Las pensiones de los ex presidentes

Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox Quesada, ex presidentes con pensión vitaliciaFoto Marco Peláez.

Arnaldo Córdova

El servicio público desde un puesto de gobierno o de la administración pública o de la representación popular es un privilegio sólo en el sentido de que, en efecto, lo es servir a la sociedad. En un régimen democrático y republicano jamás debería constituir ese privilegio que significa adquirir canonjías indebidas o disponer de los dineros públicos o sacar provecho personal de una situación dada. Tampoco debería constituir un medio de prolongar los beneficios que el cargo proporciona mientras se le ejerce, como altos sueldos o los así llamados gastos de representación.

En un régimen político de verdad civilista y de derecho y siendo el servicio público ese privilegio que es servir a la nación, ninguno podría pretender ser convertido en héroe de la patria por muy alta que haya sido su investidura o su cargo. Desde la época de Echeverría, justo en 1976, a alguien se le ocurrió premiar los servicios de los presidentes de la República con pensiones vitalicias y aparatos de seguridad y de oficina que involucraban a decenas de personas. Ese sí ya de por sí un privilegio personalista fue adicionado por De la Madrid en 1987 al hacer que los servicios que se daban por parte del poder público a los ex presidentes constituyeran en sí un aparato burocrático de dimensiones públicas, siendo privados.

Nadie nace siendo un funcionario o un servidor público. Se supone que el que es electo presidente de la República fue antes un político y que tiene ciertas habilidades profesionales. Se supone porque ésa es la verdad. Cuando, después de desempeñar su cargo, se debería suponer también que vuelve a las actividades que como ciudadano desempeñó antes. El presidente no se debe ver como un monarca. Es un ciudadano que, después de su encomienda, vuelve a ser un ciudadano común y corriente. No hay nada que justifique que, después de ser presidente, se le siga tratando como si nunca dejara de serlo en su estatus personal.

En alguna ocasión, el tonto de Fox dijo que necesitaba su pensión para poder vivir de algo. En estricta lógica republicana, debería suponerse que, antes de ser presidente, el ciudadano que llega a serlo vivía de un oficio o de un negocio. Luego de desempeñar su puesto, otorgado por la ciudadanía, debería volver a vivir de lo que vivía antes y no pretender que la sociedad, tan esquilmada ya de por sí, lo siga manteniendo como si todavía lo hiciera, siendo que eso resulta costosísimo. Que esos gravosísimos privilegios se mantengan sólo demuestra que la nuestra no es una República de ciudadanos, sino una sociedad de privilegios que anula la ley y la misma Constitución.

Esos privilegios son resultado de una determinación administrativa, de un acto de un presidente puramente autoritario. No está establecido en ninguna ley ni, mucho menos, en la Constitución. Si el Congreso hubiera actuado como un poder soberano y no como un lamebotas de los presidentes, incluidos los panistas, habría reclamado al Poder Judicial la anulación de semejante monstruosidad y su sanción puntual como violatoria de la legalidad republicana. No es posible, se dice el ciudadano común y corriente, que muchas veces no sabe nada de leyes ni de procedimientos administrativos, que este país tan pobre se sacrifique para dar a unos auténticos zánganos que, además, han hundido al país, semejantes prerrogativas.

A un par de piadosos diputados priístas se les ha ocurrido disminuir a la mitad esas abusivas prerrogativas de los ex presidentes. Esas cabezas de chorlito son los representantes del pueblo Jaime Sánchez Vélez y Jorge Arana (muy conocidos en su casa). Debió haberles parecido un acto de justicia; pero no presentaron su iniciativa por eso, sino porque les preocupaba que ese fenómeno no estuviera regulado en ningún instrumento jurídico. Ignorantes de la historia y pienso que sin saber los abusos de Echeverría y De la Madrid, para ellos el asunto es someter a regulación esos privilegios inmundos. Ya veremos lo que implica la reducción a la mitad de esos privilegios y el asombro que causa saber la entidad de esos mismos privilegios.

En la UNAM, el rector Pablo González Casanova determinó que a los ex rectores (y no recuerdo si también a los ex directores de facultad, escuela o instituto) se les debía seguir pagando su sueldo de por vida. Su explicación fue que habían realizado un gran servicio a nuestra casa de estudios. Yo me preguntaba por qué estaba tan seguro de que habían realizado un buen servicio. Yo recuerdo que el desempeño de casi todos ellos fue pésimo. Debe ser la misma razón que se aduce con los ex presidentes (Echeverría y González Casanova fueron contemporáneos en sus mandatos). Por muy meritorio que sea el servicio prestado a la generalidad nunca debemos olvidar que ese servicio es un deber y no fuente de privilegios indebidos y vergonzosos.

No hay presidente que no haya abusado de su poder y del erario. Téllez descobijó en una conversación privada a Salinas, diciendo que se había robado la mitad de la partida secreta de la Presidencia. Eso debió haber sido muchísimo dinero. Todos los presidentes nos han robado, aunque no se lo podamos probar. Todos se han llevado dinero público a sus bolsillos y todos lo sabemos. Los medios nos son desconocidos y siempre lo serán; pero lo han hecho. Basta ver el boato en que viven. Todo ello, por supuesto, no es más que una inocente suposición.

La iniciativa de marras que un par de borricos ha propuesto para regular los privilegios de los ex presidentes es un ejemplo preclaro de la estulticia y el mal humor. La mayor puntada que se alcanzaron fue la de convertir a los ex presidentes en cuadros académicos de alguna de nuestras universidades. No entiendo qué harían en una universidad, como no fuera la de desahogar sus chismes. Ninguno de ellos ha podido ser un científico por razones obvias. Que nos vengan a contar las tonterías que han hecho en sus gobiernos y los desastres que han provocado, muy probablemente ni ellos mismos serían capaces de explicarlos. Eso lo mostró Salinas en su primer libro hablando del error de diciembre.

Ahora va la buena: se pensionará a los presidentes con el 85 por ciento de su sueldo y luego de seis años se reducirá a la mitad. Parece mucho, pero eso equivale a unos doscientos mil pesos mensuales, ya sin trabajar. Para preservar la seguridad personal de los ex presidentes, la Secretaría de la Defensa les asignará un general, dos jefes, seis oficiales y 20 elementos de tropa. La Fuerza Aérea, un jefe, dos oficiales y seis elementos de tropa. La Armada, dos jefes, dos oficiales y 10 elementos de tropa. Se les asignarán tres vehículos oficiales para ellos y sus familias. Se les darán 26 personas como personal administrativo. Todo ello implica que se reducirá 70 por ciento el personal hoy asignado. Saquen ustedes las cuentas. Y, todo ello, ¿a título de qué?

Esa iniciativa es una bofetada al pueblo. Los ex presidentes no tienen por qué conservar privilegios de ninguna especie y deben volver a vivir de su trabajo, de lo que aprendieron en la vida para poder vivir. No tenemos por qué echar a la ciudadanía esa carga para que los ex mandatarios vivan como reyes. Eso es absolutamente ilegal e inmoral.

PIDE LICENCIA ARNALDO CÓRDOVA AL PRD, "LOS ESTATUTOS NO LO PROHIBEN, ENTONCES ES POSIBLE", ARGUMENTA.

