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martes, enero 10, 2012

Elecciones en tiempos de cólera


El precandidato del  PRI a la Presidencia, Enrique Peña Nieto. Foto: Miguel Dimayuga

Peña Nieto: encuestas, spots y redes sociales

MÉXICO, D.F. (apro).- La primera encuesta pública que midió el impacto de los “errores de diciembre” de Enrique Peña Nieto se dio a conocer este 10 de enero. Se trata de Consulta Mitofsky, la empresa dirigida por Roy Campos, que …

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AMLO durante la  constitución de Morena como A.C. Foto: Germán Canseco

Elecciones en tiempos de cólera

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Las elecciones de 2012 se realizarán probablemente en medio del temor que provoca la inseguridad, la ansiedad del desempleo, las turbulencias en la economía informal, donde reina la ley del más fuerte, así como el hastío ante el desprestigio de la clase política.Gran parte del electorado oscila entre el miedo a que venga algo peor y el ardiente deseo de poner

Se registra  Mancera para Gobierno del DF; “no soy delfín” de Ebrard, dice. Foto:  Germán Canseco

Mancera, el candidato oficial

MEXICO, D.F. (apro).- “No, nosotros no somos delfines”, se defendió Miguel Angel Mancera con ese vicio que tiene de expresarse en primera persona del plural y quien pretende, con sólo una breve carrera policiaca al amparo de Marcelo Ebrard, ser el candidato de la izquierda a jefe de Gobierno del Distrito Federal.La currícula oficial de Mancera evidencia el sello de Ebrard, su patrocinador: Fue

Enrique Peña  Nieto, candidato priista a la Presidencia. Foto: Germán Canseco

Homo priistus

1. Igual que un árbol es los círculos concéntricos de corteza de su historia. Igual que un organismo es la memoria de su evolución cifrada en su estructura orgánica. Igual la cultura priista puede explicarse por su génesis y sus principales momentos de cambio.2. El priismo se inventó para evitar golpes de Estado, y sus horrendos ríos de sangre derramada. En adelante, unos pocos,

Mexicana. Sin  alas. Foto: David Deolarte

Mexicana, las contradicciones de la SCT

MÉXICO, D.F. (apro).- Dentro de 35 días vence el plazo para que el juez Felipe Consuelo Soto declare en quiebra a Mexicana de Aviación. De no presentarse algún inversionista que pretenda “rescatar” a la aerolínea, la empresa desaparecerá y con ella los cientos de trabajadores que desde agosto de 2010 perdieron su fuente laboral.Mexicana, de haberlo querido el gobierno, bien pudo haber obtenido recursos

Calderón y Obama.  Tareas pendientes. Foto: Benjamin Flores

México y el mundo: las tareas pendientes

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Las relaciones de México con el mundo al terminar 2011 se encuentran en circunstancias difíciles. Empecemos con el entorno inmediato. Desde el norte, la animadversión hacia los trabajadores indocumentados mexicanos se hace cada día más intensa. Ya son seis los estados que han promulgado leyes que, entre otros puntos, atentan contra sus derechos humanos. Es sólo un aspecto del problema. Como

A cinco años de la  guerra contra el narco. 9 de enero de 2011. Una víctima y su familiar  en Acapulco. Foto: AP

Las víctimas, actores de cambio

MÉXICO, D.F. (apro).- Hasta el año pasado, luego de diversas manifestaciones, protestas y denuncias, las víctimas de la narcoviolencia y de la guerra contra el crimen organizado que impulsó el gobierno calderonista no sólo se hicieron visibles, sino que han comenzado a emerger como defensores de derechos humanos y actores del cambio.Por varios años, las víctimas de esta espiral de violencia incontrolable y absurda

Mitin de AMLO en  Xochilmilco. Foto: Eduardo Miranda

Código Federal de Instituciones Disfuncionales y Malos Procedimientos Electorales (Cofipe)

Artículo 11. Las disposiciones de este Código son de orden manipulable y de falta de observancia general en el territorio nacional.2. Este Código es violado –o interpretado a modo– en todo lo referente a la organización, función y prerrogativas de los partidos políticos.Artículo 21. Para el desempeño de sus funciones las autoridades electorales pasarán el tiempo contradiciéndose las unas a

Julian Assange,  fundador de Wikileaks. Foto: AP

Strauss Khan, Assange, News Corp., escándalos de un año

MÉXICO, D.F. (apro).- Infidelidades, espionaje, abuso de poder, presunto abuso sexual, crímenes, corrupción, revelación de secretos y mentiras develadas ante el Big Brother multimediático. Los elementos clásicos del escándalo político-mediático, la gran invención del periodismo anglosajón desde el Watergate de los años setenta, se reprodujeron en este 2011 en el ámbito financiero, político y periodístico.El escándalo del cantante mexicano Kalimba, en enero de 2011,

Las elecciones del  miedo. Foto: Octavio Gómez

Los procesos electorales de 2012

Normalmente la elección presidencial influye decisivamente en el resto de los comicios que se celebran en la misma jornada; sin embargo, no puede descartarse que haya también impactos inversos, es decir, de las elecciones de gobernadores y jefe de Gobierno a la presidencial, particularmente si el proceso de designación de los candidatos provoca rupturas al interior de alguna o algunas de las fuerzas políticas.En

viernes, abril 01, 2011

TV de paga, fuera de la ley electoral

La televisión de paga, cuyo mercado supera los 9 millones de usuarios, no tiene ningún tipo de restricciones para el proselitismo en tiempos electorales, como sí lo tiene la televisión abierta. En una elección cerrada, como se espera que sea la de 2012, la falta de control en los spots podría determinar el triunfo de un candidato y la derrota de otro. Autoridades electorales y partidos políticos burlan la ley federal en la materia.

Fernando Ortega Pizarro *

Desde el punto de vista jurídico, al Instituto Federal Electoral (IFE) le hace falta mayor precisión sobre su responsabilidad en la verificación de la difusión de la propaganda electoral a través de la televisión de paga (vía satélite, cable y microondas). Además, en el plano operativo, no cuenta con la infraestructura para hacerlo.

Es decir, partidos, candidatos, funcionarios, particulares, empresas y diversas organizaciones tendrán la posibilidad de contratar promocionales políticos o gubernamentales en la televisión restringida para influir en los electores, debido a que el IFE no la monitorea. Y si los descubren, la multa valdría la pena si se logran los objetivos en el elector.

“Van a apostar a que nadie se dé cuenta”, considera Javier Aparicio, especialista del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Los canales propios de la televisión de paga no son monitoreados por el IFE, porque “nosotros no tenemos diseñado un sistema de esa naturaleza; la ley nos obliga a monitorear las señales abiertas de la televisión gratuita y las que teniendo esta condición se transmiten en los sistemas de cable, pero nada más”, explica el consejero electoral Marco Antonio Baños.

Por supuesto, dice, existe la tentación de comprar espacios en la televisión de paga. “Pero las señales restringidas no tienen una cobertura amplia como la de las señales abiertas. A lo mejor resulta mucho más oneroso contratar de esa manera y tener un impacto pequeño en la población”, opina.

“Todavía no está decantada la posibilidad de que hagamos nosotros un monitoreo de señales restringidas. Tendríamos que tener algún tipo de queja de un partido o algo así”, precisa.

Sin embargo, este aprovechamiento mediático en la televisión de paga ya se dio durante el pasado proceso electoral a la gubernatura en Guerrero, con una cablera local. Es un anticipo de lo que podría venir en la próxima elección federal.

De acuerdo con la Comisión Federal de Telecomunicaciones, dentro de la televisión de paga el segmento de televisión vía satélite (DTH) llegó a 3.3 millones de suscriptores; el de televisión por cable, a 5.2 millones, y el de la televisión vía microondas, a 393 mil.

El mercado vía satélite está dominado por SKY (Televisa) y una parte por Dish (MVS). La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha otorgado más de 1 mil 100 concesiones a poco más de 200 grupos de televisión de cable. Los más grandes son Cablemás y Cablevisión (ambos de Televisa, con los que controla el 50 por ciento del mercado), y le siguen Megacable, Cablecom, Grupo Hevi, Acotel y Multimedios Redes.


En Guerrero, un anticipo

La empresa Sistema Guerrero Audiovisual, cliente de Cablemás Telecomunicaciones, transmitió en la entidad programas de apoyo a los candidatos de las coaliciones Guerrero Nos Une (Partido de la Revolución Democrática, PRD, Convergencia y del Trabajo), Ángel Aguirre Rivero, y de Tiempos Mejores para Guerrero (Partido Revolucionario Institucional, PRI, Partido Verde Ecologista de México, Nueva Alianza), Manuel Añorve Baños, al margen de los tiempos oficiales del Estado que pauta el IFE.

A favor del candidato de izquierda, se transmitió el programa Ángel TV los domingos de las 21:00 a las 02:00 horas por el Canal 6 de Cablemás de Acapulco, y en Chilpancingo, los miércoles de 19:00 a 20:00 horas por el Canal 25 de Cablemás; ambos, arrendados por el Sistema Guerrero Audiovisual.

A través del programa Tiempos mejores para Guerrero se le daba seguimiento al candidato de la coalición del PRI. La cablera informó que sólo se transmitió el domingo 16 de enero de 2011, a partir de las 20:00 horas, por el Canal 6 de Cablemás, en el municipio de Acapulco, y lo suspendió como una “medida preventiva y de equidad”.

