EL CONGRESO HA MUERTO

Fernández Noroña (@fernandeznorona) convoca a "Velorio en el Senado" HOY! Martes 2 de Julio 9 pm. Toda la noche!

La farsa de los debates en Estados Unidos

Los candidatos de los partidos políticos que anhelan conquistar la Casa Blanca fueron sometidos en el pasado a la ruda prueba de los debates abiertos, en directo y ante las cámaras televisivas, para el gran regocijo e interés de los ciudadanos. Pero esta esencia democrática de interrogar a los aspirantes presidenciales ya no existe más. Los grupos financieros y comerciales han tomado el control e impiden toda pregunta que cuestione los verdaderos problemas y desafíos de la nación.

George Farah/Red Voltaire

Las candidaturas de Barack Obama y de John McCain negociaron un detallado contrato secreto que estableció los términos de las contiendas durante la campaña presidencial de 2008. El acuerdo incluyó quiénes asistirían a las discusiones, qué temas deberían tratarse y la estructura del formato de cada debate.

Desde 1987, la empresa privada creada por y para los partidos Republicano y Demócrata, llamada Comisión de Debates Presidenciales (CPD, por su sigla en inglés) patrocina las controversias de los candidatos y pone en práctica las estipulaciones de éstas. Para blindar de cualquier crítica a los aspirantes de los dos principales bandos, la CPD no da a conocer públicamente el contenido del tratado.

En 1986, los comités nacionales republicano y demócrata ratificaron un acuerdo para “asumir el control de los debates presidenciales” de la Liga de Mujeres Votantes, entidad no partidaria. Quince meses después, incorporaron a la jefatura de la CPD a Frank Fahrenkopf, del Partido Republicano, y a Paul Kirk, del Partido Demócrata, quienes todavía comparten la jefatura de la Comisión y cada cuatro años ejecutan y encubren los acuerdos elaborados en común por los candidatos de ambos partidos.

Antes de la formación de la Comisión, la Liga de Mujeres Votantes actuó como un patrocinador auténticamente independiente de los debates entre 1976 y 1984, al asegurar la inclusión de aspirantes independientes populares y prohibir a los dos grandes partidos efectuar operaciones de manipulación de los formatos de las contiendas.

En 1980, la Liga invitó al postulante autónomo John B Anderson a que participara en una polémica, pero el presidente Jimmy Carter rechazó con firmeza su colaboración. Cuatro años más tarde, cuando las campañas de Ronald Reagan y de Walter Mondale vetaron 68 proposiciones de los miembros del panel para eliminar las preguntas difíciles, la Liga denunció abiertamente a los aspirantes por “abusar totalmente del proceso”. La protesta pública que vino enseguida persuadió a los candidatos a aceptar a los integrantes de la división de la Liga para la controversia siguiente.

En 1988, cuando las campañas de George W Bush y de Michael Dukakis elaboraron el primer contrato secreto del debate –un “memorándum de entendimiento” dictado por quienes iban a participar, sobre quién haría las preguntas e incluso la altura de los podios– la Liga declinó llevarlo a cabo. En su lugar, ésta difundió un comunicado de prensa que señalaba: “Las exigencias de ambas organizaciones de campaña perpetrarían un fraude contra el votante estadunidense”.

Los dos partidos principales, sin embargo, no quisieron más un patrocinador que limitara el control de sus candidatos. En consecuencia, crearon la Comisión para ejecutar los debates. Y desde que tomó el control en 1988 obtiene un financiamiento mediante contribuciones de grandes corporaciones. Las trasnacionales interesadas en verse favorecidas por los reguladores que se elegirán para el Congreso donan millones de dólares en contribuciones a ésta y las locaciones del debate se convirtieron en carnavales corporativos, donde las compañías patrocinadoras comercializan sus productos, servicios y agendas políticas.

El gigante tabacalero Phillip Morris USA fue el principal patrocinador en 1992 y 1996. Otro importante contribuyente fue Anheuser-Busch Companies, que financió debates presidenciales en su ciudad sede de Saint Louis, Missouri, en 1996, 2000, 2004 y 2008. No es asombroso que la Comisión haya podido incrementar en millones de dólares las contribuciones corporativas. Fahrenkopf y Kirk, copresidentes y controladores de la CPD, son lobbystas registrados de dichas compañías trasnacionales. El último obtuvo 120 mil dólares por hacer lobby en favor de Hoechst Marion Roussel, una empresa farmacéutica alemana. Fahrenkopf gana aproximadamente 900 mil dólares anuales como principal cabildero de la industria del juego, que mueve 54 mil millones de dólares en Estados Unidos. Como presidente de la Asociación Estadunidense del Juego, envía enormes contribuciones financieras a los candidatos importantes del Partido Republicano y satura los medios de información con testimonios de “expertos” que exaltan las “muchas ventajas” del juego. Fahrenkopf aseguró que “no vamos a disculparnos por intentar influir elecciones políticas”.

“Éstos son los individuos que deciden quién conseguirá participar en los foros políticos más importantes de Estados Unidos”, señala el periodista George Farah a la organización Open Debates. Añade: “Las prácticas de cabildeo de Kirk y Fahrenkopf demuestran su buena voluntad para proteger los intereses corporativos a expensas de los votantes. Esto no resulta sorprendente desde que las dos sillas de la copresidencia de la CPD están dispuestas a preservar las valiosas utilidades de ambos partidos en detrimento de los ciudadanos”.

La estructura actual permite que las corporaciones donen dinero a los bandos Demócrata y Republicano, que en esencia apoyan su duopolio sobre el proceso político y excluyen las voces de terceros que puedan resultar hostiles para el poder corporativo.

Históricamente los postulantes terceros han desempeñado papeles críticos en la democracia estadunidense por introducir al conocimiento popular los grandes problemas que de manera eventual fueron cooptados por los dos grandes partidos, como la abolición de la esclavitud, el derecho al voto de las mujeres, seguridad social, leyes de trabajo infantil, escuelas públicas, elección directa de senadores, vacaciones pagadas, compensación por desempleo y formación de sindicatos. Con la exclusión del discurso de los aspirantes, éstos no pueden romper el silencio de los dos partidos en donde hay un desacuerdo de los bandos principales con la mayoría de los ciudadanos estadunidenses.

Respecto a los últimos debates, Farah cuestiona “¿por qué en un país donde las corporaciones constituyen la fuerza política y económica dominante, éstps se hicieron sin mencionar la palabra “corporación”? ¿Por qué no hay preguntas sobre reformar el financiamiento de las campañas? ¿O del crimen corporativo? ¿La devastación ambiental? ¿Pobreza infantil y falta de viviendas? ¿Libre mercado y globalización? ¿Concentración de la propiedad de los medios? ¿Gasto militar? ¿Inmigración? ¿Libertades civiles y derecho a la privacidad?”.

Durante las dos últimas décadas en que la Comisión patrocina los debates presidenciales, se han excluido las cuestiones desafiantes, los moderadores enérgicos y pertinentes, el seguimiento de las preguntas, las interrogaciones de candidato a candidato y las refutaciones. Típicamente, los formatos de la CPD impiden un examen profundo de asuntos críticos y permiten que los candidatos (y futuros presidentes) reciten una serie de frases memorizadas.

El legendario periodista y conductor de noticiarios Walter Cronkite –fallecido en 2009– dijo que los debates presidenciales patrocinados por el CPD son un “fraude injusto”.

Fuente: Fuente: Revista Contralínea 253 / 2 de octubre de 2011

Concesionarios e IFE, la guerra por el rating

El senador Pablo Gómez increpa al presidente del IFE, Leonardo Valdés.

Jenaro Villamil

MÉXICO, D.F. (apro).- Desplegados en prensa y comentarios inducidos de sus principales conductores en los espacios televisvos y radiofónicos han anunciado el nuevo ataque de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) en contra del Instituto Federal Electoral.
Su objetivo, el lunes 27 de junio, era frenar la aprobación del reglamento de radio y televisión que, según ellos, afectaba la “viabilida técnica” de los spots. No lograron su cometido porque tras cinco largas horas de discusión, en votación dividida, 4 de los 6 consejeros aprobaron que el plazo máximo de entrega de las pautas de los spots para las campañas se redujera de 10 a 4 días hábiles.
Sin embargo, este round es sólo el inicio de una estrategia para demostrar el músculo de los dueños de la estaciones de televisión, especialmente Televisa y TV Azteca, utilizando a la CIRT para imponer sus intereses en un Consejo General mutilado.
El organismo cúpula de los concesionarios reaccionó con virulencia a este anteproyecto, como antes lo hizo con otro borrador de reglamento sobre el derecho de réplica, acusando al árbitro electoral de atentar contra la libertad de expresión.
El desplegado publicado el lunes 27 afirmaba que si se aprueba este reglamento, para el 2012 existirán 39.2 millones de spots de los partidos y podrían enviarse 30 mil versiones distintas de promocionales que hacen imposible el manejo y el incumplimiento de lo ordenado por el IFE.
“La combinación de millones de spots y miles de versiones no han sido manejadas en país alguno”, adviertió la inserción pagada. Acusaron al IFE de que ni un solo perito técnico participó en la elaboración del reglamento, no se consultó a los concesionarios de radio y televisión, y no se estableció un “periodo de prueba” para garantizar el cumplimiento.
El desplegado acusó a los consejeros promotores de este reglamento de “experimentar” y lanza una pregunta con toda la insidia posible:
“¿Acaso el IFE está planeando se anulen las elecciones del 2012 por los incumplimientos masivos que tendrán la radio y la televisión”.
La pregunta está fuera de lugar, pero manifiesta el fondo de la disputa entre los concesionarios y el IFE: la responsabilidad de lo que ellos anticipan como “incumplimento masivo” de lo que ordene el organismo electoral.
Son dos las razones que advierten que los “argumentos” de los concesionarios están fuera de lugar:
a) En primer lugar porque la anulación de la elección no le corresponde al IFE sino al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
b) En segundo lugar, porque las complicaciones técnicas que ahora aducen son falsas. Cuando los spots eran pagados en 2006, en menos de 24 horas, las estaciones de televisión y de radio podían cambiar la inserción y difundir lo que el cliente quería.
Durante la discusión de la noche del lunes 27, el repesentante del PRD, el senador Pablo Gómez, les cuestionó este argumento.
Durante la elección de 2006, argumentó, el PAN y su candidato Felipe Calderón Hinojosa pudieron sustituir el material el mismo día. Así surgió la famosa campaña con el eslogan “López Obrador, un Peligro para México”.
En la mesa de análisis de ForoTV, en canal 4 de Televisa, el especialista en encuestas Ulises Beltrán también opinó lo mismo: los concesionarios siempre han podido hacer cambios de última hora. El problema es que ahora no serán pagados sino forman parte de los tiempos de Estado.

