México, paraíso de trasnacionales del soborno

La administración federal favorece a empresas multinacionales a las que el Departamento de Justicia de Estados Unidos sancionó por prácticas corruptas, particularmente cohechos, mediante contratos de Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Marina y Pronósticos Deportivos, entre otras.

Ana Lilia Pérez

En el banquillo de los acusados, ante las autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés) y de la Comisión de Valores, decenas de altos ejecutivos de renombradas compañías trasnacionales se han declarado culpables de prácticas licenciosas para obtener millonarios contratos de servicios y obra pública; evadir impuestos o trámites aduanales; leyes a modo o cualquier privilegio para sus negocios; por haber regalado inmuebles, automóviles, yates, viajes; entregar fajos, bolsas y hasta vehículos repletos de dinero en efectivo; consentir a funcionarios públicos con sus tarjetas de crédito, guardaropa, lunas de miel; y por “entretenimiento inapropiado”.

El pago de sobornos se realiza por diversas vías, desde la convencional entrega directa de manojos de dinero en efectivo, la triangulación de capital a cuentas bancarias en el extranjero hasta estrategias más elaboradas como la creación ex profeso de compañías puente que facturan éstos como si fuesen “consultorías”, “asesorías” o “gastos de operación”. O también la creación de fideicomisos o supuestos fondos o cajas de ahorro.

Más allá de la implicación moral de las pericias corruptoras, generalmente los montos que las compañías pagan en sobornos los costean con sobreprecios en sus contrataciones gubernamentales, de manera que, al final, del erario salen los pagos ilegales.

En tal condición, el gobierno de Estados Unidos ha obtenido confesiones de éstas prácticas de compañías como Pride, Noble, ABB Group, Siemens, Eni, SPA, Kellogg Brown & Root, General Electric, Goldman Sachs Group, entre otras. A todas se les impuso multas millonarias e intereses que ingresaron a las arcas públicas de ese país.

En contraste, la administración de Calderón continuó transfiriendo millones de pesos del erario a dichas compañías, vía contratos gubernamentales, a pesar de que algunas confesaron que sus prácticas disolutas tuvieron como epicentro a México.

Las indagatorias

Las investigaciones sobre la corrupción que realiza el Departamento de Justicia de Estados Unidos invocan al Acta sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero, que prohíbe a las compañías estadunidenses ofrecer pagarles a los funcionarios de los gobiernos extranjeros o empleados de las compañías estatales, con la finalidad de obtener una ventaja competitiva; otorgarles regalos, viajes, comisiones o cualquier oferta en efectivo o también no monetaria.

Todas las empresas estadunidenses, incluso las extranjeras que cotizan en el mercado de valores de ese país, están obligadas a cumplir con los mandatos del Acta así como otras leyes antisoborno como la Ley Sarbanes-Oxley, en cualquier punto del mundo donde operen.

Después del escándalo del gigante energético Enron, que puso al descubierto las fraudulentas prácticas contables de la trasnacional para maquillar un capital que la colocaba como la número siete de Estados Unidos, apoyada en la estafa por su empresa auditora –el renombrado despacho Arthur Andersen–, el Departamento de Justicia abrió investigaciones a 120 empresas, muchas de las cuales todavía continúan en integración. Pero los resultados de las indagatorias hasta hoy concluidas son alarmantes: consorcios que oficialmente promueven códigos de ética, y que se dicen socialmente responsables, están envueltos en burdas prácticas de soborno hasta en los países más pobres.

Cuando las autoridades estadunidenses anunciaron las investigaciones, algunas empresas llamaron voluntariamente a este Departamento para confesar sus “pecados”. Detrás de esto había una intensión clara de obtener indulgencia y “negociar” sus penas, ello ante la advertencia pública que hizo el jefe del Departamento de Justicia asignado a la coordinación de las investigaciones, Mark Mendelsohn, en el sentido de que “si los llamamos antes de que nos llamen, no querrían estar en ese lugar”.

Así, corporaciones que promueven un prestigio e imagen corporativa revelaron insólitas tretas contables para ocultar sus ilegales pagos. Otras, que estaban bajo investigación, sus directivos tuvieron la audacia de pretender maquillar sus informes para engañar a la Comisión de Valores y al FBI.

Soborno nigeriano, privilegios mexicanos

Una de las indagatorias que la Comisión de Valores considera entre las más relevantes, se refiere a los cohechos de compañías del sector energético que operan tanto en el mercado mexicano como en el nigeriano. El parámetro a nivel mundial es que en ese sector los dos países con más altos niveles de corrupción son México y Nigeria, donde los corporativos –que en otras regiones se desempeñan con legalidad– ven en el soborno como la vía para obtener contratos gubernamentales altamente rentables y ganancias rápidas.

El Departamento de Justicia abrió una investigación en contra del consorcio Technip –con sede en París– dedicado a la ingeniería, construcción y servicios; de la empresa italiana Eni y su filial holandesa Snamprogetti; y la estadunidense Kellogg Brown & Root, entonces subsidiaria de la corporación Halliburton.

Todas estas compañías se asociaron para trabajar en Nigeria bajo la sigla TSKJ, y obtuvieron, en menos de una década, contratos de la Nigeria LNG Limited –empresa con participación accionaria mayoritaria del gobierno– por 6 mil millones de dólares, bajo una estrategia infalible: sistemáticos sobornos a funcionarios públicos. La indagatoria detalla que éstos se pagaron entre 1995 y 2004 para obtener los contratos para la construcción de instalaciones para la producción de gas natural licuado por miles de millones de dólares.

El director de la División de Vigilancia y Ejecución de la Comisión de Valores, Robert Khuzami, señala en el informe del caso que “el soborno era una práctica tan aceptada que la empresa conjunta tenía un eufemísticamente denominado ‘Comité Cultural’, en el que los cohechos abiertamente se discutían, aprobaban y conmemoraban”.

Desde que se asociaron los ejecutivos de las trasnacionales crearon el llamado “Comité Cultural”, en éste los más altos ejecutivos de ventas de cada empresa definían los planes y montos de los sobornos. Constituyeron una compañía fantasma controlada por un abogado de Inglaterra y una empresa comercial japonesa, con las cuales firmaron contratos falsos por 180 millones de dólares que cada trasnacional registró contablemente como “consultoría” y “servicios con subcontratistas”. Enviaban también dinero a cuentas bancarias en Suiza y de allí se triangulaban a las de cada funcionario destinatario de los “pagos”, con quienes previamente habían pactado el monto durante comidas realizadas en Londres.

El consorcio francés comenzó a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York desde 2001, “cuando Technip se convirtió en un emisor, tenía la obligación de cumplir con el Acta sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero. En cambio, continuó con su descarado plan de hacer pagos de soborno”, indica en el informe Antonia Chion, codirectora de la División de Vigilancia y Ejecución de la Comisión de Valores.

Contacto en México

Entre 2004 y 2007, se crearon en México dos subsidiarias que ingresaron al padrón de proveedores del gobierno federal, junto con su casa matriz y otras cuatro de sus filiales domiciliadas en el extranjero: Technip France; Technip Italy SpA; Technip KTI SpA; Technip USA Corporation; Technip de México, S de RL de CV; Technip Servicios de México, SC; y Technipleres, SA de CV, todas contratistas del gobierno mexicano.

En 2010, cuando la Comisión de Valores hacía pública la multa millonaria que impuso a Technip y sus socios, 1 mil 200 millones de dólares, considerado el monto más alto por violaciones a la Acta sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero, en México, el gobierno a través de Petróleos Mexicanos (Pemex), le adjudicaba a la compañía un lucrativo contrato por 605 millones de pesos para la construcción de una unidad recuperadora de azufre en la Refinería de Salamanca (número CO-RSAL-013/10); la ingeniería para el proyecto de la plataforma PB-KU-H, por 38 millones de pesos (contrato 412423817); y la asistencia técnica para trabajos de ingeniería en la misma plataforma, por 6 millones de pesos, entre otros.

Respecto a las relaciones del gobierno con la empresa italiana Eni, en medio de la investigación oficial que ésta enfrentaba por múltiples violaciones al Acta sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero, la subsidiaria Pemex Exploración y Producción firmó con esa empresa un convenio para un Programa de Capacitación en perforación en aguas profundas y de diseño de pozos de aguas profundas, registra en uno de sus informes correspondiente a 2008 la paraestatal.

Sobre el papel de esa empresa en el llamado “plan de soborno nigeriano”, la Comisión de Valores indica que para pagar sus cohechos, Eni operaba cuentas en bancos suizos, maletines y “carretadas” de dinero en efectivo. Y es que como algunos de los sobornos en efectivo eran en nairas –la moneda de Nigeria–, el volumen era tan abultado que se requería de un automóvil para transpórtalo. Los sobornos que la empresa italiana pagaba tenían también como destinatario un partido político nigeriano.

Respecto a Kellogg Brown & Root, tanto esa compañía como su casa matriz, Halliburton, eran antes y después de los cohechos beneficiarias de millonarios contratos con Pemex. Sus relaciones comerciales con la paraestatal también estaban envueltas en polémicas, como la que generó la asignación que entre 1997 y 1998 Petróleos le hizo para que Kellogg Brown & Root instalara sistemas de procesamiento de gas e inyección en Cantarell. Los equipos debían estar operando desde 2000, pero ésta entregó la obra hasta 2004. Ante tal atraso, Pemex rescindió el contrato, y en respuesta, la trasnacional llevó al gobierno mexicano a juicio ante la Corte Internacional de Comercio de París, demandándole 807 millones de dólares. Apenas en agosto pasado se declaró la nulidad del laudo, pero quizá la compañía apele la decisión.

