infraestructura pública es el Centro de Observación y Adaptación Social para Niños y Niñas en Conflicto con la Ley Penal, que se construyó en 2008 y que costó 61 millones de pesos, según informó Fidel Herrera Beltrán en su Informe de gobierno de ese año.

Luego de que se inauguró este centro, se observó el arribo masivo a Palma Sola de familiares de los internos; decidían vivir ahí para estar más cerca de ellos. La primera reacción fue de rechazo: “¿Qué vienen a hacer acá? Les enseñaron a robar”. Aunque luego triunfó la visión comercial, ya que eran clientes potenciales para las fondas, hoteluchos, tendajones y para los burros.

En Palma Sola hay tres negocios prósperos: el de materiales para construcción con dos locales sobre la “calle principal”; el de las grúas, que creció por los constantes accidentes –frecuentemente mortales?, que ocurren en la curva de Corralillo, a unos 7 kilómetros. Para imponer el orden (o disputar el botín de los accidentados, se burlan los pobladores del Ensueño), hace unos años que se instaló junto a las grúas un destacamento de la Policía Federal.

Otra empresa boyante es la práctica médica particular. Aunque la clínica del IMSS presta sus servicios desde hace dos décadas, los habitantes de Palma Sola y las comunidades cercanas prefieren a los doctores privados, cuya consulta es muy cara y no siempre atinada, además de que son propietarios de la mayoría de las farmacias locales.

En Alto Lucero, el municipio al que pertenece Palma Sola, la delincuencia actúa de forma organizada y certera. El 21 de diciembre de 2010, Petróleos Mexicanos (Pemex) admitió que el oleoducto de 24 pulgadas del tramo Nuevo Teapa-Cadereyta, en el kilómetro 335, fue objeto de robo. En la zona conocida como rancho Monte Calvario, del ejido Boca de Loma, se localizaron niples, válvulas de cierre rápido y 10 metros de manguera de alta presión; todas, piezas de la instalación.

Insalubridad más pobreza

Aunque Veracruz tiene la mayor reserva de agua dulce, con 35 por ciento, los pobladores del Ensueño batallan por ese recurso. Como lo obtienen de un manantial cercano, muchos la beben sin hervir. Esa falta de higiene se extiende a otros hábitos: en la treintena de viviendas, apenas unas cuatro tienen baño; el resto de los vecinos orina y defeca al aire libre. Además, arrojan alrededor de sus propias casas las bolsas con basura.

Hace unos 15 años, cuadrillas de trabajadores sanitarios visitaban periódicamente ése y otros poblados rodeados de potreros. Orientaban a sus habitantes para construir letrinas, encalar las paredes de sus chozas y así contener la proliferación de garrapatas, mosquitos y otros insectos transmisores de enfermedades. Pasantes de la Universidad Veracruzana los instruyeron para crear compostas. Nada perdura ahora de ese conocimiento.

Para no gastar sus magros ingresos en gas, algunas mujeres cocen el nixtamal con leña y deciden cortar árboles sanos. Los hombres, desempleados o, en su mayoría, peones de los ganaderos locales arremeten contra las palmas para techar palapas “turísticas” y ganarse así el alimento.

A la falta de esos programas de prevención sanitaria y protección ambiental efectiva, se suma la apatía de la propia población. Lo que fue un rico y generoso ecosistema se transforma en tierras baldías y basureros.

Los padres de Abel, Santiago y Camila pertenecen a una generación de veracruzanos que sintetiza las contradicciones sociales de una entidad que hace 25 años no mostraba signos de retraso como ahora, según el seguimiento del investigador Adolfo Sánchez Almanza, del Instituto de Investigaciones Económicas, a la transformación económica y social del país.

Esa evolución socioeconómica se manifiesta en el tejido social del Ensueño. Estela es la madre de Abel; lo tuvo cuando ella tenía 13 años. Ahora, a sus 15 años, es la mujer de un desempleado de 21 años que aspira a ser soldado o elemento de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), porque, según su cuñado Esteban, “ahí es bien fácil tener dinero y ya no te ven menos”.

Alba, madre de Santiago, estudió bachillerato abierto en Palma Sola; en Veracruz, aprendió mecanografía. Nunca encontró un trabajo en el que le fueran útiles sus estudios, ni en el poblado ni en la nucleoeléctrica Laguna Verde. Intentó poner una lonchería, pero no pudo pagar la renta tan alta, por lo que se empleó como niñera con uno de los principales ganaderos de la zona. Tiempo después, se embarazó. Su expectativa de vida es que llegue el fin de semana para encontrarse con el padre de su hijo –un longevo y rico exfuncionario gubernamental– y recibir la magra ayuda que le da.

