Avioneta mata discurso.....

Sorprais-Helguera

Superando el problema-Hernández

La razón de la culpa-Rocha

Inexplicable-Magú

• El país nunca será base militar, protectorado ni colonia de ningún país extranjero

México requiere que el apoyo de EU sea para el desarrollo, no castrense: AMLO

• Ante connacionales en California, insiste en que Obama cumpla su promesa con los migrantes

Los Ángeles, Cal., 12 de junio. Frente a la sede del ayuntamiento de esta ciudad, Andrés Manuel López Obrador se pronunció por una reforma migratoria que frene la violación a los derechos humanos, y porque entre México y Estados Unidos exista una relación de respeto, donde la cooperación sea por el desarrollo y no militar.

Bajo ninguna circunstancia debe lesionarse nuestra soberanía. México nunca será base militar, protectorado ni colonia de ningún país extranjero, afirmó al reunirse con connacionales radicados en esta nación, para convocarlos a sumarse al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), con el cual se busca la transformación del país.

En su primera asamblea ante cientos de connacionales, López Obrador instó a que en lugar del Plan Mérida y de que nos entreguen armamento y helicópteros, vamos a proponerle (al gobierno estadunidense) que si realmente quieren ayudarnos, participen con créditos, no usureros y sin condiciones vergonzantes, para proyectos de desarrollo regional, orientados a reactivar la economía, crear empleos y evitar que nadie, por necesidad, tenga que verse obligado a emigrar.

Con una política exterior distinta a la actual, anotó, vamos a hacer entender que la mejor política migratoria para Estados Unidos dependerá siempre del desarrollo de México, porque es equivocado pensar que países vinculados por la historia y la cultura, y con tres mil kilómetros de frontera (compartida) puedan resolver sus problemas con muros, con militarización, con razzias, con deportaciones, con discriminación racial y con violaciones a derechos humanos.

Así que “desde ahora, de manera respetuosa, exhorto al presidente Barack Obama a que cumpla su compromiso de campaña de regularizar la situación migratoria de millones de mexicanos que trabajan honradamente en Estados Unidos.

Entiendo que está de por medio la cuestión electoral y que hay en este país una oposición conservadora que se niega a reconocer los derechos de los migrantes y que incluso ha optado por la persecución y el racismo. Pero todos debemos entender, independientemente de razas y fronteras, que por encima están los derechos universales del hombre, mismos que, recordó, fueron proclamados desde los años 40 por uno de los mejores presidentes que ha habido en Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt.

López Obrador fue recibido por los migrantes entre gritos de ¡Presidente, presidente! El maestro de ceremonias pasó lista de las entidades mexicanas, y de las 32 había representantes. Definió que están con el ex candidato presidencial porque es un hombre honrado, trabajador y luchador, y con el movimiento social que representa Morena, lo podremos instalar como el próximo presidente en 2012.

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• Despliega avioneta una manta: 40,000 dead. How many more? (40 mil muertos. ¿Cuántos más?)

No más sangre, se pide desde el cielo de Stanford a Calderón

Stanford, 12 de junio. El presidente Felipe Calderón desvió la mirada de su texto y su rostro se ensombreció. Una avioneta ya arrastraba la manta con la frase en inglés “40,000 dead. How many more? (40 mil muertos. ¿Cuántos más?” El leve zumbido que hacía el motor de la aeronave mientras sobrevolaba el estadio de la Universidad de Stanford acompañó cada palabra del orador principal en la ceremonia de graduación de cerca de 4 mil estudiantes.

Fue el recordatorio de la campaña No más sangre (la tela llevaba el símbolo), los saldos de la guerra contra la delincuencia en México que el Presidente había defendió un día antes con vehemencia y que en su alocución de hoy ocupó tres líneas.

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Mujeres toman Reforma contra el acoso y la violencia sexual

• Siempre se usa esa palabra para denigrarnos, dice la actriz Minerva Valenzuela, pero si nos la apropiamos no podrá ser más un insulto
• Realizan movilizaciones simultáneas en seis estados

Al grito de No es no, mi cuerpo es mío, más de 2 mil 500 mujeres tomaron Paseo de la Reforma para manifestarse en contra de la violencia sexual, que va desde miradas lascivas hasta la violación, de la cual todos los días somos víctimas.

Las manifestantes, muchas de ellas vestidas con minifaldas, ropas ajustadas y escotes pronunciados y en tacones, caminaron de la glorieta de La Palma hasta el Hemiciclo a Juárez en lo que denominaron la marcha de las putas, palabra que, dijeron, se ha utilizado de manera denigrante y para acusarlas de ser ellas quienes provocan que sean violentadas.

Poco antes de las 14 horas empezó la caminata, convocada por medio de las redes sociales de Internet por la actriz Minerva Valenzuela. Durante todo el recorrido no dejaron de gritar consignas como: ni putas ni santas, sólo mujeres, no soy una vagina, tampoco unos pechos, soy una mujer exigiendo sus derechos, mío, mío, este cuerpo es mío... y de nadie más".

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Twitter pulverizó el discurso público

Cual Prometeo del siglo XXI, Twitter ha arrebatado a los dioses uno de sus atributos exclusivos y lo ha puesto al alcance de los seres humanos: la omnipresencia.

Por lo menos esa fascinante sensación se experimenta cuando nos enteramos en tiempo real, a través de ese medio, de que Barack Obama está abordando el avión presidencial para iniciar una gira por Sudamérica; que la actriz Vanessa Bauche y el cantante de Calle 13, René Pérez, tienen insomnio, cada uno en su cama; que Bianca Jagger está preocupada por la represión y muerte de civiles en Libia; que Arnold Schwarzenegger se echa un rollo patriótico-militarista; que en Los Ángeles la reina de la anarcumbia, Amandititita, agarró la parranda y empezó a debrayar on line; que la canción que más ha escuchado el escritor Bret Easton Ellis durante cinco días es Waiting for the end.

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Detrás de la manta, Global Exchange

El poeta Javier Sicilia, quien encabezó la Caravana por la Paz, entrevistado en relación con la avioneta que desplegó un manta con la leyenda “40 mil dead. How many more? (40 mil muertos. ¿Cuántos más?)”, y con el logo de la campaña No más sangre, sobre el estadio de la Universidad de Stanford, donde el principal orador en la ceremonia de graduación era el presidente Felipe Calderón, afirmó: Sí tenía conocimiento de que sería exhibida por Global Exchange.

¿El movimiento que encabeza tomó parte directa en esa acción?, se preguntó al poeta, quien aseveró: ya estaba planeada por esa organización antes que nosotros llegáramos, y como incluía el logotipo de nuestra campaña No más sangre, por eso me informaron.

Sicilia destacó: Si dicen que estamos involucrados como movimiento, pues sí, de alguna manera lo estamos, porque esa organización me entregó un premio como reconocimiento a mi esfuerzo por la paz, y simpatiza con el movimiento que represento.

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El siguiente paso de la Caravana por la Paz, lograr que se rompa la impunidad

• Álvarez Icaza: no queremos que el diálogo sólo sirva para que Calderón diga que apoya la causa

Ciudad Juárez, Chih., 12 de junio. La Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad concluyó su recorrido, ratificó el pacto nacional ciudadano y ahora queda por delante la enorme tarea de traducir todo ese dolor humano recogido en su trayecto, en un emplazamiento a los actores responsables para hacer cumplirlo.

“De lo que se trata ahora –afirma Pietro Ameglio, cercano al poeta Javier Sicilia– es humanizar a la autoridad, lograr que se rompa toda esta impunidad a través del diálogo y formas de resistencia pacífica, que pueden ser una fórmula moral tremendamente radical para lograrlo.”

En el balance sobre el movimiento, los convocantes asumen que ahora se pasa a otra fase: se trata ahora de pasar de la movilización al movimiento, sostiene Emilio Álvarez Icaza, apelando incluso a la estrategia de resistencia civil. Está claro que no es esta resistencia civil el saque para iniciar el diálogo con las autoridades, pero tampoco queremos que éste sólo sirva para que, por ejemplo, el presidente Felipe Calderón nos diga que acompaña nuestra causa, sino para que realmente se modifiquen las cosas; la resistencia estará en función de la respuesta.

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Otorga EU asilo político a defensora de los derechos humanos perseguida por el Ejército

• Planea realizar una gira por el territorio estadunidense para denunciar la situación en el país

Ciudad Juárez, Chih., 12 de junio. El gobierno de Estados Unidos dio asilo político a la defensora de los derechos humanos Cipriana Jurado, segunda persona amenazada de muerte en Ciudad Juárez que recibe ese beneficio, luego del periodista Jorge Luis Aguirre.

El abogado Carlos Spector dijo que Jurado cruzó a Estados Unidos en 2010. El 10 de junio fue notificada del asilo concedido y a finales de mes planea realizar una gira por Estados Unidos para denunciar la situación prevaleciente en México.

Su solicitud de asilo fue aceptada cuando demostró que el Ejército Mexicano la perseguía por su activismo en favor de una familia de la que tres integrantes –entre ellos dos mujeres– desaparecieron en el ejido Benito Juárez, a finales de 2009.