Pese a la disputa en la que el Estado ha invertido cuantiosos recursos en defensa, y aún después del escándalo en que el consorcio se vio envuelto por los sobornos nigerianos –en los cuales la agencia anticorrupción de Nigeria implicó hasta al exvicepresidente Dick Cheney, como directivo de Halliburton y Kellogg Brown & Root–, el gobierno mexicano mantiene a este último con contrataciones en la principal empresa del Estado, como la número 4500285709, que le fijó la Refinería de Tula por asignación directa, para “servicios técnicos” –durante cinco días–, por 144 mil 213 pesos.

También que el 30 de diciembre de 2009 signó con la Refinería de Salina Cruz, por 327 mil 313 pesos, para hacer algunos arreglos a una de sus plantas de compresión (número 4500310834). En 2010 la misma gerencia le encargó otra reparación, bajo el contrato 4500353869, por 4 millones 380 mil 238 pesos.

Halliburton –que fue la casa matriz de Kellogg Brown & Root hasta 2007– es desde hace varias décadas una de las principales beneficiarias de las contrataciones de Pemex. En los años inmediatos a la indagatoria de la Comisión de Valores, facturó por más de 2 mil millones de pesos, de acuerdo con el sistema Compranet.

El caso Siemens

En diciembre de 2008, el Departamento de Justicia hizo pública la declaración de altos ejecutivos del gigante alemán Siemens AG, de una prolongada práctica de sobornos como táctica para llevar a sus arcas ganancias multimillonarias, en muchos de los países donde opera, en su mayoría de contrataciones gubernamentales.

De acuerdo con el expediente judicial, durante casi una década, desde 1998 hasta 2007, Siemens realizó pagos ilegales por 1 mil 360 millones de dólares a través de diversos mecanismos. De esa suma, 554 millones 500 mil dólares se pagaron para fines desconocidos; 341 millones de dólares para consultores empresariales; y los otros 805 millones 500 mil dólares fueron perfectamente identificados como cohechos a funcionarios gubernamentales extranjeros –mexicanos incluidos– a quienes se les entregaron a través de fondos y cajas ilegales.

Por el monto de sus sobornos y la ramificación geográfica donde se pagaron –que prácticamente abarca todas las regiones del mundo– el de Siemens fue considerado por la Comisión de Valores como un caso sin precedentes.

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César Nava privilegió al consorcio suizo ABB

Como director jurídico de Pemex, José César Nava Vázquez impuso convenios internos para que no se rescindiera un contrato en el que el consorcio suizo ABB tenía graves incumplimientos. El inexplicable beneficio a favor de esa compañía –en el mismo periodo en el que, según ABB, sobornó a funcionarios mexicanos para “retener” sus contrataciones con la CFE– llevó a Pemex a costear trabajos defectuosos e inoperantes.

Ana Lilia Pérez

En medio del escándalo internacional al declararse culpable ante cortes estadunidenses por sobornar a funcionarios mexicanos para “retener” sus contratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LFC), el consorcio suizo ABB Group está bajo investigación de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que, hasta diciembre próximo, escrutará sus contratos de obra pública, adquisiciones y servicios con ambas compañías.

Paralelo a ello, están las indagatorias que abrieron la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Procuraduría General de la República (PGR). Ambas dependencias están en espera de que el gobierno de Estados Unidos les comparta la indagatoria que integraron la Comisión de Intercambio y Valores, la Oficina Federal de Investigación y el Comité de Cuestionamiento Independiente de las Naciones Unidas, que derivó en la aceptación de culpa de ABB y de la sentencia: pagar 58 millones 800 mil dólares por prácticas ilegales.

Cuando el secretario de la SFP, Salvador Vega Casillas, anunció que la revisión de sus contralores se haría extensiva a Petróleos Mexicanos (Pemex), donde ha obtenido 150 de sus 556 contratos gubernamentales –facturados en la última década–, la alerta se encendió en las oficinas directivas de Marina Nacional. Desde allí se instruyó al blindaje de expedientes de funcionarios y exfuncionarios cercanos a la Presidencia de la República vinculados con irregulares contrataciones a favor de esa compañía.

Uno de ellos es el que integra la documentación relacionada con el contrato PRSPR-044/00DMX, en cuya ejecución ABB presentaba graves incumplimientos. Para que éste no se le rescindiera, desde el jurídico de la paraestatal, encabezado por José César Nava Vázquez, en contravención a la ley, se impuso una serie de “conciliaciones” internas, en contra del interés de la paraestatal. Los convenios solaparon que ABB atrasara por más de un año una obra crucial para Pemex Refinación.

Cuando finalmente se instaló la obra, presentó múltiples fallas: los equipos eran obsoletos, por lo que, según funcionarios de Refinación, la “modernización” de nada ayudó a los proceso de producción.

El contrato

La historia del contrato de ABB, beneficiado por el abogado Nava Vázquez en contra del patrimonio de Pemex, se relaciona con los primeros proyectos de reconfiguración de las refinerías.

El 24 de marzo de 2000, Pemex Refinación y ABB signaron el contrato PRSPR-044/00DMX para que la compañía desarrollara el “Plan Maestro de Modernización de la Instrumentación Área 3, en la Refinería General Lázaro Cárdenas del Río”, de Minatitlán, Veracruz.

La obra era considerada por Pemex Refinación como fundamental, pues haría que se produjera un mayor volumen de refinados de alto valor agregado, principalmente gasolina “limpia”, y minimizaría la producción de combustóleo con alto contenido de azufre.

El proyecto del que emanó el contrato adjudicado a ABB plantea la urgencia de modernizar la refinería más antigua del país, al considerar los directivos de Pemex que su marginalidad en la producción de combustibles con bajo contenido de azufre y plomo –los que más se consumen en el mercado actual– la ponía en riesgo del cierre de sus instalaciones.

De acuerdo con las cláusulas contractuales, ABB automatizaría las líneas de proceso para la refinación de gasolinas libres de plomo en seis de las 27 plantas de la Refinería: las plantas estabilizadoras 1, 2 y 3, y las hidrodesulfuradoras de gasolina, kerosina y de diesel, ubicadas todas en el Área 3.

El contrato se estipuló a “precio alzado” y “tiempo determinado”, lo que significa que legalmente no podía modificarse ni el monto ni el plazo de ejecución de los trabajos, pues el precio de ABB –9 millones 135 mil 039.33 dólares– consideraba ya un margen adicional al precio de los trabajos para respaldar cualquier variación en el costo de obra o equipo y por el plazo fijo de entrega. Dicho de otra manera, ABB estaba cobrando un sobreprecio con el que le garantizaba a Pemex que entregaría los trabajos a cabalidad en un periodo de 660 días (del 27 de marzo de 2000 al 15 de enero de 2002).

Para diciembre de 2001, a cinco semanas de que las líneas de proceso debieran estar automatizadas, ABB presentaba atrasos considerables en los trabajos programados, lo que interrumpía repentinamente los procesos de refinación, que abastece los estados de Puebla, el Sur de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En el oficio 200027-C-ABPM277, fechado el 5 de diciembre, ABB solicitó a Pemex que se le aprobara un plazo adicional de 90 días para entregar la obra. Argumentó que de éstos, 49 días eran imputables a atrasos de Pemex para recepcionar sus equipos y 41, a sus propios atrasos.

El 14 de diciembre se le notificó la “no procedencia” de los 49 días imputables a Pemex, debido a que la dilación para dar entrada a los equipos derivó en que ABB, en contravención a las cláusulas contractuales, instalara equipos diferentes a los especificados en el contrato inicial, los cuales, además, posteriormente presentarían graves fallas por su baja calidad y condición obsoleta.

De acuerdo con la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, el incumplimiento a un contrato a precio alzado hacía inminente su rescisión. La Ley daba pie a los funcionarios para contratar vía adjudicación directa el resto de los trabajos y que el atraso de ABB no obstruyera los procesos de producción.

La decisión de la Oficina del Abogado General (OAG) iba en otro sentido, según devela el expediente de las “conciliaciones” instruidas por Nava y formalizadas a través de sus abogados subalternos, expediente que fue clasificado por Pemex como “confidencial” –cuya copia posee Contralínea.

ABB, expediente en Pemex

En su estancia como abogado de Pemex –octubre de 2001 a septiembre de 2003–, Nava favoreció a empresas nacionales y extranjeras –que por sus incumplimientos contractuales, enfrentaban o enfrentarían controversias judiciales y extrajudiciales con Pemex– mediante la autorización de convenios y conciliaciones para autorizarles plazos o montos adicionales, con el consecuente impacto económico para la paraestatal.

De esta manera, a su oficina llegó la petición de prórroga que la empresa ABB solicitaba para el contrato número PRSPR-044/00DMX, que se le permitiera continuar, fuera del plazo contractual establecido, con sus trabajos pactados con Refinación. En términos generales, el jurídico consideró que era “más conveniente para los intereses de Pemex ceder a la solicitud de la contratista”, según reza el convenio.

Si algo caracterizó la OAG en tiempos de Nava, además de sus lujos a costa del erario, fue que invariablemente favoreció los intereses de las compañías privadas en vez de velar por el patrimonio de la principal empresa del Estado. Así se condujo con el consorcio que recién reconoció que estila sobornar con viajes y cruceros a los funcionarios públicos y sus esposas.

Inversión infructuosa

“La obra amparada en el contrato es de primordial relevancia para el organismo, ya que una vez concluida la integración de la instrumentación al nuevo sistema de control distribuido, permitirá una operación más confiable y segura de las plantas hidrosulfuradotas de gasolina, kerosina y diesel, así como de las plantas estabilizadoras números 1, 2 y 3”, cita el argumento utilizado para conceder a ABB uno de los plazos adicionales fuera de contrato.

Millonarias adjudicaciones a ABB

En la última década, el consorcio suizo ABB ha recibido jugosos contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus organismos subsidiarios, que por su monto, de acuerdo con la normatividad en la materia, debieron licitarse.

