El artículo 24

Luis Javier Garrido

La contrarreforma constitucional en materia de cultos que se pretende aprobar en México es violatoria de los derechos humanos, no puede ocultar su carácter como un atentado a la libertad de creencias y constituye por lo mismo un retroceso histórico gravísimo, por mucho que busquen disimularlo políticos y abogados vinculados a los intereses financieros y políticos del clero católico tergiversando su sentido.

1. La contrarreforma al artículo 24, impulsada por Felipe Calderón y aprobada por la Cámara de Diputados en un albazo el 14 de diciembre, antes de pasar el año próximo conforme al 135 al Senado y a las legislaturas locales, constituye en efecto un intento por terminar con el Estado laico en México pues legaliza la pretensión de la Iglesia católica de apoderarse de plazas y calles, de los medios de radiodifusión y de las escuelas públicas, de ahí el júbilo desbordante de su jerarquía expresado el viernes 16.

2. El objetivo de la contrarreforma es muy claro, y a nadie se ha ocultado que tras la frasecita tanto en público como en privado se satisface la pretensión histórica de la Iglesia católica de legalizar el culto religioso fuera de los templos (en avenidas y plazas públicas), poder contar con un canal de televisión y establecer la educación religiosa en las escuelas públicas, en lo que se está entendiendo es un golpe definitivo al Estado laico, alguna vez aspiración de los mejores hombres del país.

3. En vistas a las elecciones de 2012, el arreglo de Calderón con el Vaticano es muy obvio: garantizar el respaldo de la Iglesia a su candidato. La visita del papa Benedicto XVI a Cuba y a México, antes de la Pascua de 2012, en plena campaña electoral, para llevar a cabo actos de culto público en Guanajuato –escenario de la Guerra Cristera desatada en los años 20 por el clero para defender sus privilegios, y probablemente en el cerro del Cubilete–, anunciada días atrás, es de carácter político pues el antiguo miembro de las SS hitlerianas busca en Cuba criticar al régimen revolucionario y en México tener un impacto mediático como el logrado por su antecesor Juan Pablo II en 1979, 1990, 1993, 1999 y 2002 con un mensaje también de carácter político.

4. La mecánica de lo que se está haciendo es muy burda, pues se modificó primero la ley reglamentaria, para consignar como posible lo que el texto de la Constitución prohibía y ahora éste se cambia conforme a lo que era una ley anticonstitucional, que le da a la jerarquía católica, con todo su poderío económico y material, y su alianza histórica de carácter mafioso con el calderonismo, la posibilidad de imponerse propagandísticamente afuera de los templos, lo que no querían más los hombres de la Reforma, atentando así contra la libertad de creencias en México.

5. La responsabilidad por esta regresión sorprende no en el caso del PAN, que es ya desde 2006 un partido golpista, y que con Fox y Calderón, al abandonar el legado histórico de Manuel Gómez Morín, se volvió un partido pro estadunidense y sometido al Pentágono, clerical, y fascista, defensor de las multinacionales y contrario a los derechos del pueblo mexicano, sino en quienes traicionando los principios de su partido le han servido de cómplices en este atentado histórico, el PRI y los chuchos del PRD, sin quienes esta contrarreforma no pasaría.

6. Enrique Peña Nieto no puede ser moralmente presidente de México, no por no haber leído a un escritor a fin de cuentas mediocre y oportunista como Carlos Fuentes (que lo mismo apoyó a Luis Echeverría que a los panistas), sino por haber contribuido a hacer del PRI un partido comparsa del PAN, traicionando los principios partidistas, y que en este sexenio ha respaldado de igual manera la cesión de facultades del Estado mexicano a Washington, la entrega de Pemex a las trasnacionales y la claudicación frente a todos los poderes fácticos, incluyendo a la Iglesia católica, que tiene ahora la posibilidad de retornar al marco jurídico de principios del XIX.

7. La decisión de los chuchos del PRD es a su vez patética, pues decepcionados por no haber podido hacer candidato presidencial a su hombre de confianza Marcelo Ebrard, y traicionando no se diga a los principios de su partido sino al pueblo mexicano, a cambio de hacer presidente de la Cámara de Diputados por unas cuantas semanas a un hombre sin principios como Guadalupe Acosta Naranjo, se suman una vez más al carro del calderonismo con el que tienen una alianza estratégica.

8. Al analizar el primer intento de reforma, llevado a cabo por Valentín Gómez Farías en 1833, Jesús Reyes Heroles, otrora considerado ideólogo del PRI –y a quien no han leído ni Peña Nieto ni los chuchos perrredistas–, explica cómo existía en México una Iglesia que era Estado, y un Estado que era Iglesia. El periodo de la Reforma, que costó a México más de medio siglo de guerras civiles, culminó con la derrota del Partido Conservador y la expedición de las Leyes de Reforma (1855-1863), aprobadas durante los gobiernos de Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Benito Juárez, y consignadas después en los artículos 24 y 130 de la Constitución de 1917, que buscaron establecer una separación Estado-Iglesia y consignar la libertad de creencias como garantía fundamental. Esta legislación no restringió derecho alguno de la Iglesia sino que defendió los derechos de los mexicanos terminando con los privilegios que tenía la jerarquía al realizar funciones del Estado, de tal suerte que el propio Maximiliano decidió mantenerla, lo que lo sitúa a la izquierda de personajes tan sórdidos como los que hoy buscan terminar de destruirla.

9. Los privilegios de que gozan los gobernantes mexicanos en el Vaticano, habría que interrogarse, ¿no derivan acaso de una negociación para obtener beneficios privados a cambio de concesiones de Estado? El papado se opuso en un tiempo a divorciar a los jefes de Estado a cambio de recibir prerrogativas, y así Clemente VII se negó a divorciar a Enrique VIII de Inglaterrra de Catalina de Aragón en 1532 arriesgando el cisma de la Iglesia anglicana, pero con los mexicanos las cosas han sido muy distintas, y nadie se pregunta por qué Juan Pablo II, transgrediendo el derecho canónico y los dogmas de su Iglesia, anuló el matrimonio de más de 40 años de Vicente Fox en 2008 y el de Marthita Sahagún poco después, y Benedicto XVI hizo lo propio con La Gaviota para que pudiera casarse por la Iglesia católica romana con Enrique Peña Nieto.

10. Los programas neoliberales impuestos a México por el capital trasnacional con la complicidad tanto de los tecnócratas salinistas del PRI como de los panistas (y ahora de los chuchos perredistas) no tienden a modernizar a México sino a regresarlo la ley de la selva que prevalecía en el siglo XIX. Las contrarreformas a los artículos 3, 24, 27 y 130 de Salinas de Gortari en 1992 y ahora la pretensión de Felipe Calderón en 2011-2012 de liquidar el 24, no buscan modernizar las relaciones Estado-Iglesia sino retrotraerlas a lo que eran antes de la Reforma, tratando de borrar más de un siglo de luchas del pueblo mexicano, y cualquier exigencia de ¡Ya basta! no parece ser suficiente sino que urge una movilización popular más decidida.

