Tampoco mintiendo puede salvarse Zedillo

María Teresa Jardí

Aunque sea una pena que no se haya elegido a la Corte Internacional de La Haya para conocer del caso en primera instancia, seguramente lo conocerá en otras. Puede ser que la denuncia contra Zedillo por la masacre preparada con la creación de los grupos paramilitares y consentida con la desatención a los llamados de alerta sobre lo que se preparaba, se convierta en la ventana que propicie el inicio de un cambio en la actuación del ejercicio de la política en México.
Para la clase política aquí todo se vale, porque se saben impunes, entre otras cosas porque todos tienen largas colas que pueden pisarse. Pero cuando se vaya perdiendo, como de hecho ya está sucediendo, aunque sea a nivel internacional, la certeza de la impunidad para políticos, militares, policías y anexas que funcionan a la mexicana. El cambio se irá dando en función de que se sabrán carne de presidio.
La sola presentación de la denuncia contra Zedillo es un acierto porque torna en vulnerable a toda la clase política. Vulnerable, como somos los gobernados frente a la actuación de los funcionarios que se sienten amos de vidas y haciendas, porque en el México actual, con las instituciones y los poderes desarmados del todo en su estructura ética, se saben, y son, impunes.
Sabedores de que no tienen la razón los defensores de Zedillo, además de buscar ayuda por parte del usurpador Calderón quien se apresta desde ya a garantizarse también impunidad con base en una inmunidad que al dejar el cargo se pierde. Están usando también comunicadores a modo para filtrar, mintiendo, que el regreso de los paramilitares se dio con Carlos Salinas siendo secretario de la Defensa el general Riviello. Lo que me consta que es del todo falso. El general Riviello, al entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari, le pidió que lo dejará acabar con la rebelión zapatista en dos semanas, recién declarada la guerra al Ejército Nacional, por cierto, por parte del EZLN. Salinas le dijo que no. Y me consta que el general Riviello acató la orden de manera puntual e impecable.
Salinas nombró a Camacho, otro gafe como Calderón, que todo lo que toca lo convierte también en mierda, “negociador” en Chiapas y Salinas en lugar de atajar, corriendo, “el berrinche” de quien hoy desasea la elección perredista en el D. F, le cumplió también el capricho de ser nombrado el mismo día en que Colosio iniciaba la campaña como candidato a la Presidencia de la República. Es obvio que porque antes le había hecho creer que él era el bueno.
Y Salinas volvió a equivocarse nombrando como sustituto de Colosio a Ernesto Zedillo, quien probablemente buscando borrar la forma de su llegada, también “haiga sido como haiga sido” como relevo de Colosio, puede ser que Zedillo haya querido legitimar la forma de su llegada, detener al subcomandante Marcos, infructuosamente, como saltaba a la vista que iba a ser, incluso por el apoyo internacional que tenía en ese momento el EZLN, que como logro indiscutible ha tenido el de hacer visible el deplorable pisoteo a la dignidad de los indígenas y la situación de injusticia que en contra de las naciones indígenas en México se da.
Y Zedillo, quien también tiene mucho de gafe, a partir de ese momento propició la creación de grupos paramilitares en México. Grupos paramilitares al estilo de los que en la Brigada Blanca habían tenido su expresión más deplorablemente inaceptable hasta ese momento.
Calderón, quien ha propiciado la multiplicación de los escuadrones de la muerte a lo bestia, aspira a que los crímenes de Zedillo queden impunes, en aras de garantizar que con su genocidio ocurra lo mismo.
No entiende Zedillo, ni tampoco lo entiende Calderón, ni los que ofrecen un perdón que amén de asesinar a la Justicia tampoco tiene la capacidad de encubrir la verdad que siempre acaba por salir del confinamiento al que la condena la clase política y la historia de cada uno, más temprano que tarde queda, a veces con letras de sangre, correctamente escrita.
Aprovecho para felicitar al director de nuestro diario y desearle muchos más años de vida y de labor imprescindible. De verdad quería estar. Pero... tres bolas de pelos (dos gatitas y una perrita) que hacen muy grata mi vida y que no me decido a dejar bajo el cuidado de nadie todavía, me mantienen atada a mi lugar de residencia.

Aristegui - Caso Acteal. Calderon Apoya Imunidad A Zedillo (Demanda, ¿Venganza De Salinas?)

http://youtu.be/cdLT23hg3uE


http://youtu.be/Nxv0D-uHJGE

Caso Acteal - Gobierno De Felipe Calderon Solicita Inmunidad Para Zedillo

http://youtu.be/bP2XqTgxwWc

¡Si vienen, nos los chingamos!

Un paramilitar, integrante de la organización priísta Ubisort, revela los detalles a las autoridades judiciales de la emboscada que se llevó a cabo en San Juan Copala, región triqui de Oaxaca, en la que murieron los defensores de derechos humanos Alberta Cariño Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, y Jiry Jaakkola, de origen finlandés. La compra de armas de alto poder se financia con recursos públicos.

Érika Ramírez

“¡Si vienen, nos los chingamos! Nadie llamó a esa gente”, fue la sentencia final del entonces “comandante” de la Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), Antonio Cruz García, apodado Toño Pájaro –ahora al frente del grupo armado que desde septiembre de 2010 ocupa San Juan Copala, Oaxaca–, respaldado por el entonces líder político de la organización, Rufino Juárez Hernández.

A esa conclusión llegaron los líderes de la Ubisort la noche del 26 de abril de 2010. Habían pasado tres días discutiendo cuál sería la estrategia que tomarían ante la llegada de una caravana de paz que pretendía entrar al centro ceremonial de San Juan Copala, para brindar ayuda humanitaria a la población asediada por los grupos paramilitares desde el 13 de septiembre de 2009.

La maniobra consistía en colocar piedras a la salida de la comunidad de La Sabana e impedir el acercamiento con la gente que permanecía en San Juan Copala y con los integrantes del Municipio Autónomo, impulsado por el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) y exintegrantes de la Ubisort.

Así lo revela uno de los integrantes del grupo de pistoleros que acabaron con la vida de la directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), Alberta Cariño Trujillo, y del observador de derechos humanos de origen finlandés Jiry Jaakkola, el 27 de abril de 2010.

En una hora y media de grabación en video –integrado en el expediente abierto para llevar las investigaciones del caso, y al que tuvo acceso Contralínea–, el hombre relata cómo se llevó a cabo la emboscada en la que, además de dos muertes, dejara como saldo más de una decena de heridos y la desaparición por más de 60 horas de los activistas de Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad, David Venegas y Noé Bautista, y los reporteros de Contralínea, Érika Ramírez y David Cilia.

Comienza la filmación, dos hombres alegan en triqui. El pistolero sólo escucha, se encoje de hombros. Viste playera oscura, chamarra de mezclilla y luce bigote escaso. Está dispuesto a declarar todo lo que sabe, a cambio de protección, pero únicamente en su idioma. Los traductores justifican: él sólo entiende el español, a un 80 por ciento; no lo habla, aseguran.

La organización

Todo fue planeado por los hermanos Rufino y Anastacio Juárez Hernández, y por Antonio Cruz García, Cirino López Ramírez, Julio César Martínez Morales, Mauro Vázquez y Daniel Martínez López, enlista el hombre que se atreve a hablar frente a cámaras a poco más de un año de la emboscada.

En lengua triqui, y apoyado por uno de los intérpretes, el francotirador titubea. Se mira nervioso; afirma que no habla español ni conoce los detalles de las reuniones. Sin embargo, acepta haber estado en la repartición de armas. Afirma que a él no le “tocó” de alto poder. Asegura que le fue entregado, de manos de Rufino Juárez, un rifle calibre 22.

La entrega de armas se llevó a cabo en un paraje a la salida de la comunidad La Sabana, donde un grupo había colocado rocas desde la noche del 26 de abril de 2010. Ahí mismo serían citados para presentarse al día siguiente a las siete de la mañana.

—¿Quiénes pusieron las piedras?

—Casi todos. La idea de algunas personas que iban ahí era bloquear, no permitir que bajara la caravana. Cuando empezaron a disparar, yo regresé a La Sabana [la comunidad bastión de la Ubisort]. Después de los disparos llegó una ambulancia de la Secretaría de Salud, que venía de Copala. Ya había pasado un buen rato. Había muchos heridos, se veía sangre en sus ropas.

—¿Quién les dio la orden de que fueran a bloquear?

—Antonio Cruz [Toño Pájaro].

Preparativos de los observadores

A la misma hora que los paramilitares se alistaban para emboscar a la caravana de la paz, fueron convocados miembros de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en el Parque de la Libertad de Expresión, en Huajapan de León. También fueron citados observadores internacionales para respaldar a los integrantes de la caravana por la paz que tenían como destino la comunidad autónoma de San Juan Copala. Periodistas de varios medios de comunicación, entre ellos Contralínea y Noticias de Oaxaca, acudieron a reportar el hecho noticioso.

