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viernes, abril 01, 2011

TV de paga, fuera de la ley electoral

La televisión de paga, cuyo mercado supera los 9 millones de usuarios, no tiene ningún tipo de restricciones para el proselitismo en tiempos electorales, como sí lo tiene la televisión abierta. En una elección cerrada, como se espera que sea la de 2012, la falta de control en los spots podría determinar el triunfo de un candidato y la derrota de otro. Autoridades electorales y partidos políticos burlan la ley federal en la materia.

Fernando Ortega Pizarro *

Desde el punto de vista jurídico, al Instituto Federal Electoral (IFE) le hace falta mayor precisión sobre su responsabilidad en la verificación de la difusión de la propaganda electoral a través de la televisión de paga (vía satélite, cable y microondas). Además, en el plano operativo, no cuenta con la infraestructura para hacerlo.

Es decir, partidos, candidatos, funcionarios, particulares, empresas y diversas organizaciones tendrán la posibilidad de contratar promocionales políticos o gubernamentales en la televisión restringida para influir en los electores, debido a que el IFE no la monitorea. Y si los descubren, la multa valdría la pena si se logran los objetivos en el elector.

“Van a apostar a que nadie se dé cuenta”, considera Javier Aparicio, especialista del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Los canales propios de la televisión de paga no son monitoreados por el IFE, porque “nosotros no tenemos diseñado un sistema de esa naturaleza; la ley nos obliga a monitorear las señales abiertas de la televisión gratuita y las que teniendo esta condición se transmiten en los sistemas de cable, pero nada más”, explica el consejero electoral Marco Antonio Baños.

Por supuesto, dice, existe la tentación de comprar espacios en la televisión de paga. “Pero las señales restringidas no tienen una cobertura amplia como la de las señales abiertas. A lo mejor resulta mucho más oneroso contratar de esa manera y tener un impacto pequeño en la población”, opina.

“Todavía no está decantada la posibilidad de que hagamos nosotros un monitoreo de señales restringidas. Tendríamos que tener algún tipo de queja de un partido o algo así”, precisa.

Sin embargo, este aprovechamiento mediático en la televisión de paga ya se dio durante el pasado proceso electoral a la gubernatura en Guerrero, con una cablera local. Es un anticipo de lo que podría venir en la próxima elección federal.

De acuerdo con la Comisión Federal de Telecomunicaciones, dentro de la televisión de paga el segmento de televisión vía satélite (DTH) llegó a 3.3 millones de suscriptores; el de televisión por cable, a 5.2 millones, y el de la televisión vía microondas, a 393 mil.

El mercado vía satélite está dominado por SKY (Televisa) y una parte por Dish (MVS). La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha otorgado más de 1 mil 100 concesiones a poco más de 200 grupos de televisión de cable. Los más grandes son Cablemás y Cablevisión (ambos de Televisa, con los que controla el 50 por ciento del mercado), y le siguen Megacable, Cablecom, Grupo Hevi, Acotel y Multimedios Redes.


En Guerrero, un anticipo

La empresa Sistema Guerrero Audiovisual, cliente de Cablemás Telecomunicaciones, transmitió en la entidad programas de apoyo a los candidatos de las coaliciones Guerrero Nos Une (Partido de la Revolución Democrática, PRD, Convergencia y del Trabajo), Ángel Aguirre Rivero, y de Tiempos Mejores para Guerrero (Partido Revolucionario Institucional, PRI, Partido Verde Ecologista de México, Nueva Alianza), Manuel Añorve Baños, al margen de los tiempos oficiales del Estado que pauta el IFE.

A favor del candidato de izquierda, se transmitió el programa Ángel TV los domingos de las 21:00 a las 02:00 horas por el Canal 6 de Cablemás de Acapulco, y en Chilpancingo, los miércoles de 19:00 a 20:00 horas por el Canal 25 de Cablemás; ambos, arrendados por el Sistema Guerrero Audiovisual.

A través del programa Tiempos mejores para Guerrero se le daba seguimiento al candidato de la coalición del PRI. La cablera informó que sólo se transmitió el domingo 16 de enero de 2011, a partir de las 20:00 horas, por el Canal 6 de Cablemás, en el municipio de Acapulco, y lo suspendió como una “medida preventiva y de equidad”.

Ni partidos ni contendientes impugnaron la transmisión de estos programas, a pesar de sus efectos en las preferencias electorales. Se hicieron de la vista gorda, pues no podían señalar un delito electoral si también lo habían cometido.

El que presentó la queja fue el vocal de la Junta Local Ejecutiva del IFE en Guerrero, al darse cuenta “por casualidad” de esos programas, pues no se monitorea la televisión restringida. Entregó su reporte al secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo.

La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE, a cargo de Antonio Gamboa Chabbán, se encargó de hacer la investigación y solicitó datos al Sistema Guerrero Audiovisual.

La cablera refirió que a Gamboa Chabbán –durante una reunión con medios de comunicación de la entidad, realizada en el Hotel Emporio de Acapulco– “se le cuestionó si las pautas específicas para la transmisión de los mensajes de los partidos políticos en este proceso electoral estaban incluidas las señales por cable, a lo contestó que no está incluida ni la de paga ni la de internet”.

En esa reunión, se acordó que la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE notificara las pautas, las órdenes de transmisión y los materiales respectivos a los concesionarios y permisionarios de radio y televisión que participaban en la cobertura del proceso electoral 2010-2011 de Guerrero.

“Lo cual nunca ocurrió con Sistema de Guerrero Audiovisual, puesto que jamás fue notificado de pautas específicas o algo por el estilo que debiera cumplir”, alegó la empresa.

En efecto, el IFE, a través de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, sólo elabora y ordena la transmisión de spots de los partidos y autoridades electorales en la televisión abierta o gratuita.

Sin embargo, los cableros también transmiten canales de televisión abierta, por lo que están obligados a no alterar esas pautas. Quedan en el aire el resto de los canales que manejan. Ése es uno de los huecos de la ley por donde algunos actores electorales creen que podrían comprar espacios en la televisión de paga.

En sus informes al secretario ejecutivo del IFE, la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos combate la argumentación del Sistema Guerrero Audiovisual (oficios 0291 y 0295).

Sostiene que los artículos 41 de la Constitución, 49 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) y 53 del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral establecen lo siguiente:

Aun cuando los partidos políticos gozan del derecho para acceder a los medios de comunicación, también tienen la obligación de no contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.

En todo momento, detalla, los concesionarios y permisionarios de radio y televisión deberán abstenerse de comercializar tiempos de transmisión, en cualquier modalidad de programación, a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular.

Precisa que dichas prohibiciones se refieren a cualquier modalidad de radio y televisión, ya sea mediante la concesión o permiso de radiodifusión (radio y televisión abierta y gratuita para toda la población) o a través de la concesión del servicio de televisión y audio restringidos.

“No obstante que el Instituto Federal Electoral no pauta promocionales de partidos políticos y autoridades electorales en los canales de televisión restringida, los concesionarios de televisión y audio restringidos están obligados a cumplir las disposiciones de la Constitución” y el Cofipe, puntualiza.

Es decir, apunta, el Código Federal Electoral es obligatorio para los concesionarios del servicio de televisión y audio restringidos.

En consecuencia, dice, en la contratación de la programación y la publicidad que podrá ser hecha por terceros, el concesionario se asegurará que se observe lo señalado por la ley. Si no es así, deberá abstenerse de transmitir la programación y publicidad de que se trate, porque de otra manera será responsable de las infracciones a la normatividad.

Por lo tanto, continúa, Sistema Guerrero Audiovisual acreditó “la difusión de tiempos en formato de programa y promocionales pautados por este instituto en la modalidad restringida”.

Éste es un asunto que eventualmente se discutirá en el IFE y probablemente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sea como sea, los programas aludidos cumplieron su propósito mediático.

De este tema, algunos actores electorales no quieren opinar o comprometerse. Se solicitó a la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec) un comentario acerca de la necesidad de regular la transmisión de spots o promocionales de partidos y candidatos en televisión restringida. Se le dijo que, debido a que no hay una normatividad al respecto, el medio de paga podría aprovecharse en las contiendas electorales por venir, principalmente en la del presidente de la República.

Contestó en un solo párrafo: “La Canitec es un órgano de representación empresarial que aglutina a los empresarios de telecomunicaciones por cable. Esta Cámara es respetuosa de la regulación que emita el Poder Legislativo y Ejecutivo en nuestra materia; corresponde a dichos Poderes de la Unión determinar lo que corresponda en materia electoral”.

Por su parte, Francisco Guerrero, consejero y presidente del Comité de Radio y Televisión del IFE, aceptó que “hasta el momento se ha venido trabajando en torno a la televisión abierta, y hacia el futuro habrá que estar muy pendientes de las modificaciones que se hagan al reglamento de radio y televisión para poder atender fenómenos emergentes”.

—Ante la proximidad de la elección federal, ¿no deberían tratarse esas cuestiones con cierta urgencia?

—Hay una agenda de muchos temas en el Comité de Radio y Televisión que vamos a ver en el futuro. Este asunto que se está planteando es un tema de reflexión que hay que estudiar.

Tanto el IFE como la Canitec dejan el problema en manos de los legisladores. Hasta ahora no hay seguridad de que se vaya a atender este hueco electoral en el actual periodo de sesiones que terminará en mes y medio.

El diputado Gastón Luken, exconsejero del IFE, comenta: “Son temas que están sobre la mesa, pero no sabría decir si eventualmente van a prosperar. Yo soy de la idea que sí debe haber precisiones y ajustes en función de la experiencia pasada y evitar los problemas que se tuvieron entonces”.

Después de varios años de impunidad en los que mandatarios estatales pudieron transmitir a nivel nacional “informes de gobierno” y mensajes estrictamente locales, el Instituto Federal Electoral (IFE) abandonó su posición de actuar sólo a petición de parte y decidió proceder de oficio.

