La ofensiva

Luis Javier Garrido

La crisis del sistema financiero global de 2011 la enfrentan los poderes trasnacionales con una nueva ofensiva buscando hacerle pagar a los pueblos el costo del modelo capitalista neoliberal, y en México el gobierno de Felipe Calderón, que se asume como su representante, busca acelerar en este tramo final la imposición de cambios regresivos, valido ahora de la posición que están asumiendo los principales aspirantes a sucederle en Los Pinos.

1. La situación crítica del mundo occidental en este 2011 evidencia que los grandes poderes trasnacionales no tienen otra opción para enfrentar el desastre que crearon que acelerar el desmantelamiento de los estados nacionales y de los derechos de los pueblos, como se está haciendo en Europa, donde lo mismo en Grecia y en Portugal que en España o en Italia, la exigencia del poder es proseguir cancelando los derechos históricos de la gente, y en particular las garantías laborales, el derecho a la jubilación y a la seguridad social, y a la educación pública gratuita, mientras se blindan cada vez más los privilegios de los bancos y de las grandes trasnacionales.

2. Las demandas delirantes y casi cotidianas de Felipe Calderón a la oposición pretendiendo que le aprueben las contrarreformas laboral, energética y en materia de seguridad nacional obedecen a las exigencias de la administración Obama que así le está condicionando su apoyo para 2012.

3. El gobierno panista ha proseguido entregando de tal suerte el control del país a las agencias estadunidenses que operan de manera cada vez más libre, como reconoció el 26 la titular de Relaciones Exteriores, y ofreciendo los recursos estratégicos a las trasnacionales, pero esto, al parecer, ya no le basta para garantizar la permanencia del PAN en Los Pinos, por lo que el escenario electoral se sigue enrareciendo.

4. El proceso por el que atraviesa el país, y que se acelera en estos meses finales del sexenio calderonista, entraña una ofensiva sin precedentes del gobierno de Washington y de las multinacionales con la pretensión de liquidar, antes de julio de 2012, lo que queda del Estado nacional mexicano, a) estableciendo mecanismos de un control firme de las agencias estadunidenses sobre el territorio de México, sus costas y fronteras; b) cancelando el principio de que la nación tiene derechos originarios sobre sus recursos estratégicos; c) haciendo nulos los derechos sociales de los mexicanos, garantizados en nuestra carta constitucional, en materias laboral, de salud, de seguridad social y de educación; para reducir a México a ser d) un simple territorio de ocupación de las multinacionales, como buscan hacer con los países árabes y del norte de África.

5. Los aspirantes a la candidatura presidencial tanto del PAN como del PRI, comprometidos con intereses privados y no con los reclamos y aspiraciones de los mexicanos, parecen inmersos en un escenario de sometimiento cada vez mayor a las exigencias trasnacionales, y aparecen como dispuestos, sin reparo ni principio alguno, a seguir entregando como botín al capital trasnacional los derechos de la nación y de los mexicanos.

6. El aspecto más evidente es la precampaña de Enrique Peña Nieto en pos de la investidura presidencial del PRI, durante la cual ha manifestado sumisión absoluta a las exigencias trasnacionales, tanto para desmantelar a la nación y proseguir con la guerra contra el narco (entregando a Washington el control del territorio nacional), como para modificar la organización democrática del país estableciendo un régimen autoritario, lo cual es contrario al orden constitucional. Algunos analistas estiman que resulta positivo que quien será el abanderado priísta en 2012 dé a conocer qué se propone. En 1988, Salinas engañó a los mexicanos prometiendo en su campaña defender la Constitución y a los mexicanos, y una vez en el cargo, aplicando el modelo neoliberal vendió (se autovendió) la mayor parte de las empresas públicas e inició el proceso de cancelación de los derechos sociales, pero ahora Peña Nieto por lo menos anuncia que se propone hacer lo mismo que pretende el PAN, y ya nadie puede llamarse a engaño.

7. La entrega del petróleo y de los demás recursos estratégicos de México al capital extranjero ha sido la tesis central de los panistas para, según ellos, hacer crecer la economía, y ahora lo es abiertamente también la de los priístas. Tras la exigencia presentada por Jeffrey Davidow, ex embajador estadunidense, el domingo 23 en el foro de empresarios México, cumbre de negocios, efectuado en Querétaro, de que México supere un tabú y entregue el control de su petróleo a las multinacionales, Peña Nieto, pasando por alto los principios de los artículos 27 y 28 constitucionales, llamó al día siguiente a los mexicanos a ser audaces y abrir a las multinacionales la explotación y refinación del crudo, lo cual, según reseñó La Jornada el martes 25, provocó el aplauso de los empresarios salinistas asistentes al acto organizado por Miguel Alemán Velasco, entre los cuales se hallaban Ricardo Salinas Pliego, Julio A. Millán y Gerardo Gutiérrez. México, había dicho Peña Nieto días atrás al Financial Times del 19 de octubre, ha sido rehén de una ideología que ha retrasado el desarrollo y esto hay que cambiarlo.

8. Y para no ser menos, ante otra pretensión de Washington, regresar a una forma de gobierno más autoritario, similar a la de los años del PRI, Peña Nieto se adhirió a la propuesta de su oponente priísta, el senador Manlio Fabio Beltrones, de establecer coaliciones forzosas en las cámaras legislativas para crear una mayoría artificial, evidentemente de los dos partidos neoliberales –PAN y PRI–, única vía, según él, para que pueda gobernar el próximo presidente. Durante el tercer foro regional organizado por la Fundación Luis Donaldo Colosio del PRI con vistas al programa para 2012, Peña Nieto pasó por alto que el régimen presidencial que establece la Constitución de 1917 supone que el Congreso sea un contrapeso y freno del Ejecutivo, y demandó, como Beltrones, un modelo autoritario que establezca por ley un presidencialismo en el que el Ejecutivo controle mecánicamente a un Legislativo dócil que le apruebe todas sus pretensiones de cambios constitucionales y legales.

9. La propuesta pretende ignorar así que la responsabilidad central del Presidente de la República es aplicar la ley, y no pretender modificar el orden constitucional cancelando de manera subrepticia derechos a la nación y a los mexicanos para dar gusto al capital multinacional, como hace el gobierno de facto de Calderón con la complicidad en muchos casos de los priístas.

10. El pueblo indignado, que ha clamado en todos los modos su ¡Ya basta!, parece dispuesto ahora a abordar otras formas de lucha y de resistencia.

La reforma política

Sicilia, ha sido enganado por la mafia -cosa nostra-

John M. Ackerman

Se equivocan quienes han convertido la llamada reforma política en una bandera de lucha de las causas progresistas. La Cámara de Diputados cometería un grave error si avala sin modificaciones lo aprobado por el Senado en esa materia. Los diputados primero tendrían que debatir a fondo las propuestas para incorporar los ajustes necesarios para convertir el documento en una verdadera propuesta para el cambio social.

Javier Sicilia y el pequeño grupo de jóvenes que el miércoles pasado asistió a la Comisión Permanente pecan de soberbia: “No venimos a pedirles, sino a exigirles que aprueben la reforma política. Si tienen que convocar a un periodo extraordinario o trabajar horas extras es su problema: la aprueban, es un mandato ciudadano… Apruébenla como se las mandó el Senado”. Los manifestantes demuestran un preocupante desconocimiento de los procesos democráticos al erigirse en representantes de un inexistente mandato ciudadano y exigir que en lugar de discutir las reformas los diputados se comporten como meros levantadedos.

En febrero de 2010, un grupo de intelectuales y ex funcionarios públicos encabezado por Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Federico Reyes Heroles ya había utilizado una estrategia similar para defender la propuesta de reforma política de Felipe Calderón. Su polémico desplegado titulado “‘No’ a la generación del ‘No’” se inició con la misma orden sorda de cancelar el debate democrático: Amigos legisladores: aprueben las reformas. No hay nada más que discutir, hay que votar y punto, aclaraban los organizadores en múltiples entrevistas.

En septiembre de 2007, los principales medios de comunicación también tomaron el Senado para obligar a los representantes populares a modificar la redacción de la reforma electoral. En aquel encuentro histórico, Pedro Ferriz articuló un discurso similar al que hoy presenta Sicilia: No creo que vengamos a dialogar con ustedes; venimos a reaccionar de ustedes.

La propuesta de candidaturas independientes del Senado aseguraría una mayor dominación de los poderes fácticos y los intereses particulares sobre la política nacional. No hay duda de que los partidos políticos hoy se han convertido en mafias cerradas que no rinden cuentas a absolutamente nadie. Pero la idea que un ciudadano sin estructura partidista, y con fuertes patrocinadores del sector privado, sería un candidato más cercano a la población no es más que un espejismo.

El que paga manda, reza el sabio dicho popular, y estos candidatos tendrán que recibir grandes cantidades de dinero para poder desarrollar una campaña viable. Algunos ejemplos recientes incluyen la no-candidatura presidencial del Doctor Simi en 2006 y la candidatura presidencial de Ross Perot en Estados Unidos en 1992 y 1996.

Las candidaturas no-partidistas a escala municipal o estatal presentarían menos problemas por la cantidad de recursos que se requieren. Pero a escala federal, y sobre todo para una elección presidencial, estas candidaturas darían el pretexto perfecto para burlar los controles sobre el financiamiento privado. Una eventual reforma en la materia tendría que diferenciar con mucho cuidado entre los diferentes ámbitos de gobierno, así como fijar límites tajantes a escala constitucional para el financiamiento electoral.

Asimismo, es falso que exista un mandato ciudadano para Sicilia en esta materia, dado que la propuesta de candidaturas independientes fue explícitamente rechazada por el Pacto de Ciudad Juárez, del pasado 10 de junio. Con mucha razón, los participantes en la mesa 6 del encuentro decidieron dejar fuera estas candidaturas y prefirieron apoyar otras figuras como el plebiscito, el referendo y la revocación de mandato, así como la democratización de los medios de comunicación, todas excluidas de la minuta del Senado.