México, Distrito Federal a 22 de febrero de 2011

Compañero Camilo Valenzuela,

Presidente del Consejo Nacional del PRD

Presente,

Por este conducto me dirijo a usted para solicitarle transmita al Consejo Nacional mi solicitud de licencia temporal como miembro del PRD mientras sigua privando la política de alianzas con la derecha panista que viene imponiendo la actual dirigencia perredista. No considero adecuado hacer esta solicitud ante una Presidencia del PRD y una Comisión Política que se han acostumbrado a violar y transgredir los principios inscritos en los documentos básicos del partido. Hay un principio jurídico general que dice que lo que no está expresamente prohibido está jurídicamente permitido; aunque las licencias no se contemplen en el estatuto del PRD, no están prohibidas y es mi sentir que deben ser atendidas.

Desde luego, debo decirle que la razón principal de mi solicitud es la profunda inconformidad que me provocan las alianzas con el panismo que van en contra de la naturaleza política de los partidos políticos, y que olvidan no sólo las tradiciones de lucha del PRD, sino también los ominosos agravios que la derecha ha infligido a la izquierda y al pueblo de México. Pediría a quienes promueven este tipo de alianzas que revisara los Principios de Doctrina de Acción Nacional y nuestra Declaración de Principios y nos explicaran en dónde encuentran una mínima coincidencia.

Finalmente, me parece de un pragmatismo ramplón y miserable la hipótesis de que hay que derrotar al PRI, alegando su caciquismo inveterado, cuando el PRI es tan derechista como el PAN y lo muestran los innumerables acuerdos que esos partidos han convenido en detrimento siempre de los intereses populares.

A t e n t a m e n t e,

Dr. Arnaldo Córdova.

EL CAMBIO ESTA EN TI Y EN MI....EL SENDERO DE VERACRUZ, ROMPIENDO EL CERCO INFORMATIVO.http://elsenderodeveracruz.blogspot.com/

El desafío de López Obrador

Arnaldo Córdova

Andrés Manuel López Obrador, finalmente, se ha decidido a enfrentar a la dirección corrupta y logrera del PRD y, al mismo tiempo, al gobernador del estado de México, en su propio terreno, las tierras mexiquenses, donde tiene su base natural y en donde los chuchos del PRD y el PAN buscan reditar una más de sus alianzas, según ellos, para acabar con el caciquismo priísta. Las razones son múltiples y de peso: para nadie es un secreto que se trata de la entidad más poblada del país y de la que es originario el principal prospecto para la Presidencia de la República de la reacción y, en particular, del grupo oligárquico que detenta el poder en México; es un escenario privilegiado de la lucha por el poder y, en consecuencia, del futuro de nuestra nación.

Al mismo tiempo, López Obrador consideró que había llegado la hora de empezar a hacer cuentas con los chuchos y sus adláteres de Alternativa Democrática Nacional, el grupo mafioso dominante en el PRD del estado de México y aliado de aquéllos. La primera cuestión que quiso dejar en claro es, justo, la razón por la cual una alianza con un partido derechista y reaccionario como el PAN es la abolición de los principios de acuerdo con los cuales se organizó el PRD y es una auténtica felonía, aparte de una estupidez, que se busque una alianza con ese partido cuando hace cuatro años, en alianza con el PRI, el sindicato de profesores de la Gordillo, la oligarquía que domina la vida económica, política y social de México y la misma Iglesia católica le robó a López Obrador el triunfo en las elecciones presidenciales y lo etiquetaron a él y a su movimiento electoral como un peligro para México.

El Peje, finalmente, puso sus cartas sobre la mesa: si la actual dirigencia nacional perredista se empecina en ir a esta alianza absurda, entonces llamará a las bases perredistas en el Edomex a la rebelión en contra de esa traición a la izquierda y a su legado histórico. Porque eso es: una traición y una desvergüenza que Jesús Ortega se haga el tonto llamando a López Obrador a que se serene. Y lo es en múltiples sentidos de los que sólo algunos se pueden mencionar aquí. El PRD fue concebido desde el principio como un partido puesto al servicio del pueblo y de los ciudadanos que lo constituyen para alcanzar una verdadera democracia en México y acabar con la impunidad, la corrupción y el latrocinio y lograr la igualdad cada vez mayor de todos los mexicanos. Eso es la esencia del pensamiento de izquierda.

Los chuchos no entienden de esas cosas. No les importan los principios a los que nunca se refieren. Camacho, su preceptor electoral, simplemente, no tiene principios, sólo objetivos simples de política logrera. Su idea motivadora, ajena a cualquier principio, es el aliancismo a ultranza. Aliarse con cualquiera, para alcanzar un objetivo. A los oportunistas lumpenizados que siguen a Ortega les vinieron de perlas sus sugerencias y las convirtieron en su bandera. Pero la suya no es sólo una traición a los principios, que no tienen, sino también a quien le deben su fortuna presente, López Obrador, cuyo ascenso les permitió a ellos hacerse de los órganos de dirección del partido y también de los puestos de representación popular.

López Obrador no oculta nunca sus fines. Al contrario, busca siempre hacerlos lo más claros posible y esta vez no fue la excepción. Si los chuchos y sus aliados panistas se salen con la suya y comprometen al PRD en una malhadada alianza sin principios (y sólo con la mezquina finalidad de derrotar al PRI), él mismo se moverá por todo el Edomex, haciendo campaña a favor de una candidatura independiente y de izquierda. Candidatos no faltarán. Ya veremos que la izquierda mexiquense sabrá elegir a uno tras el cual vaya la gente que ha cobrado conciencia y que desea un cambio de verdad en esa entidad esquilmada y que es guarida tradicional de ladrones sin vergüenza ni patriotismo.

No todos los perredistas mexiquenses, ni mucho menos, se han dejado timar por las ilusiones camachistas y chuchistas. Ha sido impresionante contemplar los mítines de López Obrador por los municipios que ha visitado. Miles de ciudadanos asisten a ellos y, casi siempre, El Peje les pregunta si son perredistas. Todos ellos responden a coro que sí y prorrumpen en arengas a la unidad y a la independencia de principios de su partido. Hay quien dice que son sólo algunos seguidores de Higinio Martínez, ya antes presidente del Consejo Nacional del PRD que se ha pronunciado en contra de esa alianza y ha declarado su fidelidad a la izquierda. La verdad es que las bases perredistas, que Bautista, líder de ADN, cree controlar, están en su mayoría en contra de los planes de Ortega, de Camacho y de los panistas. Con ellos se hará la campaña de izquierda.

Todo mundo tiene en mente la experiencia innovadora de Iztapalapa, cuando López Obrador se puso en movimiento en contra de la mafia de René Arce, en contra de una sucia maniobra del Tribunal Electoral Federal, de unas boletas que ya no se podían cambiar y en las que estaba inscrito el nombre de Clara Brugada, pero los votos no valdrían para ella sino para su contrincante del PRD y se tuvo que recurrir al registro del Partido del Trabajo y a su candidato para parar el golpe y ganar. A muchos no les parece lógico que en una delegación tan perredista como esa el triunfo haya sido del PT. Pues así fue y se debió a López Obrador. En Oaxaca, él se movió por los municipios indígenas con el senador Gabino Cué, futuro triunfador de las elecciones estatales. El triunfo de la coalición no fue del todo mérito de ella.

Todavía se está esperando que alguien explique qué ganó el PRD con sus alianzas en Puebla y Sinaloa, estados en los que es insignificante. Se eligió a dos priístas por fuera del PRI. ¿Dónde está la ganancia? Ver al famoso Malova en la toma de posesión del priísta César Duarte en Chihuahua, en medio de macanas y armas de fuego, no creo que sea muy buen signo. ¿De verdad piensan Camacho, los chuchos y Ebrard que se acabaron los caciquismos en esos estados?