Por tanto, ordenó retirar spots del gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, con motivo de su Cuarto informe de gobierno, transmitidos por concesionarias de TV Azteca en Guerrero y Baja California Sur, que estaban en pleno proceso electoral. Al parecer, la difusión de estos promocionales fue en todo el país.
Los televidentes guerrerenses y bajacalifornianos vieron de pronto en sus aparatos spots del gobernador de Jalisco diciéndoles: “Gobernar es apasionante porque es ayudar a la gente. No digo que sea fácil, a veces te equivocas, pero lo importante es no perder lo que llevas dentro: las ganas de ayudar a la gente. En Jalisco, además de las grandes obras que hemos hecho, nos hemos esforzado por apoyar a la gente del campo, por mejorar la educación y ayudar a la creación de empleo”.

En su investigación, la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE determinó que la transmisión del Cuarto informe del gobernador de Jalisco violó el artículo 41 de la Constitución, el cual dispone, entre otras cosas, que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales, federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental.

En enero último, el IFE determinó que Enrique Peña Nieto también violó la Constitución al difundir a nivel nacional promocionales de su Quinto informe de gobierno. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se inconformó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Peña Nieto justificó la difusión nacional de sus spots por razones técnicas: “Es la única manera de llegar al Estado de México (…) por las condiciones técnicas que hay, se obliga a hacer una contratación nacional”.

El gobernador mexiquense argumentó que su similar de Jalisco, Emilio González, y el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, entre otros mandatarios, han recurrido a ese mismo esquema de pautas televisivas. En efecto, también lo hicieron en su momento los exgobernadores de Puebla, Mario Marín; de Veracruz, Fidel Herrera; de Oaxaca, Ulises Ruiz, e incluso el de Coahuila, Humberto Moreira, actual presidente del PRI.

Al ordenar la publicación del catálogo de estaciones de radio y canales de televisión para el proceso electoral ordinario de 2012 del Estado de México, en el que se consignan a las televisoras y radiodifusoras locales que cubren su territorio, el IFE desmintió de manera indirecta los dichos de Peña Nieto de que sólo contratando a nivel nacional se puede llegar a los 10.5 millones de electores en esa entidad.

Consultado al respecto, el consejero y presidente del Comité de Radio y Televisión del IFE, Francisco Guerrero, comenta: “Yo no quisiera referirme a este asunto porque está en este momento en el Tribunal Electoral sometido a una discusión”.

El consejero electoral Marco Antonio Baños es más abierto: “Nosotros aprobamos la difusión de un catálogo de radiodifusoras y de canales de televisión que tienen cobertura de dos maneras en el Estado de México. La entidad cuenta con canales propios que tienen cobertura sobre ciertas regiones, y hay radiodifusoras que abarcan otras porciones del territorio. De la misma manera, hay algunos canales –como el 22– y radiodifusoras que desde el Distrito Federal tiene cobertura particularmente sobre los 59 municipios que corresponden a la zona conurbada”.

Abunda: “Nosotros aprobamos que en esos medios de comunicación se va a hacer el pautaje de todos los promocionales, es decir, los spots de los partidos políticos que van a circular durante las precampañas y campañas del Estado de México”.

No es un trabajo sencillo, dice, “porque hay que hacer una articulación de muchas radiodifusoras y cubrir de esa manera todos los espacios del Estado de México. Yo supongo que las autoridades locales cuando tienen que hacer una contratación de esa naturaleza, pues tendrían en su caso que hacer una contratación así. Nosotros sólo estamos pautando para los partidos. La propaganda gubernamental sigue una lógica diferente”.

En el acuerdo de difusión del catálogo de estaciones de radio y canales de televisión para el Estado de México, el IFE también ordena la suspensión de la propaganda gubernamental durante el periodo de campañas en las emisoras con cobertura en la entidad.

Fuente: Contralínea 226 / 27 de marzo de 2011

viernes, marzo 18, 2011

¡Una gallinota gorda, gorda!


  • Ninguno de 14 directivos coludidos con empresas privadas pagó la multa impuesta
Impunidad sin remedio en casos de corrupción en Pemex
  • Ni el SAT ni el consejo de la paraestatal aceptaron comentar al respecto
  • "Pemex está percudido de corrupción", afirma investigadora del CIDE
  • La sanción, más de $5 mil millones
Fue una de las multas más altas impuestas por el gobierno para castigar un hecho probado de corrupción entre directivos de Petróleos Mexicanos (Pemex), la empresa estatal que aporta uno de cada tres pesos del gasto público. Un castigo que la autoridad buscó fuera ejemplar y restituyera el quebranto, pero que hasta ahora, tres meses después de concluida la investigación y encontrados los culpables, no ha pasado de las palabras.

"No tenemos noticia de que las multas hayan sido pagadas", respondió a La Jornada la Secretaría de la Función Pública (SFP), entidad gubernamental encargada de investigar y sancionar a funcionarios corruptos, cuando fue solicitada información respecto del castigo económico que anunció en enero pasado. Los sancionados fueron 14 funcionarios de Pemex que se coludieron con empresas privadas, según la propia SFP, para contratar con sobreprecio cinco buques para el transporte de petróleo.

El 26 de enero pasado, la SFP informó que 14 funcionarios de Pemex fueron castigados con una multa conjunta de 5 mil 134 millones de pesos y la inhabilitación para ocupar cualquier empleo en el gobierno federal durante 10 años. La dependencia dijo entonces que una investigación iniciada en 2006 y concluida en diciembre de 2010 los encontró responsables de haber manipulado procesos de licitación y de contratar con sobreprecio el arrendamiento de cuatro buques tanques que fueron usados por la paraestatal. Los contratos, por cinco años, fueron adjudicados a las empresas Arrendadora Ocean Mexicana y al Grupo TMM, según la investigación de la SFP. Hasta ahora no se ha informado de sanciones a directivos de las compañías privadas que participaron en las licitaciones.
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  • Ante senadores desestima Wikileaks y la operación Rápido y furioso
México pidió y controla los vuelos de EU, dice Espinosa

En medio de fuertes críticas de senadores de PRI, PRD, PT y Convergencia, que le reprocharon el entreguismo y subordinación de la política exterior a los intereses de Estados Unidos, la canciller Patricia Espinosa desestimó los efectos de la información confidencial contenida en los cables de Wikileaks divulgados por La Jornada.

Sostuvo que aunque crearon dificultades y malestar en la relación bilateral, el presidente Barack Obama ya declaró que el contenido de esos cables diplomáticos no representa la postura oficial de su gobierno.

Durante casi cuatro horas, en las que evadió gran parte de los cuestionamientos, entre ellos los referidos a la situación del embajador de Estados Unidos, Carlos Pascual, la titular de Relaciones Exteriores reconoció que el gobierno de Felipe Calderón tenía conocimiento de la operación Rápido y furioso, pero dijo que ésta no incluía la introducción ilegal de armas al país.

Espinosa reveló que los sobrevuelos estadunidenses en territorio nacional fueron solicitados por el gobierno mexicano, que tiene, aseguró, el control de los mismos. Sostuvo que ese hecho no viola la soberanía ni la Constitución, toda vez que el presidente Felipe Calderón tiene facultades para autorizar esas operaciones de aeronaves extranjeras sin necesidad de solicitar el permiso del Senado.

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  • Tienen sometido al gobierno; Calderón, rehén y cómplice, advierten
Demandan legisladores acotar el poder e influencia de monopolios televisivos

El sometimiento que ejercen los monopolios televisivos contra el gobierno debe acotarse por medio de una ley de prácticas monopólicas que sea un contrapeso a la influencia de facto que aplican los grandes empresarios al poder político, sostuvieron legisladores de varios partidos.

Alejandro Encinas, coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, sostuvo que en los cables de Wikileaks publicados en La Jornada se advierte también que el gobierno de Felipe Calderón más que nunca es rehén y cómplice del capital privado.

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El Embajador Pascual, defiende a transnacional que resucita difunta y felicita al Gobernador de B.C. por el logro conjunto: Dip. Narro Céspedes

1.- Fecha de la Operación de Compra Venta entre la señora Elodia Gómez Castañon y Energia Costa Azul de Sempra Energy: 31 de Enero del 2006 2.- Fecha de defunción de la señora Elodia Gómez Castañón: 10 de Octubre del 2004


La carta de agradecimiento que el Embajador Carlos Pascual le manda al Gobernador de Baja California Guadalupe Osuna Millán, felicitándolo por su papel en defensa de la Empresa Transnacional Sempra Energy, expresa no solo el poco tacto que ha caracterizado su labor en nuestro país sino una supina ignorancia acerca de lo que en su misiva señala como "La seguridad de los derechos de propiedad y el Estado de derecho".

Desconozco si el Embajador Pascual está informado que Sempra Energy, está autorizada para regresar diariamente más de millón cien mil metros cúbicos de aguas residuales con hipoclorito de Sodio, en perjuicio de las especies marinas, también creo que el Embajador de Estados Unidos ignora que una Terminal de esa envergadura, en California fue rechazada por estar imposibilitada para cumplir las normas ambientales.

Quizá ocupado por sus tareas de buscapleitos o andar de "chile de todos los moles", justificando su intromisión en los asuntos de nuestro país, a través de sus dislates, información dolosas o justificando la operación "Rápido y Furioso" que permitió el ingreso de más de 2 mil armas de alto poder a nuestro país, se le haya olvidado que la Empresa Sempra Energy que hoy defiende, el Representante de California Bob Filner, ha solicitado sea abra una investigación ante el Federal Bureau of Investigation, Procuraduría General de los EE.UU y ante la U.S. Securities and Exchange Commission, por posibles delitos cometidos por dicha empresa durante su proceso de instalación, en Ensenada. Incluso durante la crisis energética del 2001 en California, el propio Sistema Operador Independiente señalo que Sempra Energy obtuvo ilegalmente cerca de 13 mil millones de dólares, cuando el Gobierno de California, reveló la realización masivos fraudes energéticos que elevaron el megavatio de 100 a 400 dolares.
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Apremia AI a proteger a 2 activistas de Ciudad Juárez

Amnistía Internacional (AI) emitió una acción urgente en favor de las defensoras de derechos humanos Marisela Ortiz y María Luisa Andrade, quienes se vieron obligadas a huir de Ciudad Juárez, Chihuahua, tras ser amenazadas.