CONVOCATORIA a MOVILIZARSE...

SE CONVOCA a todos y a todas, este martes, 9 de agosto, a las 8:00 A.M en la Cámara de Diputados, a rechazar la LEY de SEGURIDAD NACIONAL.

La traición

Luis Javier Garrido

La aprobación de la nueva legislación sobre seguridad nacional, impulsada desde Los Pinos, sería un acto de traición a México y a los mexicanos; de ahí la viva oposición a este engendro seudojurídico.

1. La decisión de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados de aprobar en lo general el martes 2, en un verdadero albazo, el proyecto de ley fascistoide de seguridad nacional que les fue remitido por el Senado, pasando por sobre las impugnaciones y señalamientos de las últimas semanas, constituye un verdadero desafío a la comunidad nacional e internacional, que había hecho severos señalamientos sobre el carácter totalitario de dicha legislación, que a fin de legitimar la supuesta guerra de Washington y de Calderón “contra el narco” mexicano pretende legitimar la función policial de las fuerzas armadas y crear un marco de permisividad para que el Ejecutivo y los cuerpos militares pasen por sobre los derechos fundamentales de los mexicanos.

2. La nueva legislación totalitaria la vislumbra la mafia en el poder como una garantía de la seguridad de sus intereses después de 2012, de ahí que no haya causado estupor el que la hayan aprobado legisladores del PRI, del PAN y del PVEM y los chuchos del PRD coludidos abiertamente con Los Pinos, con la sola oposición de legisladores del PT.

3. Un cuerpo legal debe entenderse, antes que por sus disposiciones secundarias –por muy graves que sean–, por el objetivo fundamental que persigue, y el de este mamotreto seudolegal, que ha sido descalificado por los juristas más eminentes del país y del extranjero, es más que evidente: pretende hacer legal la función policial y de Ministerio Público de las fuerzas armadas, lo que está terminantemente prohibido por la Constitución en sus artículos 21 y 129 y descalificado por la teoría, por el derecho penal internacional y por múltiples acuerdos y convenios internacionales, pues da a los cuerpos militares mexicanos, que en los hechos se hallan ya sometidos a las agencias policiales estadunidenses, la vía libre para intervenir en todo el territorio, pasando por sobre la autonomía de estados y municipios y los derechos de las personas.

4. Esta ley urdida por la extrema derecha mexicana no se oculta que busca amarrar las políticas del nuevo gobierno luego de 2012, al dar aliento y sustento por un largo periodo a la “guerra contra el narco”, que ya se sabe es contra el pueblo, alentando al sector más duro de las fuerzas armadas a actuar con impunidad, y allanando aún más el camino para la intervención estadunidense en México; de ahí su gravedad.

5. Las amenazas de esta iniciativa para la integridad de la nación y los derechos de los mexicanos fueron avistadas desde 2010 en que Felipe Calderón la envió al Senado, y suscitaron la oposición de múltiples analistas, de eminentes juristas, de instancias internacionales, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de un sinnúmero de agrupaciones defensoras de los derechos humanos y del movimiento encabezado por el escritor Javier Sicilia, que en su encuentro de Chapultepec con los legisladores hizo suyo el reclamo de que se enviara al basurero de la historia. México está al borde de una represión sistematizada si se sigue por esta pendiente y está en riesgo de vivir una situación similar a la del cono sur en los años 70 y 80, advirtió a su vez Amnistía Internacional el primero de agosto en Madrid.

6. La afirmación hecha a la defensiva y casi al unísono el día 3 por las legisladoras Beatriz Paredes (PRI) y Josefina Vázquez Mota (PAN) ante las acusaciones ese mismo día de Javier Sicilia de haber traicionado a los mexicanos, diciendo que sólo se le aprobó en lo general y pretendiendo que al no haberse discutido en lo particular aún puede cambiarse, es por lo tanto un absurdo, que sólo muestra la tontería y la perversidad de ambas, y constituye una burla a los mexicanos. La ley que se impugna se ha rechazado en su conjunto porque su objetivo fundamental es legalizar el principio aberrante de la actuación policial de las fuerzas armadas, y no se trata de ninguna manera de avalar esta barbaridad para, en lo particular, buscar sólo suavizarla. La exigencia de que las fuerzas armadas regresen cuanto antes a sus cuarteles, y se respete el orden constitucional, no es negociable.

7. En un régimen constitucional de derecho no es admisible que se reglamenten, pretendiendo suavizarlos, principios aberrantes, y esa es la lógica con la que el poder panista busca que actúen los opositores: se puede transigir, se les está diciendo, en lo secundario; en lo fundamental, no. El 12 de julio la Suprema Corte pretendió con un fallo reglamentar el aberrante fuero militar, cuando lo que debió hacer es pronunciarse en contra de esa prerrogativa anacrónica conforme a los tratados suscritos por México, y ahora se quiere que se reglamente la aberrante participación policiaca de los militares, y con eso se dé por satisfecha la inconformidad social.

8. El error fundamental del movimiento de Sicilia es haber visto el sufrimiento de la víctimas de la violencia de Calderón pero no haber entendido las dimensiones ni la perversión de sus políticas, que son contra la nación. La “guerra contra el narco”, que no lo es, constituye una estrategia del capital multinacional y de Washington para adueñarse por completo del país, y Calderón es sólo un pelele de dichos intereses, por lo que él y los panistas criminales no van a dar marcha atrás con besuconeos y escapularios, sino mediante una vigorosa movilización social; de ahí la burla de que fue objeto el escritor.

9. La ley en proceso de aprobarse abriría también de manera más amplia la vía para que las agencias de Washington puedan, a través de la Marina y del Ejército mexicanos, cuerpos ya sometidos a ellas, intervenir más libremente con base en la Iniciativa Mérida, sobre todo ahora que Calderón autorizó a Washington incrementar su personal policiaco-militar en territorio mexicano, y ha aceptado que opere cada vez más libremente desde su búnker de Reforma 265 (Proceso 1812). De ahí la decisión del Senado estadunidense de ratificar de volada el mismo martes 2 al nuevo embajador Earl Anthony Wayne, experto en asuntos militares traído desde Afganistán, que viene no para recomponer ninguna relación (que no está descompuesta), sino para llenar el vacío de poder existente en México en lo relativo a la seguridad nacional (de Estados Unidos, naturalmente).

10. La “guerra contra el narco” es crucial para los intereses oligárquicos que dominan México, y la contrarreforma de seguridad nacional se ha tornado, desde su lógica perversa, indispensable para mantener el escenario de violencia en el que tienen hundido al país, por lo que ante el riesgo gravísimo de que el Congreso la apruebe es urgente una mayor movilización nacional, reiterando una y otra vez a Calderón y a sus aliados que: ¡Ya basta!

La reforma política

Sicilia, ha sido enganado por la mafia -cosa nostra-

John M. Ackerman

Se equivocan quienes han convertido la llamada reforma política en una bandera de lucha de las causas progresistas. La Cámara de Diputados cometería un grave error si avala sin modificaciones lo aprobado por el Senado en esa materia. Los diputados primero tendrían que debatir a fondo las propuestas para incorporar los ajustes necesarios para convertir el documento en una verdadera propuesta para el cambio social.