Un cabeza hueca como Leo Zuckermann ha dicho que las coaliciones fueron exitosas y se pregunta si los que se oponen a las mismas dentro de la izquierda no están haciendo lujo de obcequedad y falta de sentido político. Yo preguntaría a cualquiera que piense del mismo modo: ¿en qué parte del mundo se ha visto que dos enemigos irreconciliables se vuelvan aliados y, menos todavía, amigos? Aquí el PAN está derrotado frente al PRI y los mismos panistas lo saben; Camacho ha jugado sobre esa cuerda y la está pulsando. Los panistas pueden ser todo lo tontos que se pueda uno imaginar, pero son también unos oportunistas desvergonzados. Claro que la propuesta les gustó y la aceptaron sin problemas. Camacho sería capaz de aliarse con cualquiera, hasta con el Diablo, lo ha dicho él mismo. Lo que nunca ha explicado es, aparte sus jueguitos de tablero, qué es lo que cree que gana en ello.

López Obrador viene a dar al PRD su última oportunidad para refundarse de verdad y, si los perredistas no lo entienden, quiere decir que están perdidos.

Fuente: La jornada

La destrucción del derecho de huelga

Arnado Córdova

La Constitución mexicana de 1917 fue la primera en el mundo que reconoció la huelga como un derecho de los trabajadores (luego le seguiría la alemana de Weimar en 1919). En su fracción XVII establece: “Las leyes reconocerán como un derecho de los trabajadores… las huelgas…”, y en la XVIII precisa: Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital”. En la primera edición del segundo tomo de su Derecho mexicano del trabajo (Porrúa, 1949, p. 810), el maestro Mario de la Cueva la definió así: “La huelga es el ejercicio de la facultad legal de las mayorías obreras para suspender las labores en las empresas, previa observancia de las formalidades legales, para obtener el equilibrio de los derechos e intereses colectivos de los trabajadores y patronos”.

Con la excepción del sexenio cardenista (1934-1940) el derecho de huelga fue invariablemente burlado y violado por el gobierno priísta. Desde Salinas de Gortari, la divisa de los gobiernos derechistas y reaccionarios que padecemos se ha distinguido por buscar la destrucción sistemática de ese derecho, si no legislativamente, siempre en los hechos. Antes, en mis tiempos mozos, un buen abogado podía preservarlo y hasta ganar en buena lid en los tribunales. Las huelgas hoy ya no las ganan los trabajadores. Cuando mucho, se las puede negociar con ciertas desventajas, cosa que ocurría muy a menudo en el pasado, pero no con tantas limitaciones como ahora.

Hay muchos modos autoritarios de conjurar las huelgas. Ya desde los tiempos de De la Madrid (caso de los trabajadores nucleares) era usual, por lo menos en el sector público, desmantelar o desaparecer las empresas y dejar en la calle a los trabajadores sin darles siquiera la oportunidad de defenderse. Eso podía ser legal, pero abiertamente anticonstitucional. Ahora sucedió con la liquidación de Luz y Fuerza del Centro. Ese acto fue anticonstitucional e incluso ilegal, y los trabajadores, “despedidos” de esa forma, quedaron totalmente indefensos. Con ello se anularon más de cien años de progreso del derecho del trabajo en México y se volvió a los viejos buenos tiempos de la revolución industrial en Inglaterra, cuando se encadenaba a los trabajadores para que no pudieran escapar.

La derecha en el gobierno es retrógrada y dispuesta siempre a la barbarie. En la Constitución la fuerza de trabajo, los hombres que trabajan para mantenerse y viven de su trabajo, es la primera riqueza de la sociedad mexicana. Sin ella no hay producción, se repitió hasta la saciedad en el Constituyente de 1917, y sin producción no hay riqueza posible. Para nuestros gobernantes derechistas las clases trabajadoras (incluidos los clasemedieros) son sólo un alimento para la riqueza personal de los empleadores y es absolutamente desechable. La enseña de sus gobiernos no es la protección y el cuidado de la sociedad, sino el procurar a los empresarios (mejor si son extranjeros y españoles o gringos) el máximo de ganancia y de beneficio. Al resto le reparten sólo migajas.

Al orangután, despiadado y carente de cerebro, que tenemos en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, eso le parece la verdadera ley de la vida y se muestra continuamente indignado de que los trabajadores, vencidos y pataleando, literalmente, todavía se atrevan a defenderse apoyados en la ley y en la Constitución. A los liliputienses perrillos falderos que tiene en la secretaría, con títulos, pero sin estudios, los lanza continuamente a ladrarles a los litigantes de los trabajadores en problemas y a quienes se atreven a denunciar sus iniquidades y felonías. Para ellos, los trabajadores están en el paraíso y les resulta indignante que se atrevan no sólo a revelarse dentro de la ley, sino que no le reconozcan a su gobierno derechista y ultramontano lo bueno que ha sido con ellos.
La huelga, como derecho colectivo, es la única arma que los trabajadores tienen para equilibrar su situación y su poder de negociación frente a los patronos y el Estado debe protegerlo. La huelga siempre será costosa para los empresarios, pero también lo es para los trabajadores. Ellos hacen sacrificios indecibles mientras luchan y su recompensa no ha sido nunca la destrucción de su patrón, sino la restauración de un estado en el que la empresa se mantiene incólume y los trabajadores satisfacen sus demandas, siempre dentro de la ley. Para los derechistas, las huelgas son agresiones a la sociedad y así lo enseñan en sus escuelas de derecho.

Hoy estamos ante la destrucción que se antoja por momentos definitiva del derecho de huelga. Y su defensa sigue siendo, por desgracia, sólo un asunto de los mismos trabajadores. Derrotados una y otra vez por los malos gobiernos, siguen siendo sus únicos defensores. A la sociedad, domesticada como está, no sólo no le interesa, sino que le molesta, por aquello de los desmadres que ocasiona y los inconvenientes que provoca. En esta sociedad cada vez es más indeseable el derecho del trabajo y más irrelevante la situación de nuestra clase obrera, grandes o pequeñas que sean sus organizaciones y peor cuando ni siquiera están organizados.

La villanía de que han sido objeto los trabajadores mineros de Cananea no tiene nombre. Después de casi dos años y medio de una resistencia imbatible a través de los cuales los mineros huelguistas supieron sobreponerse a todas las embestidas patronales y gubernamentales (lograron revertir todos los fallos de una prostituida Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que les declaraba inexistente su movimiento de huelga), hasta que a algún abogado, derechista y metalizado, se le ocurrió denunciar que la mina ya no estaba en condiciones normales de funcionar. Entonces la justicia federal se fue, finalmente, contra los mineros y declaró su huelga sin materia, vale decir, sin causa justificada, lo que desde un principio se vio que era una falsedad.

Los monstruosos agravios que la derecha, a través de sus gobiernos, principalmente, está consumando en contra la sociedad, la tienen sin cuidado. En su visión de las cosas, el pueblo, como en tiempos del PRI, sigue aguantando todos esos agravios y no sabe responder o se conforma con su suerte. A nadie en la sociedad parece importarle el hecho de que 44 mil electricistas sean echados a la calle o, por su propia decisión, estén consumiéndose en una huelga de hambre en el centro de la ciudad (ahora hasta se pide, para bien del mundial, que se les eche del Zócalo), ni, mucho menos, que mil doscientos mineros de Cananea sean víctimas de la ofensiva de la derecha contra la huelga y se ocupe policialmente su centro de trabajo.