Tanto Ortiz como Andrade, recordó AI en un comunicado, tienen una reconocida labor por la defensa de las garantías individuales y son fundadoras del colectivo Nuestras Hijas de Regreso a Casa, que ha hecho campaña contra los feminicidios en Juárez.

En 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano que otorgara medidas de protección para ambas activistas, pero hasta el momento no lo ha hecho. Una de las consecuencias, añade, fue el incendio de la casa de Andrade el pasado 16 de febrero.
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  • Funcionarios estadunidenses bloquean carretera en San Luis Potosí
FBI y CIA reconstruyen circunstancias en que murió el agente Jaime Zapata

San Luis Potosí SLP, 17 de marzo. Como parte de las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que el agente estadunidense Jaime Zapata murió el pasado 15 de febrero, integrantes de la Oficina Federal de Investigación (FBI), la Central de Inteligencia (CIA) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas del país vecino realizaron una nueva reconstrucción de hechos sobre la carretera 57.

Siete patrullas de la Policía Federal, camionetas pick up, un enorme camión blindado conocido como El Rinoceronte y dos camiones del Ejército acordonaron los cinco kilómetros en los que se realizó la reconstrucción.

En el lugar fueron vistas por lo menos cinco camionetas blindadas, dos con placas de Estados Unidos. Los agentes del vecino país destacaban por su vestimenta.

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Policías federales piden a SSP apoyo legal para presentar denuncia contra militares

Dos agentes de la Policía Federal (PF), quienes están a cargo de la patrulla 11329 de esa corporación, presentaron ayer una queja ante autoridades jurídicas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, con el propósito de recibir apoyo legal para la elaboración de una denuncia penal en contra de militares que la tarde del pasado miércoles los mantuvieron "retenidos" al menos dos horas, tras un conato de riña que se dio en el municipio de Tecámac, estado de México, revelaron a La Jornada fuentes gubernamentales.

En su queja, los policías federales aseguraron que un grupo de militares vestidos de civil los encañonaron, los tiraron al piso y los despojaron de sus celulares y aparatos de radiocomunicación, y luego los mantuvieron retenidos en la Base Militar Aérea número uno de Santa Lucía.
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Utilizaremos la aplanadora para aprobar la reforma laboral, advierte el tricolor

La Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados –instancia en la que predominan los líderes de la CTM– comenzó a revisar el proyecto de dictamen de reforma a la Ley Federal del Trabajo, que legaliza la subcontratación o outsourcing, introduce la modalidad de contratación temporal, facilita el despido de los trabajadores, pero mantiene la estructura de control y de manejo poco claro de los recursos de los sindicatos.

Aun cuando la intención del PRI y del PAN era votar ayer mismo el dictamen o declarar la comisión en sesión permanente para recabar sólo las firmas de los diputados y presentarlo para su votación en el pleno, la presión que ejercieron los grupos parlamentarios del PRD y del PT aplazó el debate.

La comisión se reunió ayer a partir de las 8:30 horas, y ante las protestas de la bancada del PT, diputados de PRI y PAN afirmaron que el encuentro no tenía como objeto votar el dictamen, pero el proyecto fue distribuido entre priístas y panistas.

Para reforzar el interés del tricolor en abordar el tema, se presentó el vicecoordinador, José Ramón Martel, quien lleva la negociación de la reforma con los empresarios y el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón.
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La iniciativa es un robo a los obreros: expertos

La iniciativa de reforma laboral presentada por el PRI legaliza el outsourcing, facilita a los patrones el despido injustificado de trabajadores a su libre arbitrio, evitándoles el pago de las indemnizaciones mínimas de ley; limita el pago de salarios caídos a un año; da manga ancha a la flexibilización laboral con contratos a prueba o "por temporada" y precariza la mano de obra mexicana, por lo que es un robo a los derechos de los trabajadores, que quedarán totalmente desprotegidos.

Con esta iniciativa el PRI "da la espalda a las luchas obreras y populares que le dieron vida", además de que es "aberrante" que esta iniciativa cuente con la anuencia y la "traición de mafias" como las dirigencias de Confederación de Trabajadores de México el Congreso del Trabajo y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos.

Tras analizar la reforma priísta, el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS) y el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) apuntaron lo anterior y señalaron que la premura con la que se busca su aprobación da cuenta los obscuros intereses que la promueven.
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Congelan propuesta de crear nueva empresa eléctrica en el centro del país

La Secretaría de Gobernación (SG) informó que producto de la mesa de diálogo con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) hay un compromiso de legisladores, sindicato y gobierno para que no se dictamine la iniciativa de ley que propone la creación de una nueva empresa eléctrica el centro del país.

"Esta mesa de diálogo incluye a legisladores y uno de los acuerdos fue de que mientras la mesa estuviera instalada, no se movería el dictamen en ningún sentido", señaló el subsecretario de Gobierno de la SG, Juan Marcos Gutiérrez.

El funcionario se mostró más flexible que sus antecesores respecto de las opciones para que los electricistas vuelvan a tener un empleo y dijo que a esta dependencia no toca determinar si ello es o no a través de una contratación colectiva.
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Abusa EU de la debilidad de Calderón, dice López Obrador

"Nosotros vamos a declarar la lucha contra la pobreza y por el bienestar"

Ante cientos de representantes de institutos políticos de 37 países, reunidos por el Partido del Trabajo, Andrés Manuel López Obrador señaló que la intervención del gobierno de Estados Unidos en México responde a que "están abusando de la debilidad de Felipe Calderón".

Al participar como uno de los oradores principales en el 15 seminario internacional Los partidos políticos y una nueva sociedad, que se lleva a cabo en el hotel Sevilla Palace de la ciudad de México, el ex candidato presidencial habló de la necesidad de fortalecer la política exterior, tras revelarse la participación que está teniendo el gobierno estadunidense en el combate que impulsa Calderón contra el crimen organizado.

"Da pena porque nuestra tradición de política exterior siempre había sido ejemplar. Históricamente, la diplomacia mexicana se caracterizó por hacer valer los principios de no intervención, autodeterminación del pueblo, solución pacífica de las controversias y cooperación para el desarrollo."

Ahora –anotó– hay una declaración de un funcionario estadunidense diciendo que "todo lo que han hecho en México ha sido a solicitud de Calderón; cada vez se sabe más que ha pedido cooperación para labores de inteligencia, que estos aviones que vuelan el espacio aéreo, violando nuestra soberanía nacional, también forman parte de un acuerdo conjunto."
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ONG critican renuncia de jueces del caso Frayre

La renuncia de los magistrados Catalina Ochoa, Rafael Boudib y Nezahualcóyotl Zúñiga, encargados de juzgar el asesinato de Rubí Frayre Escobedo, perpetúa las condiciones de impunidad que prevalecen en el país, porque al no ostentar el cargo ya no son sujetos de juicio político, afirmaron activistas de los derechos de las mujeres.

Aunque la liberación del asesino confeso, Rafael Barraza, no sólo fue responsabilidad de dichos funcionarios, al evadir el proceso judicial hacen que continúe la opacidad sobre su trabajo y siguen reproduciendo esquemas culturales misóginos, añadieron.
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Alto a la guerra y la violencia, exigen activistas a Calderón
  • El gobierno reprime y luego ofrece diálogo; "los sueños no se negocian"
Hermann Bellinghausen

San Cristóbal de las Casas, Chis., 17 de marzo. Organizaciones y representantes comunitarios de derechos humanos que participaron en el encuentro "Con la memoria los pueblos construimos justicia y verdad" demandaron hoy "alto a la guerra y la violencia generalizada que mantiene Felipe Calderón Hinojosa".

Asimismo, rechazaron la "imposición de proyectos y programas que despojan el territorio de los pueblos de México" y ponen en peligro la integridad del país.

Coincidieron en que el sistema de justicia "intimidatorio y corrupto" funciona "para que no podamos seguir adelante" en el ejercicio de las garantías y su protección, y pone sus vidas "en riesgo". La impartición de justicia "obedece a intereses económicos y políticos del poder".
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Teme EU a movimiento de AL que busca más equidad: Manuel Zelaya

Manuel Zelaya, contra quien se perpetró un golpe de Estado cuando era presidente de Honduras, por lo que no terminó su gestión, señaló que en América Latina hay un movimiento progresista, de izquierda, que camina en búsqueda de mayor equidad para la sociedad.

"Hoy la gente teme tanto al capitalismo, especialmente donde hay niveles de pobreza, injusticia, crimen y violencia, que lógicamente ha hecho crecer la necesidad de ir buscando respuestas que yo llamo pro socialistas, que son movimientos que están haciendo cambios revolucionarios en la forma de pensar de los pueblos", afirmó en entrevista.

Zelaya fue invitado por el Partido del Trabajo a participar en su 15 seminario internacional Los partidos y una nueva sociedad, que se realiza desde ayer y hasta el sábado en el hotel Sevilla Palace, con la participación de dirigentes partidistas y organizaciones sociales de 37 países.