Los paramilitares fueron puntuales. Asistieron a la cita camuflados con ropa de tipo militar y negra, gorras y paliacates. Portaban fusiles de asalto AK-47, conocidos como cuernos de chivo, AR-15 y rifles. Esperaban apostados en la cima del cerro; subían y bajaban de éste. Toño Pájaro y Rufino Juárez los comandaban. De acuerdo con el testimonio, se organizaron en dos grupos, de 10 y 15 personas cada uno. Estaban alertas.

La caravana

En tanto, a 200 kilómetros, en el Parque de la Libertad de Expresión de la ciudad de Huajuapan de León arribaban los activistas, maestros y representantes de medios de comunicación. La directora de Cactus, Alberta Cariño Trujillo, se ocupaba de reunir a la gente y organizar la pinta de una manta que anunciara con letras en negro y rojo “Prensa y Comisión de Observación”. Iba acompañada por su esposo, Omar Esparza Zárate, miembro de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas, una de las organizaciones convocantes de la caravana. Ambos proporcionaban información a los medios de comunicación del acto que se pretendía llevar a cabo horas más tarde.

Ahí también se encontraba Jiry Jaakkola, observador de derechos humanos de origen finlandés, quien buscaba una señal de internet para enviar el que sería su último correo electrónico. Platicaba con una de sus compañeras alemanas; ambos sonreían.

En el ambiente se respiraba incertidumbre. Horas previas se había dado a conocer un comunicado de Rufino Juárez, en el que anunciaba que no se permitiría la entrada del contingente de paz a la zona y que la Ubisort no se haría responsable de lo que ahí sucediera.

Llegó la hora de partir. Había ánimo entre los participantes; llevaban ropa y víveres para los habitantes de San Juan Copala que no habían podido salir de su pueblo desde hacía varios meses ante el temor de ser asesinados por los paramilitares, supuestamente de la Ubisort, grupo de filiación priísta.

El secuestro

El contingente de paz partió después de las 10 de la mañana. Estaba integrado por una camioneta blanca con 16 personas a bordo; un sedán azul Dodge Attitude, con placas de Quintana Roo –en el que viajaban los dos reporteros de Contralínea–; una camioneta negra tipo Explorer, Ford, y una camioneta blanca que transportaba profesores de la Sección 22 del SNTE.

Alrededor de las 13:30 horas la caravana dejó el último pueblo mestizo antes de entrar a la región mixteca: Juxtlahuaca.

En el camino, a la altura de la comunidad de Agua Fría, la primera de la región triqui, se repartieron radiotransmisores para comunicarse en caso de que algo sucediera. Se había acordado no intentar cruzar la zona si se preveía algún movimiento extraño o algún tipo de retén.

“Si ven piedras en el camino, se regresan”, fue la orden a todos los activistas de la caravana de parte de la vanguardia. Algunos periodistas desistieron de seguir y otros decidieron continuar en la labor informativa, entre éstos los reporteros de Contralínea y Noticias de Oaxaca. Varias personas se quedaron en aquella comunidad. Decían que, para no poner en riesgo a los observadores de paz ni a la prensa, se quedarían en ese lugar, pues ya habían sido amenazados de muerte, entre ellos Omar Esparza y el profesor Macario Merino.

La emboscada

En el minuto 30 del testimonio que ofrece el pistolero a las autoridades de Oaxaca, se narra el momento de la emboscada desde las filas de los paramilitares. Se confiesa. Comienza a hablar en español fluido; y empieza a describir nuevamente el escenario.

Relata que mientras la caravana hacía su recorrido, en la comunidad de La Sabana –bastión de la Ubisort y desde la cual se mantuvo un retén paramilitar– se registraron los primeros actos de violencia. Pasaban las nueve de la mañana. Dos mujeres que habían salido de San Juan Copala caminaban por el monte; una de ellas, embarazada. Se toparon con el grupo paramilitar. Las detuvieron y amenazaron. El indígena triqui que declara ante el video afirma haberse enfrentado a Toño Pájaro, quien con su cuerno de chivo apuntaba a una de ellas. Buscaba que les perdonara la vida. Las indígenas lloraban. Sólo habían salido en busca de alimento.

“Yo no permitía que le hablaran fuerte a la señora, porque hasta lloraba, y como la hija iba embarazada… Qué tal que se pierde su hijo”, les dijo. Las detuvieron hasta la hora del ataque, aproximadamente a las 14:30 horas. “Como la señora ya llevaba mucho tiempo ahí, yo les dije que les iba a traer agua y algo de comer porque qué tal si se perdía su hijo. Ése va a ser un problema para ustedes porque son autoridades. Ahí fue cuando se enojaron conmigo”, asegura.

“Si la quieres, llévatela o trae algo de comer”, ordenó, molesto, Toño Pájaro. En ese momento se escucharon los motores de los carros que integraban la caravana. La camioneta blanca llegaba al paraje. Entonces Toño Pájaro exclamó: “¡Vamos a disparar, porque nadie llamó a esa gente!”. Rufino Juárez estaba en otro de los grupos que se habían formado junto con su hermano, Anastacio Juárez. El primero había estado en la reunión donde se ordenó el bloqueo; luego salió del pueblo y se presentó hasta la mañana siguiente.

En La Sabana, olía a muerte. Una nube de humo blanco se dispersaba por el poblado. Se llenaba el ambiente de olores fétidos, parecía que quemaban el cuerpo de algún animal. Poco antes de las 14:30 horas, los niños permanecían en la escuela; las mujeres cargaban víveres rumbo a sus casas; mientras que los hombres caminaban en las veredas del monte.

Cuando la camioneta se paró al topar con las piedras, Toño Pájaro comenzó a disparar. Le siguieron sus “soldados”. Bajaron hasta donde estaban los carros que intentaron dar marcha atrás sin conseguirlo. El ataque fue a matar. No dejaban de tirarles a las personas, que en pocos segundos salieron despavoridas de los vehículos.

Según el paramilitar que participó en el ataque, Toño Pájaro, Anastacio Juárez y Cirino López Ramírez continuaron el tiroteo; se fueron contra la camioneta blanca donde caían muertos Alberta Cariño Trujillo y Jiry Jaakkola. El resto del equipo paramilitar apuntaba a los demás integrantes que conformaban el contingente, quienes huían resbalaban por el cerro.

El saqueo

Rastros de sangre quedaron por todas partes, la tierra se llenaba de casquillos. Los vehículos quedaron perforados en puertas, toldos y cristales. Las balas entraron por todos lados.

Pasaron unos 20 minutos de ráfagas ininterrumpidas. Los activistas, maestros y periodistas salieron de los vehículos como pudieron. La mayoría corrió hacia La Sabana, donde fueron auxiliados por gente del pueblo.

Una ambulancia de la Secretaría de Salud del estado llegó a la zona para atender a los más de 20 heridos. Los dos reporteros de Contralínea y los activistas de Vocal se fueron río abajo, donde permanecieron ocultos por más de 60 horas.

El triqui que habla ante la cámara de video presenció todo desde la cima del cerro. Relata cómo Toño Pájaro iba atrás de uno de los integrantes de la caravana que intentaba huir. Lo tumbó, lo revisó y lo amenazó con su cuerno de chivo. Luego lo dejó ir.

La camioneta blanca tipo Van, el Dodge Attitude y la camioneta Explorer, Ford, quedaron rafagueados, con huellas de sangre y con los objetos que portaban sus ocupantes. El grupo paramilitar se acercó a los vehículos. Saquearon todo lo que había ahí dentro: equipo fotográfico, celulares, computadoras, cámaras de video. Horas más tarde, se reunieron con el botín a las afueras de una casa en La Sabana, lo repartieron entre los líderes y comenzaron a beber.

“Había miedo entre la población de que llegara la policía. Anastacio y Rufino Juárez saldrían esa misma noche rumbo al Distrito Federal. Con ello, no habría culpa de su participación en el ataque”, afirma el testigo.

Estructura militar

Integrante de la Ubisort desde hace ocho años, el pistolero asegura que su participación ha sido inconsistente, pues ha tenido que salir en busca de empleo a la capital del país, a Hermosillo y a Estados Unidos. Sin embargo, confiesa que la Ubisort tiene una organización tipo militar. Sus principales líderes en ese momento eran: Rufino Juárez y Antonio Pájaro, este último se erige actualmente como “comandante” en la comunidad de San Juan Copala. Ahora Rufino Juárez se encuentra preso, y Pájaro, fuera de las filas de la Ubisort, dirige el grupo armado en alianza con el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, según las denuncias de los desplazados del municipio autónomo de San Juan Copala.