Estamos entrando de lleno al paraíso social que la derecha siempre ha soñado: una sociedad sin trabajadores rijosos que sólo molestan con sus imprudentes demandas (todo lo que un trabajador muerto de hambre exige resulta imprudente) y, claro, un gobierno que sabe ponerlos en cintura. ¿Sabrán, realmente, los derechistas qué vendavales están a punto de desatar?

El Ejecutivo y el Legislativo, según Calderón

Arnaldo Córdova

El Poder Legislativo, llámese Parlamento o Congreso, en cualquier Estado moderno de derecho, es significativo de sistema de partidos políticos o política partidaria. En ningún momento de la historia fue el Legislativo la reunión de los sabios que dictaban a un país sus leyes. Decir vida parlamentaria es decir lucha de partidos y decir leyes es decir acuerdos y consensos entre partidos. Nunca ha sido de otra manera desde que en los siglos XVII y XVIII empezaron a consolidarse los Estados de derecho legislado. Lamentarse de que los diputados o parlamentarios o congresistas, muchas veces, no aprueben con celeridad las leyes que la sociedad necesita es no entender la naturaleza del Poder Legislativo.
Sucede que cada ley debe aprobarse mediante un debate que gane la mayoría de los representantes y, eso, infinidad de veces, se vuelve extremadamente difícil. Toda ley es siempre un acuerdo sobre determinada materia que, para ser aprobada, debe ser consensada entre los parlamentarios y éstos no son neutrales en ningún caso. Se deben a determinados intereses, luchan por ellos y ceden o aprueban sólo cuando ven una solución al problema a que está dedicada la ley en discusión y se adapta a sus exigencias. No puede ser de otra manera. Legislar quiere decir poner de acuerdo a los múltiples intereses que se mueven en la vida social.
No hay parlamento en el mundo, desde luego, que no sea una olla de grillos y lo que tienen que hacer los jefes del Ejecutivo, sean primeros ministros o presidentes, es fajarse con su parlamento y convencerlo de que apruebe sus propuestas como él quiere y en los términos que desea. Para los panistas es una tragedia encontrarse de pronto con el Ejecutivo en sus manos y no contar con un Congreso obsequioso a sus deseos. En lugar de aprender el arte de la negociación y nombrar secretarios de Gobernación que sepan tratar con los partidos y sus grupos parlamentarios, se la pasan disparando ocurrencias sobre el mal funcionamiento del Legislativo. No es otra cosa lo que hace Calderón con su iniciativa.
De entrada, por estar conjugados en el Congreso, para él la desgracia del país son los partidos políticos. Después de dos días de palizas que se llevó en el foro del Senado, nos sale con que quienes critican sus propuestas están a favor de las “maquinarias partidistas” y “en contra de los ciudadanos”. Todo contra los partidos. Comenzando por su sugerencia de excluir a cualquier partido que no obtenga 4 por ciento de la votación en cada elección. No creo que sea estar en favor de los ciudadanos si se limitan sus opciones de elegir. Ya hoy se restringe la creación de nuevos partidos, imponiendo que sea cada seis años y no entre elecciones.
Es también en ese sentido su propuesta de reducir a 400 (de los 500 de hoy) los diputados integrantes de la Cámara baja. ¿Por qué menos diputados? Pues la única explicación plausible es que sale más barato. Con su propuesta de aceptar las candidaturas independientes para los puestos de elección popular, en apariencia, se abren los puestos de representación a la ciudadanía y se limita la dictadura malsana de los partidos. Las candidaturas independientes, en todos lados, han sido fenómenos pasajeros y sin ninguna incidencia en los sistemas electorales; excepto, por supuesto, que sirven sólo para poner en evidencia la ineptitud de o el rechazo a los partidos. Ya José Woldemberg ha señalado agudamente que no hay candidatura independiente que no cree un partido, por efímero que sea.
Todas son sólo propuestas engañabobos y, en particular, las que buscan someter al Congreso a las exigencias y a los tiempos del Ejecutivo. Dos llaman la atención: lo que se ha dado en bautizar como “veto parcial” y la otra es la llamada “afirmativa ficta”. No se a quién se le habrá ocurrido ese binomio de idioteces ridículas, pero tiene que analizarse.
La primera tiene que ver con dos etapas (que en realidad son una sola) del proceso legislativo y que son la promulgación y la publicación de las leyes y que son tarea del Ejecutivo. Promulgar quiere decir hacer saber (el titular del Ejecutivo hace saber a la nación, al país o a sus habitantes que ha recibido una ley aprobada por el Congreso). Publicar es una precisión al acto de promulgar y consiste en dar a conocer por escrito en un órgano especial (entre nosotros el Diario Oficial de la Federación o los semanarios o gacetas de los Estados). Ambos actos formales sólo se pueden dar cuando una ley ha sido aprobada en su totalidad por el Congreso y sólo en casos muy excepcionales se dan por aprobación parcial de la ley y por indicación del Congreso. Es excepción, no regla.
Calderón propone que cuando se tarde más de 20 días hábiles en aprobar por parte de una de las Cámaras una ley que nace de una iniciativa presidencial, el Ejecutivo promulgará el proyecto que tendrá carácter de ley si el propio Ejecutivo no la hubiera objetado por medio de observaciones. Es algo insólito: antes de que el Congreso haga su tarea, el presidente hace obligatorias sus propuestas de ley mediante su atípica promulgación. No se por qué a esto se le llama “veto parcial”. En realidad lo que se da es una usurpación de las atribuciones constitucionales del poder encargado de hacer las leyes.
La llamada “afirmativa ficta” se refiere a una situación de verdad excepcional y proviene del derecho privado. No tiene nada que ver con el derecho público y menos con la precisión que debe darse en los procesos legislativos. Es una aprobación de facto o automática de una propuesta a la que no se da respuesta pronta o no se da respuesta alguna por una de las partes. Calderón propone que el Ejecutivo, en cada primer periodo de sesiones del Congreso, quede facultado para presentar lo que llama dos iniciativas “con carácter preferente”. Consiste en que esas iniciativas se dictaminen en comisiones y se voten en pleno por ambas cámaras en dicho periodo. Si no se aprueban, el Ejecutivo las considerará aprobadas y las promulgará. Como se ve, si el Congreso no cumple con su deber, en su lugar lo hará el presidente en su nueva investidura de legislador.
Calderón también propone que cuando el Congreso no apruebe una iniciativa suya que verse sobre reformas a la Constitución, “se podrá convocar a referéndum”. Quien lo hará, por supuesto, será el propio presidente. Bonita democracia tendríamos con un presidente inepto y autoritario dotado del poder de convocar al pueblo para que apruebe sus ocurrencias. Ningún poder del Estado tiene los recursos del Ejecutivo y habrá que imaginar, en esas circunstancias, lo que serían capaces de hacer el dinero privado y las televisoras. ¿Para qué necesitamos de un Congreso y a los partidos representados en él, si un presidente legislador puede muy bien hacer a menos de ellos?

¡No es la política, es el Estado!