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• La estrategia de la CFE es fomentar la coinversión

La IP participará en la puesta en marcha de unas 11 hidroeléctricas

El gobierno federal ha proyectado la participación de la iniciativa privada para echar a andar en los próximos 12 años al menos 11 unidades hidroeléctricas con una capacidad bruta conjunta de 3 mil 514 megavatios, las cuales se sumarán a las 25 que actualmente existen en el país.

Según datos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), entregados al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), en enero y abril de 2012 se echarán a andar dos unidades de la hidroeléctrica La Yesca y posteriormente las del Río Moctezuma (2014), Tenosique (2018), Copainalá (2019), Paso de la Reina (2020), las tres unidades de La Parota (U1, U2 y U3) proyectadas dentro del Plan Puebla Panamá, y Las Cruces y Acala, en 2023.

Al respecto, la CFE indicó que es de especial importancia la participación de la iniciativa privada en la generación de energía eléctrica, principalmente bajo las modalidades de autoabastecimiento y cogeneración.

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Sempra Energy recibió del gobierno federal 5 mil 655 metros de terreno ganado al mar

La trasnacional Sempra Energy fue beneficiaria de una desincorporación de 5 mil 665 metros cuadrados de mar territorial mexicano en 2010. El gobierno federal a través del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada, firmó el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.

El acto permitió a la empresa estadunidense operar un muelle de descarga de gas licuado natural. Desde 2005 se había modificado la morfología en la zona costera del litoral de Ensenada, Baja California, para levantar la obra que beneficiara a la planta regasificadora Costa Azul.

Cinco años después de haber iniciado la construcción del muelle en cuestión, y a un año de que Sempra solicitara la desincorporación de esa área de litoral mexicano, el gobierno federal concedió la enajenación para que continúe operando la recepción del gas licuado natural, requerido en su planta termoeléctrica de Mexicali, instalación donde se produce electricidad que se distribuye y vende en territorio estadunidense.

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Piden ONG intervención de la OIT para evitar trabajo infantil en pozos

La Familia Pasta de Conchos y el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) presentaron ante la asamblea general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) casos de los niños mineros mexicanos, como el de Jesús Fernando Lara, sobreviviente del pocito 3, de Sabinas, Coahuila, que cumplió 15 años el 20 de mayo pasado, y que sufrió la amputación del brazo derecho en el accidente en que perdieron la vida 14 trabajadores.

Lara “no trabajaba en el pocito por vacaciones o llevado por su papá, como declaró Javier Lozano (secretario del Trabajo); ganaba 900 pesos a la semana, en la empresa Beneficios Internacionales del Norte, menos 176 pesos que le descontaban del consumo en la tienda relacionada con el empleador”, señalaron las organizaciones.

Pidieron a la asamblea de la OIT un pronunciamiento en contra del trabajo infantil minero, a fin de que se dé un golpe de timón en el país para que la minería del carbón no continúe, como hasta ahora, cobrando vidas de trabajadores. Además demandaron que se sume al consenso nacional que clama por el rescate de los cadáveres de 63 mineros que aún siguen en Pasta de Conchos, luego de 64 meses.

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Bajo, el número de ex electricistas que han logrado conseguir empleo

Menos de 8 por ciento de los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro han podido reinsertarse en la vida laboral, señala un informe de la Comisión de Trabajo de los Jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Indica que la Comisión Federal de Electricidad sólo contrató a 2 mil 346 ex trabajadores en 2010, y en lo que va de 2011 son 250; es decir, que hasta el momento se han contratado menos de 2 mil 700. Además de ello, otros 564 trabajadores fueron colocados por el Servicio Nacional del Empleo de la Secretaría del Trabajo, y sólo 100 se encuentran laborando en empresas formadas por ex trabajadores.

En total, son 3 mil 364 los ex trabajadores electricistas que han podido colocarse en un empleo, lo que representa menos de 8 por ciento de los que perdieron el empleo el 11 de octubre de 2009; a este paso tardarán 21 años para lograr un colocación.

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Prevalecen en México desigualdad salarial y bajo poder adquisitivo, señala estudio

El análisis indica que la remuneración es insuficiente y está en descenso desde 1976

Patricia Muñoz Ríos

México, además de registrar el descenso del poder adquisitivo más grave de la región, sufre una desigualdad salarial sin par, en la que hay una gran disparidad entre 80 por ciento de la población que está ocupada (37 millones de personas) que ganan menos de cinco salarios mínimos y la alta burocracia. En este país, el Presidente de la República percibe, en términos brutos (antes de impuesto y con prestaciones) 150 veces el salario mínimo y, neto, 93 minisalarios por día.

Asimismo, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación percibe 223 veces el minisalario, en tanto que un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación percibe el equivalente a 220 salarios mínimos.

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Astillero

• Avioneta mata discurso
• Fox: línea pro Cordero
• AMLO usa visa
• Sicilia invalida pacto

Julio Hernández López

Andaba bien contento el licenciado Felipe en la Universidad de Stanford, usando el atril de una solemne ceremonia de graduaciones escolares para soltar metralla electoral al PRI, cuando por aire le llegó el insalvable recuento histórico de su desgracia, que es la desgracia de su nación: No más sangre, ¡40 mil muertes!, ¿cuántas más? Imperturbable, a pesar de que la denunciante manta voladora se mantuvo desplegada la mayor parte del tiempo asignado a su discurso, el asociado en jefe de la compañía de exterminios masivos denominada La guerra (aunque, en actas, el nombre oficial es Mi lucha) tuvo arrestos (tuvo, no pudo hacer) para denunciar al malvado sistema de partido casi único que durante décadas mantuvo al país en condición dictatorial apenas disfrazada, decidiendo qué conciertos escucharían los jóvenes, qué debían decir los medios, cuáles serían los planes de estudio, secuestrando y asesinando a quienes protestaban.

Aberraciones cromáticas en autoelogio: el diseñador de la grisura administrativa nacional exhortando a los estudiantes de una universidad gringa a que no permitan mediocridad, las manos rojas a causa de decenas de miles de muertes denunciando masacres, el blanquiazul hijo desobediente poniendo como su guía al padre que efectivamente fue panista pero acabó renunciando a ese partido, el negro intento nepótico en Michoacán referido en anécdota familiar al mencionar la cruzada heroica y utópica en que desde niños participaban mis hermanos, mi hermana (Cocoa, breviario electoral por cortesía de Astillero) y yo (es decir, Felipe: ayuda de memoria por cuenta de la columna antes mencionada).

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Dinero

• La IP llegará dividida a la presidencial
• Presunto fraude en casa de empeño
• Los coyotes de la tarjeta de circulación con chip

Enrique Galván Ochoa

Por primera vez la monolítica clase empresarial mexicana probablemente llegará dividida a la elección presidencial de 2012. Sería un efecto colateral de la guerra de las telecomunicaciones que está confrontando al Grupo Slim con Televisa y TvAzteca. En 2006 la IP apoyó al candidato Felipe Calderón y el Consejo Coordinador Empresarial incluso fue más allá: actuó en contra de López Obrador. Sin embargo, ya convertido en Presidente, Calderón no ha repartido favores con sentido de equidad. Su preferencia por las televisoras es notoria, en particular por Televisa. Funcionarios de Cofetel, la Cofeco y la Secretaría de Comunicaciones que son nombrados en forma exclusiva por el Presidente aparecen como los autores de una serie de medidas tendientes a disminuir la fortaleza del Grupo Slim. Han pegado donde le duele: en los últimos meses el valor de las acciones de América Móvil y Telmex cayeron en las bolsas de valores de Nueva York y México. Algunos expertos sitúan la pérdida en una cifra impresionante: alrededor de 10 mil millones de dólares. Por ese camino, Carlos Slim podría dejar de ser el hombre más rico del mundo, aunque seguiría siéndolo de México. En cambio, el gobierno federal ha sido generoso sin medida con Televisa. Le asignó la franquicia de explotar una parte de la red de la CFE, junto a Telefónica y Megacable. También le adjudicó la licitación 21, en sociedad con Nextel, aunque la empresa de Emilio III posteriormente decidió salirse del negocio. En estos días el siempre servicial –con Televisa– Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia, dará luz verde al negocio de las televisoras para suministrar servicios de telefonía celular. En contraste, la Secretaría de Comunicaciones –Dionisio Pérez-Jacome– acaba de negarle al Grupo Slim la modificación del título de concesión de Telmex, por lo que no podrá suministrar televisión de paga a través de su cableado.

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México SA

• Recuperación desinflada
• BdeM: lento, pero seguro
• Crece la pobreza alimentaria

Carlos Fernández-Vega

Autoelogio tras autoelogio, el inquilino de Los Pinos y su Cordero disfrazado de delfín no pierden oportunidad ni sueltan el micrófono para presumir el crecimiento sólido y sostenido que, según ellos –y sólo gracias a ellos, desde luego– reporta la economía nacional. ¡Qué más quisieran los habitantes de esta dolida República!, pero más allá del discurso oficial nada sustenta los dichos de los citados personajes. Es más, las advertencias en sentido contrario van en aumento, y se ha llegado al extremo (para un organismo público, con un ex funcionario calderonista como gobernador) de que el Banco de México de plano decidió encender las luces amarillas.