Asunto de Estado

En septiembre pasado, cuando las autoridades estadunidenses hicieron pública la multa en contra de ABB –58 millones 800 mil dólares– por pagar sobornos oficiales en México para “retener” negocios con paraestatales del sector energético, el presidente Felipe Calderón se dijo “indignado” de las prácticas de ABB y de los funcionarios públicos sobornados. Sin embargo, omitió las operaciones de Nava en favor de esta empresa.

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Empresas de “clase mundial” …en corrupción

Hasta 1982, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLFC) y Petróleos Mexicanos (Pemex), entre las empresas paraestatales, eran consideradas como las joyas de la nación, propiedad del pueblo, que tenían que ser resguardadas y desarrolladas por el Estado, como representante constitucional de sus intereses y responsable de las riquezas y los sectores estratégicos del país, a favor de las necesidades del crecimiento mexicano.

Marcos Chávez

Los bienes y servicios ofrecidos a través de esos monopolios públicos, a precios subsidiados, tenían un doble propósito. Por un lado, eran considerados como parte de los instrumentos disponibles para ampliar el acceso de la población a los productos básicos y, con ello, elevar su calidad de vida, sus niveles de bienestar, y mejorar la distribución del ingreso; por otro, para proporcionar y diversificar los insumos requeridos por las empresas que, al abaratar los costos de producción, patrocinaban la acumulación privada de capital y, por añadidura, en la inversión, el crecimiento y el empleo. Era parte del sacrificio social considerado como necesario, financiado con los impuestos de la misma población, que redundaba en el beneficio colectivo. El control de dichas empresas y las bajas tarifas eran una respuesta lógica de una nación que recuperaba la energía eléctrica, los hidrocarburos y sus derivados, cuya explotación, entregada por la dictadura porfirista, había sido subordinada a la maximización de las ganancias de las empresas extranjeras. Bajo ese principio, ellas determinaban el destino de la industria energética: las cotizaciones, los planes de inversión, los mercados que se atenderían, las tecnologías empleadas, las relaciones laborales, los impuestos pagados, la repatriación de las utilidades, con escaso beneficio para México. Imponían el interés privado sobre el interés público. Su recuperación, elevada a rango constitucional, fue resultado de la Revolución Mexicana.

La nacionalización de los recursos energéticos y de las empresas citadas, paradigmáticas para el antiguo régimen autoritario que se calificaba a sí mismo como “nacionalista revolucionario”, fue la manifestación de otros objetivos trascendentales: el ejercicio de la soberanía nacional y la búsqueda de un desarrollo nacional autónomo. Bajo la rectoría del Estado, y los efectos multiplicadores de las obras públicas, se aspiraba que el país superara su condición de subdesarrollado, sometido a la lógica de metrópolis capitalistas, sobre todo al imperialismo estadunidense. Esos principios se sobrepusieron a la ineptitud, la corrupción y el manejo inescrupulosos de sus recursos que a menudo caracterizó a sus directivos y el gobierno. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, a Jorge Díaz Serrano?

Desde hace 28 años que los neoliberales asaltaron el Estado. El sector energético, Pemex, la CFE, la desaparecida CLFC y las obras públicas son el símbolo de la degradación de los gobiernos priistas y panistas, y de los oligarcas hombres de presa que han envilecido a la nación al convertirla en un hediondo botín. Son la alegoría de los impunes abusos de poder cometidos en contra de quienes supuestamente son sus dueños, la población y los trabajadores que carecen de las instituciones que defiendan sus derechos, el manejo arbitrario de las leyes y la ineficiencia oficialmente programada; del manejo turbio del presupuesto y el campo fértil del contratismo y la corrupción descarados.

El reciente escándalo que involucra a las empresas ABB, Ltd, y Lindsey Manufacturing Co –que entre 1997 y 2003 sobornaron a varios funcionarios de la CFE para obtener millonarios contratos, el cual empezó a ser investigado en Estados Unidos porque Alfredo Elías, director de la paraestatal, y la señora Georgina Kessel, secretaria de Energía, duermen el inocente sueño de los justos– no es más que una anécdota de vulgares delincuentes, a menos que los presuntos corrompidos, Arturo Hernández, Néstor Moreno y Salvador Torres, sean las víctimas propiciatorias de algo mayúsculo. Esto si se consideran los multimillonarios contratos en las obras públicas concedidos a los hombres de presa por los poderes Ejecutivo y Legislativo, torciéndole el cuello a la Constitución, y pontificados por el Judicial, y que priistas quieren ampliar hasta 40 años, con ganancias aseguradas, sin preocuparles que el Estado, es decir, los contribuyentes, asuman las pérdidas, con la iniciativa de ley de asociaciones público-privadas enviada por Felipe Calderón al Congreso. Esa propuesta, que todavía no logra el consenso priista-panista-Verde-Nueva Alianza, pero que ya fue aprobada en el Senado, abriría completamente las puertas a los oligarcas para que depreden la seguridad pública, la salud, la educación, la construcción y administración de cárceles, entre otras actividades. Al cabo, las mayorías ya se acostumbraron a aceptar la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas. Por ejemplo, por la fraudulenta quiebra de los bancos privados y su rescate igualmente fraudulento, les debemos a los banqueros 757.6 mil millones de pesos (MMDP), por los cuales, desde 1995, les hemos pagado 363.6 MMDP por concepto de intereses. Además, en una patológica relación sadomasoquista, aceptan pasivamente su servidumbre ante esos usureros que les cobran intereses y comisiones por, al menos, 300 por ciento más de los que imponen en sus países de origen. Por el rescate de las empresas constructoras, les deben a esos “empresarios” 139.2 MMDP. En total, 896.8 MMDP, el 20 por ciento de los pasivos totales del Estado que, con Calderón, llegaron a 4.5 billones. Al inicio del panismo, en 2000, las deudas sumaban 2 billones.

La CFE, la CLFC y Pemex sintetizan cómo las elites han convertido al patrimonio nacional en su zona privada de saqueo, que sólo comparten con sus socios foráneos. Un año después de la brutal desaparición de Luz y Fuerza del Centro (LFC), son más que evidentes las razones que justificaron la decisión de Calderón. Con la elocuente procacidad que le caracteriza al gran violador de las leyes laborales y experto en el uso del garrote en contra de los trabajadores, especialmente los mineros y los electricistas, Javier Lozano dijo que “el balance es positivo en términos de la prestación del servicio, del costo y del impacto para la economía nacional”, además que “se logró una indemnización voluntaria a 28 mil 42 extrabajadores”. El Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio comparten esa opinión. En cambio, Gerardo Gutiérrez, de la Confederación Patronal de la República Mexicana, urge a la CFE superar los rezagos y mejorar la calidad y los precios del servicio y, de paso, señala que “todos los monopolios no son buenos, ya sean públicos o privados”, aunque nunca se han escuchado sus denuestos en contra de Televisa, TV Azteca, Banamex, Cemex, Wal Mart o Telmex.

Con sus descaradas mentiras, Lozano y los empresarios no lograron ocultar los detalles: que los electricistas que aceptaron sus liquidaciones fueron los que traicionaron a sus compañeros por problemas económicos; que, al menos, 20 millones de personas sufren uno de los peores servicios ofrecidos por la “empresa de clase mundial” –cortes de servicios, daños a aparatos, el alza y el cobro arbitrario de los precios– y que, impotentes, no pueden hacer nada porque quienes deben de velar por el estado de derecho son responsables del desastre. Según la Procuraduría Federal del Consumidor, la CFE es la empresa líder en demandas y multas en el último año: 7 mil 619 quejas, 124 procedimientos por infracciones a la ley y sanciones por 901 mil 477 pesos. Supera a otras depredadoras –Wal Mart de México, Telefónica Movistar y Telmex–. El desastre eléctrico recuerda al cometido por Enron, el ejemplo de la depredación capitalista, en California, a principios de esta década.

Las mayorías dejaron de ser dueños de sus empresas. Ahora son víctimas de las tarifas eléctricas, del gas, las gasolinas y otros bienes y servicios públicos, pese a que las siguen manteniendo con sus impuestos.

Los que aplauden son los empresarios beneficiados por las tarifas preferenciales. Televisa-Magacable-Telefónica se apoderaron de más de 21 mil kilómetros de fibra óptica por 20-30 años en una oscura licitación, con un precio de rapacería: 883 millones. Otros favorecidos fueron los inútiles contratistas que realizan los trabajos de LFC y los “productores independientes” (10 empresas, encabezadas por Iberdrola, con el 35 por ciento del total), corresponsables de criminales calamidades de Tabasco que, con contratos igualmente turbios, depredan al sector eléctrico con la anticonstitucional complicidad de Calderón, Elías, Kessel y los contratistas señalados. Estos últimos, que usan gas importado, ya controlan el 23 por ciento de la capacidad generadora de la industria y el 53 por ciento de la electricidad generada, que es vendida a la CFE a precios altos que la descapitalizan, es decir, se quedan con los impuestos de la población que, a cambio, recibe cada bimestre tarifas mayores. Son doblemente saqueados. Por las obras realizadas para la CFE, los proyectos de infraestructura productiva a largo plazo (Pidiregas), se les debe a los contratistas 27 mil millones de pesos. De su deuda total, 9.6 mil millones de dólares, 5.4 mil millones, el 56 por ciento, son por los Pidiregas.

Sin embargo, Pemex es la campeona en la opacidad, la podredumbre y el saqueo. No sólo ha hinchado las fortunas de sus proveedores y los distribuidores del gas, gasolinas y derivados. Según la reportera Nancy Flores, sus directivos han creado 25 empresas “privadas no paraestatales” para esconder de la inútil supervisión del Congreso el movimiento de miles de millones de dólares del dinero público (Contralínea, septiembre de 2010). Nadie los vigila, salvo ellos mismos. ¿Qué pasa con ese dinero? Es más fácil conocer los secretos de El Vaticano que el de esos siniestros personajes encabezados por Juan José Suárez Coppel. Hasta 2008, las obras en Pidiregas sumaron 178 MMDP, el 88 por ciento del total de la inversión de Pemex, por los cuales se les tiene que pagar intereses y amortizaciones. Las fracasadas obras de Chicontepec han sido un nauseabundo negocio para los empresarios y un grave quebranto para Pemex. Entre 1999 y 2008, suman casi 1 billón de pesos. A partir de ese momento, esos pasivos se consolidaron como deuda pública. El pago de impuestos e intereses y amortizaciones de los Pidiregas y otros adeudos explican que, con el panismo, la empresa arroja una pérdida neta acumulada por 387 MMDP y que sus pasivos superen a sus activos. Su deuda total es de casi 45 mil millones de dólares.