La Publicidad Encubierta
En realidad, el pleito por la disminuición del tiempo en la entrega de las pautas de los spots tiene otro objetivo: controlar y cooptar al árbitro electoral que está en situaciones de extrema vulnerabilidad.
Lo demostraron en la misma sesión del 27 de junio. Aliados con los representantes del PRI, del Panal y del Partido Verde, los concesionarios van por todo: la alianza tricolor-medios para no afectar el enorme negocio de publicidad encubierta que están preparando ambas partes y que ya ensayaron en el caso de Enrique Peña Nieto y la mayoría de los 19 gobernadores del PRI.
Su principal molestia es que el IFE se decida se prohibir la llamada “publicidad encubierta” o product placement de los candidatos o aspirantes a políticos que aparecen en programas de variedades, tomando café, comentando sus amoríos de telenovela o en partidos de futbol, apoyando a un equipo, mientras las televisoras los apoyan a ellos.
Este es el punto medular de la batalla de los concesionarios contra el IFE.
Ricardo Becerra, jefe de asesores de la Secretaría Ejecutiva del IFE, escribió sobre este punto en su artículo “¿Es el IFE una institución responsable?”:
“Una de las deformaciones más notables de nuestras elecciones es que en algún momento la propaganda se desparramó por todas partes y los mensajes políticos ya no sólo cruzan los espacios clásicos (spots, noticieros y debates, como en cualquier democracia que se tome en serio) sino que inundan –como sin querer- toda la barra de audio y video para mayor banalización de los personajes y de la política misma. Como puede verse, es muy importante, y conviene a todos, que el IFE anticipe la manera en que los va a catalogar” (El Universal, 27 junio 2012, p. 20).
En otras palabras, la disputa es por permitir o frenar la hipercomercialización de la información (que se vuelve propaganda encubierta), del entretenimiento (que se transforma en advertainment) y hasta de las encuestas (que ya vimos son instrumentos de marketing y no de medición autónoma) durante las campañas electorales. De nuevo, el dinero público y privado que “compra” tiempo-aire para ganar en la pantalla lo que se anticipa como aplastamiento en las urnas.
Desde que se opusieron a la reforma electoral, en 2007, los concesionarios mandaron al Senado a sus principales comentaristas y lectores de noticias para dejar en claro que no abandonarán la “gacetilla electrónica”. En ese momento dijeron que defendían la libertad de expresión. Como lo han vuelto a repetir.
Se trata de “compensar” la prohibición de la compra de tiempo-aire, vía spots, a través de entrevistas pagadas, sondeos a modo del cliente, menciones en telenovelas, programas de espectáculos, partidos de fútbol, en fin, todos aquellos programas que generan mayor rating y que pueden ser mejor comercializados.
En esencia, se trata de ganar la guerra por el rating facturado a las cuentas de quienes ya actúan como ganadores en el 2012.

www.homozapping.com.mx
www.jenarovillamil.wordpress.com
@jenarovillamil

AMLO conferencia de prensa en Cámara de Diputados

http://www.youtube.com/watch?v=8Dzn2zw0l-s


http://www.youtube.com/watch?v=n2WKYcSgvHc


http://www.youtube.com/watch?v=qiHficUT_tc

Solicita López Obrador al Congreso someter a debate nacional la iniciativa de reforma laboral

Solicita López Obrador al Congreso someter a debate nacional la iniciativa de reforma laboral

México, Distrito Federal

Jueves 07 de abril de 2011

* *Cancela dicha propuesta derechos sociales que ha conquistado la clase trabajadora y el pueblo de México a lo largo de la historia

C. Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín

Presidente de la Mesa Directiva de la

Cámara de Diputados

P r e s e n t e

Como representante del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), expongo a ustedes, integrantes de la Cámara de Diputados, nuestra inconformidad ante las iniciativas de reforma a la Ley Federal del Trabajo, presentadas de común acuerdo por los grupos parlamentarios del PRI y del PAN.

Estas son nuestras razones y argumentos:

1. Es una vergüenza que las instituciones nacionales, en este caso el poder legislativo, sigan actuando como simples instrumentos al servicio de los organismos financieros internacionales y de la oligarquía del país.

2. Como es conocido, desde hace 28 años se viene aplicando la llamada política neoliberal que sólo beneficia a una minoría rapaz, a costa del sufrimiento de la inmensa mayoría de los mexicanos.

3. Desde entonces, no se cuenta con un proyecto de desarrollo propio, apegado a nuestra realidad, que atienda los grandes y graves problemas nacionales como la falta de crecimiento económico, de empleos, la corrupción, la impunidad, la inseguridad, la desigualdad, la marginación de los jóvenes y el empobrecimiento del pueblo.

4. Por el contrario, en todo este periodo, se ha venido imponiendo una agenda con las llamadas reformas estructurales en materia laboral, energética, fiscal y de seguridad social que, en esencia, significan privatizaciones, pillaje y graves retrocesos sociales.

5. Pero lo más indignante es que, aún cuando se está destruyendo al país, se siga insistiendo en la misma política antipopular y entreguista, sólo por la ambición desmedida y el afán de lucro de quienes se creen los dueños de México.

6. Con estos antecedentes y en este contexto, es que ahora se busca reformar la Ley Federal del Trabajo, cancelando derechos sociales que ha conquistado la clase trabajadora y el pueblo de México a lo largo de la historia.

7. Es inaceptable que en dicha reforma se proponga, por ejemplo: el pago por hora a los trabajadores con base en el salario mínimo. Es decir, un obrero que trabaje una hora cobraría alrededor de 7 pesos; y el que labore 4 horas, cobraría 29 pesos, la mitad del salario mínimo; se pretenda contratar a trabajadores sujetos a periodos de prueba de hasta seis meses, dejando que el empleador, al término del plazo, pueda despedirlos sin indemnización y sin derecho a ninguna prestación social. Lo mismo sucedería con trabajadores contratados para capacitación inicial o por temporada. Asimismo, se abre la puerta para la subcontratación dándose lugar al pago de bajos salarios sin prestaciones, y a “fraudes legales” contra los trabajadores. Entre otros graves retrocesos que se contemplan en dicha reforma.

8. Por otro lado, no está de más señalar las coincidencias entre las propuestas de reformas presentadas por el PRI y por el PAN. Hay incluso párrafos idénticos, lo cual demuestra que hubo acuerdos previos y que el procedimiento parlamentario será un mero trámite. Esto aunado al interés de aprobar sin análisis, con premura, al vapor, dichas reformas aprovechando tramposamente el periodo de la semana santa.

Por todo lo anterior, llamamos a los diputados de todos los partidos a que actúen con responsabilidad, independencia y decoro. Concretamente, les proponemos que se convoque a foros de consulta a trabajadores, patrones, sindicatos, especialistas y ciudadanos en general para analizar cuidadosamente los posibles beneficios para el país y los daños que ocasionaría el aprobar de manera apresurada la iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo presentada por el PRI con el respaldo del PAN.

Hacemos notar que seguir aprobando reformas a la Constitución y a las leyes para legalizar los despojos y los abusos de unos cuantos en contra de las mayorías, sólo provoca mayor descomposición social, más injusticias, resentimientos, inseguridad y violencia.

De modo que esperamos que los diputados actúen como auténticos representantes populares y sepan estar a la altura de las circunstancias.

Ciudadano presidente de la Cámara de Diputados:

Esperaremos la respuesta a nuestra petición de llevar a cabo un debate nacional sobre este importante asunto. Y con ese propósito, regresaremos el próximo jueves 14 de abril a las 11 de la mañana, acompañados de ciudadanos e integrantes del Movimiento Regeneración Nacional, que acudan a la convocatoria que les estamos haciendo desde el día de hoy.

Ciudadano presidente, muchas gracias por su atención y por su gentileza de escucharnos y de recibir nuestro planteamiento y propuesta.

Atentamente

Andrés Manuel López Obrador

En representación del

Movimiento Regeneración Nacional

Fuente: Gobierno Legítimo

Difusión AMLOTV

Conferencia Mundial de Juventud 2010: juventudes sin derechos

Con la presencia de 320 delegados juveniles de 106 países, el pasado 23 de agosto dio inicio la Conferencia Mundial de Juventud 2010 (CMJ 2010). El evento, a cargo del Instituto Mexicano de la Juventud, cambió en tres ocasiones de sede. Primero se dijo que se realizaría en la ciudad de México; posteriormente, en Monterrey, para finalmente realizarse en la ciudad de León, Guanajuato, entidad caracterizada en los últimos años por su tono conservador. La Conferencia, que debía ser un espacio de discusión y reflexión, ha sido fuertemente criticada por su desorganización, por la falta de una inclusión verdadera y plural de organizaciones juveniles, colectivos y grupos de jóvenes activistas, y por la ausencia de jefes de Estado, representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y especialistas internacionales en el tema. Aunque lo anterior fue negado por los organizadores, la realidad hablaba por sí misma, y expertos nacionales en materia de juventud, así como los propios jóvenes, confirmaron el bajo perfil que la conferencia tuvo. A la “Plataforma Nacional de Juventudes. Proyecto 15-35”, asistieron 41 representaciones juveniles, y junto con jóvenes de otros países manifestaron su inconformidad en la forma como se desarrollaron los preparativos y la falta de una perspectiva de derechos de las y los jóvenes.