Javier Sicilia y el pequeño grupo de jóvenes que el miércoles pasado asistió a la Comisión Permanente pecan de soberbia: “No venimos a pedirles, sino a exigirles que aprueben la reforma política. Si tienen que convocar a un periodo extraordinario o trabajar horas extras es su problema: la aprueban, es un mandato ciudadano… Apruébenla como se las mandó el Senado”. Los manifestantes demuestran un preocupante desconocimiento de los procesos democráticos al erigirse en representantes de un inexistente mandato ciudadano y exigir que en lugar de discutir las reformas los diputados se comporten como meros levantadedos.

En febrero de 2010, un grupo de intelectuales y ex funcionarios públicos encabezado por Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Federico Reyes Heroles ya había utilizado una estrategia similar para defender la propuesta de reforma política de Felipe Calderón. Su polémico desplegado titulado “‘No’ a la generación del ‘No’” se inició con la misma orden sorda de cancelar el debate democrático: Amigos legisladores: aprueben las reformas. No hay nada más que discutir, hay que votar y punto, aclaraban los organizadores en múltiples entrevistas.

En septiembre de 2007, los principales medios de comunicación también tomaron el Senado para obligar a los representantes populares a modificar la redacción de la reforma electoral. En aquel encuentro histórico, Pedro Ferriz articuló un discurso similar al que hoy presenta Sicilia: No creo que vengamos a dialogar con ustedes; venimos a reaccionar de ustedes.

La propuesta de candidaturas independientes del Senado aseguraría una mayor dominación de los poderes fácticos y los intereses particulares sobre la política nacional. No hay duda de que los partidos políticos hoy se han convertido en mafias cerradas que no rinden cuentas a absolutamente nadie. Pero la idea que un ciudadano sin estructura partidista, y con fuertes patrocinadores del sector privado, sería un candidato más cercano a la población no es más que un espejismo.

El que paga manda, reza el sabio dicho popular, y estos candidatos tendrán que recibir grandes cantidades de dinero para poder desarrollar una campaña viable. Algunos ejemplos recientes incluyen la no-candidatura presidencial del Doctor Simi en 2006 y la candidatura presidencial de Ross Perot en Estados Unidos en 1992 y 1996.

Las candidaturas no-partidistas a escala municipal o estatal presentarían menos problemas por la cantidad de recursos que se requieren. Pero a escala federal, y sobre todo para una elección presidencial, estas candidaturas darían el pretexto perfecto para burlar los controles sobre el financiamiento privado. Una eventual reforma en la materia tendría que diferenciar con mucho cuidado entre los diferentes ámbitos de gobierno, así como fijar límites tajantes a escala constitucional para el financiamiento electoral.

Asimismo, es falso que exista un mandato ciudadano para Sicilia en esta materia, dado que la propuesta de candidaturas independientes fue explícitamente rechazada por el Pacto de Ciudad Juárez, del pasado 10 de junio. Con mucha razón, los participantes en la mesa 6 del encuentro decidieron dejar fuera estas candidaturas y prefirieron apoyar otras figuras como el plebiscito, el referendo y la revocación de mandato, así como la democratización de los medios de comunicación, todas excluidas de la minuta del Senado.

La propuesta del Senado sobre la relección legislativa cuenta con problemas similares. Teóricamente, un diputado o un senador que pueda ser relecto inmediatamente para el mismo cargo tendría incentivos para independizarse de las cúpulas partidistas y acercarse a la ciudadanía, ya que los electores serían los que decidirían su permanencia en el cargo. Sin embargo, el documento del Senado incluye la relección inmediata también para los diputados y senadores plurinominales, nombrados por los partidos, otorgando así aún más poder a los dirigentes partidistas, ya que el botín que controlan sería más jugoso.

La relección también implica serios problemas en materia de fiscalización y equidad de las campañas electorales. El artículo 134 de la Constitución prohíbe explícitamente la utilización de recursos públicos para promover las candidaturas de los funcionarios públicos. Sería casi imposible mantener esta importante prohibición si todos los legisladores del país pudieran ser relectos inmediatamente en sus cargos. Súbitamente se legalizaría la utilización de los recursos de los grupos parlamentarios del país para financiar las campañas políticas, tal como ya ocurrió en 2009 con el grupo del PVEM en la Cámara de Diputados.

Las otras figuras aparentemente progresistas incluidas en la reforma política, como la consulta popular y la iniciativa ciudadana, no son tan riesgosas como las candidaturas independientes y la relección legislativa. Sin embargo, la forma en que están redactadas asegura que casi nunca serán utilizadas por la población.

Aquellos ciudadanos interesados en una verdadera transformación social no tendrían que dejarse llevar por la distracción de una reforma política mal planteada, sino trabajar por una transformación de fondo en la estructura de poder social, económica y cultural, así como por una renovación integral de la clase política nacional.

http://www.johnackerman.blogspot.com - Twitter: http://www.twitter.com/@JohnMAckerman

Registra México el mayor descenso económico en América Latina: PNUD

La redacción

MÉXICO, D.F., 2 de septiembre (apro).- Debido a la pérdida de competitividad frente a otros países de Latinoamérica y Asia en los últimos diez años, México ha registrado el descenso económico más pronunciado, con tasas de crecimiento que apenas alcanzan 1.4%, afirmó hoy Ricardo Bisso, asesor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Bisso dictó en Cancún, Quintana Roo, una conferencia, Nuevas perspectivas para un desarrollo productivo, hacia una sociedad del conocimiento, en la que hizo notar que el magro crecimiento que ha registrado México en la última década refleja que las últimas administraciones han equivocado la estrategia.
Recordó que hasta antes del 2000, México registró niveles de crecimiento de alrededor de 6% en promedio, mientras que en los últimos 10 años éste ha sido de 1.4% en promedio.
Destacó que se ha aplicado al pie de la letra “el viejo precepto liberal laissez faire, laissez passer (dejar pasar, dejar hacer)”, ya que se abrió la economía a los capitales extranjeros, se privatizó la banca y otros sectores estratégicos sin añadirle “valor agregado” a la economía.
Puso como ejemplo a países asiáticos como Corea del Sur, Hong Kong, Malasia, Singapur, Taiwan y Vietnam, que pusieron mayor atención en la inversión interna, al desarrollo de tecnologías propias y la exportación de sus mercancías. El resultado, agregó, “un crecimiento extraordinario en las últimas tres décadas”.
El asesor del PNUD aclaró que esos gobiernos, como lo está haciendo actualmente China, no se cerraron a la inversión extranjera, sino que aportaron “valor agregado” a esos capitales.
Sin embargo, señaló que en México, como en muchos países de Latinoamérica, el celo excesivo con el que se siguen los dictados neoliberales, ha dado como resultado una “pronunciada dependencia” de los ciclos económicos de Estados Unidos.