En efecto, la junta de gobierno del banco central advirtió que “el ritmo de la actividad económica en el país comenzó a desacelerar hacia finales del primer trimestre de este año. Ello ocurre en un momento en que la economía mundial enfrenta importantes riesgos… Los indicadores más recientes sobre el desempeño de la actividad económica sugieren una moderación… La menor actividad económica, particularmente en marzo, se ha dado tanto en el sector industrial como en el de los servicios” (La Jornada, Roberto González Amador).

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Qué hacer, de nuevo

Gustavo Esteva

La caravana cumplió su propósito. Empezó a escribir lo que Adolfo Gilly llama Memorial de Agravios y Dolor. Se firmó en Juárez el Pacto Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad, como una convocatoria abierta que empieza a vertebrar el movimiento.

Las grandes lecciones, las que cambian el rumbo de la historia, escribió el subcomandante Marcos a los caravaneros, vienen precisamente de personas que, como ustedes y quienes ahora andan, hacen de la memoria el camino para crecerse.

De eso se trata, a final de cuentas. De cambiar el rumbo de la historia. Lo saben quienes han empezado a caminar. En esta hora de emergencia nacional, la nación se debe articular de manera plural e incluyente, desde abajo y entre todos y todas, para impulsar cambios de fondo que recuperen el piso común que nos une y que posibilita la convivencia social.

La caravana fue un acto de consuelo. Contribuyó a aliviar tristeza y dolor al animar, compartir el alma, levantar el ánimo. Pero tendremos verdadero consuelo, si traicionamos la etimología, cuando encontremos ese suelo común, el tejido social desgarrado y en proceso de desintegración, para regenerarlo.

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La redada nacional

John M. Ackerman

Trescientos 10 mil policías estatales saldrán a las calles esta semana para detener a quien encuentren en su camino, con tal de aparentar que cumplen con su trabajo. Desde anoche a las cero horas hasta el próximo domingo 19 de junio, se llevará a cabo un megaoperativo organizado por la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) en el cual, ante la presión por entregar resultados inmediatos, se revisará e interrogará indiscriminadamente a miles de ciudadanos inocentes y se allanarán cientos de domicilios, en franca violación al artículo 16 constitucional. Más que un operativo, esto será una redada nacional.

Marcelo Ebrard, presidente en turno de la Conago, anunció esta acción como una señal de unidad entre los 32 mandatarios locales, ya que independientemente de nuestro origen, trayectoria y aspiraciones políticas, estamos trabajando por la seguridad. Tiene razón el jefe de Gobierno. Con acciones como éstas, Ebrard demuestra que él en particular, y la izquierda en general, no ofrecen nada distinto a los otros partidos políticos en cuanto a estrategias para combatir la delincuencia.

No es gratuito, por ejemplo, que Ebrard haya emitido su grandilocuente mensaje acompañado del gobernador de Chihuahua, César Duarte, un político priísta que ha demostrado ínfimos resultados en materia de seguridad pública, así como nula sensibilidad social. Del mismo modo en que Felipe Calderón ha querido combatir el narcotráfico con vistosos “operativos conjuntos” y estrategias mediáticas, hoy los titulares de las entidades federativas emulan al maestro.

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Sordera, banalidad y montajes

Carlos Fazio

La política del haiga sido como haiga sido, que como nadie encarna Felipe Calderón, está basada en la vieja cultura de la transa, la mentira, la impunidad y la simulación. La sordera de Calderón ante los reclamos de Javier Sicilia y el amplio movimiento de los sin voz que firmó el pacto de Ciudad Juárez no es auditiva; responde a una política de Estado planeada en lógica guerrera. Desde su campaña electoral, los estrategas de Calderón definieron los comicios de 2006 como una confrontación bélica. El 11 de marzo de ese año, el propio Calderón ordenó a los candidatos a senadores y diputados del Partido Acción Nacional que actuaran como un ejército y salieran de manera disciplinada a las trincheras, a librar una lucha cuerpo a cuerpo contra el enemigo a vencer, definido por sus propagandistas como un peligro para México.

Por vía paralela, y según los parámetros de la guerra al terrorismo de la administración Bush, dos conspicuos miembros del aparato de seguridad del foxismo, Genaro García Luna y Eduardo Medina Mora, eran aleccionados en Washington y Bogotá sobre la necesidad de instrumentar en México una confrontación fratricida real, bajo el falso paraguas de una guerra a las drogas. Encuadrada en la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN, el TLCAN militarizado) y su brazo operativo de penetración y sometimiento, la Iniciativa Mérida (símil del Plan Colombia), cinco años después, el resultado de la guerra de Calderón es una ordalía de violencia, caos, terror y sangre que arrastra a México hacia un Estado autoritario de nuevo tipo.

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TLCAN/Capítulo 11: La fábrica de juicios

Ante un TLCAN que para muchos expertos está caduco, los Estados se han convertido en víctimas de los resquicios supralegales del acuerdo comercial, utilizados por muchos corporativos como medida de presión para garantizar sus inversiones o bien, para embolsarse millonarias ganancias del erario mediante juicios de conciliación internacional

La alta incidencia de demandas en su contra, bajo el Capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ha llevado a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá a una revisión al interior de sus Congresos, del acuerdo comercial que, para muchos expertos economistas y analistas, a 16 años de su entrada en vigor, ya caducó.

“Los parlamentarios están reconociendo los abusos de las empresas y su negativo impacto económico y social”, explica Rick Arnold, de la organización Common Frontiers, una de las primeras que en la década de 1990 alertó en Canadá de la inequidad en los acuerdos comerciales con Estados Unidos.

El Capítulo 11 del TLCAN, relacionado con la inversión, dispone la obligación de los países de otorgar a los inversionistas un trato acorde, justo y equitativo, así como protección y seguridad plena a las partes. Establece, también, que ninguna de las partes podrá nacionalizar o expropiar, directa o indirectamente, una inversión de algún socio en su territorio ni adoptar una medida equivalente a la expropiación o nacionalización de la inversión, salvo que sea por causa de utilidad pública, sobre bases no discriminatorias, con apego a la legalidad y mediante indemnización y la aceptación de las controversias que se susciten entre los países firmantes, que serán resueltas por un laudo internacional.

A pie de letra, el apartado del acuerdo comercial parecería encaminado a un intercambio comercial justo, que garantizará a los inversionistas el buen destino de su capital en cualquier de los países firmantes; en la práctica ha significado privilegios a corporativos que han ejercido un fuerte dumping que ha hecho quebrar o desaparecer a miles de sus competidores nacionales, monopolizando diversos sectores productivos, como el caso del maíz o el impacto a la producción de caña de azúcar por los edulcorantes.

El Capítulo 11 se convirtió en una camisa de fuerza para todos los países firmantes, pues, ante su abdicación para ejercer su derecho nacional e internacional, ante el mínimo intento de aplicar las leyes locales a los inversionistas extranjeros, pueden ser llevados a los tribunales del Banco Mundial (BM) o de la Organización Mundial de Comercio (OMC), donde se les obligar a pagar estratosféricas sumas por concepto de indemnización sobre supuestas pérdidas, además de los gastos y costas de litigios que pueden durar más de siete años, como ha ocurrido en los asuntos contra México.

Desde la entrada en vigor del TLCAN, el Centro Internacional de Arreglo de Diferendos Relativos a Inversiones (Ciadi) _del Banco Mundial_, y el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) _de la OMC_, los dos tribunales donde se juzga a los Estados por supuestas violaciones o incumplimientos a los acuerdos comerciales internacionales, han recibido numerosas demandas contra los Estados involucrados en el TLCAN por parte de corporaciones, en su mayoría de origen estadunidense y algunas canadienses.

Cada querella es revisada por un comité arbitral integrado por tres o cinco árbitros. Según el Ciadi, los litigios tardan en promedio tres años; sin embargo, a México le ha tocado enfrentar procesos que han durando más de siete años, con las implicaciones económicas que supone el que de fallarse el laudo en su contra, pagará a la empresa las millonarias indemnizaciones más los intereses acumulados.

En ambos tribunales, las directrices se superponen al Estado, al gobierno y a las leyes locales. Los casos se resuelven bajo criterios estrictamente comerciales, por lo que la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (Rmalc) los define como “tribunales corporativos”. Además de que, en efecto, la mayoría de los árbitros están vinculados al sector empresarial, lo que supone un conflicto de intereses que se refleja en los criterios emitidos en los casos juzgados hasta ahora, de los cuales Fortuna hizo una revisión exhaustiva. En ninguno de ellos se han considerado las implicaciones sociales de las operaciones o negocios no concretados, sólo las supuestas afectaciones económicas a las compañías.

El doctor Alejandro Villamar, del Consejo Ejecutivo de la Rmalc, dice que el Ciadi y el OSD son tribunales supranacionales “que actúan bajo mecanismos poco transparentes y casi secretos”. Especialista en el procedimiento arbitral de la OMC y el BM, Villamar explica que para los países, ser juzgados en este tipo de tribunales “es un grave retroceso, pues los criterios están plagados de absurdos, por ejemplo: el inversionista no solamente puede argumentar violaciones a sus derechos de inversión y a la seguridad de su inversión, sino, bajo un terrible privilegio, puede demandar sus supuestas futuras ganancias, lo que en términos legales resulta un verdadero absurdo”.

