La administración federal favorece a empresas multinacionales a las que el Departamento de Justicia de Estados Unidos sancionó por prácticas corruptas, particularmente cohechos, mediante contratos de Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Marina y Pronósticos Deportivos, entre otras.
En el banquillo de los acusados, ante las autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés) y de la Comisión de Valores, decenas de altos ejecutivos de renombradas compañías trasnacionales se han declarado culpables de prácticas licenciosas para obtener millonarios contratos de servicios y obra pública; evadir impuestos o trámites aduanales; leyes a modo o cualquier privilegio para sus negocios; por haber regalado inmuebles, automóviles, yates, viajes; entregar fajos, bolsas y hasta vehículos repletos de dinero en efectivo; consentir a funcionarios públicos con sus tarjetas de crédito, guardaropa, lunas de miel; y por “entretenimiento inapropiado”.
El pago de sobornos se realiza por diversas vías, desde la convencional entrega directa de manojos de dinero en efectivo, la triangulación de capital a cuentas bancarias en el extranjero hasta estrategias más elaboradas como la creación ex profeso de compañías puente que facturan éstos como si fuesen “consultorías”, “asesorías” o “gastos de operación”. O también la creación de fideicomisos o supuestos fondos o cajas de ahorro.
Más allá de la implicación moral de las pericias corruptoras, generalmente los montos que las compañías pagan en sobornos los costean con sobreprecios en sus contrataciones gubernamentales, de manera que, al final, del erario salen los pagos ilegales.
En tal condición, el gobierno de Estados Unidos ha obtenido confesiones de éstas prácticas de compañías como Pride, Noble, ABB Group, Siemens, Eni, SPA, Kellogg Brown & Root, General Electric, Goldman Sachs Group, entre otras. A todas se les impuso multas millonarias e intereses que ingresaron a las arcas públicas de ese país.
En contraste, la administración de Calderón continuó transfiriendo millones de pesos del erario a dichas compañías, vía contratos gubernamentales, a pesar de que algunas confesaron que sus prácticas disolutas tuvieron como epicentro a México.
Las indagatorias
Las investigaciones sobre la corrupción que realiza el Departamento de Justicia de Estados Unidos invocan al Acta sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero, que prohíbe a las compañías estadunidenses ofrecer pagarles a los funcionarios de los gobiernos extranjeros o empleados de las compañías estatales, con la finalidad de obtener una ventaja competitiva; otorgarles regalos, viajes, comisiones o cualquier oferta en efectivo o también no monetaria.
Todas las empresas estadunidenses, incluso las extranjeras que cotizan en el mercado de valores de ese país, están obligadas a cumplir con los mandatos del Acta así como otras leyes antisoborno como la Ley Sarbanes-Oxley, en cualquier punto del mundo donde operen.
Después del escándalo del gigante energético Enron, que puso al descubierto las fraudulentas prácticas contables de la trasnacional para maquillar un capital que la colocaba como la número siete de Estados Unidos, apoyada en la estafa por su empresa auditora –el renombrado despacho Arthur Andersen–, el Departamento de Justicia abrió investigaciones a 120 empresas, muchas de las cuales todavía continúan en integración. Pero los resultados de las indagatorias hasta hoy concluidas son alarmantes: consorcios que oficialmente promueven códigos de ética, y que se dicen socialmente responsables, están envueltos en burdas prácticas de soborno hasta en los países más pobres.
Cuando las autoridades estadunidenses anunciaron las investigaciones, algunas empresas llamaron voluntariamente a este Departamento para confesar sus “pecados”. Detrás de esto había una intensión clara de obtener indulgencia y “negociar” sus penas, ello ante la advertencia pública que hizo el jefe del Departamento de Justicia asignado a la coordinación de las investigaciones, Mark Mendelsohn, en el sentido de que “si los llamamos antes de que nos llamen, no querrían estar en ese lugar”.
Así, corporaciones que promueven un prestigio e imagen corporativa revelaron insólitas tretas contables para ocultar sus ilegales pagos. Otras, que estaban bajo investigación, sus directivos tuvieron la audacia de pretender maquillar sus informes para engañar a la Comisión de Valores y al FBI.
