(Audio completo, sin comerciales)Debate sobre el voto del 5 de julio, con Lorenzo Córdova, Jesús Cantú y Jorge Alcocer (minuto 165)
miércoles, junio 10, 2009
A la sombra de los Gómez del Campo
Una sombra de duda sobre negocios y contratos federales que involucra los apellidos de la actual familia presidencial de México fue puesta al descubierto con la tragedia de la guardería del Seguro Social en Sonora.
El apellido Gómez del Campo, el segundo de la primera dama Margarita Zavala Gómez del Campo, fue colocado bajo la lupa del escrutinio público.Ello al conocerse que una de sus propietarias de la trágica guardería en la que perdieron la vida 44 menores y otros 25 resultaron heridos, es su sobrina Marcia Gómez del Campo Tonella.
Y aunque no existen evidencias de un posible tráfico de influencias en Margarita Zavala, cuya reputación está ligada a la transparencia y a la exigencia de cuentas públicas, lo cierto es que el caso amenaza con desbordar la tragedia para convertirse en bandera política electoral de 2009.
Sobre todo cuando un escrutinio de la nómina federal deja al descubierto que el apellido Gómez del Campo tiene presencia en entidades estatales estratégicas como Pemex y el Seguro Social.
Y también son operarios o beneficiarios de concesiones o licitaciones que están sometidas a denuncia o revisión ante la Secretaría de la Función Pública. Ésta es la historia.
PARA VER ÍNDIGO BRAINMEDIA AQUI.
Virgilio Mendoza: Vuelve a 'soltar el pico'
Una vez más el candidato panista a diputado federal Virgilio Mendoza Amezcua ‘soltó el pico’.
PARA VER ÍNDIGO BRAINMEDIA AQUI.
Puebla: Desalojan a profesores
PUEBLA, Pue. Un enfrentamiento entre policías estatales y maestros en las instalaciones de la SEP dejó cuatro profesores lesionados. La corporación usó gas lacrimógeno para dispersar a la manifestación, que exige la destitución del titular de la dependencia, Darío Carmona García, quien rechazó la posibilidad de dialogar con los inconformes. “No actuamos bajo presión”, aseguró.Tras el incidente, cerca de 50 mil estudiantes de educación básica resultaron afectados con la suspensión de clases en mil 500 escuelas, provocada por la manifestación de cinco mil docentes frente a la Secretaría de Educación Pública en la entidad (SEP), la cual estuvo resguardada por unos 300 granaderos.
El objetivo original del plantón era la cancelación de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE). A la fecha, los docentes demandan también el reembolso de los descuentos salariales aplicados la quincena pasada y la remoción del funcionario educativo.
* Alrededor de 500 elementos de la Policía Metropolitana acudieron a desalojar a los maestros disidentes que este día iniciaron con su movimiento desde Plaza Dorada al Centro Histórico y un contingente dividido a la sede alterna del SNTE frente al Congreso del Estado.
En las inmediaciones de la 9 Poniente y 3 Sur, este equipo de granaderos iniciaron sus labores de desalojo echando mano de bombas de gas lacrimógenos; no importó la edad y sexo; el objetivo era desalojar a los profesores disidentes.
En estos momentos ya tienen cercados a algunos maestros del Consejo Magisterial Poblano. En entrevista para Periódico Digital, Juan Durán Maldonado dirigente legítimo de la sección 51, dijo que van a presentar una denuncia penal por agresiones a los maestros y a ver herido a más de 13 integrantes del Consejo Democrático Magisterial.
Importante señalar que entre el grupo de manifestantes había mujeres que al ver la manera en como eran desalojados entraron en pánico y tuvieron que correr para protegerse junto con sus compañeros maestros ya que los uniformados hicieron disparos al aire.
En este movimiento se dieron cita maestros de los municipios de Huauchinango y Atlixco y al parecer los elementos policiacos se llevaron a algunos de los maestros que participaban en esta marcha.
EXPERIMENTOS CRIMINALES
EXPERIMENTOS CRIMINALES
Francisco Rodríguez Pérez
Sustentada en su narcocampaña, la Presidencia de la República tiene el control político de las elecciones.
Los recientes hechos en contra de Gobernadores de oposición (y la impunidad de los del PAN-Gobierno) la “guerra sucia” del panismo apunta hacia un "golpe espectacular" contra algún Gobernador del PRI antes de los comicios del 5 de julio, según se observa en el trayecto de esa guerra terrorista.
Ya empezaron con Michoacán. Ya habían desprestigiado a la Gobernadora, y al aspirante petista, en Zacatecas. Ya le “pegaron” a Nuevo León. Ahora intentan “golpear” a nuestro Gobernador.
La narcocampaña orquestada desde Los Pinos, se prepara para desprestigiar, con acusaciones electoreras, a José Reyes Baeza Terrazas, con el pretexto de “defender” a Juan Blanco, el exalcalde panista de Chihuahua.
El señalamiento es grave, y más aún que los operadores, los autores materiales, los ejecutores de las órdenes presidenciales, sean el Presidente del Senado, y aspirante al parecer auto fallido, al Gobierno de Chihuahua, Gustavo Madero Muñoz, y los legisladores panistas, federales y locales, por Chihuahua.
Si algún estado ha sufrido los embates de la “declaración de guerra”, realizada por Calderón antes de ser Presidente, ha sido Chihuahua, y, particularmente, Ciudad Juárez, donde son más evidentes los estragos.
Si algún Gobernador ha sido leal a las instituciones y decidido, ese es Jose Reyes Baeza, quien ha permitido que se ensayen aquí las locas ideas de un Presidente que ha perdido el rumbo o que, quizá, nunca ha tenido rumbo. O tiene un rumbo que, simplemente, no nos gusta.
Más allá de la coyuntura electoral Reyes siempre ha manifestado su apoyo al Presidente de la República en su combate al crimen organizado.
Se van largos los “legisladores” panistas de Chihuahua al pretender “defender” a un presunto delincuente de cuello, Blanco, echando pestes contra Reyes Baeza, tratando inútilmente de ocultar que el ex alcalde panista está siendo acusado por panistas y ex socios, no por el Gobernador. Y que el asunto es del Poder Judicial, no del Ejecutivo estatal. Están errando en lo obvio.
Si, como dice la señora Ortuño, aquí se protege al crimen organizado y al narco. Eso tiene que preguntárselo a la Procuraduría General de la República, a los mandos castrenses, a la coordinación del Operativo Conjunto Chihuahua. Esa acusación de la señora Ortuño y sus compas, no hay de otra, se le revierte al Presidente Calderón, hasta los Señores Obispos de Chihuahua avalan la conducta de JRB ante las opiniones adversas en estos momentos difíciles.
Los acusadores de Reyes no tienen preparada ninguna denuncia ante quien corresponda esto es una táctica más de la “guerra sucia” electoral.
Se delatan. Por ello, por el tufo electorero, por el intento de golpe mediático de esta acción, gracias al voto de los legisladores del PRI y del PRD, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión rechazó un exhorto impulsado por la bancada del PAN dirigido, en contra del Gobierno del Estado, respecto al deprimente Caso Blanco.
Pero el “golpe” ya lo dieron.
El problema de los comicios de este 2009 no son quienes intentan ganar diputaciones, alcaldías y alguna de los seis gobiernos estatales, sino la ostentosa guerra sucia que desde el poder encabeza el Presidente Calderón con todos los instrumentos de facto que tiene a su disposición, con los que trata de anular, desde ahora, la voluntad popular.
La influenza, el combate al narcotráfico y, la gravísima crisis económica, acusan una misma dinámica, un estilo peculiar de "gobernar": primero se oculta o se minimiza el problema, y después se sobredimensiona hasta otorgarle "facultades extraordinarias" al Ejecutivo federal.
Lo sucedido con la influenza es el sello de la casa. Ahí comenzó el ensayo para aplicar el "estado de excepción". Y la redada aplicada en Michoacán contra autoridades electas presuntamente vinculadas a La Familia pasó por alto el mínimo apego al estado de derecho. Lo mismo ocurrió en Nuevo León.
La jugarreta política aplicada en Michoacán cobra mayor relevancia, si se trata de un mensaje directo al PRI y a sus Gobernadores, ya que no se descartaría que este tipo de operativos se pudieran extender a entidades, como Tamaulipas, Coahuila, Estado de México, Durango, Veracruz y Chihuahua, que son básicos para los planes de recuperación del poder presidencial por parte del PRI.
Se trata de una nueva edición, corregida y aumentada, de la “guerra sucia” orquestada por el panismo en el 2006, mucho más peligrosa, ya que empezó con diagnósticos perversos y se ha expresado en experimentos criminales.
Francisco Rodríguez Pérez
Sustentada en su narcocampaña, la Presidencia de la República tiene el control político de las elecciones.
Los recientes hechos en contra de Gobernadores de oposición (y la impunidad de los del PAN-Gobierno) la “guerra sucia” del panismo apunta hacia un "golpe espectacular" contra algún Gobernador del PRI antes de los comicios del 5 de julio, según se observa en el trayecto de esa guerra terrorista.
Ya empezaron con Michoacán. Ya habían desprestigiado a la Gobernadora, y al aspirante petista, en Zacatecas. Ya le “pegaron” a Nuevo León. Ahora intentan “golpear” a nuestro Gobernador.
La narcocampaña orquestada desde Los Pinos, se prepara para desprestigiar, con acusaciones electoreras, a José Reyes Baeza Terrazas, con el pretexto de “defender” a Juan Blanco, el exalcalde panista de Chihuahua.
El señalamiento es grave, y más aún que los operadores, los autores materiales, los ejecutores de las órdenes presidenciales, sean el Presidente del Senado, y aspirante al parecer auto fallido, al Gobierno de Chihuahua, Gustavo Madero Muñoz, y los legisladores panistas, federales y locales, por Chihuahua.
Si algún estado ha sufrido los embates de la “declaración de guerra”, realizada por Calderón antes de ser Presidente, ha sido Chihuahua, y, particularmente, Ciudad Juárez, donde son más evidentes los estragos.
Si algún Gobernador ha sido leal a las instituciones y decidido, ese es Jose Reyes Baeza, quien ha permitido que se ensayen aquí las locas ideas de un Presidente que ha perdido el rumbo o que, quizá, nunca ha tenido rumbo. O tiene un rumbo que, simplemente, no nos gusta.
Más allá de la coyuntura electoral Reyes siempre ha manifestado su apoyo al Presidente de la República en su combate al crimen organizado.
Se van largos los “legisladores” panistas de Chihuahua al pretender “defender” a un presunto delincuente de cuello, Blanco, echando pestes contra Reyes Baeza, tratando inútilmente de ocultar que el ex alcalde panista está siendo acusado por panistas y ex socios, no por el Gobernador. Y que el asunto es del Poder Judicial, no del Ejecutivo estatal. Están errando en lo obvio.
Si, como dice la señora Ortuño, aquí se protege al crimen organizado y al narco. Eso tiene que preguntárselo a la Procuraduría General de la República, a los mandos castrenses, a la coordinación del Operativo Conjunto Chihuahua. Esa acusación de la señora Ortuño y sus compas, no hay de otra, se le revierte al Presidente Calderón, hasta los Señores Obispos de Chihuahua avalan la conducta de JRB ante las opiniones adversas en estos momentos difíciles.
Los acusadores de Reyes no tienen preparada ninguna denuncia ante quien corresponda esto es una táctica más de la “guerra sucia” electoral.
Se delatan. Por ello, por el tufo electorero, por el intento de golpe mediático de esta acción, gracias al voto de los legisladores del PRI y del PRD, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión rechazó un exhorto impulsado por la bancada del PAN dirigido, en contra del Gobierno del Estado, respecto al deprimente Caso Blanco.
Pero el “golpe” ya lo dieron.
El problema de los comicios de este 2009 no son quienes intentan ganar diputaciones, alcaldías y alguna de los seis gobiernos estatales, sino la ostentosa guerra sucia que desde el poder encabeza el Presidente Calderón con todos los instrumentos de facto que tiene a su disposición, con los que trata de anular, desde ahora, la voluntad popular.
La influenza, el combate al narcotráfico y, la gravísima crisis económica, acusan una misma dinámica, un estilo peculiar de "gobernar": primero se oculta o se minimiza el problema, y después se sobredimensiona hasta otorgarle "facultades extraordinarias" al Ejecutivo federal.
Lo sucedido con la influenza es el sello de la casa. Ahí comenzó el ensayo para aplicar el "estado de excepción". Y la redada aplicada en Michoacán contra autoridades electas presuntamente vinculadas a La Familia pasó por alto el mínimo apego al estado de derecho. Lo mismo ocurrió en Nuevo León.
La jugarreta política aplicada en Michoacán cobra mayor relevancia, si se trata de un mensaje directo al PRI y a sus Gobernadores, ya que no se descartaría que este tipo de operativos se pudieran extender a entidades, como Tamaulipas, Coahuila, Estado de México, Durango, Veracruz y Chihuahua, que son básicos para los planes de recuperación del poder presidencial por parte del PRI.
Se trata de una nueva edición, corregida y aumentada, de la “guerra sucia” orquestada por el panismo en el 2006, mucho más peligrosa, ya que empezó con diagnósticos perversos y se ha expresado en experimentos criminales.
Calderón ¡Renuncia!