En 16 años de vigencia del TLCAN, el Capítulo 11 es uno de los que han generado mayores discusiones. La reevaluación, que en el seno de sus congresos hacen Canadá y Estados Unidos, es para las organizaciones no gubernamentales de la región una muestra del negativo impacto que el Tratado ha tenido incluso para los países que supuestamente resultarían menos afectados con sus disposiciones. Tan sólo en sus primeros tres años de vigencia, el TLCAN tenía a los tres países enfrentando juicios por casi 13 mil millones de dólares, lo que encendió las alertas.

A excepción de México, las partes han tomado una serie de medidas que en esencia están encaminadas a la revisión del Capítulo 11. Aunque esto va en sentido contrario al discurso tradicional de los gobiernos de que el TLCAN no se podía revisar, en los hechos se ha revisado. “La cuestión es muy importante porque los gobiernos se han visto presionados crecientemente por las compañías y se han dado cuenta que el principio de ‘trato igual’ en tres países desiguales ha llevado a un perjuicio del Estado más débil, que en este caso es el mexicano, aunque aquí hay un desinterés del Legislativo por revisar el tema, como si lo hacen sus pares norteamericanos”, explica Alejandro Villamar, participante en las mesas de discusión del TLCAN y asesor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

México, el principal enjuiciado

Los disímiles efectos negativos del TLCAN se perciben también en los juicios ante el Ciadi contra los países firmantes. Con argumentos como los descritos por Villamar, México ha sido llevado al banquillo de los acusados en unas 13 ocasiones, amén de las incontables quejas e intentos de laudo declarados improcedentes.

Estados Unidos ha enfrentado tres litigios promovidos por corporaciones canadienses: el ICSID No. ARB (AF)/98/3, promovido por el gigante de los servicios funerarios The Loewen Group, Inc, y Raymond L Loewen; el ICSID No. ARB (AF)/99/2, que presentó el corporativo de bienes raíces Mondev International Ltd; y el ICSID No. ARB (AF)/00/1, promovido por el gigante del acero Adf Group, Inc. Canadá actualmente enfrente el litigo ICSID NO. ARB (AF)/07/4, promovido por las petroleras Mobil Investments Canada, Inc, y Murphy Oil Corporation.

Los casos contra México los han promovido los corporativos Metalclad Corporation; Desechos Sólidos de Naucalpan (a través de sus accionistas Robert Azinian, Kenneth Davitian y Ellen Baca); Waste Management,Inc (que promovió el caso en dos ocasiones); Corporación de Exportaciones Mexicanas, SA de CV; CEMSA (a través de su accionista Marvin Roy Feldman Karpa); Técnicas Medioambientales (Tecmed); Archer Daniels Midland Company y Tate & Lyle Ingredients Americas; Fireman’s Fund Insurance Company; Corn Products International, Inc; Gemplus, SA SLP, SA; y Gemplus Industrial, SA de CV; Talsud SA; Bayview Irrigation District and Others; y Cargill Incorporated, entre otros. Actualmente en Washington, sede del Ciadi, las firmas Abengoa y Compañía Española de Financiación del Desarrollo (Cofides) enjuician a México ante el fracaso de su proyecto para operar una planta de residuos peligrosos _a través de su filial Befesa_ en el municipio hidalguense de Zimapán.

En el juicio arbitral ICSID No. ARB (AF)/09/2, acusan a México de “violar el acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones”. Abengoa y Cofides reclaman 96 millones de dólares, es decir, unos 1 mil 200 millones de pesos, más los intereses que se generen en el tiempo que dure el juicio. Los argumentos de Abengoa son similares a los de las compañías Metalclad Corporations y Tecmed, que recibieron el laudo a favor por parte de los paneles arbitrales que obligó al Estado mexicano a indemnizarlas por no poder explotar sus negocios tóxicos.

Juicios y pérdidas

El juicio del consorcio estadunidense Metalclad Corporations en contra México es para los analistas un paradigma de la manera en que se litigan los juicios en el Ciadi.

El caso derivó del fallido intento de la compañía de instalar en Guadalcazar, San Luis Potosí, un confinamiento de residuos peligrosos.

La compañía había obtenido, de las autoridades medioambientales del gobierno federal, las autorizaciones y permisos para confinar los residuos en la comunidad huasteca.

Sin embargo, el ayuntamiento le negó el permiso local de construcción, ante la inconformidad de los lugareños sobre los negativos efectos ambientales.

Si bien para las comunidades, ambientalistas y organizaciones sociales significó un triunfo, para el Estado fue enfrentar una demanda ante el Ciadi, en el caso ICSID No. ARB (AF)/97/01, que inició en enero de 1997 y concluyó en octubre de 2001, con la imposición de una “indemnización” a Metalclad por 16 millones 685 mil dólares. El monto lo ubicó como el conflicto más costoso pagado por el gobierno federal por su política de autorizar confinamientos de residuos peligrosos, que ahora sería multiplicado significativamente si el panel arbitral del Ciadi decide fallar a favor de Abengoa.

En su juicio, Metalclad aludió a los artículos 1105 y 1110 del TLCAN. El primero, que obliga

a las partes a otorgar “a las inversiones de inversionistas de otra parte, trato acorde con el derecho internacional, incluido trato justo y equitativo, así como protección y seguridad plenas”;

y el artículo 1110, que señala que “ninguna de las partes podrá nacionalizar ni expropiar, directa o indirectamente, una inversión de un inversionista de otra parte en su territorio ni adoptar ninguna medida equivalente a la expropiación o nacionalización de esa inversión (expropiación), salvo que sea: (a) por causa de utilidad pública; (b) sobre bases no discriminatorias; (c) con apego al principio de legalidad”. La indemnización calificada por el doctor Pedro Medellín Milán, coordinador de la Agenda Ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, como “inmerecida” se argumentó con base en el artículo 1117 del TLCAN que contempla la reclamación del inversionista promoviente del laudo. ni adoptar ninguna medida equivalente a la expropiación o nacionalización de esa inversión (expropiación), salvo que sea: (a) por causa de utilidad pública; (b) sobre bases no discriminatorias; (c) con apego al principio de legalidad”.

La indemnización calificada por el doctor Pedro Medellín Milán, coordinador de la Agenda Ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, como “inmerecida” se argumentó con base en el artículo 1117 del TLCAN que contempla la reclamación del inversionista promoviente del laudo. Medellín, profesor de los posgrados en Ingeniería Química, Ciencias Ambientales, Hidrosistemas y Arquitectura de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y uno de los principales opositores al tóxico confinamiento, refiere que, en el proyecto de negocios de Metacland, hubo siempre la intensión de aplicarle a México el Capítulo 11 del TLCAN, que ubica como una práctica recurrente entre el empresariado de Estados Unidos desde tiempos de Ronald Reagan.

En defensa del Estado, los abogados de la Consultoría Jurídica de Negociaciones de la Secretaría de Economía reconocieron lo que los críticos del TLCAN advertían desde antes de su firma y entrada en vigor: que el acuerdo comercial desconocía la potestad de las autoridades mexicanas, y, en caso de conflicto, se le obligaba a ser juzgado en paneles internacionales que desconocían la soberanía del país:

Bajo el argumento de que “el Estado privó a la compañía de sus derechos de uso y goce de los bienes muebles e inmuebles de confinamiento”, y que las autoridades actuaron con “dolo” al negar a la compañía su renovación para el confinamiento de residuos peligrosos, el 23 de mayo de 2003 el Ciadi ordenó un pago de 5 millones 533 mil 17 dólares a favor de la compañía, más un interés compuesto, capitalizable anualmente, a devengarse sobre dicha suma a partir del 25 de noviembre de 1998 a una tasa de 6 por ciento anual hasta la fecha del pago íntegro. Para el abogado Arturo Pérez, doctor en ciencias sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, “los efectos en una resolución de este tipo ponen en entredicho la soberanía nacional y el carácter de socio comercial, toda vez que un árbitro internacional, por medio de un laudo, se convierte en un poder superior a todas las instancias jurídicas nacionales”.

El caso Cytar resultaría mucho más costoso para México, pues el gobierno federal y estatal debieron invertir en el traslado de un pasivo ambiental de 2 mil 300 toneladas de desechos que yacían al aire libre.

Al amparo del TLCAN ante el Ciadi, se han llevado casos lesivos para las finanzas públicas que sientan un mal precedente. Uno de ellos es el juicio ICSID No. ARB(AF)/99/01, promovido en mayo de 1999 por Marvin Roy Feldman Karpa, dueño de CEMSA, quien alegó supuestas violaciones en su contra por la negativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de devolverle el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) por la exportación de cigarros. El 16 de junio de 2005, México fue condenado a pagarle 18 millones 653 mil 101 pesos. Aún en los laudos no favorables a los quejosos, México ha debido asumir los gastos del litigio, como el juicio ICSID No. ARB (AF)/02/01, en el que la compañía de seguros Fireman’s Fund Insurace Company acusó al Estado de expropiarle su inversión en el Grupo Financiero BanCrecer, demandándole una indemnización de 50 millones de dólares.

