viernes, julio 22, 2011
21st-Century Slaves: How Corporations Exploit Prison Labor
In the eyes of the corporation, inmate labor is a brilliant strategy in the eternal quest to maximize profit. 
There is one group of American workers so disenfranchised that corporations are able to get away with paying them wages that rival those of third-world sweatshops. These laborers have been legally stripped of their political, economic and social rights and ultimately relegated to second-class citizens. They are banned from unionizing, violently silenced from speaking out and forced to work for little to no wages. This marginalization renders them practically invisible, as they are kept hidden from society with no available recourse to improve their circumstances or change their plight.
They are the 2.3 million American prisoners locked behind bars where we cannot see or hear them. And they are modern-day slaves of the 21st century.
Incarceration Nation
It’s no secret that America imprisons more of its citizens than any other nation in history. With just 5 percent of the world’s population, the US currently holds 25 percent of the world's prisoners. In 2008, over 2.3 million Americans were in prison or jail, with one of every 48 working-age men behind bars. That doesn’t include the tens of thousands of detained undocumented immigrants facing deportation, prisoners awaiting sentencing, or juveniles caught up in the school-to-prison pipeline. Perhaps it’s reassuring to some that the US still holds the number one title in at least one arena, but needless to say the hyper-incarceration plaguing America has had a damaging effect on society at large.
According to a study by the Center for Economic and Policy Research (CEPR), US prison rates are not just excessive in comparison to the rest of the world, they are also substantially higher than our own longstanding history. The study finds that incarceration rates between 1880 and 1970 ranged from about 100 to 200 prisoners per 100,000 people. After 1980, the inmate population began to grow much more rapidly than the overall population and the rate climbed from about 220 in 1980 to 458 in 1990, 683 in 2000, and 753 in 2008.
The costs of this incarceration industry are far from evenly distributed, with the impact of excessive incarceration falling predominantly on African-American communities. Although black people make up just 13 percent of the overall population, they account for 40 percent of US prisoners. According to the Bureau of Justice Statistics (BJS), black males are incarcerated at a rate more than 6.5 times that of white males and 2.5 that of Hispanic males and black females are incarcerated at approximately three times the rate of white females and twice that of Hispanic females.
Michelle Alexander points out in her book The New Jim Crow that more black men are in jail, on probation, or on parole than were enslaved in 1850. Higher rates of black drug arrests do not reflect higher rates of black drug offenses. In fact, whites and blacks engage in drug offenses, possession and sales at roughly comparable rates.
Incentivizing Incarceration
Clearly, the US prison system is riddled with racism and classism, but it gets worse. As it turns out, private companies have a cheap, easy labor market, and it isn’t in China, Indonesia, Haiti, or Mexico. It’s right here in the land of the free, where large corporations increasingly employ prisoners as a source of cheap and sometimes free labor.
In the eyes of the corporation, inmate labor is a brilliant strategy in the eternal quest to maximize profit. By dipping into the prison labor pool, companies have their pick of workers who are not only cheap but easily controlled. Companies are free to avoid providing benefits like health insurance or sick days, while simultaneously paying little to no wages. They don’t need to worry about unions or demands for vacation time or raises. Inmate workers are full-time and never late or absent because of family problems.
To read the complete article HERE.
In Debt Talks, Obama's Only Won Half the Battle -- And It's the Half That Doesn't Matter As Much
By Steve Benen/Washington Monthly
How Rupert Murdoch Could Get His Hands On Your Kid's Information--And It's Legal
Erica Hellerstein
1 Million Dead in Iraq? 6 Reasons the Media Hide the True Human Toll of War -- And Why We Let Them
John Tirman / AlterNet
Julian Assange's Proud Father: My Son Has 'Immense Desire for Justice in the World'
Giles Tremlett / The Guardian
Llevar a juicio a civiles y militares, primera prueba de Humala
Una vez en el cargo, entre las primeras pruebas que afrontará Ollanta Humala será el de hacer cumplir el acuerdo firmado entre el Estado peruano y la CIDH para enjuiciar a los autores civiles y militares de un crimen de lesa humanidad: la esterilización forzada de cientos de miles de hombres y mujeres de escasos recursos, principalmente campesinos e indígenas, ocurrida entre los años 1993 y 2000. Los hechos ocurrieron bajo el gobierno de Alberto Fujimori. El acuerdo establecido con el organismo internacional había sido suspendido por el gobierno de Alan García.
El presidente electo de Perú, Ollanta Humala, impulsará la investigación para que la justicia penalice a los responsables del plan de esterilización compulsiva de mujeres del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), asegura la portavoz de la agrupación política triunfante, Aída García Naranjo.
“Humala cumplirá con el compromiso del Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que no quede impune el caso de las víctimas de esterilizaciones femeninas y masculinas, que consideramos un delito de lesa humanidad”, dice García Naranjo a IPS.
“No puede haber democracia en un país donde se promueva el olvido y la ausencia de justicia”, sentencia la dirigente de Gana Perú.
El Acuerdo Amistoso del país con la Comisión, que es parte del sistema de la Organización de los Estados Americanos, data de 2003 y establece que se enjuiciará a los autores del programa de planificación familiar para reducir la pobreza con operaciones quirúrgicas masivas de ligaduras de trompas de Falopio y vasectomías, en particular en poblaciones andinas, campesinas y de bajos recursos.
En 2010, sin embargo, la representante del gobierno peruano había anunciado a la entidad, con sede en Washington, que el Ministerio Público había archivado el caso y que con eso daba por concluido el tema.
Así, Lima sólo cumplió en el caso testigo de este Acuerdo, con la indemnización y atención a la familia de María Mestanza, una de las víctimas de esterilización forzada que falleció en 1998, cancelándose así toda posibilidad de justicia.
Cifras oficiales del Ministerio de Salud indican que entre 1993 y 2000 se practicaron 346 mil 219 esterilizaciones femeninas y 24 mil 535 masculinas, 55.2 por ciento de las cuales fueron realizadas entre 1996 y 1997, periodo en el cual fueron autorizadas a participar en estas operaciones a las Fuerzas Armadas y a la policía.
En ese lapso de dos años se efectuaron 262 ligaduras de trompas por día en promedio, en el marco del llamado Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, diseñado por el gobierno de Fujimori, actualmente encarcelado por delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
Esta cuenta pendiente en Perú estuvo entre los principales asuntos manejados en el debate transmitido por televisión, previo a la segunda vuelta presidencial del domingo, que sostuvieron Humala y su contendiente, la derechista Keiko Fujimori, hija del exmandatario.
El líder nacionalista, ganador del debate con un programa de gobierno de izquierda, emplazó a Keiko Fujimori a que se pronunciara sobre las esterilizaciones que afectó el gobierno de su padre a miles de mujeres, en particular a andinas y pobres.
Destacó, en esa presentación, que su contrincante contaba en su equipo técnico con Alejandro Aguinaga, quien como Ministro de Salud del gobierno fujimorista de 1999 a 2000, fue uno de los que ejecutó el cuestionado programa de planificación familiar.
Pero Humala olvidó mencionar a otro exministro de Salud involucrado en el caso, se trata de Marino Costa (1996-1999), que también formó parte del equipo técnico de Keiko Fujimori. El tercer responsable de esta cartera acusado de encabezar el plan de esterilizaciones es Eduardo Yong Motta (1994-1996).
La hoy candidata frustrada a la presidencia se defendió indicando que el caso estaba cerrado, que Aguinaga había sido investigado y que no se le encontró ninguna responsabilidad. Pero, aún no se abre ningún juicio por este plan en Perú.
“El anuncio de Humala representa una esperanza de justicia para todas aquellas mujeres que, como yo, fuimos engañadas por el gobierno de Fujimori cuando nos dijo que al esterilizarnos mejoraría nuestra calidad de vida, y resultó todo lo contrario”, declara a IPS Ligia Ríos Lizárraga, de 44 años y madre de tres hijos.
“Por esterilizarme me mataron a mi último hijo”, señala esta campesina. Agrega que “desde que en 1997 con engaños me ligaron las trompas, sin decirme que en ese momento estaba embarazada, mi vida es un completo infierno. Cada cierto tiempo tengo hemorragias, y ahora acabo de salir del hospital para que me atendieran de emergencia”.
