La nueva esclavitud

Migrantes rumbo a Estados Unidos.

José Gil Olmos

MÉXICO, D.F., 29 de diciembre (apro).- Dicen que la historia no se repite, pero a veces hay hechos que parecen contradecir esa afirmación. Tal es el caso del secuestro de miles de inmigrantes centroamericanos y mexicanos por parte del crimen organizado, en connivencia con autoridades de México, para extorsionar a sus familias o para usarlos como esclavos en los plantíos de mariguana y amapola, o bien para el transporte de cocaína y drogas sintéticas hacia Estados Unidos.

En realidad no se tiene una cifra exacta de los inmigrantes que cada año son secuestrados en México, pero un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de 2009 señalaba que en sólo seis meses, alrededor de 10 mil indocumentados habían sido secuestrados por células de Los Zetas o pandillas que se los entregaban. Éstas, a su vez, pedían a los familiares de las víctimas el pago de hasta 2 mil 500 dólares por cada inmigrante, lo que dejó una ganancia a los delincuentes de cerca de 25 millones de dólares.

Este fenómeno inició a finales de la década pasada, pero en ésta ha cobrado mayor relevancia por los casos de los 72 inmigrantes centroamericanos asesinados en San Fernando, Tamaulipas, al negarse a participar como sicarios de Los Zetas; y la desaparición de 50 indocumentados de distintas nacionalidades en una localidad de Oaxaca. Esos hechos vergonzosos han llamado la atención del mundo, especialmente por la crueldad con que son tratadas las víctimas por parte de las mafias mexicanas.

Según un informe de la CNDH, en promedio 54 indocumentados son secuestrados cada día en México. De acuerdo con testimonios recogidos por la institución, se trata, muchas veces, de secuestros masivos de personas que son obligadas a trabajar como esclavos o a prostituirse, o someterse a todo tipo de humillaciones para conseguir su libertad.

"Agarraron un fierro que tenía una zeta dibujada, lo calentaron y me dijeron: Ahora sí te va a llevar tu chingada madre", relató un hondureño de 18 años, quien no sólo vivió en carne propia la tortura, sino que también vio padecer a otros jóvenes que fueron secuestrados en su grupo. "Él no quería hablar, no quería hablar, y (un secuestrador) le dijo: sos mudo que no hablas o no tienes lengua... Te voy a quitar la lengua para que de verdad no hables. Y agarraron un cuchillo, un puñal, le abrieron la boca y le rajaron la lengua."

Entre los siglos XVI y XIX la esclavitud fue uno de los más prósperos comercios de los países de Europa, principalmente España, Inglaterra, Portugal, Francia y Holanda. A este comercio también le entró Estados Unidos, que trajo de África la mano de obra que necesitaba para echar a andar su economía.

Millones de africanos e indígenas de América fueron marcados, golpeados, tratados como animales y expoliados hasta la muerte. Se erigieron entonces verdaderas empresas que se dedicaban a la caza, transporte y venta de hombres, mujeres y niños que se convirtieron en el motor de las economías de los países que hoy conocemos como “desarrollados”.

Hoy, en México, estamos ante una nueva versión del esclavismo con los inmigrantes nacionales y de otros países que son secuestrados por bandas del crimen organizado para realizar las labores que necesitan y que les generan ganancias millonarias, que al final del ciclo financiero realimentan las economías más poderosas del mundo.

Hace poco el portavoz del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Alejandro Poiré, reconoció que los cárteles de las drogas secuestran a inmigrantes para obligarlos a integrarse a sus filas.

“Algunas organizaciones están enfrentando una situación muy adversa para abastecerse de recursos y para reclutar personas que voluntariamente quieran participar en estas bandas criminales”, dijo el funcionario.

Por su parte, el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Salvador Beltrán del Río, reveló que en lo que va del año han recibido la denuncia de 222 supuestos secuestros de indocumentados centroamericanos.

"Son casos que a nosotros nos han denunciado, que nos han señalado los migrantes que han sido asegurados por el Instituto Nacional de Migración, o sea que son migrantes que pasan por una estación migratoria y dicen: 'yo sí fui objeto de un secuestro o tuve conocimiento de un secuestro', pero hasta ahí", explicó.

Para investigar estos y otros casos, el pasado 31 de agosto la CNDH firmó con las secretarías de Gobernación y Seguridad Pública el Acuerdo sobre la Estrategia Integral para la Prevención y Combate al Secuestro de Migrantes, y actualmente elabora un nuevo diagnóstico sobre el plagio de indocumentados.

Pero lo que no han contemplado ni el gobierno de Felipe Calderón ni la CNDH son los secuestros de inmigrantes mexicanos por parte de los cárteles, que se han llevado camiones repletos de campesinos, de quienes hasta ahora no se conoce su paradero. Es el caso de los labriegos de Querétaro que desaparecieron de la Sierra Gorda en febrero pasado.

Un caso más reciente fue el de los 50 jornaleros –15 de ellos menores de edad– originarios de Eloxochitlán, Puebla, quienes fueron privados de su libertad por un grupo armado en la ciudad de Caborca, Sonora. Los campesinos plagiados fueron hallados con vida en el interior de un domicilio de la colonia Las Lomas, con huellas de golpes.

En octubre pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que tenía un registro de mil 700 personas desaparecidas, sea porque habían sido víctimas de levantones o bien por secuestros realizados en Tamaulipas y Nuevo León.

Y reconoció que otros cientos de personas habían denunciado a la IV Región Militar que algún familiar había sido plagiado o levantado por algún comando. Sin embargo, muchas familias ya no continuaban con la búsqueda de sus desaparecidos ni seguían el curso de las indagatorias por las amenazas de los grupos criminales.

Las desapariciones, según las fuentes militares, obedecen a tres razones fundamentales: en el caso de los levantones, para engrosar las filas de las organizaciones criminales ante las detenciones o muertes de sus miembros, o como una táctica para exterminar a los rivales, y en el caso de los plagios, para pedir rescates y financiar con ello sus actividades delictivas.

El 10 de agosto pasado, al celebrarse el Día Internacional del Desaparecido, la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos calculó que durante el gobierno de Felipe Calderón han desaparecido más de 3 mil personas: 400 por razones políticas, 500 mujeres y niños relacionados con la trata de personas y 2 mil 100 por razones de narcotráfico.

Este registro de más de 3 mil desapariciones es sumamente grave, y si seguimos la lógica del gobierno y de los militares, muchos de ellos habrían pasado a formar parte de las nuevas cuadras de esclavos que el crimen organizado ha formado para seguir con un negocio que día a día crece sin que las autoridades puedan detenerlos.