Ni partidos ni contendientes impugnaron la transmisión de estos programas, a pesar de sus efectos en las preferencias electorales. Se hicieron de la vista gorda, pues no podían señalar un delito electoral si también lo habían cometido.

El que presentó la queja fue el vocal de la Junta Local Ejecutiva del IFE en Guerrero, al darse cuenta “por casualidad” de esos programas, pues no se monitorea la televisión restringida. Entregó su reporte al secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo.

La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE, a cargo de Antonio Gamboa Chabbán, se encargó de hacer la investigación y solicitó datos al Sistema Guerrero Audiovisual.

La cablera refirió que a Gamboa Chabbán –durante una reunión con medios de comunicación de la entidad, realizada en el Hotel Emporio de Acapulco– “se le cuestionó si las pautas específicas para la transmisión de los mensajes de los partidos políticos en este proceso electoral estaban incluidas las señales por cable, a lo contestó que no está incluida ni la de paga ni la de internet”.

En esa reunión, se acordó que la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE notificara las pautas, las órdenes de transmisión y los materiales respectivos a los concesionarios y permisionarios de radio y televisión que participaban en la cobertura del proceso electoral 2010-2011 de Guerrero.

“Lo cual nunca ocurrió con Sistema de Guerrero Audiovisual, puesto que jamás fue notificado de pautas específicas o algo por el estilo que debiera cumplir”, alegó la empresa.

En efecto, el IFE, a través de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, sólo elabora y ordena la transmisión de spots de los partidos y autoridades electorales en la televisión abierta o gratuita.

Sin embargo, los cableros también transmiten canales de televisión abierta, por lo que están obligados a no alterar esas pautas. Quedan en el aire el resto de los canales que manejan. Ése es uno de los huecos de la ley por donde algunos actores electorales creen que podrían comprar espacios en la televisión de paga.

En sus informes al secretario ejecutivo del IFE, la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos combate la argumentación del Sistema Guerrero Audiovisual (oficios 0291 y 0295).

Sostiene que los artículos 41 de la Constitución, 49 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) y 53 del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral establecen lo siguiente:

Aun cuando los partidos políticos gozan del derecho para acceder a los medios de comunicación, también tienen la obligación de no contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.

En todo momento, detalla, los concesionarios y permisionarios de radio y televisión deberán abstenerse de comercializar tiempos de transmisión, en cualquier modalidad de programación, a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular.

Precisa que dichas prohibiciones se refieren a cualquier modalidad de radio y televisión, ya sea mediante la concesión o permiso de radiodifusión (radio y televisión abierta y gratuita para toda la población) o a través de la concesión del servicio de televisión y audio restringidos.

“No obstante que el Instituto Federal Electoral no pauta promocionales de partidos políticos y autoridades electorales en los canales de televisión restringida, los concesionarios de televisión y audio restringidos están obligados a cumplir las disposiciones de la Constitución” y el Cofipe, puntualiza.

Es decir, apunta, el Código Federal Electoral es obligatorio para los concesionarios del servicio de televisión y audio restringidos.

En consecuencia, dice, en la contratación de la programación y la publicidad que podrá ser hecha por terceros, el concesionario se asegurará que se observe lo señalado por la ley. Si no es así, deberá abstenerse de transmitir la programación y publicidad de que se trate, porque de otra manera será responsable de las infracciones a la normatividad.

Por lo tanto, continúa, Sistema Guerrero Audiovisual acreditó “la difusión de tiempos en formato de programa y promocionales pautados por este instituto en la modalidad restringida”.

Éste es un asunto que eventualmente se discutirá en el IFE y probablemente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sea como sea, los programas aludidos cumplieron su propósito mediático.

De este tema, algunos actores electorales no quieren opinar o comprometerse. Se solicitó a la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec) un comentario acerca de la necesidad de regular la transmisión de spots o promocionales de partidos y candidatos en televisión restringida. Se le dijo que, debido a que no hay una normatividad al respecto, el medio de paga podría aprovecharse en las contiendas electorales por venir, principalmente en la del presidente de la República.

Contestó en un solo párrafo: “La Canitec es un órgano de representación empresarial que aglutina a los empresarios de telecomunicaciones por cable. Esta Cámara es respetuosa de la regulación que emita el Poder Legislativo y Ejecutivo en nuestra materia; corresponde a dichos Poderes de la Unión determinar lo que corresponda en materia electoral”.

Por su parte, Francisco Guerrero, consejero y presidente del Comité de Radio y Televisión del IFE, aceptó que “hasta el momento se ha venido trabajando en torno a la televisión abierta, y hacia el futuro habrá que estar muy pendientes de las modificaciones que se hagan al reglamento de radio y televisión para poder atender fenómenos emergentes”.

—Ante la proximidad de la elección federal, ¿no deberían tratarse esas cuestiones con cierta urgencia?

—Hay una agenda de muchos temas en el Comité de Radio y Televisión que vamos a ver en el futuro. Este asunto que se está planteando es un tema de reflexión que hay que estudiar.

Tanto el IFE como la Canitec dejan el problema en manos de los legisladores. Hasta ahora no hay seguridad de que se vaya a atender este hueco electoral en el actual periodo de sesiones que terminará en mes y medio.

El diputado Gastón Luken, exconsejero del IFE, comenta: “Son temas que están sobre la mesa, pero no sabría decir si eventualmente van a prosperar. Yo soy de la idea que sí debe haber precisiones y ajustes en función de la experiencia pasada y evitar los problemas que se tuvieron entonces”.

Después de varios años de impunidad en los que mandatarios estatales pudieron transmitir a nivel nacional “informes de gobierno” y mensajes estrictamente locales, el Instituto Federal Electoral (IFE) abandonó su posición de actuar sólo a petición de parte y decidió proceder de oficio.

Por tanto, ordenó retirar spots del gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, con motivo de su Cuarto informe de gobierno, transmitidos por concesionarias de TV Azteca en Guerrero y Baja California Sur, que estaban en pleno proceso electoral. Al parecer, la difusión de estos promocionales fue en todo el país.
Los televidentes guerrerenses y bajacalifornianos vieron de pronto en sus aparatos spots del gobernador de Jalisco diciéndoles: “Gobernar es apasionante porque es ayudar a la gente. No digo que sea fácil, a veces te equivocas, pero lo importante es no perder lo que llevas dentro: las ganas de ayudar a la gente. En Jalisco, además de las grandes obras que hemos hecho, nos hemos esforzado por apoyar a la gente del campo, por mejorar la educación y ayudar a la creación de empleo”.

En su investigación, la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE determinó que la transmisión del Cuarto informe del gobernador de Jalisco violó el artículo 41 de la Constitución, el cual dispone, entre otras cosas, que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales, federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental.

En enero último, el IFE determinó que Enrique Peña Nieto también violó la Constitución al difundir a nivel nacional promocionales de su Quinto informe de gobierno. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se inconformó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Peña Nieto justificó la difusión nacional de sus spots por razones técnicas: “Es la única manera de llegar al Estado de México (…) por las condiciones técnicas que hay, se obliga a hacer una contratación nacional”.

El gobernador mexiquense argumentó que su similar de Jalisco, Emilio González, y el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, entre otros mandatarios, han recurrido a ese mismo esquema de pautas televisivas. En efecto, también lo hicieron en su momento los exgobernadores de Puebla, Mario Marín; de Veracruz, Fidel Herrera; de Oaxaca, Ulises Ruiz, e incluso el de Coahuila, Humberto Moreira, actual presidente del PRI.

Al ordenar la publicación del catálogo de estaciones de radio y canales de televisión para el proceso electoral ordinario de 2012 del Estado de México, en el que se consignan a las televisoras y radiodifusoras locales que cubren su territorio, el IFE desmintió de manera indirecta los dichos de Peña Nieto de que sólo contratando a nivel nacional se puede llegar a los 10.5 millones de electores en esa entidad.

Consultado al respecto, el consejero y presidente del Comité de Radio y Televisión del IFE, Francisco Guerrero, comenta: “Yo no quisiera referirme a este asunto porque está en este momento en el Tribunal Electoral sometido a una discusión”.

El consejero electoral Marco Antonio Baños es más abierto: “Nosotros aprobamos la difusión de un catálogo de radiodifusoras y de canales de televisión que tienen cobertura de dos maneras en el Estado de México. La entidad cuenta con canales propios que tienen cobertura sobre ciertas regiones, y hay radiodifusoras que abarcan otras porciones del territorio. De la misma manera, hay algunos canales –como el 22– y radiodifusoras que desde el Distrito Federal tiene cobertura particularmente sobre los 59 municipios que corresponden a la zona conurbada”.

Abunda: “Nosotros aprobamos que en esos medios de comunicación se va a hacer el pautaje de todos los promocionales, es decir, los spots de los partidos políticos que van a circular durante las precampañas y campañas del Estado de México”.

No es un trabajo sencillo, dice, “porque hay que hacer una articulación de muchas radiodifusoras y cubrir de esa manera todos los espacios del Estado de México. Yo supongo que las autoridades locales cuando tienen que hacer una contratación de esa naturaleza, pues tendrían en su caso que hacer una contratación así. Nosotros sólo estamos pautando para los partidos. La propaganda gubernamental sigue una lógica diferente”.

En el acuerdo de difusión del catálogo de estaciones de radio y canales de televisión para el Estado de México, el IFE también ordena la suspensión de la propaganda gubernamental durante el periodo de campañas en las emisoras con cobertura en la entidad.