Soborno nigeriano, privilegios mexicanos
Una de las indagatorias que la Comisión de Valores considera entre las más relevantes, se refiere a los cohechos de compañías del sector energético que operan tanto en el mercado mexicano como en el nigeriano. El parámetro a nivel mundial es que en ese sector los dos países con más altos niveles de corrupción son México y Nigeria, donde los corporativos –que en otras regiones se desempeñan con legalidad– ven en el soborno como la vía para obtener contratos gubernamentales altamente rentables y ganancias rápidas.
El Departamento de Justicia abrió una investigación en contra del consorcio Technip –con sede en París– dedicado a la ingeniería, construcción y servicios; de la empresa italiana Eni y su filial holandesa Snamprogetti; y la estadunidense Kellogg Brown & Root, entonces subsidiaria de la corporación Halliburton.
Todas estas compañías se asociaron para trabajar en Nigeria bajo la sigla TSKJ, y obtuvieron, en menos de una década, contratos de la Nigeria LNG Limited –empresa con participación accionaria mayoritaria del gobierno– por 6 mil millones de dólares, bajo una estrategia infalible: sistemáticos sobornos a funcionarios públicos. La indagatoria detalla que éstos se pagaron entre 1995 y 2004 para obtener los contratos para la construcción de instalaciones para la producción de gas natural licuado por miles de millones de dólares.
El director de la División de Vigilancia y Ejecución de la Comisión de Valores, Robert Khuzami, señala en el informe del caso que “el soborno era una práctica tan aceptada que la empresa conjunta tenía un eufemísticamente denominado ‘Comité Cultural’, en el que los cohechos abiertamente se discutían, aprobaban y conmemoraban”.
Desde que se asociaron los ejecutivos de las trasnacionales crearon el llamado “Comité Cultural”, en éste los más altos ejecutivos de ventas de cada empresa definían los planes y montos de los sobornos. Constituyeron una compañía fantasma controlada por un abogado de Inglaterra y una empresa comercial japonesa, con las cuales firmaron contratos falsos por 180 millones de dólares que cada trasnacional registró contablemente como “consultoría” y “servicios con subcontratistas”. Enviaban también dinero a cuentas bancarias en Suiza y de allí se triangulaban a las de cada funcionario destinatario de los “pagos”, con quienes previamente habían pactado el monto durante comidas realizadas en Londres.
El consorcio francés comenzó a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York desde 2001, “cuando Technip se convirtió en un emisor, tenía la obligación de cumplir con el Acta sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero. En cambio, continuó con su descarado plan de hacer pagos de soborno”, indica en el informe Antonia Chion, codirectora de la División de Vigilancia y Ejecución de la Comisión de Valores.
Contacto en México
Entre 2004 y 2007, se crearon en México dos subsidiarias que ingresaron al padrón de proveedores del gobierno federal, junto con su casa matriz y otras cuatro de sus filiales domiciliadas en el extranjero: Technip France; Technip Italy SpA; Technip KTI SpA; Technip USA Corporation; Technip de México, S de RL de CV; Technip Servicios de México, SC; y Technipleres, SA de CV, todas contratistas del gobierno mexicano.
En 2010, cuando la Comisión de Valores hacía pública la multa millonaria que impuso a Technip y sus socios, 1 mil 200 millones de dólares, considerado el monto más alto por violaciones a la Acta sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero, en México, el gobierno a través de Petróleos Mexicanos (Pemex), le adjudicaba a la compañía un lucrativo contrato por 605 millones de pesos para la construcción de una unidad recuperadora de azufre en la Refinería de Salamanca (número CO-RSAL-013/10); la ingeniería para el proyecto de la plataforma PB-KU-H, por 38 millones de pesos (contrato 412423817); y la asistencia técnica para trabajos de ingeniería en la misma plataforma, por 6 millones de pesos, entre otros.