Una vida por una tonelada de mariguana

Decomiso de mariguana en Tjuana

Sabina Berman

MÉXICO, D.F., 3 de noviembre (Proceso).- Este es el nuevo precio de la vida en México. En Tijuana, el Ejército incautó 134 toneladas de mariguana y luego las incendió. Como respuesta, el domingo 24 de octubre un comando armado entró a un centro de rehabilitación, puso contra una pared a 13 internos y los abatió a tiros. Minutos más tarde, los narcos irrumpieron en la frecuencia radial de la policía para anunciarlo, con un fondo de narco-corridos victoriosos: Por cada tonelada de hierba que nos quiten a nosotros, les quitamos a ustedes una vida civil. Faltan muertitos.

Desde entonces han ocurrido otras dos masacres. El miércoles en la mañana, en Tepic, otro comando disparó contra jóvenes en un autolavado. Ellos, igual que los de Tijuana, eran exadictos. Cayeron muertos 15. El jueves, en una calle de la Ciudad de México, un tercer comando disparó desde dos camionetas a otro grupo de jóvenes. Murieron seis.

No es seguro que todos estos 34 muertos sean parte de la cuenta de 134 que el narco quiere cobrarle al gobierno, pero de que lo son en cierta forma no hay duda, como tampoco de que este es un giro sin retorno en la guerra que se libra en el país. Se trata de un umbral que se ha cruzado y que será difícil cruzar en sentido inverso.

Hasta ahora el narco respetaba un cierto pacto de civilidad. Sus secuaces pequeños secuestraban, robaban y extorsionaban a los ciudadanos para ganar dinero y como actividades periféricas al gran negocio de los cárteles, el tráfico de la mariguana, el negocio que en realidad les da su enorme poderío económico. Pero cuando se trataba de defender los territorios de ese negocio mayor, su violencia escalaba a otro calibre de armas y a otro número de efectivos: a la dimensión de la guerra. Una guerra contra otros cárteles y contra el gobierno y sus brazos armados, en la que se mantenía al margen a la población civil. No es que se le protegiera, pero no se le consideraba un objetivo balístico.

Bueno, ese es el pacto que se ha roto. Ahora el narco anuncia que disparará directamente a los civiles y que usará a los civiles asesinados de moneda de cambio. Tú, gobierno, me incautas 134 toneladas de mariguana, yo te mato a 134 ciudadanos.

Para el presidente Calderón también este es un giro sin retorno. Al inicio de esta guerra afirmó que los muertos en ella eran solamente narcos y fuerzas del orden. Los civiles no teníamos qué temer. A mediados de esta guerra, cuando surgieron las primeras víctimas civiles de los fuegos cruzados, o de soldados intoxicados por drogas, el presidente Calderón llamó a los muertos civiles daños colaterales.

Imposible ahora sostener tanto lo primero como lo segundo. Lo escrito: el narco ha decidido disparar a matar contra civiles.

Lo ideal sería que el presidente desplegara más fuerzas públicas para proteger a los ciudadanos desarmados. Que la amenaza del narco fuese sencillamente imposible de cumplir. Pero el presidente no dispone de una fuerza pública suficientemente numerosa ni suficientemente capaz para lograrlo. Valga el ejemplo de Ciudad Juárez como prueba: hoy día hay un policía por cada 88 juarenses y ni así se ha podido proteger a la gente de a pie de ser muerta en plena calle y bajo el sol.

Entonces, ya que el Estado no puede garantizar la vida de los civiles, al presidente le quedan otras dos alternativas.

El presidente puede abaratar la tonelada de mariguana. En lugar de encarecerla incautándola y quemándola, puede volverla una mercancía más dentro del mercado legal de sustancias que alteran la conciencia.

Cierto, como el presidente argumentó el martes 26 en Colombia, las consecuencias de la legalización no son calculables. También indiscutible, el presidente estadunidense no estaría complacido, como lo ha venido advirtiendo en fechas recientes.

Pero más vale que una tonelada de mariguana se venda en una farmacia por dinero contante y sonante, que se venda por vidas: esta sería la lógica de legalizar ahora la mariguana. Por desgracia esta alternativa se topa contra la fija disposición del presidente a terminar su sexenio sin retractarse de su estrategia frontal contra el narco.

Entonces, pues, parece quedarle una última alternativa al presidente Calderón. Cruzar este umbral de horror sin inmutarse, asumiendo con una enorme valentía personal el nuevo tipo de cambio: un civil por cada tonelada de mariguana. Aunque el presidente tendrá también que asumir una consecuencia insoslayable: el tipo de cambio variará. Porque si los muertos civiles no disminuyen los decomisos de mariguana, las vidas de los civiles todavía se abaratarán, y mucho.

Después de todo, una tonelada de mariguana en la soleada California o la grisácea Nueva York está valuada hoy en más de un millón y medio de dólares, así que de este lado de la frontera el narco no tendrá incentivo para no inflar su precio: 10 civiles por una tonelada, luego 30 civiles, luego…

Tiene una gracia macabra: para usos del mercado de la droga, la nueva moneda nacional podría llamarse en adelante civiles.

Hay que imaginarlo. El presidente Calderón saluda al presidente Obama. Se estrechan la mano y se sientan a charlar.

–¿Cómo van los costos de la guerra, Felipe?

–Más o menos 100 civiles por tonelada incautada, Barak. ¿Y a cuánto está la mariguana en las calles de Washington?

–Pues gracias a tus incautaciones, ha subido de precio. Me dicen que se vende a mil dólares el ladrillo. Es decir, a cinco dólares el cigarro. Es decir, permíteme calcular la cifra que me pides, como a tres civiles el paquetito de 100 gramos y a medio civil la inhalación.

–¿Civiles mexicanos?

–Civiles mexicanos, por supuesto. l

Si se legaliza la mariguana

Sabina Berman

1.

El presidente Franklin D. Roosevelt se inclinó para firmar el documento que anulaba la prohibición del alcohol y a continuación dijo: “Creo que este es un buen momento para beber una cerveza”. Cosa que su gabinete pasó a tomar en un salón contiguo, mientras en los speakeasies del país, un minuto antes clandestinos, ahora legales, cientos de miles de ciudadanos alzaban sus copas y las chocaban para brindar.

Así terminó la guerra contra el alcohol en Estados Unidos. Con el clinc de un brindis y no con el bang de un disparo.

Fue un alivio el fin de aquella guerra que no disminuyó el consumo del alcohol y sí elevó el poder económico y balístico del crimen organizado. Una guerra que mató inútilmente a miles, que no moralizó al país, como soñaron los prohibicionistas, y en cambio sí destruyó la industria de las bebidas alcohólicas, antes floreciente en California.