Por ineficiente, por corrupto y porque usas el ejercicio abusivo de funciones y el tráfico de Influencias (Delito del; Código Penal Federal, Artículos 220 y 221), por favorecer a familiares y amigos, y que aquí te recordamos los eventos:
a).- En la tragedia de los niños muertos en Hermosillo (44), existe la subrogación por parte del IMSS de la Guardería Incendiada a la iniciativa Privada en las que se señala como uno de los propietarios a la Sra. Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, familiar de la Esposa de Calderón, y que en el Local de dicha guardería, no se cubrían las mínimas garantías de seguridad. Dirás Calderón, que la subrogación y concesión de la Guardería se otorgó en 2001, y no eras el Ejecutivo federal, pero te recordamos que formabas parte del Gobierno de FOX.
b).- Durante el ejercicio de 2006/2008, la misma Señora Marcia Matilde Altagracia Gómez Tonella, junto con sus hermanas Lucía, Sofía y Adriana, recibieron $256,328.00 por apoyo del programa Procampo tradicional y fríjol pinto nacional por 21 hectáreas de cada una, (No incluye el ciclo Otoño/Invierno 2008), según datos de “Subsidios al campo en México”. Estos subsidios según la Ley Agraria, sólo se otorgan a Pequeños Propietarios, Ejidatarios y/o Comuneros, y sólo se pagan con documentos para abono en cuenta de cheques por montos de $25,000.00 o más, y para pagos menores no se requiere tener cuenta de cheques. (Esta aclaración se hace porque los pagos a estas personas no son mayores de $20, 627.00 para cada ocasión o predio de los cuatro susodichos. Será pequeña propietaria ejidataria y/o Comunera, con derecho a PROCAMPO esta Persona y sus tres hermanas … ?????
c).- En la edición de junio The New Yorker, una de las revistas de referencia en Estados Unidos, se dice que Calderón y Téllez condicionaron a Slim para darle canales de tv y pidieron que permitiera a sus competidores usar la infraestructura de Telmex a bajo costo, indicando Slim que; El ingreso que hubiera perdido podía exceder el valor del negocio de la televisión: Según el New Yorker Con lo anterior Calderón y Téllez se convierten en Cabilderos de Televisa y Azteca.- En México el Cabildeo, (Coyotaje) es un sistema de componendas y arreglos turbios que parece no tener límites y por principio de cuentas la regulación del Lobby (Cabildeo) por gestoría, en nuestro país no esta reglamentado y solo se conoce también como tráfico de influencias, o ejercicio abusivo de funciones, (Penado) y por lo tanto existe la presunción de un delito.-
d).- Como el Genocidio cometido por Israel en la Franja de Gaza contra los niños Palestinos, los que murieron sin saber porque, así como Calderón en México violando flagrantemente el Artículo 129 de la Carta Magna al traer al ejército en las calles, se informó que de diciembre de 2006 a marzo de 2009, en la guerra entre cárteles y en las batallas entre sicarios y fuerzas del Estado, existen otros saldos: 610 niños han muerto y al menos 3 mil 700 quedaron en la orfandad, revelan informes de la Secretaría de la Defensa Nacional, a los cuales el peródico La Jornada tuvo acceso.- De los 610 menores fallecidos, 110 cayeron víctimas del fuego cruzado durante enfrentamientos entre bandas rivales o sicarios y fuerzas del Estado; 73 fueron ejecutados en el momento en que integrantes del crimen organizado asesinaban a sus familiares; otros 427 que habían sido reclutados como sicarios han muerto en enfrentamientos entre grupos rivales, y los restos de 120 de éstos últimos, fueron enviados a la fosa común porque nadie los reclamó. “En este contexto, las ejecuciones están provocando que los niños se vuelvan víctimas y después en victimarios por el odio con el que crecen”. Calderón, al usar ilegalmente a las Fuerzas Armadas en esta “Masacre”, condenó a muerte a estos inocentes niños y aunque fuesen culpables (Quizá de haber nacido) cayeron sin juicio previo. (Los soldados deben regresar a los Cuarteles).- Richard Nixón renunció en agosto de 1974 a la Presidencia de los Estados Unidos de Ámerica, por algo menor a lo aquí enunciado, reflejando como quiera que fuese, altura de valores… Calderón se congruente, de principios y valores e inteligente:
¡RENUNCIA!
Caiga quien caiga, no me importa quien…
Calderón Te agarramos la palabra;
¡ RENUNCIA!
EL GOBIERNO ES EL PUEBLO.....VOTA!!!!
Votar nulo equivale a hacer exactamente lo mismo que hizo hace un par de semanas Miguel de la Madrid, es decir, declararse incompetente a sí mismo.
"Votar nulo es declararse incompetente"
"Votar nulo es anularse a sí mismo"
UN VOTO EN BLANCO ES UN CHEQUE EN BLANCO PARA LA DERECHA CUCHOPRIANISTA.
"Votar nulo es declararse incompetente"
"Votar nulo es anularse a sí mismo"
UN VOTO EN BLANCO ES UN CHEQUE EN BLANCO PARA LA DERECHA CUCHOPRIANISTA.
Editorial. Desprestigio militar.
Año 8, número 3129
Miércoles 10, junio del año 2009
La enorme cantidad de quejas que ante los Derechos Humanos se han presentado en contra de los militares que hoy ejercen anticonstitucionales funciones policíacas, ciertas o falsas (porque también hay que reconocer que hay campañas en contra de los uniformados)
Hacen ver que ha llegado el momento de que se respeten las Leyes y que las Fuerzas Armadas de la Patria regresen a sus cuarteles, pues es injusto que sean ellas quienes carguen con la responsabilidad que le corresponde afrontar al Ejecutivo, que es quien dio las ordenes.
Ya en el 68 el Ejército tuvo que cargar con el injusto desprestigio que costó un gran esfuerzo revertir para que la población volviera a aceptara sus soldados; toda vez que los militares son entrenados para obedecer las órdenes que se les dan, no para cuestionarlas o ejercer su propio criterio.
Lo malo del asunto es que deberán regresar a sus cuarteles con una dolorosa derrota a cuestas que, infortunadamente, se les cargará a ellos, no a Felipe Calderón, quien, sin poner el pecho por delante, de manera tan irresponsable declaró una guerra que no tenía ni la más remota posibilidad de ganar.
El fracaso ha sido estrepitoso, porque a pesar de todo lo que se ha hecho (y se reconoce, detenciones de armas, drogas y personas como nunca se había visto) no ha sido suficiente. La droga siga en las calles.
Echando por tierra toda la campaña electoral panista de que hay que votar por el Presidente para que la droga no llegue a nuestros hijos; pues las drogas, como arriba se menciona, siguen en las calles y al alcance de cualquiera.
Columna Asimetrías. ¿Votar? ¿No Votar? Todo Depende…
Por Fausto Fernández Ponte
10 junio 2009
“Éstas elecciones son, simplemente, la densa polvareda que oculta lo que está sucediendo en el país y enceguece a sus habitantes”.
Guillermo Alneyra.
I
El dilema que tienen ante sí supondríase que no pocos ciudadanos de acudir a votar o no o aprovechar el proceso comicial para expresar sentires y pareceres acerca del poder político del Estado mexicano o la situación económica, es, sin duda, insoslayable.
Pero es, a nuestro ver, un falso dilema. Éste aserto va en respuesta a la interrogante formulada a éste escribidor por los caros leyentes Graciela Ruiz de Aguilera y su esposo Juan, quienes leénnos desde el Distrito Federal en el interdiario Razones de Ser.
En una epístola suscrita por doña Graciela pero en la que infórmanos hablar también en nombre de su cónyuge, ambos leyentes inquieren: “Usted ha analizado los aspectos positivos y negativos de votar, pero no nos ha informado si usted votará a o no”.
“¡Touché!”, como diría el esgrimista al sentir la arista del florete. Los leyentes aquí identificados tienen razón, pero en descargo del escribidor dígase que votar o no es una decisión personal rayana en íntima por tratarse del albedrío del fuero interno.
Empero, informar o no a los leyentes acerca de una decisión que deviene de un discernimiento de racionalidad del acto de votar o abstenerse de hacerlo es imperativo de ética periodística: éste escribidor no aspira ni mucho menos trata de proselitizar.
Ese imperativo de ética periodística impide (o debiere impedir) a cualesquier profesionales de la difusión a no inclinarse ni dejarse llevar por sus gustos o disgustos en materia política ni incurrir en propagandizar; ésta es por definición subjetiva.
Y engaña a aquellos que confían en la buena fe, imparcialidad objetiva y, eventualmente, en la credibilidad del comentarista al abordar las manifestaciones de la realidad y analizar mediante metodologías dadas los componentes del entorno vero.
II
Quienes ejercemos ese derecho constitucional de expresar ideas –comentar, opinar, analizar-- en público acerca de las causales y las consecuencias pasadas, corrientes o actuales y previsibles de la realidad debemos abstenernos de hacer proselitismos.
El deber ineludible de un profesional del periodismo es el de identificar los componentes de un contexto dado y sus manifestaciones y cómo actúan e interactúan y concaténanse a partir de hechos y sucedidos conocidos o sabidos , e interpretarlos.
Ese quehacer debe realizarse bajo reglas de ética que imponen asepsias morales en el tratamiento de cualesquier temas o de los vectores –agentes que traen consigo información confiable-- que concurren al proceso de análisis, metodológico o no.
En los análisis cotidianos del contexto económico, político, social y cultural que se realizan en éste espacio periodístico se utilizan metodologías propias de la filosofía, el historicismo y la sociología aprendidas tiempo há, pero actualizadas constantemente.
En ese proceso analítico con las herramientas aquí descritas el vector –o agente—ideológico y político tiene escasa (aunque no nula) intrusión en el desarrollo del análisis. Influyen, desde luego, y mucho, lo sociocultural y lo formativo personal.
Por supuesto, esos análisis del contexto de la realidad ofrecidos aquí no son ni han sido ni serán impecables, pero son descripciones exegéticas lo más aséptico que es dable obtener dado que hay conciencia clara del papel de la ignorancia del escribidor.
Pero mientras exista esa conciencia en el escribidor de su propia ignorancia y limitaciones en muchas materias, la asepsia ética prevalecerá en el análisis. La ética periodística establece que el leyente es lo más importante y respetable en nuestro oficio.
III
Por esas razones, éste escribidor se abstiene de promover votar o no, pero ello no es óbice para explicar el contexto e identificar e interpretar sus componentes de la manera más antiséptica –o desinfectada e higiénica— posible en lo ideológico y político.
No se trata de convencer, sino de orientar, explicando la naturaleza de los elementos que constituyen el contexto de la realidad y su dialéctica. Si ello contribuye a despertar conciencias, ¡qué bien! O si a educar y liberar al leyente de sus prejuicios, ¡magnífico!
Bajo esas premisas insistiríase aquí en el análisis de las estructuras y superestructuras contextuales de la realidad y los desenlaces y secuelas de su propia dialéctica, sin tocar las manifestaciones coyunturales que por definición son intrascendentes y efímeras.
La decisión de votar o no dependería, obviamente, de la convergencia de percepciones determinadas por agentes ponderables e imponderables de formación personal y sociocultural, vivencias, escolaridad, prejuicios, anhelos y esperanzas.
Y, desde luego, temores que presuntamente pudieren amenazar el statu quo societal y sus estratificaciones de arriba hacia abajo y las aspiraciones a una movilidad de abajo hacia arriba y lateral. Las clases medias bajas aspiran a ser clases medias altas.
Los elementos constituyentes de la idiosincrasia de la cultura de clase y estrato sociales y sus mitos, fobias, aprensiones, manías y convicciones pertinentes tienen influencia decisoria en actuaciones cívicas personales, como las de votar.
ffponte@gmail.com
www.faustofernandezponte.com
Glosario:
Asepsias: estadios libres de infección. Ausencia de materia séptica.
Dable: posible, realizable, viable.
Dialéctica: método de razonamiento desarrollado a partir de principios. Relación entre opuestos. Proceso de transformación en el que dos opuestos se resuelven en una forma superior.
Exegética: de exégesis. Interpretativo.
Óbice: obstáculo, embarazo, estorbo.
Guillermo Alneyra.
I
El dilema que tienen ante sí supondríase que no pocos ciudadanos de acudir a votar o no o aprovechar el proceso comicial para expresar sentires y pareceres acerca del poder político del Estado mexicano o la situación económica, es, sin duda, insoslayable.
Pero es, a nuestro ver, un falso dilema. Éste aserto va en respuesta a la interrogante formulada a éste escribidor por los caros leyentes Graciela Ruiz de Aguilera y su esposo Juan, quienes leénnos desde el Distrito Federal en el interdiario Razones de Ser.
En una epístola suscrita por doña Graciela pero en la que infórmanos hablar también en nombre de su cónyuge, ambos leyentes inquieren: “Usted ha analizado los aspectos positivos y negativos de votar, pero no nos ha informado si usted votará a o no”.
“¡Touché!”, como diría el esgrimista al sentir la arista del florete. Los leyentes aquí identificados tienen razón, pero en descargo del escribidor dígase que votar o no es una decisión personal rayana en íntima por tratarse del albedrío del fuero interno.
Empero, informar o no a los leyentes acerca de una decisión que deviene de un discernimiento de racionalidad del acto de votar o abstenerse de hacerlo es imperativo de ética periodística: éste escribidor no aspira ni mucho menos trata de proselitizar.
Ese imperativo de ética periodística impide (o debiere impedir) a cualesquier profesionales de la difusión a no inclinarse ni dejarse llevar por sus gustos o disgustos en materia política ni incurrir en propagandizar; ésta es por definición subjetiva.
Y engaña a aquellos que confían en la buena fe, imparcialidad objetiva y, eventualmente, en la credibilidad del comentarista al abordar las manifestaciones de la realidad y analizar mediante metodologías dadas los componentes del entorno vero.
II
Quienes ejercemos ese derecho constitucional de expresar ideas –comentar, opinar, analizar-- en público acerca de las causales y las consecuencias pasadas, corrientes o actuales y previsibles de la realidad debemos abstenernos de hacer proselitismos.
El deber ineludible de un profesional del periodismo es el de identificar los componentes de un contexto dado y sus manifestaciones y cómo actúan e interactúan y concaténanse a partir de hechos y sucedidos conocidos o sabidos , e interpretarlos.
Ese quehacer debe realizarse bajo reglas de ética que imponen asepsias morales en el tratamiento de cualesquier temas o de los vectores –agentes que traen consigo información confiable-- que concurren al proceso de análisis, metodológico o no.
En los análisis cotidianos del contexto económico, político, social y cultural que se realizan en éste espacio periodístico se utilizan metodologías propias de la filosofía, el historicismo y la sociología aprendidas tiempo há, pero actualizadas constantemente.