Julia es la madre de Camila y también estudió bachillerato. Quiso ser maestra del Consejo Nacional de Fomento Educativo y con el esfuerzo económico de sus padres, tomó algunos cursos en Ciudad Cardel, pero enfermó de apendicitis; fue operada y perdió la posibilidad de ingresar al sistema. Sus padres quedaron tan gastados que ella los ayudó trabajando como mesera, hasta que conoció a Esteban y se embarazó. Vive en el Ensueño, el nombre con el que su abuelo bautizó a esta franja de tierra en la que habitan peones de pudientes ganaderos, hombres que fueron campesinos y hoy son albañiles y construyen, a unos 1 mil metros de su caserío, un exclusivo centro recreativo.

La palapa que aloja la escuela primaria del Ensueño sólo recibe a un puñado de alumnos. La mayoría de los niños y niñas de ese caserío prefiere colegios religiosos, como los de Santa Ana o Vega de Alatorre, donde los profesores piden cuotas por todo. A Marisa le pidieron 250 pesos en su práctica de cómputo por una memoria USB para que grabara un archivo en Word La premisa de educación laica y gratuita cada vez se aplica menos en esta entidad.

Peones, albañiles, sirvientas, niñeras o meseras son las únicas ofertas de trabajo digno que tienen los habitantes del Ensueño. No importa su grado escolar o capacitación laboral, no hay otras opciones. Sólo quienes tienen más suerte o alguna recomendación se colocan como dependientes de tiendas en los poblados cercanos. Ninguno de esos oficios les concede derechos laborales como servicio médico, día de descanso, vacaciones, aguinaldos o prima vacacional. En el caso de las mujeres que sirven en las fincas y ranchos, son constantes los acosos sexuales.

El mar como cloaca

Al Sur del caserío, languidece la Laguna de Corralillo, un cuerpo de agua dulce que antaño albergó mojarras, tilapias, ostiones, cangrejos ermitaños y que era la fuente del recurso para los miles de aves que emigran hacia tierras más cálidas en el invierno. Desde que aumentó la población del Ensueño, esta laguna comenzó a sufrir el deterioro por el constante desgaste de su fauna y del flujo acuático.

Mangueras negras de unos 30 centímetros de diámetro que provienen de algunas casas del poblado descargan las aguas negras en esta, otrora, laguna limpia. En los últimos dos años, su potencial se redujo hasta 30 por ciento, y ahora es común que la mayor parte del año los desechos domésticos cierren su salida al mar.

A 100 metros al Sur de esa laguna, se construye lo que algunos vecinos describen como “centro de recreación para unos cuantos”. Entraron aplanadoras que derribaron decenas de robustos árboles que eran refugio de aves (águilas, pájaros carpinteros, guineas y gorriones). Ninguna autoridad municipal o estatal da cuenta de esta depredación, a pesar de que, a unos metros, se sitúa una casa que construyó el Programa de Protección para la Tortuga Marina de la Semarnat. Esa casa vacía simboliza el abandono del Estado.

Infancia desnutrida

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), en México se incrementó la pobreza. Uno de sus efectos más notorios fue que las familias no tuvieron acceso a todos los productos de la canasta básica.

La investigación, difundida el 25 de octubre de 2010, refiere que, en México, 4 millones 480 mil 100 niños menores de cinco años presentaron algún grado de desnutrición y de ellos, 800 mil –que equivalen al 25.2 por ciento– ya presentaban desnutrición de alto riesgo. También destaca que las entidades con mayor pobreza presentan mayor incidencia en desnutrición infantil: Chiapas, con 142 mil 561 casos, y Veracruz, con 110 mil 608.

El Reloj de la Desnutrición en México, de la Dirección de Nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, reportó, en 2010, que esa situación se presenta en los municipios de Actopan, 33; la Antigua; Juchique de Ferrer, 98; Papantla, 2 mil 220, y Paso de Ovejas, 101.

Los doctores Abelardo Ávila Curiel, Adolfo Chávez Villasana, el biólogo Marco Antonio Ávila Arcos y la nutrióloga Marlén García Meza señalan en su evaluación que los municipios de Alto Lucero, Nautla, Úrsulo Galván y Cuitláhuac no registraron casos de desnutrición infantil. En su opinión, esto podría ser porque las remesas contribuyeron a mejorar la alimentación de los niños.