Si se legaliza la mota en México durante el mandato del presidente Calderón, no lo veremos prender un carrujo en un gesto de reconciliación de la autoridad con la yerba. Sería demasiado incongruente. Pero si es otro el presidente mexicano quien firma su legalización, y eso no es improbable, debiera hacer el gesto de encender el carrujo porque la mota se debería volver una industria. Todavía más: se debería volver una importante exportación.

Tal y como al cabo de la extinción de su prohibición, y al cabo de una década de cultivo paciente y esmerado de los viñedos de Kansas y California, las bebidas alcohólicas se fueron volviendo para Estados Unidos. Por cierto, tal y como sucederá en California si en noviembre se legaliza la mota. Con amplios campos ya cultivados de mariguana, con sistemas de distribución ya bien establecidos, California se volverá probablemente en noviembre el primer exportador mundial de la yerba.

Es una lástima. Históricamente a nosotros nos debiera haber correspondido esa ganancia económica. Fue en México en donde la mariguana se consumió en tiempos precolombinos con reverencia, en usos medicinales, afrodisiacos y religiosos.

Si la mariguana se legaliza en México, es decir: si su cultivo y empaquetamiento y tráfico se legalizan, porque su consumo no es ahora ilegal, el gobierno se equivocaría al esquinar su venta en farmacias, como opinan los pudibundos que debiera hacer. Decirle sí a la mota debería decirle sí, completamente. Decirle sí a la yerba que los aztecas llamaron santa, debiera ser un sí que implique el impulso a su cultivo y exportación.

2.

Y sin embargo, luego de la legalización de la mariguana, ahí seguiría el crimen organizado. Sus ingresos afectados brutalmente, claro. El tráfico de mariguana representa, según algunos expertos como Luis Astorga, la parte mayoritaria de sus ingresos, pero la otra parte se calcula entre 10 y 25 billones de dólares.

El crimen organizado seguirá robando, secuestrando y extorsionando, las actividades criminales que realmente afectan a la población. Seguirá infiltrado en las policías del país. Seguirá infiltrado en la política. Seguirá matando periodistas. Seguirá mandando como la más alta autoridad en regiones completas del país. Ahora manda en una cuarta parte, a decir del general de división Luis Garfias, y en esa cuarta parte del territorio nacional se atrincheraría, probablemente, radicalizando su violencia.

Desmantelar el poder del crimen para robar, secuestrar, extorsionar a la población y corromper al Estado debió haber sido el objetivo de esta guerra desenfocada que vivimos en México. Si la mariguana se legaliza, la guerra debiera continuar, ahora sí focalizándose en eso que importa. Y debiera ser una guerra que ahora sí emplee las fuerzas que el Estado posee y el crimen no.

Ahora sí el Estado tendría que planificar la guerra antes de emprenderla, y planificarla con inteligencia. Es decir, sabiéndolo todo sobre el poder del enemigo. Debiera antes de la guerra bloquear sus abastecimientos de dinero y armamento. Es decir, pactar con la banca internacional el congelamiento de las redes económicas del narco y pactar con Estados Unidos la no venta de armamentos a mexicanos. Y debiera antes de la guerra limpiar a las policías. Según cálculos del primer secretario de Seguridad Pública de México, Alejandro Gertz Manero, hoy uno de cada dos policías mexicanos está en las nóminas del crimen.

3.

Finalmente, si se legaliza la mariguana y fumarse un chubi se vuelve tan normal como tomarse un martini, ahí seguirá el infierno de la adicción.

Es una ilusión suponer que la legalización de la mariguana no aumentará su consumo y su abuso. Simplemente las experiencias internacionales refutan ese optimismo. En Holanda, al legalizarse la mariguana, el consumo se elevó a la estratosfera y una generación de adolescentes quedó marcada por la indolencia a la que conduce la mariguana cuando se consume a diario. En Estados Unidos el fin de la prohibición del alcohol condujo a un aumento exponencial del alcoholismo que dio origen a la creación de miles de clubes de Alcohólicos Anónimos.

Es verdad lo que ahora empieza a decirse con ligereza: la adicción a la mariguana y a otras sustancias es un problema de salud personal que no amerita una guerra civil. Pero también es verdad que la educación respecto al uso y abuso de sustancias de efectos químicos considerables debiera ser un problema de Estado. Si se legaliza la mariguana, es deber del Estado reeducar a la población sobre la mariguana.

La mariguana no es el diablo, como este gobierno se afanó en convencernos. Pero si los aztecas la llamaron la yerba santa fue porque sabían en qué medida y cómo ingerirla, para propiciar sus éxtasis y esquivar sus infiernos.

Dos sopas: legalizar o colombianizar

Felipe Calderón, titular del Ejecutivo.

Denise Dresser

MÉXICO, D.F., 16 de agosto.- Cual Chabelo, el amigo de todos los niños, Felipe Calderón ha pasado las últimas semanas tratando de congraciarse con todos. Convoca foros, dialoga con gobernadores, invita a dirigentes de partidos políticos, escucha a académicos, se reúne con diversas organizaciones de la sociedad. El objetivo, en sus propias palabras, es “hacer de la lucha por la seguridad nacional una política de Estado, no una política de un presidente o de un gobierno” y “estoy acudiendo a todas las llantas del vehículo y a todas las patas de la mesa”. La intención, según argumenta, es oír, revisar, replantear y fortalecer la estrategia nacional de seguridad. Y aunque se agradece la intención –lamentablemente tardía– de Felipe Calderón, hay algo que tanto el presidente como el país necesitan entender. En cuanto a opciones para enfrentar el narcotráfico y los males que engendra –violencia, corrupción, desmoronamiento institucional– no hay mucho de dónde escoger. O se legaliza o se colombianiza. O se regulan las drogas o se involucra de manera mucho más abierta a Estados Unidos para combatirlas.

Calderón no entiende este dilema o no quiere enfrentarlo. Al examinar cuidadosamente lo que ha dicho desde que comenzó la “cruzada Chabelo”, es posible entender lo que quiere: mayor involucramiento de múltiples actores para que la ofensiva emprendida hace cuatro años no sea percibida como “su guerra”; mayor diseminación de información oficial para que la sociedad comprenda por qué hace lo que hace y decide lo que decide; mayor colaboración periodística en la cobertura de muertes y mantas, para no proporcionarle ayuda al adversario. Nada más y nada menos. No hay en sus reflexiones o afirmaciones hasta el momento una sola señal de cambio de ruta, un sólo indicio de golpe de timón; una sola sugerencia de un replanteamiento fundacional. El meollo del asunto parece ser el siguiente: o el gobierno de Calderón no sabe qué tipo de estrategia distinta desea instrumentar, o quiere seguir con la misma –incorporando algunas sugerencias de orden cosmético– pero con mayor legitimación social.