El ex presidente hondureño inauguró el seminario y fue uno de los oradores principales en la sesión de ayer. En su participación, se congratuló de pisar nuevamente tierra mexicana y agradeció todo el apoyo recibido por la izquierda de América Latina.
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Astillero
  • Sábado Chucho
  • Obstruir a AMLO
  • Gelstar demerita videos
  • Calderonismo no tripulado
Julio Hernández López

Ausente físicamente de la sesión, pero políticamente en el centro de ella, Andrés Manuel López Obrador sabrá este sábado el tamaño real de los obstáculos –los naturales y los sembrados– que la izquierda electoral tendrá en 2012. De las varias combinaciones posibles que la mayoría numérica a cargo de Nueva Izquierda, es decir, Los Chuchos, podría imponer en el Consejo Nacional que nombrará a los ocupantes de varios cargos directivos, entre ellos el fundamental de presidir el comité nacional, ninguna parece ayudar a construir un sendero de unidad y buenas ofertas políticas. Por el contrario, como si de eso se tratara, todo apunta a la ruptura interna, el desgajamiento anunciado y la confusión intencional.

Ya sea que logren instalar a uno de sus cuadros más relevantes, Jesús Zambrano, en la presidencia del partido (con Dolores Padierna o el ebrardista-zeferinista Ríos Piter en la secretaría general), o que ante la crisis opten por prolongar hasta noviembre la estadía del muy desgastado Jesús Ortega, Los Chuchos parecen enfilados a la consecución de un sostenido propósito inequívoco, la máxima obstrucción a las posibilidades de López Obrador de ser candidato bajo las siglas del PRD y así, obligándolo a transitar por fuera del partido de izquierda con mayor peso y presencia hasta ahora, mellar o exterminar las probabilidades de triunfo de un candidato único en 2012. En ese objetivo, los mencionados Chuchos han sido acompañados por el otro precandidato importante a la postulación presidencial, Marcelo Ebrard, y su consejero rector, Manuel Camacho, convertidos todos en promotores entusiastas de las alianzas entre PAN y PRD que desde Los Pinos delineó el calderonismo.

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Dinero
  • Pega el terremoto a la iPad 2
  • Los japoneses pierden confianza en su gobierno
  • Robo de identidad
Enrique Galván Ochoa

Cinco partes de la iPad 2, la nueva tableta de Apple, son suministradas por proveedores de Japón. Sus fábricas resultaron dañadas por el terremoto. La noticia no puede ser más desalentadora, cuando hay en las tiendas filas de clientes deseosos de adquirir el nuevo gadget. El viernes pasado –cuando hizo su debut– se vendieron 500 mil en las tiendas de Estados Unidos. Muchas fueron adquiridas por revendedores. En las siguientes horas se espera un reporte actualizado. Entre las partes cuya producción se encuentra detenida están el NAND flash de Toshiba, la memoria DRAM de Elpida Memory, y la batería de Apple Japan (no soy experto en hardware, si cometí un error háganmelo saber). Un competidor ya se anotó para tomar ventaja de las desventuras de Apple. Se trata de Motorola. Ofrece su tableta Xoom al mismo precio de 599 dólares, con WiFi y 32 GB de memoria. Pero ya saben ustedes cómo es esto de la lealtad a una marca que es el equivalente al Ferrari de la informática: los fans del logotipo de la manzanita seguramente sabrán esperar la iPad 2 de Steve Jobs.
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México SA
  • El Banco Mundial y sus "antojos"
  • Calderón: estocada al sector energético
  • Treinta años de "recomendaciones"
Carlos Fernández-Vega

Sería una de las raras "coincidencias" que caracterizan al organismo financiero, pero aparentemente de la nada, y justo cuando el arrebatado inquilino de Los Pinos hace hasta lo impensable para clavar el último estoque al sector energético (aún) nacional, el Banco Mundial brincó graciosamente a la palestra para "recomendar" reformas que permitan la inversión privada en dicha área estratégica, constitucionalmente reservada al Estado, "como una medida para expandir la capacidad de crecimiento de la economía mexicana".

De acuerdo con dicho organismo, por medio de su economista en jefe para América Latina y el Caribe, Augusto de la Torre, “México no ha podido tener un despegue en la última década (…) y un área que puede generar este crecimiento es permitir la inversión en el área energética. Los economistas de México y fuera de México han debatido mucho acerca de cuál es la razón del bajo crecimiento de la productividad mexicana y creo que ese debate puede durar toda la vida, pero una de las cosas que vale la pena pensar es en qué sector de la economía se pueden hacer reformas que generen un aliento de inversión y un optimismo sobre el futuro del país y a mí se me antoja que el sector energético es un buen candidato para pensar en eso” (La Jornada, Roberto González Amador y Víctor Cardoso).
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Nulidad de los contratos incentivados para la explotación de petróleo

Cuauhtémoc Cárdenas

Quienes tenemos compromiso con un proyecto de nación cabalmente soberana, democrática en sus instituciones políticas y en sus formas de convivencia social, que ofrezca condiciones de vida digna y desahogada a todos sus habitantes, debemos estar atentos y listos para salir al paso, echando mano de todas nuestras fuerzas y de todos los recursos posibles, para frenar y desarticular toda pretensión o acción que vaya en contra de este proyecto.

Hoy, 18 de marzo, 73° aniversario de la expropiación petrolera decretada por Lázaro Cárdenas, no puede dejarse de señalar la inconstitucionalidad de los contratos de servicios para evaluación, desarrollo y producción de hidrocarburos, a los que también se les conoce como de servicios integrados y más comúnmente como contratos incentivados, que está por adjudicar Petróleos Mexicanos para la explotación de sus campos Magallanes, Carrizo y Santuario.
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El Correo Ilustrado

La propuesta laboral priísta, monumento a la mentira

La propuesta de reforma laboral del PRI, presentada la semana pasada, es un monumento a la mentira, la vergüenza y la traición. En la exposición de motivos dice que sus principales propósitos son atacar el desempleo del país y elevar la productividad. Nada más falso, pues el proyecto del PRI no es otro que el modelo que ya fracasó en Latinoamérica y España en los años 90.

Desmantelaría la estabilidad y permanencia en el empleo –planta, la llaman los obreros– para sustituirla por contratos eventuales de capacitación de 6 meses y de prueba de 3 meses, sin indemnización al concluir: contratos para obreros desechables. Cambia el salario mínimo por el infinitesimal, con los contratos por hora en base al salario mínimo, poco más de 7 pesos la hora. Establece la ley del libre despido, que lo facilita y abarata a los patrones; el outsourcing o contratistas que protegen a los patrones para abaratar también la mano de obra, etcétera. Un conjunto de medidas que precarizan el empleo y lo abaratan. Y, por tanto, contribuyen a debilitar a todos los sindicatos.

Dicho proyecto no sólo no genera nuevos empleos; los destruye y precariza. Así ocurrió en los años 90 en Latinoamérica y España. Además, sólo es una vulgar repetición del proyecto que presentó Lozano, con lo que ahora el PRI se pone a la cola del PAN. Para vergüenza de las centrales y sindicatos aún afiliados a él. Porque ningún trabajador ha sido consultado por el PRI.

Los trabajadores y sindicatos, apoyados por universitarios, la ANAD y ciudadanos con dignidad, convocamos este viernes 18 de marzo a las 16 horas en la Columna de la Independencia, para salir a manifestar nuestro rechazo al proyecto de reforma laboral, vergüenza y traición del PRI.

Por la ANAD, Manuel Fuentes, Estela Ríos, Jesús Campos, Óscar Alzaga y 38 firmas más

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Estatismo de Conapred en su resolución contra la SEP

Gilberto López y Rivas

Desde estas páginas he seguido con atención las reuniones y los planes de acción de la Campaña contra la discriminación en la educación que se ofrece a los pueblos originarios, impulsada principalmente por el Congreso Nacional de Educación Indígena e Intercultural y apoyada por decenas de organizaciones y colectivos de muy diversa procedencia y naturaleza.

En un desplegado reciente (21 de febrero de 2011), los integrantes de la campaña instaron al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) a dar una respuesta "clara, pronta y expedita a la demanda interpuesta desde el 21 de julio de 2008 por docentes de la escuela primaria bilingüe El Porvenir, de la comunidad Nichteel, del municipio de San Juan Cancuc, en el estado de Chiapas, contra la Secretaría de Educación Pública por discriminación lingüística en la aplicación de la prueba Enlace".
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El ciclo del terror y la intervención

Víctor M. Quintana S.

Guerra binacional en la que un país toma las decisiones principales y el otro carga con la mayoría de los costos. Como señalan los cables de la embajada estadunidense filtrados por Wikileaks y analizados en un espléndido reportaje de Blanche Pietrich y Arturo Cano (La Jornada, 15 de marzo), "el intenso compromiso de Estados Unidos con México" se ha traducido en un experimento fracasado, lo reconoce la propia Janet Napolitano, en una estrategia que "se les fue de las manos", como el multicitado Rápido y furioso, y tan sólo en Ciudad Juárez ha generado más de 7 mil muertos, millares de huérfanos, 230 mil desplazados y un desastre humanitario aún no dimensionado.

Sin embargo, además de las intervenciones oficiales "desde arriba" del gobierno estadunidense, además de que importantes decisiones de la llamada guerra contra el narco hayan sido consultadas por el gobierno federal con autoridades estadunidenses, incluso sin haber tomado en cuenta a gobernadores de los estados, hay otros hechos que nos revelan que Estados Unidos interviene de otras formas en nuestro país. Algunos de ellos:
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domingo, marzo 06, 2011

Poder judicial, presunto culpable

Futuro incierto

Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO, D.F., 5 de marzo (Apro).- La juez del Décimo Segundo Tribunal Administrativo en el Distrito Federal, Blanca Lobo Domínguez, ya supo lo que son los juicios sumarios de los medios y el oportunismo político.

Su orden de suspender temporalmente la proyección de la película Presunto Culpable como una medida cautelar le ganó la acusación pública de censora hasta el extremo de compararla como un acto propio de los regímenes militares o fundamentalistas.

A cinco días de la controvertida pero apenas primera decisión judicial, la secretaría de Gobernación no había acatado el mandamiento judicial porque supuestamente ignora “los alcances” de la decisión de la juez.