Ríos Lizárraga narra que recurrió a los tribunales para que sancionaran a los autores de la operación quirúrgica, pero el caso nunca prosperó. “Por eso, luego de 14 años de sufrimiento, escuchar que mi caso y el de otras mujeres será revisado me da cierto alivio. Espero estar viva cuando castiguen a los culpables”, apunta.
Las mujeres de la sureña región del Cuzco se encuentran entre las más afectadas por las esterilizaciones. En el periodo más intenso de esta práctica, entre 1996 y 1997, el número de ligaduras de trompas saltó espectacularmente de 1 mil 808 a 4 mil 535, lo que significaba casi cinco operaciones diarias.
Sabina Huilca Cóndor, de 41 años, procedente de la comunidad de Izcuchaca, en la provincia de Anta, fue una de esas víctimas. Actualmente tiene que seguir yendo a Lima para recibir un tratamiento especializado. Sufre una neoplasia que los médicos no descartan que sea una derivación de la mala práctica quirúrgica que le practicaron para ligarle las trompas.
“Me voy a poner a disposición de las autoridades para demostrar las causas de la esterilización que me hicieron sin mi consentimiento”, dice Cóndor.
“Yo puedo mostrar mis heridas, mis males, mis dolores, todo lo que sea necesario para que sepan los jueces que me hicieron daño de por vida por una operación que yo nunca pedí”, añade.
Al final de la campaña electoral y ya con el caso de las esterilizaciones golpeando fuertemente la credibilidad de su candidatura, Keiko Fujimori ensayó unas disculpas a las víctimas.
Pero Cóndor dice no aceptar esas disculpas, pues “fueron sólo por interés”. “No le creo porque antes nunca dijo nada”, agrega.
La directora de la organización nogubernamental Demus, Jeannette Llaja, manifiesta su expectativa por el anuncio de Humala y destaca que “no sólo se espera una investigación y sanción a los responsables, sino también la reparación a las víctimas, tanto individuales como comunales”.
Llaja agrega: “Especialmente en las zonas andinas, las esterilizaciones afectaron a comunidades campesinas completas, de allí que nosotras planteamos que el delito cometido es de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible”.
En entrevista con IPS, Llaja señala que “hay investigaciones del Congreso Legislativo y de otras instancias que han concluido que el programa de planificación familiar se diseñó especialmente para afectar a las mujeres más pobres del país, habitantes de las zonas andinas y quechuahablantes”.
Indica además que “la responsabilidad no se reduce sólo a los médicos sino también a los autores de las políticas públicas, lo cual equivale señalar al propio expresidente Fujimori”.
“La declaración de Humala es una expresión de que el Estado peruano finalmente asumirá el compromiso adquirido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por eso esperamos y velaremos porque se cumpla la palabra”, puntualiza Llaja.
En 2006, Sandoval demandó a EU parar a AMLO
Información de Wikileaks
*El cardenal lo pidió al embajador de la Casa Blanca en el Vaticano
El cardenal mexicano criticó lo que llamó aumento de poderde mandatarios como Fidel Castro (Cuba), Hugo Chávez (Venezuela), Evo Morales (Bolivia) y Michelle Bachelet (Chile), y preguntó si el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, podría detener esta
tendencia peligrosa.
Según un cable de la embajada estadunidense ante la sede papal, el arzobispo de Guadalajara manifestó al titular de la legación, Francis Rooney, que bajo el gobierno de López Obrador el crimen y la violencia habían aumentado en la ciudad de México .Frenar a López Obrador, pidió Sandoval Íñiguez a Estados Unidos en 2006
*El cardenal calificó de
peligrosoel avance de la izquierda en América Latina, de acuerdo con un cable de la embajada de Washington en el Vaticano.
El cardenal Juan Sandoval señaló que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aumentó la violencia en la ciudad de México, de acuerdo con un cable filtrado por Wikileaks. En la imagen, asamblea del Morena en Yautepec, MorelosFoto Carlos Ramos Mamahua.El cardenal Juan Sandoval Íñiguez pidió ayuda a Washington para frenar el avance de Andrés Manuel López Obrador en 2006, de acuerdo con el cable 06VATICAN61 de Wikileaks, redactado por la embajada de Estados Unidos en el Vaticano.
La representación estadunidense afirmó en dicho cable que a Sandoval Íñiguez le preocupaba el avance de la izquierda en Latinoamérica, y señaló que aumentaba el poder de Fidel Castro, Hugo Chávez, Evo Morales, Néstor Kirchner, Michelle Bachelet y López Obrador.
El prelado se reunió en Roma el 28 de marzo de 2006 con Francis Rooney, embajador de Estados Unidos en el Vaticano, cartera que ocupó de 2005 a 2008.
El cardenal Sandoval dijo a Rooney que el avance de la izquierda representaba una tendencia peligrosa
, señaló la embajada en el Vaticano.
De acuerdo con el cable de Wikileaks, el prelado preguntó si el presidente (George W.) Bush podría ayudar. Sandoval afirmó que durante el gobierno de López Obrador el crimen y la violencia habían aumentado en la ciudad de México
.
El embajador concordó con la importancia del mensaje, y agregó que durante una visita al Vaticano el entonces subsecretario de Estado, Thomas A. Shannon –ahora embajador de Estados Unidos en Brasil–, ya había tratado el tema de la ola izquierdista latinoamericana.
Agregó que el presidente Bush había tocado en tiempo y forma el tema con el nuevo nuncio papal en Washington
, señala el cable.
Los cardenales sienten que los pobres de Latinoamérica no entienden los beneficios potenciales que les puede traer el mercado libre, por lo que apremiaron al gobierno de Estados Unidos a ayudar (a concretar tratados de libre comercio), reconociendo que la Iglesia, aunque cautelosa, también puede jugar un papel más importante
en la materia, resume el texto difundido por Wikileaks.
El prelado había viajado a Roma para asistir al consistorio católico llevado a cabo el 24 de marzo de 2006.
Allí Rooney solicitó reunirse con Sandoval Íñiguez y otro religioso, el cardenal brasileño Claudio Hummes, con quien habló un día después de hacerlo con el primero.
Sandoval mencionó a Rooney su sueño de construir un santuario en Guadalajara para conmemorar a los mártires mexicanos, pero la plática fue principalmente sobre asuntos políticos.
El texto fue difundido en: http://wikileaks.org/cable/2006/04/06VATICAN61.html
La "reforma"
La
reforma políticade Felipe Calderón, que éste urge al Congreso le apruebe –junto con las llamadas
reformaslaboral y de seguridad–, y que el escritor Javier Sicilia en nombre de su movimiento exigió al Senado el día 22 sea aprobada cuanto antes, es una verdadera contrarreforma, contraria a los intereses del pueblo mexicano, y al margen de que es fundamental se discutan en México, de la manera más amplia y democrática posible, los cambios políticos y electorales que urgen al país para tener un régimen democrático (lo que no haría este gobierno), hay que reiterar que no existe la posibilidad legal de que se aprueben cambios en materia política electoral para 2012.
1. La propuesta de establecer en México una democracia semi-directa en vez del régimen representativo que establece el artículo 40 constitucional, y en la que ahora busca montarse hipócritamente la derecha calderonista para vaciarla de contenido, surgió como en el resto del mundo históricamente de la izquierda.
2. En la primera fase de la mesa 2 de los diálogos de San Andrés entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno federal, llevada a cabo del 21 al 25 de marzo de 1996 –y que fue interrumpida por los zapatistas ante la intemperancia del gobierno zedillista para seguir dialogando y los signos de que no quería cumplir lo acordado en la mesa 1–, como integrante del cuerpo de asesores del EZLN hice el planteamiento de acordar una verdadera reforma para garantizar los derechos políticos como derechos fundamentales de los mexicanos, modificar el artículo 41 para establecer las candidaturas ciudadanas, el 71 para que tuviesen los ciudadanos participación en el proceso de iniciativa y formación de las leyes y el 97 a fin de que pudiesen poner éstos en acción la maquinaria judicial para que se investigara cualquier violación del voto público.