Fuente: Contralínea 226 / 27 de marzo de 2011

domingo, marzo 13, 2011

Monopolio, duopolio, magnates y ciudadanos

Slim, Azcárraga y Salinas. Denuncias mútuas.

Orlando Delgado Selley

MÉXICO, D.F., 11 de marzo (apro).- Dos noticias han marcado la semana empresarial: la lucha entre el duopolio televisivo y el monopolio telefónico, y el anuncio de que la riqueza de los magnates mexicanos sigue en ascenso.

Con el uso de los medios de comunicación, Telmex, Televisa y Televisión Azteca se han dedicado a denunciarse mutuamente.

Por un lado, Teléfonos de México presentó un par de denuncias por supuestas prácticas monopólicas absolutas y relativas en contra de Televisa y TV Azteca, mientras que otro grupo de operadores de televisión abierta, restringida, de telefonía móvil y fija, acusaron a Movistar y a Telcel de colusión tarifaria para evitar competencia.

Las autoridades han dicho poco, pero una de las pocas cosas que han declarado es que ambas partes tienen razón.

Televisa y Televisión Azteca (el duopolio televisivo) han impedido que Telmex participe ofreciendo televisión abierta y cerrada, cuando tiene derecho a hacerlo, aunque, efectivamente, la empresa de Carlos Slim aplica cobros excesivos por la interconexión, que deberían alinearse con los precios internacionales.

Y, al mismo tiempo, como todos los años, la revista Forbes publicó en días pasados su lista de súper millonarios del mundo. Entre los diez mexicanos que aparecen este año en esa lista figura, en primerísimo lugar, Carlos Slim, pero también aparecen Ricardo Salinas Pliego –dueño, entre otras empresas, de Televisión Azteca– y Emilio Azcárraga Jean, de Televisa.

Así pues, el pleito es entre magnates: la familia más rica de México y del mundo, contra los Salinas Pliego y Azcárraga, el cuarto y séptimo entre los más ricos del país.

Tan pronto empezó el pleito, daban ganas de sentarse a ver de qué cuero salen más correas, pero lo que importa es que el ataque deje algún beneficio para los mexicanos de a pie.

Si la autoridad piensa que ambas partes tienen razón, pues lo que debiera seguir es que ambas se les reconozca por igual y, consecuentemente, que se abra inmediatamente la posibilidad de que ingresen otros operadores a ofrecer televisión y que se establezcan tarifas de interconexión a precios internacionales.

Teóricamente, los beneficiados con esta decisión gubernamental serían los consumidores, toda vez que la reducción de las tarifas de interconexión tendría que traducirse en precios más bajos y, también, mejor calidad en el servicio.

Asimismo, la existencia de una o más televisoras ampliaría la oferta televisiva y tendrían que bajar los precios para los anunciantes, de manera que los consumidores saldrían beneficiados.

Más aún, la ruptura de la aguda concentración en estos mercados podría provocar un impulso generalizado para que los mercados con control oligopólico, es decir los controlados por unas cuantas empresas, se abrieran a la competencia.

Es obvio que, pese a que es evidentemente conveniente, la apertura a mayor competencia en estos mercados es un asunto complejo, y una de las dificultades presentes tiene que ver con política, pues se trata no sólo del peso que tienen estas grandes empresas y sus dueños, sino de las relaciones de los magnates con algunos de los institutos políticos que hay en el país.

Siempre ha sido clara la relevancia política de los medios electrónicos de comunicación y su enorme capacidad de influencia en los procesos electorales.

Por años fueron una herramienta de apoyo al PRI y luego, con el fin de la “dictadura perfecta”, sirvieron al candidato del PAN, sin abandonar por completo sus relaciones y compromisos políticos con el Revolucionario Institucional, y en las elecciones de 2006 jugaron abiertamente contra el candidato de las izquierdas y a favor de la continuidad panista.

La eficiencia política demostrada en el proceso electoral de 2006 evidenció que se habían convertido en los grandes electores, capaces de decidir quién gobernaría al país. Ello permitió que los partidos con mayor respaldo electoral acordaran modificar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), eliminando la posibilidad de que los partidos compraran tiempo televisivo y reduciendo ese medio de propaganda política a los tiempos oficiales.

El proceso electoral de 2009 demostró que los medios electrónicos son capaces de sortear las dificultades legales para influir. Y, coludidos con candidatos y partidos, desarrollaron formas novedosas para apoyar a sus candidatos.

En los tiempos preparatorios a la contienda presidencial de 2012, los medios electrónicos tienen candidato desde hace muchos meses. Lo han construido, han invertido en él, le han creado una imagen que aparece con una frecuencia inusitada en las pantallas. Ese candidato tiene nombre y corresponde a un partido: Peña Nieto, del PRI.

De eso no hay la menor duda. Tampoco la hay en relación con que constituye un enorme desafió a la posibilidad de que gane la presidencia otro candidato.

Y, así, el duopolio televisivo tiene apoyos poderosos, de manera que romper ese duopolio para la maltrecha democracia mexicana es absolutamente fundamental.

La oportunidad que abre el conflicto con Telmex es extraordinaria, y es el momento para que las instancias del estado actúen.

El Ejecutivo debiera enviar las iniciativas legales que correspondan para abrir los espacios televisivos y así determinar las tarifas de interconexión. Y, con prontitud, el Legislativo tendría que dictaminar favorablemente esas iniciativas, para permitir que se instrumentes las acciones. Pero no parece posible que esto ocurra.

Si el Ejecutivo tuviera la capacidad para decidir a favor del país y no del duopolio y monopolio, probablemente en el Legislativo habría grupos parlamentarios y diputados sueltos que se alinearan con la telebancada que, obviamente, instrumentaría todas las medidas dilatorias posibles y sería una oposición beligerante.

Pese a ello, habría que mandar esa iniciativa y forzar un debate nacional, con salidas que apelaran a la ciudadanía y que construyeran una voluntad mayoritaria nacional capaz de obligar a cambiar las reglas del juego a favor de la democracia y la competitividad nacional.

lunes, septiembre 06, 2010

Más imagen para Peña Nieto, más dinero para televisa


PUAJ! que asco..........LA MIERDA SE JUNTA!

En un prolongado monólogo de 43 segundos, sentado en una camioneta lujosa, en mangas de camisa, al estilo del mandatario estadunidense Barack Obama, el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto se promueve y presume “los 600 compromisos cumplidos” en un spot que se transmitió en la televisión nacional desde el 30 de agosto y cuyo costo, tan sólo en producción, fue de 1 millón y medio de pesos; y su transmisión, a tarifas comerciales de Televisa, asciende a 50 millones de pesos, según el cálculo de la dirigencia estatal del PRD.
Esta millonaria campaña de spots se ha sumado a los promocionales de los “500 compromisos cumplidos” que, según los cálculos de Luis Sánchez, dirigente del PRD en la entidad, ascienden a 42 millones de pesos. “Estamos hablando de casi 100 millones de pesos en este último mes, sólo en televisión comercial, sin contar espectaculares, desplegados en periódicos y spots radiofónicos”, abunda Sánchez, consultado por Proceso.
Personal de la Televisión Mexiquense advirtió que para la promoción, producción y realización del quinto informe de gobierno, la directora de Imagen del gobierno del Estado de México, Margarita Neira, contrató a la empresa Mediamates, perteneciente a The Mates Group, del productor Pedro Torres, exrealizador de reality shows de Televisa como Big Brother y de las cápsulas “Estrellas del Bicentenario”.
Torres, que trabaja con Alejandro Quintero, vicepresidente de Comercialización de Televisa y accionista de la empresa TV Promo, se encargó no sólo del polémico spot que provocó una queja del PAN ante el IFE. También es el responsable del espectáculo en el Teatro Morelos, sede del mensaje político de Peña Nierto el domingo 5.
Por primera vez en 20 años, los responsables de la Televisión Mexiquense fueron desplazados para que los productores de Televisa se apropiaran hasta de los mínimos detalles del informe peñista. La empresa envió, desde dos días antes del informe, una unidad móvil que consta de 16 cámaras, dos grúas y un teleprómter al Teatro Morelos para que Peña Nieto pudiera leer en pantalla su informe de gobierno, como si fuera conductor de noticias o de un programa de espectáculos.
The Mates Group fue la misma compañía que filmó y produjo los spots de “Estrellas del Bicentenario”, transmitidos durante este año por Televisa y financiados por gobernadores que pagaron para promover “las bellezas naturales” de sus estados.
De acuerdo con información del Diario de Yucatán, tan sólo el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco pagó 20 millones de pesos por estas cápsulas de tres minutos que se transmitieron en horarios de mayor audiencia del Canal 2, tiempo cuyo costo comercial es de 666 mil pesos.
El spot de promoción de Peña Nieto dura menos, pero fue filmado con la cámara Phantom, una de las más caras en el mercado, para dar una “calidad cinematográfica”. La compañía de Pedro Torres forma parte desde 2005 del grupo de empresas publicitarias y consultorías, encabezadas por TV Promo, que firmaron un “Plan de Acción” con Peña Nieto para promoverlo como “figura central hacia la sucesión presidencial de 2012”. Tan sólo en el contrato del primer año de su gobierno (2005-2006), a Filmmates, de Pedro Torres, se le presupuestaron 10 millones de pesos para la producción de spots.
The Mates Group, corporativo con 28 años de existencia, presume en su página electrónica que se encarga de “planeación estratégica, branding, creatividad, diseño, producción y posproducción. Para televisoras, canales de televisión, agencias de publicidad, disqueras y marcas en general”.
“Combinamos talento, experiencia técnica y desarrollo artístico, aprovechando los más altos estándares en la producción, el diseño y motion graphics”, prosigue en su página. Las subsidiarias de The Mates Group son Mediamates, Filmmates, Hdmates y Videomates.
Junto con las empresas de Pedro Torres, el gobierno mexiquense contrató también a la consultora Bypower, perteneciente a Juan Carlos y José Roberto Limón. Esta empresa, con domicilio en Montes Urales 770, en la Ciudad de México, se promueve como una compañía de “servicios integrales” de mercadotecnia y asesoría en mensajes políticos.
Esta consultora trabajó para el gobernador poblano Mario Marín y el veracruzano Fidel Herrera, ambos priistas. También tiene clientes como el Senado de la República, la compañía Coca-Cola, Aeroméxico y Cinemex. Durante la reciente campaña estatal fue contratada por el candidato priista poblano Javier López Zavala, tal como informó Rodolfo Ruiz, periodista del portal e-consulta.
Bypower ha desplazado también a la televisora pública mexiquense en el seguimiento y filmación de las actividades cotidianas de Peña Nieto. Una unidad móvil con una cámara Minidv Cannon persigue al mandatario todo el tiempo, y es la empresa responsable de editar los “testimonios ciudadanos” durante el espectáculo preparado para el Teatro Morelos.
Margarita Neira, directora de Imagen del gobierno del Estado de México, trabajó antes para el gobernador interino César Camacho, perteneciente al grupo político de Emilio Chuayfett, actual diputado federal. Neira ha sido la responsable de firmar con las empresas privadas toda la estrategia de promoción de Peña Nieto.
El PAN impugnó desde el 31 de agosto los spots de Peña Nieto ante la Comisión de Quejas y Denuncias del IFE. Argumentó que el mandatario priista violó el artículo 288 del Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales (Cofipe), en el cual se establece que los servidores públicos sólo pueden promoverse en su jurisdicción.
La Comisión de Quejas y Denuncias, integradas por los consejeros Virgilio Andrade y Marco Antonio Gómez Alcántar, desechó la impugnación del PAN. Este partido anunció que recurrirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para denunciar “la ilegalidad” de la campaña del precandidato presidencial priista más mediático y consentido por las televisoras, en especial Televisa.
El perredista Luis Sánchez añadió al respecto que su partido no presentó ninguna impugnación porque “el gobernador Peña Nieto es muy tramposo y ha encontrado resquicios para darle la vuelta a la ley” que prohíbe la compra de tiempo-aire para promoción personal. l