La propuesta del Senado sobre la relección legislativa cuenta con problemas similares. Teóricamente, un diputado o un senador que pueda ser relecto inmediatamente para el mismo cargo tendría incentivos para independizarse de las cúpulas partidistas y acercarse a la ciudadanía, ya que los electores serían los que decidirían su permanencia en el cargo. Sin embargo, el documento del Senado incluye la relección inmediata también para los diputados y senadores plurinominales, nombrados por los partidos, otorgando así aún más poder a los dirigentes partidistas, ya que el botín que controlan sería más jugoso.

La relección también implica serios problemas en materia de fiscalización y equidad de las campañas electorales. El artículo 134 de la Constitución prohíbe explícitamente la utilización de recursos públicos para promover las candidaturas de los funcionarios públicos. Sería casi imposible mantener esta importante prohibición si todos los legisladores del país pudieran ser relectos inmediatamente en sus cargos. Súbitamente se legalizaría la utilización de los recursos de los grupos parlamentarios del país para financiar las campañas políticas, tal como ya ocurrió en 2009 con el grupo del PVEM en la Cámara de Diputados.

Las otras figuras aparentemente progresistas incluidas en la reforma política, como la consulta popular y la iniciativa ciudadana, no son tan riesgosas como las candidaturas independientes y la relección legislativa. Sin embargo, la forma en que están redactadas asegura que casi nunca serán utilizadas por la población.

Aquellos ciudadanos interesados en una verdadera transformación social no tendrían que dejarse llevar por la distracción de una reforma política mal planteada, sino trabajar por una transformación de fondo en la estructura de poder social, económica y cultural, así como por una renovación integral de la clase política nacional.

http://www.johnackerman.blogspot.com - Twitter: http://www.twitter.com/@JohnMAckerman

La depredación

Luis Javier Garrido

El mayor riesgo que tiene el país en esta larga agonía del gobierno calderonista lo constituye el intento de las fuerzas de la extrema derecha por hacer aprobar al Congreso una serie de contrarreformas neoliberales con las que pretende terminar de desmantelar al Estado mexicano, culminando así su labor depredadora de estos años.

1. El riesgo de que a espaldas y en contra de los mexicanos se aprueben algunas de las contrarreformas urdidas por la derecha yunquista es muy grande, pues a pesar de que hay de continuo declaraciones en el sentido de que no habrá en agosto un periodo extraordinario para ello, las filtraciones de Los Pinos pretenden que ya tienen el consenso del PRI para algunas de ellas y se habla de la contrarreforma laboral y de la relativa a seguridad nacional.

2. La nueva legislación en materia de seguridad nacional que Calderón pretende le apruebe el Congreso abriría, como se ha señalado, la vía para crear en México el Estado policiaco de carácter totalitario en el que sueñan los panistas en previsión de la crisis social que los tecnócratas neoliberales advierten como consecuencia del colapso de la economía mexicana, uncida al desastre que se ve venir de las finanzas internacionales a consecuencia de la imposición del modelo neoliberal.

3. La contrarreforma calderonista de supuesta seguridad nacional no es otra cosa que un nuevo blindaje a los actos ilegales del Ejecutivo, pues supone aberraciones inaceptables en un régimen constitucional de derecho, que han sido descalificadas tanto por juristas como por agrupaciones defensoras de derechos humanos, y es poco probable que la mayoría de los legisladores del PRI y del PRD autoricen dicha pretensión, por la regresión histórica que significaría. Calderón demanda el establecimiento de un régimen en el cual exista una discrecionalidad absoluta del Ejecutivo para suspender de hecho las garantías individuales y una plena libertad del gobierno federal para violentar la autonomía de los estados y los municipios, la actuación del Ejército y la Marina como fuerzas policiales en un marco absoluto de impunidad y la prerrogativa presidencial de determinar cuándo se violan las garantías constitucionales.

4. El Ejército y la Marina, como todas las fuerzas policiales del gobierno calderonista, han actuado estos cuatro años en abierta violación al orden constitucional de México y violentando múltiples pactos y tratados internacionales, y lo que Felipe Calderón plantea es que se modifiquen la Constitución y las leyes de la nación nada menos que para adecuarlas al estado de ilegalidad y de violencia impune en el que han venido manifestándose marinos y militares. En otras palabras, para que las leyes se adecuen a la realidad, y se dé una apariencia de legalidad a la violencia criminal del gobierno.

5. Una de las mayores perversiones del actual gobierno panista, que ha depredado no sólo la vida social y la economía del país sino las instituciones de la República, la ha constituido la subordinación que ha logrado de los ministros de la Suprema Corte de Justicia no nada más en función de sus pretensiones políticas (lo que era ya un rasgo del régimen del PRI) sino llevándolos a actuar en contra de la Constitución en función de los intereses de la derecha trasnacional, lo mismo en materia de energía que de los derechos fundamentales de los mexicanos, todo con el objetivo de acelerar el desmantelamiento del Estado nacional, avalando así la legalidad prevaleciente, y eso se ve sobre todo en materia de seguridad nacional, en donde la Corte no actúa como una instancia de control de la constitucionalidad ni de las leyes ni de los actos del gobierno. Calderón critica todo el tiempo a los jueces de primera instancia acusándolos de corruptos, pero no se da cuenta de que los mexicanos ven sobre todo la corrupción de arriba: la que vincula a la Corte con Los Pinos.

6. El fallo impreciso y ambiguo de la Suprema Corte del 12 de julio determinando que los militares deben ser juzgados en los tribunales civiles si violan garantías pretende ser una respuesta a la exigencia nacional e internacional de que se termine en México la prerrogativa aberrante, que se ha ampliado de hecho, del fuero castrense, y los marinos y militares sean sometidos en todos los casos a los tribunales ordinarios, pero no lo es, como muchos han supuesto, pues busca tergiversar lo establecido en el artículo 13 constitucional, que niega la existencia del fuero en los delitos de militares contra civiles. Al no fallar con claridad la cuestión, los ministros no hicieron más que abrir la vía para que se pueda legislar en el sentido que pretende el gobierno panista: estableciendo una discrecionalidad absoluta de las autoridades para que ellas mismas puedan determinar en qué casos, durante las supuestas acciones de la “guerra contra el narco”, los militares violaron las garantías individuales.

7. La resolución busca dar respuesta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó a México en 2009 tras el caso Radilla, pretendiendo que la cuestión ha sido resuelta y las normas y prácticas mexicanas son ya conformes al derecho internacional, aunque no se haya cancelado por completo la pretensión de las fuerzas armadas mexicanas de conservar todo tipo de fuero de hecho y de derecho. De ahí otro motivo más de urgencia que tiene Felipe Calderón para que el Congreso expida la nueva legislación en materia de seguridad nacional, que él exige a fin de poder hacer del nuevo Estado panista un Estado policial.

8. La respuesta de las fuerzas armadas ante la gravísima situación institucional creada por el inepto gobierno panista, que con sus políticas de violencia las ha llevado a actuar de manera ilegal e inconstitucional para servir a intereses extranjeros, no podía ser otra. Un grupo de altos mandos militares demandaron el miércoles 13 ante la Comisión bicameral de Seguridad Nacional del Congreso que se apruebe un marco jurídico que legalice la lucha anticonstitucional que dicen librar contra el narcotráfico, y que sea mucho más amplio que el de la contrarreforma calderonista que queda muy corta para ellos (La Jornada del 14 de julio), sin entender que amplios sectores de mexicanos se han dado ya cuenta de que lo que están haciendo es otra cosa, y fundamentalmente el crear un clima de terror en el país para someter a los mexicanos al proyecto trasnacional y para reordenar al narco en función de los intereses estadunidenses.

9. Esos militares se equivocan, pues ni soldados ni marinos deben actuar en un régimen democrático como cuerpos policiales, y mucho menos impunemente como ellos siguen pretendiendo hacerlo. El marco jurídico en materia de seguridad nacional ya existe en México y está claramente determinado por la Constitución, pisoteada en este sexenio, y basta con respetarlo, por lo que ellos deben regresar a sus cuarteles conforme al marco constitucional actual.

Audio e Imágenes de AMLO en la Cámara de Diputados vs la Reforma Laboral

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La destrucción del derecho laboral y la trata de esclavos asalariados

Marcos Chávez *

1. Cuando el bloque hegemónico se llena orgullosamente la boca para decir que el antiguo régimen se democratizó súbitamente, de la noche a la mañana, milagrosamente, gracias a la simple alternancia en la administración pública entre la conservadora derecha siamés –la confesional decimonónica y la priista, reciclada en neoconservadora y neoliberal–, y que las elites se transformación repentinamente de autoritarias en un ejemplar republicano digno de respeto y, sin embargo, ellas mismas se han encargado de obstaculizar la democratización real del orden establecido, de mantener arraigadas las viejas prácticas despóticas del sistema presidencialista, de cogobernar con los mismos abusos del poder del pasado reciente, sin contrapesos legales, con la ausencia del estado de derecho y el mismo proyecto de nación económica, social y políticamente desigual y excluyente.

2. Cuando al margen de los trabajadores, que han sido anulados de las discusiones y del juego político –debido a la inexistencia de mecanismos de representación que les permitan defender sus intereses, la ilegitimidad de los gobernantes que actúan por encima y en contra de la mayoría de los gobernados, la debilidad de los sindicatos como resultado del desempleo y el miedo al mismo y la falta de empleos formales que reducen el número de sus agremiados, la pérdida de su independencia y capacidad de negociación ante el secuestro de sus organizaciones por dirigentes venales que depredan sus recursos y obtienen beneficios pecuniarios, cuotas de poder y protección a cambio de su subordinación a la estructura corporativa del Estado y la venta de contratos de protección a los empresarios, la represión padecida por los obreros a manos de sus enemigos de clase antedichos, y el cambio y la aplicación arbitraria de las leyes del trabajo por parte del gobierno (las juntas de Conciliación y Arbitraje, la Secretaría del Trabajo, los legisladores, el Ejecutivo, la Corte)–, la oligarquía, los priistas, los panistas y sus aliados del Congreso impondrán la contrarreforma neoliberal laboral que legalizará el desmantelamiento de los derechos constitucionales en la materia iniciado durante el salinato, profundizará su destrucción por medio de la “flexibilidad” en el mercado de trabajo y garantizará la derrota de los proletarios frente a los empresarios, que los reducirá al papel de indefensos esclavos ante las formas más salvajes de la acumulación privada de capital, cabe preguntarse:

¿Qué opciones se les deja a los trabajadores para luchar por sus derechos laborales constitucionales y sus conquistas sociales históricas?