En la década de 1970, se registró un 42 por ciento de pobres en Veracruz; 38 años después, especialistas del Coneval y Consejo Nacional de Población detectaron que 50 por ciento de la población carece de ingresos dignos y acceso a servicios de salud, educación y agua potable, particularmente los indígenas que habitan en zonas rurales.

“La pobreza sigue creciendo”, afirmaron economistas de la Universidad Veracruzana y del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social del Golfo, que examinaron la información en la mesa de diálogo Desigualdad y Pobreza, del Coloquio Veracruz 2010.

Fuente: Contralínea 217 / 23 de enero de 2011

Peña Nieto, candidato de la corrupción

Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México.

Álvaro Delgado

MÉXICO, D.F., 6 de septiembre (apro).- A los miles de conductores que a diario llegan o salen de la Ciudad de México les consta: El tramo del periférico que va del Toreo de Cuatro Caminos, donde termina el Distrito Federal y comienza el estado de México, hasta la caseta de peaje de Tepotzotlán está poblado de criminales que trabajan para el gobernador Enrique Peña Nieto.

No se les puede llamar de otro modo que delincuentes a los policías que asechan a los aproximadamente 300 mil automovilistas que a diario circulan a lo largo de esos 30 kilómetros, particularmente a los que conducen vehículos con placas de los estados del centro y norte del país, víctimas cotidianas de extorsión y robo.

El pretexto para la rapacería policiaca es lo de menos. El conductor que ve aproximarse a un motociclista o patrullero que husmea en las ventanillas del vehículo sabe que, al recibir la orden de orillarse, no hay manera de eludir el abuso de poder que se convierte en despojo patrimonial.

Aun cuando el ciudadano requerido cumpla con todo lo que dispone el reglamento de tránsito y la ley, incluyendo disposiciones absurdas como la calcomanía de verificación anticontaminante de estados donde no existe, la labia de criminal uniformado impone la disyuntiva fatal: Multa y corralón o “lo dejo a su criterio”.

Estas celadas policiacas a los automovilistas se tienden en todas las carreteras que cruzan el vasto territorio del estado de México, como las procedentes de Michoacán, Hidalgo, Puebla, Guerrero y Morelos, y a menudo, hasta para no perder tiempo, el ciudadano termina por caer en el viscoso océano de la corrupción.

Desde los tiempos de Carlos Hank González, cuando en los setenta creó el tenebroso Batallón de Radiopatrullas del Estado de México (Barapem) --del que surgieron delincuentes como Alfredo Ríos Galeana--, hasta lo que hoy se denomina Agencia de Seguridad Estatal, los policías son adiestrados en el robo y son la base de una pirámide de corrupción, en cuya cúspide se encuentra el gobernador en turno y que ahora se llama Enrique Peña Nieto.

Todo el que ingresa a la policía estatal, desde la propia academia, lo sabe, y la mayoría por eso se alista: Ser policía es ser ladrón impune, aunque debe comprarse el puesto y pagar cuotas permanentes al superior, que a su vez da tajada a su jefe y así hasta la cumbre, donde habita la opulenta élite mexiquense.

Por eso el gobernador en turno --ahora Peña Nieto y antes su tío Arturo Montiel Rojas y ahora lo pretende su primo Alfredo del Mazo Maza-- no se hace de la vista gorda ni solapa la extorsión a los ciudadanos, sino que es pieza clave en el mecanismo de la corrupción.

Por supuesto que la extorsión policiaca es sólo una parte de la extendida corrupción en el estado de México, porque el lucro desde el poder abarca todos los ámbitos: Desde los constructores que edifican miles de viviendas populares sin servicios, vías de comunicación, escuelas y zonas verdes hasta la autorización de prostíbulos y toda suerte de giros negros.

Los negocios desde el poder, que se traducen en comisiones a trasmano, involucran también las concesiones al sector privado de obras de mantenimiento a la red carretera del estado y del segundo piso del periférico denominado Viaducto Bicentenario, cuya cuota por recorrer los 22 kilómetros costará 29 pesos y luego de que el usuario adquiera una tarjeta con un transmisor de frecuencia, que cuesta 300 pesos.