3. En esta ponencia publicada en Democracia y Justicia. Diálogos de Sacam Ch’en (Ce-Ácatl, 1996, pp. 27-29), hice asimismo el planteamiento de que se estableciera en México el principio de la revocación del mandato, que en el país han rechazado con vehemencia el PAN y el PRI, y en el mundo la mayor parte de los partidos políticos; que no figura desde luego en la iniciativa de Calderón de 2010 que apoya Sicilia, y que es clamor de diversos sectores de mexicanos que no quieren verse obligados a sufrir a un mal gobernante por un periodo determinado cuando ha mostrado su venalidad o su incompetencia, como dan cuenta en nuestro país múltiples casos en los tiempos recientes, incluyendo el de Felipe Calderón.
4. En esta ponencia propuse que al lado de la democracia representativa se establecieran formas de democracia directa o semidirecta, desde el plebiscito y el referéndum, que de alguna manera han permanecido en los usos y costumbres de los pueblos indígenas de México, y que existen en buena parte de los regímenes euro-occidentales como vía para dirimir cuestiones legislativas de gran importancia, pero haciendo el señalamiento de que estos mecanismos deberían estar no en manos del poder, como lo pretende la propuesta de la derecha, sino del pueblo.
5. El EZLN, ante la cerrazón oficial, buscó desde entonces desarrollar estas prácticas de democracia directa y semidirecta en los territorios zapatistas, por lo que tales formas de toma de decisiones forman parte de manera cada vez más arraigada de la vida cotidiana de sus comunidades, en tanto que la derecha oficial buscó desde entonces tergiversar su sentido.
6. Al Estado policial que pretende Calderón ante la crisis económica y financiera que se avecina, le interesan ahora prioritariamente dos cambios: a) los tendientes a permitir la relección inmediata de diputados y senadores, exigidos desde hace años por Washington y el capital trasnacional para tener un cuerpo legislativo permanente y confiable
, los que como se sabe son contrarios a nuestra historia, y que Carlos A. Madrazo como jefe del PRI logró echar abajo en 1965, y b) los de las candidaturas independientes, tanto para cumplir con el fallo de San José que condenó a México por no admitirlas, como para poder presentar como independiente
en 2012 a un candidato del yunquismo y del PAN tras el fracaso de los llamados siete enanos
, que ya no son más que seis.
7. Las candidaturas independientes son objeto de un manoseo por parte de la derecha, ya que en un régimen electoral determinado por el dinero y la impunidad de los medios, los grupos oligárquicos las ven como una salida ante la crisis de los partidos. En el perverso marco jurídico actual no se podrían propiciar candidaturas obreras o campesinas sino de grandes empresarios, por lo que atisbando esto, el ex canciller Jorge G. Castañeda intentó ser en 2006 candidato independiente
por el financiamiento millonario que le brindara el magnate estadunidense George Soros. La clave de las candidaturas independientes está por lo mismo en modificar en profundidad las leyes y establecer reglas de equidad para equipararlas a las de los partidos, y éstos no están dispuestos a ello, pues sólo las quieren, como Calderón, en tanto que figura decorativa.
8. Una reforma no se limita a un simple enunciado sino que debe precisarse su sentido, lo mismo en la Constitución que en la ley reglamentaria, en este caso el Cofipe, y en la actualidad no es viable hacerlo, como quiere Calderón, antes de los comicios de 2012. No sólo por la falta de tiempo para discutirla sino por el principio legal de que la legislación no puede modificarse sino hasta seis meses antes del proceso. La propuesta formulada el 14 de julio por el académico Diego Valadés para darle la vuelta a esta regla, consignándola en la Constitución y, a pesar del acotamiento legal, disponiendo en un transitorio que ésta sería posible en 2012, no es viable, porque la misma no sería factible si no es reglamentada en la ley secundaria y modificadas las leyes en su conjunto.
9. Una contrarreforma política como la del PAN, apoyada por el movimiento de Sicilia, en vez de abrir vías de participación las restringiría fortaleciendo el régimen oligárquico. Lo que urge es por el contrario una amplia discusión sobre la reforma política que requiere nuestro país, pues los cambios hechos desde 1989 por la alianza de los salinistas y el PAN no abrió la vía a ninguna transición o democracia sino a otra forma de autoritarismo. El IFE y el tribunal electoral están desde entonces en manos de los partidos, y cuando este partido es el del gobierno, como ahora el PAN, todo sigue como antes del 88: el gobierno oligárquico lo controla todo. De ahí la urgencia de una verdadera reforma para que cambie el régimen autoritario y demagógico que asfixia al país, a la que se opondrían sin duda el PAN y el PRI y un sector del PRD,
10. Ante estas tentativas de los panistas para seguir confundiendo a los mexicanos, además de actuar hay que espetar por eso una vez más, con fuerza y claridad, un contundente: ¡Ya basta!
jueves, julio 21, 2011
Servidumbre de expresidentes cobra 32 millones cada año
Además de una pensión vitalicia, seguro de vida y de gastos médicos mayores, los cinco expresidentes mexicanos tienen a su servicio a 154 empleados militares y civiles, desde choferes hasta directores generales. En la nómina, que cuesta al erario más de 32 millones de pesos anuales, hay 13 empleados en puestos de mando a pesar de que no cuentan con la preparación académica necesaria, de acuerdo con la ASF.
Desde choferes hasta directores generales, así como miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas, los cinco expresidentes de México tienen a su servicio a 154 empleados, que cuestan al Estado más de 32 millones de pesos sólo por honorarios, cada año.
La nómina del personal civil y militar a disposición de Luis Echeverría Álvarez, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León y Vicente Fox Quesada se suma a las prebendas de las que gozan los exmandatarios: una pensión vitalicia equivalente al sueldo de un secretario de Estado, un seguro de gastos médicos mayores y otro de vida. Todas, a costa del erario.
A pesar de ello, la Presidencia de la República no cuenta con los perfiles de los puestos del personal civil. En consecuencia, actualmente hay 13 empleados en plazas de mando que carecen de la formación académica correspondiente a esos cargos.
Se trata de dos jefes de departamento del expresidente de la Madrid Hurtado, Zeferino Ramírez y Alfredo Islas, quienes cuentan con estudios de primaria y secundaria, respectivamente; así como Efrén Trejo, subdirector de área al servicio de Zedillo, con estudios de bachillerato, y Juan Antonio Serna, jefe de departamento de Fox y que sólo concluyó la secundaria. En la oficina del panista también despacha como subdirector Alejandro Olalde, pasante de la licenciatura en trabajo social.
De los seis subdirectores de área adscritos al equipo de Salinas de Gortari, únicamente cinco cursaron el bachillerato o una carrera técnica: Armando Rojas Yáñez y Gustavo Gutiérrez Sánchez son contadores privados y María Guadalupe Gutiérrez Sánchez es secretaria ejecutiva bilingüe. Los primeros dos cobran 25 mil pesos y ella recibe cada mes casi 40 mil pesos por su trabajo.
Juan Flores Neria y Lorenzo Mejía también ocupan una plaza de subdirectores aunque sólo concluyeron el bachillerato. Uno de los jefes de departamento del exmandatario, Alejandro Aurelio López, también tiene ese grado de estudios, mientras que José Pascual Ramírez Pomposo y Julián Ramírez Rodríguez cursaron únicamente la educación básica pero despachan como jefes de departamento.
A pesar de que su formación académica no corresponde con el nivel requerido en los cargos que ocupan, estos empleados reciben mensualmente sueldos de entre 10 mil 200 y 31 mil 700 pesos. A esos montos se le suma una remuneración complementaria que oscila entre los 6 mil y los 8 mil pesos, además de un apoyo para despensa de 77 pesos.
En su revisión a la Cuenta Pública 2009, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó esta situación y recomendó a la Presidencia de la República que incluyera como requisito de dicho personal el cumplimiento de un perfil de puesto.
Para saber si la Presidencia de la República había atendido esta encomienda, así como para conocer en qué consiste el trabajo de los empleados civiles al servicio de los expresidentes, Contralínea solicitó una entrevista a través del área de comunicación social de la dependencia. Al cierre de edición, la oficina del director general en medios nacionales, Alejandro Caso Niebla, no había dado respuesta a dicha petición.
Mientras tanto, los empleados señalados por la Auditoría continúan en sus cargos, como constata el listado del personal civil al servicio de los expresidentes, entregado a este semanario a través de la solicitud de información folio 0210000037311.