Fuente: Proceso

La ONU, débil y sumida en el secreto

Ban Ki-moon, titular de la ONU.

Emilio Godoy

MÉXICO, 6 de agosto (apro).- Durante la gestión del sudcoreano Ban Ki-moon, la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha entrado en un proceso de decaimiento y de pérdida de relevancia en el mundo, según un informe interno de esa institución.

El documento, elaborado por la sueca Inga-Britt Ahlenius, subsecretaria general adjunta y jefa de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas (OSSI), deja mal parado al diplomático –quien dirige la ONU desde el 1 de enero de 2007– en temas como la transparencia, la rendición de cuentas y la proyección internacional.

“Me preocupa que estemos en un proceso de declinación y menor relevancia de la organización. En suma, parecemos ser vistos menos y menos como un socio relevante en la resolución de los problemas mundiales. Esto inevitablemente debilita las posibilidades de Naciones Unidas de cumplir con su mandato”, cita el llamado Reporte de fin de misión, de 50 páginas, revelado el pasado 23 de julio por la agencia de noticias Inter Press Service (IPS).

Prosigue el informe: “Requerirá tiempo ver el daño producido por un secretario general débil, porque el proceso de decaimiento y debilitamiento de la organización y el Secretariado es confidencial: altos puestos politizados, una cultura que se filtrará hacia la organización”.

Ahlenius transmitió el informe a Ki-moon el 14 de julio de este año, el último de su gestión en el organismo internacional.

El reporte se concentra en la transparencia, rendición de cuentas y supervisión interna independiente. El primer asunto que aborda es la administración de la ONU, a partir de las disposiciones de la Carta General. En su comunicación al secretario general, la exauditora general de Suecia describe la estructura administrativa y el funcionamiento de los órganos dependientes de la Secretaría General y su oficina adjunta.

El artículo 97 de la Carta de las Naciones Unidas define el papel interno del secretario general como jefe administrativo. Pero su misión externa está estipulada por el artículo 99 respecto de su capacidad para presentar ante el Consejo de Seguridad cualquier tema que considere una amenaza para el mantenimiento de la paz internacional y la seguridad.

En ese sentido, el secretario general tiene que lograr un balance para mantener la relevancia internacional de la ONU. Pero, según el informe, “es más preocupante para la comunidad internacional un secretario general débil”.

En declaraciones publicadas el 23 de julio por el diario británico The Guardian, Ki-moon dijo que recibió “críticas basadas en malentendidos o en las que no se apreciaba el tipo de persona que soy o lo que requiere de mí el puesto que ocupo”.

La OSSI surgió en 1994 durante el mandato del egipcio Boutros Boutros-Ghali, quien permaneció al frente de la ONU entre 1992 a 1996, para reportar a la Secretaría General sobre el estado de la administración del organismo global.

Con una prolongada trayectoria en el terreno de la auditoría, Ahlenius tiene fama de dura. Luego de abandonar, en 2003, la auditoría general de su país, en la que inició en 1993, criticó los cambios propuestos por el gobierno sueco porque afectarían la independencia de esa institución.

La exfuncionaria integró el Comité de Expertos Independientes formado por el Parlamento Europeo para evaluar cómo la Comisión Europea tocaba el fraude, la mala gestión y el nepotismo, y cuyo informe final ocasionó la renuncia de todos los miembros de la Comisión.

Curiosamente, fue Estados Unidos quien la propuso para la ONU y no el gobierno de Suecia.

La ahora exauditora anticorrupción ya tiene sustituta, la canadiense Carman Lapointe-Young, exauditora jefe del Banco Mundial.

En retroceso

En el transcurso de su mandato, Ki-moon ha padecido la invasión de la Franja de Gaza por Israel en 2009, el genocidio en la provincia sudanesa de Darfur y la puja entre Estados Unidos e Irán por el desarrollo de la energía nuclear en este último país. El año próximo el diplomático asiático puede presentarse a un segundo periodo a la cabeza de la ONU, que puede obtener si asegura el respaldo de Estados Unidos.

El reporte citado critica las prioridades cambiantes del secretario general. “Sus siete estrategias para 2010, presentadas ante la Asamblea General en enero, están basadas en las próximas reuniones/conferencias planeadas para su asistencia, pero no sobre una visión coherente o cualquier análisis sustantivo de los retos futuros”, precisa el documento.

Señala que en una declaración posterior (marzo), Ki-moon tenía ya diferentes estrategias prioritarias. “Percibimos que sus prioridades cambian con el tiempo, del clima a la crisis alimentaria, a África, al desarme, a la salud de las mujeres… La impresión es que la cima de sus prioridades está muy poblada”, anota con cierto tono irónico.

Y advierte que si la ONU falla, “no solamente puede perder su legitimidad y el respeto de los Estados miembros, sino que finalmente los objetivos programáticos de la organización pueden estar en riesgo”.

“Este regaño público y sin precedentes para un secretario general activo y toda la organización es aturdidor en su alcance, ferocidad y detalle”, apuntó en el blog UNDP Watch, Ami Horowitz, quien escribió y dirigió en 2008 el documental U.N. Me, que trata sobre los tropiezos del organismo mundial.

“Diferencias laborales”

Aspectos que parecieron generar roces entre la funcionaria sueca y Ki-moon tienen que ver con la propia labor de la inspección interna y nombramientos de cargos en instancias como la IOSS.

“Su lema como jefe administrativo fue sobre todo: creciente transparencia, rendición de cuentas y la reforma del Secretariado. En este respecto, usted incluso habló sobre un cambio de cultura”, rememora el documento.

En cambio, lo que prevalece es una cultura de secretos. “Tal secrecía nos sirve pobremente, sólo sirve para alimentar rumores, chismes y finalmente desconfianza dentro de la organización y entre ésta y sus socios externos, como los medios de comunicación”, explica Ahlenius.

La resolución 59/272 de la Asamblea General, conocida como la Resolución de la Transparencia, determinó aumentar la transparencia en la organización, cuando decidió que los reportes de la OSSI debían estar disponibles para los Estados miembros.

Pero el proyecto de Política de Acceso a la Información está parado, reprochó la OSSI.

“De hecho, nada ha cambiado en cuanto a transparencia. La Asamblea General está esperando aún el reporte de la Secretaría General sobre acceso creciente a documentos, una parte muy importante de la transparencia”, concluyó la ahora exinspectora de la ONU.

A inicios de 2007 la OSSI acordó establecer “una estructura y procedimientos apropiados” para la oficina ejecutiva del secretario, una revisión que nunca se materializó. Sin embargo, la instancia a cargo de Inga-Britt Ahlenius inició la preparación de una evaluación de riesgo de la oficina ejecutiva, cuyo informe entregará próximamente a Ki-moon.

La diplomática sueca contó que ni el diplomático sudcoreano ni altos funcionarios como el jefe de Gabinete y su suplente estuvieron disponibles para entrevistas para elaborar ese informe.

“Lamento esta falta de interés de su parte en contribuir a este proceso establecido en su interés y de la organización”, le transmitió Ahlenius.