Durante el panismo, la inversión pública suma 3.9 billones. De ella, 3 billones corresponden al presupuesto, de los cuales 223 MMDP se destinaron a la amortización de los Pidiregas. Los empresarios invirtieron 1 billón, que tendrán que pagarse. Entre el rescate bancario, de las empresas carreteras y los Pidiregas reconocidos hasta 2010, suman 943 MMDP, el 21 por ciento de los pasivos públicos totales, 4.5 billones. Ese yugo y la hemorragia de recursos presupuestales se extenderá lo que resta del siglo mientras no llegue un gobierno que los desconozca o el pueblo decida tomar en sus manos su destino y arroje del poder a los depredadores y corruptos. Mientras tanto, para pagar los intereses y amortizaciones, será castigado con los recortes en el gasto público, el deterioro de los servicios sociales, el rezago en la infraestructura y las abusivas alzas en los precios de bienes y servicios estatales.

Es un negocio redondo realizado frente a las narices de la sociedad, sin que ella conozca los términos.

En un país sometido al imperio de las leyes, funcionarios como Calderón, Elías, Kessel, Suárez y otros más ya hubieran sido sometidos a juicio político, destituidos y encarcelados, junto con diversos “empresarios”. Se hubiera derrumbado el sistema.

Robo en pandilla en la CFE

El ex diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, presidente de la asociación civil Energía y Rendición de Cuentas, afirma que un contrato que la paraestatal firmó con una empresa sueca es un robo descarado / La comisión energética ha pagado 301 millones de un contrato de 319.3 millones a la empresa sueca ABB por una planta que, a 10 años de que se debió entregar, aún no funciona al 100% de su capacidad / El ex legislador añade que el valor real de la obra está muy por debajo de lo que pactaron en el contrato

MEXICO, D.F., 6 de marzo.- En septiembre de 2010, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) habrá pagado 301 millones de dólares –de un total de 319.3 millones de dólares– a la empresa sueca ABB como parte del contrato 978011, firmado en 1997 para la construcción de la planta termoeléctrica Monterrey II, ubicada en el municipio de Pesquería, y que aún no opera al ciento por ciento de su capacidad.
El exdiputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, presidente de la asociación civil Energía y Rendición de Cuentas, asegura que la manera en que se adjudicó este contrato multimillonario es un ejemplo del “robo en pandilla” que se realiza en la CFE desde que Alfredo Elías Ayub está al frente de esta “empresa de clase mundial”.
En su libro El sector eléctrico en México. Costos, tarifas y opacidad, Velasco Oliva consigna que entre 2002 y 2008 la comisión firmó por lo menos ocho contratos con la empresa sueca, cuyos números son los siguientes: PIF-004/2002, PIF-002/2002, PIF-027/2004, PIF-028/2004, PIF-007/2004, PIF-022/2006, PIF-019/2006, PIF-011/2008.
Refiere que el 17 de octubre de 1997, Monterrey Power –filial de ABB–, la CFE y Nacional Financiera (Nafin) firmaron un contrato de fideicomiso (número 978011) para la construcción de la planta termoeléctrica Monterrey II. El costo de la obra sería de 319.3 millones de dólares pagaderos a 15 años. Durante ese plazo la empresa operaría la planta; después transferiría la propiedad a la paraestatal.
Los trabajos respectivos, refiere Velasco Oliva, se iniciaron el 24 de abril de 1998 y en las condiciones contractuales se estableció que para el 15 de junio de 2000 la planta debería funcionar a plena capacidad. Pero el plazo se venció sin que ABB concluyera la planta; aun así, la puso a funcionar de manera parcial, como consta en el certificado de aceptación provisional de la obra, expedido el 19 de septiembre de 2000 por el jefe del proyecto, Andrés Martínez López.
En ese documento se indica que la obra concluyó el 16 de septiembre de 2000; es decir, tres meses después de lo estipulado en el contrato. También se consigna que la CFE acepta la entrega provisional de la planta porque se encuentra en condiciones de operación, pero le advierte a Monterrey Power que debe concluir los trabajos “a la brevedad posible”.
El certificado se expidió, explica Velasco Oliva, a pesar de que la planta sólo podía generar el 40% de los 450 megawatts programados. La planta siguió operando y fue hasta un año después, el 18 de septiembre del año 2001, cuando el coordinador de Proyectos Termoeléctricos, Juan Manuel Rodríguez Alvarez, le hizo notar al subdirector de Finanzas de CFE, Enrique Román Enríquez, que la planta manejada por ABB no estaba cumpliendo con las expectativas de operatividad.
Debido al incumplimiento en el plazo de entrega de la planta, así como por su baja productividad, la CFE (oficio 742.040) sancionó –a toro muy pasado– a Monterrey Power con 34 millones 341 mil 736 dólares.
El documento emitido por la paraestatal dice: “Se ha solicitado a la empresa Monterrey Power SA de CV, a través de Alstom Power Proyectos S.A. de C.V., que debido a que no se han ejecutado todos los pendientes derivados de la aceptación provisional por concepto de trabajos no ejecutados, debe ser repuesto a la carta de crédito vigente (para) que se ejerza penalización”. También menciona que, de acuerdo con los registros con los que cuenta la Coordinación de Proyectos Termoeléctricos, el valor de la obra está por debajo del monto del contrato.
En este punto es evidente el contubernio entre funcionarios de la comisión y la trasnacional, comenta Velasco Oliva: “Aunque CFE se da cuenta de los retrasos de la obra, no le rescinde el contrato a ABB, sino que negocia con la empresa. El total de la multa fue por 61 millones de dólares y el retraso por 34 millones de dólares lo pagó la CFE por un contrato a precio alzado”.
El exlegislador plantea que pese a las pruebas de corrupción en la adjudicación de contratos a AAB, hasta ahora no se ha fincado responsabilidad a ningún funcionario de la CFE, y por el contrario este organismo le ha seguido otorgando obras.

La transnacional
Monterrey Power es un consorcio creado por las filiales Isho Iwa como contratista, y por ABB, que provee el equipo de generación de energía. Para la construcción de la planta Monterrey II transfirieron acciones a Alstom Internacional, razón social de ABB.
Velasco Oliva asegura que entre 1997 y 2000, cuando fue diputado federal en la LVII Legislatura, presentó 19 denuncias ante el pleno por la corrupción imperante en la CFE.
“La actitud de Elías Ayub –añade– fue solapar, nunca investigar. Y lo mismo pasó en la anterior Legislatura, cuando acudí con él para presentarle evidencias de otro acto de corrupción que ignoró. Lo que me permite afirmar que a Elías Ayub no le interesa combatir sino proteger la corrupción en CFE”.
También critica el alarde con que el director de CFE presume de que bajo su gestión la paraestatal ha ido más allá de lo que establece la normatividad, con la figura de testigos sociales al implementar las licitaciones de obras y adquisiciones, al publicar prebases de licitación, sistemas de adquisiciones por internet y subastas. “Como si con esas acciones se transparentara la comisión y ya no hubiera manipulaciones o ilegalidades que den origen a corruptelas y beneficios ilícitos”, plantea.
Pone ejemplos: Se adjudican contratos que merecen la descalificación, y si hay inconformidades se busca complacer con otro contrato al querellante. Está el caso del contrato 968001 entre la CFE y Techint de Italia para la construcción de una terminal de recibo y manejo de carbón para la Termoeléctrica Petacalco.
El quebranto a la CFE es por 80 millones de dólares, y a la fecha la planta opera al 16% de su capacidad instalada, sostiene Velasco Oliva.
Menciona que el 8 de noviembre del año 2000 el Comité Central de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios de CFE se reunió para dictaminar el proceso de excepción de la licitación CPT-004/00 y realizar la adjudicación directa al consorcio Siemens-Westinghouse, a fin de adquirir turbogeneradores con capacidad de 150 megawatts. Asegura que en esta operación el quebranto para la CFE fue de 130 millones de dólares.
Y no sólo eso. Velasco Oliva comenta que el 6 de junio de 2000 Repsol hizo una transacción ilegal que perjudicó a Perú, país al que le compra gas barato para venderlo en México a precios exorbitantes. Detalla que en el contrato 9100005181 se refieren los pormenores de esta operación, que significó un quebranto por 35 millones de dólares para el país sudamericano.
El exdiputado sostiene que en mayo de 2008 Rubén Loredo, en ese entonces subgerente de CFE en Puebla, le cobro 2.6 millones de pesos a la empresa a Dobsa, con la promesa de que le adjudicaría un contrato para la construcción de un centro de operación y respaldo destinado al Centro Nacional de Energía. No cumplió.
º “Todo este manejo y estos contratos corresponden a la gestión de Elías Ayub. Se dan licitaciones donde todo el mundo se beneficia, todos son empresarios. Saben que hay pastel para todos, y formaditos se van asignando los contratos”, puntualiza.
El 23 de noviembre de 2009 Fernando Maya Basurto, representante en México de ABB, aceptó haber participado en la entrega de sobornos, así como en lavado y transferencias de fondos a funcionarios de la CFE. Por estos ilícitos fue detenido en Estados Unidos junto con el empresario Joseph O’Shea.
(Rosalía Vergara / APRO)

Investigados por la PGR

J. Jesús Esquivel

El caso de corrupción que involucra a funcionarios de la Secretaría de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad –el organismo que está supliendo las funciones de la disuelta Luz y Fuerza del Centro, estigmatizada como ineficiente, y su sindicato como corrupto– arroja los primeros nombres. Una autoridad relacionada con las indagatorias que realiza la PGR en torno al caso reveló a Proceso que en la lista de los que serán investigados se encuentran Rogelio Gasca Neri, Alfredo Elías Ayub, Benjamín Contreras Astiazarán y Antonio García Luna, además de directivos y exdirectivos en México de la empresa sueca ABB.