Entre esos empleados se encuentra Zeferino Ramírez García, quien figura como jefe de departamento adscrito a la oficina del expresidente de la Madrid Hurtado. Por el nivel de su cargo, Ramírez García cobra cada mes 17 mil 46 pesos.
De acuerdo con el Registro de Servidores Públicos, las funciones de Ramírez García son de chofer y cuerpo de seguridad del exmandatario.
Su ficha curricular consigna que sólo estudió la primaria y que entre 1974 y 1996 fungió como chofer en el Primer Batallón de Transportes de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Desde el 1 de julio de 1996 ingresó a la nómina de la Presidencia de la República con el mismo encargo, pero con el puesto de jefe de departamento.
Un caso similar es el de Efrén Trejo Hernández, quien aparece como subdirector de área en la oficina de Ernesto Zedillo.
Con estudios de bachillerato, Trejo Hernández fue chofer de Zedillo desde 1992, cuando éste ocupaba el cargo de secretario de Educación Pública. También lo acompañó durante la campaña presidencial de 1994 y mantuvo su puesto de conductor a lo largo de su sexenio.
El Registro de Servidores Públicos refiere que ahora forma parte del cuerpo de seguridad del exmandatario. Por su trabajo, el chofer de Zedillo recibe un sueldo de 17 mil 588 pesos al mes, además de una compensación por 7 mil 666 pesos y un apoyo para despensa de 77 pesos.
Contralínea buscó vía telefónica a Trejo Hernández en la oficina del expresidente Zedillo. Un vigilante, de nombre Miguel Sánchez, refirió que desde hace aproximadamente un año dicha persona no trabaja en ese lugar.
Oscar Frías, quien se identificó como asistente del exmandatario (aunque no figura en el listado entregado por la Presidencia), dijo que no tenía conocimiento de la situación de Trejo Hernández, por lo que no podía corroborar ni negar esa información.
Asimismo, expuso que la oficina del expresidente no se hacía cargo de las contrataciones de personal, por lo que tampoco podía hablar sobre la observación de la ASF.
En la oficina de Miguel de la Madrid, la encargada de comunicación social, Delia Amparo González, eludió hacer algún comentario sobre los señalamientos de la Auditoría ni con respecto del trabajo que desempeñan los empleados del exmandatario. Su argumento fue que no estaban autorizados para dar entrevistas.
Contralínea también buscó a Jorge Humberto Loyola Abogado, quien figura como director general del equipo de Fox en la información entregada por la Presidencia de la República, pero que despacha en el área de investigación del Centro de Estudios, Biblioteca y Museo Vicente Fox Quesada, AC.
Loyola Abogado junto con otros ocho empleados de mando, pagados por el Estado para atender al expresidente, forman parte del personal del llamado Centro Fox, de acuerdo con la información consignada en el Registro de Servidores Públicos.
Actualmente, la asociación civil dedicada a “la formación de líderes”, es dirigida por la esposa del exmandatario, Marta Sahagún, y tiene la misma dirección que la oficina de “ayudantía” de Fox Quesada.
Al cierre de edición no se tuvo respuesta ni de Loyola Abogado ni de la oficina de comunicación social del Centro Fox, a cargo de Cristina Gómez Peralta, quien también forma parte del equipo del exgobernante.
A sus órdenes, señor expresidente
De acuerdo con la información entregada por la Presidencia de la República mediante la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, actualmente hay 79 empleados civiles al servicio de los cinco exmandatarios vivos.
Con salarios que van de los 7 mil a los 120 mil pesos, el personal “de apoyo” de los exgobernantes cuesta al erario 1 millón 436 mil pesos mensuales, que se suman a las pensiones de 205 mil 122 pesos que se pagan a Echeverría, de la Madrid y Fox.
Salinas de Gortari y Zedillo son los únicos expresidentes que han renunciado a sus pensiones; sin embargo, mes tras mes se les entregan 6 mil 890 y 12 mil 320 pesos, respectivamente, como pago de la potenciación de sus seguros de vida y de gastos médicos mayores. Y ninguno de ellos declinó del privilegio de contar con personal pagado por el Estado.
La entrega de tales canonjías tiene como único sustento el acuerdo presidencial 2763-Bis, expedido el 31 de marzo de 1987, durante el sexenio de Miguel de la Madrid.
Previamente, el 25 de noviembre de 1976, Luis Echeverría Álvarez había emitido el acuerdo 7637, en el que se ponía a disposición de cada exgobernante a 78 miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Con el acuerdo 2763-Bis, las concesiones para quienes ocupasen el cargo de Presidente de la República aumentaron: desde entonces también disponen de una pensión vitalicia pagada por el Estado, así como un seguro de gastos médicos mayores y otro de vida.
Asimismo, cada expresidente tiene a sus órdenes directas y de por vida a 25 empleados, para desempeñar “servicios generales”. Éstos se encuentran adscritos al personal de la Presidencia de la República.
El acuerdo 2763-Bis estipula que los empleados sean un director general, dos directores de área, cuatro subdirectores, cuatro jefes de departamento, cuatro secretarias, tres técnicos especializados, tres choferes y cuatro auxiliares administrativos.
Actualmente, ninguno de los cinco exmandatarios dispone del total de empleados que el acuerdo respalda. Echeverría Álvarez es quien tiene a su servicio al mayor número de trabajadores (21), todos ellos considerados personal operativo y cuyos sueldos oscilan entre los 290 y los 1 mil 805 pesos,
aunque las percepciones totales de esos empleados alcanzan, en algunos casos, los 7 mil 255 pesos, y en otros llegan hasta los 9 mil 195 pesos. Ello se debe a que la mayor parte de su salario se les entrega como “compensación garantizada”.
Además, reciben 800 pesos como “compensación por desarrollo y capacitación”, 195 pesos por “ayuda de servicios”, 150 pesos como “previsión social múltiple” y 150 pesos más como despensa.
En la misma situación se encuentran los 11 trabajadores operativos del expresidente de la Madrid, uno de Salinas de Gortari y uno de Fox Quesada.
El guanajuatense también cuenta con nueve empleados en puestos de enlace, cuyos salarios provienen en gran medida de la “compensación garantizada”. Cuatro servidores públicos a disposición de Zedillo ocupan el mismo nivel.
De acuerdo con el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, las compensaciones son remuneraciones complementarias al sueldo, por lo que no se consideran en la base de cálculo para determinar las prestaciones básicas, ni las cuotas y aportaciones de seguridad social.
De la Madrid también tiene a su servicio a un director general adjunto, cinco subdirectores de área y dos jefes de departamento; en total, su equipo cuesta al erario 4 millones 623 mil pesos al año.
La mitad de los empleados de Fox Quesada ocupa puestos de mando y él es el único de los expresidentes que tiene en su nómina a un director general, cuyo salario mensual alcanza los 119 mil 747 pesos.
Salinas de Gortari cuenta con una docena de empleados, de los cuales sólo uno ocupa un puesto operativo.
A la cabeza de su equipo se encuentra Adán David Ruiz Gutiérrez, quien fue secretario particular del expresidente desde el término de su mandato y hasta 1999; actualmente, es director general adjunto de la oficina de Salinas de Gortari, encargo por el que recibe 85 mil 965 pesos cada mes.
Zedillo tiene a su servicio a sólo seis personas, pero por ellas el Estado paga cerca de 1 millón de pesos anualmente.
Oficinas fantasma
Aunque los empleados al servicio de los exmandatarios están adscritos al personal de la Presidencia de la República, actualmente no figuran en el directorio de la dependencia.
Sin embargo, sí se encuentran inscritos en el Registro de Servidores Públicos de la Secretaría de la Función Pública, donde también se asientan las direcciones de las oficinas de los expresidentes.
En el caso de Salinas de Gortari aparecen tres direcciones, todas en la Ciudad de México.
Pero el número 1001 de avenida Constituyentes, en la delegación Álvaro Obregón, es un edificio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aunque en dicha sede existe una oficina de la Presidencia, ninguna de sus áreas se encarga de atender los asuntos del expresidente.
Otra de las direcciones corresponde a la oficina de atención ciudadana de la Presidencia en Palacio Nacional, donde uno de los vigilantes informó que tampoco existe un área al servicio de Salinas de Gortari.