En los países “democráticos” del Reino Unido, Francia, Grecia, Portugal o España, gobernados por la derecha y los “socialistas”, los sindicatos y otros sectores de la población han recurrido a la movilización, la protesta y violencia social ante las soluciones autoritarias impuestas por las elites dominantes para trasladarles los costos de la crisis del capitalismo global, el saneamiento de las finanzas públicas y la reconstrucción de la acumulación privada del capital: una dosis adicional de neoliberalismo, la mayor “flexibilidad” laboral, el despido fácil con menores compensaciones, el recorte de los salarios nominales y de las prestaciones, como los servicios de salud, la ampliación de la jornada laboral, la reducción del gasto público social, de los servicios básicos, las pensiones y del seguro contra el desempleo, entre otras políticas.

En el Magreb y el Medio Oriente (Túnez, Libia, Egipto, Baréin, Marruecos y Arabia Saudita, entre otros), la sociedad, víctima del despotismo político, la exclusión social y el hambre, en su espontaneidad, falta de organización y de un proyecto claro de nación, optó por los días de furia y la revuelta social para deshacerse de sus sátrapas y poner en jaque a otros regímenes políticos, pese a la sangrienta represión a la que ha sido sometida.

Los trabajadores mexicanos no deben desdeñar esas experiencias. Sobre todo, cuando los neoliberales primero los condenaron a ser precarios, pobres y miserables, y ahora los quieren completamente “flexibles”.

Porque el Partido Revolucionario Institucional (PRI) –que fue remiso al momento de apoyar a Vicente Fox y Felipe Calderón en su fracasado intento por completar la destrucción de los derechos laborales, proceso iniciado por Carlos Salinas y Ernesto Zedillo– cambió radicalmente su posición. En su ambición de reconquistar el gobierno a cualquier precio, arrojó al bote de basura su propuesta presentada al Congreso en diciembre de 2010, la cual se contraponía a la iniciativa cavernícola presentada por el troglodita Javier Lozano y preservaba diversas conquistas laborales consagradas en el artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo. En su esfuerzo por retornar a la Presidencia, para lo cual requiere el apoyo de, al menos, uno los verdaderos electores del país, el PRI está dispuesto a garantizarle a la oligarquía la realización de sus sueños caramente ambicionados. Ya les ha entregado otros despojos de la nación a su depredación: los contratos incentivados en la industria energética y otros mecanismos de coinversión pública-privada o las telecomunicaciones, lo que explica que ese grupo esté fabricando generosamente la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto, quien les garantizaría la continuidad económica neoliberal y el autoritarismo político.

Pero los suspirantes son varios. Otros, que llevan a cabo una guerra soterrada en contra del delfín, están dispuestos a envilecerse aún más. Para ocupar ese puesto, no dudan en ocupar el lugar de Peña en el lecho del procusto oligárquico. Manlio Fabio Beltrones, con su propuesta de contrarreforma fiscal, ofrece más beneficios a las grandes empresas y los sectores de altos ingresos, que serían pagados con los impuestos al consumo de las mayorías. Francisco Rojas está dispuesto a arrojar la cabeza de los trabajadores a la jauría. En su reculón, los priistas saquearon descaradamente la mayor parte de la propuesta laboral de Lozano –lo que explica su beneplácito ante su iniciativa “priizada” y sus pendencieros denuestos en contra de quienes se oponen a ella, calificándolos de “intolerantes brutales”, “mentirosos”, “cobardes” (La Jornada, 25 de marzo de 2011)–, que era la de la burguesía, con un agravante adicional: la volvieron más reaccionaria gracias a la asesoría de los leguleyos de la Confederación Patronal de la República Mexicana y del Consejo Coordinador Empresarial.

El dictador Augusto Pinochet y los Chicago Boys necesitaron asesinar la democracia chilena, imponer una dictadura, bañar de sangre a su país, liquidar e ilegalizar al sindicalismo opositor, encarcelar y matar a sus líderes para parir el engendro neoliberal y someter a los trabajadores a la “flexibilidad” laboral, modelo que después fue copiado por otros dictadores y “demócratas” del resto del mundo. En México, sólo ha sido suficiente la permanencia del autoritarismo presidencialista priista-panista.

¿Qué entendieron Pinochet y sus adictos a las doctrinas neoliberales por la exportada “flexibilidad” laboral que sólo beneficia a los empresarios? La sustitución de la seguridad y la estabilidad en el empleo por la eventualidad, la transitoriedad y la subcontratación –también conocida como tercerización y outsourcing– que actualmente afecta, al menos, al 70 por ciento de los asalariados chilenos; el relajamiento legal de la higiene y la seguridad laboral; el derecho empresarial para cambiar arbitrariamente los horarios de trabajo, rebajar los salarios y las remuneraciones; pagar jornales desiguales sin prestaciones para trabajos iguales; contratar a rompehuelgas, cuando sus empleados le declaran el paro, además de impedirles su ingreso a sus instalaciones, facilitar sindicatos de protección y cuantos sean necesarios dentro de sus empresas para pulverizar la fuerza organizada de los trabajadores; la castración de los sindicatos y sus derechos a la huelga, incluyendo las solidarias; el favoritismo de las autoridades laborales hacia los empresarios.

¿Qué proponen el PRI-Partido Acción Nacional (PAN)? Son tan creativos como los criminales dictadores y “demócratas” neoliberales. Entre otras propuestas, que seguramente serán aprobadas por esa mayoría del Congreso, destacan la legalización de la trata de esclavos asalariados por medio de la subcontratación de empresas que venden a trabajadores a otras empresas, con menores salarios y prestaciones para trabajos iguales y sin la posibilidad de aspirar a la estabilidad; los contratos temporales de “prueba” y por horas, en condiciones similares a los anteriores; la reducción del tiempo de los juicios laborales, en beneficio de los empresarios respecto de los llamados salarios caídos, lo que abaratará el despido de los obreros, por lo que ahora podrán arrojar a la calle a los más antiguos y contratar a carne joven en peores condiciones; la permanencia de los contratos de protección y de los turbios negocios de los líderes corporativos, que garantizarán la antidemocracia de los sindicatos, su falta de representatividad, su control, su fragmentación y sus limitaciones en el derecho de huelga; la permanencia de las arbitrariedades y el control de los trabajadores y sus sindicatos ante las cavernícolas autoridades laborales, al estilo de Lozano, que decidirán la toma de nota y registro de esas organizaciones, así como sus derechos de huelga.

La propuesta del PRI, con la que aspira recuperar la Presidencia, es sencilla: reducir a los asalariados a la calidad de siervos en nombre de la productividad, competitividad y rentabilidad empresarial. Dicho retorno implicará el triunfo oligárquico.

Se equivocan quienes señalan que la propuesta priista es una traición a los trabajadores, pues ese partido siempre ha sido su enemigo histórico. Desde la creación de la Confederación Regional Obrera Mexicana, recién terminada la Revolución Mexicana, dirigida por Luis M Morones, se ha enajenado a los trabajadores al PRI, a su antecesor Partido Nacional Revolucionario (PNR, 1928). Los cinco lobitos, Fidel Velázquez, Jesús Yurén Aguilar, Fernando Amilpa, Alfonso Sánchez y Alfonso Quintero, que crearon la Confederación de Trabajadores de México en 1936, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, reforzaron su sometimiento corporativo al travestido PNR en el Partido de la Revolución Mexicana (1938) y en el actual PRI (1946). Hampones sindicales como Leonardo Rodríguez Alcaine, Joaquín Gamboa Pascoe, Víctor Flores o Elba Esther Gordillo, que venden sus oficios al amante en turno, ya sea priista o panista, han servido para someter a los asalariados y reprimir al sindicalismo independiente para garantizar su vasallaje ante el Estado y los empresarios.

Ante el bloque dominante, PRI, PAN, empresarios y otras franquicias parasitarias, como el Verde Ecologista y Nueva Alianza, que se afanan por mantener cerrado al régimen político despótico e imponer la esclavitud asalariada, los proletarios, para defender sus derechos, aún en su debilidad, tienen el derecho histórico de experimentar lo de otras latitudes: la movilización, la protesta, la violencia, la furia, la revuelta social, ya sea para imponer la democracia en México o aspirar a un sistema poscapitalista. No les dejan otras opciones para acabar con los déspotas que los aplastan.

*Economista

Fuente: Contralínea 228 / 10 de abril de 2011

AMLO conferencia de prensa en Cámara de Diputados

http://www.youtube.com/watch?v=8Dzn2zw0l-s


http://www.youtube.com/watch?v=n2WKYcSgvHc


http://www.youtube.com/watch?v=qiHficUT_tc

Solicita López Obrador al Congreso someter a debate nacional la iniciativa de reforma laboral

Solicita López Obrador al Congreso someter a debate nacional la iniciativa de reforma laboral

México, Distrito Federal

Jueves 07 de abril de 2011

* *Cancela dicha propuesta derechos sociales que ha conquistado la clase trabajadora y el pueblo de México a lo largo de la historia

C. Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín

Presidente de la Mesa Directiva de la

Cámara de Diputados

P r e s e n t e

Como representante del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), expongo a ustedes, integrantes de la Cámara de Diputados, nuestra inconformidad ante las iniciativas de reforma a la Ley Federal del Trabajo, presentadas de común acuerdo por los grupos parlamentarios del PRI y del PAN.

Estas son nuestras razones y argumentos:

1. Es una vergüenza que las instituciones nacionales, en este caso el poder legislativo, sigan actuando como simples instrumentos al servicio de los organismos financieros internacionales y de la oligarquía del país.

2. Como es conocido, desde hace 28 años se viene aplicando la llamada política neoliberal que sólo beneficia a una minoría rapaz, a costa del sufrimiento de la inmensa mayoría de los mexicanos.

3. Desde entonces, no se cuenta con un proyecto de desarrollo propio, apegado a nuestra realidad, que atienda los grandes y graves problemas nacionales como la falta de crecimiento económico, de empleos, la corrupción, la impunidad, la inseguridad, la desigualdad, la marginación de los jóvenes y el empobrecimiento del pueblo.