HOUSTON.- Los actos de corrupción en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dados a conocer por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, motivaron que la Procuraduría General de la República (PGR) abriera una investigación en contra de varios funcionarios y exfuncionarios de la paraestatal y de la Secretaría de Energía (Sener).
Una funcionaria del gobierno mexicano, cercana a la investigación, informó que la indagatoria “será muy exhaustiva”. El objetivo es “encontrar a los funcionarios responsables de conceder contratos sin licitación a una empresa estadunidense subsidiaria de la corporación ABB de Suecia, a cambio del pago de varios millones de dólares”.
Bajo la condición de que no se revele su identidad, la funcionaria entregó a Proceso una lista de los servidores públicos que, entre otras personas, son objeto de investigación por la PGR debido a su “presunta responsabilidad” en los actos de corrupción descubiertos en el seno de la CFE:
Se trata de Rogelio Gasca Neri, exdirector de la CFE, y de Alfredo Elías Ayub, titular de la misma desde 1999 hasta la fecha; en el caso de la Sener se encuentran Benjamín Contreras Astiazarán, subsecretario de Electricidad; Antonio García Luna, encargado del Órgano de Control Interno; Aldo Flores, director de Asuntos Internacionales, y Alejandro Fleming Kauffman, jefe de Asuntos Jurídicos; además, Enrique Santacana, gerente regional de ABB México, y Armando Bassave, quien hasta hace unos meses fue gerente general de esta última firma en el país.
Sin embargo, aclaró que en las acusaciones que sigue el Departamento de Justicia de Estados Unidos hay otros funcionarios identificados como “C”, “G”, “J” y “N”, cuyos nombres no pueden por ahora darse a conocer.
“Pero los que sí están en la lista –precisó contundente– serán investigados porque en algún momento, durante el periodo de 1997 a 2004, cuando de acuerdo con el Departamento de Justicia se dieron los casos de corrupción, ellos debieron estar al tanto o por lo menos saber que se habían asignado contratos a la subsidiaria de la empresa sueca.”
El 23 de noviembre pasado el Departamento de Justicia hizo públicos los encausamientos judiciales H-09-629 y H-09-325 en contra del empresario estadunidense John Joseph O’Shea y el mexicano Fernando Maya Basurto, a quienes acusa de violar el Acta de Prácticas por Corrupción en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés, promulgada en 1977) al conseguir contratos por medio del cohecho con funcionarios de la CFE para beneficiar a la subsidiaria de ABB en Estados Unidos.
La indagatoria federal estadunidense, que inició el FBI en 2005 contra O’Shea y Maya Basurto, utilizó también información proporcionada por el gobierno federal mexicano acerca de los contratos que consiguió la subsidiaria de ABB.
El caso criminal está a cargo de la Corte Federal del Distrito Sur (Houston) del estado de Texas; pero el expediente excluye el nombre específico de casi todos los funcionarios presuntamente corruptos de la CFE, porque al Departamento de Justicia de Estados Unidos no le corresponde investigarlos ni procesarlos en las actuales circunstancias.
El gobierno de Felipe Calderón sabía de la existencia de la investigación que, desde 2005, desarrollaba el Departamento de Justicia. Aun así, permitió que la paraestatal suscribiera en 2009 otros tres nuevos y millonarios contratos con la empresa sueca, que hasta hace cinco años era representada por Maya Basurto, quien fungía como intermediario de O’Shea y como contacto directo ante la CFE.
El primero de esos contratos, signado el 10 de marzo de 2009, es por 19.2 millones de dólares, para la ejecución del proyecto “llave en mano” de un Compensador Estático de VARs de -50+150 MVAr en 230 KV, que será construido en El Palmar, Baja California Sur. Este acuerdo tiene una duración de 15 meses.
El segundo, por 29.3 millones de dólares, firmado el pasado 15 de marzo entre la CFE y ABB de México, es para la ejecución del proyecto “llave en mano” de ocho subestaciones de 138-115-34.5-13.8 KV, con una capacidad de 180 MVA y cinco líneas de transmisión de 138-115 KV con 43.7 KM-C, que darán servicio a los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Este contrato tiene un plazo de 13 meses.
El tercero, rubricado el 30 de abril de 2009, es por 111.7 millones de dólares, para la ejecución del proyecto “llave en mano” de dos subestaciones de 400 y 230 KV, con una capacidad de 875 MVA, incluyendo un compensador estático VARs de -300+300 MVAr en 400 KV, y un tendido en 400 KV de una línea de transmisión de 179 KM-C, que abarcarán los estados de Campeche, Tabasco y Yucatán. Está previsto que la obra correspondiente sea concluida en un plazo de 18 meses.
Los encausamientos de O’Shea y Maya Basurto –copias de los cuales fueron proporcionadas a este semanario– describen los detalles de 24 transferencias bancarias internacionales –por un total de 1 millón 265 mil 428 dólares– que la subsidiaria de ABB hizo a cuatro funcionarios de la CFE. Esto, sin contar varios millones de dólares más que pidieron expresamente a O’Shea y Maya Basurto como condición para concederles al menos otros dos contratos.
Los dos casos criminales que el Departamento de Justicia presentó ante la Corte Federal en Houston, a cargo de la juez federal Lynn N. Hughes, exhiben la facilidad con la que la subsidiaria de ABB en Sugar Land, Texas, consiguió los contratos con la CFE por medio de pagos a los funcionarios mexicanos corruptos.

Expedientes y audiencias

Las más de 800 páginas que integran los expedientes de la investigación realizada por los fiscales federales Tim Johnson, Steven Tyreell y Mark F. Mendelsohn –revisadas por este corresponsal en la Corte Federal en Houston– deshilvanan la telaraña de corrupción que tejieron O’Shea y Maya Basurto con los cuatro funcionarios no identificados de la CFE.
Por ejemplo, conforme a la trascripción de la audiencia del pasado 28 de mayo ante el juez federal John R. Froeschner, Maya Basurto, por medio de sus abogados –William Rosch y Jay Kumar Aiyer–, admite haber incurrido en corrupción para conseguir los contratos con la CFE, y exhibe la facilidad con que funcionarios mexicanos acceden a pedidos de una empresa extranjera a cambio de pagos millonarios.
Los argumentos y las pruebas que han presentado los fiscales en contra de O’Shea y de Maya Basurto sustentan los cargos que formula el Departamento de Justicia, y el FBI tiene en su poder las copias con todos los datos de las transferencias bancarias que hicieron los dos acusados.
De hecho, la Corte Federal en Houston recibió el 3 y el 16 de julio de 2009 varios documentos donde aparecen los nombres de los cuatro funcionarios de la CFE que, identificados públicamente sólo como “C”, “G”, “J” y “N”, recibieron pagos de la subsidiaria de ABB a cambio de la concesión de los contratos.
Al inquirir a la oficina de la juez Hughes cuál es el contenido de esos documentos, explica al corresponsal: “Estas evidencias se encuentran en expedientes sellados y guardados en una caja fuerte de la Corte Federal, a la cual sólo tienen acceso los jueces”.
Pero de acuerdo con los encausamientos, en 1997 O’Shea, como gerente general de la subsidiaria de ABB, contrató los servicios de Maya Basurto en calidad de “intermediario”, así como de otra persona de nacionalidad mexicana a quien el Departamento de Justicia identifica como “Conspirador X”.
Ambos, en función de representantes de una firma de consultoría descrita como “Compañía Mexicana X”, se encargaron de “comprar” los buenos oficios de los funcionarios de la CFE para otorgar contratos de servicios “presuntamente licitados” a la empresa ABB.
“La subsidiaria de ABB acordó pagar a la Compañía Mexicana X un porcentaje de las ganancias que le generaran los negocios que se lograran con la CFE”, señalan.
En diciembre de 1997, la CFE concedió un contrato conocido como “Sitracen” a la subsidiaria de ABB para actualizar tecnológicamente las bases centrales de la red del sistema de distribución de electricidad en México.
“Este contrato le generó más de 44 millones de dólares a la subsidiaria de ABB en Estados Unidos”, apuntan los expedientes.
El otro contrato que destaca el Departamento de Justicia para fincar los cargos a O’Shea y a Maya Basurto es el que la CFE extendió a la subsidiaria de ABB en octubre de 2003.
“Este contrato, conocido como Evergreen, le generó ganancias de más de 37 millones de dólares” a la corporación estadunidense de ABB, puntualizan los cargos que formuló la Corte Federal en Houston el pasado 16 de noviembre.
Para la elaboración de este contrato y el encubrimiento de la transacción fraudulenta, O’Shea y Maya Basurto presuntamente involucraron los servicios de otra empresa, “Compañía S”, y los del denominado “Intermediario S”, puntualizan los documentos.
De este modo, la Compañía S se habría encargado de abrir y mantener cuentas bancarias en Alemania y Panamá para hacer “transferencias bancarias con el dinero entregado por la CFE en pago por los servicios proporcionados a los contratos Sitracen y Evergreen”.