Miguel Concha Malo

Cuando la ONU anunció que 2011 sería el Año Internacional de la Juventud, México se propuso para realizar una conferencia mundial de juventud en 2010, lo que fue bien recibido por el organismo internacional. Sin embargo, no es en México donde se alcanzarán los grandes acuerdos, pues la Asamblea General de la ONU, en su Resolución A/RES/64/134, aclara que la Conferencia Mundial de Jóvenes que ella auspiciará será la de julio de 2011 en Túnez. Allí es donde se tomarán decisiones de alto nivel en torno al derecho a la salud, educación, seguridad y demás derechos humanos de las y los jóvenes.
La Conferencia de México ha adolecido no sólo de mala organización, sino que desde el inicio de los trabajos rumbo a su realización, las y los jóvenes percibieron un clima de poca apertura y de restricciones burocráticas. Muchos afirmaron que existía una clara intromisión de grupos de derecha y de ópticas conservadoras en el evento, la agenda por discutir, los participantes y el tipo de resultados que se querían obtener de esa Conferencia. Inclusive, en la sesión del miércoles 25, en la que se trabajó una declaración final, se introdujo al evento un texto apócrifo. Éste incluía párrafos alusivos a la promoción de una cultura de valores y de la familia como base fundamental de la sociedad. Ante las protestas de las organizaciones y colectivos juveniles participantes, por tratarse de un documento que no estaba discutido y consensuado, los organizadores tuvieron que ofrecer garantías de que la Declaratoria Final sería la que allí se trabajara y aprobara por consenso.
Una de las críticas más fuertes que las organizaciones civiles y sociales, colectivos y jóvenes activistas enfatizaron fue la ausencia de la perspectiva de derechos en la CMJ 2010. Y es que, en México, los jóvenes no son vistos como verdaderos sujetos de derechos, sino simplemente como seres inacabados y carentes de elementos para tomar decisiones sobre su propia vida. En nuestro país, tres de cada 10 personas tienen entre 12 y 29 años; es decir, existen 34 millones de jóvenes. No existe una sola edad oficial para ser joven en México, sobre todo porque aún no hay una ley federal de juventud. Así que las leyes y las instituciones que trabajan en este ámbito usan sus propias definiciones con base en criterios distintos de edad, los cuales van de 12 hasta 35 años de edad. Predominantemente, desde el mundo adulto, el concepto de juventud ha sido definido a partir de una multiplicidad de criterios, entre los cuales impera socialmente la edad biológica. Sin embargo, lo que puede definir a una persona como joven no es únicamente la edad, sino aspectos como su contexto cultural, social, económico y político. Por ello no existe una sola forma de ser joven, sino que podemos pensar en juventudes, partiendo de la diversidad y del contexto que rodea a cada una de ellas. Además, las juventudes en México pertenecen a los grupos de población cada vez más vulnerados, pues los derechos humanos que les corresponden se ven cotidianamente cada vez más incumplidos, menos protegidos y menos promovidos: no tienen acceso, o lo tienen de manera muy limitada, a derechos como la salud, incluyendo la salud sexual y reproductiva, a la educación, al trabajo y a la participación política, por mencionar sólo unos pocos.
De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social, la mitad de la población en México es pobre, y esta pobreza afecta de manera especial a ciertos grupos de población, como las y los jóvenes que se enfrentan a un contexto de crisis económica, en el que las oportunidades de empleo son escasas, la educación es muy limitada y, en muchos casos, de mala calidad. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor José Narro, ha señalado que existen, en México, 7.5 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, a los que en algún momento se llegó a caracterizar como ninis, aunque debemos aclarar que esta expresión no debe usarse como un término discriminatorio o despectivo, sino como una forma de alertar sobre la gravedad de la situación del país. El rector, criticado de manera infundada por algunas instancias gubernamentales por “exagerar”, según ellas, las cifras, ha señalado abiertamente que se basa en datos de fuentes oficiales, y que lo que en verdad debe preocupar a los gobiernos federal y estatales es acabar con esta dolorosa y trágica realidad.
Y es verdad que las y los jóvenes ven violentados muchos de sus derechos humanos. Tan sólo en materia de educación y trabajo, derechos incumplidos y que han dado pauta para hablar de los ninis, datos de 2006 señalan que de los jóvenes de 15 a 17 años, sólo el 65.8 por ciento estudia, y que únicamente el 18 por ciento trabaja. Además, en el rango de edad de 18 a 29 años, el 19 por ciento estudia y sólo el 55.8 por ciento trabaja. Es decir que, conforme aumenta la edad, también se incrementa la tendencia a ingresar al mercado laboral y a abandonar los estudios. Y ello sin hablar todavía de la calidad de su educación y de la pertinencia de su aprendizaje para abrirse paso en la vida. Entre el 22 y el 24 por ciento de los jóvenes, no estudian ni tampoco trabajan. Muchos jóvenes trabajan y estudian, o trabajan y abandonaron los estudios porque sus condiciones económicas los obligaron a hacerlo. Se estima que aproximadamente 10 millones de jóvenes en edad de asistir al bachillerato y a la universidad no lo hacen por falta de recursos económicos. Los jóvenes de los estratos socioeconómicos más bajos son los que generalmente truncan sus estudios. De acuerdo con datos de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), únicamente el 4.9 por ciento de los jóvenes entre 19 y 23 años, pertenecientes al sector más pobre, asisten a una institución de educación superior. La SEP señala que en el país hay 2.4 millones de jóvenes en edad de cursar el bachillerato, pero no lo hacen.
Las y los jóvenes son un grupo de la población altamente discriminado, pues los adultos y las autoridades suelen tener también prejuicios en razón de sus rasgos físicos, sus formas peculiares de vestir, su ornato personal y sus culturas propias o formas particulares de expresión. Estos prejuicios favorecen su criminalización y son, incluso, considerados como probables o futuros delincuentes, carentes de valores, de virtudes, de madurez y de capacidad para tomar decisiones. En medio de un clima de violencia, inseguridad y crisis económica, los jóvenes y las jóvenes se han convertido también en presa fácil del crimen organizado. Muchos jóvenes se suman a las filas de la delincuencia organizada para tener un ingreso; otros son obligados a comercializar con drogas, y algunos más son víctimas mortales de los enfrentamientos entre el Ejército y el crimen organizado o entre las diferentes bandas o cárteles de la droga. Organizaciones civiles que trabajan con jóvenes en colonias del Distrito Federal observan también que cada vez son más jóvenes, casi niños, los que ingresan a las organizaciones delictivas. Hace una década, tenían entre 20 y 35 años, ahora reclutan muchachos de 12, 13, 14 y 15 años. Con frecuencia se trata de muchachos que han enfrentado problemas para continuar estudiando o para quienes la educación no representa mejores opciones de vida.
Entre los temas de urgencia para las y los jóvenes en México, hoy en día podemos mencionar la ratificación urgente de la Convención Iberoamericana de los Derechos de las y los Jóvenes; generar una ley nacional de juventudes, armonizada con esa Convención, y actualizar, de conformidad con este instrumento internacional, la Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal. Para todo ello, es necesario contar siempre con la participación juvenil, así como fijar un presupuesto en gasto social en su beneficio, con enfoque de derechos humanos.
*Director general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, AC

México subsidia consumo de gasolina en EU: Pemex

Al comparecer ante la Comisión Permanente del Congreso, el director general de la paraestatal, Juan José Suárez Coppel, afirma que hasta el 2004, el Impuesto Especial para la Producción y Servicios en combustibles fue positivo .

Andrea Merlos y José Manuel Arteaga

En los últimos años, México ha subsidiado el consumo de gasolinas de ciudadanos de Estados Unidos, aseguró Juan José Suárez Coppel, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex).
"Cuando se abre un diferencial significativo de precios de las gasolinas que nosotros estimamos de 4 a 5 pesos, tenemos que se cruza la frontera con subir la gasolina en México.En los últimos años hemos estado importando gasolinas para subsidiar al consumidor norteamericano".
El director de Pemex expuso que en algunos momentos, el diferencial de precios ha llegado a ser de 100%.
Al comparecer ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el funcionario dijo que hasta el 2004, el Impuesto Especial para la Producción y Servicios en combustibles fue positivo.
"A raíz de 2004, dada la aceleración del precio del crudo y de los petrolíferos, se generó un impuesto negativo, es decir, un subsidio... el costo para Pemex fue de más de 900 millones de pesos en el 2004 y más de 24 mil millones de pesos en el 2005", dijo Suárez Coppel.
fml

Rumbo a la victoria

Evo concluye su campaña electoral con inmensa ventaja sobre sus opositores de derecha/ Sondeos anticipan que su partido, el Movimiento al Socialismo, controlará las dos cámaras del Congreso/ “Esta revolución es de todo el pueblo”, sostuvo el líder campesino en uno de sus cierres regionales