Lo que en realidad ha hecho es ganar tiempo no sólo para que el documental siga proyectándose, sino ante la decisión que a más tardar el próximo miércoles debe tomar un Tribunal Colegiado respecto a la suspensión provisional ordenada por la juez.

Si ese Colegiado revierte la medida, la película seguirá proyectándose sin ninguna sombra de censura, pero si avala a la juzgadora, entonces el Poder Judicial quedará como el gran censor.

Para evitarlo, podría levantar la orden de suspensión provisional y seguir sin presiones mediáticas el curso del juicio de amparo solicitado por los que se dicen afectados por la proyección, los familiares de la víctima del asesinato a partir del cual se hizo el documental.

Lo que Gobernación defiende no es un interés general, sino lo que la película representa para uno de los principales proyectos del gobierno de Felipe Calderón: la implantación en México de los juicios orales.

Resulta difícil pensar que un gobierno como el de Calderón esté velando por el interés general, que sería el derecho de la sociedad mexicana a saber y conocer. Con los antecedentes que tiene de arremeter contra los medios y periodistas que no le son afines no se puede creer que su acción sea para defender tales garantías.

Uno de los argumentos para decir que la juez Blanca Lobo pretende censurar la película es que antes de ordenar la suspensión provisional de su proyección debió pensar, precisamente, en el interés general. En este caso, el derecho de los mexicanos a conocer las miserias del sistema de procuración e impartición de justicia, lo que le da un gran valor al documental.

Pero el sistema de justicia no se reduce a las decisiones de los jueces, sino a lo que el Poder Ejecutivo –federal y estatal– hace y deja de hacer a través de sus “policías investigadoras” y de sus agentes del ministerio público.

Aunque el caso que presenta la película ocurrió en el Distrito Federal, es sabido y padecidas por todos la manipulación, negligencia e ilegalidades que existen en los procesos judiciales en todo el país. De ahí su justificado éxito.

No está duda. Pero Presunto culpable es más que un mero testimonio elaborado por dos abogados preocupados por el sistema de justicia penal mexicano. Roberto Hernández y Layda Negrete Sansores –hija de la exdiputada Layda Sansores y nieta del exgobernador de Campeche Carlos Sansores– forman parte del proyecto promovido desde 2004 por Estados Unidos para que en México se instauren los juicios orales.

Ambos forman parte del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), que junto con organizaciones empresariales mexicanas y fondos del gobierno estadounidense ha sido punta de lanza de la reforma penal aprobada en 2008. De ahí la gran promoción del documental.

La reforma, que además de hacer constitucional la figura del arraigo –esa sí, una medida propia de regímenes totalitarios– estableció que a más tardar en el 2016 en todo el país deben funcionar los juicios orales, para lo cual se han destinado parte recursos de la Iniciativa Mérida.

Calderón hizo suyo el proyecto estadounidense y tuvo el aval en el Congreso a partir del hecho, innegable, de la inoperancia del actual sistema de justicia.

Pero nada garantiza que los juicios orales vayan a ser la solución, sobre todo si las procuradurías siguen operando en función de los intereses políticos de sus jefes –el presidente o los gobernadores– o las policías están tan desacreditadas no sólo por la corrupción, sino por los cuestionamientos de que son objeto sus jefes, como el caso del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.

A partir del principio de presunción de inocencia, –el cual, desde luego, no operó en el caso de Florence Cassez, a pesar de las ilegalidades en la investigación de García Luna–, el CIDE patrocinó también la reapertura del proceso por la masacre de Acteal y logró la liberación de los acusados.

Si los liberados no fueron culpables, fue una gran reparación. Ese es el objetivo de los juicios orales. Pero lo que no supimos fue quiénes son los responsables. Ni lo sabremos, como tampoco en Presunto culpable. La impunidad tampoco será abatida por la justicia transparente que ahora todos dicen defender.

jcarrasco@proceso.com.mx

lunes, noviembre 22, 2010

Tiranosaurio mex

Salón de sesiones en la SCJN.

Denise Dresser

MÉXICO, D.F., 22 de noviembre.- ¿En qué se parece la Suprema Corte a uno de los dinosaurios más grandes del mundo? ¿Por qué compararlos, si la Corte tiene su sede en la calle de Pino Suárez y el tiranosaurio habitó la parte occidental de Estados Unidos hace 65 millones de años? ¿Hay alguna afinidad entre una institución que imparte justicia y un reptil del Periodo Cretácico? Las similitudes no son obvias hasta que uno lee el documento elaborado por dos investigadores del CIDE –Carlos Elizondo y Ana Laura Magaloni– y titulado: ¿Por qué nos cuesta tanto dinero la Suprema Corte?”. Y allí en blanco y negro se percibe el parecido: la Corte, como el tiranosaurio, es un enorme depredador. Un carnívoro hambriento. Un espécimen que devora recursos de la ciudadanía como los dinosaurios devoraban las aves de su era.

El argumento detrás de esa enormidad es el deseo de asegurar la independencia y la autonomía del máximo tribunal. Antes de la reforma emprendida por Ernesto Zedillo en 1994, la Suprema Corte era una entidad sumisa, doblegada, guardián de los deseos del Poder Ejecutivo. No tenía el tamaño o el peso suficientes para ser considerada uno de los depredadores más feroces; ni a hadrosaurio llegaba. Pero a partir del parteaguas que el presidente impulsó, la Corte comenzó a cambiar en aras de convertirse en un árbitro jurídico creíble y aceptable. Esa tarea incluyó una serie de políticas diseñadas para asegurar su independencia: que los ministros duraran 15 años en el cargo, que sus sueldos no pudieran ser reducidos, que cuando se retiraran tendrían derecho a una pensión vitalicia, que la institución podía elaborar su propio presupuesto para que se incluyera –sin cambios– en el Presupuesto de Egresos, y que el presidente de la Corte tenía la facultad de administrar esos recursos como quisiera.

Y allí está el resultado casi 20 años después: una Corte independiente pero cara, autónoma pero rapaz. La independencia no ha asegurado el buen uso de los recursos. Más bien ha transformado a la Corte en un carnívoro constante que se alimenta a sí misma de forma ineficiente, irracional e ineficaz. En lugar de evolucionar y transformarse en pájaro, la Suprema Corte tan sólo prosiguió con las mismas prácticas del Pleistoceno priista. Y así, mordida tras mordida del presupuesto público, ha llegado a ser la Corte más cara del mundo, sin ser la más productiva o la más generadora de confianza ciudadana. Así como hay 30 especímenes de tiranosuarios rex, en México la Corte despliega un gran número de prácticas asociadas con su conversión en tiranosaurio mex.

Desde el 2003, el presupuesto asignado a la Suprema Corte ha aumentado. En 2009, la Corte gastó entre 40 y 90% más que los Poderes Judiciales en los estados. Hoy la SCJN gasta mucho más que otros tribunales prestigiados en el mundo. La Suprema Corte de Estados Unidos aplica el 37% de lo que ejerce la mexicana. La de Canadá gasta el 15.2% de lo que eroga la nuestra. El Tribunal Constitucional de España usa sólo el 14.4% de los recursos que se embolsa anualmente el de México. Y a pesar de que la SCJN gasta tanto, no es la más productiva. El tribunal constitucional de Perú resuelve 37% más asuntos que nuestra Corte, pero con un presupuesto equivalente a 3% del ejercido por nuestro máximo tribunal.

Y llegamos hasta aquí con una Suprema Corte cara y comparativamente improductiva porque ha seguido las prácticas del viejo régimen, las reglas del juego de la era priista que convirtieron la función pública en una fórmula para la distribución del botín. Para la contratación de familiares. Para la creación de empleos. Para el otorgamiento de favores. Para la institucionalización del patronazgo. Por ello nuestra Corte, con sus 3 mil 116 funcionarios, tiene casi siete veces más personal que la Suprema Corte estadunidense y 45 veces más que el Tribunal Constitucional de Chile. Peor aún: de esas 3 mil 116 plazas, el 75% son para funciones de carácter administrativo y sólo el 25% sirven en funciones sustantivas o jurisdiccionales. La Corte mexicana dispone de 108 secretarios de estudio y cuenta. Pues resulta que el Tribunal Constitucional Español tiene sólo 54 plazas similares, pero con la mitad del número que emplea la nuestra resolvió más casos en el 2009. Nuestro tribunal supremo es tan grande, pesado y aletargado como los fósiles de sus contrapartes dinosáuricas.

¿Y en qué gastan tanto? Pues cada uno de los ministros gana 347 mil pesos netos al mes, más que el presidente de la República, quien percibe 152 mil pesos netos. Gastan más en los sueldos que se otorgan que los ministros en Canadá, Estados Unidos, Alemania, España, Colombia y Perú. Gastan en pensiones vitalicias que van de 150 mil a 225 mil pesos mensuales. Gastan en seguros de gastos médicos mayores, por los cuales el máximo tribunal eroga de 10 mil a 100 mil pesos anuales por cada ministro, incluyendo a los ya retirados. Gastan una suma diaria de 33 mil 766 pesos presupuestada para alimentos por ministro. Gastan en viáticos para viajes nacionales e internacionales la cantidad de 19 millones 148 mil 457 pesos, que diariamente serían 54 mil 115 pesos por persona. Gastan porque pueden hacerlo.