http://www.youtube.com/watch?v=ipXiESsjIfU
ESCUCHEN EL MIN. 4:00 y 4:40 DE ESTE VIDEO....DAN ESCALOFRIOS CARAY!

http://www.youtube.com/watch?v=_Wu4ibPnJ-M

http://www.youtube.com/watch?v=0_nzc0mt5eI

http://www.youtube.com/watch?v=0AJ3wQDRQ4M

miércoles, julio 22, 2009

El próximo presidente mediatico de México......y espurio, por supuesto.


MÉXICO, D.F., 22 de julio (apro).- El Consejo General del IFE desechó esta madrugada las ocho quejas interpuestas por el PAN en contra del gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, por la supuesta trasgresión al principio de imparcialidad en el uso de recursos públicos y por la difusión en televisión de propaganda política al presidir un evento de Antorcha Campesina, aparecer en eventos televisivos y apoyar en un mitin a candidatos del PRI, en los días previos a las elecciones del pasado domingo 5.

Según el dictamen del IFE, "del análisis se desprende que no se trata de propaganda gubernamental, por tanto no le son aplicables las reglas contenidas en la Constitución y el Cofipe."No se acreditó el uso de recursos públicos en los actos denunciados, no se acreditó la compra de tiempo en radio y televisión; su presencia, junto con la de otros gobernadores y políticos fue a invitación de las empresas", adujó el Consejo.Durante el debate, que se alargó por más de dos horas, hubo voces que discreparon del fallo emitido por el Consejo.Una de ellas fue la del consejero Alfredo Figueroa, quien votó en contra del proyecto. Figueroa sostuvo que la legislación está pensada para que sólo los candidatos compitan en el proceso y no otros actores políticos, como los gobernadores."Antes que la reforma se llevase a efecto y que esto estuviera prohibido (aparecer en televisión) era claro que cuando había una cápsula (sobre un gobernante en un evento masivo) se trataba de cápsulas que el gobierno pagaba con el propósito de promover sus actos", argumentó.El consejero Arturo Sánchez lo secundó: dijo que su preocupación es que el IFE está sentando un precedente al justificar todo lo que hizo Peña Nieto antes de la elección intermedia.Abundó: "Lo que me llegaría a preocupar es el precedente que estamos sentando. Ahora es un gobernador, luego será otro y no nos sorprenda que pueda ser el propio Presidente de la República que se apersone en un mitin y haga proselitismo por los candidatos de su partido. Este es el tipo de límites en la interpretación con los cuales tendríamos que tener cuidado, en el sentido que se está votando estamos diciendo que este tipo de actos son válidos", señaló.En la misma tesitura se expresó el senador perredista, Pablo Gómez. Dijo que es lamentable que el gobernador mexiquense violente la legislación todos los días, por lo que calificó como un error que tanto el IFE como el Tribunal avalaran que los servidores públicos acudieran a mítines. Aseguró que a los políticos no se les puede poner un bozal para que no hablen en periodo electoral pero, a lo que sí está obligado el IFE, dijo, es a investigar el uso de dinero público que hace Peña Nieto con fines electorales.Lariza Montiel, representante del PAN ante el IFE, fue directa: acusó al IFE de no haber tenido el valor suficiente para sancionar al Peña Nieto a pesar de la contundencia de las pruebas aportadas."Vamos a hacer un repaso: Peña Nieto es una marca registrada (…) llevando su aparición desde la tragedia, lo histriónico, el romance, el proselitismo."Sin embargo, ante esta situación en el proyecto no solamente se confirma la percepción que tiene la mayoría de los ciudadanos de que dichas conductas contrarias a la ley no van a ser sancionadas por la autoridad electoral, sino que van a ser omitidas de pronunciamientos en virtud o alegando presuntas lagunas a la legislación electoral", indicó.La voz discordante durante la sesión fue la del priista Sebastián Lerdo de Tejada, quien, socarronamente, dijo que lo único que salta a la vista es el "miedo" que le tienen tanto el PAN como el PRD a Peña Nieto.Sostuvo que el mandatario mexiquense no violó ninguna disposición."Lo que se dice son una serie de declaraciones calumniosas, mentirosas y difamatorias, por favor, déjense de estar autoflagelándose con el pasado", comentó. El PAN presentó ocho quejas contra el Peña Nieto, entre ellas por asistir a un evento de Antorcha Campesina en el Estadio Azteca y aparecer en dos programas de Televisa, uno del Día del Padre y el otro Mujeres con Valor, además de ir a un mitin en San Luis Potosí, donde pronunció un discurso a favor de los candidatos del PRI.Sobre este último, el IFE determinó que el Gobernador acudió en un día inhábil y con su dinero. La Secretaría Ejecutiva informó que están pendientes dos recursos más, uno sobre su asistencia a un mitin en Querétaro y uno más en Guanajuato.