O el caso Bayview Irrigation District contra el Estado mexicano, integrado en el expediente ICSID No. ARB(AF)/05/1, donde unos 40 agricultores y distritos de riego de Texas denunciaron que fueron afectados por la supuesta deuda de agua de México a Estados Unidos al retener agua de los afluentes del Río Bravo. Ello, argumentaron los promovientes, significaba la violación al TLCAN y al llamado Tratado Bilateral de Aguas entre México y Estados Unidos (relativo al aprovechamiento de las aguas de los ríos Colorado y Tijuana y del Río Bravo desde Fort Quitman, Texas, hasta el Golfo de México).

Demandaban 668 millones de dólares. Después de ocho años y recursos y abogados, costeados por la Consultoría Jurídica de la Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía, el Ciadi declaró que los quejosos no tenían legitimidad procesal para un juicio arbitral conforme al TLCAN, “pues no son inversionistas”.

Otras polémicas y cuestionadas como Talsud, SA, Gemplus SA, SLP, SA, y Gemplus Industrial,

SA de CV, representadas en México por el militar argentino Ricardo Miguel Cavallo, alias Marcelo o Sérpico, también han llevado a México ante el Ciadi.

Este caso, integrado en sendos juicios identificados con los números ARB (AF)/04/3 y ARB

(AF)/04/4, deriva de la concesión que el 27 de agosto de 1999 la Secretaría de Economía otorgó a la sociedad entre Talsud (de origen argentino) y Gemplus (la francesa líder mundial en fabricación de microchips para tarjetas inteligentes) para el Registro Nacional de Vehículos (Renave).

Tras la adjudicación, las dos empresas constituyeron la compañía Servicio Público e Operación del Registro, quedando Cavallo al frente de la concesión.

Cuando se hizo pública la concesión, la prensa ventiló el negro pasado del argentino, a quien se le atribuyen cientos de muertes y tortura durante la dictadura militar en su país.

El escándalo llevó a la Secretaría de Economía a realizar una intervención técnica al Renave el 28 de agosto de 2001.

En octubre, las concesionarias le notificaron al secretario de Economía, Fernando Canales Clarion, que demandarían a México ante el Ciadi por un “trato injusto”.

Los argumentos litigiosos de Talsud y Gemplus son que las intervenciones, la requisa, y la revocación de la concesión, llevadas a cabo por el gobierno federal a través de la Secretaría de Economía, “constituyen una violación a los principios de trato justo y equitativo, trato nacional, trato de la nación más favorecida y expropiación establecidos en los Acuerdos de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones”. Las empresas reclaman el pago de daños por el equivalente, conforme al porcentaje de su participación social, de las ganancias que concesionaria Renave hubiera tenido durante los 10 años de la concesión más intereses y gastos de defensa y arbitraje. El caso se fallará en los próximos días.

El amargo edulcorante

Entre los casos más perniciosos contra México se ubican los promovidos por los productores de edulcorantes, que desde la entrada en vigor del TLCAN no sólo han impactado significativamente la industria de la producción de azúcar de caña en el país, sino que además México ha sido obligado por el tribunal del Banco Mundial a pagarles millonarias “indemnizaciones”. En todos los juicios, el Ciadi ha dado la razón a las trasnacionales, aunque abiertamente éstas ejercen un dumping al amparo del TLCAN, denunciado incluso en Estados Unidos.

La pugna inició por el acceso del azúcar mexicana al mercado estadunidense y el acceso del jarabe de maíz de alta fructosa al mercado mexicano. En materia de comercio de azúcar, el TLCAN establecía para México un arancel que se desgravaría progresivamente en 15 años, es decir, al 1 de enero de 2008, fecha en que el azúcar mexicana entraría a Estados Unidos libre de arancel. La fructosa estaría sujeta a una desgravación también paulatina durante 10 años.

El acuerdo establecía que mientras se efectuaba la desgravación arancelaria, Estados Unidos daría acceso a todo el excedente de producción de azúcar, siempre y cuando México tuviese un superávit en dicha producción. Sin embargo, al poco tiempo Estados Unidos argumentó “modificaciones” a la disposición que supuestamente le impedían aceptar los excedentes de producción de azúcar mexicana. En respuesta, en 1997 los azucareros solicitaron una investigación antidumping encaminada a frenar las importaciones de fructosa proveniente de Estados Unidos.

Como resultado, a principios de 1998 México comenzó a aplicar medidas antidumping, lo que generó un conflicto entre los dos países.

El 1 de enero de 2002, entró en vigor el IEPS que establecía el pago de un impuesto del 20 por ciento para las bebidas o refrescos con edulcorantes distintos de la azúcar de caña y el pago de un impuesto del 20 por ciento sobre servicios específicos relacionados con la venta o distribución de cualquier refresco o bebida con edulcorantes.

Estados Unidos promovió entonces una demanda contra México ante la OMC por supuestas violaciones al Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles.

Los corporativos, cada uno por su parte, iniciaron su embestida ante el Ciadi. En enero de 2003, la Corn Products International, Inc, entabló el juicio arbitral ICSID No. ARB(AF)/04/01. Dueña de CP Ingredientes, SA de CV (antes Arancia Corn Products, SA de CV), estableció en San Juan del Río, Querétaro, una planta productora de fructosa. Ante el Ciadi, argumentó que el IEPS del 20 por ciento a los refrescos endulzados con edulcorantes distintos del azúcar de caña decretado por el Legislativo en 2001 “le impidió” vender fructosa al sector refresquero, su principal mercado. Reclamó que tal impuesto violaba el artículo 1102 (Trato nacional) “porque discrimina en contra de la fructosa”; 1106 (Requisitos de desempeño), “porque las embotelladoras están obligadas a utilizar insumos nacionales (azúcar)”; y 1110 (expropiación), porque el impuesto supuestamente destruyó el valor de su inversión. Demandaba un pago de 325 millones de dólares.

En octubre de 2008, el Ciadi sentenció a México a pagarle a Corn 53 millones de dólares. En un boletín oficial fechado en agosto de 2009, la compañía señalaque para esos momentos aún no sabe si reclamarán otros derechos “que prevé la legislación aplicable”.

Nueve meses después del juicio de Corn, en octubre de 2003, Ciadi radicó el de las compañías Archer Daniels Midland, Co, y Tate & Lyle Ingredients Americas, Inc, dueñas en México de la productora de fructosa Almex, SA de CV.

Al amparo del capítulo XI del TLCAN, acusaron la supuesta violación a los artículos 1102 (Trato nacional), 1106 (Requisitos de desempeño) y 1110 (Expropiación y compensación), argumentando que las medidas adoptadas por el gobierno de México _de fijar cuotas compensatorias en contra de las importaciones de fructosa provenientes de Estados Unidos, la limitación al acceso de la cuota TLCAN de maíz amarillo para producir fructosa, y particularmente la adopción del IEPS del 20 por ciento_ “violaban” sus derechos.

En el juicio ICSID No. ARB (AF)/04/5, demandaron una indemnización de 100 millones de dólares. El 21 de noviembre de 2007, Ciadi ordenó a México a pagarles 33 millones 510 mil 091 dólares más intereses.

El dinero de las arcas públicas mexicanas fue a parar a los bolsillos de una compañía acusada en Estados Unidos de prácticas monopólicas, por las cuales, incluso, en 1996, el gobierno estadunidense obligó a la Archer- Daniels-Midland, Co, a pagar una multa récord de 10 millones de dólares.

En el amargo caso de la fructosa estadunidense, la Cargill Incorporated también demandó su “indemnización”. En su juicio ICSID No. ARB (AF)/ 02/05, que inició en septiembre de 2004, cinco años después, el 18 de septiembre de 2009, el tribunal le ordenó a México pagarle 77 millones 300 mil dólares por supuestos daños y perjuicios, más intereses y costas. Cargill acusó que México “adoptó impuestos y otras medidas que favorecieron a los productores de azúcar nacional por encima de los estadunidenses productores de jarabe de maíz alto en fructosa”.

Ante tales resultados y el mutismo oficial del gobierno federal, mineras, siderúrgicas e industriales de todo tipo amenazan públicamente con enjuiciar a México. La minera canadiense Blackfire Exploration, Ltd, por ejemplo, ha dicho que llevará al Estado mexicano al Ciadi por la clausura de su mina de barita, ubicada en el municipio de Chicomuselo, Chiapas. En diciembre de 2009, las autoridades del gobierno de Chiapas clausuraron la mina por las probadas afectaciones ambientales.

El corporativo minero dice que demandará una indemnización de 800 millones de dólares. Son las organizaciones y grupos ambientalistas de su país sede, Canadá, las que han respondido a sus amenazas, condenando la pretensión de la compañía, a la que además se le atribuye la autoría intelectual del asesinato del ambientalista Mariano Abarca Roblero y las lesiones en contra de Orlando Velázquez Rodríguez –en noviembre de 2009_, ambos integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería.