LA PAZ, Bolivia, 3 de diciembre (REUTERS) - El líder indígena Evo Morales tiene casi todo a su favor para ganar el domingo la reelección como presidente de Bolivia, incluso con posibilidad de hacerse con un control legislativo imprescindible para profundizar la revolución social que inició hace cuatro años.
Centenares de visitas de Morales a ciudades, pueblos y comunidades indígenas, en los cuatro últimos meses, eclipsaron al tímido proselitismo de los candidatos opositores Manfred Reyes Villa y Samuel Doria Medina, quienes centraron sus discursos en la denuncia del riesgo de un “totalitarismo”. Casi todos los sondeos de intención de voto pronostican una fácil reelección de Evo, quien parece recoger los frutos de sus importantes nacionalizaciones en los sectores petrolero, minero y de telecomunicaciones, así como de los esfuerzos estatales por apoyar a las personas de menores recursos con bonos para escolares, ancianos y madres de familia. “Hace 20 años nos dijeron que Bolivia se nos muere y con ese pretexto nos sometieron al neoliberalismo. Ahora demostramos que Bolivia no sólo no se muere sino que es viable”, proclamó Evo el jueves en un encuentro con clubes de madres en la ciudad sureña de Tarija, uno de sus últimos actos de campaña. Morales afirmó que espera ganar dos tercios del Congreso, incluido el Senado que estuvo controlado por la oposición en los cuatro años pasados, para aprobar rápidamente un centenar de leyes de aplicación de la Constitución “plurinacional” y socialista estrenada a principios de año. “El triunfo de Morales está asegurado. Hemos tenido una campaña muy desigual y esto no se debe sólo a la utilización de recursos sino también a una gran disparidad en la capacidad de discurso”, opinó Guido Riveros, director de la Fundación para la Democracia Multipartidaria. Apuntó que Morales, quien según las encuestas sacaría una ventaja de al menos 30 puntos al segundo, era favorito porque “representa un impulso histórico que ha merecido la simpatía de amplios sectores de ciudadanía y no ha encontrado una oposición que por su parte comience a tener sentido histórico”. El presidente boliviano sostuvo el miércoles ante decenas de miles de seguidores en la oriental Santa Cruz que “esta revolución ya no es de Evo y su partido, sino de todo el pueblo, cada vez más de los jóvenes y las mujeres”.

Reflexiones sobre el Congreso del PRD

MARTí BATRES

Estamos a las puertas del Congreso Nacional del PRD. Éste se realizará en un contexto complicado y adverso, tanto en lo interno como en el escenario nacional.
En el país se ha consolidado un bloque de derecha, compacto y agresivo, que tiene copadas a las instituciones, a los medios de comunicación electrónicos y que toma decisiones sin considerar los gravísimos costos que esto le representa al país.

Ese bloque de derecha lo conforman, obviamente, PRI y PAN, junto con cadenas de radio y televisión, así como otras viejas instituciones y jerarquías conservadoras. En ese contexto se han tomado decisiones tan terribles como la desaparición –mediante un golpe político– de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y el despido (de golpe y porrazo) de 44 mil electricistas. De igual forma, 17 congresos locales han decidido que deben ir a la cárcel las mujeres que decidan interrumpir su embarazo, sea por la circunstancia que sea.
Al mismo tiempo ocurren numerosas violaciones a los derechos humanos y se hace evidente el regreso al control mediático que impide que a través de ellos suene, se haga visible o trasluzca cualquier opinión crítica que incomode al sistema. Felipe Calderón, el espurio, está empeñado en terminar su administración con base en golpes de fuerza y exposición mediática, no obstante que ello lo aísla, lo debilita y disminuye cada vez más su aceptación entre la ciudadanía.
El PRI, por su parte, está empeñado en regresar al poder aliándose al sector más oscurantista de la derecha mexicana y completamente amarrado al grupo oligárquico que controla al país.
En esas condiciones, PRI y PAN se aliaron en el Congreso de la Unión. Primero, para no tocar a los grupos privilegiados que no pagan o eluden impuestos; segundo, para aumentarle los impuestos a las clases medias y trabajadoras que son las que ya los pagan. Y tercero, para repartirse los recursos como un botín, acorde a sus necesidades políticas.
Cualquiera diría que el escenario está dado para el crecimiento de una alternativa distinta, opositora, de izquierda, con raigambre popular y un fuerte posicionamiento social. Sin embargo, el dramatismo de la situación se explica no sólo por lo que están haciendo los factores del grupo conservador, sino también por lo que ha dejado de hacer el bloque transformador o de izquierda.
En ese sentido, es notable la ausencia de un partido político que capitalice la ofensiva polarizadora del bloque de derecha. Aun y cuando cada decisión que tome la derecha sea concretada, las consecuencias que de ello derivan generan un descontento, un malestar, una inconformidad, cada vez mayor. No obstante, el partido más fuerte de la izquierda mexicana, el PRD, no está encabezando ese descontento popular. Esa es la otra dramática verdad. Es la realidad que vivimos.
Afortunadamente, sí hay oposición y hay resistencia. No está expresada a través de un partido político en esta etapa histórica. Pero existe y se manifiesta principalmente, sustancialmente, a través del movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Su existencia es lo que evitó la entrega de Pemex a las compañías extranjeras; es lo que posibilitó la salida de Luis Carlos Ugalde del IFE; es lo que revirtió la Ley Televisa y frenó los apetitos insaciables de los medios electrónicos en la competencia política partidista.
Eso significa que la oposición de izquierda se ha articulado y organizado por fuera de las estructuras partidistas formales. En el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, naturalmente, hay muchos perredistas pero también militantes de otras fuerzas políticas y, sobre todo, ciudadanos sin partido.
No obstante, lo destacable del tema es que el PRD no está encabezando la protesta y el descontento social ante un gobierno que ha sido estrepitosamente reprobado por la ciudadanía.
Al acercarse el Congreso Nacional del PRD, no sólo es deseable, sino necesario que salga con bien. No sólo los perredistas lo requieren, sino el país mismo. A México le urge reconstruir sus equilibrios internos para evitar seguir a la deriva y empeorando, o de plano caer en el abismo. Es necesario que al interior del Sol Azteca haya acuerdos, conciliación y unidad.
Sin embargo, permean dos temas que amenazan la necesaria unidad y el buen resultado del congreso. Uno es el de la elección de dirigentes y candidatos. Si se elimina el voto universal, directo y secreto para elegirlos (como el método predominante de decisión), entonces se estará enviando un nuevo mensaje de cerrazón y alejamiento de la dirigencia en relación con las propias bases y la sociedad.
El otro tema es el de las alianzas. Se habla en ocasiones de establecer una línea de alianzas electorales con el PRI y el PAN. Si eso se llegara a acordar, el Congreso del partido enviará un mensaje negativo a la sociedad, muy difícil de descifrar. Si por un lado señalamos al PRIAN de ser los verdugos del pueblo, los que elevaron los impuestos, quienes castigaron a los estados que gobierna el PRD, que aprueban leyes retrógradas y oscurantistas, pero por el otro se establecen dichas alianzas, el mensaje desvirtuaría la acción partidista.
Más bien el PRD debe fortalecer la política de las alianzas con las fuerzas progresistas, patrióticas y de izquierda en un frente lo más amplio posible. Requiere de un conjunto de líneas de acercamiento con todas aquellas fuerzas políticas que coincidan con la agenda social y la agenda de las libertades democráticas que dan cauce al partido.
Es necesario para el país el éxito del congreso perredista. Y es urgente reposicionar al partido mediante tres grandes iniciativas: uno, alcanzar la unidad; dos, retomar el trabajo de base, y tres, hacer del PRD el partido que encabece el descontento social. Si se logra estaremos en condiciones de disputar con éxito la lucha contra la mediocre derecha gobernante y dando un paso firme en contra del peligro de la restauración autoritaria.

UNAM envía al Senado propuesta de reforma del Estado

LA REDACCIóN

MÉXICO, D.F., 24 de noviembre (apro).- Los coordinadores senatoriales del PRI, PAN, PRD y PT dieron la bienvenida este martes a la propuesta de reforma del Estado que envió la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El documento, diseñado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la máxima casa de estudios, plantea, entre otros puntos, los mecanismos de sustitución del presidente de la República y darle voz al jefe del Ejecutivo ante el Congreso de la Unión.También, que la Cámara de Diputados y el Senado compartan facultades, entre ellas la discusión de presupuesto y la creación de un Consejo de Estado.El priista Manlio Fabio Beltrones señaló que el texto –avalado por personajes como Jorge Carpizo, Diego Valadés y el director del Instituto, Héctor Fix Fierro– contiene una serie de propuestas para reconocer una mayor participación del Congreso en el proceso de gobierno y en el control constitucional del mismo, como la ratificación de funcionarios gubernamentales por el Senado o la Cámara de Diputados.Y en el corazón de las propuestas enviadas por la UNAM, añadió, está la tesis esencial de conducir el cambio a través de los cauces institucionales."La verdad es que la crisis ha puesto a prueba a las instituciones, pero también a los partidos, a la inteligencia de los ciudadanos. No podemos permanecer inermes o esperar que otros tomen las decisiones que nos corresponden, sobre todo en estos momentos", puntualizó.La novedad aquí, dijo, "es que se pueda compartir esa decisión y esa ratificación, y el otorgamiento de derecho de voz del Ejecutivo federal en el Congreso, lo que habla de una relación moderna".Además, expresó, es destacable la propuesta de crear un Consejo de Estado, la reducción de integrantes de las cámaras, la reelección de legisladores en periodos subsecuentes hasta por 12 años, así como de ediles.

El gobierno espurio hipoteca el futuro con la anticonstitucional Ley de Asociaciones Público-Privadas

BOLETÍN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, 16 NOVIEMBRE DE 2009

* La ley deja en descubierto la política del PAN de abrir el endeudamientopúblico sin la autorización del Congreso.