En ese proceso analítico con las herramientas aquí descritas el vector –o agente—ideológico y político tiene escasa (aunque no nula) intrusión en el desarrollo del análisis. Influyen, desde luego, y mucho, lo sociocultural y lo formativo personal.
Por supuesto, esos análisis del contexto de la realidad ofrecidos aquí no son ni han sido ni serán impecables, pero son descripciones exegéticas lo más aséptico que es dable obtener dado que hay conciencia clara del papel de la ignorancia del escribidor.
Pero mientras exista esa conciencia en el escribidor de su propia ignorancia y limitaciones en muchas materias, la asepsia ética prevalecerá en el análisis. La ética periodística establece que el leyente es lo más importante y respetable en nuestro oficio.
III
Por esas razones, éste escribidor se abstiene de promover votar o no, pero ello no es óbice para explicar el contexto e identificar e interpretar sus componentes de la manera más antiséptica –o desinfectada e higiénica— posible en lo ideológico y político.
No se trata de convencer, sino de orientar, explicando la naturaleza de los elementos que constituyen el contexto de la realidad y su dialéctica. Si ello contribuye a despertar conciencias, ¡qué bien! O si a educar y liberar al leyente de sus prejuicios, ¡magnífico!
Bajo esas premisas insistiríase aquí en el análisis de las estructuras y superestructuras contextuales de la realidad y los desenlaces y secuelas de su propia dialéctica, sin tocar las manifestaciones coyunturales que por definición son intrascendentes y efímeras.
La decisión de votar o no dependería, obviamente, de la convergencia de percepciones determinadas por agentes ponderables e imponderables de formación personal y sociocultural, vivencias, escolaridad, prejuicios, anhelos y esperanzas.
Y, desde luego, temores que presuntamente pudieren amenazar el statu quo societal y sus estratificaciones de arriba hacia abajo y las aspiraciones a una movilidad de abajo hacia arriba y lateral. Las clases medias bajas aspiran a ser clases medias altas.
Los elementos constituyentes de la idiosincrasia de la cultura de clase y estrato sociales y sus mitos, fobias, aprensiones, manías y convicciones pertinentes tienen influencia decisoria en actuaciones cívicas personales, como las de votar.
ffponte@gmail.com
www.faustofernandezponte.com
Glosario:
Asepsias: estadios libres de infección. Ausencia de materia séptica.
Dable: posible, realizable, viable.
Dialéctica: método de razonamiento desarrollado a partir de principios. Relación entre opuestos. Proceso de transformación en el que dos opuestos se resuelven en una forma superior.
Exegética: de exégesis. Interpretativo.
Óbice: obstáculo, embarazo, estorbo.
38 Aniversario de la masacre del 10 de junio
Julio Pimentel Ramírez
Al cumplirse 38 años del genocidio del 10 de junio, la matanza de estudiantes que fue preconcebida, organizada, coordinada, controlada y ejecutada desde las más altas esferas del aparato gubernamental, a pesar de que la verdad histórica de esos hechos se ha abierto paso la justicia sigue esperando en un país sumido en una profunda crisis económica, política y social, gobernado por un mandatario ilegítimo e incapaz que ha colocado a la nación al borde de estallidos sociales de impredecibles consecuencias.
La masacre cometida esa fecha cada vez más lejana no es cosa del pasado, como algunos pretenden que así sea, ya que los delitos de lesa humanidad no prescriben. La impunidad de que gozan los responsables intelectuales y materiales de ese y otros hechos, además de que lastima a la sociedad en su conjunto es uno de los factores que hacen posible que desde el Estado se instrumenten actos represivos como los de Atenco y Oaxaca, por sólo mencionar dos de los casos más representativos, sin olvidar ejecuciones extrajudiciales y decenas de personas detenidas desaparecidas en los últimos años.
Existe un vasto cúmulo de documentos -en su momento, cuando la represión gubernamental estaba a la orden del día, la heroica revista POR QUE?, dirigida por el periodista Mario Renato Menéndez Rodríguez, plasmó en sus páginas información e imágenes incontrovertibles de lo ocurrido ese día-, testigos de los hechos y pruebas de otro tipo, que posibilitan aclarar la forma en que desde las esferas del poder se creó, organizó, entrenó y utilizó el grupo paramilitar conocido popularmente como Los Halcones.
Los Halcones fueron auspiciados en sus inicios por Alfonso Corona del Rosal, adscrito por cuestiones de presupuesto y cobertura al Departamento de Limpia del gobierno del Distrito Federal (ya bajo las órdenes del entonces regente Alfonso Martínez Domínguez), y dirigidos operativamente por el coronel Manuel Díaz Escobar, posteriormente premiado con un puesto en la Embajada de Chile y ascendido al grado de general por sus méritos en “campaña”.
Algunos elementos destacados de Los Halcones, integrado por jóvenes “lumpenes” y cuya columna vertebral la constituían ex militares, e incluso algunos en activo, provenientes de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, fueron capacitados en Estados Unidos, Japón, Francia y Reino Unido.
La idea era entrenar a los jóvenes reclutados, no sólo físicamente, sino ideológicamente para combatir a los enemigos del país: los disidentes sociales. No en técnicas policiales de sometimiento, sino militares de ataque letal y de doctrina de seguridad nacional, hasta aniquilar o exterminar al enemigo. Estrategia que posteriormente el presidente Luis Echeverría utilizó en contra de la guerrilla y del pueblo en la llamada guerra sucia.
Cabe hacer un paréntesis para señalar que después de ser “desmovilizados” muchos de Los Halcones se dedicaron a robar y secuestrar, situación que se puede comparar, guardando las debidas proporciones y diferencias, a la de los “Zetas”, militares desertores al servicio del narcotráfico que recibieron entrenamiento especializado. Como se ve no se aprende del pasado.
Esa tarde del Jueves de Corpus -10 de junio de 1971-, en que el movimiento estudiantil, aún sacudido por la masacre del 2 de octubre de 1968, pretendía tomar nuevamente las calles de la capital de la República enarbolando demandas de carácter democrático y en solidaridad con jóvenes del estado de Nuevo León, el presidente Luis Echeverría Álvarez decidió nuevamente cortar de tajo, al precio que fuera, cualquier movimiento opositor independiente.
El saldo fue de decenas de jóvenes asesinados, además de que ese acto profundamente autoritario y represivo cerró, definitivamente, los caminos de la lucha política pacífica para muchos jóvenes y luchadores sociales que optaron por la vía armada en su búsqueda de construir una sociedad distinta, una sociedad socialista.
En México, la matanza de Tlatelolco, el “halconazo” del 10 de junio y la “guerra sucia”, son manifestaciones de una política sistemática, fría y cruelmente concebida, ideada, ejecutada y encubierta desde los más altos niveles del Gobierno Federal, cuyo propósito central fue privar de la vida, reprimir y exterminar a distintos grupos sociales opositores al régimen, para seguir manteniendo incólume un sistema de dominación y hegemonía ideológica y política.
La persistencia de la impunidad respecto a los delitos de lesa humanidad del 2 de octubre de 1968, 10 de junio de 1971 y los cometidos durante la llamada guerra sucia, es congruente con el comportamiento de los gobiernos del “cambio” que tienen en su haber diversos actos de represión en contra de movimientos sociales.
Cabe destacar que la actual estrategia, si puede calificarse como tal la incoherente y errónea política de la llamada “guerra” al narcotráfico, de seguridad pública del gobierno calderonista que ha dejado un saldo de más de diez mil personas ejecutadas y decenas de desaparecidos, ha retrotraído a México -que da tumbos en el intento de dirimir las contradicciones sociales en el marco pacífico de un régimen democráticamente formal- a un proceso autoritario que pone énfasis en soluciones policiaco-militares, con todo lo que eso implica.
Las víctimas de la represión durante el régimen priísta así como los que han padecido suerte similar durante estos nueve años de administraciones panistas (entre ellas las desapariciones forzadas de los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, del defensor de derechos humanos y luchador social Francisco Paredes Ruiz, de los dirigentes indígenas, el chatino Lauro Juárez y las hermanas triquis Virginia y Daniela Ortiz, entre otras. Sin olvidar a los asesinados e injustamente encarcelados de Atenco y Oaxaca, así como el sistemático hostigamiento y persecución a la protesta social en toda la República) exigen verdad, justicia y fin a la impunidad.
Al cumplirse 38 años del genocidio del 10 de junio, la matanza de estudiantes que fue preconcebida, organizada, coordinada, controlada y ejecutada desde las más altas esferas del aparato gubernamental, a pesar de que la verdad histórica de esos hechos se ha abierto paso la justicia sigue esperando en un país sumido en una profunda crisis económica, política y social, gobernado por un mandatario ilegítimo e incapaz que ha colocado a la nación al borde de estallidos sociales de impredecibles consecuencias.
La masacre cometida esa fecha cada vez más lejana no es cosa del pasado, como algunos pretenden que así sea, ya que los delitos de lesa humanidad no prescriben. La impunidad de que gozan los responsables intelectuales y materiales de ese y otros hechos, además de que lastima a la sociedad en su conjunto es uno de los factores que hacen posible que desde el Estado se instrumenten actos represivos como los de Atenco y Oaxaca, por sólo mencionar dos de los casos más representativos, sin olvidar ejecuciones extrajudiciales y decenas de personas detenidas desaparecidas en los últimos años.
Existe un vasto cúmulo de documentos -en su momento, cuando la represión gubernamental estaba a la orden del día, la heroica revista POR QUE?, dirigida por el periodista Mario Renato Menéndez Rodríguez, plasmó en sus páginas información e imágenes incontrovertibles de lo ocurrido ese día-, testigos de los hechos y pruebas de otro tipo, que posibilitan aclarar la forma en que desde las esferas del poder se creó, organizó, entrenó y utilizó el grupo paramilitar conocido popularmente como Los Halcones.
Los Halcones fueron auspiciados en sus inicios por Alfonso Corona del Rosal, adscrito por cuestiones de presupuesto y cobertura al Departamento de Limpia del gobierno del Distrito Federal (ya bajo las órdenes del entonces regente Alfonso Martínez Domínguez), y dirigidos operativamente por el coronel Manuel Díaz Escobar, posteriormente premiado con un puesto en la Embajada de Chile y ascendido al grado de general por sus méritos en “campaña”.
Algunos elementos destacados de Los Halcones, integrado por jóvenes “lumpenes” y cuya columna vertebral la constituían ex militares, e incluso algunos en activo, provenientes de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, fueron capacitados en Estados Unidos, Japón, Francia y Reino Unido.
La idea era entrenar a los jóvenes reclutados, no sólo físicamente, sino ideológicamente para combatir a los enemigos del país: los disidentes sociales. No en técnicas policiales de sometimiento, sino militares de ataque letal y de doctrina de seguridad nacional, hasta aniquilar o exterminar al enemigo. Estrategia que posteriormente el presidente Luis Echeverría utilizó en contra de la guerrilla y del pueblo en la llamada guerra sucia.
Cabe hacer un paréntesis para señalar que después de ser “desmovilizados” muchos de Los Halcones se dedicaron a robar y secuestrar, situación que se puede comparar, guardando las debidas proporciones y diferencias, a la de los “Zetas”, militares desertores al servicio del narcotráfico que recibieron entrenamiento especializado. Como se ve no se aprende del pasado.
Esa tarde del Jueves de Corpus -10 de junio de 1971-, en que el movimiento estudiantil, aún sacudido por la masacre del 2 de octubre de 1968, pretendía tomar nuevamente las calles de la capital de la República enarbolando demandas de carácter democrático y en solidaridad con jóvenes del estado de Nuevo León, el presidente Luis Echeverría Álvarez decidió nuevamente cortar de tajo, al precio que fuera, cualquier movimiento opositor independiente.
El saldo fue de decenas de jóvenes asesinados, además de que ese acto profundamente autoritario y represivo cerró, definitivamente, los caminos de la lucha política pacífica para muchos jóvenes y luchadores sociales que optaron por la vía armada en su búsqueda de construir una sociedad distinta, una sociedad socialista.
En México, la matanza de Tlatelolco, el “halconazo” del 10 de junio y la “guerra sucia”, son manifestaciones de una política sistemática, fría y cruelmente concebida, ideada, ejecutada y encubierta desde los más altos niveles del Gobierno Federal, cuyo propósito central fue privar de la vida, reprimir y exterminar a distintos grupos sociales opositores al régimen, para seguir manteniendo incólume un sistema de dominación y hegemonía ideológica y política.
La persistencia de la impunidad respecto a los delitos de lesa humanidad del 2 de octubre de 1968, 10 de junio de 1971 y los cometidos durante la llamada guerra sucia, es congruente con el comportamiento de los gobiernos del “cambio” que tienen en su haber diversos actos de represión en contra de movimientos sociales.
Cabe destacar que la actual estrategia, si puede calificarse como tal la incoherente y errónea política de la llamada “guerra” al narcotráfico, de seguridad pública del gobierno calderonista que ha dejado un saldo de más de diez mil personas ejecutadas y decenas de desaparecidos, ha retrotraído a México -que da tumbos en el intento de dirimir las contradicciones sociales en el marco pacífico de un régimen democráticamente formal- a un proceso autoritario que pone énfasis en soluciones policiaco-militares, con todo lo que eso implica.
Las víctimas de la represión durante el régimen priísta así como los que han padecido suerte similar durante estos nueve años de administraciones panistas (entre ellas las desapariciones forzadas de los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, del defensor de derechos humanos y luchador social Francisco Paredes Ruiz, de los dirigentes indígenas, el chatino Lauro Juárez y las hermanas triquis Virginia y Daniela Ortiz, entre otras. Sin olvidar a los asesinados e injustamente encarcelados de Atenco y Oaxaca, así como el sistemático hostigamiento y persecución a la protesta social en toda la República) exigen verdad, justicia y fin a la impunidad.