martes, junio 30, 2009

En el PAN, delincuentes y cínicos


MÉXICO, D.F., 29 de junio (apro).- Salvo excepciones que confirman la regla, el Instituto Federal Electoral (IFE) ha actuado de manera parcial en temas cruciales para la competencia política y una de las más reciente pruebas de esa lógica facciosa lo representan la impunidad otorgada a César Nava y a Demetrio Sodi, candidatos del Partido Acción Nacional (PAN) a diputado federal y delegado en Miguel Hidalgo.
Ambos obtuvieron, de manera ilegal y antiética, una ventaja sobre los otros contendientes con la difusión de su imagen y plataforma electoral en Televisa, y el IFE, aunque reconoció que se trató de propaganda electoral, resolvió no emitir ninguna sanción contra ellos y la televisora, contumaz violadora de la ley.
Los casos todo mundo los conoce: Sodi apareció en medio en el partido de futbol Pumas-Puebla transmitido por Televisa, el sábado 23 de mayo, para hacer proselitismo durante un minuto y medio --un episodio sobre el que dio diversas versiones y que acreditó que, además de violar la ley, es un mentiroso--, y Nava apareció en la portada de la revista Poder y negocios, propiedad de esa empresa televisiva, que difundió abundantes spots.
El artículo 41 constitucional prohíbe a partidos políticos contratar o adquirir tiempos en radio y televisión, una prescripción también para personas físicas y morales que pretendan influir en las preferencias electorales.
Nava y Sodi alegan que no existen contratos con Televisa que acrediten que compraron tiempo para promoverse en spots, pero el señalamiento que se les hace es de delincuentes e inmorales, no de estúpidos. Y ya se sabe: Estos pactos, como los criminales, no se firman ni se protocolizan ante notario.
Pero no pueden pasar desapercibidos dos elementos establecidos en Código Electoral: El artículo 350 que prohíbe a los concesionarios y permisionarios de radio y televisión "la difusión de propaganda política o electoral, pagada o gratuita".
Dos: La violación, por dolo o culpa, de las obligaciones del PAN, de Sodi y Nava de actuar conforme a la ley, según lo dispone el artículo 342 del Cofipe, en relación con el 36 y el 38, justamente por los que el PRD fue multado por el plantón del Paseo de la Reforma en 2006. Al final, por votación dividida y en casos por separado, Nava y Sodi fueron exonerados por el IFE por conductas ilegales, con lo cual se puede anticipar que, de ganar, actuarán en defensa de los intereses que los impulsaron.El caso de Sodi es patético: De ser electo deberá el cargo no a los ciudadanos ni necesariamente al PAN, sino al banquero Roberto Hernández, vecino de la delegación Miguel Hidalgo, quien es uno de los accionistas de Televisa y, literalmente, su mecenas. ¿O sabe algún lector de qué ha vivido Sodi desde que dejó de ser senador? En enero de 2006, según dijo, tenía en el banco sólo 30 mil pesos.
Amigo íntimo de defraudadores electorales, como Felipe Calderón, Sodi anticipa que habrá un fraude en las elecciones del 5 de enero como, aseguró, se cometió hace tres años: "Cuando fui candidato a jefe de gobierno me robaron 750 mil votos, y nos van a querer volver a hacer fraude en la ciudad", declaró el miércoles 21 de mayo.
¿Puede haber alguien que apoye a quien, además de actuar de manera ilegal y mentirosa, se dice víctima de un fraude y que no hizo ni hace nada para defender la voluntad popular?
Pero como Nava y Sodi proliferan en el país los panistas con conductas delincuenciales, sólo que cuentan con menos suerte que ellos o como el exalcalde de Chihuahua capital y candidato a diputado federal, Juan Blanco, contra quien existen pruebas contundentes de haber cometido varios delitos en la asignación del relleno sanitario municipal. Los acusadores directos son nada menos que sus cómplices, Ernesto Reyes Quiñónez y Armando Acosta Nava, dueños de empresa SIRSSA.
Un ejemplo de este perfil de panistas es José Ignacio Seara Rosiñol, hijo del alcalde con licencia de Ciudad del Carmen, Campeche, y candidato a diputado federal José Ignacio Seara Sierra, quien fue capturado, junto con cinco cómplices, cuando efectuaba un secuestro provisto de armas largas y con el uso de un vehículo oficial que estaba bajo la custodia de su madre, María Elena Rosiñol, presidenta del DIF Municipal.
Seara Rosiñol está registrado como militante activo del PAN, sólo que al estallar el escándalo de su captura por delincuente, el 11 de junio, Germán Martínez, presidente del PAN, mandó darlo de baja del Registro Nacional de Miembros.
Otro caso: El 13 de abril fueron detenidos en El Paso, Texas, Osvaldo Tostado González y Gabriel González González, su concuño, acusados de pretender comprar y traficar ilegalmente con armas que tienen un valor de 2 millones de dólares.
Pero ambos jaliscienses, del municipio e Tonalá, son también militantes formales del PAN, como consta en el registro Nacional de Miembros, y los dos son muy allegados a prominentes miembros de se partido.Osvaldo Tostado González, por ejemplo, se desempeñaba como asistente del regidor José Castro Raygoza; es tío de la regidora María de Jesús Reynoso Tostado; tío, además, de Erandi Laura Rico Tostado, directora del Instituto Municipal de la Mujer de Tonalá; tío, también, de Vladimir Rico Tostado, secretario particular del Alcalde de Tonalá, el también panista Agustín Ordóñez Hernández, y es cuñado de Mario Reyna Bustos, director del Instituto Jalisciense de las Artesanías.González González, por su parte, era el permisionario del hipódromo-palenque El Carril, de Tonalá, donde, el lunes 1 de agosto de 2005, ocurrió la refriega en la que hubo cuatro muertos y 25 heridos.Un dato más: Ordóñez Hernández es alcalde sustituto de Jorge Luis Vizcarra Mayorga, quien está preso desde el 3 de septiembre del 2008 y sometido a proceso como presunto responsable de los delitos de homicidio calificado contra su compadre Carlos Romo Guízar, quien fue director de Mejoramiento Urbano de Tonalá, asesinado en abril del 2007, delincuencia organizada y abuso de autoridad. De esta banda de delincuentes, que controlaba el juego ilegal, formaban parte también Miguel Magaña Orozco, exdirector de la policía municipal, y Ricardo Sigala Orozco, exsecretario general del Ayuntamiento.Los nombres del alcalde con licencia Vizcarra Mayorga --amigo del gobernador Emilio González Márquez y de Germán Martínez, presidente del PAN-- y de su segundo en el ayuntamiento tonateca, Sigala Orozco, siguen vigente en el padrón del PAN para quien quiera consultarlo.

Apuntes

Sigue el desplome de la economía, pero Germán Martínez, el Juanito de Calderón, se empeña en tratar de convencer de que la crisis es importada. No. La ineptitud no viene de fuera…
Comentarios: delgado@proceso.com.mx

jueves, mayo 21, 2009

Políticos intocables


Las decisiones del Consejo General del IFE y las resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se entrelazan para convertir la última reforma electoral en un verdadero monstruo que cancela la libertad de expresión; permite el ingreso sin control de dinero privado en la promoción personal de los legisladores; resguarda a los políticos de cualquier expresión crítica, y les permite utilizar los recursos públicos para la promoción de su imagen personal.Una jurisprudencia y dos resoluciones del tribunal, así como un acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del IFE construyeron este infeliz y aterrador escenario.

La jurisprudencia se aprobó el 20 de noviembre del año pasado y el resto de las decisiones se votaron en los últimos 10 días. Las decisiones conjugan una lectura radicalmente restrictiva de la Constitución y el Cofipe, cuando la intención es preservar la imagen de los políticos mexicanos; y una radicalmente permisiva, cuando se trata de abrirles el acceso a la radio y la televisión, y el uso de recursos públicos y hasta privados.La jurisprudencia fue el banderazo de salida para que los gobernadores y el jefe de Gobierno canalicen los recursos públicos para su promoción personal a través de entrevistas, infomerciales o transmisiones remotas, como es evidente en una somera revisión de la programación televisiva, particularmente del Noticiero con Joaquín López Dóriga, en el que casi diariamente se difunden, sin ninguna advertencia de que se trata de publicidad, infomerciales de los gobernantes estatales.El TEPJF estableció una barrera de cinco requisitos previos, que el secretario ejecutivo del IFE tiene que revisar para iniciar cualquier procedimiento sancionatorio contra un servidor público. Primera interpretación permisiva para abrir las puertas al desvío de recursos públicos para la promoción personal.El miércoles 6 de mayo de este año, el tribunal continuó la construcción de esa fortaleza para los políticos mexicanos, al resolver el recurso que interpuso el PRI por la campaña denominada “sopa de letras” que difundió el PAN. En esta resolución, el TEPJF prácticamente canceló la posibilidad de emitir una expresión crítica en contra de un partido político o un político, pues ni siquiera revisó las pruebas que presentó el PAN para probar sus dichos, pues sentenció que “aun cuando pudiera considerarse que apoyan los calificativos empleados en su propaganda, no excluyen la tipicidad constitucional y legal en que incurrió, pues como ya se dijo, la Constitución prohíbe a los partidos políticos y coaliciones el empleo de cualquier expresión que denigre, aun cuando sea a propósito de una opinión o información y a pesar de que los calificativos pudieran encontrar apoyo en la literatura, la ciencia o la historia, de tal manera que la existencia de las referencias señaladas por la actora, no justifican la legalidad de su propaganda”.Así en la resolución igualó la emisión de opiniones y la difusión de hechos y, en este segundo caso, lo falso con lo verdadero. Y para cerrar todavía más la puerta, definieron denigrar como “desacreditar”, “hablar mal de una persona, ente o institución destruyendo su fama u opinión”. Así cualquier expresión crítica sobre un partido político, instancia gubernamental o candidato cae dentro de esta definición. La primera interpretación restrictiva para proteger la imagen de los políticos y las instituciones.Dos días después, el viernes 8 de mayo, otra interpretación permisiva: los diputados del verde sí pueden comprar espacio en radio y televisión para difundir sus informes de labor legislativa. Los únicos límites son que la contratación la tienen que hacer los diputados en lo personal, su grupo parlamentario o la Cámara de Diputados; que deben informar sobre el desempeño de su actividad legislativa, aunque no dentro de los períodos de precampaña o campaña; y no podrán difundir contenidos electorales.Ninguna disposición sobre el territorio donde pueden difundir sus mensajes; por tanto, un diputado de mayoría relativa puede acceder a los nacionales; tampoco tiene límite en el origen, monto u obligación de transparentar los recursos que utilicen. Así, 628 legisladores tienen total libertad para comprar espacios en los medios electrónicos nacionales, durante 13 días al año para su promoción personal.Y otra interpretación restrictiva, ahora de la Comisión del IFE, ésta para solicitar a You Tube que retire de su página en internet el video Yo te vi robando, en el que un ciudadano parodió el video de Rudo y Cursi. El video no es propaganda electoral, pues en ningún lugar se menciona o se muestra el logotipo de algún partido político o candidato ni se invita a votar; es nada más ni nada menos que la expresión popular crítica contra un gobernador.Una batalla perdida de antemano, pues aunque You Tube accediera a la absurda solicitud del IFE, o el gobierno mexicano recurriese al recurso extremo de bloquear el acceso a dicho sitio, es absolutamente imposible controlar la red, y la reproducción de portales que difundirían el video se multiplicaría. Pero además de ello, es la expresión extrema de la función censora del IFE.Así, con esta combinación de criterios extremos, permisivos y restrictivos, hoy consejeros y magistrados construyeron el peor de los mundos posibles: sin libertad de expresión, pero con vía libre para utilizar recursos públicos o privados (de cuyo origen nadie se enterará) para comprar espacio en radio y televisión para su “promoción personalizada”.