Respecto a las relaciones del gobierno con la empresa italiana Eni, en medio de la investigación oficial que ésta enfrentaba por múltiples violaciones al Acta sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero, la subsidiaria Pemex Exploración y Producción firmó con esa empresa un convenio para un Programa de Capacitación en perforación en aguas profundas y de diseño de pozos de aguas profundas, registra en uno de sus informes correspondiente a 2008 la paraestatal.
Sobre el papel de esa empresa en el llamado “plan de soborno nigeriano”, la Comisión de Valores indica que para pagar sus cohechos, Eni operaba cuentas en bancos suizos, maletines y “carretadas” de dinero en efectivo. Y es que como algunos de los sobornos en efectivo eran en nairas –la moneda de Nigeria–, el volumen era tan abultado que se requería de un automóvil para transpórtalo. Los sobornos que la empresa italiana pagaba tenían también como destinatario un partido político nigeriano.
Respecto a Kellogg Brown & Root, tanto esa compañía como su casa matriz, Halliburton, eran antes y después de los cohechos beneficiarias de millonarios contratos con Pemex. Sus relaciones comerciales con la paraestatal también estaban envueltas en polémicas, como la que generó la asignación que entre 1997 y 1998 Petróleos le hizo para que Kellogg Brown & Root instalara sistemas de procesamiento de gas e inyección en Cantarell. Los equipos debían estar operando desde 2000, pero ésta entregó la obra hasta 2004. Ante tal atraso, Pemex rescindió el contrato, y en respuesta, la trasnacional llevó al gobierno mexicano a juicio ante la Corte Internacional de Comercio de París, demandándole 807 millones de dólares. Apenas en agosto pasado se declaró la nulidad del laudo, pero quizá la compañía apele la decisión.
Pese a la disputa en la que el Estado ha invertido cuantiosos recursos en defensa, y aún después del escándalo en que el consorcio se vio envuelto por los sobornos nigerianos –en los cuales la agencia anticorrupción de Nigeria implicó hasta al exvicepresidente Dick Cheney, como directivo de Halliburton y Kellogg Brown & Root–, el gobierno mexicano mantiene a este último con contrataciones en la principal empresa del Estado, como la número 4500285709, que le fijó la Refinería de Tula por asignación directa, para “servicios técnicos” –durante cinco días–, por 144 mil 213 pesos.
También que el 30 de diciembre de 2009 signó con la Refinería de Salina Cruz, por 327 mil 313 pesos, para hacer algunos arreglos a una de sus plantas de compresión (número 4500310834). En 2010 la misma gerencia le encargó otra reparación, bajo el contrato 4500353869, por 4 millones 380 mil 238 pesos.
Halliburton –que fue la casa matriz de Kellogg Brown & Root hasta 2007– es desde hace varias décadas una de las principales beneficiarias de las contrataciones de Pemex. En los años inmediatos a la indagatoria de la Comisión de Valores, facturó por más de 2 mil millones de pesos, de acuerdo con el sistema Compranet.
El caso Siemens
En diciembre de 2008, el Departamento de Justicia hizo pública la declaración de altos ejecutivos del gigante alemán Siemens AG, de una prolongada práctica de sobornos como táctica para llevar a sus arcas ganancias multimillonarias, en muchos de los países donde opera, en su mayoría de contrataciones gubernamentales.
De acuerdo con el expediente judicial, durante casi una década, desde 1998 hasta 2007, Siemens realizó pagos ilegales por 1 mil 360 millones de dólares a través de diversos mecanismos. De esa suma, 554 millones 500 mil dólares se pagaron para fines desconocidos; 341 millones de dólares para consultores empresariales; y los otros 805 millones 500 mil dólares fueron perfectamente identificados como cohechos a funcionarios gubernamentales extranjeros –mexicanos incluidos– a quienes se les entregaron a través de fondos y cajas ilegales.
Por el monto de sus sobornos y la ramificación geográfica donde se pagaron –que prácticamente abarca todas las regiones del mundo– el de Siemens fue considerado por la Comisión de Valores como un caso sin precedentes.
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López Obrador, excandidato a la presidencia.
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