El IMSS, cuando no usado para reprimir al contrario, caja chica del desgobierno panista
María Teresa Jardí
Desde la llegada del PAN al poder la cosa pública funciona así. Para poder enriquecerse hasta la náusea, los panistas, igualando en tiempo récord a sus antecesores priísta más ricos. O, mejor aún, rebasándolos. A fin de cuentas qué tanto puede ser tantito más cuando el robo se hace a un pueblo, que con el apoyo de la telebasura y bajando la educación escolarizada al mínimo posible, se ha convertido antes en un pueblo desmoralizado, sin esperanza de cambio, empobrecido hasta la náusea, deprimido…
Llegados al poder los Fox, crearon una infraestructura, manejada por la mujer de Fox a través de ¡Vamos México!, creado ex profeso para eso, para cancelar incluso o golpeando severamente, amén de controlando, la limosna miserable que a través de las IAP se repartía entre los pobres.
Pero igual, como el dinero obtenido a base de generarse fideicomisos, dinero arrebatado a los servicios públicos que todo gobierno debe prestar, es tantísimo, crearon múltiples formas de reparto entre parientes y amigos y en esa categoría entran las concesionadas guarderías del IMSS, como salta a la vista. Instituto, además, usado por la mujer de Fox, con Levy a la cabeza, para presentar falsas denuncias penales, como sucedió en el caso del POR ESTO!, como venganza por la información que se empezaba a hacer pública sobre las pillerías que empezaban entonces a cometer los Bribiesca.
Acabado el PRI como enemigo, cayeron en el juego también algunas de las ONGs defensoras de los Derechos Humanos y recibieron una parte de la limosna. Y se formaron muchas otras ONGs de membrete, entre las que algo de ese dinero también se repartía y con Calderón todo siguió funcionando de la misma manera.
Limosna, a fin de cuentas, es lo que se reparte. El grueso del dinero de los fideicomisos es para engrosar los bolsillos de la familia presidencial y unos cuantos amigos. Para el Centro Fox y el ranchito convertido en mansión estilo gringo…
Instancias como SEDESOL, debidamente encabezadas por panistas a modo, sirvieron —sirven para lo mismo con Calderón— también para este propósito y a la par que reparten un mínimo de limosna entre grupos que presentan proyectos vinculados a algún trabajo con la gente, garantizándose esos votantes más o menos cautivos. No les piden que voten por el PAN, obviamente. Pero el pueblo mexicano es muy agradecido. Saben que algunos sufragarán por otros partidos. Pero igual sirve de control social el pequeño reparto y ese voto, además, es irrelevante para el verdadero objetivo.
El monto destinado a los fideicomisos es grandísimo y no pasa por ningún control ni tiene necesidad de justificación alguna.
Es un robo en despoblado el que el PAN viene haciendo, desde Fox, como partido cabeza del Ejecutivo Federal, contra el pueblo mexicano.
Se están robando casi todo el dinero. La parte compartida es ínfima y además permisiva de cualquier cosa, incluso el crimen, porque al no tener controles ocurren cosas como las de la guardería de Hermosillo.
El PAN, como cabeza del Ejecutivo, está robando el dinero que en otros lugares es usado para proporcionar la infraestructura de todos los servicios con los que funcionan los países. Y el PRI y el PRD lo permiten.
Desde la llegada del PAN al poder la cosa pública funciona así. Para poder enriquecerse hasta la náusea, los panistas, igualando en tiempo récord a sus antecesores priísta más ricos. O, mejor aún, rebasándolos. A fin de cuentas qué tanto puede ser tantito más cuando el robo se hace a un pueblo, que con el apoyo de la telebasura y bajando la educación escolarizada al mínimo posible, se ha convertido antes en un pueblo desmoralizado, sin esperanza de cambio, empobrecido hasta la náusea, deprimido…
Llegados al poder los Fox, crearon una infraestructura, manejada por la mujer de Fox a través de ¡Vamos México!, creado ex profeso para eso, para cancelar incluso o golpeando severamente, amén de controlando, la limosna miserable que a través de las IAP se repartía entre los pobres.
Pero igual, como el dinero obtenido a base de generarse fideicomisos, dinero arrebatado a los servicios públicos que todo gobierno debe prestar, es tantísimo, crearon múltiples formas de reparto entre parientes y amigos y en esa categoría entran las concesionadas guarderías del IMSS, como salta a la vista. Instituto, además, usado por la mujer de Fox, con Levy a la cabeza, para presentar falsas denuncias penales, como sucedió en el caso del POR ESTO!, como venganza por la información que se empezaba a hacer pública sobre las pillerías que empezaban entonces a cometer los Bribiesca.
Acabado el PRI como enemigo, cayeron en el juego también algunas de las ONGs defensoras de los Derechos Humanos y recibieron una parte de la limosna. Y se formaron muchas otras ONGs de membrete, entre las que algo de ese dinero también se repartía y con Calderón todo siguió funcionando de la misma manera.
Limosna, a fin de cuentas, es lo que se reparte. El grueso del dinero de los fideicomisos es para engrosar los bolsillos de la familia presidencial y unos cuantos amigos. Para el Centro Fox y el ranchito convertido en mansión estilo gringo…
Instancias como SEDESOL, debidamente encabezadas por panistas a modo, sirvieron —sirven para lo mismo con Calderón— también para este propósito y a la par que reparten un mínimo de limosna entre grupos que presentan proyectos vinculados a algún trabajo con la gente, garantizándose esos votantes más o menos cautivos. No les piden que voten por el PAN, obviamente. Pero el pueblo mexicano es muy agradecido. Saben que algunos sufragarán por otros partidos. Pero igual sirve de control social el pequeño reparto y ese voto, además, es irrelevante para el verdadero objetivo.
El monto destinado a los fideicomisos es grandísimo y no pasa por ningún control ni tiene necesidad de justificación alguna.
Es un robo en despoblado el que el PAN viene haciendo, desde Fox, como partido cabeza del Ejecutivo Federal, contra el pueblo mexicano.
Se están robando casi todo el dinero. La parte compartida es ínfima y además permisiva de cualquier cosa, incluso el crimen, porque al no tener controles ocurren cosas como las de la guardería de Hermosillo.
El PAN, como cabeza del Ejecutivo, está robando el dinero que en otros lugares es usado para proporcionar la infraestructura de todos los servicios con los que funcionan los países. Y el PRI y el PRD lo permiten.
Reto al espurio
* Andrés Manuel López Obrador está dispuesto a sostener un debate público, de cara a la Nación, con el ilegítimo Felipe Calderón, para que el Pueblo de México conozca las dos visiones sobre las causas de la crisis y no sólo tener la opinión del presidente pelele, sus paleros y achichincles
* Sería un encuentro respetuoso, en donde cada parte expondría un diagnóstico de lo que está sucediendo y las alternativas de solución: “Lo que se tiene que hacer para salvar a México”
SALTILLO, Coahuila, 9 de junio (Gobierno Legítimo de México).- Andrés Manuel López Obrador manifestó estar dispuesto a sostener un debate público, de cara a la Nación, con Felipe Calderón, para que el Pueblo de México conozca las dos visiones del por qué el país está en crisis y no sólo tener la opinión del presidente pelele, sus paleros y achichincles.
Sería un encuentro respetuoso, en donde cada parte expondría un diagnóstico de lo que está sucediendo en la Nación y las alternativas de solución, “lo que se tiene que hacer para salvar a México”, explicó.
En entrevista que concedió al término de su encuentro con los integrantes de los comités municipales de Coahuila, el Presidente Legítimo de México manifestó que en la reunión se abordarían los temas de la vida nacional, así como “aclarar el por qué México está hundiéndose, el por qué México, siendo un país con tantas riquezas naturales y con un pueblo trabajador, padece de decadencia y de sufrimiento”.
Durante el debate las partes explicarían las causas por las cuales la Nación está en crisis económica, mencionó al asegurar que hasta el momento no se ha reunido con Calderón.
López Obrador también informó a los comunicadores que presentará una denuncia penal contra de la mafia de los 30, la banda de Los Pinos, por los delitos de fraude y evasión fiscal, así como por destruir al país.
Con relación a la campaña para anular el voto en los comicios del próximo 5 de julio, expresó que los promotores de dicha maniobra son precisamente aquellos que le hacen el juego sucio a los partidos de la derecha, que son el PRI y el PAN.
Un ejemplo claro, recordó, fue la elección de Coahuila, en donde votó sólo el 30 por ciento de los ciudadanos y con ese porcentaje ganó el actual gobernador, Humberto Moreira, quien destinó la mayor cantidad de recursos para la compra de sufragios.
Entonces, continuó, “si no hay participación ciudadana, quienes ganan son los partidos que tienen dinero para comprar votos, los que trafican con la pobreza de la gente, los que manipulan los programas sociales, como lo hace el PAN con los programas federales”.
A través de los medios de comunicación, convocó al pueblo de México a participar en las elecciones del 5 de julio, porque es el camino “que elegimos para transformar a la Nación y porque no se logra nada si la gente no participa”.
Cuando los reporteros le pidieron su opinión sobre los operativos policiacos aplicados por el gobierno espurio en Michoacán y Nuevo León, el Presidente Legítimo de México manifestó que corresponden a actos de “pura faramalla y a un golpe publicitario, con propósitos electorales”, para apuntalar a los candidatos del PAN”.
Sostuvo que si el gobierno usurpador realmente quisiera combatir la impunidad, tendría que catear Los Pinos, porque es donde se localizan a los capos más peligrosos de México.
En vísperas de las elecciones federales, López Obrador señaló que apoya de manera diferenciada a los tres partidos del Frente Amplio Progresista: PRD, PT y Convergencia.
Detalló que en Tabasco y Distrito Federal ayuda a los aspirantes del PRD y en otros estados, como Coahuila, promueve el voto a favor de los candidatos del PT y Convergencia.
Mencionó que ayuda al PT y Convergencia, porque la mafia de la política y del poder “se los quiere sancochar, quieren vengarse de ellos por apoyar al movimiento de transformación de México”.
Al término de reunión de evaluación con los comités municipales, el presidente legítimo de México inauguró la casa del movimiento de defensa de la economía popular en Saltillo, Coahuila.
* Sería un encuentro respetuoso, en donde cada parte expondría un diagnóstico de lo que está sucediendo y las alternativas de solución: “Lo que se tiene que hacer para salvar a México”
SALTILLO, Coahuila, 9 de junio (Gobierno Legítimo de México).- Andrés Manuel López Obrador manifestó estar dispuesto a sostener un debate público, de cara a la Nación, con Felipe Calderón, para que el Pueblo de México conozca las dos visiones del por qué el país está en crisis y no sólo tener la opinión del presidente pelele, sus paleros y achichincles.
Sería un encuentro respetuoso, en donde cada parte expondría un diagnóstico de lo que está sucediendo en la Nación y las alternativas de solución, “lo que se tiene que hacer para salvar a México”, explicó.
En entrevista que concedió al término de su encuentro con los integrantes de los comités municipales de Coahuila, el Presidente Legítimo de México manifestó que en la reunión se abordarían los temas de la vida nacional, así como “aclarar el por qué México está hundiéndose, el por qué México, siendo un país con tantas riquezas naturales y con un pueblo trabajador, padece de decadencia y de sufrimiento”.
Durante el debate las partes explicarían las causas por las cuales la Nación está en crisis económica, mencionó al asegurar que hasta el momento no se ha reunido con Calderón.
López Obrador también informó a los comunicadores que presentará una denuncia penal contra de la mafia de los 30, la banda de Los Pinos, por los delitos de fraude y evasión fiscal, así como por destruir al país.
Con relación a la campaña para anular el voto en los comicios del próximo 5 de julio, expresó que los promotores de dicha maniobra son precisamente aquellos que le hacen el juego sucio a los partidos de la derecha, que son el PRI y el PAN.
Un ejemplo claro, recordó, fue la elección de Coahuila, en donde votó sólo el 30 por ciento de los ciudadanos y con ese porcentaje ganó el actual gobernador, Humberto Moreira, quien destinó la mayor cantidad de recursos para la compra de sufragios.
Entonces, continuó, “si no hay participación ciudadana, quienes ganan son los partidos que tienen dinero para comprar votos, los que trafican con la pobreza de la gente, los que manipulan los programas sociales, como lo hace el PAN con los programas federales”.
A través de los medios de comunicación, convocó al pueblo de México a participar en las elecciones del 5 de julio, porque es el camino “que elegimos para transformar a la Nación y porque no se logra nada si la gente no participa”.
Cuando los reporteros le pidieron su opinión sobre los operativos policiacos aplicados por el gobierno espurio en Michoacán y Nuevo León, el Presidente Legítimo de México manifestó que corresponden a actos de “pura faramalla y a un golpe publicitario, con propósitos electorales”, para apuntalar a los candidatos del PAN”.
Sostuvo que si el gobierno usurpador realmente quisiera combatir la impunidad, tendría que catear Los Pinos, porque es donde se localizan a los capos más peligrosos de México.
En vísperas de las elecciones federales, López Obrador señaló que apoya de manera diferenciada a los tres partidos del Frente Amplio Progresista: PRD, PT y Convergencia.
Detalló que en Tabasco y Distrito Federal ayuda a los aspirantes del PRD y en otros estados, como Coahuila, promueve el voto a favor de los candidatos del PT y Convergencia.
Mencionó que ayuda al PT y Convergencia, porque la mafia de la política y del poder “se los quiere sancochar, quieren vengarse de ellos por apoyar al movimiento de transformación de México”.
Al término de reunión de evaluación con los comités municipales, el presidente legítimo de México inauguró la casa del movimiento de defensa de la economía popular en Saltillo, Coahuila.
Etnocidio en la selva, una masacre deliberada
Carlos Angulo Rivas
Aporrea
La diferencia no es muy grande, sólo los seres humanos masacrados han cambiado. La sed de sangre de Alan García Pérez es inagotable. Repite su historia del pasado, la de ordenar matanzas humanas como las de El Frontón, Lurigancho, Los Molinos y las de las comunidades andinas. No le importa si mueren pobladores o policías. No se diga que no hubo paciencia en el pueblo. Sesenta días de huelga masiva de los pueblos nativos de la Amazonía, de protesta nacional y de apoyo global a esa justa lucha, a lo largo y ancho del país, además de la solicitud internacional, son exhortaciones más que suficientes para hacer reflexionar cualquier gobernante, excepto, para un genocida calificado que no escucha ni escuchará jamás a nadie.