4. Por el contrario, en todo este periodo, se ha venido imponiendo una agenda con las llamadas reformas estructurales en materia laboral, energética, fiscal y de seguridad social que, en esencia, significan privatizaciones, pillaje y graves retrocesos sociales.

5. Pero lo más indignante es que, aún cuando se está destruyendo al país, se siga insistiendo en la misma política antipopular y entreguista, sólo por la ambición desmedida y el afán de lucro de quienes se creen los dueños de México.

6. Con estos antecedentes y en este contexto, es que ahora se busca reformar la Ley Federal del Trabajo, cancelando derechos sociales que ha conquistado la clase trabajadora y el pueblo de México a lo largo de la historia.

7. Es inaceptable que en dicha reforma se proponga, por ejemplo: el pago por hora a los trabajadores con base en el salario mínimo. Es decir, un obrero que trabaje una hora cobraría alrededor de 7 pesos; y el que labore 4 horas, cobraría 29 pesos, la mitad del salario mínimo; se pretenda contratar a trabajadores sujetos a periodos de prueba de hasta seis meses, dejando que el empleador, al término del plazo, pueda despedirlos sin indemnización y sin derecho a ninguna prestación social. Lo mismo sucedería con trabajadores contratados para capacitación inicial o por temporada. Asimismo, se abre la puerta para la subcontratación dándose lugar al pago de bajos salarios sin prestaciones, y a “fraudes legales” contra los trabajadores. Entre otros graves retrocesos que se contemplan en dicha reforma.

8. Por otro lado, no está de más señalar las coincidencias entre las propuestas de reformas presentadas por el PRI y por el PAN. Hay incluso párrafos idénticos, lo cual demuestra que hubo acuerdos previos y que el procedimiento parlamentario será un mero trámite. Esto aunado al interés de aprobar sin análisis, con premura, al vapor, dichas reformas aprovechando tramposamente el periodo de la semana santa.

Por todo lo anterior, llamamos a los diputados de todos los partidos a que actúen con responsabilidad, independencia y decoro. Concretamente, les proponemos que se convoque a foros de consulta a trabajadores, patrones, sindicatos, especialistas y ciudadanos en general para analizar cuidadosamente los posibles beneficios para el país y los daños que ocasionaría el aprobar de manera apresurada la iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo presentada por el PRI con el respaldo del PAN.

Hacemos notar que seguir aprobando reformas a la Constitución y a las leyes para legalizar los despojos y los abusos de unos cuantos en contra de las mayorías, sólo provoca mayor descomposición social, más injusticias, resentimientos, inseguridad y violencia.

De modo que esperamos que los diputados actúen como auténticos representantes populares y sepan estar a la altura de las circunstancias.

Ciudadano presidente de la Cámara de Diputados:

Esperaremos la respuesta a nuestra petición de llevar a cabo un debate nacional sobre este importante asunto. Y con ese propósito, regresaremos el próximo jueves 14 de abril a las 11 de la mañana, acompañados de ciudadanos e integrantes del Movimiento Regeneración Nacional, que acudan a la convocatoria que les estamos haciendo desde el día de hoy.

Ciudadano presidente, muchas gracias por su atención y por su gentileza de escucharnos y de recibir nuestro planteamiento y propuesta.

Atentamente

Andrés Manuel López Obrador

En representación del

Movimiento Regeneración Nacional

Fuente: Gobierno Legítimo

Difusión AMLOTV

Constitución, vulnerada por reformas y leyes

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos llega al 94 aniversario de su promulgación con más de 500 reformas. Aun cuando no han implicado transformaciones sustanciales, han socavado el espíritu original del texto, señalan especialistas. Además, a casi 100 años de su promulgación, la ley suprema del Estado mexicano es vulnerada por leyes y actos de la autoridad que contravienen los principios constitucionales.

´

Mayela Sánchez

A 94 años de su promulgación, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sido reformada en 502 ocasiones, lo que ha “afectado seriamente” su espíritu original, comenta el jurista Raúl Carrancá y Rivas.

“En términos generales, lo que se planteó en 1917 sigue siendo una aspiración del país, y en gran parte no se ha realizado”, expresa el maestro emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien considera necesario rescatar los postulados de justicia social tal y como fueron planteados por el Congreso Constituyente de 1917.

Carrancá y Rivas señala que aun cuando el país se ha transformado, desde el punto de vista constitucional, el texto original no ha perdido vigencia, por lo que no ve las múltiples reformas como un síntoma de que la Constitución tenga que ser modificada.

“Primero, que se obedezca, que tenga la oportunidad de ser algo real y vigente”, expresa.

Para Francisco Venegas Trejo, doctor en derecho y ciencia política por la UNAM, la gran cantidad de reformas es señal del dinamismo de la Constitución, “para que sirva como herramienta para el presente y el mañana”.

Venegas Trejo defiende que la Constitución sea constantemente modificada, pues, al ser “el proyecto de vida nacional”, tiene que ser actual para las nuevas generaciones. “Si la Constitución no se modificara, estaríamos obligados a vivir conforme a criterios de hace 100 años”, sostiene.

En opinión del exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, Diego Valadés Ríos, aunque la mayoría de las reformas han sido “adecuadas, recomendables y oportunas”, no han tocado todavía la parte esencial que corresponde a la política y que implicaría una nueva estructura del régimen de gobierno.

El también exprocurador general de la República señala que, en ese tema, sí hay un rezago en la Constitución, lo que ha favorecido que el Poder Ejecutivo sobrepase sus propias atribuciones por falta de controles políticos.

Valadés Ríos, quien actualmente se desempeña como investigador en el IIJ, apunta que el problema central de la Constitución no radica en la cantidad de reformas que se le han hecho, sino en que “la están haciendo víctima de muchas violaciones.

“La Constitución no se deteriora por sus reformas, al contrario, éstas permiten que mantenga su lozanía, su vigencia. Lo que deteriora la Constitución es su incumplimiento”, expresa.

Reformas, la “ocurrencia de hoy”

La Constitución que rige actualmente al Estado mexicano fue publicada el 5 de febrero de 1917 y es resultado de una reforma a la anterior Constitución, que databa de 1857.

Desde su entrada en vigor el 1 de mayo de 1917 y hasta el 29 de julio de 2010, la Carta Megna había sido reformada 502 ocasiones, lo que ha implicado cambios en 110 de sus artículos (incluyendo los transitorios y transitorios de decreto de reforma), de acuerdo con información de la Cámara de Diputados.

Más de la mitad de estas reformas (289) se ha dado en los últimos 29 años, es decir desde el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado. Durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, se tuvo la mayor cantidad de modificaciones: 77. En cuatro años de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, se han reformado 60 artículos.

El artículo que más modificaciones ha tenido es el 73, referente a las atribuciones del Congreso de la Unión, que ha sumado 60, de las cuales ocho se han realizado durante este sexenio. Le siguen en cantidad de reformas el artículo 123, relativo a los derechos laborales, con 23; y el 27, que sentencia la propiedad de la nación sobre sus recursos naturales, registra 16 cambios.

A decir del profesor e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, Enrique Uribe Arzate, la mayoría de estas reformas no debiera considerarse como tal, ya que no ha implicado un cambio sustancial de estructura, de la forma de concebir una institución o una instancia de gobierno.

Para Venegas Trejo, profesor de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la UNAM, la laxitud de algunas reformas constitucionales se explica porque los políticos “no actúan con espíritu institucional, de Estado, sino con espíritu de partido y de interés personal de su carrera”.

El exdirector del seminario de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UNAM pone como ejemplo la reciente iniciativa de reforma al artículo 3 constitucional que hace obligatoria la educación media superior. En su opinión, se trata de una propuesta vistosa pero poco viable, dadas las condiciones actuales de falta de servicios educativos.

El coordinador del área de Derecho Constitucional del IIJ, Miguel Carbonell Sánchez, comparte esta opinión, pues señala que en lugar de una reforma integral de la Constitución, lo que hay es una “reforma gota a gota”, en donde lo mismo caben “la pequeña reformita, la ocurrencia de hoy o el deseo del legislador de que quede su huella en la Constitución”.

La consecuencia de ello, dice Carbonell Sánchez, es que se ha hecho de la Constitución “una cosa prolija, confusa, mal ordenada”.

Para el diputado Jaime Cárdenas Gracia, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, la Constitución “se reforma mucho porque no se respeta”.

El legislador por el Partido del Trabajo señala que hay reformas que se han promulgado aun cuando “van en contra del espíritu de lo que aprobó el Constituyente de Querétaro en 1917”.

Leyes, por encima de la ley suprema

El señalamiento de Cárdenas Gracia no es exclusivo de las reformas constitucionales, pues advierte que también existen leyes que contravienen lo estipulado en el texto constitucional.

Refiere, por ejemplo, que la Ley de Petróleos Mexicanos, creada en noviembre de 2008, fue en contra de lo establecido en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, referentes a la propiedad de la nación sobre los recursos y el monopolio del Estado en su explotación.

El profesor Uribe Arzate apunta que si bien en términos formales la Constitución no es rebasada por las reformas ni por la generación de nuevas leyes, existen modificaciones constitucionales que se dan al margen de una reforma formal, por lo que “hay normas, disposiciones e incluso actos de la sociedad y de la autoridad que están más allá de la propia Constitución”.

El doctor en derecho y autor del libro El tribunal constitucional apunta que, debido a ello, toda la jurisprudencia, leyes ordinarias, decretos y reglamentos deberían ser regulados por un órgano especializado para evitar que se violente el principio de supremacía constitucional.

Actualmente, tal atribución recae en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sin embargo, Uribe Arzate considera que ésta “ha sido rebasada, no es capaz de controlar la constitucionalidad de las normas y, mucho menos, prevenir la generación de normas inconstitucionales”.

Otro elemento que ha favorecido la creación de leyes contrarias a la Constitución es la pérdida del control del Congreso de la Unión por el presidente de la República, a decir de Carbonell Sánchez.

El investigador observa que desde 1997 dejó de haber una mayoría absoluta en el Congreso de la Unión del partido del presidente, lo que ha generado que muchos temas no puedan avanzar mediante reformas constitucionales y ha llevado al Ejecutivo a recurrir a la promulgación de leyes como “herramientas para lograr cosas que no puede usar en las Cámaras”.