jueves, abril 23, 2009

Leyes contradictorias

JESúS CANTú

El Ejecutivo detectó una flagrante contradicción entre la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT) y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).Tras las reformas aprobadas por el Congreso en marzo pasado, por las mismas infracciones, la primera preveía multas de entre 500 y 5 mil pesos; el código electoral, a su vez, menciona “la suspensión por la autoridad competente, previo acuerdo del Consejo General, de la transmisión del tiempo correspondiente a una hora y hasta el que corresponda por treinta y seis horas”. Esto último, de acuerdo con las tarifas comerciales vigentes en materia de radio y televisión, es mucho más que el tope máximo previsto en la LFRT.La contradicción surgió de la concatenación de un artículo modificado en la LFRT y otros dos no modificados, mientras que la propuesta del Ejecutivo era reformar precisamente uno de los no reformados. En otras palabras: la observación importante era a una disposición que el jefe del Ejecutivo no podía modificar, pues no había sido reformada.El asunto estaba aparentemente trabado. Con justa razón, varios senadores consideraron que no podían atender la observación del Ejecutivo, pues eso implicaría violar el artículo 72 constitucional que regula precisamente la formación de las leyes y, en este caso, se tendría que presentar una nueva iniciativa.Sin embargo, algún senador muy perspicaz (todo indica que fue el panista Ricardo García Cervantes, a quien le habían cercenado su iniciativa original, precisamente para reducir las sanciones a los concesionarios) se dio cuenta que la contradicción se podría resolver por una vía distinta a la que proponía el presidente y en función del artículo modificado, pero aprovechó la situación para ampliar las sanciones aplicables.Con la nueva redacción, contrario a lo que sucedía en el pasado, ya no existe ningún tipo de imprecisión para la aplicación de la fracción IV del artículo 354 del Cofipe, que es precisamente el que prevé la suspensión del tiempo de comercialización, mientras la reforma aprobada originalmente sí se prestaba a diferentes interpretaciones, como se comentó en este mismo espacio (Proceso 1686).Antes de la observación, la reforma simplemente incorporaba una fracción al artículo 64 de la LFRT, que decía: “No se podrán trasmitir… III. Programas, mensajes o cualquier otro material que contravenga a lo dispuesto por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales”. Posteriormente el artículo 101 decía que constituían infracciones a dicha ley, la violación del artículo 64; a su vez, el artículo 104 establecía que esto se sancionaría únicamente con una multa de 500 a 5 mil pesos.Por otra parte, se agregaba un artículo 107 que aún permanece, el único que, podría eventualmente interpretarse, permitía aplicar la suspensión, según el cual “en caso de que el Instituto Federal Electoral considere que se han cometido infracciones graves y sistemáticas en los términos que establece el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para los concesionarios y permisionarios; su Consejo General, habiendo escuchado al concesionario o permisionario, dará cuenta a la autoridad competente, para los efectos correspondientes”.Con la modificación a la reforma todo se aclara. Ahora el 64-Bis señala: “Los concesionarios y permisionarios de radio y televisión no podrán transmitir programas, mensajes o cualquier otro material que contravenga lo dispuesto por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y la infracción a esta norma será sancionada en términos de lo dispuesto en el Libro Séptimo de dicho Código.” Así que ya no hay interpretación posible: la violación a la norma se sancionará en los términos del Cofipe, que en su artículo 354, párrafo IV, señala claramente que cuando esas faltas sean reiteradas se sancionarán con la suspensión del tiempo comercializable.Además, esa decisión la toma el Consejo General del IFE, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes simplemente será la responsable de aplicarla, tal como señala el Cofipe y en consonancia con el nuevo 107 de la LFRT, ya incluido en la reforma original.Así, por esta vía, y a pesar de que la observación del Ejecutivo no reparaba en la posibilidad de suspender la trasmisión del tiempo comercializable, simplemente en que había incompatibilidad entre el monto de las multas establecidas en el artículo 104 de la LFRT, entre 500 y 5 mil pesos y la fracción II, del inciso “f” del artículo 354 del Cofipe, que establece un máximo de 50 mil salarios mínimos, que equivale aproximadamente a 5 millones 400 mil pesos, el senador panista rescató parte de lo que le habían mutilado a su iniciativa. No pudo incorporar la posibilidad de retirar las concesiones, como pretendía en su propuesta inicial, en el caso de “incumplir, en forma grave y reiterada, las disposiciones establecidas” en la Constitución y en el Cofipe.En lo que parece un diálogo de sordos, pues el Ejecutivo observa un artículo que no se reformó y el Legislativo agrega un artículo que no estaba en la reforma original, se logró rescatar algo de lo perdido en la primera reforma y ahora, no hay duda, la sanción máxima será la suspensión hasta por 36 horas del tiempo comercializable.

lunes, abril 13, 2009

SEGURIDAD NACIONAL UNA FARSA

SEGURIDAD NACIONAL UNA FARSA. USA CISEN NOTAS PERIODISTICAS
Millonario gasto de recursos, como es con los amigotes y compadres, revelan que el Cisen, el espionaje de huarache usa notas periodísticas e información publica para sustentar sus afirmaciones de uso de dinero del narco en las campañas. Antes cobro millones en GEA-RISA, ahora gasta millones para leer el periódico. La farsa del combate al narco, el primer interesado en tapar las relaciones de los malosos con el poder es el poder mismo, soldados en las calles, pero el pelelato parece no tener prisa por el verdadero combate con información.

Sustentó en notas periodísticas acusaciones sobre la existencia de dinero del narco en campañas
La inteligencia del Cisen, basada en fuentes y dichos del dominio público



El director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés Castellanos, sustentó su análisis sobre la eventual existencia de dinero del narcotráfico en las campañas electorales en lo que relatan los periodistas en sus notas y también con base en lo que dicen públicamente otros funcionarios.
Las hipótesis que construyó Valdés Castellanos respecto de ese tema –señala el propio organismo– surgieron de dos elementos de “dominio público”: declaraciones de diversas figuras públicas y lo que establece la normatividad electoral, aspectos que fueron “combinados con su experiencia en la creación de posibles escenarios”.
El Cisen argumenta que “el uso de fuentes públicas es una práctica común en servicios que, como este órgano, operan en un Estado democrático, sujeto a mecanismos de transparencia y rendición de cuentas”.
De esa manera respondió el órgano de inteligencia del gobierno federal a una petición de información hecha por un ciudadano a través del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), solicitud 0410000023108.
El Cisen tiene un presupuesto para este año cercano a 2 mil 400 millones de pesos –el monto más alto en su historia– así como una plantilla de varios cientos de empleados (el número exacto es un dato confidencial), cuya responsabilidad es generar información que sirva para alertar de la existencia de amenazas y riesgos internos y externos a la seguridad nacional.
El 15 de julio pasado, Valdés Castellanos declaró al Financial Times que no descartaba la posibilidad de que el dinero proveniente de la droga esté involucrado en las campañas de algunos legisladores. “Es un riesgo real… el Congreso no está exento”, indicó.
Tras estos comentarios, el ciudadano solicitó al Cisen la documentación que sustentara los dichos del titular del organismo.
Las declaraciones en referencia fueron difundidas apenas días después de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitara al Presidente de la República y a la Secretaría de Gobernación la remoción de Valdés por carecer de la confianza de ese órgano legislativo.
En tal contexto, el Cisen primero solicitó una prórroga para fijar una respuesta a la solicitud de información; luego resolvió que los datos requeridos no existían en los archivos o sistemas de datos personales de la dependencia.
El mismo ciudadano interpuso un recurso de revisión ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, mismo que el comisionado ponente Juan Pablo Guerrero validó; finalmente, en enero pasado, por unanimidad, los integrantes del pleno del IFAI ordenaron al Cisen elaborar y entregar una versión pública de los documentos solicitados, con base en los cuales el director del organismo emitió sus comentarios en la entrevista con el diario británico.
Sólo declaraciones públicas
Hace algunos días, el Cisen respondió que “dispone y cuenta ya” con el documento solicitado. Tales textos, sin embargo, resultaron ser declaraciones públicas del ex procurador general de la República Rafael Macedo de la Concha; de Santiago Creel Miranda, ex secretario de Gobernación, y Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, así como de los ex legisladores Eliana García Laguna (PRD) y Julián Angulo Góngora (PAN).
Valdés también retomó, para elaborar sus hipótesis, un artículo de la revista Letras libres titulado “Narcotráfico y Estado: el discreto encanto de la corrupción” (9/05); un texto publicado por la revista Contralínea (10/07) con el título “¿Qué grupos financiaron la campaña”, donde –dice el Cisen– se argumenta sobre el financiamiento de la delincuencia organizada a campañas políticas.
Además, un artículo publicado en el periódico La Crónica, titulado “Denuncia Peña Nieto que los cárteles del narcotráfico financian campañas”.
Para su análisis, el Cisen asegura que su director general retomó lo que dice el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) respecto de los diferentes mecanismos para controlar los recursos de los partidos políticos.
No obstante lo anterior –señala el organismo de inteligencia civil–, “el Cofipe carece de marco jurídico que le permita allegarse de información proveniente de autoridades competentes para conocer su certeza su origen”.
Respecto de la metodología que utiliza para la construcción de escenarios, el Cisen precisa que utiliza “información disponible en el presente para posteriormente sugerir cursos de acción con el objeto de impedir la emergencia de escenarios no deseables y favorecer las probabilidades de ocurrencia de los deseables”.
La metodología, añade, se sustenta en “el constante monitoreo de fuentes abiertas y a otras fuentes de información para la identificación de datos concatenados que se traducen en tendencias; la repetición en el tiempo y espacio de una relación –afirma– da origen a un posible escenario.
“A mayor abundamiento, debe decirse que el fundamento de la construcción de escenarios es la observación de la realidad… en la actualidad, la mayor parte de la información que procesan los organismos de inteligencia procede del monitoreo de fuentes de acceso público”, asevera el Cisen.