Aunque estas revelaciones no son sorpresivas, son “todavía una mirada extraordinaria sobre la largamente guardada frustración de una alta funcionaria con el organismo mundial y su incapacidad para gobernarse a sí misma”, según Horowitz.

Los nombramientos en los departamentos de la ONU parecen haber ocasionado diferencias entre Ahlenius y Ki-moon. El 23 de febrero de 2009 se publicó un reporte sobre vacantes en la OSSI. Al no ser llenadas, se circuló un nuevo anuncio el 2 de marzo, durante 30 días, para ocupar la posición de director de la División de Investigaciones, cuya vacante fue difundida desde diciembre de 2007.

Luego del proceso de evaluación, Ahlenius transmitió una recomendación para el cargo, pero el Grupo Senior de Revisión sugirió entrevistar a otros cuatro candidatos.

En comunicaciones transmitidas a Ki-moon el 27 de enero, el 14 de abril, el 11 de mayo y el 24 de junio, la inspectora le pidió autorización para aprobar su nombramiento, sin recibir respuesta. En total, se dirigió al secretario general nueve veces, desde el 18 de noviembre de 2008.

El propio Ki-moon ha sido blanco de críticas por la promoción de su yerno Siddarth Chatterjee, un exintegrante de las fuerzas especiales indias, para ocupar un alto cargo en la representación de la ONU en Irak. En mayo de 2009, Chatterjee ascendió nuevamente, esta vez por concurso, para un alto cargo en una oficina de la ONU en la capital danesa de Copenhague.

Avanzan analfabetismo y rezago educativo

En México, el 74 por ciento de la población económicamente activa sufre rezago educativo. En 2008, el Instituto Nacional de Educación para los Adultos, responsable de abatir la falta de escolarización, sólo dio atención al 5 por ciento de los adultos que no ha concluido su educación básica. La Auditoría Superior de la Federación expone que es necesario revisar los alcances de su política pública.

Paulina Monroy

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) atendió a 5 por ciento de los adultos en rezago educativo en 2008. El Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008, realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), apunta que el Instituto cumplió parcialmente con el objetivo de promover, organizar e impartir educación básica para adultos.
La ASF sostiene que es necesario revisar los alcances de la política pública y la capacidad operativa del Instituto para ampliar su cobertura, otorgar prioridad a la alfabetización y aumentar el número de adultos que completan su educación básica.

Señala que 33 millones 429 mil 100 personas estaban en rezago educativo en 2008, casi el 44 por ciento de la población de 15 años y más, y el 74 por ciento de los 45 millones 200 mil personas que conforman la población económicamente activa. “Particularmente –expresa– resulta preocupante la existencia de 5 millones 900 mil personas analfabetas”.

Según la “Auditoría de desempeño a los servicios de educación básica para adultos”, durante 2008 el INEA incumplió tres metas vinculadas con la prestación de servicios educativos: alfabetización y conclusión de primaria y secundaria.

El órgano descentralizado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) alfabetizó a 103 mil 500 adultos, 39 por ciento menos que el objetivo previsto. Atendió a 52 mil adultos para que concluyeran sus estudios de primaria y secundaria, por lo que quedó lejos hasta 47 por ciento de cumplir su meta en primaria, y hasta 32 por ciento en secundaria.

La ASF detectó además irregularidades en los reportes estadísticos del INEA, la orientación de recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, la atención a menores de edad, y la falta de supervisión en el programa de figuras solidarias.

Imparable rezago educativo

Creado en 1981, el INEA solucionaría la falta de escolarización. De esta manera, el servicio educativo se otorgó en modalidades no presenciales, en horarios abiertos y con asesores voluntarios

En 1980, de los 38 millones de personas mayores de 15 años, 25.1 millones tenían rezago educativo. Diez años después, el rezago en educación básica se elevó a 29.7 millones de personas, y para 2000, esa cifra se elevó hasta 32 millones 500 mil.

En 2008, la población en rezago educativo ascendió hasta 33 millones, es decir, el 44 por ciento de quienes tienen 15 años o más. De ese total, casi 6 millones de personas eran analfabetas; 10 millones 100 mil no habían cursado o finalizado la primaria, ni 17 millones 400 mil, la secundaria.

De acuerdo con el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008, la cantidad de personas que concluyó su alfabetización con el INEA se redujo anualmente 6.1 por ciento entre 1986 y 2008. De 2003 a 2007, el Instituto alfabetizó a 633 mil 400 adultos, de los que 582 mil no continuaron sus estudios. Tan sólo 51 mil 400, el 8.1 por ciento, permanecieron en la primaria.

El eje Transformación Educativa, del Plan Nacional de Desarrollo, tiene como objetivo reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.

El Instituto estableció como misión para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 “normar, promover, organizar, proporcionar y acreditar el sistema abierto de educación básica para los jóvenes y adultos de 15 años o más que no han iniciado o no han concluido su educación básica.

Sin embargo, al revisar las evaluaciones externas practicadas al Programa Atención a la Demanda de Educación para Adultos del INEA, la ASF verificó que la mayoría de los indicadores mostró un retroceso en 2008 respecto de 2007. También el porcentaje de personas atendido, con respecto de su población objetivo, registró el menor valor de los últimos cinco años.

De las evaluaciones, la ASF rescata que “la reducida cobertura que realiza el programa de su población objetivo se debe a que la cantidad de personas en rezago es muy grande”.

En 2008, más de 33 millones de personas mayores de 15 años carecían de educación básica. Únicamente 1 millón 667 mil 800 adultos fueron atendidos por el INEA. La cantidad representó el 5 por ciento de la población total de 15 años y más, y el 7.6 por ciento de la meta establecida (22 millones 52 mil 300 personas). En opinión de la ASF, esa política estuvo limitada para solucionar el problema.

Descontrol en cifras

La Auditoría Superior de la Federación determinó que hay falta de confiabilidad en los reportes estadísticos entregados por el INEA, sobre la población por atender y la población atendida. El INEA registró la atención de 2 millones 340 mil personas; esa cantidad consideraba a 303 mil 600 personas duplicadas, 24 mil 900 niños menores de 15 años y 38 mil 600 que carecían de datos.

Al descontar las deficiencias, el órgano de fiscalización constató que el INEA realmente atendió a 1 millón 667 mil 800 personas, 18 por ciento menor a lo registrado por el Instituto.

La entidad fiscalizada reportó que en 2008 se alfabetizaron a 105 mil 921 adultos; no obstante, al verificar la base de datos, la ASF comprobó que la cantidad era 2.3 por ciento menor que lo informado por el Instituto. Asimismo, la cantidad de adultos que concluyó la secundaria fue 3.9 por ciento menor que lo reportado.

El 28 de diciembre de 2009, la ASF informó sobre las diferencias y deficiencias al Órgano Interno de Control del INEA, pues “se presume que pudieran ser constituidas de responsabilidad administrativa de los servidores públicos responsables de la operación de la política pública”.