Una novela policiaca

Como en una novela policiaca, los encausamientos narran los hechos en los que presuntamente incurrieron O’Shea y sus secuaces.
Conforme a los expedientes jurídicos, los funcionarios de la CFE informaron a O’Shea que los pagos se harían utilizando como intermediario a la Compañía S, al tiempo que O’Shea tenía que autorizar a Maya Basurto y al Conspirador X para hacer llegar el dinero al funcionario J de la CFE. Estas remuneraciones se realizarían con cheques a nombre de varios familiares de J.
Los desembolsos derivados del contrato Evergreen “se acordaron entre O’Shea, Maya Basurto, el Conspirador X y los funcionarios C y N de la CFE”, apuntan los documentos, y agregan: “Los conspiradores (…) establecieron que de manera colectiva los funcionarios de la CFE recibirían aproximadamente 10% de las ganancias percibidas por el contrato Evergreen”.
Con el registro del Departamento de Justicia en el sentido de que el contrato Evergreen generó ganancias de más de 37 millones de dólares a la subsidiaria de ABB, se concluye que los funcionarios C y N de la CFE recibieron por lo menos 3.5 millones de dólares.
En este mismo acuerdo, O’Shea habría pagado “1 millón de dólares” por los servicios de intermediarios que prestaron Maya Basurto y el Conspirador X.
Para encubrir dichas operaciones, “los funcionarios de la CFE se comprometieron a someter recibos y facturas falsos a la subsidiaria de ABB y a nombre de empresas fantasma.
“Maya Basurto fue el encargado de recibir las facturas y recibos falsos de parte del funcionario C de la CFE. Los conspiradores bautizaron a estos recibos con el nombre de ‘Pago de Impuestos del Tercer Mundo’”, indican los documentos.
Para hacer las transferencias de dinero, O’Shea y Maya Basurto mantenían una “nómina” que reflejaba los conceptos de “ganancias” que dieron a “los buenos tipos” de la CFE por el concepto de “Pago de Impuestos del Tercer Mundo”.
Según la investigación, Maya Basurto, bajo la instrucción y supervisión de O’Shea, se encargó de hacer las transferencias electrónicas de bancos mexicanos a cuentas bancarias en Estados Unidos, Alemania y Panamá.
“Por instrucción del funcionario C de la CFE, Maya Basurto envió dinero por medio de transferencias electrónicas a una cuenta en la firma financiera Merrill Lynch. El funcionario C también giro órdenes para que parte de las transferencias se depositaran en una cuenta bancaria a nombre del cuñado del funcionario N”, relatan los encausamientos, los cuales establecen además que, como parte del compromiso con “los buenos tipos”, “Maya Basurto pagó al funcionario C aproximadamente 20 mil dólares en dinero en efectivo”.
La investigación del Departamento de Justicia descubrió que algunos de los pagos a los funcionarios de la CFE se justificaron con facturas falsas a nombre de la Compañía S.
Conforme a los datos manejados, los funcionarios corruptos de la CFE habrían obtenido ganancias de aproximadamente 9% del total del dinero que generaron para la empresa ABB los contratos Sitracen y Evergreen.
De ser declarado culpable, O’Shea podría recibir una sentencia máxima de 20 años de cárcel y el pago de una multa por medio millón de dólares.
El Departamento de Justicia también responsabiliza a O’Shea de la pérdida de 2 millones 30 mil 76 dólares con 76 centavos ocasionada a la empresa ABB y de haber ordenado la distribución de unos 938 mil 436 dólares para corromper a funcionarios de la CFE.
Todo empezó cuando, a mediados de 2004, ABB descubrió las transferencias de dinero a funcionarios de la CFE que, a nombre de la subsidiaria en Texas, ordenaba O’Shea por medio de Maya Basurto. La firma se puso entonces en contacto con el Departamento de Justicia para presentar su denuncia.

ABB informó a México de sobornos en CFE en 2005ABB informó a México de sobornos en CFE en 2005

La trasnacional ABB informó a las autoridades mexicanas de los sobornos a altos funcionarios de CFE en 2005, revela la propia empresa a SDPnoticias.com, poniendo en entredicho la declaración de Alfredo Elías Ayub de que no sabía de los sobornos hasta el 23 de noviembre pasado.
La empresa suiza ABB informó a las autoridades mexicanas en 2005 sobre los sobornos a altos funcionarios para que la trasnacional pudiera obtener la renovación del contrato SITRACEN en octubre de 2003.
Esto fue confirmado a SDPnoticias.com por Diane de Saint Victor, quien habló a nombre de la empresa, luego de que SDPnoticias.com enviara un email a ABB preguntando especificamente cuando fue que notificó a las autoridades mexicanas de los sobornos.
“ABB dio a conocer el asunto a autoridades americanas y mexicanas en 2005. Puesto que aún hay litigios pendientes, confiamos en que entenderán qie no podemos comentar más”, dice la misiva de respuesta a SDPnoticias.com.
Documentos de la corte federal de Estados Unidos en Texas revelaron que tras haber descubierto, en 2004, que el ex-ejecutivo de ABB, John O’Shea, había sobornado a cuatro altos funcionarios de CFE para obtener la renovación del contrato SITRACEN, la trasnacional alertó a las autoridades americanas y mexicanas. Sin embargo, los documentos de la corte no especifican la fecha exacta en la que se alertó a las autoridades mexicanas.
El monto de los sobornos a los cuatro altos funcionarios de CFE asciende a casi un millón de dólares, aunque el acuerdo habría sido usar el 10% de lo que CFE pagara por el contrato para los sobornos, lo cual ascendería a casi 4 millones de dólares en pagos ilícitos a los cuatro altos funcionarios.
El pasado lunes 23 de noviembre el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló el juicio que se sigue contra John O’Shea y el mexicano Fernando Maya Basurto por haber sobornado a altos funcionarios de CFE.
Al siguiente día, 24 de noviembre, el director de CFE, Alfredo Elías Ayub, dijo no haber sabido nada sobre este caso de corrupción en altos niveles de CFE hasta el día anterior. Sin embargo, la confirmación de ABB de que alertó a las autoridades mexicanas en 2005 pone completamente en entredicho a Elías Ayub, ya que el funcionario federal ha sido director de CFE desde 1999 hasta la fecha.
Queda aún la incógnita sobre cual de las autoridades mexicanas supo de estos sobornos y por qué nunca se hizo nada al respecto.
Cabe señalar que los documentos del juicio contra O’Shea dan importantes claves para identificar a los altos funcionarios del gobierno panista que se corrompieron para otorgar el contrato de SITRACEN. Uno de ellos tenía en 2004 un hijo estudiando en una escuela militar en Estados Unidos a la cual pidió que ABB pagara directamente la colegiatura. Además, ABB usó cuentas en México para la transferencia del dinero de los sobornos. Estas cuentas podrían ser identificadas sin problemas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ya que la acusación contra O’Shea también es por lavado de dinero.
También cabe señalar que ningún medio en México, excepto por SDPnoticias.com, se ha atrevido a mencionar el señalamiento en los documentos del caso contra O’Shea que indica que las autoridades mexicanas sabían sobre los sobornos.

FALTA DE ARGUMENTO JURIDICO

El argumento para diferir el amparo fue ligero y falto de argumento jurídico, y no resuelve el problema de la inconstitucionalidad el decreto, en palabras del jurista Roberto Terrazas Salgado el fallo de la juez Guillermina Coutiño responde aun acto arbitrario e irresponsable, pues ahora resulta que no se demuestra la existencia de la relación de Luz y Fuerza del Centro y el Sindicato Mexicano de Electricistas, contradictoria explicación considerando que el decreto establece una absorción por parte de la Comisión Federal de Electricidad la cual tomara todos los bienes y activos de LyF incluyendo a los trabajadores, lo cual establece la figura del patrón substituto por lo cual se interpondrá un recurso de revisión al fallo emitido el dia de hoy.

Sabemos de antemano que la lucha que enfrenta el SME es un enfrentamiento directo a las estructuras de corruptela del Estado mexicano, el conflicto que atravesamos no es un asunto menor y ha generado conflictos de intereses, pues detrás del decreto se encuentran permisos otorgados a la familia Mouriño, a empresarios privados y extranjeros, el intento cínico de la privatización del sector eléctrico, las telecomunicaciones, las triquiñuelas de CFE e IBERDROLA, así como las más de 638 asignaciones a la empresa ABB.

Nuestro Secretario General Martín Esparza Flores aclaro que su condición es firme y contundente , al igual que la de los compañeros, pues los mexicanos ya estamos cansados de la falta de un Estado de derecho, necesitamos restituir el pacto social, somos capaces no solo como smeitas sino como ciudadanos de hacer valer nuestras garantías individuales, las cuales al parecer se han puesto por debajo de los intereses de unos pocos pertenecientes ya sea a la cúpula empresarial o a la elité mexicana que se resiste a dejar sus privilegios tanto económicos como políticos.
Ni un paso a tras compañeros la lucha sigue y se construye día a día, el enemigo a vencer es grande pero nuestro movimiento es enorme y sobre todo invencible.

Audio que explica el fraude en la ABB y CFE.

Excelente audio sobre el fraude en la ABB y la CFE..POR FAVOR DIFUNDANLO, ya que como hemos visto, los medios serviles no lo van a hacer ni de chiste.