viernes, abril 10, 2009

Proceso electoral en riesgo


La irresponsabilidad de los legisladores, que dejaron una normatividad electoral desarticulada, compleja e incompleta; las argucias de los actores políticos, particularmente las televisoras y los partidos políticos, que aprovechan cualquier resquicio o imprecisión en la ley para eludir su cumplimiento, así como la incompetencia, parcialidad, timidez e inconsistencia de los consejeros electorales para aplicar la ley, forman una mezcla explosiva que pone en riesgo el proceso electoral.Ahora fue el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) el que inventó un informe de gestión, de sus diputados plurinominales, para comprar tiempo aire a los concesionarios con el fin de promocionarse en un intento de influir en las preferencias electorales. Aprovechó la ausencia de legislación secundaria que regule las disposiciones del artículo 134 de la Constitución, relativas a la aplicación imparcial de los recursos públicos y las características de la propaganda gubernamental.Justo en la víspera (el 17 de marzo) de que se difundieran los spots del Verde (iniciaron el 18 de marzo), el diario Reforma publicó una declaración del senador y consejero del Poder Legislativo por el grupo parlamentario del PVEM en el IFE, Arturo Escobar. En ésta reconoce que los partidos propiciaron una ley compleja con muchos hoyos para evadirla. Y una de las lagunas que pretendieron encontrar fue la excepción establecida en el párrafo 5 del artículo 228 del Cofipe, que permite la promoción de la imagen de los servidores públicos durante 13 días al año, siete anteriores y cinco posteriores al informe anual de labores o gestión. Sin embargo los cinco diputados plurinominales olvidaron leer que “En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales…” y pretendieron disfrazar la propaganda electoral con mensajes que difundían sus pretendidos informes de labores. Por cierto, éstos nunca fueron ubicados en fecha, hora y lugar.Como bien precisó la consejera María Macarita Elizondo, en la sesión del consejo celebrada el domingo 29 de marzo, al respaldar su afirmación de que los spots eran propaganda electoral: “… el mensaje tiene como finalidad influir en las preferencias electorales de los ciudadanos… pues de una manera inequívoca lo presenta como un partido político que plantea una solución a un problema de carácter político-social y, por ende, lleva implícita la invitación a simpatizar con dicho instituto político y eventualmente a votar por él… Más aún cuando es un hecho notorio que la propuesta de instaurar la pena de muerte a secuestradores es uno de los ejes temáticos de la propaganda que ese partido político ha presentado a la ciudadanía… (los mensajes) guarda(n) una gran similitud con los que el propio partido político solicitó fueran transmitidos durante el período de precampañas…”A lo largo de todo el período de precampañas (del 31 de enero al 11 de marzo), el PVEM transmitió en total 205 spots y en los 13 días de permisividad, pretendidamente amparados en la excepción, 206, según denunció en la sesión del consejo el representante del Partido Socialdemócrata, Miguel Medrado. Así, en 13 días igualó el número de promocionales que transmitió en 40; pero, además, en este caso con la posibilidad de elegir los horarios de mayor audiencia y ser el único partido político con esa presencia en los medios electrónicos.Más allá de que en esta ocasión el Consejo General del IFE obtuvo la mayoría para sancionar al partido, a pesar de la oposición del bloque de consejeros electorales colocados en dicho órgano con el apoyo del PRI (que participará en coalición con el Verde en 63 distritos electorales), el partido político consiguió su objetivo de difundir sus spots e influir en las preferencias electorales. La única medida cautelar que tomó la autoridad electoral fue cancelar la difusión del logotipo del partido, pero no la de los promocionales.No se procedió al retiro del spot porque la Comisión de Quejas y Denuncias está integrada por tres de los cuatro consejeros que se opusieron a la sanción: Virgilio Andrade, Marco Antonio Gómez y Marco Antonio Baños. El hecho de que sea la comisión y no el consejo la instancia ante la cual se presenta la solicitud de medidas cautelares por parte de la secretaría ejecutiva, puede ser definitiva en algunos casos, como éste, en el que los tres miembros de la comisión tomaron la decisión de no impedir la difusión del spot, pese a que fueron minoría en el Consejo General.El caso muestra de manera palmaria las limitantes de la reforma electoral de 2007: vacíos e incongruencias legales, que se manifiestan en la ausencia de una ley reglamentaria del 134 constitucional, tal como reconoce el senador panista Ricardo García Cervantes.Las acotaciones a la reforma también se manifiestan en la existencia de disposiciones –como los límites establecidos para la integración de comisiones– que permiten la aplicación sesgada de la ley; el abuso de los hoyos, como los llama el senador Escobar, por parte de los partidos políticos para intentar eludirla, y la parcialidad de algunos consejeros electorales, que en este caso permitieron que el partido cumpliera sus objetivos.El mayor problema es que todas estas restricciones se manifiestan cuando todavía estamos en los prolegómenos de la contienda electoral, pues las campañas empezarán hasta el 3 de mayo y es ahí precisamente cuando la competencia se vuelve más feroz, y los contendientes echan mano de todos los recursos a su disposición con tal de obtener la victoria.