La iniciativa de la Ley de Asociaciones Público-Privadas (LAPP),presentada por el gobierno espurio en el Senado, pone a descubierto lapolítica económica promovida por el PAN de abrir el endeudamiento público sin la autorización del Congreso y sin que se registre como deuda públicaal clasificarlo como “gasto corriente”, expresó la secretaria de Salud del Gobierno Legítimo de México, Asa Cristina Laurell.Además, el gobierno usurpador, detallo, pretende facilitar la expropiaciónpor “utilidad pública” mediante un procedimiento simplificado para poner adisposición del sector privado los bienes expropiados.“La ley legalizaría la suscripción de contratos, mediante licitación oadjudicación directa, con el sector privado nacional e internacional quecomprometen el gasto público durante 25 a 40 años y dándole prioridad aestos pagos por encima de cualquier otro gasto”, señaló Asa CristinaLaurell.Especificó que los contratos de inversión-administración están previstospara la construcción y administración de infraestructura. El objetivo dela ley es “brindar mayor certeza jurídica a los inversionistas y a losfuncionarios públicos”.Las modificaciones a los procedimientos de la expropiación por causa deutilidad pública consisten en separar la declaratoria de utilidad públicay el decreto de expropiación, explicó al mencionar que para la primerabastará el dictamen técnico de la entidad o dependencia pública y luegose procedería a desarrollar el proceso legal administrativo de laexpropiación.Con ello se limita la defensa de particulares, ejidos y comunidades alreducir el tiempo para interponer recursos legales a 15 días. Lainiciativa propone además que no proceda la suspensión ante un decreto deexpropiación, prosiguió.Expuso que otra novedad de la ley es la posibilidad de recibir y aprobarpropuestas no solicitadas de la Iniciativa Privada. “Al proponente se lepagarán además los gastos de la elaboración de su propuesta, eso es que elgobierno espurio no sólo dejaría de cumplir la función de proporcionarlos servicios públicos sino que los particulares realizarán el trabajo delejecutivo que será retribuido a precios que determine la iniciativaprivada” explicó.Calificó a la iniciativa de ley de anticonstitucional “porque infringelas facultades del Congreso de la Nación plasmadas en el artículo 73-VIIIque faculta al Congreso decidir sobre el endeudamiento de la nación. Elhecho de que se clasifique el pago como “gasto corriente” no cambia quesea endeudamiento público sólo lo disfraza”.Recordó que esta maniobra se inventó en la Unión Europea que puso comotecho máximo un endeudamiento del 60 por ciento del PIB en 1997 para losestados miembros. Para salir a paso de este límite se ideó la llamadaAsociación Público-Privada(APP) o en inglés “Private Finance Iniciative”que permite a los estados violar sus propias reglas sobre el nivel delendeudamiento.Sin embargo, continuó, actualmente la Unión Europea está planteando lanecesidad de abrir estos contratos al escrutinio público con la finalidadde conocer su monto y costos. Por ejemplo en Inglaterra, el pionero deestos contratos, se ha decidido cambiar las reglas de la contabilidadpública para que esta deuda escondida (off balance sheet) aparezca comoparte de la deuda pública.Esta medida, mencionó, se actualizó a raíz de la crisis económica mundialcausada, entre otras cosas por el desconocimiento respecto alendeudamiento real y la capacidad de pago de los grupos financieros y delos estados.Destacó que los contratos APP consisten en contratar con el sector privadoel financiamiento, la construcción y la administración de una obra–hospital, carretera, puente, de agua, etcétera—a cambio de un pago,mensual o anual, al ganador del contrato y/o el otorgamiento de unaconcesión para cobrar por su uso.Explicó que se pide al inversionista-constructor-administrador que: pongaun capital de “riesgo”, frecuentemente muy bajo; consiga en el mercadofinanciero el resto del capital, generalmente a una tasa mayor que lagubernamental; construya la obra y; la administra.Estos contratos, aclaró, ya existen en México con el nombre eufemístico“Proyectos de Prestación de Servicios” (PPS) justificados legalmente conun “Acuerdo Secretarial” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público(SHCP) en 2004 (DOF 9/4, 2004) que tiene una jerarquía legal muy baja.Este acuerdo se publicó durante el gobierno de Fox con Gil Díaz comotitular de la SHCP y Barrio Terrazas en la SFP.La LAPP, sostuvo, tiene la finalidad de resolver esta debilidad legal. Esmás, en 22 entidades federativas ya fueron aprobadas leyes semejantesgeneralmente sin mayor conocimiento y sin un debate a fondo. “Se trata nimás ni menos de una hipoteca de un monto desconocido a cargo de losfuturos ingresos públicos que obliga a los gobiernos —federal, estatal omunicipal— a pagarla prioritaria- y puntualmente. Los célebres “Pidiregas”de PEMEX tenían el mismo carácter y han sido reconocidos por el Congresocomo deuda pública” resaltó.Especificó que operan en México un grupo de asesores-cabilderosespecializados en este tipo de contratos, destacadamente los despachos deWhite & Case, Currie & Brown, Pricewaterhouse y Jáuregui y NaderAsociados, entre otros. “Estos despachos se han encargado de “vender unaimagen falsa de estos proyectos además de elaborar los contratos y lasiniciativas de ley” comentó.Mencionó que han cobrando honorarios por un monto acumulado de unos cienmillones de pesos sólo en el sector salud por estas actividades y al serasesores de los gobiernos influyen en el dictamen de las propuestas de loslicitantes. Uno de los casos más emblemáticos es el estado de México.Indicó que el contenido de la iniciativa de ley permite inferir quealguno(s) de estos despachos están detrás de su redacción ya que dice quepermitirá reducir los costos hasta en un 15 por ciento y sobre tododisminuir los tiempos de ejecución hasta en un 30 por ciento.“Estos son los argumentos machaconamente esgrimidos a favor de los PPSpero la realidad los ha desmentido tanto en México como en el extranjero.Ponemos el ejemplo de los Hospitales Regionales de Alta Especialidadcontratados por la SSA” e expuso.El primero hospital ubicado en León, Guanajuato fue asignado a la empresaespañola Acciona con un contrato por 3,600 millones lo que significa unmonto superior en 164 millones del proyecto de referencia. Sin embargo seestima que su costo total –sin contar el costo de la prestación de losservicios médicos, medicamentos y otros insumos—serán unos 7,500 millonespor las actualizaciones del INPC y los ajustes pactados en el contrato,detalló.“La inversión realizada en la construcción y equipamiento del hospital fuede 603.7 millones y entre abril, 2007 y junio, 2009 Acciona ha recibidopagos por 391 millones. Si el gobierno federal hubiera contratado unpréstamo por 603.68 millones con una tasa de interés de 4% anual habríapagado 61 millones por el tiempo señalado. Es decir, hubiera tenido unexcedente de 330 millones respecto al contrato PPS y con este dineropodría haber pagado el 55% del préstamo original. Es una mentira que losPPS son 15% más baratos”, pormenorizó.La secretaria de Salud mencionó que la eficiencia privada se ha ademásmostrado ser bajísima. El hospital fue inaugurado en marzo de 2007 con unretraso de cinco meses. El problema no terminó allí ya que durante elprimer año sólo estaban en funcionamiento 25 de sus 180 camas. Los últimosdatos oficiales permiten estimar que se llegará al 36% de la metacontractual de egresos hospitalarios anuales en 2009. Esto equivale a unfuncionamiento regular de 60 a 70 camas.Resaltó que el segundo hospital en Ciudad Victoria, Tamaulipas, fueasignado a la empresa mexicana Marhnos que carece de la experienciasolicitada pero aportó a la campaña del PAN. El monto del contrato es de4,725 millones de pesos y aumentará al menos al doble por lasactualizaciones previstas. Se inauguró en marzo de 2009 con un médico y 15altos funcionarios.“Hasta la fecha no está funcionando, carece de personal y sólo estánpresupuestados para 2010 los recursos para el pago del contrato. Estosignifica que se mantendrá cerrado también durante 2010. Es decir, es unbuen negocio para las empresas contratantes pero un desastre para lospacientes no atendidos y para los contribuyentes”, informó.La suerte de las carreteras concesionadas es de sobra conocida –susquiebras, rescates y saneamiento—, sus altos costos para los usuarios y elpésimo mantenimiento. Con estos antecedentes no hay nada que haga suponerque una Ley de Asociaciones Público-privadas tenga algo que ofrecer que nosean grandes negocios al sector privado, señaló.Aseguró que los investigadores ingleses Liebe y Pollock acaban de publicaruna revisión de este tipo de proyectos (The experience of the privatefinance initiative in the UK’s Nacional Health Servicewww.health.ed.ac.uk/CIPHP/publications) en Inglaterra después de diez añosde experiencia con ellos. Su revisión se basa fundamentalmente en lainformación oficial y los documentos del Ministerio de Finanzas, laAuditoría Superior y el Regulador Autónomo del sistema de salud.Manifestó que esta revisión les permite extraer tres lecciones. La primeraes que los PPS no proporcionan financiamiento adicional porque el estadode cualquier modo tiene que pagarlo. La segunda es que no son más baratasya que el costo del financiamiento incrementa y tampoco proporcionanmejores servicios. La tercera es que sus altos costos obligan a reducirlos servicios prestados.Indicó que la iniciativa mexicana llega 10 años tarde cuando ya estáprobada su inoperancia y altos costos. Es una propuesta disimulada paralegalizar la privatización de los bienes públicos y desresponzabiliar alestado de sus obligaciones. Procuraría además la silenciosa privatizaciónde PEMEX.

Nos meten el aumento del IVA porque...

PAN y Verde ganan en Senado IVA a 16%; PRI se abstiene y FAP en contra

Aprobarlo es necesario ante la “anorexia tributaria, esa incapacidad sistémica para obtener ingresos”, señaló el líder de la bancada blanquiazul.

... los del PAN no tienen la mínima intención de rescatar a este país y desprecian al pueblo; ellos son los que sufren de "anorexia" mental y afectiva, "esa incapacidad sistémica" para tener un poco de moral y de neuronas. Pero alcanzaron la mayoría y esa mayoría de votos se la dio: LA CIUDADANÍA. Los de los Estados panistas y priístas, así como los de la Benito Juárez y la Miguel Hidalgo del DF estarán felices con su aumento (y luego dicen que los borregos son los que simpatizamos con AMLO).