Una guerra idéntica, pero a la cual se le cambia de nombre. Una guerra igual a la que hemos presenciado, pero con menos voces críticas porque ya fueron escuchadas. Una guerra facsimilar a la de los últimos cuatro años, pero con menos denuesto porque el gobierno empieza a hablar de “colaboración”. Esa parece ser la intención real del ejercicio llevado a cabo en tiempos recientes, ya que no hemos escuchado una sola idea nueva planteada por el presidente. No hemos oído un solo replanteamiento profundo de su parte. Lo diferente es el reconocimiento a la necesidad de diálogo. Lo distinto es la aceptación de errores cometidos. Lo novedoso es que se comparta información en lugar de amurallarla. Pero la humildad no es política pública. La explicación no implica reorientación. La apertura no constituye –en sí misma– la pavimentación de un nuevo camino para sacar a México del caos. El énfasis presidencial en la “recuperación de los valores”, el sentido de “mística” de las policías, la “participación social” en la denuncia del crimen revela anhelos, pero poco más.

Mientras tanto, lo que sí hemos escuchado de Calderón es su oposición vehemente a la legalización de las drogas. Está dispuesto a que otros debatan el tema pero jamás lo hará suyo. Insiste en que los perjuicios serían mayores a los beneficios a pesar de la información comparativa disponible que subraya lo contrario. Argumenta que el consumo se dispararía aunque la despenalización de la mariguana en otros países no ha producido ese resultado. No está dispuesto a considerar una opción que muchos expertos y expresidentes han empujado, ante el fracaso histórico y comprobado de otras alternativas en otras latitudes. Así, con una posición que parece más enraizada en prejuicios morales que en razonamientos sopesados, el presidente descarta una opción que México puede y debe considerar. Aunque sea difícil reconocerlo, en este tema Vicente Fox tiene razón: “hoy estamos trabajando para Estados Unidos, y mientras ellos no hacen su tarea” para limitar su propio consumo y reducir el tráfico de armas, México aguanta las muertes y los crímenes y los cárteles.

La legalización –mediante un mercado bien regulado por el Estado– podría romper la estructura económica que produce ganancias descomunales para mafias incontenibles. Y ése sería un primer paso para disminuir la violencia y contener la corrupción.

Al descartar este paso, Felipe Calderón coloca al país en una situación en la cual sólo tiene dos alternativas: seguir insistiendo en la misma estrategia con los resultados fallidos que ya hemos visto, o reproducir el modelo colombiano. De hecho, el presidente –en varias ocasiones– ha manifestado su admiración a lo que Colombia ha logrado hacer en los últimos años. Y sin duda, como lo ha argumentado Michael Shifter del Inter-American Dialogue en su artículo A Decade of Plan Colombia, las condiciones de seguridad allí han mejorado de manera importante en la última década. Ya no puede ser descrito como un “Estado fallido”, como un país en la frontera del caos, a pesar de que sigue produciendo drogas. Las masacres han disminuido, los homicidios han caído, los secuestros han descendido, el sistema judicial ha mejorado, el Estado ha logrado restablecer su autoridad.

Pero todo ello se logró gracias a lo que Felipe Calderón tendría que exigir, explicar, legitimar: la intervención estratégica, el entrenamiento táctico, la presencia militar de Estados Unidos a cada paso. Porque es poco probable que la pacificación colombiana hubiera ocurrido sin el apoyo estadunidense de gran calado que el “Plan Colombia” implicó.

Si Felipe Calderón rechaza la legalización en México, sólo le queda exigir el combate colombianizado con la ayuda militar de Estados Unidos. Eso entrañaría que el presidente reconociera todo lo que no ha querido reconocer hasta el momento. Que la eficacia fundamental del Estado mexicano está en juego. Que sin una intervención estadunidense mayor, el deterioro en la situación de seguridad seguirá siendo progresivo. Que esa intervención implicaría no sólo la provisión de equipo militar a México, sino también la presencia de personal militar estadunidense en territorio mexicano. Que el costo en cuestión de derechos humanos sería tan alto como lo fue en Colombia. Que Calderón se verá obligado a tocar en las puertas de Washington pidiendo más ayuda y más dinero, cuando Barack Obama está intentando cerrar otros frentes y gastar menos en otras batallas. Que deberá convencer a la población mexicana sobre la conveniencia de emular el ejemplo colombiano a pesar de los claroscuros que contiene. Esa es la dura realidad que el debate actual en México no ha querido encarar. Esa es la terrible disyuntiva que el país necesita entender. Sólo hay dos sopas poco apetitosas: legalizar o colombianizar.

Arizona, puerta abierta para la mariguana del "Chapo"

Diariamente los periódicos de Arizona informan sobre decomisos de droga a operadores del cártel del Chapo Guzmán, en tanto que agentes federales de Estados Unidos admiten que el estado es “la bodega de mariguana más grande del mundo”. El viernes 23 de abril, el mismo día en que la gobernadora Jan Brewer aprobó la Ley SB 1070 –que criminaliza a los inmigrantes mexicanos–, el alcalde de Phoenix, Phil Gordon, declaró a la cadena televisiva Fox: “¿Dónde está la DEA? Aquí, en Arizona, no está. Si estuviera, no habría tanta droga en el estado”. Pero los datos indican que entre omisiones y solapamiento, las autoridades locales han convertido a Arizona en territorio libre… del Chapo.

La gobernadora Brewer. Endurecimiento

J. Jesús Esquivel

DOUGLAS-NOGALES.- “La bodega de mariguana más grande del mundo”, denominan agentes federales de Estados Unidos y de México al estado de Arizona. El motivo: por esta región se introduce la droga que posteriormente se distribuye en los 50 estados del país.

De acuerdo con reportes obtenidos por este semanario, esa descomunal concentración de droga sólo se explica por el hecho de que las agencias policiacas locales están corrompidas por cárteles del narcotráfico.

El jueves 22 de abril el periódico Eastern Arizona Courier publicó un artículo en el que le atribuye a Tony Coulson, agente de la Drug Enforcement Administration (DEA) en el estado, declaraciones según las cuales diariamente se realizan ahí transacciones de droga procedente de México por 2 millones de dólares. El dato refleja la dimensión del problema y lo redituable que le resulta ese negocio en particular al cártel de Sinaloa.