Rolando Cordera Campos

El Fondo Monetario Internacional elevó sus predicciones sobre el crecimiento mundial y de México para 2010, de 3.1 a 3.9 por ciento y de 3.3 a 4.0 por ciento, respectivamente. A la vez, su director, Dominque Strauss-Kahn, mantuvo su cautela y advirtió que los países arriesgan su recuperación si retiran demasiado pronto las medidas de estímulo. Los festejos del mundo financiero se quedan en el frío y su prometida vuelta a la normalidad de antes en manos de sus deslustrados oráculos.
La noticia alcista sobre nuestro crecimiento se ve empañada por otras sobre la precariedad y mala calidad del empleo: 35 por ciento de los trabajadores con contrato laboral ganan dos salarios mínimos o menos, y 45 por ciento de los asalariados no tuvieron prestaciones básicas al tercer trimestre de 2009. El México de la inseguridad se desparrama de lo laboral a lo criminal y define la perspectiva de la nación, sumida en un pozo de autoengaño que algunos quieren convertir en autodestrucción.
México se ha convertido en una sociedad de ingresos malos e insuficientes para aspirar a una vida buena. Sólo los núcleos de ingresos medio altos buscan motivos para la complacencia, pero hasta los gurúes que aspiran a guiarlos a la Tierra Prometida en inglés saben que la situación que describen las estadísticas traza horizontes desastrosos para todos. Para qué hablar de los meros ricos, cuyas escoltas les recuerdan a diario que son humanos y mortales.
Un cuadro de esta gravedad no puede exorcizarse con reformas políticas al gusto de quién sabe qué grupo de neopolitólogos. Tampoco superar sus efectos sobre la vida cotidiana mediante el juego de cifras y cálculos “novedosos” que le permiten a algún loro radiofónico decir que no es para tanto.
Sí es, y es para asustarse, el grado de desprotección, penuria e indigencia que sufren los mexicanos cuyos ingresos no sirven para alimentarse, mucho menos al mercado interno. La enésima guerra desatada por el gobierno, ahora contra la obesidad y la mala dieta, debería empezar por reconocer que en el país hay hambre por la mañana y por la noche y que es esa hambre la que lleva al que la sufre a recurrir a lo peor de la oferta para engañar al estómago.
Hace años, los estudiosos de las necesidades básicas, como Hernández Laos o Boltvinik, advirtieron sobre la mancha que se cernía sobre la moderna cuestión social mexicana: no era tanto la falta absoluta de abasto sino la pésima distribución del ingreso, y también el acaparamiento criminal de bienes básicos, los que explicaban la insuficiencia nutricional de los mexicanos. Ahora, al panorama distributivo que nos ha vuelto impresentables ante el mundo, salvo cuando se viaja de invierno a Davos, hay que añadir problemas serios, en vías de agravarse, sobre la capacidad productiva nacional de bienes esenciales.
Es cierto que esta desatención contumaz de asuntos fundamentales como los mencionados sólo puede entenderse por la mala manera de hacer política en que ha desembocado nuestra democracia apenas estrenada. Y, sin duda, parece cierto también que el Ejecutivo vive bajo un toma y daca inclemente que expresa una pluralidad silvestre, acentuada por la ineptitud del partido gobernante.
Es decir que, en efecto, México encara un agudo problema económico y social que no se puede pretender superar desde la política, como se hace en casi todas partes, porque ésta no funciona, está sometida a un empate casi catastrófico, y mantiene en hibernación cualquier iniciativa del gobierno que buscara intervenir eficazmente en el embrollo económico y el pantano social que amenazan la vida social.
Sin embargo, no es aquí donde radica el corazón de la trama mexicana al actual. Con todas las reformas modernizadoras de la política que pueda imaginarse, no lograremos convertir al gobierno en una máquina eficiente de producir y hacer políticas económicas y sociales. Si algo se consiguió en estos lustros de mercaderes, fue despojar al Estado de esas vocaciones y reflejos.
De aquí la urgencia de repensar la secuencia de las reformas propuestas por el presidente Calderón, antes de que su intemperancia las echara por la borda, y darle al reformismo político otra dimensión y otro rumbo.
No es cuestión de sustituirlas por otras relativas a la economía y la sociedad, sino de devolverle a la política la dimensión creativa de que hablaran Mariátegui o Azaña. Pero para eso, es indispensable plantearse primero el qué para luego entrarle a los cómos, y no al revés como lo hicieron Calderón y sus exegetas.
Lo que está sobre nosotros es la tentación de seguir como vamos, de miscelánea en miscelánea, fiscal o política según el humor del personaje, de rebanada en rebanada, hasta que la desesperación popular nos despierte y muestre con furia el fin del salami y de los placebos para edulcorar su agotamiento. Lo quiera o no, la propuesta de y las respuestas a Calderón nos llevan en esa dirección, de fuga en fuga, hasta que no quede territorio por recorrer y el abismo se vuelva horizonte.
Para ir al corazón de la política autodestructiva en que México se embarcó hay que ir al Estado y asumir que ha sido vaciado de objetivos y llenado de instrumentos destinados a impedirnos pensar en lo fundamental, a condenarnos al presente continuo que el presidente descubre en la Montaña Mágica cada año.
De esta verdad habrá que saltar a la que sigue, no menos dura: “una sociedad”, decía Azaña, “aunque con desventura, puede pasarse sin grandes artistas pero no se puede pasar sin dirección política”. Esto no se compra en Wal-Mart, ni se construye opacando al IFAI; mucho menos poniendo a la Procuraduría al servicio de la sacristía.