Los recursos con los que se financia la compra de armas de alto poder y el traslado a distintas partes del estado son tomados de las partidas 28 y 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación, destinadas supuestamente a incrementar el nivel de vida de la población, detalla el testigo.

El pistolero explica que durante las reuniones que llevaban a cabo con sus “soldados”, los hombres que encabezan la organización paramilitar de la zona triqui aseguran que por ningún motivo van a permitir la entrada de otros grupos. Por ello, constantemente asedian a los habitantes de la región. Cada uno de ellos es custodiado por 10 o 15 personas, todas armadas.

Como integrante del grupo, el hombre señala que era su obligación estar en el ataque. Tenía que “solidarizarse”. La Ubisort le dio refugio en La Sabana luego de que comenzaron los desacuerdos por la búsqueda de autonomía en San Juan Copala, movimiento encabezado por el MULTI y al que se incorporaron bases de la Ubisort. “Todos los del pueblo obedecen las órdenes de Rufino, pues si no, amenazan con multar. Así lo hicieron el 27 de abril [de 2010]”.

Apresura a su entrevistador, menciona que ya le queda poco tiempo para seguir hablando. Debe de que regresar pronto a su casa, antes de que llegue la fiesta del pueblo y se den cuenta de su ausencia. El miedo también lo aprisiona a él. Sus movimientos son nerviosos y oculta lo más que puede su mirada a la cámara que lo filma.

Y es que en su territorio nadie tiene asegurada la integridad física ni la vida. Él mismo sabe que de ser descubierto en su declaración sería asesinado de inmediato. Lo hace, en búsqueda de protección y resguardo.

Fuente: Revista Contralínea 265 / 01 enero de 2012

Paramilitares En Mexico 31-10-11

http://youtu.be/6I2qBke4k78


http://youtu.be/oKN2cMyPQsE


http://youtu.be/NLfPHK2YgFk


http://youtu.be/2uprKGqOhbg

Ejército, paramilitares y marines ...

Este es el pan de cada día que reparte el gobierno colombiano

bentayga

VIDEO: En Colombia el ejército oficial, si ke masacra a su propio pueblo al más puro estilo nazi, y todos los organismo internacionales calladitos.

Este VIDEO es una prueba irrefutable del accionar conjunto entre: paramilitares, ejército oficial de Colombia y marines de Estado Unidos en la comisión de masacres horrendas.

Con estas masacres, el terror de Estado ha logrado desplazar a 5,2 millones de personas de sus tierras: Colombia es el país con más desplazados del mundo. Las tierras despojadas a campesinos, indígenas y afrodescendientes son entregadas a multinacionales mineras y del agro industrial, así como al gran latifundio y su herramienta narco-paramilitar.

Vea en este video cómo los asesinos descuartizadores, los paramilitares, autodenominados cínicamente AUC, "Autodefensas Unidas de Colombia", fueron llevados en aviones y camiones del batallón del ejército, al sitio de la masacre, Mapiripan.

Allí estuvieron masacrando, violando, cortando cabezas durante 10 días, mientras el ejército impedía que entrara o saliera nadie del sitio de la Masacre.

Así, debido al cruel cerco del ejército que garantizó la horrenda masacre, nadie pudo darle auxilio a la población. El ejército combatió a las FARC que intentaron romper el cerco para socorrer a los campesinos que estaban siendo masacrados, pero el cerco era una operación conjunta del ejército, paramilitarismo y estadounidenses, con planchones sobre el río, retenes, y aviación.

Las guerrillas no pudieron entraran a darle auxilio a la población porque el ejército garantizó férreamente que la masacre de cometiera, durara y comprendiera las torturas más aberrantes que mente humana se pueda imaginar: era una operación de Terrorismo de Estado que inauguraba la estrategia de tierra arrasada en la zona de los llanos orientales, en la que estuvieron envueltas tropas estadounidenses.

Según lo confesó el General Uzcátegui en una grabación:

“¿Sabe qué hizo la Brigada militar Móvil2? Hizo una operación gigantesca que aplastó a las FARC, y colocó un colchón de aire o de seguridad para que salieran los paramilitares. Esto es gravísimo y es un secreto (…) el ejército no sólo tiene vínculos con los paramilitares, no sólo no los combatió, sino que combatió a las FARC, para que las FARC no golpearan a los paramilitares”

Masacre premeditada desde el más alto nivel, con traslado de paramilitares desde la otra punta del país en aviones militares.

Fue una masacre premeditada desde los más altos rangos. Los asesinos paramilitares fueron trasladados de una punta a otra del país por el ejército, para que fueran a cometer la aberrante masacre, bajo la mirada y colaboración de un sin-número de militares. Los paramilitares fueron alojados, vestidos y aprovisionados en las bases, brigadas y aviones oficiales.

El 12 de julio de 1997, un avión DC3 y un avión Antonov del ejército partieron del Urabá Antioqueño hacia el sur del país, hacia Mapiripán, en ellos eran transportados los paramilitares de las mal llamadas "autodefensas" para que cometieran la masacre. Aterrizaron en el aeropuerto de San José del Guaviare. Así testimonia el Piloto del DC3:

"Allí aterrizamos, quiero señalar que en la pista había personal del ejército y de la fuerza anti-narcóticos, pues allí funciona la más grande base antinarcóticos del país. Entre los miembros de la fuerza pública que custodiaban el aeropuerto se encontraban 70 hombres de la base antinarcóticos dirigidos desde Bogotá por el Coronel Leonardo Gallego, 2 hombres del departamento de policía del Guaviare y 41 hombres del Batallón Joaquim París comandados por el mayor Hernán Orozco Castro y bajo el mando operacional de la brigada móvil número2".

El nivel de premeditación y de coordinación en la masacre de Mapiripán es marca de un genocidio planificado, pero el Estado colombiano continúa intentando negar la evidencia, en un país en el que la impunidad para los mandos militares es del 100%. Y lo peor, un país en el que los grandes planificadores del genocidio andan libres, sin ninguna preocupación, y día tras día siguen planificando el genocidio, mientras se enriquecen.

La versión del estado es inverosímil, y muestra la absoluta corrupción que sustenta la impunidad de los victimarios. Como lo señala el abogado de las víctimas sobrevivientes:

"Es inexplicable que al día de hoy "no se sepa quien estaba al mando de la operación". Que 2 aviones militares salgan, uno de Medellín y otro de Bogotá que estos 2 aviones lleguen a Aparatadó y a Necoclí en el Urabá antioqueño, que son aeropuertos militarizados, que entren allí los paramilitares antioqueños a los 2 aeropuertos, se suban a los aviones; de ahí se trasladen a Villavicencio que es otro aeropuerto militarizado y que de ahí salgan al aeropuerto igualmente militarizado de San José del Guaviare; y que de ahí salgan en camiones del Batallón Joaquín París, los lleven a la trocha ganadera, los ubiquen en ‘Charras’ y que por vía terrestre y fluvial pasen por el punto de control Barranquón sitio de la Brigada móvil 2; y que de ahí pasen a Mapiripán, lo cercen, pasen a Puerto Alvira, lo cerquen, cerquen toda posibilidad de salida de la población… ¿y que al día de hoy no se sepa quién estaba detrás de la operación…?"

Mauricio Becerra Pérez, controlador aéreo del aeropuerto San José del Guaviare testimonia: "Yo autorice la entrada de los vehículos por una llamada hecha antes de llegar los vuelos, se identificaron del batallón Joaquín Paris, que iban a recoger a un personal que llegaban en los vuelos en cuestión, y así fue (...) eran suficientes personas como para llenar 3 camiones.”

En su recorridos los paramilitares de AUC transitaron por vías vigiladas por las autoridades militares, en el casco urbano de San José del Guaviare se encontraban 206 efectivos del departamento de policía del Guaviare, en las instalaciones del batallón Joaquín Paris residían por ese entonces 300 militares, además el retén Sinaí contaba con otros 41 efectivos del Batallón Joaquín París.

Según lo Testimonió el Obispo del Guaviare, Monseñor Correa Yepes: “(…)pasaron varios camiones con alrededor de 120 hombres de civil sin armas, después de pasar por el batallón salieron con uniformes y armados, continuaron su rumbo por tierra hacia un sitio denominado “Charras”; otro grupo de paramilitares AUC también se desplazó hasta el sitio “Charras” pero lo hizo por el río Guaviare, pasando por el punto de control militar sobre el río, conocido como el Barranquón”.

Testimonio de paramilitar Edison Londoño Niño: “fuimos hasta el Barranqón íbamos armados y nos dejaron pasar sin registrarnos ni nada”.