Los ministros, lamentablemente, habitan ese país paralelo distinto al de la mayor parte de los ciudadanos. En esa otra realidad pueden ser los reyes mejor alimentados, los sultanes más apapachados, los dinosaurios más engordados. Desde su posición privilegiada no tienen que predicar con el ejemplo, dejar de autoasignarse prestaciones excesivas o injustificables, valorar la ética pública o afianzar la confianza ciudadana. Ante los escandalosos datos revelados por el CIDE han respondido con el silencio o la ofuscación. Quizás creen en el viejo dicho que se usa para justificar los sueldos altos: “si pagas cacahuates, obtendrás monos”. El problema no es que hayamos creado monos, pero sí hemos concebido un dinosaurio insaciable. Tenemos una Corte muy cara, mal administrada, con una burocracia demasiado amplia y con sueldos y prestaciones excesivas para los altos cargos. Un tiranosaurio mex que se nutre del erario y de los impuestos pagados por millones de ciudadanos.

martes, agosto 10, 2010

Y Calderón, ante el espejo de su fracaso

A lo largo de la semana, el Campo Marte dio cobijo a las tres sesiones de los Diálogos por la Seguridad, donde especialistas, académicos, organizaciones civiles y líderes religiosos opinaron sobre el mal que aqueja al país: la violencia desatada. El gobierno, no obstante, se defendió esgrimiendo cifras: el director del Cisen habló de cantidades exorbitantes de criminales detenidos y de grandes incautaciones. Sin embargo, un número destaca sobre todos las demás: el de las 28 mil muertes que ha acarreado la guerra de Calderón.


Si bien el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, señala que a la delincuencia organizada se le han propinado golpes como nunca antes en la presente administración, también reconoció que son ya 28 mil las ejecuciones provocadas por el narco y que, además, se ha incrementado el número de robos, secuestros y extorsiones.

En un ejercicio inédito para un director del órgano de inteligencia del gobierno mexicano, Valdés no sólo fue el primer orador en la segunda sesión de los Diálogos por la Seguridad, organizados por la Presidencia de la República entre el lunes 2 y el jueves 5, sino que también presentó en público un informe sobre los avances y retrocesos en la guerra contra el narcotráfico.

“No hemos logrado recuperar las condiciones de convivencia en las zonas dominadas por el crimen organizado, tenemos una violencia creciente como todo mundo lo sabemos”, destacó Valdés mientras explicó el contenido de 32 láminas con estadísticas, análisis y conclusiones ante académicos, columnistas e investigadores reunidos en el Casino Militar del Campo Marte.

La cifra de ejecutados dada a conocer por el Cisen la mañana del martes 3 contrastó con la ofrecida por Arturo Chávez Chávez, titular de la Procuraduría General de la República (PGR) , apenas el 17 de junio: 24 mil.

Si ambas cifras fueran correctas, significaría que en 46 días se habrían cometido unos 4 mil asesinatos.

Del número de ejecutados ofrecido por el Cisen, más de 90% corresponde a personas vinculadas con el crimen organizado; 6%, autoridades o miembros de las Fuerzas Armadas, y 1% a víctimas inocentes, según dijo Felipe Calderón más adelante, durante el mismo encuentro, en un intento por explicar que la violencia es generada por los ajustes de cuentas y los reacomodos dentro de los cárteles del narcotráfico tras ser capturadas sus cabezas o, en su caso, muertas, como sucedió recientemente con Ignacio Coronel, uno de los capos del cártel de Sinaloa.

“Las tareas pendientes que tenemos son detener la espiral de violencia y disminuir de manera sostenida los delitos de secuestro y extorsión, golpear de manera significativa la capacidad financiera de las organizaciones criminales”, sentenció Valdés mientras en los monitores instalados en el Casino Militar se proyectaban resúmenes y cuadros ilegibles, los cuales tuvieron que ser interpretados –en 20 minutos– por el mismo director del Cisen.

El presidente Calderón convocó a estos encuentros con la sociedad luego de que el candidato a gobernador en Tamaulipas por la alianza PRI-PVEM-Panal, Rodolfo Torre, fue asesinado. No obstante, el panorama se ha enturbiado más luego de que estallaron dos coches-bomba, el primero en Ciudad Juárez –el 15 de julio– y el segundo en Ciudad Victoria –el jueves 5–, además del secuestro de los periodistas y camarógrafos de Televisa, Milenio y del diario duranguense El Vespertino.

En el informe presentado por el Cisen, Valdés detalló el decomiso de 34 mil 699 vehículos, lo que representa 157% más de lo incautado el sexenio anterior. Para reponer esos autos, se precisa, los delincuentes tendrían que pagar 600 millones de pesos.

Por otro lado –dijo Valdés–, se decomisaron 84 mil armas, 330 millones de dólares y 441 millones de pesos, cifras sin precedente. Esto, agregó, “ha mermado la capacidad operativa de la delincuencia (sobre todo) si toman en cuenta las aprehensiones de 20 mil miembros del cártel del Golfo/Zetas; 18 mil del cártel del Pacífico; 12 mil del de Juárez, y 9 mil de los hermanos Beltrán Leyva”.

Aunadas a estas cifras –antes desconocidas–, Guillermo Valdés informó de 963 enfrentamientos armados, en carreteras y calles, entre el crimen organizado y las fuerzas del Estado, lo que habla de por lo menos un enfrentamiento al día en promedio.

Ante esta perspectiva, Calderón exigió la participación de la sociedad, independientemente de la decisión que puedan tomar las fuerzas políticas, legisladores y gobernadores.

Descompuesto al escuchar las propuestas para reorientar el combate a los narcotraficantes hechas durante los Diálogos por la Seguridad, el mandatario advirtió:

“Tenemos una delincuencia organizada y una sociedad desorganizada. Una sociedad, por ejemplo, de la que requerimos información puntual, si se quiere incluso confidencial, secreta, de lo que están haciendo los criminales”, dijo con el rostro enrojecido, elevando el tono de voz y manoteando sobre la mesa en torno a la cual, durante tres días, representantes empresariales, organizaciones ciudadanas, académicos y líderes religiosos habían manifestado abiertamente su preocupación por el incremento de la violencia en el país.

“A mí sí me interesa saber quiénes son los que cobran las cuotas, a mí sí me interesa saber en dónde se reúnen, a mí sí me interesa saber cómo actúan, a mí sí me interesa saber quiénes los cobijan y se coluden con ellos; ministerios públicos, jueces, policías, alcaldes o gobernadores. Sí me interesa saber. Y la sociedad sé que lo sabe”, añadió en su reclamo hecho en el último de los tres encuentros, ante 18 representantes de las diversas iglesias del país.

La mayoría de los casi 82 invitados a dialogar con Calderón sugirió dar un giro a la estrategia ampliando, entre otras cosas, las investigaciones contra el lavado de dinero, desarrollando mejores programas sociales en las zonas más afectadas y, sobre todo, brindando información para entender lo que sucede.

Ante estas sugerencias, Calderón dijo haber tomado nota de cada una, pero rechazó las tesis de “quienes suponen” que si el gobierno no enfrenta a los criminales se acabaría la violencia. “Yo lo dudo”, comentó ante los líderes religiosos, y advirtió:

“Este problema lo está sufriendo la gente más pobre en sus comunidades (…) Y, en ese tema, señores, lo advierto de una vez, yo no voy a ceder. Yo seguiré trabajando hasta el límite de mis fuerzas y hasta el límite de los recursos que la Constitución me otorga como presidente para combatir la criminalidad.”

Proceso no encontró una propuesta, entre las más de 50 intervenciones hechas en las sesiones públicas, en el sentido de que se retirara el Ejército de las calles.

Combatir el lavado

Uno de los representantes de la cúpula empresarial, Sergio Enrique Aguilar Cervantes Rodiles, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), pidió apurar las investigaciones sobre lavado de dinero.

Una de las propuestas, por ejemplo, fue hecha por Luis Peña Kegel, vicepresidente de la Asociación de Bancos de México, en el sentido de impedir los pagos en efectivo iguales o mayores de 50 mil pesos para comprar casas o automóviles. Además, se quejó por la falta de una base oficial de datos que permita a los grupos financieros ponerse en alerta ante transacciones de empresas bajo investigación.

Esta postura no sólo fue respaldada por los empresarios, también se sumaron representantes de organizaciones civiles, como Eduardo Joaquín Gallo, de México Unido contra la Delincuencia, e Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro; esto provocó los primeros gestos de disgusto de Calderón, quien apretaba las mandíbulas y no despegaba la mirada del monitor que tenía frente a él.

En esa primera sesión –el lunes 2 de agosto– faltó coordinación entre los colaboradores del mandatario, ya que la mayor parte de los lugares para el público estaban vacíos, la coordinación de Comunicación Social no contaba con una lista de invitados de prensa –la tuvieron que confeccionar sobre la marcha– y el secretario de Gobernación, Francisco Blake, debió leer detenidamente los nombres de los convocados a la reunión, pues no conocía a muchos.

Ahí Eduardo Gallo dijo que no respaldaría a ciegas a Calderón y propuso al mandatario contar con un plan B, consistente en abrir el debate sobre la legalización de la mariguana, pues es importante medir de qué tamaño es el abanico de posibilidades, sin reparar en tabúes.

Las palabras del activista no tuvieron eco. Nadie retomó el tema.

Heriberto Castillo, presidente de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, propuso nuevos programas de empleo para jóvenes en zonas marginales, y Eduardo Gallo aterrizó esa idea al plantear programas temporales de empleo como los que se impulsaron durante la reciente crisis financiera.

Un día después de estos señalamientos, en Los Pinos, los secretarios de Hacienda, Ernesto Cordero, y de Economía, Bruno Ferrari, informaron que entre enero y julio de 2010 se crearon 559 mil 70 nuevas plazas.

Fallas en la información

En la segunda sesión de los Diálogos por la Seguridad, académicos, especialistas en el análisis del narcotráfico y columnistas criticaron al gobierno por la falta de información para entender qué pasa en México.

“No se puede medir la eficacia y la eficiencia. La información debe estar al alcance de todos sobre los delitos que ocurren, dónde y qué se está haciendo”, dijo Arturo Arango, investigador del Instituto Ciudadano sobre la Inseguridad.

A este señalamiento se sumó el investigador Raúl Benítez Manaut, quien dijo que sí se puede apoyar a Calderón en el combate a la delincuencia, pero para ello debe haber una mínima retroalimentación con datos veraces.