Janet Eaton, de la organización Sierra Club de Canadá y encargada de la campaña sobre acuerdos comerciales, dice que las pretensiones de la Blackfire Exploration son una muestra más de que “el Capítulo 11 del TLCAN sólo ofrece privilegios a los inversionistas extranjeros y su aplicación de manera confidencial, en tribunales comerciales no democráticos, fuera del sistema judicial nacional, debe ser eliminada y considerada como práctica comercial desleal”.

“Si alguna vez hubo una oportunidad más clara para que los gobiernos de Canadá, México y Estados Unidos eliminen el Capítulo 11 del TLCAN, debe ser en estos momentos”, dice Janet Eaton.

Fuente: Revista Fortuna

“Guerra” contra las drogas: el intervencionismo de EU

Como no ocurría en décadas, la “guerra” de Calderón Hinojosa contra las drogas terminó por someter la soberanía nacional a los dictados de Washington. Generales brigadieres reconocen que, con el fortalecimiento de la ASPAN, la Iniciativa Mérida y la adhesión militar al Comando Norte, las Fuerzas Armadas mexicanas se han subordinado completamente a los intereses de Estados Unidos.

Nancy Flores / Quinta parte

Con el pretexto de combatir el narcotráfico en México, el gobierno de Barack Obama impone su agenda de seguridad a la administración de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. A cambio, este último ha recibido, en tres años, 1 mil 300 millones de dólares como “ayuda” antinarcóticos.

A pesar de los nulos resultados de la “guerra” contra las drogas –que ha costado la vida a más de 23 mil civiles y sólo ha enjuiciado a 1 mil 306 miembros de la mafia mexicana (Contralínea 184)–, la intervención estadunidense está en marcha.

Y es que, en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) –firmada en el sexenio de Vicente Fox Quesada y ratificada por Calderón Hinojosa– se promueve no sólo la adhesión de las Fuerzas Armadas mexicanas al Comando Norte, sino también las “operaciones conjuntas” en territorio nacional, amparadas en la Iniciativa Mérida.

—Calderón está de acuerdo con la intromisión [de Estados Unidos] en los asuntos internos del país, con la participación de la potencia del norte en operativos conjuntos y acciones antidrogas en territorio mexicano. El tráfico de drogas dentro de su país los tiene sin cuidado [a los estadunidenses], únicamente les preocupa que su mercado pueda quedar desabastecido –señala el general brigadier en retiro, Samuel Lara Villa.

Entre las formas de intrusión que ya se aplican en el país, destaca la oficina bilateral de la Iniciativa Mérida, que reunirá a 75 funcionarios: 45 estadunidenses y 30 mexicanos. A decir de la embajada de Estados Unidos, se trata de un “espacio de trabajo compartido que será utilizado únicamente para la implementación de proyectos de capacitación y equipo de la Iniciativa, y de ningún modo tendrá un enfoque de realización de operativos”. No obstante, su sede se localiza físicamente en México, no en el país vecino.

Intrusión abierta y velada

El general brigadier y doctor en administración pública, Francisco Gallardo, opina que “hay una política de entrega de la soberanía que se radicaliza más con la llegada de la derecha en 2000”.

—México no es un Estado fallido. Ése es un pretexto para justificar la intromisión de las fuerzas de seguridad [estadunidenses]. Dijeron que, como México no podía con el asunto de la lucha contra las drogas y como es un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos, ellos se pueden meter aquí. Así lo han dicho abiertamente. Tenemos un gobierno fallido, no un Estado fallido. El gobierno es lo que está fallando: están colapsados los sistemas de justicia, seguridad, salud. Lo que no está colapsado es el pueblo, aunque lo quieren someter a través del miedo.

A mediados de marzo pasado ocurrió la primera intervención de Estados Unidos en México, sin la participación de las fuerzas del orden nacionales. Entonces, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) se trasladaron a Ciudad Juárez, Chihuahua, para investigar los asesinatos de Lesley Enriquez –funcionaria del Consulado de Estados Unidos en esa entidad–, su esposo y el marido de otra empleada de esa misma delegación, ocurridos en un par ataques simultáneos y atribuidos al narcotráfico.

Otras operaciones, sin embargo, son veladas. Tal sería el caso de la Operation Black Flag, a cargo de la Drug Enforcement Administration (DEA), que tiene por objetivo debilitar a los cárteles de Sinaloa y del Golfo, y que estaría proveyendo de información a la Procuraduría General de la República (PGR), que encabeza Arturo Chávez Chávez.

“El principal objetivo del programa es realizar un seguimiento e informar, con recursos de inteligencia, la capacidad y la probabilidad de que esos cárteles de la droga mexicana ejecuten actos violentos en Estados Unidos”, señala la DEA en su presupuesto para 2010.

Agrega que los trabajos de inteligencia se hacen en Estados Unidos y en México y que incluyen el uso de fuentes confidenciales, el seguimiento a trabajos periodísticos y la “intercepción de telecomunicaciones”.

“La operación Bandera Negra cubrirá los cambios en las estructuras de comando y transporte de los cárteles en ambos lados de la frontera con México. Al rastrear los cambios en sus estructuras de liderazgo, la DEA desarrollará un conocimiento único dentro de las actividades y motivaciones detrás de los cárteles del Golfo y Sinaloa en su lucha por el control de la frontera”, indica el presupuesto.

Sometimiento total

El 23 de marzo de 2005, los entonces presidentes Vicente Fox, George W Bush y Paul Martin –primer ministro de Canadá– signaron la ASPAN, en Waco, Texas. De acuerdo con la información oficial difundida por el gobierno mexicano, la Alianza es un proceso trilateral permanente hacia una mayor integración de América del Norte.

Militarización, el fin

El sometimiento de México a Estados Unidos no sólo abarca al aparato de seguridad pública. También toca al sistema judicial. De diciembre de 2006 a mayo de 2010, el gobierno del panista Calderón Hinojosa ha concedido 320 extradiciones, principalmente de presuntos narcotraficantes.

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CONTRA EL IMPERIALISMO YANQUI!!!!

DIEZ MOTIVOS PARA NO ESTAR DE ACUERDO CON NINGUNA REFORMA LABORAL

Por: Eduardo Miranda Esquivel

Presidente Colegiado de la Unión de Juristas de México

1.- El 18 de marzo de 2010 un grupo de legisladores panistas presentó una iniciativa de reforma laboral a la Ley Federal del Trabajo (LFT), que propone la eliminación de derechos previstos en la Ley y conquistados en más de un siglo de lucha de las y los obreros mexicanos. De los 1010 artículos de la LFT, proponen el cambio, adición o supresión de 429, mediante modificaciones cosméticas y de fondo, con la intención de anular la estabilidad en el empleo, a través de nuevas modalidades flexibles de contratación (a prueba, por temporada y capacitación inicial), la fijación del banco y pago por horas, las multihabilidades y la legalización de los outsourcing, substituyendo el Estado social por un Estado “pollero”, por ello, las y los mexicanos honestos no estamos de acuerdo.

2.- La reforma laboral que propone Calderón forma parte del paquete de reformas estructurales que los gobiernos de las tres últimas décadas han venido impulsando para cumplir las “recomendaciones” del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, en el contexto del “Consenso de Washington”, con el propósito de insertar la economía mexicana al neoliberalismo, desaparecer el Estado social, suprimir su papel rector en el desarrollo económico, desregular el marco legal para ajustarlo al del Tratado de Libre Comercio de America del Norte, facilitar la entrada de capitales y la utilización barata y a gran escala de la mano de obra en beneficio de los magnates capitalistas, vulnerando la soberanía nacional y la supremacía constitucional, por ello las y los patriotas no estamos de acuerdo.

3.- Los objetivos formales de la reforma panista establecen adecuar la LFT a la “modernidad”, mejorar la productividad y competitividad y fomentar el empleo, lo cual aparece como piadoso, pero falso e imposible de conseguir, debido a la crisis del modelo económico que prevalece, irracional, injusto, con un sistema político y judicial corrupto, sujeto a profundas y diferenciadas desigualdades, dependiente del exterior, desprovisto de progreso científico y de un presupuesto y banca de desarrollo social que apoye el bienestar colectivo, la innovación tecnológica y el financiamiento a millones de micro y pequeños empresarios. La reforma es solamente un fraude “legal” en beneficio de los grandes capitalistas. Por ello, las y los ciudadanos conscientes no estamos de acuerdo.

4.- La reforma laboral panista tiene como objetivos reales cumplir con intereses extranjeros opuestos a los del país y a los de los trabajadores, al proponer los mismos esquemas de las reformas laborales que se han establecido en Europa y Latinoamérica y que han fracasado para mejorar el empleo y las condiciones de trabajo de cada país, pues al responder a una estrategia globalizadora, únicamente han beneficiado al capital trasnacional, propiciando la desvalorización del trabajo, la pérdida de derechos, la precarización del empleo y la restricción de los derechos sindicales, por lo que de aprobarse en México, en el marco del bicentenario de nuestra Independencia y centenario de la Revolución, fundaría una regresión social, por ello las y los trabajadores no estamos de acuerdo.