En el puesto de control sobre el río llamado el Barranquón se encontraban 834 hombres de la Brigada Móvil2, 136 de infantería de marina y 130 de la escuela de fuerzas especiales, más los del Joaquín París, en total casi 2.000 militares armados hasta los dientes, con un planchón sobre el río que no dejaba pasar a nadie, pero que ese día sí dejó pasar a 120 paramilitares armados. En el puesto de control sobre el río y sus alrededores había aviones, helicópteros, lanchas rápidas artilladas… ¿este es el “Estado desbordado” ante los paramilitares que aduce el ejército, o es más bien su cómplice evidente?

Según lo confesó el General Uzcátegui en una grabación: “¿sabe qué hizo la Brigada militar Móvil 2? Hizo una operación gigantesca que aplastó a las FARC, y colocó un colchón de aire o de seguridad para que salieran los paramilitares. Esto es gravísimo y es un secreto. Entonces el General Mora se quedó azul; y yo le dije, mire mi general, lo que yo estoy diciendo es con pruebas: ¿Qué cara van a poner los representantes de las FARC cuando yo vaya a la corte Suprema de Justicia y les diga: Vea, el ejército no sólo tiene vínculos con los paramilitares, no sólo no los combatió, sino que combatió a las FARC para que las FARC no golpearan a los paramilitares”

"Los paramilitares son la amante de los militares fascistas de Colombia, no se la pueden llevar a casa, pero la tienen mimada": dice el Coronel (r) Hernán Orozco. (Con este cinismo se despachan estas hienas y se quedan más frescos que una lechuga…)

Unas 60 personas fueron asesinadas en Mapiripán y en la cooperativa campesina. Personas sometidas a toda clase de torturas y asesinadas. Muchas de estas personas aún hoy están desaparecidas, ya que los asesinos echaron muchos cadáveres al río.

La impunidad preservada a toda costa por el Estado:

Fiscal General de la nación del momento testimonia: “Comenzamos a tener la dificultad porque el ejército no permitía que los fiscales entraran inmediatamente a la zona para averiguar lo que había pasado”

Abogado de las víctimas testimonia cómo desde la presidencia se impidieron las investigaciones y acceso de las víctimas y sus abogados:

“Hay una comisión que va hasta san José del Guaviare, una comisión del gobierno nacional, el doctor Lazo, encargado de DDHH de la presidencia, junto con el general Ardila y junto con el comandante del batallón Joaquín París (…) van pero no facilitan la entrada de los abogados de víctimas y fiscales".

La herramienta paramilitar sigue activa en el 2011, intensificando el genocidio...

La herramienta paramilitar sigue activa en el 2011, pese a las maniobras de propaganda del gobierno de Santos y del de Uribe: ambos gobiernos dicen en su propaganda que “los paramilitares ya no existen”, pero la realidad es que las masacres continúan y se han intensificado los asesinatos y desapariciones de manera vertiginosa.

Hoy en día, a la pregunta de que si es verdad lo que dice el gobierno de que ‘ya no existen los paramilitares’ las comunidades responden contundentemente: “Esa es una mentira del gobierno, los paramilitares siguen actuando.” “ Ví personalmente al jefe paramilitar alias Cuchillo, andando en carro blindado y escoltado con seguridad de la policía y del ejército”

La Fiscalía General reveló el 13 de enero 2011 que tiene documentados 173.183 casos de homicidios, 1.597 masacres y 34.467 desapariciones cometidas por paramilitares de las supuestamente disueltas y auto-denominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El registro, que recoge datos desde 2005 hasta el 1 de diciembre del pasado año (2010), también refiere tener documentado el desplazamiento forzoso masivo de 74.990 comunidades y el reclutamiento de 3.557 menores de edad por parte de paramilitares "AUC".

Cabe tener muy presente esto, para entender lo que pasa en Colombia, para entender el genocidio más allá de la falsimedia.

"No hago ninguna distinción entre combatientes y no combatientes. El que se pone al servicio de una banda de criminales es tan culpable como ellos, aunque se contente con servirles de recadero, de espía o de enfermero. Del mismo modo, aunque uno se limitase a curar a los heridos durante la batalla, no estaría absuelto de toda falta."

De Autobiografía. La historia de mis experimentos con la Verdad de Gandhi.

"Los paramilitares son la amante del militar"

"Los paramilitares son la amante del militar" from Camilo Raigozo on Vimeo.

El asesinato del dirigente Cano de las FARC, otro premio para Obama y Santos

Pedro Echeverría V.

1. Es indudable que el Plan Colombia, firmado en 1999 por los presidentes Bush y Pastrana, funciona con mucha efectividad. Su hijo, la Iniciativa Mérida o Plan México firmado en 2007 por los presidentes Bush y Calderón, también está muy activo. Ningún plan militar –planeado por el Pentágono, la CIA y la DEA- puede ser inefectivo. El de Colombia se firmó con el pretexto de combatir el narcotráfico y desde hace 10 años sólo ha servido para asesinar a los guerrilleros de las FARC que desde 1964 luchan contra los gobiernos militares y fascistas de ese país. En México el pretexto también fue la lucha contra el narcotráfico, luego contra la llamada “delincuencia organizada” y ahora la Clinton exige que la lucha sea contra la “insurgencia terrorista”. En Colombia los yanquis implantaron siete bases militares para amenazar a Venezuela y toda la región; en México tenemos más 12 mil agentes yanquis que operan con el apoyo de Calderón.

2. Toda la prensa comercial -cuyas fuentes básicas han estado siempre en EEUU- ha anunciado con bombo y platillos la muerte en combate del máximo dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Alfonso Cano. Desde la fundación de las FARC Manuel Marulanda, alias Tirofijo, fue su jefe incuestionable; a su muerte en 2008 fue electo Cano, un ideólogo de la guerrilla, para reemplazarlo. Puede recordarse también que en 2008 fue asesinado también Raúl Reyes, entonces segundo al mando y dos años después fue masacrado el aguerrido Mono Jojoy. Se ha difundido que el sucesor en la dirigencia será Iván Márquez por ser uno de los veteranos regionales de las FARC. La realidad es que los avances territoriales de la FARC no dependen de los dirigentes sino del fortalecimiento de la guerrilla y de su capacidad para asentar golpes certeros al gobierno asesino de Colombia.

3. Pero, ¿por qué 47 años de lucha guerrillera de las FARC en las selvas colombianas? Porque Colombia, con 47 millones de habitantes, como México y demás países donde la riqueza está injustamente distribuida, hay entre el 70 o el 80 por ciento de pobres y miserables, mientras un puñado de grandes capitalistas acumulan todas la riquezas. Porque a pesar de muchas luchas campesinas, obreras, populares legales, el gobierno no soluciona nada pero sí las persigue y asesina. Porque las elecciones han sido siempre una farsa y se demuestra con los resultados de ellas que sólo benefician a políticos corruptos y a empresarios explotadores. Las FARC y otras guerrillas en Colombia surgieron porque se acabaron las formas legales de lucha. Lo mismo está sucediendo en México donde todas las luchas importantes son reprimidas, llevadas al desgaste y muchos de sus dirigentes encarcelados o asesinados.

4. En Colombia un golpe de Estado –apoyado por el gobierno de Eisenhower- entregó en 1953 el poder al general Rojas Pinilla. La mayoría de las guerrillas que entonces existían, atraídas tontamente por las propuestas de paz del gobierno, entregaron sus armas, pero varios de sus miembros fueron asesinados posteriormente. Así surgió el actual movimiento guerrillero, impulsando a algunos antiguos guerrilleros liberales a crear y retornar al ELN, M-19 y las FARC apoyados por corrientes radicalizadas de izquierda. La burguesía, asociada y subordinada al imperio yanqui siguió gobernando por medio de los partidos liberal y conservador que se repartían el gobierno y la riqueza. Esta burguesía fue la que se asoció con el narcotráfico al que siempre se buscó ligar con la guerrilla con el fin de desprestigiarla y destruirla. Desde entonces el imperialismo, usando a la CIA, se encargó de planear el famoso Plan Colombia con todo el financiamiento necesario.

5. Las FARC se convirtieron, durante 30 años, en formas inteligentes de resistencia hasta que durante el gobierno de Samper (1994-98) salieron a la luz muchos escándalos acerca de la estrecha alianza del gobierno con el narcotráfico misma en la que los EEUU intervenían. La guerrilla creció en más de la mitad del territorio del país y se consolidó como una gran fuerza alternativa al gobierno empresarial. El gobierno se vio entonces obligado a entablar negociaciones de paz, mismas que fracasaron por la implantación del Plan Colombia que firmó Pastrana con Bush, pero que usó el fascista gobierno de Álvaro Uribe, que siendo presidente durante ocho años (2002-10), gobernó con un discurso hitleriano. Desde entonces Colombia ocupa el liderazgo en número de secuestros y, sobre todo, del mayor productor de cocaína. Uribe se confrontó con Chávez y otros gobernantes y pidió la instalación de bases militares de EEUU. Fue igual que su contemporáneo Bush.