La Iglesia en la alianza derechista

Arnaldo Córdova

Creo que, en su momento, fueron muy pocos los que entendieron por qué Salinas presentó su iniciativa de reforma del artículo 130 constitucional (que instituye las relaciones del Estado laico con las iglesias), entre ellos, sin duda alguna, debieron estar los altos jerarcas de la Iglesia católica. El era un genuino admirador de la llamada revolución derechista que surgió en Estados Unidos en los años setenta y que acabó llevando al poder a Ronald Reagan. Sabía que en esa revolución las elites protestantes habían sido decisivas y, al parecer, no deseaba que en México ocurriera algo así; pero las elecciones de 1988 lo decidieron a levantar un bloque de derecha que se opusiera a una izquierda emergente que parecía demasiado peligrosa en los marcos de la reforma política.
Salinas siempre lo negó, pero en aquellos tiempos, resultaba evidente que él había estado en una larga tratativa con los obispos para dar forma al cambio constitucional que se buscaba desde el gobierno. Lo que no era tan claro era el alcance que tendría en la vida pública del país dicha reforma. Salinas tenía su propia versión de una revolución derechista para México: la personificarían dos fuerzas políticas que, a él le resultaba, estaban más cerca de lo que la historia podía suponer, el PRI en el poder y el PAN en la oposición, siempre en clave antiizquierdista. Con el tiempo se pudo comprender que en esa alianza derechista la Iglesia católica no podía quedar fuera y que ése era, justamente, el fin de la reforma de 1992 al 130.
Quedó claro que en esos convenios los jerarcas eclesiásticos le exigieron a Salinas más de lo que él estaba dispuesto a concederles. Ya era mucho que de nuevo se volviera a reconocer constitucionalmente a las iglesias como personas morales, cuando esa definición se les había negado en el texto original de la actual Carta Magna. La enseña de los obispos católicos fue, desde entonces, la libertad religiosa que ellos definían muy a su manera y que, según ellos, el presidente priísta no les concedió. Esa libertad, como podemos verlo hoy de las declaraciones de los prelados, comprendía la imposición de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Pero querían más que eso y tuvieron que contentarse con lo que se les ofrecía desde el poder.
La defensa del Estado laico pareció, desde entonces, una fruslería sin mayor importancia. Se trataba de un reagrupamiento en la cúspide de las fuerzas que de verdad mandan y gobiernan en esta sociedad. Se partía de la hipótesis de que el pueblo mexicano es, esencial y mayoritariamente, un pueblo derechista y conservador. Confesional y ultramontano en el centro y sur del país; proyanqui y proempresarial en el norte. En ambos casos, el catolicismo forma parte de la definición. En esa óptica, para que ese pueblo conservador siguiera al nuevo bloque derechista era indispensable el concurso de la Iglesia católica y ésta lo entendió a las mil maravillas.
Es probable que nadie se haya puesto a pensar en lo que esa iglesia era capaz de hacer una vez que se le soltaran las riendas. Ha aprendido muy bien y en primerísimo lugar esa ley de hierro de la naturaleza que dicta que el que no chilla no mama y su beligerancia ha rebasado ya todos los límites, arropada por el poder de la derecha que, desde Salinas, le ha creado su propio escenario de legitimación política. Siempre bajo la enseña de la libertad religiosa, en la que hace comprender todo tipo de demandas y exigencias, la Iglesia se ha creado su propio espacio político que, de acuerdo con la actual letra del 130, no le corresponde en absoluto. Hasta se ha creado un marco propio de convivencia con el crimen organizado, del que ha recibido lo que popularmente se llaman narcolimosnas.
Antes de la reforma del 92, la Iglesia tenía a sus principales interlocutores en la sociedad civil en asociaciones seculares derechistas y confesionales que no tenían mayor eco en la política de masas del país. Ahora se puede ver que es algo más que interlocutora y no sólo con esas fuerzas ultramontanas. Hoy se habla de igual a igual con las principales fuerzas políticas de México y, en especial, con las que forman el bloque de la derecha gobernante y dominante, el PRI y el PAN (y también con los perredistas que proclaman ser de izquierda moderna), para no hablar de los pequeños partidos derechistas. También es algo más que confesora de los grandes empresarios. Ahora es su socia en el poder.
Para nadie es ya un secreto que las reformas a las constituciones estatales imponiendo la defensa de la vida desde su concepción y la consecuente penalización del aborto sin excepciones ha sido obra de una arremetida generalizada de la Iglesia católica (y también de las evangélicas, que en ello comulgan en todo y por todo. Un pastor de Veracruz se alcanzó la puntada de decir que en el Congreso local Dios había legislado con los diputados que aprobaron la reforma en ese estado). En todas las 17 entidades en las que se ha dado paso a la reforma el PRI ha sido el principal protagonista. En unas, porque es la fuerza mayoritaria; en otras, porque le hizo compañía al PAN.
En Yucatán, Sonora, Puebla, Oaxaca, Nayarit, Durango, Colima, Chihuahua. Campeche, Quintana Roo y Veracruz (once estados) los autores de esa reforma retrógrada y ofensiva para la mujer fueron los priístas. En los restantes seis (San Luis Potosí, Morelos, Jalisco, Guanajuato, Querétaro y Baja California), fueron con el PAN. No se trató de la defensa de convicciones particulares (la defensa de la vida), sino de arreglos cupulares con la Iglesia católica (a la que se sumaron abyectamente los evangélicos). Todo ello es el resultado del poder político, que no espiritual, de la Iglesia, y de su inserción en el entramado del poder de la derecha que hoy nos gobierna y que nos está conduciendo al despeñadero como país moderno y laico. Es la derrota de nuestra historia nacional y de nuestro futuro como país.
En esta siniestra aventura los liderazgos priístas (nacionales y locales) han acabado por perder todo asomo de vergüenza, si es que alguna les quedaba. Beatriz Paredes ha mostrado que es ya una nulidad, política, ideológica y moralmente, al declarar que se trata de una cuestión que divide tanto a la sociedad que ella mejor se hace a un lado. ¿Qué ha hecho ella por contribuir a la unidad de esa sociedad, fuera de revolcarse gustosamente en el lodazal de la componenda y el propio acomodo personal? Pero los priístas no son los únicos. Un gran número de diputados perredistas votaron por esas reformas reaccionarias. Ahora el movimiento cívico lopezobradorista tendrá que incluir en su programa político como una prioridad la defensa del Estado laico, porque no queda ninguna otra fuerza que se haga cargo de ello.
Fuente: La jornada

Anticonstitucionalidad e inconstitucionalidad

Arnaldo Córdova

Anticonstitucionalidad e inconstitucionalidad son acepciones tan antiguas como el mismo derecho constitucional. La primera quiere indicar una resolución (ley, decreto o decisión de autoridad) que va en contra de la letra, el espíritu y el sentido de la Constitución. La segunda, que no hay conformidad o apego de tal resolución a lo estipulado en la propia Carta Magna. Siempre dan lugar, cuando afectan intereses jurídicos, a un concepto que también es muy antiguo, el de controversia. Quiere decir la aparición de un interés legítimo afectado por la contravención de los principios constitucionales. Cuando se trata de la violación de garantías individuales, la controversia da lugar a un procedimiento que es, asimismo, muy antiguo entre nosotros y que es el juicio de amparo.
Desde hace mucho también, por lo menos desde la Constitución de 1857, se reconoce la controversia que puede darse entre una autoridad federal y una estatal o local que pueda producirse por actos que vulneren la soberanía de ambas o su esfera de competencia con sus actos o resoluciones. Hasta hace unos años aparecen lo que ya llamamos controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, que son acciones procesales constitucionales que se siguen en aquellos casos. Antes, todo tipo de controversias se resolvían por la vía del amparo; ahora ha querido hacerse una diferenciación para dejar al primero sólo como modo de resolver los conflictos en que sean violadas garantías individuales.
Si tuviéramos una institución de amparo completa y omnicomprensiva, no habría necesidad de hacer tales distingos. Pero sucede que nuestro amparo sólo sirve para proteger a la persona física o moral que lo reclama y no tiene efectos generales. Si a uno lo ampara la justicia federal contra leyes o actos de autoridad, esto no hace que esas leyes o actos sean anulados, sino que persisten. A eso le llamamos “Fórmula Otero”, porque así lo propuso don Mariano Otero desde mediados del siglo XIX. Hay necesidad de reformar la institución del amparo de modo que cualquier juez pueda pronunciarse automáticamente sobre la constitucionalidad de una ley, por lo menos, y declararla inválida por anticonstitucional o ajena a la constitucionalidad.
Examinemos ahora los dos casos mencionados. En sus fracciones I y II, el artículo 105 de la Carta Magna establece las particularidades de lo que son la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad. A la segunda se la define, muy vagamente, como la no conformidad de las leyes con la Constitución. A la primera no se la define para nada. Sólo se establece en su respecto quiénes pueden ejercerla y en qué casos. Fue una reforma malhecha (por impericia o mala fe o por ambas), de manera que resultara extremadamente difícil plantearla y ejercerla. Es una acción que se da sólo entre autoridades federales y locales o entre poderes de las unas y las otras y nadie más. Sobre qué materia, no se dice.
El término anticonstitucional, sin embargo, no tiene problema: se trata de actos que van en contra de la Constitución. La inconstitucionalidad se define por el prefijo latino in, equivalente al alfa privativa griega y que equivale a “ausencia de”. También en su caso sólo la pueden ejercer entes públicos. Los privados, se supone, tienen para sí el juicio de amparo, pero éste no resulta más que en la protección de la persona física o moral. Por eso, cuando la ciudadanía desea servirse de la controversia constitucional o de la iniciativa de inconstitucionalidad, debe hacer un planteamiento que logre involucrar a las entidades públicas, haciéndolas corresponsables de la defensa efectiva de la Carta Magna por esas vías.
Todo ello tiene que ver con la defensa del Sindicato Mexicano de Electricistas. Desde luego, se podría plantear la vía de la anticonstitucionalidad si de ella se hiciera cargo una de las cámaras del Congreso, como tal y no sólo una parte, cosa impensable, vista su correlación de fuerzas. Se puede, empero, de acuerdo con el inciso a) de la fracción I del 105 (controversia entre la Federación, un estado o el Distrito Federal). Y aunque, mañosamente, el penúltimo párrafo de la fracción habla sólo de las impugnaciones de la Federación contra los estados o el DF, la primera fracción no nos dice quién inicia, si la Federación o la entidad federativa. En ese caso, por lo tanto, el Distrito Federal está perfectamente habilitado para plantear la controversia y se deduce que puede ser su gobierno o su Asamblea Legislativa.
En ese caso habría (y más que fundado) el argumento legítimo de la lesión al interés de la población del DF por el acto arbitrario del gobierno federal panista que, anticonstitucionalmente, “extinguió” una empresa pública, Luz y Fuerza del Centro, que daba servicio de energía eléctrica a dicha población, violando abiertamente la Constitución y sus leyes.
En cambio, la acción de inconstitucionalidad sólo podría plantearse si se hiciera hincapié en el párrafo que encabeza la fracción II, que la define como el planteamiento de una contradicción entre una norma de carácter general (leyes o decretos) y la Constitución; pero sería difícil sustentarla, porque sus siete incisos sólo se refieren a leyes expedidas por los poderes legislativos federal o locales. La acción de inconstitucionalidad está mal definida, por supuesto. Estar “en contradicción” es ser “anticonstitucional” y no “inconstitucional”. Esa fracción no tiene asidero teórico ni jurídico y, además, sólo la puede plantear una tercera parte de los órganos legislativos y la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (aparte los partidos sobre materia electoral). De manera que no vale la pena perderse en ella.
Las reformas al 105 deben haberlas hecho los juristas chafas del Tec de Monterrey o de la Libre de Derecho. En el “diccionario” de los primeros se define la anticonstitucionalidad como “norma o acto contrarios a algún precepto o principio contenidos en la Constitución”, y la inconstitucionalidad como “acto o norma cuyo contenido está en contradicción con la Constitución”. Para un filósofo del derecho riguroso, en un caso habría “contrariedad” (una coexistencia de contrarios) y, en el otro, “contradicción” (una incompatibilidad de los contrarios y el reclamo de su disolución mutua), cuando es exactamente lo contrario: contrariedad en la inconstitucionalidad e incompatibilidad en la controversia constitucional.
La defensa del artículo 123 y de su ley reglamentaria es materia del juicio de amparo, como muy bien lo han entendido los abogados del SME. La jueza Guillermina Coutiño Mata, primera de distrito del centro auxiliar de la primera región, concedió el amparo al SME en contra del despido arbitrario de sus trabajadores con motivo de la extinción de su empresa.