Irregularidades en educación para adultos

El Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos es repartido entre los 31 estados y el Distrito Federal. Las entidades están obligadas a suscribir convenios de coordinación con el Ejecutivo Federal para la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros para la prestación de servicios.

De acuerdo con el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008, la SEP solicitó a la SHCP la transferencia de recursos por un monto de 310 millones 228 mil 600 pesos para cinco entidades que no habían suscrito los convenios de coordinación: Baja California, Guanajuato, Estado de México, Michoacán y Querétaro.

Para leer articulo completo AQUI.

Desesperanza

Manuel Bartlett

Termina 2009 en la desesperanza. El Fondo Económico Mundial nos exhibe como país que pierde competitividad en todos los rubros: “la percepción de la calidad de nuestras instituciones es preocupante”. Los empresarios, amigos del régimen, lo censuran. En el otro extremo el desempleo y la pobreza avanzan en silencio, hasta ahora. El Presidente reconoce en su iniciativa de “reforma política” que la población no cree en sus representantes, ajenos a sus necesidades.

Nada se ha resuelto en el año que termina. Y viene el 2010, sin proyectos, directrices, que permitan un estado de ánimo en el que se vislumbren soluciones a nuestros problemas angustiantes. No hay esperanza.
No es una actitud atávica la que expresa el temor de un estallido social en el 2010, está fundada en una realidad aterrante, basta recordar la situación social y política en la que estalló la Revolución en 1910, movimiento que la derecha reduce al discurso con la misma insensibilidad social de los “científicos” de entonces.
En todos los sectores se preguntan ¿qué va a pasar?, ¿qué vamos a hacer? En la percepción de una situación que viven, de retrocesos, corrupción, sin respuestas. Contemplan un gobierno impotente, un gabinete mediocre, medidas erráticas, nombramientos cuestionados, política económica paralítica, dependiente, medrosa, cómplice de intereses, sin perspectiva.
La política de seguridad genera una guerra brutal que tiene a la sociedad en el miedo, a fuego cruzado. Sólo violencia sin entender que la solución exige reparar el tejido social roto, tarea de todos: educadores, organizaciones, no marchas de blanco, teletones. El abandono de la soberanía nacional es parte importante de los problemas. No es principio abstracto, es la comprensión de que más de 100 millones de mexicanos requieren que su gobierno defienda sus intereses, que no son los de otras naciones, que nos defienda con inteligencia de toda hegemonía. Sin embargo, se somete.
Calderón convoca desde Morelia a “retomar los ideales de nuestros héroes, hacer del 2010 el punto de inflexión en la ruta del desarrollo y del progreso”. ¿Inflexión hacia dónde? ¿Inflexión en la preservación obcecada del modelo económico que contradice los principios de esos héroes que enaltece, cuando profundiza la más brutal desigualdad? ¿Inflexión en la política fiscal inequitativa que él mismo denuncia pero que sostiene en los hechos; inflexión cuando anuncia una nueva reforma energética para acelerar la desnacionalización; cuando ataca feroz a un sindicato nacionalista, el SME y lanza a la calle a 44 mil familias, violando esos ideales y la Constitución, porque estorban a sus compromisos entreguistas?
Enajenado en su guerra personal contra el narcotráfico sólo ve como “enemigos de la Patria” a la delincuencia organizada y no a la pobreza creciente, a la desigualdad, al enriquecimiento concentrado, la corrupción, la pérdida de valores.
El riesgo de explosión no se reduce a una percepción nacional. El Director de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos declaró ante su Senado que el riesgo de inestabilidad política global por la crisis económica es preocupación primordial de ese país. El Fondo Monetario Internacional y la ONU advierten sobre el peligro de desórdenes sociales. El desempleo, el incremento de la pobreza, la desigualdad, la debilidad de las clases medias, la elevación de los precios de los alimentos, presagian levantamientos sociales en el 2010, según análisis de la “Unidad de Inteligencia del Economist”, que ubica a México entre los países de mayor riesgo.
Bien haría Calderón en celebrar el Centenario sin retórica, con acciones. Respetar la Constitución que surgió de ese movimiento, que su partido y su padre combatieron, pero que a él obliga. Nadie quiere un estallido, sólo se le exige justicia social que es su obligación ineludible.

mbartlett_diaz@hotmail.com
Ex secretario de Estado

Un retroceso, penalizar el aborto en México: ONU

La redacción

MEXICO, D.F., 3 de diciembre (apro).- Magdy Martínez Solimán, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) consideró hoy como un retroceso reformar la Constitución federal para reconocer el derecho a la vida desde la concepción, como ha sucedido en 17 entidades del país. En su opinión, ese tipo de reformas legales limitan los derechos de las mujeres y ponen en riesgo su salud. “México ha sido un país que ha introducido los derechos de las mujeres prácticamente al mismo tiempo que las naciones europeas más avanzadas", recordó.Martínez Solimán añadió que modificar la Constitución “sería un retroceso impensable. El edificio normativo federal tiene bien anclados los derechos de las mujeres y esa es una aventura a la que los legisladores federales esperemos no se asomen".Por su parte, Maria Luisa Sánchez, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), dijo que la posibilidad de reformar la Constitución del país está latente. En conferencia de prensa, Sánchez señaló: "Es una posibilidad que, dependiendo la forma en que sea redactada esa reforma constitucional, afectará de manera determinada no sólo lo que está ocurriendo en los estados, sino también al Distrito Federal. El costo sería muy alto". Además de necesitar de la aprobación de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, uno de los requisitos para reformar la Constitución es contar con la aprobación de la mitad de los congresos estatales. Al respecto, Martínez Solimán afirmó: “Hacemos un llamado para que México mantenga el alto nivel de compromiso internacional que tiene con relación a los instrumentos internacionales y no los diluya cuando se llega a concretar la norma a nivel local". Agregó que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, ha manifestado su preocupación por las altas tasas de mortalidad materna en México, y muchas muertes tienen que ver con practicar abortos inseguros. Reiteró que el comité ha recomendado a México ampliar la cobertura de los servicios de salud, principalmente la atención de la salud reproductiva y los servicios de la planificación de la familia y tratar de eliminar los obstáculos que impiden acceder a las mujeres. Y añadió que ese comité ha solicitado también a México que armonice la legislación relativa al aborto y que aplique una estrategia para incluir el acceso efectivo a servicios de aborto seguro en las circunstancias previstas en la ley.