6. Manuel Santos, el gobernante impuesto por Uribe en Colombia el año pasado, fue antes su secretario de Defensa, es decir, el jefe militar. Con ese antecedente Santos no habla mucho como Uribe, pero conoce mucho mejor la estrategia militar. Si Uribe era fascista Santos es fascista y medio. Si el general Rojas Pinilla asesinó en 1953 a muchos guerrilleros que creyeron en la paz prometida, Santos los va a llevar al paredón o asesinar en grupo si la FARC decide negociar. ¿Qué ha hecho y está haciendo el gobierno de España y el vasco contra los guerrilleros patriotas de la ETA que al parecer se hacen ilusiones en promesas de paz? Un principio básico es que ¡Ninguna confianza con el enemigo, por más promesas y juramentos que haga! Sin duda es más importante un exilio en un país –como Cuba- que garantice que no entregará a los revolucionarios a ningún gobierno de derecha o fascista. ¿Hasta cuándo Chávez dejará de confiar en el asesino Santos?

http://pedroecheverriav.wordpress.com

El asalto

Luis Javier Garrido

El incremento de la violencia oficial está marcado ahora por la decisión de los panistas con vistas al 2012 de entregar el control de las costas mexicanas a las agencias estadunidenses.

1. El gobierno calderonista se está lanzando a una nueva escalada de violencia con vistas a crear mejores condiciones para que prosiga la toma de control de Washington del territorio nacional –esta vez en las costas–, y extremar un clima de amedrentamiento en 2012, pero precisamente por la cesión que ha venido haciendo al gobierno estadunidense de funciones del Estado mexicano, y por su responsabilidad criminal en la introducción masiva de armas a México, la creación de grupos paramilitares y la muerte de miles de mexicanos, Felipe Calderón está actuando con una profunda inseguridad y el nerviosismo se ha apoderado de sus voceros.

2. La introducción masiva de miles de armas estadunidenses destinadas a paramilitares, grupos criminales y narcos, como vía para extremar la violencia en nuestro país, acelerar la descomposición social y justificar la injerencia de Washington fue pactada en 2006 por Calderón con el gobierno de Bush, pretendiendo mantener está información en la oscuridad. Pero cuando por azar fue descubierto el operativo Rápido y furioso (Fast and furious), a principios de marzo de este año, y el procurador Eric Holder dijo el día 10 de ese mes que Calderón sabía todo, ambos gobiernos se enredaron en una serie de mentiras absurdas pretendiendo ocultar lo que habían realizado de común acuerdo que ahora parece repetirse tras hacerse público, el 4 de octubre, que entre 2006 y 2007 se llevó a cabo el operativo Receptor abierto (Wide receiver), de rasgos similares.

3. La creación de grupos paramilitares por el gobierno calderonista y el temor a que esta realidad se conozca ha aumentado la perplejidad de quienes pretenden estar gobernando al país. Los paramilitares mexicanos del siglo XXI, creados por las autoridades actuales, y capacitados por las fuerzas armadas siguiendo el modelo colombiano, han sido en estos cuatro años un elemento fundamental de la “guerra contra el narco” –que en realidad es una guerra sucia contra México y los mexicanos–, para eliminar oponentes, aterrorizar a la población con escenas cotidianas de horror, intensificar la violencia irracional y reordenar el narcotráfico conforme a los intereses de Washington. La mayor parte de las ejecuciones y actos de barbarie de estos meses han sido originados por estos grupos, que son parte del Estado, aunque se atribuyan a la noción vaga de el crimen organizado. De ahí la irritación de los voceros de Calderón al afirmar una y otra vez: los paramilitares no existen.

4. ¿Dónde se encuentran entonces los límites del Estado? ¿Y los del crimen organizado? ¿No son en el modelo panista Estado y crimen organizado las dos caras de una misma moneda?

5. El enredo declarativo del titular de Bucareli, Francisco Blake, y la vocera de Los Pinos, Alejandra Sota, que en más de 10 ocasiones han repetido que los paramilitares no existen, confirma esa confusión de los panistas entre lo público (el Estado) y lo privado (los cárteles), que para ellos parece ser a la inversa. Desde que Sota negara su existencia el 27 de septiembre, Blake hiciera lo propio al día siguiente y ella lo confirmara el día 29, hasta la firma de los pactos en Veracruz y en Guerrero, la prensa ha documentado la existencia de estros grupos, y en particular de “los matazetas”, que han asumido el rol protagónico en Veracruz (y como si fuera poco, en nombre del propio gobierno), su papel se discutió en el Congreso estadunidense el 30 de septiembre y merecieron la portada de Proceso 1822.

6. La afirmación hecha el día primero de octubre por el gobernador texano Rick Perry, aspirante a la investidura republicana para 2012, en el sentido de que de llegar a la Casa Blanca enviaría tropas a México, no hace más que reflejar un sentimiento creciente en Estados Unidos que ha sido forjado por las políticas antinacionales de Calderón. De ahí la vergonzosa aclaración del embajador Arturo Sarukhán, que en vez de refutar con patriotismo tamaño despropósito se limitó a decir que esa medida no estaba sobre la mesa, es decir que aún no la han discutido.

7. La decisión del gobierno de Obama de incrementar su presencia camuflada en México la hizo empero patente el general Barry McCaffrey, ex zar de las drogas, en una entrevista con El Universal (5 de octubre), en la cual sostuvo que esta guerra es para dirimir quién va a gobernar a México, si un sistema democrático o las organizaciones de narcotraficantes, que son la mayor amenaza criminal para Estados Unidos pues ya constituyen la más importante” entidad del crimen en más de 2 mil ciudades estadunidenses, donde, añadió, están reclutando a jóvenes de su país, por lo que el problema se sitúa no sólo en la frontera norte sino también en las costas mexicanas y en la frontera sur, lo que obliga a Washington a acordar a México más de los mil 300 millones que le ha dado en estos tres años, pues en Afganistán se entregan 10 mil millones al mes.

8. La nueva escalada de la violencia decretada por Washington se inició con el otoño en Veracruz bajo el esquema de los últimos años: los paramilitares incrementaron sus acciones, de las cuales la más impactante fue el arrojar el 20 de septiembre 35 cuerpos en Boca del Río, y en pocos días se instauró un clima de violencia inusitada. Enmedio de un creciente desconcierto, las autoridades calderonistas culparon veladamente al gobierno local de ineptitud para terminar obligándolo a suscribir, el 4 de octubre, en un inusitado acto solemne –en el que estuvieron los titulares de Gobernación, Defensa, Marina y Seguridad Nacional– un acuerdo violatorio de la autonomía estatal y municipal enmarcado en el operativo Veracruz seguro, en el que las policías estatal y municipales se subordinaron a los cuerpos federales (a su vez subordinados a las agencias estadunidenses), lo que no fue muy difícil de alcanzar con el gobierno del priísta Javier Duarte, admirador del franquismo español como Calderón, y en el que como era de suponerse se ha dado el control de las operaciones a la Marina nacional (Milenio Diario del 5 de octubre), el cuerpo más doblegado a las agencias estadunidenses.

9. En Veracruz desembarcaron en 1847 las tropas de Winfield Scott para marchar hacia la capital, en 1914 otro desembarco de los marines en el puerto buscó frenar los cambios revolucionarios, y ahora ahí se le abre la vía a Washington para controlar las costas mexicanas. La selección de Veracruz no ha sido por consiguiente un azar, pues responde al esquema implícito en la Iniciativa Mérida, que recordaba el general McCaffrey. Estados Unidos quiere el pleno control de las costas mexicanas, y para que no se dude el jueves 6 se anunció un operativo similar en Guerrero.

10. El asalto de la ultraderecha panista al poder en México ha significado un baño de sangre para México y la entrega del país a Estados Unidos, todo ello en nombre de la sinrazón del capitalismo neoliberal, por lo que el clamor de ¡Ya basta! ha de ir sostenido cada vez más por una movilización sin precedentes.

Paramilitares y escuadrones de la muerte

A la escalada de violencia, inseguridad y temor que se vive en México, se suma ahora la actuación de grupos paramilitares o escuadrones de la muerte, como el autodenominado Los Matazetas, quienes aseguran ser –de acuerdo con un video aparecido en internet– un grupo que busca “proteger” a la población de los asesinatos, secuestros, extorsiones, amenazas y agresiones cometidos por el cártel del narcotráfico conocido como Los Zetas, conformado por militares de elite y cuerpos especiales que han desertado del Ejército y la Armada.