La nación y el estado de derecho agredidos

Arnaldo Córdova

Cuando el año pasado se discutieron las reformas que en materia de petróleo quiso imponer el gobierno panista, muchos indicaron que el asunto de la energía debía discutirse en su conjunto, pues, como puede verse ahora, en todas sus ramas (petróleo, gas, electricidad) había intentos claros y confesos de subvertir el orden constitucional en la materia. Ya se estaba haciendo con el gas y con la electricidad. Una riqueza nacional que la Carta Magna ordena que sea explotada, desarrollada y puesta al servicio de las necesidades generales, se estaba convirtiendo por obra del gobierno derechista en objeto del más desvergonzado y cínico saqueo por privados, autorizados y hasta asesorados por los mismos gobernantes.
El golpe del gobierno de Calderón a Luz y Fuerza del Centro y al Sindicato Mexicano de Electricistas viene a poner al descubierto toda la podredumbre y toda la corrupción que envuelven sus acciones en contra de la industria nacional y sus mismas empresas, que el Estado debería promover y proteger para que lleven a cabo los objetivos que les asigna la Constitución. En ese acto del gobierno panista se dan violaciones múltiples a la Carta Magna y a sus leyes y sólo se alegan razones de orden económico y administrativo que son ajenas a la legalidad en todos sus pasos.
Ya en lo que respecta a la conducción de la economía y de la administración pública, el decreto de Calderón, que es un adefesio jurídico desde cualquier punto que se le vea, viola los artículos 27 (ya venía siendo reiteradamente violado desde la época de Salinas), 73, 89 y 90 constitucionales. El golpe contra el sindicato ofrece también violaciones, en primer lugar, a los artículos 123 (protector de las relaciones de trabajo), 14 y 16 de la Carta Magna. Aparte de ello, varias leyes han sido, asimismo, violadas flagrantemente, entre ellas la del Servicio Público de Energía y la Federal del Trabajo.
Iré por partes, porque en una sola entrega sería imposible tratarlo todo. Veamos ahora los artículos constitucionales violados, por lo menos en parte.
Calderón funda su decreto, de hecho, en una sola disposición, la que se contiene en el artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, que dicta que cuando un organismo descentralizado deje de cumplir sus fines u objeto o su funcionamiento sea inconveniente, la Secretaría de Hacienda propondrá al Ejecutivo la disolución, liquidación o extinción del mismo. Según su interpretación, él puede organizar y desorganizar cuantos organismos le vengan en gana. Así comienza diciéndolo en su decreto y está equivocado, porque esos organismos se crean por ley del Congreso y él sólo debe ver por su buen funcionamiento.
En el artículo anterior, el 15, se habla de leyes o decretos del Legislativo y del Ejecutivo. El segundo sólo puede expedir reglamentos, no leyes. Y en el artículo 90 constitucional se señala con toda claridad que la administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, el cual distribuirá los negocios del orden administrativo que estarán a cargo de las secretarías de Estado y definirá las bases para la creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo en su operación (y en su extinción). La fracción primera del 89, que determina las facultades del Ejecutivo, establece la de “promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa (¡ojo!) a su exacta observancia”.
Hay que tener presente, además, lo que dicta la fracción X del artículo 73 que establece las facultades del Congreso: “Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123”. El presidente, y él debería saberlo, con los organismos descentralizados y, en particular, con los que se denominan paraestatales, no puede hacer lo que se le antoje sin antes iniciar una ley ante el Congreso que se lo permita. Le pareció que no valía la pena y pisoteó la Constitución y sus leyes.
En su decreto, cita varios artículos constitucionales y legales que viola flagrantemente. En cualquier caso resultaría paradójico, pero no en el suyo. Por supuesto, menciona el artículo cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (reformado en diciembre de 1989), en el cual se estipula que las compañías concesionadas antes a privados entrarán en disolución y liquidación y el Ejecutivo federal dispondrá la constitución de un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios para prestar el servicio. Ese organismo era, desde el periodo de Salinas, Luz y Fuerza del Centro. Claro que fue creado por decreto presidencial, pero con apoyo en una ley. No es verdad que de esa manera, por decreto, un presidente pueda crear o desaparecer organismos.
Para hacerlo, en cualquier caso y visto lo dispuesto por los artículos constitucionales que hemos citado, Calderón debió haber solicitado del Congreso la reforma de ese artículo o de cualquier otro de la mencionada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que le permitiera disolver, liquidar o extinguir Luz y Fuerza del Centro. No sé de dónde sacó el senador Beltrones que el decreto está apegado a derecho. O no sabe derecho (cosa que es cierta, de cualquier forma) o nos está ocultando alguna trama inconfesable (algo a lo que también nos tiene muy acostumbrados).
Que los presidentes panistas hayan gobernado este país violando la Constitución y sus leyes no debería extrañarnos. Y menos aún la alcahuetería desvergonzada de los priístas. Estos no le perdonarán al SME haber sido el único sindicato independiente y de verdad combativo que sobrevivió, desde su fundación en 1914, al autoritarismo priísta. Al senador Labastida, que siendo secretario de Energía nunca supo qué hacer con LFC, le parece que la paraestatal era un lastre que debió haber sido liquidada desde mucho antes y, entre los priístas, es el que lleva la voz cantante y está en todo con los panistas. Ahora veremos con qué batea de babas nos salen esos priístas en sus componendas con el PAN.
Todos dan por decidido el asunto. Se equivocan por partida doble: la ciudadanía todavía tiene voz que hacer oír como el pasado jueves por la tarde y, además, hay violaciones a nuestro orden constitucional y jurídico tan burdas y desvergonzadas que no se pueden dejar pasar si queremos vivir en un estado de derecho.