La tercera sede, ubicada en la calle Dulce Olivia 157, en la delegación Coyoacán, dejó de fungir como oficina del exmandatario alrededor de hace seis años, de acuerdo con el conserje del edificio.
El encargado dijo también que la propiedad, que alberga departamentos y no oficinas, pertenece a los hermanos Salinas de Gortari.
Millonario gasto en militares
Respecto del número de empleados militares al servicio de los exmandatarios, la Presidencia de la República manifiesta en su respuesta a la solicitud de información 02100000373 que se trata de datos reservados, pues su difusión podría menoscabar la capacidad de respuesta de tales equipos de seguridad.
La dependencia únicamente refiere que los rangos del personal asignado a su seguridad van del de cabo al de teniente coronel en el Ejército y sus equivalentes en la Armada de México, y que “en su totalidad ejercen funciones operativas”.
Sin embargo, acota que “la cantidad de elementos es variable de acuerdo a la evaluación y riesgo de las circunstancias durante las diferentes actividades que llevan a cabo los expresidentes y las comisiones propias del servicio que desempeñan” (sic).
Pero conforme al acuerdo presidencial 7637, cada exgobernante puede disponer de hasta 78 elementos militares: un general, cuatro jefes, ocho oficiales y 32 miembros de tropa del Ejército; un jefe, dos oficiales y ocho miembros de tropa de la Fuerza Aérea; y de la Armada, dos jefes, cuatro oficiales y 16 miembros de tropa.
De acuerdo con información de la Auditoría, para 2009 los cinco expresidentes contaban con 75 elementos militares a su servicio: Salinas de Gortari, 19; de la Madrid, 18; Zedillo y Fox, 17 cada uno; y Echeverría, cuatro.
Aunque no detalla el rango de cada militar, la ASF anota que ese año se gastaron 32 millones 660 mil pesos en personal de apoyo, tanto civil como militar.
Es decir, que se estarían pagando alrededor de 15 millones y medio de pesos en personal militar, si se considera que en los salarios de los empleados civiles se gastan 17 millones 236 mil pesos anuales.
Privilegios ilegales
De acuerdo con el Estudio en materia de pensiones, percepciones o compensaciones y demás beneficios a expresidentes de México, los acuerdos 7637 y 2763-Bis son inconstitucionales, ya que las leyes en las que supuestamente se fundamentan no contemplan que los expresidentes gocen de beneficios económicos, sociales o de apoyo administrativo, ni que puedan disponer de personal de las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Asimismo, el documento del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados señala que no hay ninguna ley que faculte al presidente de la República para conferir tales prerrogativas a los exmandatarios.
Cecilia Licona Vite, autora del estudio, refiere además que las leyes en las que supuestamente se cimentaron esos acuerdos ya fueron abrogadas.
En el caso del acuerdo 7637, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos de 1971, fue sustituida por la de 1986, y la Ley Orgánica de la Armada de México de 1972, fue abrogada en 2002.
Asimismo, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria remplazó a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y el Gasto Público Federal, sustento del acuerdo 2763-Bis.
Dado que los nuevos ordenamientos no contienen ningún precepto que disponga de ayudas a los expresidentes con cargo al erario, la investigadora sostiene que aun cuando los acuerdos hubieran tenido soporte en las anteriores leyes, éstos han quedado sin sostén al abrogarse tales ordenamientos.
Licona Vite agrega a su argumentación que los acuerdos ni siquiera fueron firmados por los presidentes en turno, a pesar de que era su facultad hacerlo.
Conforme con el estudio de Licona Vite, el acuerdo 7637 no fue signado por Echeverría Álvarez, sino únicamente por Hermenegildo Cuenca Díaz y Luis Bravo Carrera, entonces secretarios de Defensa Nacional y de Marina, respectivamente.
Tampoco de la Madrid firmó el documento que emitió para privilegiar a los exmandatarios, por lo que el acuerdo 2763-Bis cuenta únicamente con la rúbrica del entonces secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari.
La investigadora considera esto una “anomalía” que conduce a cuestionar la “constitucionalidad y validez” de tales acuerdos.
México no puede comprobar destino de 19 mil MDP
La segunda deuda más cuantiosa asumida por el gobierno federal de Felipe Calderón no tiene proyectos ejecutados. Se trata del registro de 19 mil millones de pesos comprometidos con el Banco Mundial. El préstamo otorgado por la institución financiera fue proporcionado para superar la crisis económica de 2008. Sin embargo, la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación no encontró evidencia de los proyectos que debían de desarrollarse con ese dinero.
Las observaciones de la ASF....
Leer articulo completo AQUI.
Más de 19 mil millones de pesos que fueron endosados a México a través de un préstamo del Banco Mundial no tuvieron un destino específico ni un proyecto de ejecución, descubre la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Los recursos que entraron a las arcas nacionales –dos días antes de que acabara 2009–, estaban etiquetados para afrontar la crisis económica de 2008, después del colapso financiero internacional.
Al finalizar ese año, las cifras registradas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunciaban una drástica caída en todos los sectores productivos del país, pérdidas de las que la economía mexicana no se ha recuperado. La superación de la crisis financiera ha sido consecuencia de la activación de la economía externa, que ha movido la maquinaria nacional en todos sus mercados. No del préstamo otorgado.
De acuerdo con los proyectos del Banco Mundial, los 19 mil 46 millones 196 mil 800 pesos asumidos en deuda (alrededor de 1 mil 503 millones 750 mil dólares) podrían constituir el segundo préstamo más importante desde que el Partido Acción Nacional asumiera el poder.
El empréstito más cuantioso para México –registrado hasta el momento en los proyectos del Banco Mundial– fue firmado por la cantidad de 1 mil 503 millones 760 mil dólares (17 mil 692 millones 488 mil 280 pesos, al tipo de cambio registrado al 12 de julio de 2011). El objetivo de dicho plan fue respaldar al proyecto Oportunidades, operado por la Secretaría de Desarrollo Social, para mejorar los niveles de salud, nutrición y educación de las familias pobres, entre otros asuntos.
El pasado febrero, Contralínea documentó que hasta ese momento los proyectos activos significaban un compromiso de 8 mil 226 millones de dólares, aproximadamente 99 mil 123 millones de pesos. México ocupaba el tercer lugar de endeudamiento en todo el mundo, precedido por China y Brasil (Contralínea 220). A la fecha, se han agregado dos proyectos más.
Ante la falta de evidencias respecto del destino de los recursos, la ASF solicitó al Órgano Interno de Control de la SHCP, sea investigado el empleo de los dineros o sean fincadas “responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no destinaron el Préstamo para Políticas de Desarrollo en Respuesta a la Crisis Mundial a la realización de proyectos de inversión o actividades productivas, acordes con las políticas de desarrollo económico y social”.
Mariana González, investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, asegura que los préstamos hechos por el Banco Mundial son manejados con poca transparencia por el gobierno federal.
El proyecto se cerró en diciembre del año pasado, explica: “y el tipo de instrumento de préstamo es justamente uno que no está sujeto a las políticas de acceso de información, ni salvaguardas del Banco Mundial; por lo mismo es bien difícil monitorear su uso. Los resultados publicados por el organismo financiero no dicen nada, así que es Hacienda quien debe rendir cuentas”.
Las observaciones de la ASF....Leer articulo completo AQUI.
El espejismo de las “ciudades rurales”
La autosustentabilidad es un término rimbombante que cobra fuerza en el moderno desarrollo urbano y que actualmente es bandera del discurso político-social en la lucha contra la pobreza, sobre todo en las zonas con altos índices de marginalidad. Es el caso, por ejemplo, de las “ciudades rurales autosustentables” (al respecto, leer el informe Caracoles Anegados, en www.espora.org/limeddh), proyecto de desarrollo social concretado en Chiapas y ya programado en Puebla. Con este tipo de obras, que pronto comenzarán a replicarse en otros estados de la república, se pretende formalmente cumplir con los Objetivos del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas para la erradicación de la pobreza extrema...
Estrategia de la “guerra” contra el narcotráfico se aplica en las universidades
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En marcha, aplicación del Manual de seguridad para las instituciones de educación superior que la ANUIES negoció con Felipe Calderón. El documento, avalado por las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública, permitirá la persecución de supuestos delincuentes al interior de las universidades públicas y privadas y el despliegue de efectivos policiacos en casos de narcotráfico y secuestro. Además, prevé la instauración de sistemas de credencialización, control de acceso y de salidas y bitácora de visitantes, entre otras medidas. La política de la “guerra” contra el narcotráfico llega a las instituciones de educación superior...