La educación... del presidente Calderón

Javier Jiménez Espriu

En repetidas y angustiadas ocasiones he insistido en que la reforma estructural fundamental que requiere el país es la educativa. En ella, en la respuesta a la elemental pregunta de ¿educar para qué? y en el éxito de sus resultados está basado el verdadero progreso nacional en todos los órdenes.
“Tema tan antiguo como irresuelto, que llega a nuestro tiempo con la carga histórica de muchas complejidades (...), tema tensionado entre lo mundial y lo local, entre lo universal y lo singular, entre la tradición y la modernidad, entre el largo y el corto plazos, entre la competitividad indispensable para el progreso y la preocupación por la igualdad de oportunidades y la equidad; entre el desarrollo vertiginoso del conocimiento y la limitada capacidad del ser humano para asimilarlo; tensión por último. entre lo espiritual y lo material; entre los apremios inmediatos de la vida y esa elevación del pensamiento y del espíritu hacia lo universal y una cierta superación de sí mismo, de la que depende la supervivencia de la humanidad”, decía don Pablo Latapí.
La educación, que no es asunto de improvisados ni de arribistas políticos, es el acceso al conocimiento, a la capacidad para aprender, a creer en libertad, a la posibilidad de la integración a la sociedad, a la democracia, a la identidad, a la tolerancia, a la cultura, en fin, la sola manera de acceder a la vida plena, a ser seres universales sin dejar de ser mexicanos. “A –vuelvo a Latapí– preparar a los futuros ciudadanos para contrarrestar nuestros conflictos y satisfacer nuestros deseos.”
En 2003 escribí en este foro de libre expresión que es La Jornada un artículo que titulé “La educación del presidente Fox”, en relación con unas declaraciones irresponsables por ignorantes y desmesuradas, con respecto a lo que haría en lo que faltaba de su administración, en el sistema de educación superior, y que naturalmente no hizo. Hoy lo traigo a colación para referirme a las políticas educativas de su sucesor y para señalar que lo sucedido en el sector educativo en los seis años transcurridos desde aquel artículo, incluidos los fallidos intentos materiales modernizadores como la Megabiblioteca José Vasconcelos o el multimillonario y oscuro programa de la Enciclomedia, no ha abonado en nada a la mínima superación del nivel educativo de nuestros estudiantes y nuestros profesores.
Las calificaciones de los exámenes internacionales de nuestros alumnos, la magnitud del porcentaje de aspirantes a una plaza de profesor que “reprobaron” las pruebas correspondientes –independientemente de la calificación de la calidad y pertinencia de las propias pruebas–, o que lograron la plaza en una prueba de selección según se ha intentado matizar la noticia –y que lleva a preguntarnos si se eligió a los mejores o a los menos malos–, indican que en ambos casos, formación de alumnos y de profesores, no se ha hecho nada ni medianamente destacable.
Recorriendo lo que sobre el tema contienen las noticias del presente, nos percatamos del tamaño de la hipoteca que deja a los mexicanos: “La educación… del presidente Calderón”.
Nuestro retraso educativo en relación con los países desarrollados, en este mundo global de implacable competencia y bautizado como el de la “sociedad del conocimiento”, es de 20 años. Frente a esta situación, la respuesta del gobierno –permítaseme sintetizarla brutalmente– se refleja en estas decisiones: se recortan los presupuestos a las universidades públicas que, aunque se dice que es de sólo uno por ciento, considerado todo en el último cuatrimestre tiene una repercusión enorme, habida cuenta de que nuestros centros de educación superior gastan en promedio más de 90 por ciento en sueldos y salarios; se disminuye número y monto de las becas para estudios de posgrado; se disminuye la aportación oficial al desarrollo de la ciencia y la tecnología, cuyo monto es de lo más raquítico del mundo en el que competimos: apenas, haciendo las cuentas “del gran capitán”, de 0.4 por ciento del PIB. Esto, referido a educación superior e investigación.
El interés por la enseñanza media no aparece por ningún lado; es el insípido sándwich entre las tragedias de la enseñanza básica y las penurias de la superior.
Y hoy, al iniciarse el nuevo ciclo escolar, nos encontramos con noticias espeluznantes: una nueva “reforma integral” de la enseñanza básica que a decir de Olac Fuentes Molinar, reconocido especialista en el tema, es “caótica” y “consecuencia de haber entregado a un grupo político” –el de la maestra Gordillo–, a través de su yerno, el subsecretario de enseñanza básica y presidente del RIEB, la reforma que hoy produce textos para primero y sexto año de primaria, “improvisados y sin coherencia interna” –incluido un texto sobre actividades físicas– que “constituyen una muestra más de las limitaciones de quienes gestionan la educación”. Y que, coincidiendo con lo que otro experto en el tema, “lejos de combatir la memorización y el enciclopedismo”… “contienen un exceso de información que acentúa esas problemáticas y carecen de elementos para la formación”, independientemente de que “responden a un tipo de escuela idealizada, dotada de recursos en abundancia”, lo que resulta retrógrado, irónico y trágico.
Y ya sin contar, como nos recuerda Fernando del Paso, con los recursos de que disponía el gobierno para la educación cívica de los mexicanos en espacios en los medios electrónicos y que con un generoso decreto presidencial inspirado por la señora Marta y sus intereses políticos y familiares, el señor Fox devolvió a los concesionarios del espectro radioeléctrico.
¿Cómo pagaremos los mexicanos los altos costos de esta hipoteca de nuestro futuro? Si no hacemos algo diferente, contundente y urgente, lo tendremos que pagar con sangre, sudor y lágrimas y con la condición irreversible de país subdesarrollado.
A la memoria de don Pablo Latapí. Con enorme respeto

Leyes pro vida, fracaso cultural de la derecha, señala Monsiváis

*Envía participación por escrito a la consulta organizada por el Congreso de Querétaro
*Castigar la interrupción del embarazo sería un retroceso histórico, advierte Hugo Gutiérrez Vega
*Patricia Mercado exhorta a panistas a no insistir en los errores que causaron su derrota electoral

Imagen del 24 de julio, cuando un grupo de mujeres se manifestó frente al Congreso de Querétaro, donde se llevaba a cabo una sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales sobre la llamada ley antiaborto .Foto Demián Chávez