La confusión como forma de gobierno

Joven con cubrebocas, ayer en la ciudad de México.Foto José Antonio López

Arnaldo Córdova

Ya se va volviendo una aburrida rutina ver actuar a los panistas en el gobierno (y también a sus socios priístas) ante situaciones de emergencia poseídos por la más ciega y desarmante confusión. Desde luego, dan muestras claras de que no saben ni por dónde les llegó el desastre y después balbucean de mil modos que no entienden de qué se trata y que los esperemos tantito para poder darnos alguna información. Eso se ha podido ver al brotar la epidemia de influenza porcina (la Organización Mundial de la Salud recomendó que se le llamara humana”, para no ofender a los porcicultores).
Primero no supieron por qué en meses recientes estaban muriendo por neumonía muchas más personas que antes y algunas se consideraban saludables. Los afectados por toda clase de enfermedades respiratorias se incrementaron varias veces cuando no había razones aparentes que lo explicaran. En la OMS y en muchos centros de investigación epidemiológica se alertaba ya desde hace años sobre la posibilidad de que brotara en cualquier parte del planeta una pandemia de alguna forma de influenza que no necesariamente sería como las ya conocidas.
En México la prensa y algunos medios de comunicación informaban de ese incremento de las enfermedades respiratorias y comenzaron a sonar algunos casos raros que, como ocurría en ciertas regiones del país, se atribuían a fenómenos de contaminación ambiental. Uno tiene especial relevancia, no sólo por lo que ha resultado, sino por su historia. En el poblado de La Gloria, cerca de Perote y a 10 kilómetros de las granjas porcinas Carroll, desde hace años se organizó un movimiento cívico que tenía por objeto la denuncia de la contaminación que esas granjas ocasionaban y sus dañinos efectos sobre la salud de los pobladores. El pasado 9 de marzo apareció un raro brote de enfermedades respiratorias. Seiscientos pobladores (son en total 5 mil) se enfermaron, entre ellos el niño Édgar Hernández, el primero al que se le detectó la nueva influenza.
Ese asunto debió atenderlo en primera instancia el gobierno veracruzano y hacerlo del conocimiento del federal. No podía esperarse algo así, pues en La Gloria todo mundo recuerda que Fidel Herrera se opuso perrunamente al movimiento que denunciaba a las Granjas Carroll y hoy varios pobladores están sujetos a proceso por ataques a las vías generales de comunicación. De cualquier modo, el gobierno federal era el mayor obligado a atender este gravísimo caso de salud pública. Los servicios médicos locales enviaron muestras al único laboratorio de los llamados de nivel 3 que hay en México y cuya misión es precisamente la investigación de este tipo de enfermedades. Ese laboratorio se ubica, justo, en el puerto de Veracruz.
Después de mucho tiempo, demasiado para la contingencia, no se pudo saber en ese laboratorio de qué se trataba. Las muestras fueron enviadas a otro en Winnipeg, Canadá, que nos dio la mala nueva: estábamos en presencia de una nueva cepa a la que se llamó porcina y lo detectaron en primer lugar en la muestra del niño Hernández. Cuando el secretario Córdova fue informado de los resultados de los análisis debe haberse caído de alguna nube. Al día siguiente tronó la noticia: en México había brotado la epidemia y los muertos ya se contaban por más de un centenar. Algunos médicos eminentes trataron de llamar la atención de que las muertes eran, en general, por neumonía, pero no todas atribuibles al nuevo brote. Todavía el domingo pasado La Jornada informaba de 68 a 81 muertos en un día y de enfermos en números de mil 4 a mil 324.
Unos días después y ya apercibido de que no todos los muertos son iguales, aunque se parezcan, el secretario de Salud balbuceó que, en realidad, los muertos por el brote eran siete. Como no daba mayores explicaciones, los ciudadanos, empavorecidos e indignados, calificaron sus cuentas de una burla. El gobernador Herrera se alcanzó la puntada de afirmar, con cierta chacota, que la cepa había surgido en China. Lo que él busca, desde luego, es que a las Granjas Carroll no se las investigue (por cierto, esa compañía hace por sí misma sus evaluaciones, las cuales siempre se dan por ciertas). Todos los pobladores de La Gloria, en lucha desde 2004, han denunciado que las tinajas en tierra en las que se depositan los detritos y los restos de los animales no tienen ningún tratamiento y están expuestas al aire libre contaminando toda la región.
Ya se han dado más de tres mil casos de probables contagiados. Cuatro días después de que se dio la alerta se instaló un laboratorio para el análisis de muestras. Antes no se pensó en instalarlo. Se dice que otros cinco se instalarán. Se requeriría para un seguimiento eficaz de la enfermedad de un mínimo de 500 muestras diarias en el país. El que ahora funciona sólo es capaz de dar 15 de ellas. Tampoco hay existencia de medicamentos (en especial, antivirales) ni utensilios con los cuales curarse o protegerse. La de los tapabocas es ya una anécdota del folclor popular. De repente se esfumaron y se volvieron carísimos. No hay las reservas de medicamentos que desde hace años se estimó prudente tener para una eventualidad de este tipo. Ahora se nos dice que la vacuna contra este nuevo mal podrá estar lista hasta dentro de unos seis meses.
La imprevisión, la incuria, la improvisación, la desorganización y la estupidez se han vuelto los signos de las administraciones panistas y de sus aliados priístas. La población está asustada, desesperada por no saber qué es lo que puede y debe hacer para protegerse y de sus gobernantes derechistas espera cada vez menos pues siempre salen con la misma batea de babas. La epidemia, a un paso de volverse pandemia, ha castigado también a los negocios. El cierre de un restaurante por más de cinco días significa condenar a la quiebra a sus dueños. Los grandes tiburones siempre se las arreglan para salir bien librados, además cuentan con el apoyo servil y rastrero de los gobiernos de derecha.
El Estado existe para organizar y regular a la sociedad en sus múltiples actividades; para defenderla de sí misma cuando sus elementos comienzan a agredirse y a destruirse; para protegerla del exterior en cualquier circunstancia, no necesariamente en una guerra; para dirigirla en sus capacidades de autodefensa y de autorganización. El Estado de derecha que hoy gobierna a México ha demostrado que sólo sirve para amamantar a los que lo poseen todo, protegerlos contra su propia sociedad y salvarlos de la ruina a que sus propios excesos los exponen. La derecha es buena para saquear lo que es de todos, pero es inepta para gobernar.