La maniobra aprista en el Congreso el día de ayer, para no tratar el problema de la derogatoria de los inconstitucionales decretos legislativos depredadores de la Amazonía, los cuales no respetan el medio ambiente, ni los ríos, ni los árboles ni los animales y menos los derechos ancestrales de lo pueblos originarios, fue el preparativo indispensable para ordenar el asesinato de quienes sólo defienden su derecho a existir.
Hace apenas dos días el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, organismo asesor del Consejo Económico y Social, hizo un llamado preventivo al gobierno peruano respecto a lo que podía ocurrir en caso de seguir embromando a los nativos a través de conversaciones dilatorias y farsantes. El organismo de la ONU expresó su preocupación sobre los informes recibidos durante su octavo período de sesiones en relación a los abusos que viene cometiendo Alan García en contra de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades nativas. La Presidenta de ese organismo, Victoria Tauli Corpuz, en declaración oficial, recordó al Gobierno peruano la obligación que tiene de consultar y respetar los derechos de los pueblos indígenas, tal y como lo establecen los compromisos asumidos en el Convenio 169 de la OIT. En su exposición manifestó que siendo el Perú firmante de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el gobierno está en la obligación de garantizar el pleno respeto de los derechos de las comunidades sobre las tierras tradicionales, territorios y recursos, así como el consentimiento libre, previo e informado de las mismas. También el organismo expresó su profunda preocupación por el estado de sitio decretado por el gobierno de García Pérez desde el 8 de mayo de 2009 en contra de las comunidades y organizaciones indígenas. Al respecto, la funcionaria internacional agregó: “El estado de sitio está dando lugar a la suspensión de las libertades personales y políticas de los pueblos indígenas en la región amazónica, la criminalización de los líderes indígenas y de los defensores de los derechos humanos y la creciente militarización de los territorios indígenas;” en consecuencia, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas pidió al Gobierno peruano suspender de inmediato el estado de sitio.
Sin embargo, a pesar de las exhortaciones y de los reclamos, a pesar de la ilegalidad de los decretos legislativos, el gobierno de Alan García y del títere Yehude Simon ha optado por el etnocidio, pues más de 20 indígenas y 12 policías han muerto en el primer enfrentamiento de una conflagración anunciada, mientras otras 100 personas resultaron heridas, en su mayoría de bala, producto de la acción policial, desde helicópteros, ordenada por el gobierno en la Amazonía. Este crimen premeditado por el gobierno no tiene absolución alguna, ya que en un desafío a las razones legales en todos los idiomas, Alan García pretende justificar la masacre llamando “SEUDO DIRIGENTES” a los genuinos representantes de los nativos, agregando además que “cualquier estallido de violencia en la Amazonía sería responsabilidad de ellos.” Y con el cinismo que lo caracteriza, conocidos los hechos de sangre de su responsabilidad en la selva, García Pérez afirmó que los nativos estaban instigados a la violencia y utilizados como “carne de cañón” por la dirigencia de la Aidesep, encabezada por Alberto Pizango, en un intento de “jugar a la revolución.” “Cualquier hecho lamentable es absolutamente responsabilidad de los seudo dirigentes y seudos nativos que han estado instigando a personas más humildes a que tomen acciones ilegales y violentas.” Como se observa en las palabras, la pretensión de justificar el etnocidio por parte de Alan García no sólo es inconcebible sino insólita e inadmisible en una autoridad censurada por el noventa por ciento de los ciudadanos peruanos, más aún cuando piensa y vocifera que los dirigentes y los pobladores se han disfrazado de nativos, porque no de otra forma se entiende aquello de seudos nativos cuando, en realidad estamos, sin darles muchas vueltas, frente a un seudo gobierno.
La crisis del paro regional de la Amazonía que lleva sesenta días se fue agravando por las maniobras dilatorias inconsistentes del gobierno y una mesa de diálogo a cargo de un primer ministro mequetrefe, como Yehude Simon, tratando de engañar a los dirigentes nativos, lo cual llegó a desbordar los límites de la paciente espera de soluciones aceptables. Y se salió de control cuando el día de ayer el pleno del Congreso volvió a aplazar el debate sobre el decreto 1090, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que es parte de un paquete de diez leyes atentatorias al hábitat indígena y a los recursos naturales del país. ¿Cómo se explica que la Comisión la Encargada del Estudio de los Decretos Legislativos Referidos al Sector Agrario declare inconstitucional a esta legislación, para luego en una clara maniobra sin debate alguno, la mayoría congresal acuerde ponerlos de regreso a la mesa de “dialogo”? Sí señores, los decretos legislativos 997, ley de organización y funciones del Ministerio de Agricultura; 1081, que crea el Sistema Nacional de Recursos Hídricos; 1083, que promueve el aprovechamiento eficiente y la conservación de los recursos hídricos, y 1035, Ley de adecuación al acuerdo sobre las medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio de la OMC; y además, los decretos legislativos 1059, Ley General de Sanidad Agraria; 1060, que regula el Sistema Nacional de Innovación Agraria; 1080,que modifica la Ley Nº 27262 , Ley General de Semillas; 995, que modifica la norma de Relanzamiento del Agrobanco; 1055, que modifica la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente; 1078, que modifica la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, etc. fueron declarados ilegales por pasarse por alto el ordenamiento constitucional.
Aquí los dirigentes y los miles de nativos que se mantienen en pie de lucha contra esos decretos abusivos e ilícitos por atropellar sus derechos territoriales y sociales, por arrebatar sus tierras y los recursos naturales de ellos y del país, no son figurados ni falsos o seudos nativos como señala Alan García sino hombres de carne y hueso y familias enteras abusadas por el centralismo y la usurpación que se pretende, quienes al no ser escuchados han recurrido a la huelga y la rebeldía. Por ello también, los pueblos aborígenes han denunciado la campaña de desprestigio y persecución en su contra, diseñada desde el gobierno central. Estamos, pues, frente a una sangrienta masacre de pobladores humildes y étnicos catalogada en la legislación internacional como genocidio, siendo la única salida a la crisis creada en la Amazonía la renuncia obligada del criminal perpetrador, Alan garcía Pérez, a fin sea juzgado por este nuevo crimen de lesa humanidad. El llamado a la insurgencia popular con una paralización nacional hasta la renuncia del genocida Alan García Pérez, quien debe pasar a disposición de las autoridades judiciales por las matanzas habidas y los robos de su gobierno detectados, es el único remedio a la crisis de gobernabilidad. No cabe otra solución. Los pueblos del Perú y sus organizaciones sociales, políticas y gremiales tienen la palabra.
Aporrea
La diferencia no es muy grande, sólo los seres humanos masacrados han cambiado. La sed de sangre de Alan García Pérez es inagotable. Repite su historia del pasado, la de ordenar matanzas humanas como las de El Frontón, Lurigancho, Los Molinos y las de las comunidades andinas. No le importa si mueren pobladores o policías. No se diga que no hubo paciencia en el pueblo. Sesenta días de huelga masiva de los pueblos nativos de la Amazonía, de protesta nacional y de apoyo global a esa justa lucha, a lo largo y ancho del país, además de la solicitud internacional, son exhortaciones más que suficientes para hacer reflexionar cualquier gobernante, excepto, para un genocida calificado que no escucha ni escuchará jamás a nadie.
La maniobra aprista en el Congreso el día de ayer, para no tratar el problema de la derogatoria de los inconstitucionales decretos legislativos depredadores de la Amazonía, los cuales no respetan el medio ambiente, ni los ríos, ni los árboles ni los animales y menos los derechos ancestrales de lo pueblos originarios, fue el preparativo indispensable para ordenar el asesinato de quienes sólo defienden su derecho a existir.
Hace apenas dos días el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, organismo asesor del Consejo Económico y Social, hizo un llamado preventivo al gobierno peruano respecto a lo que podía ocurrir en caso de seguir embromando a los nativos a través de conversaciones dilatorias y farsantes. El organismo de la ONU expresó su preocupación sobre los informes recibidos durante su octavo período de sesiones en relación a los abusos que viene cometiendo Alan García en contra de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades nativas. La Presidenta de ese organismo, Victoria Tauli Corpuz, en declaración oficial, recordó al Gobierno peruano la obligación que tiene de consultar y respetar los derechos de los pueblos indígenas, tal y como lo establecen los compromisos asumidos en el Convenio 169 de la OIT. En su exposición manifestó que siendo el Perú firmante de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el gobierno está en la obligación de garantizar el pleno respeto de los derechos de las comunidades sobre las tierras tradicionales, territorios y recursos, así como el consentimiento libre, previo e informado de las mismas. También el organismo expresó su profunda preocupación por el estado de sitio decretado por el gobierno de García Pérez desde el 8 de mayo de 2009 en contra de las comunidades y organizaciones indígenas. Al respecto, la funcionaria internacional agregó: “El estado de sitio está dando lugar a la suspensión de las libertades personales y políticas de los pueblos indígenas en la región amazónica, la criminalización de los líderes indígenas y de los defensores de los derechos humanos y la creciente militarización de los territorios indígenas;” en consecuencia, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas pidió al Gobierno peruano suspender de inmediato el estado de sitio.
Sin embargo, a pesar de las exhortaciones y de los reclamos, a pesar de la ilegalidad de los decretos legislativos, el gobierno de Alan García y del títere Yehude Simon ha optado por el etnocidio, pues más de 20 indígenas y 12 policías han muerto en el primer enfrentamiento de una conflagración anunciada, mientras otras 100 personas resultaron heridas, en su mayoría de bala, producto de la acción policial, desde helicópteros, ordenada por el gobierno en la Amazonía. Este crimen premeditado por el gobierno no tiene absolución alguna, ya que en un desafío a las razones legales en todos los idiomas, Alan García pretende justificar la masacre llamando “SEUDO DIRIGENTES” a los genuinos representantes de los nativos, agregando además que “cualquier estallido de violencia en la Amazonía sería responsabilidad de ellos.” Y con el cinismo que lo caracteriza, conocidos los hechos de sangre de su responsabilidad en la selva, García Pérez afirmó que los nativos estaban instigados a la violencia y utilizados como “carne de cañón” por la dirigencia de la Aidesep, encabezada por Alberto Pizango, en un intento de “jugar a la revolución.” “Cualquier hecho lamentable es absolutamente responsabilidad de los seudo dirigentes y seudos nativos que han estado instigando a personas más humildes a que tomen acciones ilegales y violentas.” Como se observa en las palabras, la pretensión de justificar el etnocidio por parte de Alan García no sólo es inconcebible sino insólita e inadmisible en una autoridad censurada por el noventa por ciento de los ciudadanos peruanos, más aún cuando piensa y vocifera que los dirigentes y los pobladores se han disfrazado de nativos, porque no de otra forma se entiende aquello de seudos nativos cuando, en realidad estamos, sin darles muchas vueltas, frente a un seudo gobierno.
La crisis del paro regional de la Amazonía que lleva sesenta días se fue agravando por las maniobras dilatorias inconsistentes del gobierno y una mesa de diálogo a cargo de un primer ministro mequetrefe, como Yehude Simon, tratando de engañar a los dirigentes nativos, lo cual llegó a desbordar los límites de la paciente espera de soluciones aceptables. Y se salió de control cuando el día de ayer el pleno del Congreso volvió a aplazar el debate sobre el decreto 1090, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que es parte de un paquete de diez leyes atentatorias al hábitat indígena y a los recursos naturales del país. ¿Cómo se explica que la Comisión la Encargada del Estudio de los Decretos Legislativos Referidos al Sector Agrario declare inconstitucional a esta legislación, para luego en una clara maniobra sin debate alguno, la mayoría congresal acuerde ponerlos de regreso a la mesa de “dialogo”? Sí señores, los decretos legislativos 997, ley de organización y funciones del Ministerio de Agricultura; 1081, que crea el Sistema Nacional de Recursos Hídricos; 1083, que promueve el aprovechamiento eficiente y la conservación de los recursos hídricos, y 1035, Ley de adecuación al acuerdo sobre las medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio de la OMC; y además, los decretos legislativos 1059, Ley General de Sanidad Agraria; 1060, que regula el Sistema Nacional de Innovación Agraria; 1080,que modifica la Ley Nº 27262 , Ley General de Semillas; 995, que modifica la norma de Relanzamiento del Agrobanco; 1055, que modifica la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente; 1078, que modifica la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, etc. fueron declarados ilegales por pasarse por alto el ordenamiento constitucional.
Aquí los dirigentes y los miles de nativos que se mantienen en pie de lucha contra esos decretos abusivos e ilícitos por atropellar sus derechos territoriales y sociales, por arrebatar sus tierras y los recursos naturales de ellos y del país, no son figurados ni falsos o seudos nativos como señala Alan García sino hombres de carne y hueso y familias enteras abusadas por el centralismo y la usurpación que se pretende, quienes al no ser escuchados han recurrido a la huelga y la rebeldía. Por ello también, los pueblos aborígenes han denunciado la campaña de desprestigio y persecución en su contra, diseñada desde el gobierno central. Estamos, pues, frente a una sangrienta masacre de pobladores humildes y étnicos catalogada en la legislación internacional como genocidio, siendo la única salida a la crisis creada en la Amazonía la renuncia obligada del criminal perpetrador, Alan garcía Pérez, a fin sea juzgado por este nuevo crimen de lesa humanidad. El llamado a la insurgencia popular con una paralización nacional hasta la renuncia del genocida Alan García Pérez, quien debe pasar a disposición de las autoridades judiciales por las matanzas habidas y los robos de su gobierno detectados, es el único remedio a la crisis de gobernabilidad. No cabe otra solución. Los pueblos del Perú y sus organizaciones sociales, políticas y gremiales tienen la palabra.