5.- La propuesta de reforma laboral contenida en la mayoría de las 334 iniciativas presentadas en los últimos 22 años, ha sido con los mismos supuestos, sin considerar que el escenario ha cambiado. Hace tres décadas el neoliberalismo propició una nueva acumulación de capital al abrir los mercados, elevar la productividad y reducir los costos laborales, valiéndose del progreso científico y la caída del campo socialista y del movimiento sindical, permitiendo el crecimiento y enriquecimiento de algunos países y trasnacionales y la contención del desempleo. Treinta años después el modelo se agotó, no hay crecimiento ni empleo. La crisis global tocó fondo. Reformar la LFT en medio de la crisis para quitar “rigideces”, anulando derechos, y promover la inversión extranjera, sin protección de nuestras empresas, más que un error sería un crimen de lesa humanidad, por ello, las y los millones de damnificados del neoliberalismo no estamos de acuerdo.

6.- Los trabajadores y sindicatos mexicanos no han pedido ni demandan una reforma laboral, ni mucho menos una que les quite derechos, sin consulta alguna; que pretende facilitar su aprobación dejando de adorno el artículo 123 Constitucional, al aprobar cambios contrarios a los derechos laborales adquiridos, y, que se basa en argumentos engañosos de que es necesaria para modernizar el país, actualizar el marco legal, generar miles empleos, mejorar la productividad y la impartición de justicia, cuando es evidente que quienes demandan dicha reforma, son los oligarcas, los grandes capitalistas, banqueros y empresarios, así como los partidos y diputados que han traicionado a su pueblo en razón de sus mezquinos intereses, por ello, las y los sindicalistas no estamos de acuerdo.

7.- La problemática laboral y la experiencia del movimiento obrero muestran que en la coyuntura que vive México no se necesita de ninguna reforma laboral, sino que se cumpla la ley vigente, porque el problema no es la Ley sino quienes tienen la obligación de hacerla cumplir. La Constitución, la LFT y la Ley Federal del Trabajo Burocrático, prevén una serie de derechos que no se cumplen por el gobierno, con la complicidad de las Juntas de Conciliación, Tribunales y Ministros del poder judicial, de tal forma, que el empleo para todos, salario suficiente, jornada razonable, vivienda digna, salud y seguridad social, libertad sindical y derecho de huelga, así como el derecho de recibir justicia pronta, gratuita e imparcial, solo constituyen un ejemplo de para qué reformar la ley si lo que hace falta es cumplirla y hacerla cumplir, por ello, las y los juristas no estamos de acuerdo.

8.- El entorno no es nada favorable para las y los trabajadores, estén o no sindicalizados. La recuperación económica es una farsa, porque la realidad y los estándares internacionales indican que ésta tardará 4 ó 5 años y la de empleo mucho más. La descomposición política y la violencia son una constante creciente y las alianzas electorales de los partidos, acreditan verdaderas componendas que no responden a los supremos intereses de la nación y del pueblo. La ofensiva del régimen en contra de los trabajadores y sindicatos es constante, y al no existir una buena correlación de fuerzas en el Congreso para intentar una reforma laboral democrática, como la que pretenden algunos diputados, sería permitir o abrir una falso debate sobre las bondades de cualquier reforma y su aprobación provocaría el caos social, porque a esta reforma se encadenarían la reforma a Ley burocrática y la caída del sistema de pensiones, al precarizar el empleo, por ello, las y los diputados honrados no estarían de acuerdo con dicha reforma.

9.- En síntesis la reforma laboral panista transgrede los fundamentos del derecho mexicano del trabajo plasmados en el original artículo 123 constitucional, al romper con los principios de equidad, igualdad y justicia social que deben prevalecer entre los factores de la producción; transgrede la soberanía nacional, el constitucionalismo social y la supremacía constitucional, anula la estabilidad en el empleo, limita los alcances indemnizatorios que nacen del despido y los derechos colectivos de libertad sindical, huelga y contratación colectiva, proyectando para el caso de su aprobación, la precarización de millones de obreros, jornaleros, empleados, pequeños empresarios y cooperativistas, por ello, todas y todos no estamos de acuerdo con ninguna reforma laboral.

10.- Los juristas llamamos a las y los trabajadores a mantener e intensificar la resistencia, desplegar todas las formas de lucha para defender nuestros derechos, propiciar la organización y la unidad de clase y de todo el pueblo, así como, exhortamos a los legisladores consecuentes a establecer leyes y puntos de acuerdo, que sin tocar la LFT, hagan efectivos los derechos laborales, para que haya empleos dignos, un seguro de desempleo a nivel nacional, salarios suficientes, control de precios de la canasta básica y el respeto al libre ejercicio de los derechos colectivos y sindicales, al igual que, la restitución inmediata de los derechos de seguridad social de carácter universal y solidario y la protección y estatización de los fondos de pensiones y ahorros laborales.

Estados Unidos sobre México: la intervención que viene

Por Clase Politica

El Director General de la compañía de análisis geopolítico mundial, Stratfor, (conocida como La Sombra de la CIA), George Friedman, nos advierte que Estados Unidos está por tomar decisiones serias, con respecto al problema de la guerra del narco en México, cuya solución es la intervención directa del país imperial, vía una compleja mezcla de acciones económicas y militares; o dejar que las cosas permanezcan como están y se decanten, para intervenir finalmente en su punto más crítico de la misma forma.

En clasepolitica.com decidimos republicar el artículo de Friedman, al considerarlo de relevancia para nuestros lectores. En pocas palabras: además de la intervención cultural que ya practican en nuestro país, los Estados Unidos ahora quieren el control del negocio y el dinero que beneficia a la economía nacional de México. Leamos:

México y el Estado fallido

Por George Friedman/Stratfor.com

Stratfor dijo el 13 de marzo de 2008, que México estaba a punto de la situación de un Estado fallido . Un Estado fallido es aquel en el que el gobierno central ha perdido el control sobre áreas significativas del país y el Estado es incapaz de funcionar. Al volver sobre esta cuestión, nos parece que el gobierno mexicano ha perdido el control de la zona norte del país entre las organizaciones de contrabando de drogas, que tienen mayor poder y son más significativas en la región que las fuerzas gubernamentales. Además, la capacidad del gobierno central para hacer valer su voluntad en contra de estas organizaciones se ha debilitado hasta el punto de que las decisiones tomadas por el Estado contra los cárteles no se están aplicando o se están aplicando de una manera que garanticen el fracaso.

A pesar de estos hechos, no está claro para Stratfor que México se esté convirtiendo en un estado fallido. En cambio, parece que el Estado mexicano se ha acomodado a la situación. En lugar de esto, se han desarrollado estrategias diseñadas tanto para aguantar la tormenta, como para maximizar los beneficios de esa tormenta para México.

En primer lugar, mientras que el gobierno mexicano ha perdido el control sobre las cuestiones que tengan que ver con drogas y con las fronteras de los Estados Unidos, el control de la ciudad de México frente a otras regiones – y otras áreas de lucha contra las drogas – no ha colapsado (aunque su falta de control sobre drogas podría extenderse a otras áreas con el tiempo). En segundo lugar, el narcotráfico reforma radicalmente las instituciones mexicanas y también, paradójicamente, estabiliza a México. Tenemos que examinar estas contracorrientes para comprender al Estado Mexicano.

El problema central de México

Comencemos por entender el problema central. Estados Unidos consume grandes cantidades de estupefacientes, que, aunque ilegales allí, se abren camino en abundancia. La producción de estupefacientes se deriva del bajo costo de estos productos agrícolas, que se convierten en consumibles con un procesamiento mínimo. Con su larga frontera con los Estados Unidos, México se ha convertido en un gran productor, procesador y exportador de estupefacientes. Debido a que las drogas son ilegales y por lo tanto fuera de los procesos normales de mercado, su precio se determina por su ilegalidad y no por el coste de producción. Esto significa beneficios extraordinarios que se pueden hacer por movimiento de narcóticos desde el lado mexicano de la frontera, a los mercados del otro lado.

Quien controla la cadena de suministro desde los campos hasta las instalaciones de transformación y, sobre todo, a través de la frontera, produce cantidades enormes de dinero. Varias organizaciones mexicanas – llamados cárteles, aunque no realmente funcionan como tales, ya que los cárteles ciertamente tienen menor participación en al menos un grado de cooperación entre los productores, no una guerra abierta – compiten por este negocio. Estas empresas están compitiendo, cada una con su propia cadena de suministro de la competencia.

Por lo general, la competencia entre empresas implica reducir las demandas y aumentar la calidad. Esto produciría cambios pequeños y graduales en los beneficios en el conjunto, mientras que reduce drásticamente los precios. Una mayor cuota de mercado podría compensar los precios más bajos. Del mismo modo, los pleitos son la solución normal a la competencia desleal. Pero tampoco es el caso respecto de las mercancías ilegales.

La manera más segura para aumentar las ganancias del contrabando no es a través de los mecanismos del mercado, sino hacerse cargo de las cadenas de competencia y suministro. Teniendo en cuenta los márgenes de beneficios involucrados, sería irracional que las personas quieran comprar para controlar las cadenas de suministro de drogas, ya que la solución menos costosa sería la de tomar el control de estas cadenas de suministro por la fuerza. Así, cada organización de contrabando tiene un organismo autónomo adscrito de paramilitares, para proteger su propia cadena de suministro y aprovechar las cadenas de sus competidores de suministro.