Mariana Chávez
Corresponsal

Querétaro, Qro., 17 de agosto. La derecha quiere fiscalizarlo todo, y su campaña contra la despenalización del aborto es porque desemboca en la ampliación del Estado laico, que se da partir de las exigencias de la bioética y los derechos ocultos de minorías y mayorías, pospuestos o cancelados hasta ahora, señaló el escritor Carlos Monsiváis.
“A la derecha le importa el ejercicio del poder, que le permite negociar y refrendar a la sociedad que vive en culpa y pecado”; pero la lucha del Partido Acción Nacional (PAN) contra la despenalización del aborto, con apoyo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sólo ha tenido un éxito legislativo que “no significa gran cosa”, pues desde el punto de vista de la sociedad hay una “despenalización moral” expresa.
En la participación que envió por escrito a las audiencias públicas del Congreso local, donde se analiza la llamada ley antiaborto del estado, Monsiváis asegura que negar a mujeres violadas el derecho a abortar, como ya se aprobó en varios congresos estatales, implica “simplemente creer que las concepciones medievales regresan al gusto de una minoría”.
Se preveía que el escritor expondría su punto de vista ante los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso local, pero no acudió y su ponencia de 10 cuartillas fue leída por Modesto Sixtos Cervantes.
En su texto, Monsiváis define la derecha como una “decisión de pensar por los demás y ordenar a los demás un comportamiento”, y como “la usurpación organizada del libre albedrío en nombre de Dios o de la empresa y el libre mercado u otros componentes de la Trinidad, la moral y las buenas costumbres”.
La derecha, añade, es la herencia virreinal que se extiende a la “tradición de intolerancia hasta 1857”, cuando el desarrollo de las libertades, principalmente la de culto, se logra merced a las Leyes de Reforma, aunque en su enfrentamiento con el Estado se arrogó “el control de la formación de la clase dirigente” para también apropiarse de la “educación de las elites”.
La derecha, recordó, hizo campaña contra la educación sexual en 1932, cuando el entonces secretario de Educación, Narciso Bassols, proponía incorporarla en la instrucción primaria y secundaria; mientras, la censura se volvió su “enclave más poderoso” y sirvió para negar a la sociedad “la mayoría de edad sicológica y cultural”.
Otra fortaleza de la derecha, agregó Monsiváis, es el control histórico sobre las mujeres, con “la consagración del machismo en la vida social” y la culpabilización de las víctimas, que ha prevalecido hasta fechas recientes. Sin embargo, el aborto ya es “un tema más”, no un tópico prohibido, lo cual “prueba el fracaso cultural de la derecha, que no entiende las limitaciones del mero triunfo legislativo”.
El “bastión central de la derecha”, escribió, es la noción de pecado y el sentimiento de culpa, al estar contra el cine “obsceno” de los años 50 y lanzar campañas “desde los púlpitos contra Agustín Lara y Cri-Cri, o con la quema de revistas pornográficas” y el decomiso de material “pecaminoso” antes de llegar a expendios de periódicos y revistas.
El poeta Hugo Gutiérrez Vega tampoco pudo acudir. Su ponencia, leída por Luis Felipe Zamudio, indica que oponerse a la despenalizacón del aborto es un retroceso histórico, una falta de respeto a la capacidad de decisión de las mujeres y un ataque al Estado laico.
Martha Lucía Micher Camarena, directora del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, dijo que un Estado que penaliza el aborto sacrifica la vida de las mujeres embarazadas, las deshumaniza, atenta contra su carácter de personas y las confunde con un simple vehículo de desarrollo molecular.
Si los diputados locales aprueban la iniciativa presentada por el panista Fernando Urbiola Ledesma “estarán violando tratados inernacionales en materia de derechos humanos”, advirtió la funcionaria capitalina.
Patricia Mercado, ex candidata del Partido Social Demócrata a la Presidencia de la República, llamó a los legisladores panistas de la entidad a “recuperar su camino y su doctrina democrática”, en lugar de cometer más errores como los que provocaron su reciente derrota electoral.

IFE: en vez de corregir, ocultar

JESúS CANTú

En 2006 las inconsistencias manifiestas en las actas de escrutinio y cómputo generaron dudas fundadas sobre el resultado de la elección presidencial; las actas y los datos capturados en el PREP mostraban cómo la suma de votos no correspondía al número de votantes que acudieron a las urnas y/o a las boletas depositadas. El número de votos para partidos, coaliciones y candidatos, más el de sufragios anulados, debe obtenerse de la cuenta de esas boletas, bajo el principio lógico de que tiene que haber concordancia entre la cantidad de votantes, de boletas depositadas y del total de sufragios. Puede emprenderse una verificación adicional con los datos del número de electores inscritos en la lista nominal de cada una de las casillas, la cifra de boletas enviadas a cada una de ellas (que corresponde a la cantidad de electores más el doble del número de los partidos políticos participantes en la elección –cada uno de los cuales tiene derecho a acreditar hasta dos representantes que no siempre viven dentro de esa sección), el número de boletas depositadas en las urnas y la cifra de boletas sobrantes. Esta información se encuentra en los archivos del PREP y está disponible para cualquier persona que desee revisarla. Y aunque no toda es indispensable para saber quién es el triunfador en la elección, sí es necesaria para las siguientes tres acciones: a) evaluar la calidad del trabajo institucional; b) detectar oportunamente las inconsistencias, con la posibilidad de corregirlas en las sesiones de cómputo; y c) evaluar la calidad de la elección.En cuanto a la calidad del trabajo institucional, la excelencia se alcanza si no existe una sola inconsistencia. Debido a que la organización de comicios es una actividad intensiva en el uso del recurso humano, es prácticamente imposible que no existan inconsistencias, pero debe buscarse que se reduzcan al mínimo, y para ello hay que trabajar en tres sentidos: revisar la documentación electoral para tratar de simplificarla al máximo; evaluar los procesos y procedimientos en las casillas (dentro de los límites legales) para incorporar elementos que permitan detectar y corregir inmediatamente cualquier inconsistencia; y perfeccionar el trabajo de capacitación de los ciudadanos que fungirán como funcionarios de mesa directiva de casilla.En lo referente a la posibilidad de detectar y enmendar los errores, la presencia de toda esta información en el PREP es el resultado de muchas reflexiones colectivas acerca de cómo dotar a los integrantes de los Consejos Distritales (consejeros electorales y representantes de los partidos políticos) de los instrumentos para identificar oportunamente todas las actas con inconsistencias para poder proceder al recuento de los votos en la sesión de cómputo distrital, en función de la causal establecida en el numeral I del inciso “d” del artículo 295: Cuando “existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas, salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción plena de quien lo haya solicitado”.A menor número de inconsistencias, la calidad de la elección es mejor y genera confiabilidad y certeza. En sentido inverso, cuanto más crezca la cifra de inconsistencias –ya sea por errores humanos o manipulaciones de votos o resultados de casilla–, mayores serán las inquietudes y la desconfianza. Y, obviamente, si las inconsistencias se presentan en 47% de las casillas, como reconoce Luis Carlos Ugalde en su libro sobre las elecciones de 2006, y la diferencia entre el primero y el segundo lugares en la contienda por la Presidencia es tan cerrada como se registró, la sospecha envuelve a toda la elección. Dado que la organización de unos comicios es un proceso continuo en el que la calidad del trabajo que se realiza en una etapa repercute en la siguiente, lo que no se logre corregir con el ejercicio institucional en la preparación de la contienda puede enmendarse en las sesiones de escrutinio y cómputo que celebran los Consejos Distritales a partir del miércoles siguiente al día de la elección. Fue precisamente esto lo que no se hizo en 2006 y eso radicalizó el conflicto poselectoral.Lo anterior viene a cuento porque nuevamente se pretende suprimir toda esta información del PREP (no es la primera vez que se intenta: ya había sido motivo de discusión en el Consejo 1996-2003), precisamente para evitar que se detecten las inconsistencias y, en su caso, se cuestione la calidad del trabajo institucional y de la elección misma.Esto muestra en toda su dimensión la lógica del IFE: en lugar de corregir el problema, ocultarlo, y, aún más, pretender que lo que no se conoce no existe. Se trata de una vuelta a los tiempos en que la autoridad electoral dosificaba la información pública y buscaba ocultar y/o desaparecer todas las huellas de su actuación. De concretarse esta intención, se consumaría un retroceso mayúsculo.