“Es increíble, pero por la frontera de Arizona pasa casi toda la mariguana que se consume aquí; o por lo menos eso indican las estadísticas oficiales”, comenta a Proceso un agente federal estadunidense mientras acompaña al reportero en un recorrido por las ciudades hermanas de Nogales: la de Arizona y la de Sonora.

El entrevistado pide que se omita su nombre para no entorpecer, dice, una indagatoria que se realiza actualmente sobre la corrupción en los cuerpos policiacos locales y su implicación con el narcotráfico. Esta investigación se abrió hace varios meses e involucra también a los integrantes de la organización de los Beltrán Leyva.

Sin embargo, alerta: “Si pasa tanta droga es porque algo anda mal en este estado, o quizá porque las autoridades locales son ineficientes para contener ese tráfico”.

En junio de 2009, funcionarios y agentes de la DEA y del Buró Federal de Investigaciones (FBI) comentaron a este corresponsal que los cárteles mexicanos operan en la zona desde hace muchos años. En Arizona están casi todos: los Beltrán Leyva, el cártel de Juárez, La Familia michoacana, Los Zetas y la organización del Chapo Guzmán (Proceso 1704).

El mismo informante declaró en aquella ocasión que “su agencia tiene abiertas decenas de investigaciones sobre las operaciones de los cárteles mexicanos en esta región”.

Otro de los entrevistados comentó que desde hace tres años la gente del cártel de Sinaloa desbancó de esa plaza a los hermanos Beltrán Leyva, sus antiguos aliados.

Arizona comparte 626 kilómetros de frontera con México y es por esta franja limítrofe –“la puerta verde”, le dicen algunas personas en Agua Prieta, Sonora– por donde entran diariamente varias cargas de mariguana a Estados Unidos.

“¿Dónde está la DEA? Aquí, en Arizona, no está. Si estuviera, no habría tanta droga en el estado”, declaró Phil Gordon, alcalde de Phoenix, a la cadena de televisión Fox el pasado 23 de abril.

Las estadísticas de confiscación de estupefacientes proporcionadas a Proceso por el Buró de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) confirman por qué Arizona es llamada la “bodega de mariguana más grande del mundo”, y por qué la frontera que comparte con Baja California y Sonora es “la puerta verde”.

En el primer bimestre de este año, por ejemplo, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos incautó 168 mil 328 kilos de la yerba en el sector Tucson; otros 7 mil 246 en la zona Douglas-Agua Prieta; 3 mil 132 en el sector de Naco, y mil 575 kilos en el de Willcox.

“Y éstas son sólo cifras de la mariguana confiscada; seguramente los cargamentos que logran pasar son mucho mayores”, comenta un funcionario adscrito a la oficina de la CBP en Tucson.

De acuerdo con las estadísticas del CBP, durante 2009 sus agentes decomisaron 43 mil 571 kilos de cannabis en Douglas, 21 mil 64 en Naco, y 11 mil 178 en Willcox. El año previo interceptaron 13 mil 780 kilos en Douglas, 9 mil 126 en Naco y 8 mil 295 en Willcox.

La mayoría de la mercancía interceptada de 2008 a la fecha se realizó en cuatro ciudades de Arizona: Phoenix, Tucson, Mesa y Glendale, así como en el desierto que se localiza entre las montañas de Chiricahua y Huachuca, poblaciones adyacentes al estado de Sonora.

“La plaza de la distribución de mariguana en Arizona está dominada por la gente del Chapo (Joaquín Guzmán Loera)”, afirma a Proceso un agente federal mexicano en Nogales, Sonora.

Los medios de comunicación, en especial los periódicos de las ciudades fronterizas de Arizona, publican cotidianamente notas sobre los cargamentos decomisados al cártel de Sinaloa en la región desértica de Agua Prieta y Nogales.

El 19 de abril último, el diario Willcoxrangenews informó en su página electrónica que “agentes locales de la Patrulla Fronteriza confiscaron casi 439 kilos de mariguana, cuyo valor en el mercado asciende a 441 millones de dólares”.

Entre las montañas de Chiricahua y Huachuca hay una inhóspita franja desértica de unos 100 kilómetros de largo. Autoridades fronterizas de ambos países comentan al corresponsal que por este punto se introduce a Estados Unidos gran parte de la mariguana que se distribuye y consume en su territorio.

De manera coincidente ahí se concentran la mayoría de los “ranchos ganaderos” de Arizona, cuyos terrenos son utilizados por los cárteles de la droga y los traficantes de indocumentados, aseguran los entrevistados.

“Lo raro de esos ranchos ganaderos es que en ellos no hay vacas, sino puro desierto. Son extensas propiedades privadas colindantes con el estado de Sonora y que a la vista sólo tienen arbustos, cactus, arena. ¿Extraño, no?”, comenta a Proceso el agente federal que acompaña al corresponsal en el recorrido.

Ranchos “ganaderos” sin ganado

Para conocer los “ranchos ganaderos” el reportero contrató un guía que lo condujo por la carretera interestatal número 10, que atraviesa la ciudad de Douglas y el condado de Apache. Y, como dijo el funcionario estadunidense, en ese entorno agreste no se observa ningún animal.

Consultadas al respecto, autoridades de los condados de Apache y Cochise se niegan a hablar del asunto.

El 27 de marzo pasado el ranchero Robert Krentz fue asesinado en el interior de su propiedad. La extensión sobrepasa los 141 kilómetros cuadrados y se ubica al este de las montañas de Chiricahua, entre el condado de Apache y la ciudad de Douglas, colindante con territorio mexicano.

El sheriff de Cochise, Larry Dever, comentó al día siguiente que, según las pesquisas iniciales, el ranchero había muerto a causa de un disparo hecho por un indocumentado de origen mexicano.

La muerte de Krentz molestó a las autoridades de Arizona y a la Asociación de Rancheros local, cuyos integrantes se lanzaron contra los inmigrantes. Los calificaron de criminales y los acusaron de estar ligados al tráfico de drogas.

La gobernadora de Arizona, la republicana Jan Brewer, pidió incluso a la administración de Barack Obama que desplegara a la Guardia Nacional a lo largo de la frontera con México; además, el senador estatal, el también republicano Russell Pearce, redactó una iniciativa de ley para proponer que la policía de Arizona tuviera facultades para detener a cualquier persona que por su aspecto físico resultara “sospechosa de ser inmigrante indocumentado”.

Semanas después de la muerte de Krentz, el 23 de abril, la gobernadora Brewer avaló la propuesta de Pearce y promulgó la Ley SB 1070. Las autoridades de Cochise aún no esclarecen el caso del ranchero Krentz, aunque insisten en que fue un inmigrante indocumentado quien le dio muerte.