Elba Esther y Felipe: se merecen uno al otro
Si los malos supieran que es buen negocio ser bueno, serían buenos aunque sea por negocio
Facundo Cabral (recientemente asesinado por la insania)
La Gordillo se descaró. Totalmente segura de que es una pieza de poder de primer orden en este sistema de corrupción y desvergüenza, la cacique del magisterio dio a conocer públicamente sus acuerdos pactados con Felipe Calderón en 2006...
En riesgo, patrimonio arqueológico de México
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El patrimonio histórico y cultural del país se encuentra en riesgo. Los sitios arqueológicos padecen urbanización descontrolada, inseguridad en la tenencia de la tierra, transformación en centros de espectáculos y deterioro. Política mercantilista de los gobiernos estatales y del federal pone en vilo la herencia cultural de la nación. Con esta entrega Contralínea inicia un reportaje seriado sobre la devastación cultural e histórica en cuatro ciudades prehispánicas: Teotihuacán, Monte Albán, El Tajín y Chichen Itzá...
La guerra de Estados Unidos contra el pueblo de México
Balas por piedras. El 22 de junio de 2010 otra vez agentes de la Border Patrol, o Patrulla Fronteriza, asesinaron a un mexicano. Fue baleado en pleno territorio nacional con el pretexto de que “lanzaba piedras”. José Alfredo Yáñez Reyes estaba en Tijuana, Baja California, a la altura de la colonia Castillo, cuando recibió un disparo por parte de la Border Patrol a través de una malla. Yáñez era un trabajador, quien ahora deja a un hijo de un año y medio, y a su esposa embarazada de cinco meses. Los recientes crímenes en la frontera norte contra Ramsés Barrón, Anastacio Hernández, Sergio Adrián Hernández y de cientos de migrantes más, quedan invariablemente en la impunidad. Al mexicano se le trata en calidad de esclavo, a quien se puede asesinar libremente, incluso, en territorio mexicano...
Millones de desplazados por guerra y catástrofes
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Los conflictos armados y las catástrofes naturales desplazan a millones de personas de sus lugares de origen. Aunque las naciones ricas son responsables en gran medida de esos desastres humanitarios, sellan sus fronteras y dejan a su suerte a los más vulnerables de la humanidad...
Economía europea, a punto del estallido
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Las crisis económicas, devenidas en crisis sociales, que enfrentan algunas naciones europeas amenazan con desbordar por todo el viejo continente e, incluso, por otras regiones del mundo, Latinoamérica incluida. Las “soluciones” que las autoridades económicas europeas han dado parecen encaminar a España, pero sobre todo a Grecia, a una debacle económica, política y social más profunda que la experimentada por Argentina al inicio del milenio....
Pugna por miles de millones en sindicato petrolero
A un año de las elecciones presidenciales, el sindicato que más dinero público ha desviado a las campañas del PRI, el petrolero, está en crisis. Mientras se negocia con la Dirección General de Pemex la renovación del contrato colectivo de trabajo, el antiguo líder Hernández Galicia y el actual, Romero Deschamps, pelean miles de millones de pesos de dos fideicomisos instituidos en Banamex y BBVA Bancomer hace más de dos décadas; dos disidentes son encarcelados y uno más obtiene un amparo para evitar ser detenido; en la PGR, hay una averiguación previa en curso contra Romero Deschamps por el supuesto robo de 3 mil millones de pesos de las cuotas sindicales.
Julio es un mes intenso para el gremio: la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) no sólo negocia con la Dirección General de Petróleos Mexicanos la renovación del contrato colectivo de trabajo y sus cuantiosos beneficios económicos, sino que también pugna por la titularidad de dos multimillonarios fideicomisos privados cuyos fiduciarios, BBVA Bancomer y Banamex, se negarían a finiquitar.
El ambiente de esas componendas se complica pero, como todos los sindicatos, el petrolero necesita capitales para afianzar su poder e influencia política. Sobre todo, después de perder 3 mil millones de pesos de las cuotas sindicales por el llamado Pemexgate: aquel desvío de recursos hacia la campaña presidencial del priista Francisco Labastida Ochoa ocurrido en 2000.
En plena negociación del contrato colectivo –que concluirá el próximo 31 de julio–, la Procuraduría General de la República mantiene abierta una averiguación previa en contra del secretario General del STPRM, Carlos Romero Deschamps. El líder y político priista también enfrenta varios procesos judiciales entablados por corrientes de la disidencia para desautorizar la toma de nota que lo mantiene, oficialmente, al frente del gremio.
Identificada con el folio AP/PGR/UEIDCPCAJ/SP/M-XV/799/2010, la averiguación habría sido producto de la mesa de diálogo abierta en la Secretaría de Gobernación –por conducto del director de Concertación Social, Lorenzo Gómez Hernández– y el Movimiento Nacional de Petroleros, dice a Contralínea Concepción Covarrubias, integrante de dicha organización.
“De una acta circunstanciada [la AC/PGR/UEIDCSPCAJ/CAJ/M-XV/18/2010] conseguimos que se abriera la averiguación por el robo de 3 mil millones de pesos de cuotas sindicales.”
La trabajadora de Pemex Gas y Petroquímica Básica y activista disidente asegura que el procedimiento –seguido en la Mesa XV de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, dependiente de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales– se centra en el manejo de las cuotas pactado a raíz del llamado Pemexgate.
Y aunque en 2004 la Suprema Corte de Justicia de la Nación se negó a revisar los amparos de cuatro implicados en el fraude al erario, ésta sería una nueva arista judicial hasta ahora no investigada, refiere Covarrubias.
Pero la judicialización del tema petrolero no se reduce a los procesos en contra de Romero Deschamps. Dos líderes disidentes han sido detenidos en fechas recientes. Se trata de Pablo Pavón, encarcelado a fines de mayo pasado en Veracruz, y Mario Ross, del Movimiento Nacional de Petroleros, detenido a mediados de junio en el Distrito Federal y preso en Tabasco. Ambos, acusados de fraude.
Uno más, Omar Toledo, ha conseguido un amparo federal para evitar la cárcel: “Andaba a salto de mata, pero me acaban de dar el amparo. Estaba acusado de allanar las oficinas del Sindicato sólo porque me paré ahí a protestar en contra de Romero Deschamps y sus políticas antisindicales”, asegura en una entrevista.
Aunque las autoridades sostienen que los líderes presos defraudaron a sus agremiados (el fraude de Pavón, en contra de la caja de ahorros de la sección 10 del STPRM; el de Ross, en contra de la sociedad cooperativa Grupo Unificador 6 de Mayo, de la sección 44), representantes de la disidencia apuntan que se trata de móviles políticos con miras a la elección presidencial del próximo año. La idea la sustentan en los antecedentes del sindicato petrolero, utilizado para realizar triangulaciones de fondos públicos a campañas electorales.
Los fideicomisos Mientras Romero Deschamps discute con el director de la paraestatal petrolera, Juan José Suárez Coppel, las condiciones del nuevo contrato colectivo, pierde la negociación relativa a los multimillonarios fideicomisos, entablada con el exlíder Joaquín Hernández Galicia, la Quina, a través de terceros.
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En la víspera de importantes procesos electorales, en la política mexicana siempre hay quien se encarga de hacer el ridículo y presentar espectáculos denigrantes de corrupción, abuso e injusticia.
Hace unas semanas ese papel lo hicieron el Ejército y Los Pinos con el caso Hank Rhon, ya divulgado en todos los medios. Y apenas la semana pasada, otros dos políticos. La maestra priista, panista y panalista Elba Esther Gordillo y su pupilo, el veracruzano Miguel Ángel Yunes, se encargaron de darnos otra prueba de cinismo y desfachatez, sin descartar la terrible corrupción que envuelve al sistema político mexicano. Esto explica por qué en unas elecciones locales como las del Estado de México, casi el 60 por ciento del padrón electoral se abstuvo de votar.