Mil 430 millones de pesos y 338 contratos para una sola empresa, parte de la telaraña que envuelve a la CFE

México SA

Mil 430 millones de pesos y 338 contratos para una sola empresa, parte de la telaraña que envuelve a la CFE

Carlos Fernández-Vega

En la Comisión Federal de Electricidad viven plácidamente porque, de acuerdo con la versión oficial, nadie sabe, nadie supo de probables actos de corrupción en la empresa pública, y mucho menos de contratos firmados en años lejanos” por funcionarios distintos a los actuales, uno de ellos hoy miembro del consejo de administración de Petróleos Mexicanos. Aun así, la paraestatal informó que ya hizo la petición a la Procuraduría General de la República para que investigue lo relativo a presuntos sobornos para la adjudicación de jugosos contratos con la autodenominada “empresa de clase mundial”.
Menos plácido y, por lo visto, más activo, resultó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que destapó “una conspiración de sobornos y corrupción con funcionarios de México en torno a contratos multimillonarios de la Comisión Federal de Electricidad”, y de entrada arrestó a dos empresarios (uno mexicano, otro estadunidense) relacionados con esta lucrativa acción, que podría involucrar algo así como 3 mil millones de dólares, de acuerdo con las estimaciones de los fiscales que promueven el caso en los tribunales del vecino del norte.
David Brooks, corresponsal de La Jornada en Estados Unidos, documentó (24 de noviembre) que “la acusación alega que una empresa en Texas administrada por (el empresario estadunidense) John Joseph O’Shea –subsidiaria de una compañía suiza– primero contrató a una firma mexicana para funcionar como su representante de ventas en su trato con la CFE. La empresa en Texas –dedicada a otorgar servicios y productos para administración de redes en la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica– recibió múltiples contratos de la Comisión Federal de Electricidad para ‘bienes y servicios’ relacionados con la red eléctrica… (el empresario mexicano) Fernando Maya Basurto se declaró culpable la semana pasada ante un tribunal federal en Houston, reconociendo su papel en la conspiración para sobornar a funcionarios de la paraestatal mexicana, consistente en manejar, lavar y trasladar los fondos ilícitos, y ahora coopera con el Departamento de Justicia en la investigación… Los pagos a los funcionarios mexicanos tuvieron diversos nombres, entre ellos ‘pagos a los buenos tipos’ (good guys) o ‘impuestos de tercer mundo’, detalla la acusación formal. En algunos casos, los pagos se depositaban en cuentas de familiares de los funcionarios de la CFE”.
En la parte medular de su información, Brooks subraya que “aunque la acusación formal, copia de la cual fue revisada por La Jornada, no identifica por nombre a las empresas privadas involucradas, la compañía matriz en Suiza ha sido identificada como ABB, dedicada a la ingeniería eléctrica en varias partes del mundo, según el Houston Chronicle”. En efecto, ABB Group es una trasnacional suiza, con sede en Zurich, y presencia activa en más de 100 países de los cinco continentes, entre ellos México, obviamente, con oficinas en cuando menos Ciudad del Carmen, Campeche; Coatzacoalcos y el puerto jarocho, Veracruz; Monterrey, Nuevo León; Naucalpan, su cuartel central, estado de México; San Luis Potosí, SLP; Tampico, Tamaulipas; Torreón, Coahuila; Villahermosa, Tabasco, y Zapopan, Jalisco, y opera en el país desde 1928, de acuerdo con su propia información.
David Brooks apunta que “ABB, la empresa matriz suiza, informó en un comunicado que O’Shea fue cesado en 2004. Los fiscales afirman que después de eso trabajó con funcionarios de la CFE en un intento por encubrir todo el negocio ilícito, reportó Forbes.com. La CFE ha sido un ‘cliente lucrativo’ para ABB, informó Forbes, indicando que el caso podría provocar problemas para la casa bursátil Merril Lynch, ahora parte del Bank of America, ya que, según los fiscales, O’Shea y otros trasladaron los fondos ilícitos a través de una cuenta en esa firma. La acusación formal hace referencia a cuatro ‘funcionarios’ de la CFE a quienes sólo se menciona con letras (N, J, C y G) como parte de la conspiración. Además incluye a cinco individuos y empresas en México que tampoco son identificados más allá de una letra, los cuales también son participantes en la conspiración… ABB, la empresa matriz suiza, informó en un comunicado que O’Shea fue cesado en 2004. Los fiscales afirman que después de eso trabajó con funcionarios de la CFE en un intento por encubrir todo el negocio ilícito, reportó Forbes.com”.
Ése es el relato documentado y la enorme telaraña (negocios, casas bursátiles, bancos, empresas fantasma, empresarios, funcionarios, paraestatal, corrupción y, obvio es, recursos de la nación) que hasta el momento han puesto al descubierto las investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, mientras en la CFE sus funcionarios aseguran que nadie sabe, nadie supo –por mucho que estén están obligados a ello–, toda vez que “los contratos se firmaron en 1997, dos años antes” de la llegada del nuevo director, Alfredo Elías Ayub, quien acumula una década en el puesto, aunque posteriormente se conoció que dichos contratos no sólo se ratificaron, sino que adquirieron carácter de multianuales a partir de 2003.
Pues bien, puede ser casualidad, aunque demasiada para ser coincidencia, pero de acuerdo con información de la propia Comisión Federal de Electricidad (divulgada no por su gracia y espíritu de transparencia, sino por medio del IFAI), sólo del 28 de diciembre de 2005 al 29 de octubre de 2009 la trasnacional ABB (la citada por Forbes y el Houston Chronicle, aquí llamada “de México”) obtuvo 338 contratos de la paraestatal a cargo de Elías Ayub, de los que 189 (56 por ciento del total) han sido producto de adjudicación directa, es decir, sin mayor estorbo y por decisión unilateral de la directiva de la CFE. Por “invitación a tres personas” dicha trasnacional se adjudicó 16 más; por licitación (nacional y extranjera) 59, y por la figura de “otros”, 74 adicionales.
Trescientos treinta y ocho contratos, por un monto global superior a mil 430 millones de pesos, son demasiados, y mucho el dinero implicado, como para decir que nadie sabe, nadie supo, porque en la Comisión Federal de Electricidad tendrían que recordarlo sólo por el trabajo de oficina y las firmas que implican; esos 338 contratos en casi cuatro años arrojan un promedio de uno cada 4.3 días, y si ese ritmo no provoca la memoria en la paraestatal, entonces qué.
Mil 430 millones de pesos y 338 contratos para una sola empresa, ABB, son los que se han documentado, y pueden ser un buen inicio para reactivar la memoria en la CFE.
Las rebanadas del pastel
Un apretado abrazo, con su respectiva felicitación, a todo el equipo de La Jornada Aguascalientes, con Jorge Alvarez Máynez a la cabeza, por su primer aniversario. ¡Salud!
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Gobierno mexicano sabía de los sobornos a funcionarios de CFE

Documentos de la corte federal de Estados Unidos en poder de SDPnoticias.com revelan que las autoridades mexicanas sabían de los sobornos de la empresa ABB a cuatro altos funcionarios de CFE para la renovación del contrato SITRACEN y sin embargo nunca hicieron nada al respecto. CFE declaró la semana pasada no saber de los sobornos hasta el lunes 23 de noviembre pese a que los documentos en poder del Departamento de Justicia de Estados Unidos lo desmienten.