Los medios locales manejan una versión diferente: Los hermanos Robert y Phil Krentz permitían que los narcotraficantes mexicanos utilizaran sus terrenos para el trasiego de la droga, pero tuvieron diferencias por el cobro que recibían y Phil disparó contra su hermano, según esa interpretación.

Lo extraño del caso es que un día antes del asesinato de Robert, agentes de la Patrulla Fronteriza de Tucson encontraron en su propiedad 131.5 kilos de mariguana en pacas. La noticia sólo fue publicada por The Arizona Daily el 29 de marzo, dos días después de ese crimen.

Robert Boatright, subdirector de la CBP en Tucson, informó a los medios de comunicación que tras el hallazgo de la mercancía en el rancho de Krentz se rastrearon “unas huellas humanas” y se logró capturar a ocho inmigrantes indocumentados. Sin embargo, horas después se les deslindó del caso por falta de evidencias.

“En Arizona hay mucha corrupción por narcotráfico. Que no lo quieran admitir las autoridades de Estados Unidos, es otra cosa”, subraya un agente federal mexicano consultado en Nogales.

La red de Cochise

El 29 de enero, las autoridades del condado de Cochise anunciaron el desmantelamiento de una “red” de aliados del narcotráfico mexicano en el poblado de Bisbee. En conferencia de prensa, las autoridades los responsabilizaron de traficar por lo menos 18 mil 143 kilos de mariguana durante tres años.

Entre los detenidos estaban Angélica Borquez e Ignacio Erives, a quienes se acusó de proporcionar información confidencial al cártel de Sinaloa sobre los operativos antinarcóticos en el condado de Cochise entre noviembre de 2008 y enero de 2010. Borquez trabajaba en la oficina del fiscal del condado, informó a los medios locales la vocera del sheriff, Carol Capas.

“Centro de distribución”

Por su ubicación geográfica, Arizona es la joya de la corona en el trasiego de narcóticos. ¿La razón?: Además de compartir frontera con México, esa entidad colinda con Utah, Nevada, Nuevo México, California y Colorado.

“La mayoría de la mariguana que entra a Arizona no se consume en el estado; Arizona es una especie de centro de distribución hacia casi todo el territorio de Estados Unidos”, dice un funcionario de la CBP consultado por Proceso.

Desde México los operadores del cártel de Sinaloa utilizan varios métodos para introducir la droga a territorio estadunidense a través de Arizona, dicen al corresponsal funcionarios de ambos lados de la frontera.

Un agente federal mexicano describe el modus operandi: “La mariguana entra por el desierto en cargamentos pequeños. Los inmigrantes indocumentados sólo piden ayuda para llevar la mercancía a ciudades como Tucson, camuflada en camiones de carga o en las cajuelas de autos privados; en lomos de caballo, y hasta en aviones superligeros”.

–¿En aviones superligeros? –pregunta el reportero.

–Sí, por supuesto. Apenas el 4 de marzo el Ejército Mexicano descubrió tres aviones superligeros en Agua Prieta. Dos de ellos en óptimas condiciones y otro que estaba en reparación.

El pasado 29 de enero, The Sierra Vista Herald publicó en su primera plana un artículo sobre la confiscación de dos caballos por parte de la Patrulla Fronteriza en Douglas. Los animales transportaban un cargamento de 71 kilos de mariguana. Las personas que guiaban los caballos huyeron hacia Agua Prieta.

El corresponsal acudió a la oficina regional de la DEA en Phoenix para solicitar información sobre el narcotráfico y la forma en que las autoridades locales lo combaten. Ningún funcionario quiso abordar el tema de manera abierta.

Sólo el funcionario de la CBP en Tucson comentó al corresponsal que una dependencia del gobierno federal tiene bajo investigación a todo el departamento de policía de Bisbee, “por su presunta colaboración con el cártel de Sinaloa para introducir a territorio estadunidense mariguana y otras drogas”.

La ruta financiera del narco

Decomiso en la PGR.

Jesusa Cervantes

MÉXICO, DF, 14 de mayo (apro).- Las acciones de los cárteles de la droga en México no tienen límites. Lo mismo amenazan y obligan a un campesino a rentarles sus tierras para la siembra de amapola o mariguana que ejecutan a bandas rivales, envían mensajes a políticos o, incluso, llegan a matarlos.

Pero los miembros del crimen organizado, astutos como son en su mayoría, pueden también llegar a ser accionistas de bancos, como lo fue Miguel Ángel Félix Gallardo, el capo de capos, y quien en la década de los ochenta llegó a tener acciones del Banco del Bajío.

O pueden también llegar a formar parte de partidos políticos, ser sus dirigentes locales o incluso candidatos y precandidatos, como ocurrió con Miguel Ángel Almaraz Maldonado, quien en 2007 contendió por la alcaldía de Río Bravo en Tamaulipas.

Más tarde, en 2009, llegó a ser precandidato a diputado federal por el PRD, aunque finalmente fue detenido en abril de ese año bajo la acusación de la Procuraduría General de la República (PGR) de formar parte del grupo de “ordeñadores” de Petróleos Mexicanos (Pemex) y estar vinculado a Los Zetas del cártel del Golfo.

El caso es que para el crimen organizado no hay imposibles.

Si hoy les conviene, se logran vincular a políticos o, en el peor de los casos, si nos les conviene, mandarlos ejecutar por denunciar sus actividades, como ocurrió con el tamaulipeco Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, del PT, quien desde 2007 empezó a denunciar los negocios ilícitos de Almaraz Maldonado.

Guajardo Anzaldúa finalmente fue ejecutado por un comando en noviembre de 2009.

La última acción del crimen organizado contra un político ocurrió el pasado jueves en el municipio de Valle Hermoso, también en Tamaulipas, con la ejecución del panista José Mario Guajardo Varela, quien contendía por dicha alcaldía.

Ese mismo día, el dirigente nacional del PAN, César Nava, reveló que el candidato ya había sido amenazado.

Los asesinatos, la siembra forzada y las vejaciones de los miembros de los cárteles en contra de políticos, o el envenenamiento de jóvenes, niños y adultos con la venta de la droga seguirán en este país. Esto será así mientras el gobierno mexicano y los de otros países no se decidan a atacar la parte operativa del lavado de dinero.

Acabar con el narcotráfico no es sólo “declararle la guerra”, como lo hizo Felipe Calderón; no se trata solamente de un asunto de estrategia militar, de policías y armas.