El resultado es la guerra en curso, entre las organizaciones competidoras. Dada la cantidad de dinero que están aportando en la entrega de su producto a las ciudades norteamericanas, estas organizaciones paramilitares están bien armadas, bien dirigidas y motivadas. La pertenencia a esos grupos paramilitares ofrece a empobrecidos hombres jóvenes extraordinarias oportunidades para hacer dinero, mucho mayor de lo que tendrían disponibles para ellos en actividades legítimas.

La encarnizada guerra en México se deriva lógicamente de la existencia de mercados para los narcóticos en los Estados Unidos, el bajo costo de los materiales y procesos requeridos para producir estos productos, y la economía en movimiento extraordinariamente favorables de narcóticos en la frontera. Esta guerra se concentra en el lado mexicano de la frontera. Pero desde el punto de vista mexicano, esta guerra no amenaza fundamentalmente los intereses de México.

Una lucha de Lejos del corazón de México

El corazón de México está al sur, lejos de los niveles del norte del país. El norte es una gran región desértica, escasamente poblada, y vista desde la ciudad de México, es como una zona de frontera exótica entrelazada con los Estados Unidos. En consecuencia, se observa que la encarnizada guerra no representa una amenaza directa para la supervivencia del régimen mexicano.

De hecho, las guerras que se libran redundan en beneficios de alguna manera para México. La cantidad de dinero que llega a México, anualmente, es impresionante. Se estima en alrededor de $35 mil millones dólares a $40 mil millones cada año. Los márgenes de beneficio masivo hacen esta cantidad aún más significativa. Suponga que el sector manufacturero produce ingresos de $40 mil millones de dólares al año, a través de las exportaciones. Suponiendo un generoso margen de 10 por ciento de beneficios, los beneficios reales serían de $4 mil millones al año. En el caso de los estupefacientes, sin embargo, los márgenes de beneficio según un cálculo conservador se sitúa en alrededor del 80 por ciento. La ganancia de los $40 mil millones sería de 32 mil millones dólares, para producir ingresos equivalentes en el sector manufacturero, las exportaciones tendrían que ser por un total de 320 mil millones dólares.

Para estimar el impacto del narcotráfico en México, por lo tanto, hay que tener en cuenta que las drogas no se pueden comparar con cualquier exportación convencional. El comercio de drogas y los márgenes de beneficio son tremendamente, en promedio, más altos, que su impacto total en México; incluso supera ampliamente las ventas totales estimadas, aunque los márgenes han cambiado sustancialmente.

En general, México es un gran beneficiario del tráfico de drogas. Aunque algunos de los bienes se invierten en el extranjero, la piscina de dinero restante fluye hacia México y crea una liquidez enorme en la economía mexicana, en un momento de recesión mundial. Es difícil determinar dónde se va y está el dinero de drogas, lo cual deriva de su ilegalidad. Ciertamente, los traficantes de drogas quieren su dinero en una jurisdicción donde no puedan ser fácilmente rastreados ni incautados. Las leyes de incautación de bienes por tráfico de drogas de los Estados Unidos no lo hacen un paraíso probable. Aunque el dinero fluye con claridad a México, la capacidad de los contrabandistas de influir en el comportamiento del gobierno mexicano por la inversión que hacen en el país, lo colocan como un destino probable para ser receptores de una parte considerable de esos fondos.

El dinero, sin embargo, no fluye de nuevo a manos de los hombres armados en la frontera, incluso sus jefes no pueden administrar fondos de esa magnitud. Y aunque el dinero puede ser – y es a menudo – embalado y oculto, el valor del dinero está en su uso. Al igual que con el dinero ilegal en todas partes, el objetivo es lavarlo y lo invierten en negocios legales en los que puede producir más dinero. Eso significa que tiene que entrar en la economía a través de instituciones legítimas – de los bancos y otras entidades financieras – y luego se reasigna a la economía. Esto no es diferente de la práctica estadounidense de la mafia durante y después de la prohibición.

La Guerra contra las Drogas y México: Intereses Nacionales

Desde el punto de vista de México, interrumpir el flujo de drogas a los Estados Unidos no está claramente en el interés nacional o en el de la élite económica. Los observadores a menudo hablan sobre la guerra entre las organizaciones de contrabando en la frontera norte, pero raramente del flujo de dinero estadounidense a México. Ciertamente, ese dinero podría corromper al Estado Mexicano, pero también se comporta como el dinero lo hace. Se acumula y se invierte, lo que genera riqueza y empleo.

Para el gobierno mexicano, estar dispuestos a cerrar este flujo de dinero, extendería la violencia geográfica. Y dada la dificultad de poner fin al tráfico de todos modos – y que muchos en la seguridad del Estado y el aparato militar se benefician de ella- una conclusión obvia se puede extraer: es decir, es difícil prever escenarios en los que el gobierno mexicano podría o querría dejar el narcotráfico. En cambio, México aceptará tanto el dolor y los beneficios del tráfico de drogas.

La política de México es consistente: Se hace todo lo posible para parecer detener el tráfico de drogas, para que no se le acuse de que lo apoyan. El gobierno no se opone a atacar a uno o más de los grupos de contrabandistas, siempre y cuando la entrada del total de dinero en efectivo no disminuya materialmente. Esto muestra ante los Estados Unidos (aunque de manera insuficiente) que se hace frente al comercio, al tiempo que señalan problemas muy reales, con su aparato militar y de seguridad; y con sus funcionarios en la Ciudad de México. Simultáneamente, se apunta a los Estados Unidos como la causa del problema, dado el fracaso de Washington para controlar la demanda o para reducir los precios mediante la legalización. Y si grandes cantidades de dinero van en tropel a México como resultado de este fracaso de EE.UU, México no lo va a rechazar.

El problema con los militares mexicanos o de la policía no es la falta de entrenamiento o equipo. No es una falta de liderazgo. Estos pueden ser problemas, pero son sólo problemas si interfieren con la aplicación de la política nacional mexicana. El problema es que estas fuerzas son personalmente motivadas para asumir los riesgos necesarios por ser eficaces, ya que les beneficiará más ser ineficaces. Esto no es incompetencia, sino una política nacional racional.

Por otra parte, México tiene profundos agravios históricos hacia los Estados Unidos que se remontan a la Guerra de Intervención Norteamericana. Estos han sido exacerbados por la política de inmigración de USA, pues los mexicanos ven esto tanto como un insulto y una amenaza a su política de exportación de mano de obra excedente hacia el norte. Así, no hay deseo de resolver el problema por parte de los americanos. Ciertamente, hay individuos en el gobierno de México que desean detener el contrabando y la entrada de miles de millones de dólares. Ellos tratarán. Pero no tendrán éxito, ya que hay demasiado en juego. Hay que ignorar las declaraciones públicas y las garantías de seriedad privada y en su lugar observar los hechos sobre el terreno para entender lo que realmente está pasando.

Problema: Lo estratégico de Estados Unidos

Y esto deja a los Estados Unidos con un problema estratégico. Hay algo de charla en la ciudad de México y Washington, sobre los norteamericanos, para involucrarse en la supresión del contrabando en México (a pesar de los cárteles, por usar ese nombre extraño, para asegurarse de no incurrir en actos de violencia significativos al norte de la frontera y hacer la máscara de la misma para reducir la presión de EE.UU. sobre México). Esto es ciertamente algo a lo que los mexicanos atrae. Pero no está claro que los estadounidenses tengan más éxito que los mexicanos. Lo que está claro es que cualquier intervención de EE.UU. contra los narcotraficantes mexicanos se interpretará por los patriotas como otra incursión yanqui. Recuerde que Pershing nunca capturó a Pancho Villa, pero sí ayudó a convertir a Villa en un héroe nacional en México.

Los Estados Unidos tienen una serie de opciones. Podrían aceptar el status quo. Se podría encontrar la manera de reducir la demanda de drogas en los Estados Unidos. Podrían legalizar las drogas, impulsando así su precio hacia abajo y poner fin a la motivación para el contrabando. Y podrían pasar la factura a México, en un intento de imponer su voluntad contra un gobierno, el que el sistema bancario, la policía y la fuerza militar, se benefician del tráfico de drogas.

Los Estados Unidos no saben cómo reducir la demanda de drogas. Los Estados Unidos no están dispuestos a legalizar las drogas. Esto significa que la elección se encuentra entre el statu quo y un complejo e incierto (por decir lo menos) sistema de intervención.

Tenemos la sospecha de que los Estados Unidos intentará un poco de variedad limitada de esto último, al término de la estrategia actual y que vive con el problema.

En última instancia, México es un Estado fallido sólo si acepta la idea de que su objetivo es aplastar a los contrabandistas. Si, en cambio, se acepta la idea de que todos los beneficios de la sociedad mexicana, a partir de la entrada de miles de millones de dólares americanos, (aunque también se paga un precio), entonces el Estado Mexicano no ha fracasado – está siguiendo una estrategia racional para a su vez resolver un problema, de beneficio nacional.