Miguel Badillo *

Esta nueva versión de sicarios y asesinos a sueldo responde a la incapacidad del gobierno federal para dar seguridad y protección a todos los mexicanos –lo que ha ocasionado cerca de 60 mil muertes en los cinco años del gobierno de Felipe Calderón?, que sumada al vacío de poder y a la confrontación armada ordenada por el jefe del Ejecutivo en contra de los cárteles de la droga, provoca una mayor incertidumbre entre la población y motiva la aparición de grupos paramilitares para ajusticiar a supuestos delincuentes o miembros de bandas rivales, lo que confirma la debilidad del estado de derecho y la falta de justicia que debe prevalecer en un país democrático.

A esto hay que añadir el creciente número de homicidios de periodistas y directivos de medios de comunicación, lo que coarta la libertad de prensa y el derecho a la información, preceptos fundamentales para una sociedad democrática que necesita expresarse con seguridad y libertad.

Lejos de informar sobre el grave riesgo que significa la aparición de escuadrones de la muerte en México, los medios de comunicación, auspiciados por el gobierno federal, mantienen una política de silencio como una forma de negar la realidad. Por ello se reproduce en este espacio el mensaje de este grupo paramilitar, que nos debe de alertar del riesgo que su presencia significa, los motivos de su aparición y la obligación del gobierno para impedir el crecimiento y expansión de estas bandas de criminales o grupos de policías y militares que han decidido actuar al margen de la ley.

La violencia envuelve a la capital del país

Y mientras la nueva amenaza de Los Matazetas aumenta la inseguridad, reportes policiales aseguran que los líderes de varios grupos delincuenciales se han trasladado a esta entidad, lo que mantiene en alerta máxima a los cuerpos de seguridad e investigación del gobierno del Distrito Federal, pues hay preocupación que de un momento a otro se desaten enfrentamientos armados como ahora ocurre en calles, parques y centros comerciales de varias ciudades del interior de la República.

La explicación que dan los investigadores es que debido a la presión de las Fuerzas Armadas en contra de las bandas criminales, algunas de éstas se han movido hacia el centro del país y esto puede ocasionar el aumento de la violencia en la capital, que hasta ahora sigue siendo el lugar más seguro en México.

Otro dato que aportan las fuentes y que revela la presión que enfrenta la sociedad, es cómo exlíderes petroleros que durante mucho años acompañaron a Joaquín Hernández Galicia, la Quina, cuando dirigió el gremio petrolero, aparecen en una lista de secuestrables por parte del crimen organizado, por lo que varios de ellos andan a salto de mata para evitar ser extorsionados.

*Periodista

Fuente: Revista Contralínea 253 / 02 de octubre de 2011

Los paramilitares, una realidad

La multiplicación de los “paras”

La incapacidad del aparato de seguridad del Estado sigue dando frutos: ahora en el país ya no solamente se enseñorean el narco y la delincuencia organizada en general, sino grupos armados de corte paramilitar. La presentación de los autodenominados Matazetas, quienes se atribuyeron la masacre de 35 personas en Boca del Río, Veracruz, el 20 de septiembre, reavivó en el país el temor hacia el paramilitarismo, a tal punto que el gobierno de Felipe Calderón se apresuró a negar que en el país existan grupos de este tipo, el experto Edgardo Buscaglia asegura que en México operan 167 de ellos. Se trata, dice, de sicarios formados en la milicia o en las policías y que no sólo trabajan para los cárteles, sino para gobiernos estatales o empresarios.

El primer mensaje de 'Los Matazetas' en Youtube.

Ricardo Ravelo

El vacío de poder que priva en México, la simulación electoral, el financiamiento de las campañas políticas por el narcotráfico y la acelerada pérdida de los controles territoriales por parte del Estado son “el caldo de cultivo más eficaz para la proliferación de los grupos paramilitares en el país”, plantea Edgardo Buscaglia, asesor de las Naciones Unidas, director del Centro de Desarrollo Económico y Derecho Internacional de la Universidad de Virginia y profesor de derecho internacional en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Señala que mientras el presidente Felipe Calderón continúe combatiendo al crimen organizado “de manera sesgada”, sin golpear “el nervio financiero de la mafia”, poderes como el paramilitarismo seguirán arrancando “pedazos del Estado” hasta que México se precipite al abismo, como pasó en Afganistán, Kosovo y, en los años ochenta y noventa, en Colombia, país donde esos grupos se popularizaron con el nombre de “paras”.

A Buscaglia no le sorprende la aparición del grupo paramilitar autodenominado Los Matazetas, que irrumpió en el escenario nacional tras la matanza de 35 presuntos integrantes del cártel de Los Zetas en el puerto de Veracruz, pues afirma que aunque el gobierno federal niegue la presencia de paramilitares en México, este fenómeno existe desde hace mucho tiempo.

Según el experto, en México operan 167 grupos paramilitares que son financiados por empresarios empeñados en proteger “vida y propiedad”, garantías que ya no puede otorgar el Estado mexicano, y en otros casos –asegura– son pagados por los propios gobernadores, quienes ante la incapacidad de otorgar seguridad a la gente, pagan a estos grupos armados para limpiar territorios y salvar los mercados de la droga que hoy ve amenazados el cártel de Sinaloa, la organización criminal que el propio gobierno federal pretende consolidar en el territorio mexicano.

Explica: “Los grupos paramilitares en México existen desde hace mucho tiempo. Los Zetas, por ejemplo, son una expresión del paramilitarismo ligado a un grupo criminal, en este caso al cártel del Golfo. Los Zetas y todo lo que se desprende de ellos –policías, mercenarios y otros grupos – llevan a cabo tácticas militares de protección, control territorial y de mercados, y su función primordial es limpiar los territorios en beneficio de los grupos que les pagan.

“Lo que hoy preocupa, y mucho, es la proliferación de estos grupos paramilitares, que el gobierno quiere ocultar porque ya refleja una fragmentación cada vez mayor de la estructura del Estado. Existen porciones del Estado que han sido compradas al por mayor por grupos empresariales oligopólicos y monopólicos; otros pedazos del Estado están en manos de grupos ilegales desde hace 10 años, cuando inició la caótica transición política que viene conduciendo al país no a una democracia participativa, sino a lo que yo llamo una mafiocratización”.

De acuerdo con Buscaglia –también profesor de Economía y Derecho del Crimen e investigador de la Universidad de Stanford–, el proceso de fragmentación del Estado ha derivado en un rompecabezas en el cual “cada trozo le pertenece a un cártel. Por ello, el gobierno de Calderón no puede proteger vida y propiedad, y ese vacío que deja el Estado es aprovechado por los grupos paramilitares”.

–¿Cómo surgen los grupos paramilitares en México? ¿De dónde vienen? –se le pregunta.

–Muchos son mexicanos, provienen de las propias policías o del Ejército. En otros casos son traídos del extranjero y contratados por los empresarios o algunos gobiernos estatales.

“El caso de las policías municipales que controlan el mercado de migrantes en una determinada región y la práctica de entregarlos a Los Zetas para asesinarlos son ejemplos claros de táctica paramilitar. Su tarea es controlar un mercado y así favorecer a los grupos que les pagan. En México hay una mezcla de grupos paramilitares: los pagados por empresarios, y los tradicionales, que pertenecen a los cárteles de la droga, como fue el caso de Los Zetas del cártel del Golfo”.

Negociador de las Naciones Unidas en países como Afganistán y Nigeria, Buscaglia sostiene que la desarticulación del gobierno y el desorden que priva en todo el país aumenta la percepción de inseguridad entre la gente y en la clase empresarial, a la que hoy ve paralizada y sumida en su interés de proteger sus negocios:

“El escenario de México es harto complicado. Estamos más cerca del abismo que antes, y este proceso está sujeto a un efecto multiplicador, pues cuanta más percepción de inseguridad tienen los empresarios, más están dispuestos a pagar a compañías privadas estadunidenses para que les provean de cinco a 10 mercenarios que protejan su patrimonio y su vida, lo que genera más paramilitarización.”

Según Buscaglia, varios factores favorecen la proliferación de los grupos paramilitares: “El gobierno federal no puede controlar la embestida criminal debido a que su estrategia para enfrentar la tragedia social y política que vive México es mediática. Además, es claro que el presidente Calderón está muy mal asesorado, pues sus asesores extranjeros y nacionales tienden a negar lo que todo mundo ve, y esta postura miope refleja el temor a que se desate un potencial bloqueo del flujo de inversiones extranjeras, con lo cual se les caería el modelo político-empresarial mafioso que prevalece en México desde los años ochenta.

“Y es que hay grandes inversiones en determinados sectores protegidos de la economía que han sido protegidos por el partido en turno, llámese PRI, PAN o PRD, aquí no hay ideología, porque en México la simulación electoral es un deporte nacional, pues los candidatos de todos los partidos están manejados por los mismos focos de poder.