Alan García, el gobierno español y la masacre de indígenas peruanos
Paco Azanza Telletxiki
Rebelión
Cuando en junio de 2006 se desarrollaba la campaña electoral en Perú, todo el mundo sabía que Alan García Pérez había sido presidente del país entre 1985 y 1990; todo el mundo sabía que el aprista acabó su mandato en aquella última fecha con la economía colapsada, con el poder adquisitivo de los peruanos desaparecido por una inflación acumulada del 7.600%; todo el mundo sabía, también, que en 1986 había sido el responsable de la matanza de más de 250 presos en tres cárceles limeñas, y que en 1992 pasó a la clandestinidad, exiliándose en medio de acusaciones –fundadas- de enriquecimiento ilícito; todo el mundo sabía que había depositado fondos públicos peruanos en el Banco de Crédito y Comercio Internacional –BCCI-, dominado por el escándalo de la CIA y los grandes narcotraficantes.
Pues bien, a pesar de tan siniestra y despreciable carrera, la por aquel entonces secretaria de Relaciones Internacionales del Partido Socialista Obrero Español –PSOE- y hoy flamante ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, apoyó públicamente la candidatura de Alan García, quien finalmente ganó las elecciones, aunque con escaso margen sobre Ollanta Humala; un candidato, sin duda, menos favorable a los intereses de las transnacionales españolas.
En aquellos momentos y según datos oficiales, Perú contaba con más de 14 millones de pobres -el 54% de la población-, como consecuencia de la despiadada política neoliberal, y la indigencia afectaba a más de 7 millones de personas -niños, mujeres y ancianos en su gran mayoría-. Dos años atrás, con Alejandro Toledo como presidente, la deuda externa de Perú era de 28.000 millones de dólares, y más del 20% del presupuesto peruano del Estado se dedicaba al pago de la deuda –más del 50% a intereses-. José Luis Rodríguez Zapatero y su gobierno, por puro interés económico de la oligarquía española -a la que, a pesar de erigirse como socialistas, ellos también pertenecen-, apoyó el continuismo neoliberal que representaba Alan García Pérez, o lo que es lo mismo, el hambre y la creciente miseria que padece la mayoría de los peruanos.
A día de hoy todo sigue parecido en Perú: ningún signo de mejoras entre su población históricamente castigada. En cuanto a Alan García, éste sigue siendo el mismo y deshumanizado individuo presentado unas líneas más arriba de este texto.
El pasado viernes, día 5 de junio, una treintena de indígenas amazónicos fueron asesinados, al parecer tiroteados por fuerzas armadas gubernamentales desde helicópteros y vehículos blindados. Los indígenas agrupados en la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana se manifestaban contra la destrucción y la contaminación de su espacio vital.
Se da la circunstancia de que en los últimos años han sido descubiertas, en el norte de Perú, grandes reservas petrolíferas, las cuales Alan García se empeña en poner en manos de compañías extranjeras para su explotación. Al presidente peruano no le importa las consecuencias trágicas que para las comunidades de cazadores-recolecteros, que obtienen sus recursos del bosque y de los ríos, éste hecho pudiera tener. Tampoco le importa que, desde el gobierno de Juan Velasco Alvarado (1968-1975) y amparadas por las convenciones de Naciones Unidas, las comunidades indígenas tengan reconocido el derecho sobre aquel espacio. Con los mencionados cadáveres puestos sobre la mesa –también murieron algunos policías- el gobierno de Alan García ya ha dejado bien claro cual es su postura a este respecto.
A día de hoy, que yo sepa, ni Trinidad Jiménez -aunque ahora desempeñe otro cargo- ni el gobierno español se han pronunciado sobre el trágico suceso; y mucho menos todavía les ha dado por cuestionar a su aliado peruano. Resulta curioso –que no sorprendente- cómo el gobierno español, cuyo lema favorito viene a ser algo así como “con la violencia, tolerancia cero”, y que además hace tan sólo tres años apoyó de interesada manera al responsable de la masacre, guarde hoy tanto mutismo. ¿Complicidad o desdén? ¿Sería descabellado decir que, quizá, ambas cosas a la vez?
http://baragua.wordpress.com
La misma receta que España le aplicó a México en las elecciones del 2006. Queda claro que los gobiernos españoles no importa de que partido continúan con su política colonialista hacia América Latina. No les basta con los genocidios que cometieron durante la invasión desde el descubrimiento de América hasta la proclamación de la independencia de los países americanos sino que siguen siendo hasta la fecha coautores de las masacres de indígenas. Son enemigos de la democracia en nuestros países y son ¡un peligro! ¿Por qué América Latina no implementa un bloqueo a España como el que injustamente se le impuso a Cuba? Por lo menos de unos 50 años.
Rebelión
Cuando en junio de 2006 se desarrollaba la campaña electoral en Perú, todo el mundo sabía que Alan García Pérez había sido presidente del país entre 1985 y 1990; todo el mundo sabía que el aprista acabó su mandato en aquella última fecha con la economía colapsada, con el poder adquisitivo de los peruanos desaparecido por una inflación acumulada del 7.600%; todo el mundo sabía, también, que en 1986 había sido el responsable de la matanza de más de 250 presos en tres cárceles limeñas, y que en 1992 pasó a la clandestinidad, exiliándose en medio de acusaciones –fundadas- de enriquecimiento ilícito; todo el mundo sabía que había depositado fondos públicos peruanos en el Banco de Crédito y Comercio Internacional –BCCI-, dominado por el escándalo de la CIA y los grandes narcotraficantes.
Pues bien, a pesar de tan siniestra y despreciable carrera, la por aquel entonces secretaria de Relaciones Internacionales del Partido Socialista Obrero Español –PSOE- y hoy flamante ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, apoyó públicamente la candidatura de Alan García, quien finalmente ganó las elecciones, aunque con escaso margen sobre Ollanta Humala; un candidato, sin duda, menos favorable a los intereses de las transnacionales españolas.
En aquellos momentos y según datos oficiales, Perú contaba con más de 14 millones de pobres -el 54% de la población-, como consecuencia de la despiadada política neoliberal, y la indigencia afectaba a más de 7 millones de personas -niños, mujeres y ancianos en su gran mayoría-. Dos años atrás, con Alejandro Toledo como presidente, la deuda externa de Perú era de 28.000 millones de dólares, y más del 20% del presupuesto peruano del Estado se dedicaba al pago de la deuda –más del 50% a intereses-. José Luis Rodríguez Zapatero y su gobierno, por puro interés económico de la oligarquía española -a la que, a pesar de erigirse como socialistas, ellos también pertenecen-, apoyó el continuismo neoliberal que representaba Alan García Pérez, o lo que es lo mismo, el hambre y la creciente miseria que padece la mayoría de los peruanos.
A día de hoy todo sigue parecido en Perú: ningún signo de mejoras entre su población históricamente castigada. En cuanto a Alan García, éste sigue siendo el mismo y deshumanizado individuo presentado unas líneas más arriba de este texto.
El pasado viernes, día 5 de junio, una treintena de indígenas amazónicos fueron asesinados, al parecer tiroteados por fuerzas armadas gubernamentales desde helicópteros y vehículos blindados. Los indígenas agrupados en la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana se manifestaban contra la destrucción y la contaminación de su espacio vital.
Se da la circunstancia de que en los últimos años han sido descubiertas, en el norte de Perú, grandes reservas petrolíferas, las cuales Alan García se empeña en poner en manos de compañías extranjeras para su explotación. Al presidente peruano no le importa las consecuencias trágicas que para las comunidades de cazadores-recolecteros, que obtienen sus recursos del bosque y de los ríos, éste hecho pudiera tener. Tampoco le importa que, desde el gobierno de Juan Velasco Alvarado (1968-1975) y amparadas por las convenciones de Naciones Unidas, las comunidades indígenas tengan reconocido el derecho sobre aquel espacio. Con los mencionados cadáveres puestos sobre la mesa –también murieron algunos policías- el gobierno de Alan García ya ha dejado bien claro cual es su postura a este respecto.
A día de hoy, que yo sepa, ni Trinidad Jiménez -aunque ahora desempeñe otro cargo- ni el gobierno español se han pronunciado sobre el trágico suceso; y mucho menos todavía les ha dado por cuestionar a su aliado peruano. Resulta curioso –que no sorprendente- cómo el gobierno español, cuyo lema favorito viene a ser algo así como “con la violencia, tolerancia cero”, y que además hace tan sólo tres años apoyó de interesada manera al responsable de la masacre, guarde hoy tanto mutismo. ¿Complicidad o desdén? ¿Sería descabellado decir que, quizá, ambas cosas a la vez?
http://baragua.wordpress.com
La misma receta que España le aplicó a México en las elecciones del 2006. Queda claro que los gobiernos españoles no importa de que partido continúan con su política colonialista hacia América Latina. No les basta con los genocidios que cometieron durante la invasión desde el descubrimiento de América hasta la proclamación de la independencia de los países americanos sino que siguen siendo hasta la fecha coautores de las masacres de indígenas. Son enemigos de la democracia en nuestros países y son ¡un peligro! ¿Por qué América Latina no implementa un bloqueo a España como el que injustamente se le impuso a Cuba? Por lo menos de unos 50 años.
¡Fin a la Violencia estructural y al racismo institucional contra los Pueblos Indígenas!
CEPRID
Rebelión
Carta Abierta al Gobierno de Chile y Senadores/As de la República:
¡Fin a la Violencia estructural y al racismo institucional del Estado chileno contra los Pueblos Indígenas!
Quienes suscriben, en representación de expresiones de ciudadanía, de organizaciones y movimientos sociales concientes y solidarios, vienen a expresar ante Uds. nuestra preocupación por la grave situación que vienen enfrentando los Pueblos Indígenas con respecto a sus Derechos Humanos y como consecuencia de violentas políticas de Estado.
Los Pueblos Indígenas han tenido que sufrir en el devenir histórico agresivas políticas racistas, colonialistas, genocidas, patriarcales, de enorme violencia estructural, las que, lamentablemente, se siguen proyectando hasta nuestros días, particularmente a causa de nefastos proyectos de industrias extractivas y energéticas (Forestales – celulosas – Obras Viales – basurales – Plantas químicas – Hidroeléctricas – Pesquera – Mineras – Aeropuerto - entre otras) a favor de grupos económicos y en desmedro de grandes mayorías, sus Derechos, sus soberanías, su seguridad colectiva, de bienes comunes y el medio ambiente.
Asimismo, frente a la falta de control del estado, más bien, su complicidad y/o sometimiento, existen reiterados abusos cometidos por Corporaciones económicas, causando graves daños e impactos a los tejidos sociales y sus organizaciones ancestrales, políticas que para más, en reiteradas ocasiones, vienen acompañadas de acciones estatales represivas y brutales, de criminalización, judicialización y persecución política contra la protesta social de personas y organizaciones que son vistas como “enemigos internos”.
Ante esto, hacemos un urgente llamado a Uds. Que se dice, son las representaciones públicas y populares de la ciudadanía y de los Pueblos, dentro de la estructura del estado chileno, a velar por ello y a reaccionar y trabajar activamente para terminar con este tipo de prácticas de sistemáticas violaciones de Derechos Humanos, como asimismo, para la protección efectiva del medio ambiente, del planeta, en la cuota que corresponde en este País frente al calentamiento global y a no seguir avalando actividades industriales dañinas y contaminantes. Es su deber hacerlo.
Asimismo, hacemos un urgente llamado a retirar el actual Proyecto de Reforma Constitucional que no recoge el sentir profundo y mayoritario de las organizaciones indígenas en Chile; y que tampoco se ubica a la altura del estándar internacional sobre los Derechos Indígenas. Imponer, que la nación chilena es única e indivisible y negar que los Pueblos Indígenas sean sujetos y titulares de sus Derechos, y solo reconocerlos en aspectos identitarios, culturales y folklóricos, son actos de mala fe, de racismo institucional y que contraviene la progresividad en estas materias que ocurre en el mundo. De suceder, seria un enorme retroceso y una muy mala señal internacional.
Del mismo modo, conminamos a implementar como corresponde, la obligación del estado chileno para un proceso de consulta sobre Reforma Constitucional, que debe recoger las normas internacionales (Convenio 169 de la OIT y Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas), atendiendo a los mecanismos y formas de implementación y que han sido recomendadas por el propio Relator de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, Sr. James Anaya.
Más aún todavía, anhelamos por el bien de Chile y sus Pueblos, que existan las aperturas necesarias para que no se siga anclado al pasado con una constitución hecha en su origen por poderes de facto y dictatorial; y se abra un nuevo proceso constituyente, se terminen los reformismos y se asuman temas de fondo para la transformación de un Estado tendiente a una mayor y mejor democracia, participación, inclusión, respeto y tolerancia, bajo la premisa del reconocimiento de su diversidad y resguardo a las soberanías de los Pueblos. Agradeciendo vuestras atenciones y consideraciones.
Para Suscribirse a la presente carta en:
www.petitiononline.com/ntu2934/petition-sign.html
Rebelión
Carta Abierta al Gobierno de Chile y Senadores/As de la República:
¡Fin a la Violencia estructural y al racismo institucional del Estado chileno contra los Pueblos Indígenas!
Quienes suscriben, en representación de expresiones de ciudadanía, de organizaciones y movimientos sociales concientes y solidarios, vienen a expresar ante Uds. nuestra preocupación por la grave situación que vienen enfrentando los Pueblos Indígenas con respecto a sus Derechos Humanos y como consecuencia de violentas políticas de Estado.
Los Pueblos Indígenas han tenido que sufrir en el devenir histórico agresivas políticas racistas, colonialistas, genocidas, patriarcales, de enorme violencia estructural, las que, lamentablemente, se siguen proyectando hasta nuestros días, particularmente a causa de nefastos proyectos de industrias extractivas y energéticas (Forestales – celulosas – Obras Viales – basurales – Plantas químicas – Hidroeléctricas – Pesquera – Mineras – Aeropuerto - entre otras) a favor de grupos económicos y en desmedro de grandes mayorías, sus Derechos, sus soberanías, su seguridad colectiva, de bienes comunes y el medio ambiente.