...los del Verde tienen una mentalidad asesina ya lo decía así su propaganda "PENA DE MUERTE" pero no era sólo a secuestradores sino a todos por parejo, es decir al 80% de la población. Aún así, obtuvieron el 7% de votos de la población que está de acuerdo con esa política, en contraste con el 4% que obtuvo el PT que votó en contra del impuesto. Así que de ese 11% de votantes 7% está de acuerdo en que le aumenten el IVA y un 4% no lo está.

...los del PRI no tienen vergüenza, avientan la piedra y esconden la mano, son marrulleros y cobardes, "tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata". Que fácil ¿no? salirse y dejar que los pendejos panistas cometan el crimen. Creo que dan más asco. Pero esos senadores del PRI que así se comportaron recibieron votos de quienes se identifican con ellos, es el perfil de muchos mexicanos y mexicanas, cobardes e hipócritas. Cometen sus canalladas y sus corrupciones por debajo del agua y avientan por delante a los más pendejos.

...muchos mexicanos y mexicanas se lo merecen: todos los que votaron por esos partidos, los que no votaron y los del voto nulo, así que no se quejen y asuman su responsabilidad o cambien, porque sí había por quien votar.

Tenemos que reconocer que el FAP donde están los del PT, Convergencia y PRD votaron a favor de la ciudadanía, es decir en contra de un impuesto que nos va a hacer todavía más cara la vida. Yo sí me siento representada por ellos porque esa era mi voluntad: que se votara en contra del impuesto y así lo hicieron. Pero como las reglas de la votación impiden que ganen porque no tienen mayoría, la responsabilidad es de esa ciudadanía que se la pasa cayendo en la manipulación mediática y criticando al FAP, dentro de los que estuvieron por el voto nulo. Ahí está el resultado. Ahora cállense la boca y asúmanlo.

Cuando critiquen a los diputados al menos sean justos y honestos y hagan la diferencia; reconozcan que los del FAP respondieron como representantes de los que no creemos justo que nos suban los impuestos cuando los más ricos no pagan nada. Los del FAP respondieron pero no fueron respaldados por la mayoría. Si lo hubieran sido no habría aumento de impuestos. ¿Entonces?

Insisto, ganó la mayoría PAN , VERDE Y PRI porque la mayoría de la población votó por esos sátrapas así que los mexicanos y mexicanas por más que AMLO los defienda y diga que el pueblo de México es lo máximo, yo me inclino a pensar que la mayoría es más bien pendeja o canalla, o las dos cosas juntas. Que hay razones para que lo sean que no están bajo su entera responsabilidad, no lo niego, pero esa es la realidad. Lo malo es que pagamos justos por pecadores, caray. ¿Cuándo entenderán? ¿Cuando estemos todos "anoréxicos"?

Aunque no creo en la democracia representativa porque es una trampa capitalista y me inclino a pensar que la democracia participativa es la que debería establecerse en el país, todo esto me hace comenzar a dudar: quizás si tuviéramos una democracia participativa los ciudadanos participarían para seguir jodidos y esclavos de la oligarquía. Por aquello de la "anorexia mental y afectiva y la incapacidad sistémica" de tener un poquito de moral y de neuronas.

Para que lo disfruten los que votaron por PAN, VERDE y PRI, los que no votaron y los que anularon su voto (lástima que ellos no leen este blog), así fue como ocurrió:

53 senadores del PAN votaron a favor; dos terceras partes del PRI abandonaron el pleno y precisamente las ocho abstenciones correspondieron a los que se quedaron, entre ellos, Manlio Fabio Beltrones, Francisco Labastida, Maria de los Angeles Moreno, Jesús Murillo y Pedro Joaquín Coldwell; 28 votos en contra correspondieron a los senadores perredistas, del Partido del Trabajo y de Convergencia.

La votación del aumento al IVA ocurrió al filo de 22 45 horas.

En cuanto al ISR pasó casi idéntico, así que del 28% al 30%. Y así será todo lo demás para que nos hacemos...

El futuro en manos del Congreso

Apuntes
Guillermo Fabela Quiñones
Cuando el aparato de gobierno es secuestrado por una mafia, como es el caso de México desde hace tres décadas, lo conducente y razonable es sumar fuerzas, la sociedad en su conjunto, para rescatarlo y ponerlo al servicio del país. No hacerlo, con la urgencia que demanda la realidad, es no sólo un riesgo muy grave sino un despropósito que más temprano que tarde traerá consecuencias desastrosas. De por sí, el daño a la nación ha sido extraordinariamente dramático luego de que los tecnócratas se apoderaron de dicho aparato, con el fin perverso de utilizarlo para su exclusivo beneficio. De ahí el imperativo de actuar, las clases más afectadas, de común acuerdo en defensa de lo que aún queda del Estado, con el fin de que sirva a los intereses nacionales y así frenar la acelerada descomposición social que distingue a México actualmente.
Es muy claro que el “gobierno” de Felipe Calderón está totalmente al servicio de una plutocracia egoísta que no tiene un solo compromiso con la sociedad nacional. Es aún más exclusivista que el de Vicente Fox, quien con plena franqueza dijo: “Mi gobierno es de empresarios para empresarios”. Con hechos demostró su congruencia entre el decir y el hacer, lo que avivó aún más las profundas contradicciones que caracterizan al país. Se apuntalaron intereses oligárquicos que operaron las elecciones del 2006 con el propósito de asegurar el triunfo de Calderón. Lo consiguieron, pero a costa de la total falta de legitimidad de un “gobierno” que se está hundiendo en un pantano de ineficiencias, incapacidad, corrupción y odio a las clases mayoritarias.
De ahí la trascendencia de una lucha, la del Sindicato Mexicano de Electricistas, que debe llevarse a sus últimas consecuencias: la derrota del “gobierno” de Calderón. El triunfo del SME no es sólo el del sindicato más combativo y antiguo del país, sino el de la sociedad en su conjunto, pues dicha organización es en este momento el bastión capaz de frenar las embestidas fascistas de una oligarquía decidida a poner fin a las expectativas de cambio democrático, de una nación urgida de salir de la etapa oscurantista, ultra reaccionaria y plena de privilegios para la minoría que detenta el poder económico y político.
Es preciso comprender que la lucha del SME es mucho más que la necesidad de hacer prevalecer el artículo 123 constitucional, pues en los hechos es ya letra muerta. Esta lucha es por el futuro de México, el cual es inconcebible sin un marco institucional donde prevalezca el estado de derecho. Este ha sido eliminado por los poderes fácticos que se sienten propietarios inamovibles del país, por eso apoyan con todo a un “gobierno” que sirve incondicionalmente y sin restricciones a sus intereses. Este es el fondo del problema, no la vigencia o inoperancia de un sindicato que mantiene vivos los esquemas del añejo corporativismo. Sin embargo, para Calderón y la oligarquía, el trasfondo del asunto está en otro lado, como lo demuestra el apoyo que reciben de su “gobierno” el sindicato de maestros y el de los trabajadores petroleros, ambos paradigmas de corrupción al amparo del corporativismo.
Para la oligarquía, el SME representa un serio peligro por sus posiciones políticas y sociales, netamente progresistas, de ahí su odio a la organización sindical, el cual es avivado por los mercachifles de toda laya que se prestan a servir como lacayos de quienes en el fondo los desprecian. Lo que importa en este momento crucial es parar las embestidas antidemocráticas del “gobierno” de Calderón, pues no hacerlo ahora tendrá funestas consecuencias en los meses por venir. Un buen ejemplo de lo que podría ocurrir sin contrapesos eficaces que frenen esas embestidas, lo estamos viendo en la terquedad de Calderón en sacar adelante una política fiscal y económica absolutamente contraria a los intereses legítimos de la sociedad mayoritaria.
Nada justifica tal política, sólo la avaricia de la oligarquía y la corrupción del “gobierno”, de ahí el imperativo de que se organice un frente nacional que sirva de eficaz contrapeso a una escalada fascista que ya es criticada incluso por personajes extranjeros, cuyos resultados están a la vista: somos el último país en América Latina en lo tocante a crecimiento económico. Corregir esta realidad adversa sólo será factible si se formaliza un frente nacional para el rescate de la democracia, de la economía popular y del Estado laico. No hacerlo ahora pondría en grave riesgo el futuro de las nuevas generaciones de mexicanos, que sobrevivirían en una nación sin Estado, carente de instituciones democráticas, sin viabilidad en el concierto internacional, cuando Brasil, Argentina y Chile están emergiendo como los interlocutores de América Latina ante el mundo. Evitarlo está en manos del Congreso, obligado por las circunstancias a proceder con visión de futuro y sin mezquindades. ¿Estará a la altura del reto?