Debe contarse con otro ingrediente: ir directamente a la parte financiera de estos grupos, atacar las áreas donde los grandes cárteles logran limpiar las ganancias producto de su actividad.

El pasado jueves, el presidente estadunidense Barack Obama anunció el combate al lavado de dinero como parte de su nueva estrategia antidrogas.

En el documento de la Oficina Nacional de Control de Drogas (ONDCP, por sus siglas en inglés), se establece que parte del éxito consiste en “la verdadera cooperación con las autoridades mexicanas, en un mayor intercambio de inteligencia, incluida la información sobre las investigaciones financieras”.

Pero no bastan los buenos deseos.

Para lograr lo planteado por el gobierno estadunidense basta que las autoridades mexicanas también lo deseen y, como se ha visto a lo largo de los últimos diez años, lo menos que pretende el gobierno de México es seguirle la pista al dinero de los narcos.

He aquí algunos ejemplos:

De acuerdo con el reporte más reciente de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro estadunidense, desde el 2000 y hasta mediados de 2008, el gobierno identificó a 121 empresas que han servido de fachadas para el lavado del dinero proveniente del narcotráfico.

Dichas compañías se dedican principalmente a la importación, exportación, consultoría, compraventa de divisas, servicios, minería, transporte y a las industrias farmacéutica, inmobiliaria y alimentaria, entre otras.

Según el reporte de la OFAC, 48 de esas firmas están presumiblemente relacionadas con el cártel de los Arellano Félix; 34 con el de los Arriola Márquez, socios del cártel de Juárez, y 25 más con el de Ismael El Mayo Zambada.

En su reporte anterior, del 17 de mayo de 2007, la OFAC relacionó a seis empresas con Zambada: Establo Puerto Rico SA de CV; Jamaro Constructores SA de CV; Multiservicios Jeviz SA de CV; Estancia Infantil Niño Feliz, SC; Rosario Niebla Cardoza, A. en P., y Nueva Industria Ganadera de Culiacán SA de CV.

A pesar de este reporte y, aunque el procurador Eduardo Medina Mora aseguró ante los diputados que todas las empresas incluidas por la OFAC tienen averiguación abierta, Nueva Industria Ganadera de Culiacán, que comercializa la marca Leche Santa Mónica, es promovida por el gobierno federal.

El 13 de agosto pasado esta empresa fue incluida por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) en su padrón de compañías que ofrecen empleos; más aún, desde 2002 figura en el padrón de las empresas que reciben recursos a través del programa Pymes e, incluso, en 2004 recibió apoyos por cien mil pesos de parte del gobierno foxista.

Además, la misma empresa participó con apoyo logístico en la organización de la Consulta Infantil y Juvenil de los Valores Democráticos, que auspició el Instituto Federal Electoral (IFE) en el 2000, según consta en documentos de la Junta Local Electoral de Sinaloa, estado donde se ubica Nueva Industria Ganadera.

Cuando se dio a conocer esa lista negra, Karen P. Tandy, administradora de la DEA, advirtió: "Estamos estudiando con persistencia el patrón financiero para despojar a estos narcotraficantes de sus activos, drenando la sangre que da vida a sus empresas criminales."

En respuesta al boletín de la OFAC, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dijo, a través de su vocero, que "en México no existen evidencias de operaciones ilícitas en las empresas señaladas por los estadunidenses", según reportó El Universal el 6 de junio de 2007.

Un ejemplo más: el 12 de diciembre de 2007, la OFAC boletinó a otras 19 empresas y 22 personas que presuntamente lavan dinero para El Mayo Zambada y Víctor Emilio Cázares Salazar.

Se trata de Consorcio Inmobiliario del Valle de Culiacán, Sepriv, Cazper Importaciones, PatracaM; las casas de cambio Mexglobo, Multiservicios Agsa y AGBAS Consultores; Toys Factory y las tienda Chika’s, una cadena de 20 boutiques de joyería y cosméticos.

Por cierto estos negocios tienen su sede en Sinaloa, Jalisco, Baja California y la Ciudad de México.

El 5 de agosto de 2008, la oficina del Departamento del Tesoro incluyó a 14 empresas mineras, constructoras e inmobiliarias de Sonora, Sinaloa y Jalisco, que presuntamente son utilizadas para lavar dinero de Rigoberto Gaxiola Medina, supuesto operador financiero del cártel de Sinaloa.

Y así, año con año, mientras Estados Unidos emite advertencias sobre el posible lavado de dinero en México, las autoridades de nuestro país terminan diciendo que “no hay evidencias de operaciones ilícitas”.

Si esta actitud no cambia, difícilmente la nueva estrategia de Obama dará resultado, pues el “corazón financiero” que se pretende desarticular, del lado mexicano parece no campear la misma intención.

Por todo ello podemos afirmar que mientras no se ataque la parte medular de las ganancias del narcotráfico, éste difícilmente se acabará y de su mano seguirán los ejecutados, las torturas, la corrupción y seguramente su unión con la política.

...De la fiesta al funeral

En diciembre de 2007 en la asamblea del PAN el candidato único a dirigir el partido se llevó la victoria en medio de sonrisas y jolgorio.
En aquella ocasión, el presidente Felipe Calderón celebró como suyo el triunfo.
Hoy, tras la elección de Cesar Nava como sucesor de Germán Martínez el panorama es totalmente opuesto. Los consejeros mostraron tristeza y caras largas durante la designación.
Conoce por qué en Acción Nacional pasaron...De la fiesta al funeral

Reporte Índigo entrevistó en noviembre de 2008 a Silvia Raquenel Villanueva con motivo de la detención del comisario Javier Herrera Valles.
Por primera vez habló públicamente de las razones por las que se había involucrado en la polémica defensa de presuntos narcotraficantes.
Conoce... Los expedientes abiertos de Raquenel Villanueva

ENTREVISTA

Los caudillos del PRD

Roger Bartra y Enrique Semo aseguran que dos personajes impiden la evolución de su propio partido: Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador. Ellos están detrás de los conflictos que no permiten definir la orientación del partido.

Se reconoce el esfuerzo de Calderón en la guerra contra el narco, pero no debe ignorar las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército y la Policía. Hay que insistir en que la ilegalidad no puede ser combatida violando la ley.

Cuando el gobierno federal necesita dinero, como ahora, no piensa en soluciones como la reducción del aparato burocrático. En lugar de eso crea y mantiene vivas medidas impositivas como el IETU.

Mientras en México se libra una guerra contra el narco, en California, Estados Unidos, se explora la opción de legalizar la mariguana para recabar impuestos por su venta y así contrarrestar el déficit estatal.