Asimismo, frente a la falta de control del estado, más bien, su complicidad y/o sometimiento, existen reiterados abusos cometidos por Corporaciones económicas, causando graves daños e impactos a los tejidos sociales y sus organizaciones ancestrales, políticas que para más, en reiteradas ocasiones, vienen acompañadas de acciones estatales represivas y brutales, de criminalización, judicialización y persecución política contra la protesta social de personas y organizaciones que son vistas como “enemigos internos”.
Ante esto, hacemos un urgente llamado a Uds. Que se dice, son las representaciones públicas y populares de la ciudadanía y de los Pueblos, dentro de la estructura del estado chileno, a velar por ello y a reaccionar y trabajar activamente para terminar con este tipo de prácticas de sistemáticas violaciones de Derechos Humanos, como asimismo, para la protección efectiva del medio ambiente, del planeta, en la cuota que corresponde en este País frente al calentamiento global y a no seguir avalando actividades industriales dañinas y contaminantes. Es su deber hacerlo.
Asimismo, hacemos un urgente llamado a retirar el actual Proyecto de Reforma Constitucional que no recoge el sentir profundo y mayoritario de las organizaciones indígenas en Chile; y que tampoco se ubica a la altura del estándar internacional sobre los Derechos Indígenas. Imponer, que la nación chilena es única e indivisible y negar que los Pueblos Indígenas sean sujetos y titulares de sus Derechos, y solo reconocerlos en aspectos identitarios, culturales y folklóricos, son actos de mala fe, de racismo institucional y que contraviene la progresividad en estas materias que ocurre en el mundo. De suceder, seria un enorme retroceso y una muy mala señal internacional.
Del mismo modo, conminamos a implementar como corresponde, la obligación del estado chileno para un proceso de consulta sobre Reforma Constitucional, que debe recoger las normas internacionales (Convenio 169 de la OIT y Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas), atendiendo a los mecanismos y formas de implementación y que han sido recomendadas por el propio Relator de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, Sr. James Anaya.
Más aún todavía, anhelamos por el bien de Chile y sus Pueblos, que existan las aperturas necesarias para que no se siga anclado al pasado con una constitución hecha en su origen por poderes de facto y dictatorial; y se abra un nuevo proceso constituyente, se terminen los reformismos y se asuman temas de fondo para la transformación de un Estado tendiente a una mayor y mejor democracia, participación, inclusión, respeto y tolerancia, bajo la premisa del reconocimiento de su diversidad y resguardo a las soberanías de los Pueblos. Agradeciendo vuestras atenciones y consideraciones.
Para Suscribirse a la presente carta en:
www.petitiononline.com/ntu2934/petition-sign.html
Laboran al menos 100 millones de niñas, dice estudio de la OIT
Patricia Muñoz Ríos
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señaló ayer que al menos 100 millones de niñas laboran para sobrevivir, pues están en pobreza extrema. La mayoría, aseguró, efectúan sus actividades en condiciones de riesgo, que afectan su seguridad, salud y moralidad.
En un informe que dio a conocer ayer la organización, con motivo del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, señaló que en total más de 218 millones de menores de edad trabajan, de los cuales casi 20 millones lo hacen en el sector manufacturero y un millón en minas. En tanto, 1.8 millones son víctimas de explotación sexual y cerca de 250 mil están asociados a grupos armados.
Establece que del total de niños y niñas que laboran, 75 millones no han sido inscritos a ninguna escuela de educación primaria. Plantea la necesidad de que se refuerce la inspección en las empresas, pues gran parte del trabajo infantil está oculto en los sótanos de las fábricas.
Según el documento, la crisis económica y financiera está hundiendo más a los sectores vulnerables en la pobreza. En la medida en que las familias se están sumando a la pobreza tienen que elegir entre enviar a sus hijos e hijas a la escuela o ponerlos a trabajar, por lo que muchos menores se ven apartados de su derecho a la enseñanza.
La OIT recuerda que han transcurrido 10 años desde que la organización adoptó el Convenio 182 para evitar las peores formas de trabajo infantil (1999). A pesar de que ha habido avances, dice, los datos duros son reveladores: al menos 100 millones de niñas se ven obligadas a laborar en situaciones que ponen en riesgo sus vidas. Ese segmento poblacional tiene incluso amplia participación en actividades domésticas no remuneradas, en el trabajo agrícola a pequeña escala y en talleres familiares. Por ello, abunda, corre más riesgo su escolarización y son víctimas de maltrato verbal y físico.
La información del organismo detalla que inclusive las niñas trabajan más que los niños, más horas y con menores remuneraciones. Pero más allá de ello, añade, ponen en riesgo su vida una parte importante, pues son sujetas a explotación laboral y prostitución, y a veces pueden estar retenidas, en cautiverio, como auténticas prisioneras. En total, se estima que 1.8 millones de menores se encuentran en esa situación.
Otro fenómeno es que la epidemia de VIH/sida ha obligado a muchos niños a incorporarse de manera prematura al mercado laboral. En este sentido, la ONUSIDA estima que, en África subsahariana, alrededor de 12 millones de menores de 18 años han perdido a alguno de sus padres o a ambos, como consecuencia de esa enfermedad, por lo que se ven obligados a laborar y a convertirse en cabezas de familia.
Ante esta problemática, la OIT llama a las naciones a cumplir los convenios globales sobre erradicación del trabajo infantil en todas sus formas, ya que del conjunto de niñas que laboran en el mundo se estima que 53 millones realizan actividades peligrosas, calificadas como los peores formas de trabajo infantil. Al menos 20 millones son menores de 12 años y 61 por ciento de niñas económicamente activas, de cinco a 14 años, se ocupan en la agricultura.
La organización señala que la respuesta a la crisis debe atribuir alta prioridad al gasto público que beneficie a las familias pobres y vulnerables, para evitar que obliguen a sus hijos a trabajar.
En Cuba no hay una sola niña que trabaje.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señaló ayer que al menos 100 millones de niñas laboran para sobrevivir, pues están en pobreza extrema. La mayoría, aseguró, efectúan sus actividades en condiciones de riesgo, que afectan su seguridad, salud y moralidad.
En un informe que dio a conocer ayer la organización, con motivo del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, señaló que en total más de 218 millones de menores de edad trabajan, de los cuales casi 20 millones lo hacen en el sector manufacturero y un millón en minas. En tanto, 1.8 millones son víctimas de explotación sexual y cerca de 250 mil están asociados a grupos armados.
Establece que del total de niños y niñas que laboran, 75 millones no han sido inscritos a ninguna escuela de educación primaria. Plantea la necesidad de que se refuerce la inspección en las empresas, pues gran parte del trabajo infantil está oculto en los sótanos de las fábricas.
Según el documento, la crisis económica y financiera está hundiendo más a los sectores vulnerables en la pobreza. En la medida en que las familias se están sumando a la pobreza tienen que elegir entre enviar a sus hijos e hijas a la escuela o ponerlos a trabajar, por lo que muchos menores se ven apartados de su derecho a la enseñanza.
La OIT recuerda que han transcurrido 10 años desde que la organización adoptó el Convenio 182 para evitar las peores formas de trabajo infantil (1999). A pesar de que ha habido avances, dice, los datos duros son reveladores: al menos 100 millones de niñas se ven obligadas a laborar en situaciones que ponen en riesgo sus vidas. Ese segmento poblacional tiene incluso amplia participación en actividades domésticas no remuneradas, en el trabajo agrícola a pequeña escala y en talleres familiares. Por ello, abunda, corre más riesgo su escolarización y son víctimas de maltrato verbal y físico.
La información del organismo detalla que inclusive las niñas trabajan más que los niños, más horas y con menores remuneraciones. Pero más allá de ello, añade, ponen en riesgo su vida una parte importante, pues son sujetas a explotación laboral y prostitución, y a veces pueden estar retenidas, en cautiverio, como auténticas prisioneras. En total, se estima que 1.8 millones de menores se encuentran en esa situación.
Otro fenómeno es que la epidemia de VIH/sida ha obligado a muchos niños a incorporarse de manera prematura al mercado laboral. En este sentido, la ONUSIDA estima que, en África subsahariana, alrededor de 12 millones de menores de 18 años han perdido a alguno de sus padres o a ambos, como consecuencia de esa enfermedad, por lo que se ven obligados a laborar y a convertirse en cabezas de familia.
Ante esta problemática, la OIT llama a las naciones a cumplir los convenios globales sobre erradicación del trabajo infantil en todas sus formas, ya que del conjunto de niñas que laboran en el mundo se estima que 53 millones realizan actividades peligrosas, calificadas como los peores formas de trabajo infantil. Al menos 20 millones son menores de 12 años y 61 por ciento de niñas económicamente activas, de cinco a 14 años, se ocupan en la agricultura.
La organización señala que la respuesta a la crisis debe atribuir alta prioridad al gasto público que beneficie a las familias pobres y vulnerables, para evitar que obliguen a sus hijos a trabajar.
En Cuba no hay una sola niña que trabaje.
Indígenas acuerdan tregua; 3 mil continúan el bloqueo a carretera de la Amazonia peruana
Afp, Dpa y Reuters
Lima, 9 de junio. Unos 3 mil indígenas continuaban bloqueando este martes una carretera en la Amazonia peruana luego de pactar una tregua con las autoridades, por lo que sus líderes advirtieron que mantendremos el corte hasta que el gobierno nos escuche, en medio de una situación potencialmente explosiva tras los enfrentamientos del pasado fin de semana que dejaron decenas de muertos y heridos.
En tanto, Nicaragua confirmó haber otorgado asilo político al líder indígena peruano Alberto Pizango por considerarlo perseguido del gobierno de Alan García, mientras Bolivia rechazó acusaciones el gobierno y congresistas de Perú de que el presidente Evo Morales haya alentado indirectamente las protestas y advirtió que esto tensa aún más las difíciles relaciones bilaterales.
Hoy estamos declarando una tregua de un día en nuestra lucha, para dejar pasar vehículos y que la gente no esté desabastecida, indicó el dirigente Vladimiro Tapayuri antes de ordenar la apertura de la carretera que une las ciudades de Tarapoto y Yurimaguas –unos 900 kilómetros al norte de Lima–, después de arduas negociaciones con la policía y la Defensoría del Pueblo.
No nos vamos a mover hasta que el gobierno derogue la legislación que afecta nuestro territorio, dijo Hernán Kariaja, apu (jefe máximo) de la etnia Kandozi, los grupos guerreros más respetados de la Amazonia, con comunidades desde la frontera con Ecuador hasta cerca de Cusco, en Perú.
Nosotros nos enfrentamos a los (soldados) ecuatorianos en la guerra del Cenepa y ahora nos quieren quitar nuestras tierras, agregó en referencia a una guerra fronteriza con Ecuador en 1995.
No levantaremos los bloqueos hasta que el gobierno derogue las leyes que atentan contra nuestro pueblo, advirtió a su vez Tapayuri, jefe del frente de lucha de las etnias Cocama y Cocaniche.
Sostuvo que ahora sus demandas también son por la liberación de los indígenas detenidos tras los enfrentamientos en la ciudad de Bagua el fin de semana, que según la Defensoría del Pueblo llegan a 40. Que se investigue lo sucedido en Bagua y se nos diga la verdad sobre los cientos de hermanos desaparecidos, dijo.
Tapayuri consideró al dirigente Pizango, que se asiló en Nicaragua, perseguido político y señaló que la lucha continuará hasta derogar las leyes que les afectan.
La esposa de Pizango, Sonia Huañapi, afirmó que su marido seguirá luchando por sus derechos pese a la persecución del gobierno y rechazó las acusaciones que se le hacen de responsabilizarlo de los sucesos de violencia.
El embajador nicaragüense en Perú, el líder histórico sandinista Tomás Borge, informó desde Managua que el presidente Daniel Ortega otorgó asilo a Pizango, de 44 años, al considerar que se trata de un caso estrictamente político y de un perseguido que tiene todas las características de serlo.
Indicó que su gobierno solicitará el salvoconducto a Lima para que pueda salir hacia Nicaragua.
Esto ocurre mientras se conocen muestras de solidaridad de organizaciones indígenas en Ecuador, Colombia y Bolivia, así como sendas protestas de residentes peruanos en Managua y otra ante la sede de la embajada peruana en La Paz, con pancartas en las que se responsabiliza al gobierno peruano de los desalojos violentos de campesinos e indígenas.
El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, rechazó en La Paz las acusaciones de parlamentarios peruanos de que Evo Morales haya tenido injerencia en el conflicto que estalló en la Amazonia peruana por la carta que envió a la cumbre indígena continental celebrada en Puno, a finales de mayo, en la que instó a los 5 mil delegados presentes a pasar de la resistencia, a la rebelión y de la rebelión a la revolución.
García Linera aseveró que las palabras y los papeles no matan, las palabras y las ideas de dignidad no asesinan, y subrayó que lo que provoca los conflictos, la violencia, la muerte o las sublevaciones no son cartas ni documentos. Son los problemas internos de cada sociedad, son las injusticias, los abusos y las discriminaciones que llevan a la gente a plantear sus luchas, sus resistencias, sus sublevaciones, reportó la corresponsal de La Jornada Rosas Rojas.
En tanto, se informó que un acercamiento entre el gobernante Partido Aprista Peruano, la Unidad Nacional y la Alianza por el Futuro –todas de derecha– abrió la posibilidad de que este miércoles se suspenda en el Congreso de Perú el decreto cuya vigencia desató los hechos de violencia entre fuerzas de seguridad e indígenas.
Mientras fuentes en el Congreso señalaron que el objetivo de esta medida se encamina a reabrir el diálogo con los nativos y buscar alternativas de consenso, el primer ministro Yehude Simón anunció que el gobierno se dispone a restablecer el diálogo y que se coordinará con la Defensoría del Pueblo y representantes de la Iglesia católica para que colaboren.