lunes, marzo 23, 2009

Al son de Televisa


Mediante una “propuesta” con trasfondo mercantilista pero disfrazada de “ventajas” para el Instituto Federal Electoral, Televisa impone de nuevo la agenda a los desacreditados consejeros de este organismo, que por mayoría perdonó a la televisora sus violaciones recientes. Ahora, el consorcio sugiere al IFE el canje de 30 de los 48 minutos diarios del tiempo de Estado por hacer “más eficaces” las campañas institucionales con menciones en telenovelas, películas y series, así como en su barra deportiva y de variedades. La propuesta implicaría pasar, una vez más, por encima de la Constitución.Impune en sus continuos desafíos a la ley, gracias a una mayoría de consejeros que se le someten, Televisa inclusive se da el lujo de ofrecerle al Instituto Federal Electoral (IFE) violar la Constitución a cambio de anunciarlo en sus canales de televisión como si fuera un detergente.Televisa habilitó a su operador político Javier Tejado Dondé, cuyo cargo formal es director de Información, para proponerle al IFE el canje de 30 de los 48 minutos diarios del tiempo de Estado por hacer más eficaces las campañas institucionales mediante menciones en telenovelas, películas y series, así como en su barra deportiva y de variedades.“Nuestra propuesta consiste en reducir la pauta de spoteo del IFE a total día, manteniendo la visibilidad de las campañas”, propuso Tejado en una reunión que sostuvo con miembros de la Junta General Ejecutiva del IFE, el pasado martes 3, según documentos y testimonios obtenidos por Proceso. “Con el objetivo de mejorar la eficacia en la comunicación, se propone utilizar formatos diferenciados para apoyar al IFE en la difusión e instrumentación de sus diferentes tipos de campañas”, añadió el operador de Televisa, quien advirtió a los miembros de ese órgano del IFE, presidido por Leonardo Valdés, que los millones de promocionales provocarán la saturación de los ciudadanos.Con un discurso de aparente preocupación por el cumplimiento del IFE de lo que le encomienda la Constitución y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), Tejado Dondé expuso que la “gran cantidad de tiempo” que le da al IFE, entre el 31 de enero y el 1 de mayo, “existe la posibilidad de que el exceso de comunicación del instituto genere efectos negativos en la percepción de la audiencia”.En una exposición denominada “de la frecuencia efectiva a la frecuencia enemiga”, en la que usó gráficas y estadísticas para persuadir a los miembros del IFE de aceptar la propuesta de sus jefes, Tejado –uno de los principales detractores de la reforma electoral– advirtió:“Al lograr la campaña niveles de frecuencia media demasiado altos, se puede poner en riesgo el cumplir los objetivos planteados por el Cofipe al haber asignado ese tiempo al IFE.”Sin embargo, esa oferta de Televisa que tendría vigencia en el período intercampaña –del 12 de marzo al 1 de mayo– no era de gratis: El IFE cedería a Televisa 30 de los 48 minutos diarios, con el fin de comercializarlos, lo que implica la violación del artículo 41 de la Constitución que, en el apartado A, establece que el órgano electoral es la “autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión”.Aunque, en ejercicio de sus facultades, la Junta General Ejecutiva rechazó la oferta de Televisa, en la sesión del sábado 7 –y se aprobó crear un “grupo asesor” para hacer mejor uso de los tiempos del Estado en el período de intercampaña– algunos consejeros electorales vieron con simpatía esa iniciativa.Se trata de Marco Antonio Gómez Alcántar y Arturo Sánchez Gutiérrez, miembros del Comité de Radio y Televisión que preside Virgilio Andrade, quienes dejaron impunes las violaciones de Televisa al Cofipe, primero, el viernes 13, al sobreseer el proceso sancionador especial que proponía multar a la empresa y un mes después, el 13 de marzo, al considerar infundado el mismo proyecto.Curiosamente las decisiones de ambos –a las que se sumaron los consejeros Macarita Elizondo, Marco Antonio Baños, Francisco Guerrero y en una ocasión Benito Nacif– se produjeron después de reuniones que tuvieron con miembros de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), de la que Tejado Dondé es vicepresidente: En el primer caso, ambos perdonaron a Televisa porque se habían firmado, el miércoles 11, las “bases de colaboración” con la CIRT, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) hizo pedazos, y en vísperas del segundo perdón, después de que el órgano jurisdiccional les ordenó entrar al fondo, participaron en la reunión regional de la CIRT, el jueves 12, en la Hacienda del Parián, Estado de México.
El IFE como detergente
La oferta de Televisa al IFE, operada por Tejado Dondé, se produjo en medio del escándalo por el aumento del ciento por ciento en los ingresos mensuales de los conejeros electorales, cuya decisión –tomada el 24 de febrero y que después fue reculada– tuvo la virtud de reactivar en el Congreso la Ley de Salarios Máximos.De acuerdo con el documento entregado por Tejado Dondé a los miembros de la Junta General Ejecutiva y a los consejeros del Comité de Radio y Televisión, la pauta de anuncios que el IFE transmitió del 31 de enero al 27 de febrero en sólo 10 días logró 90% de alcance, mientras que en los 18 días siguientes generó sólo 7% adicional, y además se había saturado a los televidentes.En el documento, donde se despliegan gráficas de estudios elaborados por la empresa especializada en medición de audiencia IBOPE, se plantea disminuir la frecuencia media, mejorar la eficiencia de comunicación y buscar otros productos comunicacionales.Además de reducir la pauta de promocionales y usar formatos diferenciados, la propuesta de Televisa aclara: “Cada canal de televisión tiene un perfil de audiencia específico, por lo que los formatos deberán estar alineados con dicho perfil, de tal forma que existe un beneficio para el IFE al alcanzar estas audiencias y para el canal al poder obtenerlas”.El planteamiento de Televisa al IFE es la de “integración de contenidos”, cuyas ventajas cuantitativas son, entre otras, que dan 17% más de audiencia dentro del programa que en los cortes comerciales y con picos de hasta 45% dependiendo del tipo de programa, además de que “la unión del spot e integración tiene 70% más de tiempo en la recordación espontánea contra sólo spot”.El documento detalla las ventajas cualitativas de la “integración de contenidos”, que está pensada más para mensajes comerciales, no para campañas de educación cívica: “Brinda información relevante, generando mayor utilidad del producto, creando vínculos con el consumidor y reflejando modernidad. Los diferentes géneros de programas motivan de forma distinta a la audiencia femenina y a la masculina”.En las siete semanas del período intercampaña, del 12 de marzo al 1 de mayo, los cuatro canales de Televisa instrumentarían formatos específicos dependiendo el tipo de programación y la audiencia, “alineados a los objetivos de comunicación del IFE”.Tejado Dondé puso como ejemplo de eficacia del modelo el anuncio del teléfono Nextel en la telenovela Las fea más bella: Según un post test de la empresa Bimsa, 87% de la audiencia recordó las menciones en el programa e inclusive los personajes que interactuaron con la marca, como Lety, la principal protagonista.Por ello la oferta de Televisa implicaba que el IFE aparecería en las telenovelas como parte de la integración argumental, que es la creación de una escena dentro de la trama para destacar algunos puntos que interesa difundir al órgano electoral, tal como Felipe Calderón pagó en 2006 por ser mencionado precisamente en La fea más bella. La propuesta incluía transmitir en los programas de variedades cápsulas dedicadas al IFE pregrabadas en una locación, o entrevistas, como en Matutino Express, del Canal 4, como si fuera una plática casual entre los conductores y un miembro del IFE, al que se hace una aclaración: “El cliente deberá entregar las preguntas que el conductor realizará al entrevistado.”También se incluían cortinillas –pantalla que da un mensaje específico a la salida o regreso de un programa–; las súper, pleca o superposición –gráficos y textos que aparecen en la pantalla, algunos sobre la imagen–; y la mención, es decir, la exposición de un tema específico realizado por los conductores de un programa, para lo cual “el cliente deberá entregar el texto a manera de diálogo destacando los puntos que desee comunicar.”Por ejemplo, en el Canal 2, en los programas Hoy y Muévete, se incluirían cápsulas y menciones de un minuto, cortinillas a corte de cinco segundos y súper de 10 segundos; en Mariano en tu vida, mención de un minuto; en La jugada lo mismo, y en las telenovelas, integración argumental y cortinillas al corte de cinco segundos. En el Canal 5, en la lucha libre, habría mención de 20 segundos y superposición de cinco segundos, y plecas de 10 segundos en las “series americanas (sic)” y películas de fin de semana, lo mismo que en la programación de canales 9 y 4.Inclusive la oferta de Televisa ofrecía superimposiciones de cinco segundos en los 26 partidos del torneo Clausura 2009, en el clásico América-Guadalajara y en tres juegos de la Selección de México.
Un grupo asesor
Al final, sin embargo, la Junta General Ejecutiva rechazó la oferta de Televisa –“quería vender al IFE como detergente”, comparó un consejero– y resolvió evaluar otras modalidades para cumplir la pauta que por ley le corresponde al órgano electoral y a las demás autoridades electorales “para optimizar e incrementar la eficacia del tiempo de que dispone y que permita una mayor incidencia del contenido de los mensajes producidos entre la ciudadanía”.Como parte de ese objetivo se procedió a integrar un “grupo asesor” integrado, hasta ahora, por Aimée Vega Montiel, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Francisco Aceves, experto en comunicación política de la Universidad de Guadalajara; José Carreño Carlón, profesor de la Universidad Iberoamericana; Ian Raider, presidente de Gallup de México, así como un representante, aún no definido, por el Consejo de la Comunicación.La decisión de la Junta General Ejecutiva, que integran las seis direcciones ejecutivas y el secretario ejecutivo, se produjo en un contexto de duros cuestionamientos al IFE por la subordinación de la mayoría de los consejeros a las televisoras, particularmente a Televisa, pese a los fallos del TEPJF para entrar al fondo de los procesos de sanción.De hecho, el período de precampañas federales, que concluyó el 11 de marzo, se caracterizó por los escándalos generados por las “conductas atípicas” que instrumentaron las dos televisoras por acuerdo común, como confesó públicamente el propietario de Televisión Azteca, Ricardo Salinas Pliego, el 21 de febrero.“Cuando nos llegaron las pautas a las dos televisoras dijimos: ‘Está bien, vamos a hacer un corto de tres minutos, vamos a decirle al público, lo lamentamos, es por ley y regresen en un rato, cuando esté la programación que quieren ver’. El problema si uno corta a una hora distinta es que mi audiencia se iba a perder. Entonces, para no perder, la hicimos al mismo tiempo. Entonces todos a ir al baño, háganse un sándwich y regresen en seis minutos. ¡Cómo le haces con 23 millones de spots!”Pese a tal confesión, que en la discusión del viernes 13 ningún consejero evocó, Televisa –y seguramente Televisión Azteca– no fue sancionada por manipular los promocionales, por la colocación de cortinillas, pese a que los legisladores pretendieron evitar esto, como recordó el senador Arturo Núñez.En entrevista en las instalaciones del IFE, el miércoles 18, el legislador recordó que, antes de aprobarse el Cofipe, el Senado usó los tiempos oficiales para darle difusión a la reforma electoral que se discutía. “Televisión Azteca le puso un aviso antes y uno después, que distorsionaba el contenido del spot. Entonces en el Cofipe se hizo una norma con dedicatoria expresa, para que no hubiera manipulación. Así que hay norma expresa para ese tema. Ese fue el origen de la norma.”Sin embargo, expresó Núñez, fundador del IFE, los consejeros ignoraron esa disposición. “Es miedo ante el poder fáctico y, por otra parte, algo más grave: cumplimiento de consignas extra-IFE que estarían violando la autonomía del instituto, lo que sería muy preocupante”.
–¿La mayoría?
–Sin lugar a dudas. Por ello, los consejeros deben hacerse cargo de las responsabilidades jurídicas y políticas de su cargo. “Que no se llamen a asombro si después hay quienes reclamen su corte de cabezas. No se trata de amedrentarlos y atemorizarlos, soy el primer respetuoso de la autonomía, pero no se puede tropezar dos veces con la misma piedra.”Al respecto, el propio Tejado Dondé anticipa un caos en la elección en su artículo del 10 de marzo, en el diario Reforma: “El tema central es que el diseño institucional del IFE no está soportando la burocrática carga de manejar 23 millones de spots en sus miles de variantes. Al grado tal que en algunas elecciones se verán argumentos para invalidarlas por el manejo que de los tiempos estaría haciendo el IFE.”Y prácticamente da por muerta la reforma electoral: “Nadie con un verdadero conocimiento en el manejo de medios masivos puede culpar al IFE de los errores que está cometiendo. El error es de algunos legisladores que quisieron implementar un modelo de comunicación político obsoleto y rebasado por la dinámica del debate político y de la convergencia tecnológica. Aun así, cambiar el modelo constitucional será complicado, dado que conlleva una reforma constitucional”.