“A mí me han dicho que la simulación electoral es una falacia, porque en México se celebran elecciones. Ante esto yo digo que, en efecto, los candidatos van a elecciones, pero están previamente pridigitados por esos factores de poder que están tras bambalinas, y esos factores de poder son los que han generado la fragmentación del Estado, que es responsable de la paramilitarización que estamos viviendo.”

–En Colombia y otros países de Latinoamérica hay grupos paramilitares desde hace décadas. ¿Qué otras causas dan origen a ese fenómeno desestabilizador?

–En Colombia el paramilitarismo fue auspiciado por el propio Estado; era una paramilitarización centralizada. En México la paramilitarización es un síntoma del Estado débil y fallido, y se prohija por el vacío de poder y la falta de legitimidad del gobierno federal.

“Yo no encuentro palabras para expresar lo que se vive en México. Pienso en casos como el de Rusia, donde hay una delincuencia organizada consolidada y gestionada por el Estado. En ese país, si alguien es víctima de un delito y por causalidad le corresponde al grupo criminal protegido, al agraviado se le puede procesar con una causa penal por denunciar. Ese no es el futuro que se quiere en México, aunque por desgracia la estrategia del gobierno federal, por acción u omisión, conduce al país a una situación similar a la de Rusia.”

Fenómeno de la descomposición

La aparición en Veracruz del grupo paramilitar Los Matazetas causó revuelo en el país y fuera de él, pero no es el único que opera en el territorio mexicano. Desde 2005, la descomposición de las corporaciones policiacas estatales y federales, así como la disputa territorial de los cárteles, han propiciado la formación de los llamados comandos de la muerte o núcleos paramilitares al servicio del narcotráfico.

En 1996, tras desertar del Ejército por razones hasta ahora desconocidas, surgió la organización armada Los Zetas, una de las expresiones más acabadas del paramilitarismo en México. Agrupados en torno del entonces jefe del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas, este grupo comenzó a sembrar violencia.

Pronto dio muestras de su poder: levantones, secuestros, matanzas y extorsiones fueron las modalidades criminales que pusieron en práctica y que hasta hoy los caracterizan, pues fue el núcleo armado ligado al narcotráfico que mejor diversificó sus actividades ilegales. Actualmente son reconocidos por la DEA como un cártel independiente y con presencia en una veintena de entidades.

En 2005 surgió en Guerrero otro núcleo llamado El Comando Negro, liderado por agentes de la Agencia Federal de Investigación (la AFI que encabezaba Genaro García Luna, en aquel tiempo la corporación policiaca “modelo” del sexenio de Vicente Fox). Esos agentes federales estaban adscritos a la delegación de la PGR en Acapulco. Según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/106/2005, los policías, que actuaban como secuestradores y sicarios en sus tiempos libres, estaban al servicio del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

De acuerdo con la indagatoria citada, los agentes federales participaron en el secuestro de un grupo de zetas que fueron entregados a Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, quien junto con otros pistoleros los interrogó en una casa de seguridad mientras los grababan. En el video, que fue entregado a la PGR y después difundido por internet, se observa cómo alguien encañona a uno de los presuntos zetas y le dispara en la cabeza. Todos fueron asesinados de la misma forma.

Por aquellos años, el cártel de Sinaloa, que encabeza Joaquín Guzmán Loera, creó su propio grupo paramilitar: Los Pelones. Era un equipo armado que se enfrentó a Los Zetas para expulsarlos del estado de Guerrero y así ocupar esa codiciada plaza. En ese estado era común ver a grupos ligados a los cárteles de la droga desatando balaceras y matanzas sin que ninguna autoridad les pusiera freno. Hasta la fecha ocurre.

En 2008 surgió el grupo denominado La Policía del Calendario, cuyos integrantes presuntamente tienen formación militar y están al servicio exclusivo de Ismael El Mayo Zambada, uno de los pilares del cártel de Sinaloa.

Esos paramilitares no aparecieron en video como Los Matazetas. Están mencionados en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/256/2008, integrada por la PGR en contra del presunto narco colombiano Ever Villafañe Martínez o Marco Antonio Espinoza Tovali. La compañera sentimental de éste, Altagracia Espinoza Aguilar, refiere ahí que tanto ella como su novio fueron secuestrados por La Policía del Calendario el 30 de julio de 2008, cuando circulaban por la carretera libre a Cuernavaca, Morelos.

Ella declara que los sicarios al servicio de El Mayo la torturaron al tiempo que le mostraban fotografías de Arturo Beltrán Leyva, capo que presuntamente estaba relacionado con Villafañe y a quien Zambada pretendía eliminar.

Además, a principios del presente año, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) denunció que en Chiapas operan grupos paramilitares que tienen asoladas a poblaciones como Las Perlas, en el municipio de Altamirano, y El Carrizal, comunidad de Ocosingo.

En un comunicado, ese frente denunció que los paramilitares están encabezados por Humberto Castellanos y acusaron al gobernador de Chiapas, Juan Sabines, de auspiciar el surgimiento de este tipo de organizaciones en todo el estado “para acallar a los grupos de campesinos disidentes”.

El 23 de septiembre, dos días después de que fueron arrojados 35 cadáveres de presuntos zetas en plena zona turística de Veracruz-Boca del Río, apareció en el portal conocido como El Blog del Narco un video en el que cinco personas encapuchadas, desarmadas y totalmente vestidas de negro hablan sobre ese hecho y hacen pública la existencia de su nueva organización: Los Matazetas.

También dijeron ser miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación, un brazo del cártel de Sinaloa que, según las autoridades, proviene de la célula que encabezó Nacho Coronel, muerto el 29 de julio de 2010 durante un enfrentamiento con el Ejército en el municipio jalisciense de Zapopan.

La aparición de este grupo paramilitar que dice tener la misión de limpiar al estado de Veracruz de los grupos que extorsionan y secuestran –además de “respetar a los poderes ejecutivos” tanto federal como estatal y comprender que las Fuerzas Armadas no puedan actuar al margen de la ley–, causó temor porque aviva la sospecha de que los grupos paramilitares empiezan a suplantar al Estado en tareas de esta naturaleza.

Los Matazetas ofrecieron una “disculpa” al pueblo veracruzano por la violencia que se ha desatado, al tiempo de que se adjudicaron la muerte de los 35 presuntos zetas. Sin embargo, el gobierno de Veracruz niega la existencia del grupo paramilitar y de manera conjunta con la PGR investiga la masacre.

Por su parte, el gobierno federal reconoció la existencia del grupo, pero tuvo el cuidado de no referirse directamente a él como Matazetas. El 27 de septiembre, sin entrar en detalles, el secretario de Gobernación, José Francisco Blake, leyó un comunicado en el que expuso que el gobierno federal es el que encabeza la lucha contra el crimen organizado con fundamento en la ley y a través de las instituciones formalmente constituidas para ello.

Sin nombrar a los Matazetas, cuyo video han visto más de 65 mil personas en internet, Blake Mora añadió: “Cualquier otra expresión al margen de la ley que pretenda erigirse en combatiente del crimen carece de legitimidad necesaria y, con independencia de la causa o motivación, enfrentará la fuerza del Estado”.

Un día después, el 28 de septiembre, Alejandra Sota Mirafuentes, vocera del gobierno federal, negó que en el país operen paramilitares, y se refirió implícitamente a Los Matazetas al reiterar: “Todo grupo que actúa al margen de la ley, que pone en riesgo la tranquilidad, la seguridad y la dignidad de las personas, será perseguido y llevado ante la justicia.

“Veracruz no será la excepción. La ubicación geográfica de Veracruz lo convierte en un punto estratégico para redes criminales. Su infraestructura portuaria y su colindancia con Tabasco y Chiapas, estados fronterizos con Guatemala, y por el otro lado con Tamaulipas, la frontera con el mayor intercambio comercial con Estados Unidos, hacen de la entidad un paso codiciado para el trasiego de drogas hacia el centro y norte del país.”

Edgardo Buscaglia cuestiona que el gobierno federal no reconozca directamente a los grupos paramilitares, pues señala que en varias entidades del país ya suplantaron al propio Estado:

“Hay diversos grupos paramilitares que ofrecen resolver homicidios, cobrar una deuda o investigar casos de desapariciones. Esto es evidente en Guerrero, en Durango y en Sinaloa, bolsones territoriales donde ya es claro el Estado fallido. De seguir esa orgía de corrupción y de financiamiento electoral por parte del narco, y en este caos institucional, no veo para México otro fin que precipitarse a un abismo como el que vive Afganistán.”

–¿Qué pasa con las clases empresarial y política? ¿Están dormida?