SDP Noticias

El gobierno federal panista sabía de los sobornos que recibieron altos funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad por parte de la empresa suiza ABB para obtener la renovación de un contrato multimillonario, señalan documentos de una corte federal de Texas de los cuales SDPnoticias.com tiene copia.
Estos documentos, fechados el 16 de noviembre de 2009, fueron dados a conocer por el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos y se encuentran disponibles en su sitio de internet.
Los documentos pueden consultarse en el sitio de internet del Departamento de Justicia de Estados Unidos en las direcciones http://www.justice.gov/criminal/pr/press_releases/2009/11/11-16oshea-indict.pdf y http://www.justice.gov/criminal/pr/press_releases/2009/11/11-23-09basurto-information.pdf
El documento del juicio contra John O’Shea y de la admisión de culpabilidad de Fernando Maya Basurto, quienes son acusados por las autoridades de Estados Unidos por los sobornos, señalan que después de que O’Shea fue despedido de ABB, cuando la empresa se enteró de los actos de corrupción, ABB informó no sólo al Departamento de Justicia de Estados Unidos y a la Comisión de Intercambio de Seguridades (SEC), sino también a las autoridades mexicanas.
La página 14 del documento del juicio de O’Shea señala de manera textual que O’Shea, Maya Basurto y tres funcionarios de CFE “iniciaron una tapadera para ocultar la naturaleza ilegal de estos pagos (los sobornos) y continuarían sus conductas obstructivas después de saber que la Corporación “A” (ABB) dio a conocer la sospecha de los pagos corruptos… al Departamento de Justicia, la División de Aplicación de la Comisión de Intercambio de Seguridades y las autoridades mexicanas.”
El despido de O’Shea ocurrió en agosto de 2004. Los documentos de la corte americana señalan que O’Shea y Maya Basurto, así como los propios funcionarios de la CFE, operaron para tapar las actividades de corrupción en las que participaron aún a sabiendas de que se había alertado a las autoridades de ambos paises entre finales de 2004 y por lo menos hasta marzo de 2005.
Se estima que en total cerca de un millón de dólares fueron pagados por O’Shea y Maya Basurto a los funcionarios de CFE por la renovación del contrato con la paraestatal.
Maya Basurto fue arrestado en abril de 2009, por lo cual se deduce que las autoridades mexicanas fueron alertadas de los sobornos entre agosto de 2004 y abril de 2009.
Esto contradice la versión oficial de la Comisión Federal de Electricidad, espeficicamente de su director, Alfredo Elías Ayub, que asegura que nunca tuvieron conocimiento de las actividades ilícitas hasta el pasado lunes 23 de noviembre, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló la investigación en ese país por los sobornos.
Los documentos de la corte revelan a detalle la manera en la que se realizaron los sobornos, cuantos altos funcionarios de CFE participaron, incluyendo miembros de las familias de dos de ellos, en qué usaron parte del dinero y cómo conspiraron para tapar los actos de corrupción ante las autoridades.
OFICIALES “N”, “J”, “C” y “G”
Son cuatro los altos funcionarios de CFE “en posición de influenciar los contratos” con ABB que fueron sobornados por O’Shea y Maya Basurto de acuerdo con los documentos de la corte. No se les identifica por nombre, sino como “oficiales ‘N’, ‘J’, ‘C’ y ‘G’”
La página 10 del documento con la acusación contra O’Shea revela que fueron los funcionarios de CFE los que pidieron los pagos corruptos para que ABB pudiera recibir la renovación del contrato de SITRACEN, el cual tuvo ganancias de 81 millones de dólares para ABB. 10% de las ganancias de la renovación del contrato se usarían para los sobornos.
Los pagos de ABB se canalizaron mediante Maya Basurto y algunos de sus familiares, quienes a su vez le dieron los pagos por medio de transferencias bancarias al “oficial J” de CFE.
Dos de los funcionarios de CFE, “oficiales N y C”, se reunieron en persona con O’Shea y Maya Basurto para discutir la manera en la que se les darían los sobornos para asegurar que la renovación del contrato, conocida como “Contrato Evergreen” tuviera términos favorables para una de las empresas involucradas.
“LOS CHICOS BUENOS”
A los sobornos, revelan los documentos, se les llamó “extra para los amigos que manejamos”, como pagos para “Los Chicos Buenos” (“The Good Guys”), y como “impuesto para el tercer mundo”.
Para justificar estos sobornos ante ABB, los oficiales de CFE fabricaron facturas falsas por supuestos servicios de mantenimiento.
LOS SOBORNOS
Por instrucciones del “oficial C” de CFE, Maya Basurto transferiría el dinero de los sobornos a una cuenta de Merrill Lynch. Luego el “oficial C” transferiría los fondos de esa cuenta al yerno del “oficial N” y al hermano del “oficial C”. Este último funcionario además recibiría aproximadamente 20 mil dólares en efectivo.
Varios de los sobornos pagados por O’Shea y Maya Basurto a los funcionarios de CFE por la renovación del contrato Evergreen ocurrieron entre el 20 de febrero y marzo de 2004, siendo Vicente Fox presidente de la Repúbliuca, FelipeCalderón secretario de energia, y Alfredo Elías Ayub director de la CFE. Pero continuaron hasta octubre de ese año.
Estos pagos se hicieron en cantidades de entre 22 mil 500 mil y 327 mil dólares mediante transferencias a distintas cuentas de banco en Estados Unidos, México y Alemania. Cabe mencionar que las autoridades alemanas, de acuerdo con reportes de prensa, están colaborando con el gobierno de Estados Unidos en esta investigación.
Los documentos señalan que quien pidió que se hiciera una transferencia de 50 mil 800 dólares a la cuenta en alemania, por medio de una factura falsa, fue el “oficial C” de CFE. La cuenta en alemania recibió en total más de un cuarto de millón de dólares el primero de abril y el 3 de junio de 2004.
También a petición del “oficial C” de CFE se hicieron transferencias por más de 400 mil dólares a una cuenta bancaria en México, de una empresa mexicana que sirvió como intermediaria para estos actos de corrupción, el 8 de marzo y el 3 de junio de 2004. Esto tendría que ser investigado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Además, en las fechas febrero 26, mayo 21 y octubre 14 de 2004 se hicieron transferencias por más de 100 mil dólares de una cuenta de Merrill Lynch en Estados Unidos a otro cuenta a nombre del yerno del “oficial N” de CFE. De la misma cuenta se transfirieron otros 2 mil dólares a una cuenta del hermano del “oficial C” de CFE.
LA ESCUELA MILITAR
El documento del juicio contra O’Shea revela un dato muy específico sobre uno de los funcionarios de CFE que recibieron sobornos que podría revelar su identidad: algunos de los pagos que hizo ABB para sobornar a los funcionarios de CFE fueron usados para pagar la escuela militar a la que asistía un hijo del “oficial N” en Estados Unidos.
Es decir, uno de los involucrados, el “oficial N” de CFE, tenía a su hijo estudiando en una escuela militar de Estados Unidos por lo menos en 2004.
En total ABB pagó cerca de 30 mil dólares para la colegiatura del hijo del “oficial N” en la escuela militar de Estados Unidos.
LA TAPADERA
Las actividades de O’Shea y Maya Basurto, con la participación de los funcionarios de la CFE, para tapar los hechos de corrupción, iniciario el 23 de octubre de 2004.
Entre lo que hicieron los funcionarios de la CFE se incluye la falsificación de correspondencia para mostrar una historia falsa de la relación comercial entre ABB y los intermediarios que participaron en los sobornos.
La firma del “oficial G” de CFE se encuentra en uno de los documentos falsificados.
Además crearon documentos falsos con la ayuda de los “oficiales C y G” plagiando estudios de CFE hechos por un asesor externo para hacerlos aparecer como si hubieran sido hechos por una de las empresas intermediarias. Esto ocurrió el 5 de marzo de 2005.
Por si fuera poco, el “oficial C” y otros crearon documentos falsos para disfrazar los pagos a la cuenta de Merrill Lynch como parte de una inversión en bienes raices.
Estas actividades continuaron por lo menos hasta abril de 2005. En ese entonces el abogado de O’Shea ya le advirtio que use email privado como yahoo para comunicarse.
Hasta el momento la CFE no ha revelado los nombres de los funcionarios involucrados alegando que no tenía conocimiento de lo ocurrido hasta el 23 de noviembre pasado. Sin embargo, como se mencionó, los documentos de la corte federal de Estados Unidos desmienten la versión de que las autoridades mexicanas desconocían estos hechos, ya que fue la propia ABB quien lo informó luego de despedir a O’Shea.
ASESINATO
El 12 de octubre de 2009 fue asesinada a balazos al salir de su domicilio para llevar a su hija a la escuela, Amelia Ávila Vázquez, jefa del Departamento Jurídico de la CFE, división Centro-Sur.
De acuerdo con familiares de Ávila Vázquez, la funcionaria había recibido amenazas de muerte por anunciar que denunciaría penalmente por un gran fraude detectado en CFE.
De acuerdo con una denuncia pública del Sindicato Mexicano de Electricistas hecha la semana pasada, el fraude que denunciaría Ávila tendría que ver con la licitación 18164093-043-07 de CFE a una obra que ABB realizaría en el Estado de México por un monto de casi 16 millones de dólares.
Se desconoce aún si el fraude que denunciaría Ávila Vázquez es el mismo por el cual se arrestó a O’Shea y a Maya Basurto. De ser así, la CFE se podría ver envuelta en un escándalo muy fuerte, siendo que ABB denunció los sobornos a las autoridades de Estados Unidos y O’Shea y Maya Basurto ya estaban presos.

“Chicos buenos” o “Impuestos de Tercer Mundo”, red de corrupción en CFE

Ciudad de México, 26 de Noviembre.- “Chicos buenos” o “Impuestos de Tercer Mundo” es el nombre como aparecían en la lista los cuatro funcionarios mexicanos de la Comisión Federal de Electricidad que presuntamente recibieron dinero a cambio de otorgar contratos sin licitación a una empresa subsidiaria de Suiza denominada ABB con sede en Texas.
De acuerdo al expediente que abrió el FBI contra las dos personas que presuntamente sobornaron a los servidores públicos de la mencionada empresa mexicana, Fernando Maya Basurto y Juan José O´Shea en poder de Radio Trece Noticias, se establece que el contrato inicial entre ambas partes: ABB y Comisión Federal de Electricidad comenzó en 1997 durante la administración de Rogelio Gasca Neri.
El primero de muchos convenios fue firmado en Diciembre de 1997, Comisión Federal de Electricidad otorgo a la empresa subsidiaria de Suiza con sede en Texas un contrato por 44 millones de dólares denominado SITRACEN.
El propósito de este contrato era el de mejorar la columna vertebral del sistema de red eléctrica de México, mismo que fue renovado en Octubre de 2003 con duración indeterminada, adjudicación que genero más de 37 millones de dólares en ingresos para los Negocios de Texas.
Sin embargo, este contrato llamado SITRACEN se logro gracias a los presuntos sobornos que otorgaron Fernando Maya Basurto y Juan José O´Shea a los cuatro funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad.
Transferencias que iban desde los 30 mil hasta los 327 mil dólares depositados en el Banco Merrill Lynch, Bancos de Alemania, Estados Unidos de América y México.
El expediente criminal de Fernando Maya Basurto detenido en abril de este año en Dallas, Texas en poder de Radio Trece Noticias se asegura que los presuntos sobornos a los cuatro funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad se realizaron a través de diversos depósitos bancarios que realizo Juan José O´Shea, Gerente General de Texas a Fernando Maya Basurto.
Las transferencias bancarias reportadas en el expediente criminal de Fernando Maya Basurto en poder de Radio Trece Noticias son las siguientes: El 17 de Febrero del 2004 se deposito a la familia de Fernando Maya Basurto en seis cuentas diferentes de Bancos americanos y alemanes 181 mil 750 dólares.
El 13 de Mayo del 2004 se deposito 42 mil 343 dólares; el 27 de Septiembre de ese mismo año se transfirieron 42 mil 342 dólares; el 20 de Febrero del 2004 se depositaron 45 mil dólares; en Febrero 23, se transfirieron otros 90 mil dólares; en Mayo 14, se depositaron 30 mil 831 dólares; el cuatro de Octubre del 2004 se transfirieron 31 mil 750 dólares.
El 26 de febrero del 2004 se depositaron, 68 mil 159 dólares; el 21 de Mayo de ese mismo año se transfirieron 15 mil 878 dólares y el 14 de Octubre se depositaron otros 15 mil 875 dólares.
De igual manera en Marzo 8 del 2004 se depositaron 327 mil dólares; en Junio 3 se transfirieron 76 mil 200 dólares; el primero de Abril del 2004 se depositaron 218 mil dólares y en Junio 3 de ese mismo año se transfirieron 50 mil 800 dólares.
De acuerdo a las investigaciones realizadas por el FBI se indica que la justificación de estos recursos otorgados a los “Chicos Buenos” o “Impuestos de Tercer Mundo” se lograba presuntamente a través de facturas falsas que presentaban los cuatro funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad a Fernando Maya Basurto para que Juan José O´Shea, Gerente de Texas solicitara el pago a la Subsidiaria de Suiza ABB por servicios realizados a la empresa mexicana autollamada de “Clase Mundial”.
Bogdan Castillo, reportero
Fuente: Radio Trece