Carbonell Sánchez advierte que hay una parte de la legislación “que camina al filo” de la Constitución y que no sólo tiene que ver con las leyes, sino también con sus reglamentos.

Ejemplo de ello, recuerda Carbonell Sánchez, fue la controversia constitucional promovida por los diputados en contra del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. A cuyo amparo el gobierno de Vicente Fox Quesada concedió más de 600 permisos para centros de apuestas remotas que beneficiaron, entre otros, al grupo Televisa.

El ministro Genaro Góngora Pimentel planteó un proyecto de dictamen donde arguyó la invalidez de dicho reglamento dada la prohibición constitucional de los juegos de apuesta. Sin embargo, en enero de 2007 la SCJN resolvió la controversia al reconocer la constitucionalidad de casi todo el reglamento, con excepción de las llamadas “loterías instantáneas”, juegos de naipes y ruleta en ferias regionales.

El diputado Cárdenas Gracia señala que también los acuerdos internacionales, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, han vulnerado la supremacía de la Constitución, pues, a través de ellos, se ha permitido la intervención de Estados Unidos en las políticas de seguridad nacional y pública del país.

Y añade que la ley suprema del Estado mexicano ha sido dinamitada por los intereses de la clase gobernante, a la que califica como “una clase tecnocrática que no responde a esa visión social nacionalista” plasmada en el texto de 1917.

Autoridad, responsable de violaciones

Para el doctor Valadés Ríos, el deterioro de la Constitución no se explica por el tiempo que tiene de existencia, sino por su incumplimiento, el cual ha provenido no sólo de particulares, sino también de las autoridades.

“No somos los mexicanos como ciudadanos los que rechazamos la Constitución y no es la Constitución, con sus 94 años, la que resulta responsable de las violaciones cometidas por las autoridades que debían aplicarla”, expresa.

Valadés Ríos refiere que, en 2010, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió un dictamen en el que, por unanimidad, expresaba que el presidente de la República había violado el artículo 41 constitucional durante el proceso electoral de 2009.

De acuerdo con el investigador, se trató de “una violación constitucional declarada por un órgano jurisdiccional y con relación en la cual no hay ninguna sanción. Eso es un problema de la aplicación de la Constitución; es un problema de las autoridades”.

Lo mismo ocurre, a decir del exministro de la SCJN, con los créditos fiscales cancelados en 2007 por el Servicio de Administración Tributaria, pues con ello se dispensó a sólo algunos ciudadanos de cumplir con lo dispuesto en el artículo 31, en el que se señala la obligación de contribuir al gasto público.

Valadés Ríos señala que, incluso, la autoridad ha caído en la paradoja de incumplir las reformas que ella misma promueve, como ha ocurrido con la modificación del artículo 21 constitucional que el Ejecutivo propuso en 2008 y en la que se señala que las funciones de seguridad pública son exclusivas de la autoridad civil.

Sin embargo, para Valadés Ríos, “esa reforma se introdujo y acto seguido se violó, porque estamos viendo que las funciones de seguridad pública están siendo desempeñadas por autoridades castrenses, no por autoridades civiles”.

Renovación, necesaria

Al cabo de casi un siglo de existencia, la Constitución se encuentra completamente desdibujada, dice el doctor Carbonell Sánchez.

El investigador es partidario de una renovación completa del texto constitucional, pues estima que la Constitución mexicana tiene un atraso de 40 años respecto de otros países, como Brasil y Argentina, cuyos tránsitos a la democracia implicaron la renovación de sus constituciones.

El investigador considera que la actual Constitución tiene un rezago en cuanto a garantías individuales por no contemplar “tendencias modernizadoras” que favorezcan la participación directa de los ciudadanos.

Asimismo, opina que, en materia política, la Constitución “no está dando incentivos, frenos y contrapesos a los poderes para que hagan bien su tarea y los resultados están a la vista: un país que se nos está yendo de las manos”.

El diputado Cárdenas Gracia, quien también comulga con la idea de una renovación constitucional, apunta que actualmente es poco factible que ésta se lleve a cabo, pues no existe un consenso entre las principales fuerzas políticas, sociales y económicas del país para llevar avante un proyecto parecido.

El legislador, experto en derecho constitucional, considera que de lograrse, una nueva constitución tendría que salvaguardar del texto actual la defensa del patrimonio nacional y de la soberanía, así como los derechos sociales, los cuales, incluso, habría que “maximizar”.

Cárdenas Gracia apunta que de no modificarse, la Constitución tenderá a convertirse en un “objeto simbólico, sagrado”, pero inservible. El riesgo de ello, advierte el diputado, es que continúen promulgándose leyes y tratados internacionales contrarios a la Constitución, con lo que se socava también el estado de derecho, pues “la primer condición para exista el estado de derecho es que se respete la Constitución”.

Reformas hechas a la Constitución: 502

Cantidad de artículos reformados: 110

Mayor número de reformas hechas durante un sexenio: 77 (en el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León)

Cantidad de reformas hechas durante el actual sexenio: 60

Artículo más reformado: 73, con 60 reformas

El problema central de la Constitución no radica en la cantidad de reformas que se le han hecho, sino en que la están haciendo víctima de muchas violaciones: Diego Valadés

Antes que pensar en reformar la Constitución, habría que empezar a obedecerla: Carrancá y Rivas

Más de la mitad de las 502 reformas a la Constitución se ha hecho en los últimos 29 años, cuando se instauró el neoliberalismo

La Constitución “se reforma mucho porque no se respeta”: Jaime Cárdenas

Contralínea 218 / 30 de enero de 2011

El Ejecutivo y el Legislativo, según Calderón

Arnaldo Córdova

El Poder Legislativo, llámese Parlamento o Congreso, en cualquier Estado moderno de derecho, es significativo de sistema de partidos políticos o política partidaria. En ningún momento de la historia fue el Legislativo la reunión de los sabios que dictaban a un país sus leyes. Decir vida parlamentaria es decir lucha de partidos y decir leyes es decir acuerdos y consensos entre partidos. Nunca ha sido de otra manera desde que en los siglos XVII y XVIII empezaron a consolidarse los Estados de derecho legislado. Lamentarse de que los diputados o parlamentarios o congresistas, muchas veces, no aprueben con celeridad las leyes que la sociedad necesita es no entender la naturaleza del Poder Legislativo.
Sucede que cada ley debe aprobarse mediante un debate que gane la mayoría de los representantes y, eso, infinidad de veces, se vuelve extremadamente difícil. Toda ley es siempre un acuerdo sobre determinada materia que, para ser aprobada, debe ser consensada entre los parlamentarios y éstos no son neutrales en ningún caso. Se deben a determinados intereses, luchan por ellos y ceden o aprueban sólo cuando ven una solución al problema a que está dedicada la ley en discusión y se adapta a sus exigencias. No puede ser de otra manera. Legislar quiere decir poner de acuerdo a los múltiples intereses que se mueven en la vida social.
No hay parlamento en el mundo, desde luego, que no sea una olla de grillos y lo que tienen que hacer los jefes del Ejecutivo, sean primeros ministros o presidentes, es fajarse con su parlamento y convencerlo de que apruebe sus propuestas como él quiere y en los términos que desea. Para los panistas es una tragedia encontrarse de pronto con el Ejecutivo en sus manos y no contar con un Congreso obsequioso a sus deseos. En lugar de aprender el arte de la negociación y nombrar secretarios de Gobernación que sepan tratar con los partidos y sus grupos parlamentarios, se la pasan disparando ocurrencias sobre el mal funcionamiento del Legislativo. No es otra cosa lo que hace Calderón con su iniciativa.
De entrada, por estar conjugados en el Congreso, para él la desgracia del país son los partidos políticos. Después de dos días de palizas que se llevó en el foro del Senado, nos sale con que quienes critican sus propuestas están a favor de las “maquinarias partidistas” y “en contra de los ciudadanos”. Todo contra los partidos. Comenzando por su sugerencia de excluir a cualquier partido que no obtenga 4 por ciento de la votación en cada elección. No creo que sea estar en favor de los ciudadanos si se limitan sus opciones de elegir. Ya hoy se restringe la creación de nuevos partidos, imponiendo que sea cada seis años y no entre elecciones.
Es también en ese sentido su propuesta de reducir a 400 (de los 500 de hoy) los diputados integrantes de la Cámara baja. ¿Por qué menos diputados? Pues la única explicación plausible es que sale más barato. Con su propuesta de aceptar las candidaturas independientes para los puestos de elección popular, en apariencia, se abren los puestos de representación a la ciudadanía y se limita la dictadura malsana de los partidos. Las candidaturas independientes, en todos lados, han sido fenómenos pasajeros y sin ninguna incidencia en los sistemas electorales; excepto, por supuesto, que sirven sólo para poner en evidencia la ineptitud de o el rechazo a los partidos. Ya José Woldemberg ha señalado agudamente que no hay candidatura independiente que no cree un partido, por efímero que sea.
Todas son sólo propuestas engañabobos y, en particular, las que buscan someter al Congreso a las exigencias y a los tiempos del Ejecutivo. Dos llaman la atención: lo que se ha dado en bautizar como “veto parcial” y la otra es la llamada “afirmativa ficta”. No se a quién se le habrá ocurrido ese binomio de idioteces ridículas, pero tiene que analizarse.
La primera tiene que ver con dos etapas (que en realidad son una sola) del proceso legislativo y que son la promulgación y la publicación de las leyes y que son tarea del Ejecutivo. Promulgar quiere decir hacer saber (el titular del Ejecutivo hace saber a la nación, al país o a sus habitantes que ha recibido una ley aprobada por el Congreso). Publicar es una precisión al acto de promulgar y consiste en dar a conocer por escrito en un órgano especial (entre nosotros el Diario Oficial de la Federación o los semanarios o gacetas de los Estados). Ambos actos formales sólo se pueden dar cuando una ley ha sido aprobada en su totalidad por el Congreso y sólo en casos muy excepcionales se dan por aprobación parcial de la ley y por indicación del Congreso. Es excepción, no regla.
Calderón propone que cuando se tarde más de 20 días hábiles en aprobar por parte de una de las Cámaras una ley que nace de una iniciativa presidencial, el Ejecutivo promulgará el proyecto que tendrá carácter de ley si el propio Ejecutivo no la hubiera objetado por medio de observaciones. Es algo insólito: antes de que el Congreso haga su tarea, el presidente hace obligatorias sus propuestas de ley mediante su atípica promulgación. No se por qué a esto se le llama “veto parcial”. En realidad lo que se da es una usurpación de las atribuciones constitucionales del poder encargado de hacer las leyes.
La llamada “afirmativa ficta” se refiere a una situación de verdad excepcional y proviene del derecho privado. No tiene nada que ver con el derecho público y menos con la precisión que debe darse en los procesos legislativos. Es una aprobación de facto o automática de una propuesta a la que no se da respuesta pronta o no se da respuesta alguna por una de las partes. Calderón propone que el Ejecutivo, en cada primer periodo de sesiones del Congreso, quede facultado para presentar lo que llama dos iniciativas “con carácter preferente”. Consiste en que esas iniciativas se dictaminen en comisiones y se voten en pleno por ambas cámaras en dicho periodo. Si no se aprueban, el Ejecutivo las considerará aprobadas y las promulgará. Como se ve, si el Congreso no cumple con su deber, en su lugar lo hará el presidente en su nueva investidura de legislador.
Calderón también propone que cuando el Congreso no apruebe una iniciativa suya que verse sobre reformas a la Constitución, “se podrá convocar a referéndum”. Quien lo hará, por supuesto, será el propio presidente. Bonita democracia tendríamos con un presidente inepto y autoritario dotado del poder de convocar al pueblo para que apruebe sus ocurrencias. Ningún poder del Estado tiene los recursos del Ejecutivo y habrá que imaginar, en esas circunstancias, lo que serían capaces de hacer el dinero privado y las televisoras. ¿Para qué necesitamos de un Congreso y a los partidos representados en él, si un presidente legislador puede muy bien hacer a menos de ellos?