Censura en el Congreso

La toma de tribuna de la Cámara de Diputados, realizada ayer por un grupo de legisladores afines al movimiento lopezobradorista, en protesta por el alza de impuestos acordada por el PAN y el PRI, reveló una vez más el verdadero talante de la derecha en el poder: autoritarismo, intolerancia y censura. La decisión de interrumpir la transmisión en vivo del Canal del Congreso es un hecho grave que viene a sumarse a la propaganda engañosa, de corte francamente fascista, que el gobierno ha desplegado en contra de todo aquel que se le oponga.
Aunque la señal del canal legislativo se transmite solamente por televisión de paga o restringida, diversos medios de comunicación nacionales y extranjeros dan seguimiento a lo que ocurre en las dos cámaras del parlamento mexicano a través de esta vía. Por ello, lejos de ocultar o minimizar la protesta, lo que esta burda maniobra propició fue un mayor interés de los periodistas y del círculo rojo por observar lo que estaba pasando en el salón de sesiones.
Panistas y priistas, tal como ocurrió con los electricistas el día en que la policía federal invadió las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, fueron sorprendidos por una parte de la oposición de izquierda, que un día antes, en discreto coloquio realizado en la colonia Roma, había decidido la toma de la tribuna legislativa, para tratar de impedir o por lo menos exhibir, la complicidad de ambos partidos en el aumento de impuestos a la ciudadanía, y el mantenimiento de los regímenes especiales de tributación que permiten a los grandes contribuyentes evadir legalmente sus contribuciones al fisco.
El gobierno calderonista y la mesa directiva, presidida por el diputado panista Francisco Ramírez Acuña, creyó que pactando con los chuchos en el PRD tenían todo bajo control. Pero un reglamento interno, avalado mansamente por la coordinación perredista en San Lázaro, que prohíbe la toma de tribuna, no puede estar por encima de la objeción de conciencia y de la libertad que cada legislador tiene para actuar conforme a sus creencias. Además, la bancada del PT, reducida en número, pero elevada en calidad, tiene la iniciativa y la táctica para imponer la agenda de los grandes temas nacionales. Así, ese pequeño pero combativo grupo de legisladores identificado con Andrés Manuel López Obrador, ha puesto a la defensiva y contra la pared a una mayoría timorata, sumisa y cómplice.
Las mantas y cartulinas que los obradoristas desplegaron en protesta por los impopulares impuestos que PRI y PAN quieren imponer a la ciudadanía, asustó a la directiva cameral. La enorme manta con la leyenda “Calderón es el verdadero peligro para México”, molestó a Los Pinos. Hubo más mensajes, algunos de ellos bastante agresivos. Consecuentemente, los diputados del PT y PRD que ocuparon la tribuna, aparecieron solamente durante ocho minutos en el Canal del Congreso. Ese es el tiempo en que los integrantes de la mesa directiva se retiraron del presídium, Inmediatamente después, la señal fue sustituida con programas grabados, y así permaneció por horas. Sólo uno de los canales de circuito cerrado del Palacio Legislativo siguió difundiendo una imagen panorámica del salón de sesiones.
Es previsible lo que sigue: los medios de comunicación al servicio del régimen, lincharán mediáticamente a los diputados que se atrevieron a utilizar este recurso parlamentario de la toma de tribuna, perfectamente legal en México, y hasta rutinario en otros parlamentos del mundo. En contraste, esos mismos medios callarán o justificarán el abuso y la ilegalidad que se cometió al censurar la transmisión del Canal del Congreso. Vivimos tiempos canallas, sobre todo en la prensa.

Sigue el Canal del Congreso

En estos momentos 11:23 estan sesionando con la tribuna tomada ...

AQUI PUEDES VER EL CANAL DEL CONGRESO DA CLICK AQUI

Carta abierta a Arturo Chávez Chávez

DENISE DRESSER

Estimado procurador Chávez Chávez:¿Y si su hija o su madre o su hermana desapareciera un día cualquiera? ¿Y si pasara semanas y meses sin saber de ella? ¿Y si colocara fotos y descripciones y peticiones de ayuda –“delgada de pelo largo”– en lugares públicos? ¿Y si después encontraran su cuerpo tirado en un lote baldío? ¿Y si fuera evidente que ha sido violada y mordida y estrangulada y mutilada? ¿Y si la hubieran acuchillado 20 veces? ¿Y si le entregaran los restos de su ropa en una bolsa de plástico? ¿Y si las autoridades no le prestaran atención? ¿Y si, aunque usted contara su caso cientos de veces, prevaleciera el silencio? Estas son las preguntas que las madres de las muertas de Juárez hacen desde años y que usted y 75 senadores desoyeron.

Estas son las preguntas que la sociedad mexicana debería presentarle, ya que durante su ratificación en el Senado nadie se las formuló. Preguntas cuya falta de respuesta debió haberlo inhabilitado para el puesto al que arriba.Pero en su caso pesaron menos las muertas y más las fichas de negociación; pesaron menos las acusaciones en su contra y más los acuerdos partidistas en su favor. El PAN cerró filas ante el recomendado por su presidente, y el PRI cerró filas para cobrarle el favor, ignorando omisiones con tal de obtener comisiones. Ignorando errores con tal de participar en la costumbre del canje. Ignorando que en Ciudad Júarez –cuando usted era procurador– quienes buscaban a mujeres desaparecidas encontraban huesos en el desierto. Ignorando que en Ciudad Júarez nadie tuvo voluntad política para resolver los crímenes ni capacidad para prevenirlos. Al ratificarlo a usted, el Senado también se ratifica a sí mismo como una institución ciega, sorda y sexista. Como usted y quienes lo avalaron prefieren olvidar, desde 1993 cientos de mujeres salieron de su casa y no regresaron a ella; terminaron de trabajar y nadie las volvió a ver; tomaron un camión y acabaron en un ataúd. Eran estudiantes y amas de casa y meseras y secretarias. Tenían entre 15 y 25 años. Solían ser pobres y de pelo largo. Trabajaban por seis dólares diarios ensamblando radios. Emigraban de distintas partes del país a Ciudad Juárez pensando que podrían vivir mejor allí. De pronto se volvieron desechables, anónimas. Pero no es así. Sus madres y sus hijos y sus esposos y sus hermanos las conocen, las recuerdan, las extrañan. Saben que se llamaban Paloma Angélica, Érika Noemí, Érika Ivonne, Lilia Alejandra, Irma Rebeca, Laura Georgina, Laura Alejandra, Flor Idalia. Saben que eran delgadas y bonitas. Saben que eran el sostén económico de sus familias.Y saben que las investigaciones sobre su desaparición –que usted encabezó– fueron una farsa, una broma, una tragedia de errores. La corrupción y la complicidad llevaron a desaparecer pruebas y dejar en libertad a sospechosos, a ignorar información de testigos y a amedrentarlos, a encarcelar inocentes y a fabricar culpables. Más que perseguir, las autoridades de las cuales usted formó parte se dedicaron a encubrir. Más que investigar, diversos funcionarios públicos a su cargo se abocaron a tapar. Y ahora usted nos dice –lacónico, evasivo, esquivo– que “encaró el problema con los instrumentos institucionales que en ese momento tenía la procuraduría”. Nos dice que la culpa fue de los Ministerios Públicos. Nos dice, palabras más, palabras menos, lo mismo que alguna vez respondió Vicente Fox: “¿Y yo por qué?”.Difícil creer que, ahora sí, usted combatirá la impunidad, cuando forma parte de su legado. Difícil creer en el reporte que quienes lo defienden hicieron circular en el Senado, cuando hay tantas investigaciones nacionales e internacionales que contradicen la supuesta eficacia de su trabajo descrita allí. En Ciudad Juárez no ha habido muchos criminales condenados, pero sí muchas autoridades condenables. Procuradores como usted que atribuyeron la muerte de múltiples mujeres a la “doble vida” que llevaban y a la ropa “provocadora” que usaban. Los peritos que, por descuido, dejaron huesos, pelo y ropa en el sitio donde fueron encontrados los últimos cuerpos. Los policías que mataron “accidentalmente” al abogado defensor de uno de los acusados, cuya confesión había sido extraída con base en la tortura. Los investigadores que quemaron más de mil libras de ropa de las víctimas, acumulada durante 10 años. Los expertos que le hicieron pruebas de ADN al cadáver equivocado. Los errores que llevaron a la CNDH a emitir una recomendación en su contra. Las omisiones que condujeron a una delegación de expertos enviados por la ONU a hablar de los “horrores” y los “abusos” y las “peores prácticas internacionales” asociadas con su gestión.Fernando Gómez Mont –uno de sus principales promotores– asegura que usted es un hombre bueno, sereno, valiente, responsable, respetuoso de la ley. Pues tendrá que probarlo porque esa no es la impresión que queda después de su desempeño en Chihuahua. Esa no es la imagen que lo acompaña dado lo que dejó tras de sí. Usted llega adonde está hoy por un pacto político promovido por los partidos y los senadores y los gobernadores y los policías y los hombres. Usted asume su puesto gracias a una constelación de intereses distante de las demandas de la sociedad. Usted ha logrado convertirse en el primer abogado de la nación porque la clase política aún está poblada por personas a las que no les quita el sueño una muerta más u otra mujer faltante. No les preocupa la impunidad rampante y la ineficacia gubernamental que hace posible su institucionalización. Ahora usted salta de la provincia al centro, trayendo prácticas y actitudes cuestionables consigo. Arrastrando un problema no resuelto y con muchos esqueletos en el clóset. Por eso allí están los fantasmas que ojalá lo acompañen a lo largo de su paso por la procuraduría; en busca de voz, en busca de justicia, en busca de descanso. Fantasmas de los cuales no dejaremos de hablar. Casos cuyo esclarecimiento no dejaremos de exigir. Mujeres cuyos nombres no dejaremos de repetir. Para que algún día usted logre entender que los derechos de las mujeres no son diferentes ni de segunda clase. Para que usted desarrolle la sensibilidad que lo lleve a escuchar a quienes siguen marchando afuera de su oficina, vestidas de luto, vestidas de negro. Para que la próxima vez que una madre se arrodille frente a usted y le ruegue que encuentre a su hija desaparecida, usted le tienda la mano en vez de negársela.