En medio de esta situación la ministra peruana de la Mujer y Desarrollo Social, Carmen Vildoso, renunció en desacuerdo con la forma en que el gobierno de su país manejó la crisis en la Amazonia, para convertirse en la primera víctima política de estos sucesos. Además, exigieron las renuncias de Simon y la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas.
En Washington, Perú defendió ante la Organización de Estados Americanos su ejercicio legal en los hechos de violencia del fin de semana en la zona amazónica de Bagua, en que murieron agentes e indígenas, y dijo que realiza todos los esfuerzos necesarios para esclarecer los hechos.
Agregó que el gobierno de Alan García utilizó la fuerza del Estado ante una conspiración contra el sistema democrático.
Lima, 9 de junio. Unos 3 mil indígenas continuaban bloqueando este martes una carretera en la Amazonia peruana luego de pactar una tregua con las autoridades, por lo que sus líderes advirtieron que mantendremos el corte hasta que el gobierno nos escuche, en medio de una situación potencialmente explosiva tras los enfrentamientos del pasado fin de semana que dejaron decenas de muertos y heridos.
En tanto, Nicaragua confirmó haber otorgado asilo político al líder indígena peruano Alberto Pizango por considerarlo perseguido del gobierno de Alan García, mientras Bolivia rechazó acusaciones el gobierno y congresistas de Perú de que el presidente Evo Morales haya alentado indirectamente las protestas y advirtió que esto tensa aún más las difíciles relaciones bilaterales.
Hoy estamos declarando una tregua de un día en nuestra lucha, para dejar pasar vehículos y que la gente no esté desabastecida, indicó el dirigente Vladimiro Tapayuri antes de ordenar la apertura de la carretera que une las ciudades de Tarapoto y Yurimaguas –unos 900 kilómetros al norte de Lima–, después de arduas negociaciones con la policía y la Defensoría del Pueblo.
No nos vamos a mover hasta que el gobierno derogue la legislación que afecta nuestro territorio, dijo Hernán Kariaja, apu (jefe máximo) de la etnia Kandozi, los grupos guerreros más respetados de la Amazonia, con comunidades desde la frontera con Ecuador hasta cerca de Cusco, en Perú.
Nosotros nos enfrentamos a los (soldados) ecuatorianos en la guerra del Cenepa y ahora nos quieren quitar nuestras tierras, agregó en referencia a una guerra fronteriza con Ecuador en 1995.
No levantaremos los bloqueos hasta que el gobierno derogue las leyes que atentan contra nuestro pueblo, advirtió a su vez Tapayuri, jefe del frente de lucha de las etnias Cocama y Cocaniche.
Sostuvo que ahora sus demandas también son por la liberación de los indígenas detenidos tras los enfrentamientos en la ciudad de Bagua el fin de semana, que según la Defensoría del Pueblo llegan a 40. Que se investigue lo sucedido en Bagua y se nos diga la verdad sobre los cientos de hermanos desaparecidos, dijo.
Tapayuri consideró al dirigente Pizango, que se asiló en Nicaragua, perseguido político y señaló que la lucha continuará hasta derogar las leyes que les afectan.
La esposa de Pizango, Sonia Huañapi, afirmó que su marido seguirá luchando por sus derechos pese a la persecución del gobierno y rechazó las acusaciones que se le hacen de responsabilizarlo de los sucesos de violencia.
El embajador nicaragüense en Perú, el líder histórico sandinista Tomás Borge, informó desde Managua que el presidente Daniel Ortega otorgó asilo a Pizango, de 44 años, al considerar que se trata de un caso estrictamente político y de un perseguido que tiene todas las características de serlo.
Indicó que su gobierno solicitará el salvoconducto a Lima para que pueda salir hacia Nicaragua.
Esto ocurre mientras se conocen muestras de solidaridad de organizaciones indígenas en Ecuador, Colombia y Bolivia, así como sendas protestas de residentes peruanos en Managua y otra ante la sede de la embajada peruana en La Paz, con pancartas en las que se responsabiliza al gobierno peruano de los desalojos violentos de campesinos e indígenas.
El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, rechazó en La Paz las acusaciones de parlamentarios peruanos de que Evo Morales haya tenido injerencia en el conflicto que estalló en la Amazonia peruana por la carta que envió a la cumbre indígena continental celebrada en Puno, a finales de mayo, en la que instó a los 5 mil delegados presentes a pasar de la resistencia, a la rebelión y de la rebelión a la revolución.
García Linera aseveró que las palabras y los papeles no matan, las palabras y las ideas de dignidad no asesinan, y subrayó que lo que provoca los conflictos, la violencia, la muerte o las sublevaciones no son cartas ni documentos. Son los problemas internos de cada sociedad, son las injusticias, los abusos y las discriminaciones que llevan a la gente a plantear sus luchas, sus resistencias, sus sublevaciones, reportó la corresponsal de La Jornada Rosas Rojas.
En tanto, se informó que un acercamiento entre el gobernante Partido Aprista Peruano, la Unidad Nacional y la Alianza por el Futuro –todas de derecha– abrió la posibilidad de que este miércoles se suspenda en el Congreso de Perú el decreto cuya vigencia desató los hechos de violencia entre fuerzas de seguridad e indígenas.
Mientras fuentes en el Congreso señalaron que el objetivo de esta medida se encamina a reabrir el diálogo con los nativos y buscar alternativas de consenso, el primer ministro Yehude Simón anunció que el gobierno se dispone a restablecer el diálogo y que se coordinará con la Defensoría del Pueblo y representantes de la Iglesia católica para que colaboren.
En medio de esta situación la ministra peruana de la Mujer y Desarrollo Social, Carmen Vildoso, renunció en desacuerdo con la forma en que el gobierno de su país manejó la crisis en la Amazonia, para convertirse en la primera víctima política de estos sucesos. Además, exigieron las renuncias de Simon y la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas.
En Washington, Perú defendió ante la Organización de Estados Americanos su ejercicio legal en los hechos de violencia del fin de semana en la zona amazónica de Bagua, en que murieron agentes e indígenas, y dijo que realiza todos los esfuerzos necesarios para esclarecer los hechos.
Agregó que el gobierno de Alan García utilizó la fuerza del Estado ante una conspiración contra el sistema democrático.
Exigen que no haya impunidad para responsables de la matanza de Acteal
Manifestantes realizan ayuno frente a las instalaciones de la Corte
Integrantes de Las Abejas marcharon por Reforma para exigir justicia por la matanza de Acteal. Foto Alfredo Domínguez
Jesús Aranda
Víctimas de Acteal y representantes de organismos defensores de derechos humanos realizaron ayer un ayuno ante las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para exigir a los ministros que no sean cómplices de la impunidad que permita la liberación de los paramilitares acusados de participar en el asesinato de 49 indígenas, el 22 de diciembre de 1997 en un campamento de refugiados en Chenalhó, Chiapas.
En tanto, trascendió que la primera sala de la Corte aplazó para después de las elecciones de julio próximo su decisión sobre los amparos presentados por 41 indígenas que fueron sentenciados por esos hechos, y en los que se proponía, al menos, la libertad absoluta de 14 de ellos y la posibilidad de que el beneficio se ampliara al resto de los acusados.
Fuentes judiciales confirmaron que los dictámenes elaborados por Olga Sánchez Cordero (cuatro), José Ramón Cossío (14) y José de Jesús Gudiño Pelayo (seis) favorecen a los acusados. El resto de los asuntos (25) los tiene el ministro Sergio Valls, quien fue el que propuso a sus compañeros aplazar la resolución –prevista para el próximo miércoles 15– hasta después de los comicios.
Valls, quien es originario de Chiapas, no quiso entorpecer las aspiraciones de su hijo –confiaron las fuentes consultadas– Jaime Valls Esponda, quien es candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez por la coalición PT, PRD, PVEM y Convergencia.
En tanto, ante la sede de la SCJN, indígenas de la comunidad de Las Abejas, defensores de derechos humanos y el obispo emérito Samuel Ruiz participaron en el ayuno para manifestar su inconformidad por el inminente amparo a los paramilitares que perpetraron la matanza en 1997.
Los manifestantes fueron recibidos por personal de la oficina del ministro Sergio Valls, en donde entregaron una serie de documentos en los que los agraviados señalan que si los ministros liberan a los acusados, sumarán sus nombres a los de autores y cómplices de la matanza, ya que hasta la fecha los recursos legales interpuestos en contra de los responsables han resultado totalmente ineficaces, porque siguen causas penales abiertas, órdenes de aprehensión sin ejecutar y la autoridad no ha tomado medidas cautelares para que no se repitan esos hechos, como sería el desarme de los paramilitares.
Ante una valla que colocaron elementos de la Policía Federal en la acera del inmueble, los indígenas colocaron una gran ofrenda en forma circular, en la que estaba trazada una gran cruz con flores, en los puntos cardinales colocaron sandías y melones y en el interior naranjas, plátanos y manzanas.
A un lado colocaron un féretro de cartón y cruces de madera, en los que estaban escritos los nombres de algunas de las 49 víctimas; también fue colocada una carpa con fotografías del lugar de la matanza.
Los participantes oraron para ser escuchados, que se haga justicia y se castigue a los autores intelectuales y materiales que aún siguen libres.
Blanca Martínez, del Centro Fray Bartolomé de las Casas, comentó en entrevista que le harían llegar a los ministros documentación y testimonios que prueban la responsabilidad de los 41 sentenciados por la muerte de los integrantes de la comunidad civil Las Abejas que fueron masacrados con la complicidad de los gobiernos federal y de Chiapas.
También solicitaron audiencia a los ministros de la primera sala para plantearles directamente sus argumentos, entre los que destacan que la matanza fue producto de una política de Estado, encaminada a exterminar al EZLN y a sus bases de apoyo. Además, está el hecho de que los elementos de seguridad pública que se encontraban a 200 metros de lugar de la agresión no intervinieron para impedir el ataque.
Cabe señalar que los asuntos que discutirán los cinco ministros que integran la primera sala de la SCJN tienen que ver exclusivamente con indígenas que fueron acusados de los delitos de lesiones, homicidio calificado y portación de arma prohibida de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
Ninguno de los recursos está relacionado con los 15 ex agentes estatales y servidores públicos que también fueron sentenciados.
Integrantes de Las Abejas marcharon por Reforma para exigir justicia por la matanza de Acteal. Foto Alfredo Domínguez
Jesús Aranda
Víctimas de Acteal y representantes de organismos defensores de derechos humanos realizaron ayer un ayuno ante las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para exigir a los ministros que no sean cómplices de la impunidad que permita la liberación de los paramilitares acusados de participar en el asesinato de 49 indígenas, el 22 de diciembre de 1997 en un campamento de refugiados en Chenalhó, Chiapas.
En tanto, trascendió que la primera sala de la Corte aplazó para después de las elecciones de julio próximo su decisión sobre los amparos presentados por 41 indígenas que fueron sentenciados por esos hechos, y en los que se proponía, al menos, la libertad absoluta de 14 de ellos y la posibilidad de que el beneficio se ampliara al resto de los acusados.
Fuentes judiciales confirmaron que los dictámenes elaborados por Olga Sánchez Cordero (cuatro), José Ramón Cossío (14) y José de Jesús Gudiño Pelayo (seis) favorecen a los acusados. El resto de los asuntos (25) los tiene el ministro Sergio Valls, quien fue el que propuso a sus compañeros aplazar la resolución –prevista para el próximo miércoles 15– hasta después de los comicios.
Valls, quien es originario de Chiapas, no quiso entorpecer las aspiraciones de su hijo –confiaron las fuentes consultadas– Jaime Valls Esponda, quien es candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez por la coalición PT, PRD, PVEM y Convergencia.
En tanto, ante la sede de la SCJN, indígenas de la comunidad de Las Abejas, defensores de derechos humanos y el obispo emérito Samuel Ruiz participaron en el ayuno para manifestar su inconformidad por el inminente amparo a los paramilitares que perpetraron la matanza en 1997.
Los manifestantes fueron recibidos por personal de la oficina del ministro Sergio Valls, en donde entregaron una serie de documentos en los que los agraviados señalan que si los ministros liberan a los acusados, sumarán sus nombres a los de autores y cómplices de la matanza, ya que hasta la fecha los recursos legales interpuestos en contra de los responsables han resultado totalmente ineficaces, porque siguen causas penales abiertas, órdenes de aprehensión sin ejecutar y la autoridad no ha tomado medidas cautelares para que no se repitan esos hechos, como sería el desarme de los paramilitares.
Ante una valla que colocaron elementos de la Policía Federal en la acera del inmueble, los indígenas colocaron una gran ofrenda en forma circular, en la que estaba trazada una gran cruz con flores, en los puntos cardinales colocaron sandías y melones y en el interior naranjas, plátanos y manzanas.
A un lado colocaron un féretro de cartón y cruces de madera, en los que estaban escritos los nombres de algunas de las 49 víctimas; también fue colocada una carpa con fotografías del lugar de la matanza.
Los participantes oraron para ser escuchados, que se haga justicia y se castigue a los autores intelectuales y materiales que aún siguen libres.
Blanca Martínez, del Centro Fray Bartolomé de las Casas, comentó en entrevista que le harían llegar a los ministros documentación y testimonios que prueban la responsabilidad de los 41 sentenciados por la muerte de los integrantes de la comunidad civil Las Abejas que fueron masacrados con la complicidad de los gobiernos federal y de Chiapas.
También solicitaron audiencia a los ministros de la primera sala para plantearles directamente sus argumentos, entre los que destacan que la matanza fue producto de una política de Estado, encaminada a exterminar al EZLN y a sus bases de apoyo. Además, está el hecho de que los elementos de seguridad pública que se encontraban a 200 metros de lugar de la agresión no intervinieron para impedir el ataque.
Cabe señalar que los asuntos que discutirán los cinco ministros que integran la primera sala de la SCJN tienen que ver exclusivamente con indígenas que fueron acusados de los delitos de lesiones, homicidio calificado y portación de arma prohibida de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
Ninguno de los recursos está relacionado con los 15 ex agentes estatales y servidores públicos que también fueron sentenciados.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Entradas