¡No es la política, es el Estado!

Rolando Cordera Campos

El Fondo Monetario Internacional elevó sus predicciones sobre el crecimiento mundial y de México para 2010, de 3.1 a 3.9 por ciento y de 3.3 a 4.0 por ciento, respectivamente. A la vez, su director, Dominque Strauss-Kahn, mantuvo su cautela y advirtió que los países arriesgan su recuperación si retiran demasiado pronto las medidas de estímulo. Los festejos del mundo financiero se quedan en el frío y su prometida vuelta a la normalidad de antes en manos de sus deslustrados oráculos.
La noticia alcista sobre nuestro crecimiento se ve empañada por otras sobre la precariedad y mala calidad del empleo: 35 por ciento de los trabajadores con contrato laboral ganan dos salarios mínimos o menos, y 45 por ciento de los asalariados no tuvieron prestaciones básicas al tercer trimestre de 2009. El México de la inseguridad se desparrama de lo laboral a lo criminal y define la perspectiva de la nación, sumida en un pozo de autoengaño que algunos quieren convertir en autodestrucción.
México se ha convertido en una sociedad de ingresos malos e insuficientes para aspirar a una vida buena. Sólo los núcleos de ingresos medio altos buscan motivos para la complacencia, pero hasta los gurúes que aspiran a guiarlos a la Tierra Prometida en inglés saben que la situación que describen las estadísticas traza horizontes desastrosos para todos. Para qué hablar de los meros ricos, cuyas escoltas les recuerdan a diario que son humanos y mortales.
Un cuadro de esta gravedad no puede exorcizarse con reformas políticas al gusto de quién sabe qué grupo de neopolitólogos. Tampoco superar sus efectos sobre la vida cotidiana mediante el juego de cifras y cálculos “novedosos” que le permiten a algún loro radiofónico decir que no es para tanto.
Sí es, y es para asustarse, el grado de desprotección, penuria e indigencia que sufren los mexicanos cuyos ingresos no sirven para alimentarse, mucho menos al mercado interno. La enésima guerra desatada por el gobierno, ahora contra la obesidad y la mala dieta, debería empezar por reconocer que en el país hay hambre por la mañana y por la noche y que es esa hambre la que lleva al que la sufre a recurrir a lo peor de la oferta para engañar al estómago.
Hace años, los estudiosos de las necesidades básicas, como Hernández Laos o Boltvinik, advirtieron sobre la mancha que se cernía sobre la moderna cuestión social mexicana: no era tanto la falta absoluta de abasto sino la pésima distribución del ingreso, y también el acaparamiento criminal de bienes básicos, los que explicaban la insuficiencia nutricional de los mexicanos. Ahora, al panorama distributivo que nos ha vuelto impresentables ante el mundo, salvo cuando se viaja de invierno a Davos, hay que añadir problemas serios, en vías de agravarse, sobre la capacidad productiva nacional de bienes esenciales.
Es cierto que esta desatención contumaz de asuntos fundamentales como los mencionados sólo puede entenderse por la mala manera de hacer política en que ha desembocado nuestra democracia apenas estrenada. Y, sin duda, parece cierto también que el Ejecutivo vive bajo un toma y daca inclemente que expresa una pluralidad silvestre, acentuada por la ineptitud del partido gobernante.
Es decir que, en efecto, México encara un agudo problema económico y social que no se puede pretender superar desde la política, como se hace en casi todas partes, porque ésta no funciona, está sometida a un empate casi catastrófico, y mantiene en hibernación cualquier iniciativa del gobierno que buscara intervenir eficazmente en el embrollo económico y el pantano social que amenazan la vida social.
Sin embargo, no es aquí donde radica el corazón de la trama mexicana al actual. Con todas las reformas modernizadoras de la política que pueda imaginarse, no lograremos convertir al gobierno en una máquina eficiente de producir y hacer políticas económicas y sociales. Si algo se consiguió en estos lustros de mercaderes, fue despojar al Estado de esas vocaciones y reflejos.
De aquí la urgencia de repensar la secuencia de las reformas propuestas por el presidente Calderón, antes de que su intemperancia las echara por la borda, y darle al reformismo político otra dimensión y otro rumbo.
No es cuestión de sustituirlas por otras relativas a la economía y la sociedad, sino de devolverle a la política la dimensión creativa de que hablaran Mariátegui o Azaña. Pero para eso, es indispensable plantearse primero el qué para luego entrarle a los cómos, y no al revés como lo hicieron Calderón y sus exegetas.
Lo que está sobre nosotros es la tentación de seguir como vamos, de miscelánea en miscelánea, fiscal o política según el humor del personaje, de rebanada en rebanada, hasta que la desesperación popular nos despierte y muestre con furia el fin del salami y de los placebos para edulcorar su agotamiento. Lo quiera o no, la propuesta de y las respuestas a Calderón nos llevan en esa dirección, de fuga en fuga, hasta que no quede territorio por recorrer y el abismo se vuelva horizonte.
Para ir al corazón de la política autodestructiva en que México se embarcó hay que ir al Estado y asumir que ha sido vaciado de objetivos y llenado de instrumentos destinados a impedirnos pensar en lo fundamental, a condenarnos al presente continuo que el presidente descubre en la Montaña Mágica cada año.
De esta verdad habrá que saltar a la que sigue, no menos dura: “una sociedad”, decía Azaña, “aunque con desventura, puede pasarse sin grandes artistas pero no se puede pasar sin dirección política”. Esto no se compra en Wal-Mart, ni se construye opacando al IFAI; mucho menos poniendo a la Procuraduría al servicio de la sacristía.

"El ilegitimo"

¡Ojalá!

Manuel Bartlett

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Arrancó el enésimo intento para una reforma del Estado en el Senado, con la participación de los dirigentes de los partidos y los coordinadores legislativos. En dos días y siete mesas se produjeron importantes aportaciones de expertos, gobernadores. Clausuró el secretario de Gobernación. Arrancó para analizar la iniciativa de reforma política de Calderón.

Desde la inauguración, los dirigentes de los partidos y coordinadores descalificaron la iniciativa: es incompleta, inconexa, presidencialista, acota al Congreso; los gobernadores se sumaron a la crítica, los panistas más que defender repiten obsecuentes el texto presidencial. Durante los dos días del foro, se rebaten sus argumentos: “No pasará”, reportan los medios. Pero, la iniciativa resultó útil para impulsar la discusión más allá de su texto, lo que generó una revisión general de los factores que demeritan al Estado.
Pese a las críticas fundadas a la iniciativa y a los comentarios sobre su inoportunidad, por plantearse en un año electoral, todos subrayaron la urgencia de una reforma del Estado. Desde la intervención inaugural el senador Madero, coordinador panista, reconoció problemas de gobernabilidad, desconfianza en las instituciones, en los partidos, en los políticos. Esta apreciación se repitió una y otra vez: “la democracia no está funcionando”, “las encuestas lo revelan”, “no es un gobierno para todos”, es indispensable para salir de la parálisis de un Estado que no resuelve los problemas nacionales; “la Constitución ha llegado a su límite”. Gómez Mont afirmó que la reforma del Estado es “la más importante y necesaria de las reformas”, abriéndola al debate, le recetó al foro una “comparecencia” adelantada. Desde luego antes de la iracundia calderoniana del día siguiente ante las críticas.
La discusión se amplió con la propuesta del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, convenida con el Senado, análisis integral que expurga la iniciativa de Calderón pero en una estructura que estudia todas las reformas necesarias en las relaciones entre poderes y al interior de los mismos, así como el indispensable fortalecimiento del control de los ciudadanos sobre sus gobernantes. Atiende toda la problemática que se da en cada área, no sólo el control del Legislativo sobre el Ejecutivo, sino el control del Legislativo, su democratización, la revisión de su normativa proponiendo equilibrios internos y mecanismos para evitar hegemonías de coordinadores, opacidad en el uso de los recursos, cuotas partidistas. Estas propuestas y las discusiones en las mesas construyeron una visión de lo que implica la necesaria reforma. Más allá de reformas circunscritas como reelección, reducción del Legislativo, iniciativas ciudadanas, candidaturas independientes, inconexas, sino todo un diagnóstico que corrija los mecanismos distorsionadores que generan los problemas denunciados en el foro: un Estado democráticamente ineficaz al servicio de unos cuantos.
Dos imperativos destacan: Uno. La reforma tiene que ser integral, la selección de temas sueltos sin contrapesos sería contraproducente. El riesgo existe, las reformas indispensables que afecten privilegios podrían eludirse y hacer nugatoria la reforma. Dos. Toda la reforma requiere de sistemas eficaces de rendición de cuentas y mecanismos inviolables de fincamiento de responsabilidades. La irresponsabilidad política imperante y la ausencia real de rendición de cuentas son causa fundamental de la corrupción del Estado que se denuncia.
Al cierre de la reunión los coordinadores y el secretario de Gobernación se fundieron en un amistoso coloquio prometiéndose llegar a consensos. Con tal de que no sean contubernios. ¡Ojalá!
Ex secretario de Estado

Reforma política y engaño ciudadano

John M. Ackerman

MÉXICO, D.F., 23 de diciembre.- El decálogo de reforma política presentado por Felipe Calderón la semana pasada implica más continuidad que cambio. Con su iniciativa, el presidente de la República no hace más que repetir la vieja tradición establecida durante el largo reino del partido de Estado de presentar periódicamente grandes “reformas políticas” que, si bien aparentan cierta apertura democrática, en los hechos buscan inclinar a su favor la balanza del poder político.