Congreso cómplice

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

MEXICO, D.F., 25 de septiembre (Apro).- La ratificación en el Senado de Arturo Chávez Chávez como procurador General de la República y la comparecencia en la Cámara de Diputados del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, mostraron cuán lejos se encuentra el Congreso mexicano de equilibrar los abusos del Poder Ejecutivo. Si con su propuesta para la Procuraduría General de la República (PGR) Felipe Calderón reafirmó su desprecio por los derechos humanos, al confirmar a Chávez con los votos del PAN, el PRI y el PVEM, el Senado sencillamente abdicó. Lo que era una oportunidad para reivindicar una de las funciones esenciales del Congreso en una democracia –el equilibrio de poderes– se convirtió en otra clara expresión del ya largo entendimiento de los dos partidos mayoritarios que impide el desarrollo democrático de México. Colocado por ahora en la antesala de lo que podría ser su retorno a la presidencia de la República, el PRI optó por la complicidad, la comodidad y la desfachatez para seguir pavimentando ese camino. El senador por el estado de Hidalgo, Jesús Murillo Karam tuvo el despropósito de asegurar que la ratificación de Chávez –nacional e internacionalmente cuestionado por su desempeño como procurador de Chihuahua en el caso del masivo asesinato de mujeres en Ciudad Juárez– era si no responsabilidad de Calderón, sí caía en su ámbito de actuación. El desempeño de Chávez Chávez está en manos de Calderón, dijo en nombre del PRI. Claro que así es, pero por lo mismo el Senado estaba obligado a hacer una verdadera revisión de la actuación de la PGR y por ende del Ejecutivo. Pero no se puede pedir más a ese partido. No puede ni sabe actuar de otra manera. Tener un procurador a modo del titular del Ejecutivo está en su esencia de presidencialismo dominante, avasallador de los otros poderes. Subsecretario de Gobernación cuando ésta aún manejaba los asuntos de seguridad del país, Murillo Karam sabe que Chávez será un procurador de consigna, sin autoridad política y menos moral. Pero con el ánimo rijoso del "presidente valiente", el PRI tendría que cuidarse; salvo que la ratificación se haya convertido en un seguro para los priistas que ejercen funciones de gobierno. Por ahora, media docena de alcaldes priistas de Michoacán están encarcelados por sus supuestos vínculos con la delincuencia organizada. ¿Hasta ahí va a llegar Calderón tras la ratificación de Chávez? El mismo jueves 24, y a la misma hora, la Cámara de Diputados también renunció a otra función esencial de la democracia: la rendición de cuentas. La comparencia de García Luna –uno de los hombres más polémicos del calderonato–sirvió para la descalificación y los reproches entre el PRI y el PAN, no para evaluar en serio el desempeño de García Luna y su equipo, que en su afán de espectacularidad han sido capaces de dar versiones de hechos que la población no cree. Cualquier congreso democrático ya habría puesto un alto a historias mediáticas de supuestos intentos de magnicidios, de secuestros, terroristas y cuanta calamidad que la Secretaría de Seguridad Pública dice que ha controlado. García Luna sólo padeció la descalificación, principalmente de los diputados del PT, Porfirio Muñoz Ledo y Gerardo Fernández Noroña. Nada tuvo que explicar sobre los abusos de su Policía Federal en todo el país, de la corrupción institucional o del enorme poder que le ha dado Calderón al crearle prácticamente su propio ejército de prácticamente 40 mil hombres. Rendición de cuentas y equilibrio de poderes son dos condiciones básicas de la democracia. Ni el Ejecutivo ni el Congreso mexicanos saben que es eso. jcarrasco@proceso.com.mx

El Congreso brasileño aprobó la base legal que destruye la Amazonia

Barómetro Internacional

Bruno Lima Rocha

La aprobación en el Congreso de la Medida Provisional (MP) 458 es un absurdo. Esta MP, que originalmente visaba regularizar tierras ocupadas por pequeños campesinos ocupantes de tierra en el área de la Amazonia Legal (equivale a 48% del territorio de Brasil), con su actual redacción abre margen para una inversión de valores, beneficiando a quién desmata y destruye. Una vez más diputados federales y senadores consiguen ajustar los intereses de un sector de clase –el de los grandes propietarios, ladrones de tierras públicas de la Amazónia- perjudicando a un posible desarrollo sostenible e inclusivo. Veamos por qué.

La división de los lotes de los campesinos tiene dos categorías. La de los pequeños, de 100 a 400 hectáreas (ha), y a de los medianos, de 400 a 1500 ha. Acordemos que el módulo rural varía de acuerdo con la región del Brasil y su vocación. Para la dimensión amazónica, una extensión de 100 ha es considerada pequeña. Pues bien, con este texto, sobre este pequeño recae la desconfianza del Estado y el titular del lote sólo podría venderlo después de diez años de la regularización de las tierras. ¡Ya para los medianos, que en teoría pueden tener representantes legales (prepuestos, también conocidos como “naranjas” o “testaferros”), los lotes serían pasibles de venta después de tres años! Para empeorar, en este mismo negociado entran los grandes “ocupantes” a ser regularizados, ocupantes de tierras con más de 1500 ha de extensión. Estos también podrían vender las tierras después de tres años. Si es aprobada la MP 458 como está, queda abierta la puerta para la especulación de tierras robadas. Sinceramente, o el texto tiene problemas desde su origen, o no tiene sentido.

El peor de los mundos, en mi opinión está en el mantenimiento de los artículos 2º, 7º y 13º. Entiendo que esto implica algunos descalabros, tales como: los “ocupantes” regularizados no necesitarán ser habitantes del municipio donde en teoría producirían bienes primarios o la extracción de bienes naturales; las personas jurídicas podrán ser beneficiadas de una ley que originalmente favorecería el modo de producción de base familiar; y por fin, las concesiones de tierras podrían darse sin pasar revista previa ni análisis a los papeles originales. ¡No es sin sentido el que la Medida Provisional ganara el sobrenombre de “MP del robo de Tierras Públicas”!

La complejidad del problema aumenta cuando dimensionamos los valores inmobiliarios y su extensión. Estamos hablando de una área de 64,7 millones de hectáreas de tierra con un valor inicial de la orden de R$ 70 mil millones (cerca de USd 35 mil millones de dólares USA). No se trata de materia de ocasión y sí de una determinación estructural de la Amazonia para las próximas décadas. Por eso mi temor es el de siempre. Si el presidente Luiz Inácio Lula da Silva no veta el texto, veremos más de lo mismo. Es decir, la derrota de la razón de Estado y del bienestar de la nación, siendo todo cambiado por las leyes que legalizan a los ladrones de arriba, fortaleciendo la base aliada del gobierno de turno y su composición de clase.

En el Senado de Brasil, la pesadilla del agro negocio sigue

La noche de miércoles 3 de junio, el Senado de la República dio un aula de análisis político. No fue una lección de actitud republicana, tampoco de defensa de la ciudadanía ni del interés nacional. Lo que se vio fue la materialización de dos conceptos: lo de sobre-representación y lo del eufemismo como arma del discurso. El primer concepto se encuentra en la “sinceridad” de la senadora Kátia Abreu (DEM- estado de Tocantins) que acumula el mandato por el nuevo estado y también es presidente de la Confederación Nacional de Agricultura (CNA, o sea, el sindicato nacional de latifundistas). El segundo, el eufemismo, se encuentra en las palabras de la “muy noble” senadora, al afirmar que una Medida Provisional de su autoría, la MP 458, va “a dar seguridad jurídica” para la Amazonia Legal.

Para quien tiene como faena y labor el análisis del gran juego del poder en el Brasil, tener un concepto materializado es una oportunidad de demostrar de modo didáctico las telas de relaciones reales y no formales de la política brasileña. El “concepto con carne” se hace patente para un público ampliando las tensiones del ejercicio del mando sin las barreras de un lenguaje refinado. En este negociado, estoy obligado a ser justo. Si hay una bancada que actúa de modo “sincero” son los latifundistas, también conocidos como “ruralistas”.

Este término, “ruralismo”, por sí sólo ya es un eufemismo, pues se remonta a la sigla de la extrema derecha agraria de los años ’80. Para quien no recuerda, la lucha por el ejercicio del derecho constitucional del acceso a la tierra como factor de producción con destinación social, confrontaba en armas con la Unión Democrática Ruralista (UDR). Esta entidad “democrática”, que cayó en bajo perfil los últimos años, da la marca a la bancada de mismo nombre. Esta gente es tan agresiva como los latifundistas soyeros de Argentina y levantan la supuesta bandera “del campo”. Pobre del Martín Fierro, de Quiroga y de los caudillos de antaño. Estos “del campo” son poco o más que vende-patrias que viven de mamar la teta del Estado platense. Pues en Brasil pasa lo mismo. Y la cara dura no para. Fue una de las líderes de la bancada de la agricultura en ancha escala, aplicando el concepto que transforma el alimento en commodity, que escribió el texto de la nueva medida legal.

No hay desarrollo sin preservación

Como se sabe, la medida es polémica y provocó una fractura en la base del gobierno y en la oposición. Por su parte, el presidente ya señala una maniobra para distraer a la mayoría. Dice que la cuenta a pagar por la preservación también es de los países ricos. Aunque eso sea correcto, se aplica en escala mundial y no en la vida cotidiana de la Amazonia Legal y de la biodiversidad brasileña. Cobrar el cumplimiento del Protocolo de Kyoto y actuar de forma incisiva contra la pesca de la ballena por los pesqueros japoneses es legítimo. Pasar la cuenta de una política interna que atraviesa las posibilidades de mantenimiento de la soberanía nacional en la Amazonia, no lo es. No hay control sin sustentación, y el Estado brasileño tiene que asegurar la cobertura vegetal y la biodiversidad en más de la mitad de su territorio.

Al contrario del sentido común y de las ideas difundidas por los grandes medios, no hay conflicto entre preservación y desarrollo. Preservar no es retraso ni costo, pero sí garantía de retorno a largo plazo. Es obvio que dentro del modelo de devastar para la agro-exportación, esto parece una barrera para el desarrollo del negocio. En verdad, lo absurdo para un país es apostar a un modelo que no se sostiene ni asegura los mayores valores futuros. La mayor riqueza de la humanidad en el siglo que viene es la diversidad genética y el patrimonio natural. Así, no hay ninguna posibilidad de desarrollar la Amazonia sin la floresta en pie y el curso de sus ríos. Y lo peor, con la destrucción del medio, los pueblos amazónicos tienden a migrar, hinchando las capitales de la región y aumentando la desesperación social.

Con la MP 458 los senadores fuerzan el país a caminar a través de la misma troja que llevó a la aprobación de las semillas transgénicas a través del hecho consumado. Oficializando el robo de tierras y permitiendo la devastación de la selva, quedamos entregados a la demencia del agente económico devastador e inescrupuloso. El futuro colectivo y la soberanía del país exigen el veto de esta Medida.

blimarocha@gmail.com