En Italia se esconden graves problemas detrás de la tercia de faldas de Berlusconi. Disfruta de la experiencia completa con la versión en línea.

PARA VER REPORTE ÍNDIGO AQUI.

Cinco gramos de mariguana

SABINA BERMAN

1.Al cabo de 29 meses y más de 8 mil mexicanos muertos, criminales, policías, soldados y civiles; al cabo de la escalada del robo, la extorsión y el secuestro, la duda de que la guerra frontal sea la mejor estrategia para derrotar al crimen organizado está más que justificada. Nuevas ideas para derrotar al crimen han ido volviéndose visibles. Se necesita parar el paso de las armas con que el crimen habilita a sus sicarios. Se necesita congelar sus redes financieras. Se necesita extraditar a sus capos ya encarcelados. Se necesita rehacer las policías. Se necesita, en suma, que el Estado aproveche por fin sus ventajas de ser Estado. Ojalá estas ideas hubieran sido aplicadas antes de una guerra frontal, pero aunque tardías son prometedoras, y parecen estarse calibrando en el gobierno (parecen estarse calibrando, porque de cierto no se sabe). Es ahora que oportunamente la izquierda toma de sus archivos una idea ya varias veces antes propuesta, con más o menos seriedad: es necesario despenalizar la mariguana. La idea parecerá a muchos drástica, pero los tiempos terribles que vivimos requieren de ideas drásticas. Es una drástica y buena idea por dos razones. La primera incumbe a la guerra. El negocio de la mariguana constituye la mayor fuente de ingresos del narco mexicano. Un ingreso que, según el especialista Luis Astorga, supera a lo que el narco recibe “por la combinación de cocaína, heroína y metanfetaminas”. Legalizada, el precio de la mariguana se desplomaría, amén de que empresarios lícitos participarían en su cultivo y comercio. Y cegada esta fuente de ingresos, calculada inciertamente, pero siempre en billones de dólares, el narco por fuerza se debilitaría. La segunda razón incumbe de tiempo atrás a la izquierda. La mariguana es “la droga” más blanda del espectro de las sustancias tóxicas en uso. Sus daños al cuerpo se han comparado a los del alcohol y el tabaco. Produce adicción psicológica pero no física; no es un alucinógeno y, en lugar de violentar la conciencia, la lleva a una pasiva receptividad, a una hiper-sensualidad que propicia el erotismo y la imaginación. El peor de sus males es que la hoja de la cannabis puede ser la puerta para las drogas duras. Una realidad estadísticamente probada, pero que acaso tiene que ver precisamente con que es una droga ilícita: que es vendida por los mismos dealers de las drogas duras y que no existe una cultura pública de cómo, cuándo y en qué medida su ingestión es puramente benigna. Desde un punto de vista de una izquierda hedonista, puede argumentarse (y durante décadas la izquierda más libertaria así lo ha argumentado) que fumar mariguana debiera ser una libertad civil. En todo caso, nadie puede negar que fumar mariguana o comer pastelitos especiales de mariguana sólo puede tener una víctima, quien la fuma y quien se come los pastelitos. En esa tradición libertaria de la izquierda, el Partido Socialdemócrata citó esta semana a un foro en el Congreso federal para discutir su despenalización. Descontando las intervenciones de los expertos, que aportaron cifras duras y opiniones informadas, el tono que imperó fue más que cauteloso, tímido. Un foro donde nuestros funcionarios y legisladores lograron el increíble achicamiento de una idea de consecuencias grandes a un manojo de cinco gramos de hierba.
2. Primero fue la rápida descalificación de la propuesta de parte de la Secretaría de Gobernación. Su representante, la doctora Blanca Heredia, concluyó que “…aun en el supuesto de que la legalización (de la mariguana) permitiese eliminar o revertir sensiblemente la rentabilidad de esa línea particular de negocio... resulta difícil imaginar que ello hiciera posible terminar con los muchos otros componentes de los cárteles criminales, tales como tráfico de armas, lavado de dinero, la trata de personas, el secuestro, entre otros”.Lo que puede traducirse así: como la despenalización no resuelve todo el asunto del crimen de golpe, hay que seguir intentando resolverlo todo a balazos.Luego, el conservadurismo infértil del PAN. Los panistas le negaron al “demonio” de la humilde planta de la cannabis incluso las virtudes que universalmente se le reconocen. No, no sirve para tramar textiles o hacer papel, y los médicos de California, donde su uso terapéutico es legal, se equivocan cuando la recetan como anestésico cutáneo, como relajador de los globos oculares en los enfermos de glaucoma o para abrir el apetito de los cancerosos sometidos a quimioterapias.Y por fin, el decepcionante milimetrismo del Partido de la Revolución Democrática, que en un pestañeo de coquetería a los chavos que fuman la hierba esfumó lo que la iniciativa tenía de prometedor para avanzar en la derrota del crimen organizado. “Lo que no queremos es la criminalización de los jóvenes por consumir o portar mariguana”, dijo el coordinador de los diputados perredistas, el doctor Javier González Garza.Traducción: la posesión de algunos gramos de mariguana para consumo personal podría ser legal, digamos los cinco gramos que pesa un carrujo típico, pero seguiría siendo prohibido venderla, distribuirla y cultivarla. Por lo tanto: el precio de la mariguana no se desplomaría; su cultivo, transportación y venta seguiría por fuerza quedando en manos del crimen; y liberados del temor a la policía, los consumidores aumentarían. Puede uno imaginarse a El Más Loco del cártel de La Familia enviando tres canastas de flores. Una a la dirigencia del PRD, otra a la dirigencia del PAN, otra a la Secretaría de Gobernación; las tres canastas con la misma breve nota: Gracias por no comprender.
Pero en un ejercicio (más bien esforzado) por no ser pesimistas, coincidamos con el maestro Luis Astorga en que al menos el tabú que rodea a la mariguana se está resquebrajando y este puede haber sido el inicio de un debate más largo y atrevido. Acabado el forzado optimismo, deses-perémonos con un Congreso experto en cortarle las alas a las reformas; experto en entibiar el entusiasmo; y lo dicho: en reducir una opción a más muertos y secuestrados en cinco gramos de mota.

SOBRE EL MEDIO AMBIENTE........

Aguas que se acaba: En Contexto



http://www.youtube.com/watch?v=PBgnkNCpFd8

Optar por la Verde: en Contexto por la despenalización de la Mariguana
se convertirá la "yerba buena" en yerba salvadora? Propone que la crisis económica de California sea resuelta con dinero de la venta de mariguana.


http://www.youtube.com/watch?v=PeAYJEl9W9Y