El IFE usurpa facultades legislativas
No sólo el presidencialismo, en su versión derechista, religiosa y panista, ha excedido sus facultades, en otro abuso del poder, vomitando su autoritarismo sobre la constitucionalidad democrática y republicana (al haber desconectado del Artículo 89, la fracción VI, de lo previamente dispuesto en el Artículo 29; ambos de la ley fundamental de toda la Unión).
También el Poder Judicial de la Federación (¡y no se diga el de las entidades, que incluye al Distrito Federal, donde sus integrantes obedecen, en su mayoría, servilmente al desgobernador en turno), con sus jueces, magistrados y ministros, con raras excepciones, ha perdido la brújula de la imparcialidad para impartir justicia.
La guerra energética que viene, según Klare
Beirut, Líbano. Que uno viaje no significa que cese de leer y explorar la literatura relevante que marca las tendencias del siglo XXI, en particular en materia energética, la cual expone la vulnerabilidad de sus dos principales consumidores globales: Estados Unidos y China –específicamente en materia de hidrocarburos–, países que resultan ser también las dos primeras superpotencias geoeconómicas del planeta. En este sentido, Michael Klare –considerado uno de los óptimos geopolitólogos de la energía– expresa su polémica tesis sobre “La nueva Guerra de los 30 Años”, en el portal Common Dreams (26 de junio de 2011), que clasifica a los “vencedores y perdedores” de “la gran batalla por venir de la energía”.
Pura estadística…
Entre las decenas de miles de muertos que ha dejado la guerra contra el narcotráfico están los cuerpos anónimos, los que nadie identificó o nadie quiso reclamar. Ninguna autoridad estatal ni federal conoce el número exacto de esos cadáveres, algunos de los cuales pasan de la narcofosa a la fosa común luego de un breve periodo de investigaciones infructuosas. En busca de unas cifras que acabaron por no existir, reporteros de Proceso recorrieron anfiteatros en varios estados y hasta los últimos rincones de los cementerios, ahí donde acaban los muertos sin nombre, los doblemente asesinados.
Desde que empezó la guerra contra el narcotráfico varios miles de cuerpos no identificados o no reclamados –algunas fuentes citan 10 mil– han acabado en fosas comunes después de haber rebasado con creces la capacidad de los anfiteatros de casi todo el país, donde además, igual que ocurre en otras instancias oficiales, se incumplen los protocolos sobre manejo de cadáveres.
Reporteros de Proceso recorrieron los servicios forenses, procuradurías o fiscalías y panteones municipales en 11 estados del país. La conclusión: no hay datos oficiales, ni siquiera aproximados, acerca de las fosas comunes, mucho menos del número de cadáveres que contienen.
En mayo de este año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación sobre la cifra de fosas comunes en el país, la cantidad de cuerpos no identificados ni reclamados que albergan y sobre el protocolo que se siguió desde la localización de los cadáveres hasta su sepultura. Tomás Serrano, director del Programa de Presuntos Desaparecidos y encargado de esta labor, envió oficios a las 32 entidades federativas requiriendo esos datos.
Todas las entidades solicitaron prórrogas para responder.
La CNDH ya había reunido la información periodística publicada en torno al tema y llegó a la conclusión de que “conservadoramente” hay cerca de 10 mil cuerpos en tumbas sin nombre, la mayoría de ellos víctimas del crimen organizado.
Según esa instancia, desde que se detectan los cadáveres las autoridades deben seguir una “cadena de custodia”, una serie de pasos que garanticen la integridad del cuerpo y de la escena del crimen. Cuando se trata de lo que se ha dado en llamar narcofosas, por ejemplo, los cuerpos deben exhumarse con “técnicas antropológicas”, para garantizar la preservación de las evidencias.
“A los gobiernos de los estados les pedimos que nos proporcionen información sobre los exámenes de criminalística y de campo. Los servicios periciales que están interviniendo serán los que nos informen cómo se están dando las cosas en materia de los peritajes, la identificación de cadáveres, su clasificación, la toma de pruebas genéticas para los comparativos correspondientes. Y más aún, el cuidado que están teniendo con las ropas y los objetos encontrados, pues son piezas clave para identificar a una persona, y más cuando se encuentra en estado de putrefacción”, dice Serrano a Proceso.
“A Durango, donde cerca de 300 cadáveres fueron extraídos con excavadoras, solicitamos que explique por qué las utilizaron. Desde el momento en que una pala mecánica está perforando la tierra y exhumando los cadáveres, mucho material significativo se altera. Por eso queremos escuchar a las autoridades y, una vez concluida la investigación, podremos emitir un pronunciamiento sobre alguna posible responsabilidad de violación a los derechos fundamentales. Lamentablemente, en el caso de Durango está más que acreditado”, finaliza.
A su vez, el doctor Israel Alvarado Martínez, consejero de la Judicatura del Distrito Federal y autor del libro Tratado sobre el cadáver, comenta a Proceso que levantar un cuerpo de manera cuidadosa tiene como finalidad encontrar a los responsables del homicidio.
“Hay fosas clandestinas que por la cantidad de cuerpos resultan muy impactantes. Entonces se presenta otro problema: Semefos como los de Durango o Tamaulipas tienen instalaciones muy pequeñas donde deben acondicionar refrigeradores; o como el de Quintana Roo, que no cubre las necesidades mínimas en el aspecto sanitario que garanticen al perito que lleva a cabo la necropsia que no se va a contagiar.”
Anfiteatros: un submundo
En Durango son mil 150 los cuerpos llevados a fosas comunes de 2008 a la fecha: 750 en el panteón municipal de Gómez Palacio y el resto en los cementerios Valle de los Sabinos y Getsemaní, en la capital del estado. A estos dos últimos fueron enviados los casi 300 cuerpos de las narcofosas descubiertas en mayo último.
Esa vez los muertos superaron la capacidad del servicio forense, para 60 cuerpos, y la autoridad debió alquilar dos grandes tráileres refrigerantes.
En Zacatecas sólo el panteón Jardín del Recuerdo tiene fosas comunes, pero la entidad carece de información sobre ellas. El único registro oficial es que en 10 meses han enterrado 34 cuerpos. El 1 de abril fueron sepultados en dicho cementerio seis presuntos zetas muertos en un enfrentamiento con militares en el municipio de Tabasco. Y el viernes 15, con un nutrido operativo de seguridad, la procuraduría trasladó a 11 de los 18 fallecidos en una refriega entre dos grupos del crimen organizado en el municipio de Florencia, ocurrida el 21 de mayo.
En entrevista con Proceso, el procurador de Zacatecas, Arturo Nahle García, reconoció que las actuales instalaciones del Departamento de Medicina Legal son “indignas”, una “vergüenza”: tienen pocos frigoríficos, y los que hay a veces se averían; periódicamente hay que cambiar los cuerpos de refrigerador para que no se descompongan tan rápido.
En Guanajuato una estadística de la procuraduría estatal indica que entre diciembre de 2006 y marzo de 2011 se sumaron 159 cuerpos sin identificar. Igual que en Zacatecas, de esos cadáveres sólo quedan las fichas de la averiguación previa con fotografías, huellas dactilares, perfil genético y dictamen de la necropsia.
Según Arturo Sandoval, vocero de la Fiscalía General de Justicia Zona Norte de Chihuahua, con base en Ciudad Juárez, de 2008 a la fecha se han inhumado 398 cuerpos de desconocidos, todos en el panteón San Rafael de esa ciudad.
Las cifras del municipio juarense son otras: dicen que del 3 de octubre de 2006 al 20 de junio de 2011 han sepultado a 848 adultos, 324 fetos y 273 cuerpos incompletos.
En Nuevo León los muertos no identificados ni reclamados salen de las salas del anfiteatro del hospital Universitario rumbo a las tumbas colectivas. A cada cuerpo le dan un número y le abren un expediente con fotografías de la cara, tatuajes, lunares o cicatrices.
Antes de 2006, los cadáveres no reclamados eran inhumados en el panteón municipal de Valle Verde, en Monterrey. Ese año, ahí fueron sepultados 65 en fosas comunes. Ahora, con el incremento de muertes violentas, la norma es buscar predios fuera del área metropolitana, como en Benito Juárez o Cerralvo. En este último sitio ocurrió la más reciente inhumación colectiva, el 25 de junio pasado: 35 cadáveres, 11 de ellos relacionados con la delincuencia organizada.