Como la corrupción en el estado de México todo lo abarca --y por eso no es casual que desde aquí resurja la figura de Carlos Salinas--, también en la política se hacen también grandes negocios, gracias a que todos los partidos de oposición toman parte en las componendas y muchos de sus integrantes están cooptados por Peña Nieto.

Un ejemplo lo representa el senador panista Ulises Ramírez: Su esposa, Luz María Angélica Alatorre Carbajal, es magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), gracias a una negociación con Peña Nieto, en 2008, mediante la cual se integró por cuotas de partidos el Instituto Electoral del Estado de México.

El presidente de ese organismo que organizará las elecciones para gobernador en 2011, Norberto Hernández Bautista, es panista y amigo de Ulises Ramírez --a quien Felipe Calderón debe su triunfo en la interna panista de 2005--, mientras que el PRD le entró a la componenda luego del nombramiento como consejera electoral a Sayonara Flores Palacios, esposa del diputado perredista Domitilo Posadas, miembros de la corriente de Jesús Ortega.

Por eso el multimillonario despilfarro de Peña Nieto en la difusión de su imagen y sus complicidades con Televisa --y en general con el grueso de los medios de comunicación audiovisual y escrita-- para ser impuesto en la Presidencia de la República, en 2012, no extrañan.

La lógica es la corrupción, la corrupción sin límites, que explica por qué la mitad de los 15 millones de habitantes del estado de México padecen pobreza; por qué se duplicó el desempleo en los cinco años de gobierno de Peña Nieto; por qué esta entidad ocupa el primer lugar en robo de automóviles, y por qué es líder también en feminicidios que están impunes…

Por eso, aun si Peña Nieto no es candidato presidencial y, sobre todo si lo es, la corrupción es el gran tema de debate en la disputa por la nación que está en curso…

Apuntes

Las ansias de mostrar autoridad suelen llevar a los gobernantes fantoches, precisamente por carecer de ella, a la brutalidad contra los ciudadanos que, legítimamente, hacen uso de su derecho de manifestarse contra decisiones arbitrarias o erróneas. Y esto fue lo que ocurrió, el sábado, en León, Guanajuato, cuyo alcalde panista, Ricardo Scheffield, ordenó a la policía municipal reprimir una marcha de más de 100 leoneses que protestaban por el desgarriate en las rutas de autobuses en la ciudad derivadas de la ampliación del Sistema Integrado de Transporte (SIT). Schefield, un expayaso de la televisión local, quiere ser gobernador y por eso emplea los métodos de la organización ultraderechista El Yunque. Tienen razón los manifestantes, cuatro de ellos apresados por los mastines de El Yunque: “¡Protestar es un derecho, reprimir es un delito!”… La guerra demencial de Felipe Calderón sigue cobrando vidas inocentes con balas del Ejército y él atosigando a la población con la sonrisita cínica…

delgado@proceso.com.mx

http://www.youtube.com/watch?v=3y7Jf2eLt7w

México es hoy el paraíso para los rufianes............