Habría que aplaudir que después de nueve años de gobiernos de la alternancia, un presidente panista finalmente se haya atrevido a proponer importantes reformas al Estado mexicano. Con ello se abre una coyuntura muy positiva para establecer un debate nacional sobre el tema. Sin embargo, el paquete de reformas presentado por Calderón es una propuesta coyuntural, parcial y cortoplacista.
El texto de la iniciativa proclama que sus dos objetivos centrales son “fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y el sistema político” y “consolidar nuestras instituciones”. Pero en realidad los principales fines son el fortalecimiento del vínculo entre “los votantes” y el “PAN”, la destrucción de las bases de apoyo del PRI y del PRD y una compensación institucional por la falta de legitimidad e influencia pública con la que cuenta el actual presidente. En suma, el partido en el gobierno busca lograr por medio de reformas legales lo que no ha podido conseguir ni en las urnas y ni con el cotidiano ejercicio del poder.
El presidente sabe muy bien que el establecimiento de la reelección legislativa y las candidaturas ciudadanas favorecerían a su partido y a los poderes fácticos que lo respaldan. Con una perspectiva de 12 años en el poder para los legisladores, y ante la desidia del Instituto Federal Electoral (IFE) en materia de fiscalización, las televisoras y los grandes empresarios del país podrían cobrar mucho más caro su apoyo a las campañas electorales.
Es falso que la reelección funcione como una especie de llave mágica obligando a los legisladores a acercarse a la ciudadanía. Al contrario, la experiencia en Estados Unidos demuestra que con la reelección los legisladores se convierten en rehenes de sus patrocinadores y otros grupos de presión. En lugar de comunicarse con sus bases, buscan aprovechar sus mandatos extendidos para consolidar los pactos cupulares.
Por su parte, con la aprobación de las candidaturas ciudadanas cualquier empresario o medio de comunicación lanzará a su actor o cuñado favorito para representar sus intereses en el Congreso de la Unión. Gracias a Calderón, por fin tendríamos una gran diversidad de personajes como el doctor Simi, Ross Perot y Jorge Castañeda, entre los cuales podremos elegir a nuestro nuevo “líder máximo de la revolución ciudadana”.
Esta figura aparentemente “progresista” también podría convertirse fácilmente en el pretexto perfecto para desmantelar el sistema de financiamiento público que nos hemos dado en México. La iniciativa de Calderón dice que cualquier persona con el respaldo de 1% del electorado correspondiente podrá registrarse como candidato a algún cargo de elección popular. Pero surgen algunas preguntas obligadas: ¿Qué controles habría sobre el financiamiento de la “precampaña” necesaria para conseguir estas firmas? ¿Una vez inscrito, el candidato tendrá derecho a financiamiento público o podrá financiar su campaña de su propio bolsillo o con patrocinadores externos? De manera irresponsable y sospechosa, la iniciativa del presidente no dice nada con respecto a estos puntos centrales.
Llama la atención que mientras el presidente busca abrir el espacio para las “candidaturas ciudadanas”, simultáneamente intenta eliminar la pluralidad que ofrecen los partidos chicos al elevar el umbral para mantener el registro de 2% a 4%. Esta propuesta tiene una evidente dedicatoria hacia los partidos obradoristas, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Convergencia, cuya presencia legislativa ha implicado una constante piedra en el zapato para Calderón. Antes, bajo el régimen del partido del Estado, se hacían reformas políticas para fomentar la creación de los “partidos satélite” que terminarían por respaldar al partido del gobierno. Ahora que estos partidos ya no le son útiles al régimen en el poder, la gran “reforma política” se propone su desaparición.
Con respecto a la iniciativa ciudadana de leyes, esto tampoco implicaría un acercamiento real de la ciudadanía a la población, ya que las propuestas que resultaran se quedarían en meros llamados a misa. Si realmente se quiere fortalecer el poder ciudadano, habría que contemplar otras figuras de participación ciudadana, como el referéndum, el plebiscito y la revocación de mandato.
Otro elemento sumamente problemático de la propuesta de Calderón es la drástica expansión de poderes legislativos que se busca adjudicar al presidente. Las “iniciativas preferentes” con su “positiva ficta” que automáticamente convertirían en ley una iniciativa presidencial, la facultad de veto presidencial tanto al presupuesto como a la ley de ingresos, y la posibilidad de vetar parcialmente desde frases y cláusulas específicas de cualquier ley (el famoso “veto de bolsillo” o line-item veto) convertirían al presidente de la República en el “Gran Legislador de la Federación”.
No hay duda de que urge cambiar radicalmente el sistema político, pero lo que propone Calderón no es una ambiciosa agenda de reformas estructurales que necesita nuestro país, sino una serie de propuestas parciales diseñadas más para distraer la atención mediática y beneficiar a los poderes fácticos que para articular un debate profundo.
Algunas reformas de mayor calado serían, por ejemplo, someter a los partidos políticos y a los grupos parlamentarios a un estricto régimen de transparencia, establecer una nueva Ley de Partidos, dotar de autonomía constitucional a la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y a la Procuraduría General de la República, facultar al Congreso de la Unión para aprobar y vigilar el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, así como aprobar los nombramientos del gabinete legal, entre otras numerosas propuestas que han sido desarrollados por académicos, políticos y líderes de la sociedad civil en las últimas dos décadas. La buena noticia es que el debate apenas se inicia.

Inocua, la reforma de Calderón

Daniel Lizárraga

Manuel Bartlett asegura a Proceso que la propuesta de reforma política de Felipe Calderón es inocua y adelanta que no sólo no va a mejorar la relación entre el Ejecutivo y los diputados, sino que también existe el riesgo de que los poderes fácticos, es decir, las televisoras, se fortalezcan. Priista de viejo cuño, el exsecretario de Gobernación, exgobernador de Puebla y exsenador califica de mediática y fantasiosa la iniciativa del Ejecutivo, y adelanta: los partidos no la van a comprar.