Este tipo de entierros tienen lugar cada tres meses. Se da ese tiempo para que los cuerpos eventualmente sean identificados por familiares… lo que rara vez ocurre. La capacidad del anfiteatro local fue rebasada una vez y hubo necesidad de alquilar camiones refrigerantes: fue el 22 de julio de 2010, cuando en la hacienda Calderón, en Benito Juárez, hallaron 51 cadáveres en una narcofosa.
Por su parte, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) tiene registro de 474 cadáveres no reclamados a partir de 2007. Ese año, de 284 cuerpos que llegaron al Semefo, 73 no fueron reclamados. En 2008 quedaron 109. Para 2009 fueron 101 y en 2010 llegaron a 110. En lo que va de 2011 hay 81 cuerpos sin identificar.
El director de Comunicación Social del IJCF, Andrés Zúñiga, asegura que los cadáveres no identificados son sometidos a análisis para facilitar su posterior identificación. Los cuerpos no reclamados son enviados al crematorio una vez que lo autoriza el Ministerio Público. Otros son entregados para estudio y prácticas a universidades del estado.
La información del Semefo de Tabasco indica que de 2008 a la fecha 92 cadáveres han sido sepultados en la fosa común de la capital; sólo 17 habían sido identificados, aunque no reclamados. Se ignora cuántos de esos fueron ejecutados por el crimen organizado: por ser información “delicada” y “reservada”, la procuraduría local niega información sobre las averiguaciones previas.
Pero Martín García Cruz, sepulturero del panteón Sabina, de Villahermosa, narra a Proceso: “Muchos cadáveres han llegado como coladeras, con decenas de balazos, desmembrados, descabezados, quemados o estrangulados. Personal del Semefo los trae envueltos en sábanas, los tira en la fosa común y nosotros los enterramos”.
Los Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia de Michoacán informan que sólo 15% de los ejecutados en la entidad permanece sin identificar y acaba en las fosas comunes de los panteones Santa María y Vergel-Renacimiento, el civil de Morelia y en los 113 cementerios municipales de la entidad.
Octavio Ferriz Rojas, integrante del área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, señala: “Las cifras no son exactas pues a muchos levantados, secuestrados, desaparecidos, no se les vuelve a ver; algunos llegan a la morgue pero no los reclaman y se van a la fosa común. Además, hay fosas clandestinas en Uruapan, Zamora, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, La Piedad, Apatzingán, Ciudad Hidalgo…”.
El panteón Vergel-Renacimiento, frente a la procuraduría de Michoacán, tiene al fondo una zona llena de baches y hoyos, siempre anegada y pantanosa, donde están las fosas comunes.
Uno de los sepultureros informa que los entierran en grupos de tres o cuatro: “Se sepulta uno y se le deja un espacio como de un metro de tierra y sobre ese se pone el otro, así hasta que se llena la fosa y se abre una nueva. Traen número, vea en las cruces y así se identifican”, dice.
Y agrega: “Cuando es reclamado un cuerpo que quedó en medio, se quitan las capas de tierra y se les entrega; pero si es de mero abajo, ¡ay cabrón, qué apestura!… y así se les entrega a sus familias. En el panteón municipal hay muchos más. No sé cuántos, pero muchos…”.
En Baja California son 281 los muertos que enterraron en la fosa común entre 2008 y septiembre de 2010, según el Registro Civil local. Sin embargo, la Procuraduría General de Justicia bajacaliforniana informa que de 2008 a julio de 2011 han ocurrido 2 mil 774 muertes violentas y calcula en mil 350 el número de cuerpos que permanecen en calidad de desconocidos. En Mexicali y Ensenada se inhuman tres cadáveres en cada fosa. En Tijuana son 10 en cada una.
Durante 2008 –el año más violento de la guerra entre los cárteles de Tijuana y Sinaloa– la infraestructura de los anfiteatros fue insuficiente. En Tijuana llegaron a amontonarse hasta 115 cadáveres en donde había espacio para 90, mientras que en Mexicali tuvieron 45 muertos y sólo 30 gavetas. Conservaban los cuerpos en planchas, cubiertos con hielo. De 2009 a la fecha se han entregado cuatro cuerpos a la Universidad Autónoma de Baja California en Mexicali y 25 a diversas escuelas superiores de Tijuana.
También el sur
De acuerdo con el procurador de Justicia de Oaxaca, Manuel de Jesús López, en la entidad no hay estadísticas “reales” o “confiables” respecto al número de ejecutados, desaparecidos, secuestrados, levantados ni de fosas clandestinas.
Tampoco se tiene un buen laboratorio de servicios periciales ni para realizar las pruebas de ADN ni suficientes cámaras móviles de rayos X; las necropsias se hacen en el panteón de cada municipio y hay un grave déficit de agentes del Ministerio Público, peritos y agentes estatales de investigación.
De acuerdo con Alberto Rogelio Ortega, jefe de Servicios Periciales del Estado de México, a partir del año 2000 se han registrado alrededor de mil 500 inhumaciones en fosas comunes. El cadáver que no es reconocido se lleva al panteón del municipio donde murió. La mayoría de los que llevan a la fosa común, 70%, han muerto por disparos de arma de fuego; el 30% restante son quemados, decapitados, asfixiados… Los municipios donde hay más entierros en fosas comunes son Chalco, Ixtapaluca y Ecatepec.
“Cada panteón tiene su fosa. Por lo general tenemos un depósito de ataúdes que nos proporcionan el IMSS o el ISSSTE, y en ellos mandamos los cadáveres no identificados a la fosa común.”
Explica: “Para la identificación de los cuerpos se cuenta con una cédula donde se registran los datos que aporta el cadáver: media filiación, estatura y características de cabello, ojos, nariz y boca. Incluye una fotografía de las ropas que vestía al ingresar al Servicio Médico Forense y se mencionan sus señas particulares. Sin embargo, son pocas las personas que llegan al Semefo en busca de sus familiares”.
Indica que muchos cadáveres se donan a las universidades: “Si nos piden un cuerpo y lo tenemos, se los damos. Cuando terminan, ellos mismos se encargan de inhumarlo con el visto bueno del Ministerio Público”.
Otra historia es la que llega de Veracruz. Fernando Rebolledo, encargado del panteón municipal de Xalapa, explica que en el tiroteo más reciente, en el Lencero, hubo 11 muertos, de los que sólo dos se enterraron en ese cementerio.
“Los sepultamos en bolsas, en calidad de no identificados. Cuando los trajeron ya apestaban, sangraban todavía las bolsas negras en las que los trajeron. Creo que la carne todavía estaba fresca”, narra un sepulturero.
Agrega: “Hace como dos años trajeron unas 13 bolsas, pero cuando hay enfrentamientos nunca dicen en realidad cuántos muertos hay, como en el caso de Casa Blanca: se habló de 14 muertos, pero la gente que vio la balacera dijo que hubo más de 20. Hace unos cuatro años que las autoridades trajeron seis cubetas con los cuerpos de hombres todos despedazados; arriba de las cubetas estaba la cabeza… y así los enterramos, también en la fosa común. Nunca ha venido nadie a visitarlos”.
El administrador del panteón municipal del puerto de Veracruz platica a Proceso que hace 15 días el Semefo llevó siete u ocho cadáveres para la fosa común: “Vienen todos cosidos, a veces son los que mueren en los enfrentamientos, en las balaceras o los que no reclaman sus familiares, indigentes o que mueren en los hospitales y nadie los reclama; los saca el forense y los envía para acá”.
Las fuertes lluvias del martes 12 y el miércoles 13 dejaron al descubierto algunos restos en la fosa común de ese panteón: se puede ver cómo sobresale de la tierra un cráneo todavía con cabello o plásticos negros mal tapando otros cuerpos… (Con información de Luis Lozano, Verónica Espinosa, Mauricio Rodríguez, Luciano Campos, Alberto Osorio, Armando Guzmán, Francisco Castellanos, Antonio Heras, Pedro Matías, Juan Carlos Cruz y Regina Martínez.)
Ya son 50 mil (y sumando)
Hasta junio de 2011, a la administración del presidente Felipe Calderón se le conocía como “el sexenio de los 40 mil muertos”. (...) La cifra ya fue rebasada por mucho. A partir de julio de 2011 éste es “el sexenio es de los 50 mil muertos”… hasta el momento....
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