“El gobierno no ha sabido transmitir si va ganando o perdiendo la guerra. No ha sabido comunicar qué pasó en los operativos tras la muerte de los capos Arturo Beltrán Leyva e Ignacio Coronel. La verdad es que no entiendo por qué el gobierno sí le da información a las agencias extranjeras. Eso es algo muy desagradable”, expuso mientras Calderón anotaba algo en una computadora personal.

Uno de los momentos más tensos fue cuando Eduardo Guerrero, socio de Lantia Consultores, propuso focalizar de mejor manera su estrategia hacia los puntos de mayor conflicto, como ha sucedido en otras partes del mundo –Chicago o Rusia–, minimizando los riegos hacia la población.

Calderón lo interrumpió pidiéndole que explicara mejor sus ideas, ya que –desde su perspectiva– no hay manera de hacer eso en forma automática.

Guerrero, en respuesta, comentó que esto era como en un juego de billar en el cual antes de meter una bola en la buchaca ya se sabe que el resto va a rebotar y se calculan sus movimientos para no cometer errores.

Lo mismo pudo suceder –ejemplificó– con el caso de Ignacio Coronel cuando, al mismo tiempo que se planea una detención efectiva, el gobierno cuenta con planes sobre cómo contener la violencia dentro del cártel del Pacífico para que la población no resulte afectada.

Calderón apretaba las mandíbulas y no dejaba de taladrar con la mirada al consultor. “Pero bueno, estaríamos entonces de acuerdo en que primero hay que pensar en meter las bolas”, comentó después el mandatario.

Héctor Aguilar Camín hizo que a Calderón se le descompusiera el rostro cuando dijo que su gobierno no es capaz de disparar información ni en defensa propia.

“Desde el punto de vista de la información, ustedes, las autoridades, nos tienen a los mexicanos en medio de un tiroteo del que no sabemos de dónde vienen los tiros (…) La guerra está perdida en el ámbito de la información y la opinión pública”, destacó el historiador. Recordó que sobre la muerte de Ignacio Coronel el gobierno no aportó detalles sobre cómo fue el operativo.

“Y ahí es donde digo que no disparan en materia de información ni en defensa propia. Perder la guerra en la opinión pública es también perder credibilidad del gobierno en otros ámbitos, no sólo en materia de seguridad”, añadió.

“Uno no entiende –apuntó– por qué se reservan esa información, por qué no tienen una estrategia puntual para informar de las cosas que conocen, no me refiero a los temas que afecten la confidencialidad de las estrategias, sino de información pública, continua y sistemática.”

Otros académicos e investigadores, como Sergio López Ayllón, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), apuntaron que el mayor déficit en la estrategia oficial en el combarte a la delincuencia ha sido en el sistema de información.

“Hay un desastre completo. No se previene el delito ni se castiga bien a los delincuentes. Requerimos de un sistema completo de flujo de información. De otra manera no se pueden analizar los problemas y corregirlos. Necesitamos información y la necesitamos urgentemente”, exigió.

Calderón reconoció que su gobierno no ha podido comunicar qué pasa y cómo trabaja su gabinete, pero subrayó que no hay una intención deliberada de ocultar datos ni información.

Mauricio Merino, también investigadores del CIDE, expuso: “Me ha parecido muy mala idea, mala estrategia, que sea la PGR la que encabece las medidas contra el IFAI. Esto ha emitido una señal de secrecía que no ayuda en nada a construir confianza. Tengo la impresión de que se está operando toda esta estrategia en la vieja idea de la caja negra”, enfatizó.

Merino se refería al hecho de que la PGR ha solicitado la intervención del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para no cumplir las resoluciones del IFAI mediante las cuales los comisionados ordenaron la apertura de expedientes. Aunado a ello, también se impulsó una reforma legal para impedir que las averiguaciones previas sean públicas aun cuando ya estén cerradas.

En esa mesa se encontraba el titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez, quien optó por no confrontar a Merino. En respuesta, Calderón ofreció a sus invitados abrir la información y les prometió entregarles una base de datos oficial.

Esa noche Los Pinos emitió un comunicado para puntualizar que Calderón está contra la legalización de la mariguana, pero que acepta abrir el debate al respecto.

Las bodas de Canán

En la siguiente sesión, ahora con los líderes religiosos, Calderón aprovechó una intervención sobre la ausencia de la clase política en esos encuentros para advertir que no esperará más tiempo “a ver a qué hora” los legisladores y, sobre todo, los líderes partidistas ponen los intereses del país por encima de las ambiciones personales.

Por ello –enfatizó– seguirá encontrándose con otros sectores de la sociedad para atender la nueva escalada de violencia generada por el crimen organizado, e incluso demandó que los propios creyentes y las organizaciones sociales cobren la factura a los partidos.

“Porque sé que el día de mañana van a ir ustedes a pedirles el voto y persuadirán a su comunidad. Es la hora de que entre todos nos exijan a quienes tenemos responsabilidades públicas cumplir con nuestro deber. Y todos hemos cometido errores, por supuesto”, sentenció tras escuchar durante alrededor de dos horas las opiniones de obispos y pastores.

Calderón utilizó una parábola de la Biblia, las bodas de Canán, para explicar desde su perspectiva la ausencia de los partidos.

“Había un rey que organizó una banquete y cuando se llegó la fecha, uno a uno de los invitados fueron excusándose para no ir, y lo que hizo el rey fue salir al cruce de los caminos a invitar a quienes no habían sido convidados en un principio”, comentó.

Al día siguiente, el jueves 5, los gobernadores de todo el país acordaron reunirse con el mandatario federal el próximo día 12. Los voceros fueron los mandatarios de Nuevo León y Veracruz, Rodrigo Medina y Fidel Herrera. El anuncio lo hicieron desde Los Pinos.

martes, junio 22, 2010

De cómo confundir al mundo diciendo la verdad


Estaba yo sin saber qué escribir sobre Carlos Monsiváis cuando se me apareció un beato cristero que está en proceso de ser santificado por el Vaticano y me contó esta historia que trata de un engendro del demonio. Todo parecido con el Catecismo para indios remisos es un mero homenaje.

Cansado de que a los círculos del infierno llegaran solamente ánimas arrepentidas, un mal día, Luzbel decidió inventar un engaño supremo y, tras baterías de encuestas, costosas asesorías con Dick Morris y Antonio Solá, seminarios con expertos del CIDE y reuniones con grupos focales, perfeccionó su engendro.

El fruto de sus desvelos resultó peor de lo que esperaba: era más puro que la vida íntima del padre Maciel, más púdico que la declaración de impuestos de Roberto Hernández, más cristiano que un narco absuelto por un nuncio papal, más puro que un gramo de cocaína vendido por un judicial, más limpio que un operativo antinarco; tenía tanto rating como una novela en horario triple A y, por último, estaba imbuido en una fe religiosa tan ardiente que era un ateo radical.

Para que su engaño fuera perfecto, El Rey de las Tinieblas lo bautizó con un nombre tan impío que, al ser pronunciado, era menester hacer el signo de la cruz: lo llamó San Simonsi y lo llevó a vivir a una colonia del mismo nombre. Además, lo hizo el Santo Patrono de las Causas Perdidas en el país de las causas perdidas.

Luzbel no le permitió a su engendro tener infancia, pero sí le permitió tener currículum; un currículum que, realmente, parecía obra del demonio: en casa de Don Artemio del Valle Arizpe, leyó a todo Pío Baroja a la edad de ocho años; sus maestros lo regañaban cuando los corregía: “No, profe, ‘El Abate del Cadillac’ no fue un precursor de la Revolución Francesa, ése era el Abate de Condillac”; fue campeón de natación y de oratoria en sus años mozos; pasante de Filosofía y Letras por la UNAM y doctor honoris causa por 25 universidades; cuando estudió en Harvard, su tesis la supervisó Henry Kissinger; fue secretario particular de David Alfaro Siqueiros y alumno de Salvador Novo, etcétera, etcétera, etcétera…

Para asegurarse de que San Simonsi hiciera todo el daño posible, Satanás ideó una estratagema perfecta. Le dio el don de confundir a la gente –pero no con mentiras, engaños, espejismos, falsas promesas o encuestas de salida, porque eso ya estaba muy choteado– sino que le dio el don de confundir a los incautos diciéndoles la verdad. La argucia era perfecta, pues los hombres no están acostumbrados a la verdad.

Para que San Simonsi pudiera decir siempre la verdad, Satanás lo dotó de una memoria RAM de 6 millones de gigas, le puso Internet inalámbrico integrado y lo dotó de una inteligencia fuera de serie. Esto le permitía citar de memoria a Neruda, a Shakespeare y los anuncios de “Burbujita, burbujita, burbujita…”

Así armado, lo mandó a escribir en todas las publicaciones del país. San Simonsi lo leía todo, desde los grandes ensayos filosóficos, hasta las transcripciones de la Presidencia (no se vayan a confundir, que no es lo mismo), desde los encabezados de los diarios de circulación nacional hasta las declaraciones más ínfimas (leía incluso la tele) y ahí encontró maravillas, joyas declarativas, que él sólo transcribía.

La gente leía a Sansimonsi y quedaba, en verdad, confundida, con declaraciones como éstas: En la CTM somos más marxistas que el Papa (líder sindical); En Guerrero, los únicos que se quejan son los pobres (gobernador de Guerrero); “No tengo cash”; Ni los veo ni los oigo; Ser presidente da ñáñaras; “Sí dije José Luis Borgues por Jorge Luis Borges, ¿pero a poco ustedes nunca han tenido un lapsus bilingüe”?; “Ambos tres… ya consulté y me dijeron que es correcto decir así”; “Los civiles muertos en esta guerra son ‘daño colateral’” y demás lindezas.