La vergüenza y el respeto van unidos

Por María Teresa Jardí

Cuando los gobernantes pierden la vergüenza, los gobernados no los respetan, dice, en un panel de una chorrada de programa: “La ruleta de la suerte”, que pasa por antena 3 de televisión española. Y me digo, que sí, que efectivamente cuando los gobernantes pierden la vergüenza los gobernados les perdemos el respeto y el contrato social, entendido como el tejido que mantiene funcionando en paz y con tranquilidad a un grupo social, se rasga y en casos extremos como el mexicano se convierte en casi imposible la posibilidad de zurcirlo. El aparato procurador de justicia, convertido en cobrador de venganza, está acabado. Y lo único sensato, en un caso como el del Estado de México, tan indignante, desde donde se analice, habría sido el de cesar de inmediato a todos los involucrados.
Pero perdida por completo la vergüenza, a los gobernantes no les importa que los pueblos, que desgobiernan, no los respeten. A final de cuentas: el respeto también es mutuo y ellos tampoco, ni siquiera a los ciudadanos, respetan, sabiéndose, como se saben, objetos chatarra, vendidos por la televisión a modo que los compra y a la que sirven.
Colar buscando que se crea que fue accidente el asesinato de Paulette ni a los párvulos convence. Pero como salir un poco más ricos, aunque hagan el ridículo y queden como corruptos ineficientes ante el mundo, es la única aspiración que tienen hoy los que hartan al pueblo con sus estupideces que suben de tono incluso en los casos convertidos en culebrón a modo por el poder fáctico en que se ha convertido a la telebasura en México. Ni a la lógica más elemental recurren ya para adecuar al menos con visos de creíble el encubrimiento que hacen de los criminales, sin pudor alguno, mientras persiguen a los luchadores sociales sin tregua.
Vean ustedes. Si realmente se les hubiera muerto la hija por accidente y aunque nada de lógico hubiera igual tenido lo del escándalo desatado incluso por la red de la Internet con relación al inventado secuestro, pensando en que tontos que son los padres y prepotentes nuevos ricos que se creen con derecho a hacer lo que les venga en gana, pero asustados también, y por eso los padres hubieran movido a otro lugar el cuerpo. Una vez arraigados habrían explicado lo que había pasado y el lugar donde tenían escondido el cadáver. Lo que suponía la conservación en hielo del mismo. Seguramente en un congelador. Y la participación de quien supiera cómo hacerlo y tuviera el lugar adecuado para esconderlo y la sangre fría necesaria, en medio de una tragedia que, de entrada —testigo televisivo ha sido el mundo, eso es lo malo de convertirlo todo en raiting—, a los padres no afectaba y en ese lugar habría “encontrado” —como debió encontrar, pero sin moverlo, así debió darlo a conocer—el cadáver la Procuraduría. Pero, claro, entonces habría tenido que fincar las responsabilidades correspondientes a todos los involucrados en el ocultamiento del cadáver y etcéteras.
Como debieron explicar —ahí sí sin duda alguna— a las autoridades los pormenores del crimen cometido, los padres evidentemente involucrados en el asesinato de la menor. Luego de aceitarles con dinero las manos, en busca de la ayuda, que es obvio que esas autoridades les dieron, para regresar el cadáver al lugar donde fue encontrado. De una estupidez mayúscula incluso el encubrimiento que pudieron hacer menos mal.
Perdida la vergüenza por parte de los gobernantes a la mexicana, engolosinados con un poder obtenido a base de televisiva propaganda, vendidos y comprados como los productos chatarra, que las televisoras promueven a sabiendas de que convierten en diabéticos a los niños o para convertirnos a todos en consumistas irredentos de porquería innecesaria, el “pirruris”, que nos quieren ensartar como sucesor de Calderón sus televisivos también hacedores, sale a defender a su procurador pensando que convence, cuando lo que evidencia es que a él también debieron llegarle al precio estipulado para encubrir el crimen. Uno más, a final de cuentas. México se encuentra convertido en el país paraíso también de los asesinos, amén de que lo es de los pederastas, de los tratantes de blancas, de los extorsionadores, abusadores, delincuentes de cuello blanco, narcotraficantes, lavadores de dinero… México es hoy el paraíso para los rufianes, pues.