MÉXICO, DF, 23 de diciembre.- Aun cuando se halla fuera del ámbito donde se toman decisiones y distanciado de la nueva generación de priistas empecinados en recuperar la Presidencia de la República en 2012, Manuel Bartlett Díaz no pierde de vista el tablero del ajedrez político.
“Felipe Calderón es un presidente sin autoridad, que da golpes mediáticos, uno tras otro, sin concretar uno solo. Parece un náufrago tratando de salvarse”, dice el poblano en su faceta de analista, tarea que ejerce desde hace 24 años y aún lo mantiene en forma.
Dos veces secretario de Estado, gobernador de Puebla, senador y precandidato a la Presidencia, este priista de viejo cuño es sensible a los vaivenes de la administración de Felipe Calderón.
“Esas ideas del presidente fortalecerán a los poderes fácticos, a la televisión y a los empresarios agrupados en la extrema derecha. Por ejemplo, cualquier candidatura ciudadana que no pase por la televisión será igual a nada”, dice, en referencia a los que considera “defectos” de la propuesta de reforma política lanzada por el Ejecutivo.
Bartlett vivió su momento más crítico como servidor público en 1988, cuando se le acusó de operar el presunto fraude electoral mediante el cual Carlos Salinas se entronizó en Los Pinos, en perjuicio del candidato de izquierda Cuauhtémoc Cárdenas. Ahora, 21 años más tarde, el poblano es uno de los políticos vetados por el duopolio televisivo por su oposición a la llamada Ley Televisa, que fue frenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Desde su pequeño despacho ubicado en un viejo edificio de la colonia Roma, en la Ciudad de México, donde recibe a Proceso, Bartlett reitera: “Felipe Calderón hizo una propuesta de reforma política que los partidos no van a comprar, al menos no completa. Eso se supo en menos de 24 horas. Pero, eso sí, escuchamos un discurso grandilocuente, difundido ampliamente por los medios afines al régimen”.
Y agrega: “Si nos fijamos con calma, veremos que los anuncios espectaculares los hace cada rato. El día de su mensaje por el tercer informe de gobierno (el pasado 2 de septiembre) se montó un espectáculo en Palacio Nacional para darnos a conocer los 10 mandamientos de Felipe Calderón. Pero el presidente aprendió a recitar la agenda y no a cumplirla.
“Dijo que era el momento de cambiar a México; pero a tres meses de distancia no ha podido cumplir ninguno de esos 10 puntos. Ni reforma laboral ni la reforma energética de segunda generación.”
–¿Es sólo falta de oficio político del grupo en el poder o estamos ante un sistema que ya no funciona y en el cual la voz de Calderón no provoca cambios de fondo?
–El decálogo del tercer informe, y nada; luego vino la agenda legislativa, el cambio de fondo en México anunciado el viernes 1 de diciembre (cuando se cumplieron tres años de su gestión), y tampoco pasó nada. Y dos semanas después anuncia una reforma política que muere al día siguiente...
“Los partidos (se mostraron poco receptivos)... Quizá tomen algunas cosas –como las candidaturas independientes–, pero en general fue un recibimiento tibio, a pesar del despliegue mediático.”
–¿Piensa usted que las propuestas de Calderón están alejadas de la realidad del país?
–Son temas que se han discutido por años y no han salido. El PRI estuvo siempre en contra de la reelección de legisladores y de alcaldes. Eso lo discutimos en el Senado. Echamos abajo esa propuesta por razones ideológicas y por los riesgos que conlleva.
Juegos pirotécnicos
Bartlett relata que durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, el líder de la Cámara de Diputados aprobó la reelección en los términos que se plantea ahora; el PRI la echó abajo.
–¿Puede calificarse la propuesta de Calderón como golpe mediático sólo porque no hubo cabildeo? –se le pregunta.
–¡Claro! En su exposición de motivos, Calderón dice que la gente está harta de los partidos; tiene razón. Seamos realistas: la reducción de los diputados y senadores no la van a aceptar los partidos. Por eso es un juego mediático. Es otra tomadura de pelo.
–¿Como secretario de Gobernación, usted qué habría hecho?
–No se puede lanzar al presidente de la República (con una propuesta de ese tipo) sin amarres previos. Por esos errores, por jugar con los golpes mediáticos, Felipe Calderón es un presidente sin autoridad política.
–¿Pero eso es una constante en su gobierno o fue sólo un error?
–Un día Calderón criticó a los grandes empresarios porque no pagan impuestos. Las cámaras de industriales se quejaron por el trato, pero en lugar de sostenerse la Presidencia matizó la crítica en un boletín de prensa en el que aclaró que no quiso ofenderlos. Esos vaivenes le van restando autoridad.
“Como secretario de Gobernación, primero se analizan las reformas; luego se les da sustento, de acuerdo con la ideología que profesamos, y después medimos la capacidad de salir adelante. Pero no puedes mandar al presidente a la nada.”
–¿Juegos pirotécnicos?
–Es un gobierno sin autoridad. Nada sacó del decálogo del 1 de septiembre. Han pasado más de tres meses y no mandó una sola de las iniciativas de las que habló ese día. ¿Qué pasó con los cambios que iba a hacer para transformar a México? Está buscando autoridad equivocadamente, porque su reforma política no saldrá adelante, al menos en los términos en que fue planteada.
–¿Por qué el regateo, cuando se trata de temas que ya están probados en otros países? ¿Qué es lo que no encaja?
–La reforma política de Calderón no acotará el poder fáctico de las televisoras en México para imponer candidatos; al contrario. El candidato independiente que no aparezca en la pantalla televisiva no ganará nunca; y el candidato ciudadano a alcalde que sea atacado por las televisoras seguramente perderá.
“Mientras esos poderes permanezcan sin control, habrá riesgos al intentar abrir el sistema electoral de par en par. Baste recordar que hace unos días las televisoras obtuvieron una exención de impuestos por mil 600 millones de pesos sobre las concesiones que ya tienen apalabradas.”
–¿Pero cuál es la diferencia con respecto al PRI de los viejos tiempos?
–El PRI era hegemónico. Televisa era del PRI. Hoy ya no es la misma televisión, pues ha crecido de forma descomunal, en buena parte debido al avance tecnológico.
–¿Cuando usted era secretario de Gobernación, se enfrentó a Televisa para sacar adelante proyectos de gobierno?
–Claro que lo hicimos. Emilio Azcárraga, El Tigre, me agredió brutalmente cuando le dije que el gobierno iba a meter un canal estatal: Imevisión. El encuentro fue en la casa de Azcárraga y no le gustó nada. Se trataba de tener un sistema mixto, como en Francia o España.
“Azcárraga me insultó. Él sentía que nadie podía tocarlo porque era un soldado del presidente. Pero lo hicimos. Cuando Azcárraga vio que había firmeza, que estaban dos concesiones pendientes porque ya se vencían el Canal 4 y el Canal 2, se calló.”
–¿Ahora están arriba del presidente?
–No, pero si yo fuera secretario de Gobernación, los pongo en orden. ¿No es una infracción grave que usen recursos públicos para hacer propaganda disfrazada a favor de su candidato a la Presidencia? ¿De verdad no se puede hacer algo cuando el espacio radioeléctrico le pertenece al país? El gobierno es ahora su socio.
Los riesgos
Cuando se le pregunta sobre los peligros que puede tener la propuesta presidencial ante los poderes fácticos, Manuel Bartlett responde: “Pensemos en esto: si una candidatura independiente no la pasan por la televisión, ni quién se entere. Una iniciativa ciudadana para nuevas leyes que no sube a la televisión se queda sin apoyo. Un candidato ciudadano para alcalde va a caer si a los dueños de la tele no les parece”.
Y se explaya: “El hilo conductor es el dinero. Beatriz Paredes, la líder del PRI, va a tener casi 900 millones de pesos el año entrante y no le dará cuentas a nadie. Los demás partidos tendrán de 500 millones de pesos para arriba. Es una mafia que a nadie le da cuentas. Si no rompemos ese círculo vicioso, la reforma política a favor de los ciudadanos será sólo una vacilada”.
–¿El mismo riesgo se corre entonces con la reelección?
–Los argumentos que da Calderón se han manejado hasta el cansancio. La tesis ahora es responsabilizar a senadores y diputados. Los que trabajen bien, dijo Calderón, serán reelectos. Pero la verdad es que será reelecto quien no se oponga a la televisión y a los poderes fácticos que operan en su región.
“Es cierto que la gente está cansada de los partidos actuales, pero tampoco compremos esa idea impulsada por la iniciativa privada si antes no acotamos a los poderes fácticos.
“En las circunstancias actuales, la reelección de legisladores y alcaldes hasta por 12 años generará cacicazgos. El argumento en el sentido de que la gente votará libremente por sus diputados es una fantasía.”
–¿Cómo lo hacen?
–Lo hacen con sus dos mejores instrumentos: el dinero y los medios de comunicación. Los intereses son poderes. Es decir: el que va a una reelección necesita que los factores de poder de su zona lo apoyen. Pensar que en México vivimos en una democracia en la cual la gente va elegir a los legisladores sin que intervengan esos intereses, es falso.
–¿Regresarle el poder a la gente es una falacia?
–Por la manera en que operan, los poderes fácticos –las televisoras, por ejemplo– dominarían las reelecciones. El candidato que sea apoyado por la tele llegará a la Cámara de Diputados; quienes no defiendan los intereses de esos consorcios serán vetados. Mientras esta situación no cambie de raíz, no se puede pensar en una reelección. No es cierto que la gente sea la que vaya a decidir.
–¿Qué no se trata de que los diputados vayan a sus distritos, con la gente?
–La mayoría de los asuntos que atienden los legisladores federales poco tienen que ver con sus distritos. Ese argumento de ir con la gente, de apoyar sus demandas ciudadanas, es utópico. En las circunstancias actuales esa reelección va a generar caciques.
Lo que debe cambiar
Proceso le pregunta a Bartlett si la reelección terminará con la vieja práctica de los legisladores que sólo levantan la mano durante las sesiones para aprobar lo que les ordenan sus líderes.
El entrevistado matiza. “Ese argumento es general –dice–. En las condiciones actuales, si se aprueban esos cambios, los candidatos ciudadanos y la posibilidad de una reelección ciudadana auténtica serán eliminados o corrompidos.
–¿Qué intereses entrarían en juego con un candidato independiente o en una reelección para la alcaldía de Puebla, por ejemplo?
–En Puebla hay un sector privado muy fuerte, reaccionario, y la Iglesia católica. ¿Te imaginas un alcalde atado durante 12 años a eso?
–¿No es poco tiempo tres años para desarrollar un buen proyecto en cualquier ciudad?
–Lo que se ha discutido es la ampliación del mandato de los alcaldes. Cuatro o cinco años para que puedan realizar un proyecto serio. Tres años es demasiado corto.
“Pero veamos los candidatos independientes. Yo quise ser candidato interno de mi partido para la candidatura presidencial. Salí en contra de (Roberto) Madrazo y de (Francisco) Labastida. El primero de ellos se gastó una millonada en televisión. Labastida incluso era apoyado por la cúpula del PRI. Entonces, digamos que yo peleaba contra el dinero y contra el poder.
“El candidato independiente deberá depender de algo o de alguien. Un ejemplo fue el caso de Jorge Castañeda, quien hizo campaña e intentó ser candidato a la Presidencia. Y aunque tuvo recursos para hacer una caravana, su propuesta no prendió…
“No puede haber condiciones de igualdad entre un candidato independiente sin dinero y otro al que respaldan las redes de poder.”
–¿Y la iniciativa ciudadana para presentar leyes?
–Suena maravilloso que cualquier ciudadano que pase por la calle pueda presentar una iniciativa de ley. Pero es un tema igual de peligroso, por las razones que le mencioné.
–¿Pesan los mismos argumentos sobre la segunda vuelta presidencial?
–En general sí, pero en este caso vamos a ver cómo se reglamenta. Es una cuestión de cálculo político, de intereses de los partidos.
“Por otro lado, la Suprema Corte tiene poder de iniciativa de ley de facto. Para cualquier tema relacionado con la justicia normalmente se le piden opiniones y estudios (a los ministros). Hubo proyectos completos hechos por ellos. Pero no hay garantía de que (alguna iniciativa) pase por el simple hecho de que lo presenten ellos.”
–¿En este contexto, qué piensa de la reducción del número de senadores y diputados? Dicen que nos vamos a ahorrar una buena cantidad de recursos públicos…
–El dinero no está en los sueldos, que no se hagan tontos. El problema está en la forma en que opera la Cámara, en la forma en que las cúpulas distribuyen el dinero en las comisiones.
–¿Pero cómo es que esas reformas funcionan o se apoyaron en otros países?
–El caso de la democracia estadunidense es muy especial porque los dos partidos son muy parecidos. Por eso, en un tema como el de la segunda vuelta presidencial, es importante analizar tu sistema político, tu historia electoral, tu abanico de partidos.
–¿Las iniciativas preferentes? Es decir, que el presidente diga lo que se debe votar, para evitar que entren en vigor de manera automática.
–Lo que va a provocar es que los diputados voten esas iniciativas en contra del gobierno para evitar que sean aprobadas en automático. Pero eso tampoco va a solucionar el fondo del problema. Es sólo una manera de perder el tiempo. Esta propuesta no va a mejorar la relación entre el Ejecutivo y los diputados. La propuesta (de Calderón) es inocua, como su gobierno.