San Simonsi no sólo organizó el choteo colectivo a partir del registro sistemático de la estupidez oficial. También soltaba aforismos como éstos: Amistad que no se refleja en la nómina es mera demagogia; (a un ultra) movimiento que no cabe en tu cubículo, disuélvelo

También era ducho en soltar comentarios sarcásticos: Fulano de tal es tan brillante que sólo necesita un país que lo entienda; El discurso del candidato despertó un aplauso tan ensordecedor, que nadie lo oyó

En un principio, Luzbel estaba feliz con su creación, pero al cabo de un rato de leer su columna y de escuchar sus aforismos y comentarios sarcásticos, quedó sumido en la más profunda confusión y su alma se extravió en un complejo laberinto de explicaciones: ¿había hecho realmente mal al crear un personaje tan excéntrico? ¿Qué mal podría venir de la verdad?

Cuando vio que la gente leía y quería a San Simonsi, Satanás acabó abandonando su trono en el último círculo del infierno y entró a un convento como el más humilde, meditabundo y confuso de los hijos de Dios. Al triunfar, había fracasado. Su obra era tan perversa que lo había vuelto a él mismo a la senda del bien.

En su celda fría y oscura, el arrepentido demonio estudia y repasa la obra de San Simonsi. Ya va por el tomo XXXV y le esperan quién sabe cuántos volúmenes más. Mientras lee estos textos, Luzbel espera, temeroso, el día del juicio final.

Por su parte, San Simonsi se le adelantó, a pesar de ser ateo, hoy está en el paraíso de los excéntricos, rodeado de gatos, libros viejos, y echando chisme con sus viejos amigos: Ignacio Ramírez, Vicente Riva Palacio, José revueltas, Eduard Fuchs, Walter Benjamin y demás. Dichosos ellos. ¡Cómo se han de estar divirtiendo!

Mientras tanto y por lo pronto, a nosotros sólo nos queda pedir que la calle en la que está ubicada la casa en la que vivió toda su vida, sea rebautizada con el nombre laico de San Simonsi: Carlos Monsiváis.

A Omar

lunes, febrero 15, 2010

Los Guzmán Loera y titular de Sagarpa cobran subsidio

El secretario Francisco Javier Mayorga, sus hermanos y su padre reciben millones de pesos en ayudas para el campo desde hace años.
El secretario de Agricultura y su familia más cercana; tres hermanos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera; Carlos Beltrán Leyva, hermano de Arturo Beltrán El Barbas, así como varios políticos mexicanos encumbrados, son subsidiados por los programas mexicanos para el campo, cuyo diseño original era apoyar a los productores más desprotegidos.
Industrias Melder, empresa que pertenece a los hermanos del secretario de Sagarpa, Francisco Javier Mayorga Castañeda, ha sido beneficiada con 10 millones 737 mil pesos de subsidios del Subprograma de Apoyos para la Adquisición de Coberturas de Precios Agropecuarios, de Aserca.
Los apoyos comenzaron a entregarse en 2005, año en que Mayorga fue designado por primera vez titular de Sagarpa, con Vicente Fox. Sus hermanos Francisco Javier, Cristóbal, Luz Teresa y Miguel Arturo, y su padre Salvador Arturo, están inscritos en el padrón de Procampo desde 1995. Hasta el ciclo primavera-verano de 2009, obtuvieron un millón 740 mil 654 pesos.
Las listas de beneficiarios de Aserca, disponibles en internet, indican que el secretario y su familia fueron subsidiados de 2000 a 2002, tiempo en que Francisco Javier se desempeñó como director de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), el órgano administrativo desconcentrado encargado de administrar los recursos de Procampo y otros programas.
Mauricio Merino, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dice respecto a si el secretario Mayorga y su familia están o no impedidos por la ley para recibir apoyo oficial: “Aunque haya vericuetos legales para que al cobrar los subsidios no sean sancionados, desde el punto de vista ético, es evidentemente una posición reprobable”.
En julio de 2009 el entonces titular de la Sagarpa, Alberto Cárdenas Jiménez, anunció que el padrón de Procampo sería depurado para eliminar a personas relacionadas con el crimen organizado. En la entrega más reciente de subsidios, EL UNIVERSAL encontró que siguen beneficiándose.
Es el caso de los hermanos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, Aurelino, Jesús y Ofelina. Esta última aparece en las listas de Aserca desde 2001, año en que el líder del cártel de Sinaloa se fugó de la cárcel.
Fuente: El Universal

El titular de Sagarpa y su familia beneficiarios de Procampo

http://www.youtube.com/watch?v=aRIRlsFjPNY

jueves, septiembre 17, 2009

Jacinta, una mujer incómoda para la justicia

México, DF. Jacinta Francisco Marcial, acompañada de su esposo y sus hijos, ofreció una conferencia donde habló sobre su proceso penal y su liberación. María Melendrez Parada / La Jornada.


MÉXICO, D.F., 16 de septiembre (apro).- Jacinta era una mujer incómoda para la justicia mexicana. Se había convertido en el ejemplo más claro de la sinrazón de las autoridades que imparten las leyes en el país.Con argumentos falsos, la Procuraduría General de la República (PGR) la mandó a la cárcel por 21 años, acusada de secuestrar a seis agentes federales. Tres años estuvo presa Jacinta, hasta que en una reposición del juicio, amañado en primera instancia, fue puesta en libertad la madrugada de este miércoles.
Eran tan claras las inconsistencias en el caso de la indígena otomí Jacinta Francisco Maciel, así como de Teresa González y Alberta Alcántara, que no pudieron mantenerse. Pese a ello, la PGR insistió que las tres indígenas, junto con 200 personas más del mercado de Santiago Mexquititlán, Querétaro, secuestraron a los seis policías de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI).
El 26 de marzo de 2006, los agentes llegaron al mercado para decomisar mercancía importada ilegalmente. Horas después, éstos declararon que Jacinta motivó a la gente para que los secuestraran y luego pidieran un rescate por 80 mil pesos. Y ellos aceptaron las condiciones, supuestamente porque sentían que sus vidas estaban en riesgo.Los comerciantes dieron otra versión: que los policías llegaron con prepotencia, sin identificarse, y destruyeron la mercancía pirata que estaba en los puestos, lo que originó el descontento de la gente que los identificó como ladrones y los obligó a reparar el daño.
Ninguna de las declaraciones testimoniales de los pobladores fue tomada en cuenta. Además, se cometieron graves irregularidades en el juicio, como la falta de un traductor, la concesión de carácter de prueba otorgada a la fotografía de un diario local –cuyo fotógrafo desestimó un posible secuestro y ello no fue considerado– y la contradicción de las declaraciones entre los supuestos secuestrados. Así, sin pruebas contundentes, mediante un proceso plagado de irregularidades, con pruebas sin peso ni definición legal, la indígena otomí Jacinta, así como Teresa y Alberta, fueron enjuiciadas y sentenciadas a 21 años de cárcel, y luego recluidas en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Querétaro, por un delito que no cometieron.Pese a que se trataba de un ejemplo claro de injusticia, en su momento el caso no llamó la atención de las organizaciones que se han dedicado a encabezar campañas contra la inseguridad y la injusticia. Tampoco llamó la atención de escritores como Héctor Aguilar Camin, quien junto con un grupo de investigadores del CIDE sí retomaron el caso de los indígenas evangélicos acusados de la matanza de Acteal. Bernardo Romero Vázquez, presidente del Centro de Derechos Humanos "Fray Jacobo Daciano", y el Centro de Derechos Humanos "Agustín Pro Juárez", se encargaron directamente de la defensa de Jacinta y lograron que este año se repusiera el juicio.
En ese nuevo juicio, Norma Patricia Valdés Argüelles, delegada estatal de la PGR, sostuvo que los agentes actuaron conforme lo marca su reglamento y, en consecuencia, les brindó todo su apoyo.El gobernador de Querétaro, Francisco Garrido Patrón, no quiso meterse en el asunto, y sólo después de tres años los diputados del PAN emitieron una posición condenando la injusticia.
A destiempo, es decir, en agosto pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en la que concluyó que la PGR acusó a las indígenas Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio con base en testigos falsos y en testimonios "de oídas". Entre las irregularidades detectadas, la CNDH mencionó que tres de los seis agentes federales que dijeron haber sido retenidos por las indígenas tuvieron a su cargo la investigación del caso, lo que "impide una búsqueda imparcial de la verdad histórica y jurídica de los hechos". Para entonces, el caso de Jacinta ya había traspasado fronteras. El representante en México del la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Alberto Brunori, hizo una visita a la indígena y emitió un comunicado en el que pidió la pronta excarcelación y la eventual reparación del daño por las irregularidades del proceso. Amnistía Internacional (AI), en tanto, calificó a Jacinta como "presa de conciencia" y reclamó su inmediata liberación ante las irregularidades detectadas durante el proceso.En un comunicado emitido desde su sede en Londres, la organización defensora de los derechos humanos sostuvo que Jacinta Francisco estaba encarcelada "únicamente por su situación social marginal y pobre", lo que limitó su capacidad de responder ante la justicia sobre los hechos que se le imputaban.
Frente a la defensa de organizaciones nacionales e internacionales, la PGR comenzó a trastabillar. Uno de los agentes acusadores no fue localizado, otro más murió, y sólo cuatro ratificaron su testimonio.
Y ante la imposibilidad de mantener el caso, Jacinta, Alberta y Teresa, las tres indígenas acusadas de secuestro, fueron puestas en libertad este miércoles.En un comunicado, la PGR declaró que "por duda razonada, el fiscal presentó pruebas no acusatorias".Sin embargo, el caso evidenció, una vez más, que se trató de una más de las injusticias que se cometen en el sistema judicial mexicano, tan cuestionado por su porosidad ante los diversos grupos de poder que hacen que la balanza se incline hacia donde más les conviene.
Hasta en la cárcel Jacinta fue discriminada

http://www.youtube.com/watch?v=dANWm2Q1DqY