Cinco gramos de mariguana

SABINA BERMAN

1.Al cabo de 29 meses y más de 8 mil mexicanos muertos, criminales, policías, soldados y civiles; al cabo de la escalada del robo, la extorsión y el secuestro, la duda de que la guerra frontal sea la mejor estrategia para derrotar al crimen organizado está más que justificada. Nuevas ideas para derrotar al crimen han ido volviéndose visibles. Se necesita parar el paso de las armas con que el crimen habilita a sus sicarios. Se necesita congelar sus redes financieras. Se necesita extraditar a sus capos ya encarcelados. Se necesita rehacer las policías. Se necesita, en suma, que el Estado aproveche por fin sus ventajas de ser Estado. Ojalá estas ideas hubieran sido aplicadas antes de una guerra frontal, pero aunque tardías son prometedoras, y parecen estarse calibrando en el gobierno (parecen estarse calibrando, porque de cierto no se sabe). Es ahora que oportunamente la izquierda toma de sus archivos una idea ya varias veces antes propuesta, con más o menos seriedad: es necesario despenalizar la mariguana. La idea parecerá a muchos drástica, pero los tiempos terribles que vivimos requieren de ideas drásticas. Es una drástica y buena idea por dos razones. La primera incumbe a la guerra. El negocio de la mariguana constituye la mayor fuente de ingresos del narco mexicano. Un ingreso que, según el especialista Luis Astorga, supera a lo que el narco recibe “por la combinación de cocaína, heroína y metanfetaminas”. Legalizada, el precio de la mariguana se desplomaría, amén de que empresarios lícitos participarían en su cultivo y comercio. Y cegada esta fuente de ingresos, calculada inciertamente, pero siempre en billones de dólares, el narco por fuerza se debilitaría. La segunda razón incumbe de tiempo atrás a la izquierda. La mariguana es “la droga” más blanda del espectro de las sustancias tóxicas en uso. Sus daños al cuerpo se han comparado a los del alcohol y el tabaco. Produce adicción psicológica pero no física; no es un alucinógeno y, en lugar de violentar la conciencia, la lleva a una pasiva receptividad, a una hiper-sensualidad que propicia el erotismo y la imaginación. El peor de sus males es que la hoja de la cannabis puede ser la puerta para las drogas duras. Una realidad estadísticamente probada, pero que acaso tiene que ver precisamente con que es una droga ilícita: que es vendida por los mismos dealers de las drogas duras y que no existe una cultura pública de cómo, cuándo y en qué medida su ingestión es puramente benigna. Desde un punto de vista de una izquierda hedonista, puede argumentarse (y durante décadas la izquierda más libertaria así lo ha argumentado) que fumar mariguana debiera ser una libertad civil. En todo caso, nadie puede negar que fumar mariguana o comer pastelitos especiales de mariguana sólo puede tener una víctima, quien la fuma y quien se come los pastelitos. En esa tradición libertaria de la izquierda, el Partido Socialdemócrata citó esta semana a un foro en el Congreso federal para discutir su despenalización. Descontando las intervenciones de los expertos, que aportaron cifras duras y opiniones informadas, el tono que imperó fue más que cauteloso, tímido. Un foro donde nuestros funcionarios y legisladores lograron el increíble achicamiento de una idea de consecuencias grandes a un manojo de cinco gramos de hierba.
2. Primero fue la rápida descalificación de la propuesta de parte de la Secretaría de Gobernación. Su representante, la doctora Blanca Heredia, concluyó que “…aun en el supuesto de que la legalización (de la mariguana) permitiese eliminar o revertir sensiblemente la rentabilidad de esa línea particular de negocio... resulta difícil imaginar que ello hiciera posible terminar con los muchos otros componentes de los cárteles criminales, tales como tráfico de armas, lavado de dinero, la trata de personas, el secuestro, entre otros”.Lo que puede traducirse así: como la despenalización no resuelve todo el asunto del crimen de golpe, hay que seguir intentando resolverlo todo a balazos.Luego, el conservadurismo infértil del PAN. Los panistas le negaron al “demonio” de la humilde planta de la cannabis incluso las virtudes que universalmente se le reconocen. No, no sirve para tramar textiles o hacer papel, y los médicos de California, donde su uso terapéutico es legal, se equivocan cuando la recetan como anestésico cutáneo, como relajador de los globos oculares en los enfermos de glaucoma o para abrir el apetito de los cancerosos sometidos a quimioterapias.Y por fin, el decepcionante milimetrismo del Partido de la Revolución Democrática, que en un pestañeo de coquetería a los chavos que fuman la hierba esfumó lo que la iniciativa tenía de prometedor para avanzar en la derrota del crimen organizado. “Lo que no queremos es la criminalización de los jóvenes por consumir o portar mariguana”, dijo el coordinador de los diputados perredistas, el doctor Javier González Garza.Traducción: la posesión de algunos gramos de mariguana para consumo personal podría ser legal, digamos los cinco gramos que pesa un carrujo típico, pero seguiría siendo prohibido venderla, distribuirla y cultivarla. Por lo tanto: el precio de la mariguana no se desplomaría; su cultivo, transportación y venta seguiría por fuerza quedando en manos del crimen; y liberados del temor a la policía, los consumidores aumentarían. Puede uno imaginarse a El Más Loco del cártel de La Familia enviando tres canastas de flores. Una a la dirigencia del PRD, otra a la dirigencia del PAN, otra a la Secretaría de Gobernación; las tres canastas con la misma breve nota: Gracias por no comprender.
Pero en un ejercicio (más bien esforzado) por no ser pesimistas, coincidamos con el maestro Luis Astorga en que al menos el tabú que rodea a la mariguana se está resquebrajando y este puede haber sido el inicio de un debate más largo y atrevido. Acabado el forzado optimismo, deses-perémonos con un Congreso experto en cortarle las alas a las reformas; experto en entibiar el entusiasmo; y lo dicho: en reducir una opción a más muertos y secuestrados en cinco gramos de mota.