–Tratan de proteger sus propios intereses pero no se dan cuenta de que colectivamente están perdiendo todo. Eso en teoría de los juegos se llama “el dilema del prisionero”. La reacción de los empresarios vendrá cuando el narco les penetre sus círculos sociales, les derribe sus aviones o les haga estallar bombas en sus casas o empresas, como pasó en Colombia.

“La clase empresarial actuará cuando sienta tanto dolor y sufrimiento como los padres o las madres de Ciudad Juárez que han perdido a sus seres queridos, y vivan el calvario de no encontrarlos.”

Narcocomunicado de Los Mata-Zetas

http://youtu.be/G_YJOTxp1Tc

Paramilitares de Oaxaca, en la impunidad: eurodiputadas

A un año y cinco meses del asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola, no hay avances en las investigaciones para aprehender a los culpables, aunque las procuradurías General de la República y General de Justicia de Oaxaca abrieron expedientes después de la emboscada ocurrida el 27 de abril de 2010, en la región triqui de San Juan Copala, donde fueron abatidos. Los habitantes de esa zona indígena –simpatizantes del Municipio Autónomo– viven en el exilio desde el 13 de septiembre de 2010, fecha en que grupos armados ocuparon el pueblo.

Érika Ramírez

Cayeron muertos por herida de bala. Los proyectiles de armas de uso exclusivo del Ejército, AK-47 o cuerno de chivo, atravesaron sus cuerpos al ser emboscados en el paraje Los Pinos, comunidad La Sabana, en la zona triqui dominada por la organización Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort).

Alberta Cariño Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, y Jiry Jaakkola, observador de derechos humanos de origen finlandés, viajaban al frente de la caravana de paz que pretendía llevar víveres a los habitantes de San Juan Copala. Su trabajo humanitario quedó cegado luego de que un grupo paramilitar de la Ubisort atacara a los activistas, maestros y periodistas.

A un año y cinco meses de los crímenes –en donde además hubo más de una decena de heridos y cuatro personas desaparecidas por un lapso de 60 horas– no existe ningún responsable aprehendido. “Éste es un problema de impunidad, que prevalece en todo el país”, opinan las diputadas del Parlamento Europeo, Satu Hassi y Franziska Keller.

En entrevista con Contralínea, las eurodiputadas hacen un balance de la situación de acoso y hostigamiento que se vive en San Juan Copala y en el país. “En una visión europea es inconcebible que una población [haya] sido sacada de su comunidad, y a más de un año no pueda volver”, comenta Satu Hassi, de origen finlandés.

Nulo avance

De visita en México, Satu Hassi y Franziska Keller mantuvieron reuniones con altos funcionarios de los gobiernos federal y de Oaxaca, y con el gobernador de esa entidad, Gabino Cué Monteagudo. En las pláticas se reafirmaron compromisos pactados con la administración de Felipe Calderón y el exgobernador Ulises Ruiz Ortiz.

Entre las “promesas” se encuentra el esclarecimiento de los hechos ocurridos el 27 de abril de 2010, con la detención de los responsables y garantizar el regreso de la población desplazada a su comunidad.

“Vemos que hay voluntad política por parte del gobernador Gabino Cué”, señala la parlamentaria finlandesa, Satu Hassi. Sin embargo, “aún es difícil juzgar si esa voluntad penetrará a todas las capas de su gobierno. La prueba esencial es que con la identificación de los culpables sean llevados a la cárcel”.

Para la diputada de origen alemán, Franziska Keller es importante que se lleve a cabo una responsabilidad conjunta, a nivel estatal y federal, para garantizar la justicia. “Lo que definitivamente ha cambiado es la actitud del gobernador de Oaxaca. Pero también sabemos que hay problemas clave, como la protección a testigos o la falta de encarcelamiento de inculpados. No hay un progreso real”.

Las peticiones

Las representantes del Parlamento Europeo solicitan una investigación correcta, protección de los testigos y el retorno de los habitantes de San Juan Copala a su comunidad.

“La gente está muy desesperanzada, no hay seguridad. Nos dijeron que para ellos es clave que los inculpados sean arrestados. Sólo así tendrán seguridad de regresar [a sus tierras]. Resolver el caso completo es parte de volver a [tener] una vida normal en San Juan Copala. Hasta ahora no hay garantías que a ellos les parezcan satisfactorias”, comenta Franziska Keller luego de haber sostenido un encuentro en el zócalo de Oaxaca con los indígenas triquis.

Desde junio pasado, unas 300 familias viven asentadas en campamentos en el centro de esta ciudad, después de haber realizado un recorrido por Oaxaca, Puebla, Estado de México y el Distrito Federal en exigencia de garantías y paz para regresar a su centro ceremonial.

Como parte del trabajo desarrollado en México, con las diversas instancias gubernamentales y de derechos humanos, las eurodiputadas llevarán un informe de las actividades realizadas al Parlamento Europeo, que será adjuntado a todas las embajadas representadas en el país. Entre las acciones que se tienen previstas para exigir la aprehensión de los responsables, los padres de Jyri Jaakkola realizarán una tercera visita a México en los próximos meses. Satu Hassi indica que “aún no se ha decidido la fecha, pero si el caso no se resuelve van a haber más visitas. De tal manera [que] se puede suponer que el caso es seguido por el Parlamento Europeo a alto nivel”.

Expedientes abiertos

David Peña, abogado del Municipio Autónomo, explica que éste se encuentra abierto en dos instancias, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca (PGJ). En la primera por la portación de armas de uso exclusivo del Ejército y delincuencia organizada; en la segunda, por delitos del fuero común: lesiones, homicidio y la privación ilegal de la libertad.

El problema sustancial, explica Peña, es que a nivel federal no se tienen las armas para acreditar la portación, ni testimonios que confirmen el hecho de delincuencia organizada. “No hay ninguna red de investigación que nos señale cómo actúan los grupos ni quiénes los financian”. Para ello, se han solicitado investigaciones al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia de la PRG, y a Inteligencia Militar “y nadie tiene nada, no se puede vincular. Se necesita gente de adentro que explique cómo funciona, quién aporta el financiamiento y cómo está [constituida] la estructura”.

El abogado defensor de derechos humanos señala que “el problema es que el gobierno [federal] dice que no existen mecanismos para proteger a los testigos, no hay un programa institucional. El que tiene [la] PGR es de protección a criminales redimidos. Si eres una persona que quiere acusar a un delincuente no hay ninguna protección para ti. No hay un marco jurídico adecuado, pero además no hay una visión de política pública que tenga que ver con esta situación”.

Fuente: Revista Contralínea 252 / 25 de septiembre de 2011

Asoman los paramilitares

Javier Duarte, gobernador de Veracruz.

Álvaro Delgado

MÉXICO, D.F. (apro).- En medio del empeño de Felipe Calderón por instaurar en México un Estado policiaco militar, cuya más reciente muestra es conculcar derechos en su proyecto de Código de Procedimientos Penales, emergen indicios de un fenómeno siniestro: Los escuadrones de la muerte.

Los 35 cadáveres amontonados en la zona turística de Boca del Río, Veracruz, y otros 14 diseminados por la zona, apuntan a la autoría de un grupo de corte paramilitar, es decir, no un grupo criminal antagónico en sí mismo, sino una fuerza, si no auspiciada, al menos tolerada por la autoridad del estado que encabeza el priista Javier Duarte, un aprendiz de dictadorzuelo.

Las declaraciones de éste, en el sentido de justificar la masacre porque eran delincuentes y que con ello se acabaron las extorsiones –“eso nadie lo dice”–, coinciden con la difusión de un video el 24 de septiembre, cuatro días después de la aparición de los 49 cadáveres, en el que un grupo de cinco encapuchados se presenta como un escuadrón de la muerte denominado “Los Matazetas”.

En el video, uno de ellos, el más robusto, lee un comunicado dirigido a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a la sociedad en general, para anunciar el combate al cártel de Los Zetas, la banda más sanguinaria que opera en México.

“Somos guerreros sin rostro, pero orgullosamente mexicanos”, advierte el que parecer ser el jefe mientras los otros cuatro encapuchados, inmóviles, miran a la cámara, que registra el ofrecimiento de disculpas por la violencia que generan y, con cierta ambigüedad, se atribuyen la matanza del 20 de septiembre.

“Si con nuestros actos realizados ofendimos a la sociedad, al pueblo de México y a las corporaciones federales, les pedimos disculpas en nombre del todo el grupo que conformamos. La intención era darle a saber al pueblo veracruzano que este flagelo de la sociedad (Los Zetas) no son invencibles y que ya no se dejen extorsionar”.

Y piden: “Que la sociedad en general esté segura y confíe que nosotros. Los matazetas no extorsionamos, no secuestramos, y nunca afectaremos el patrimonio personal ni de la nación. Respetamos a los poderes Ejecutivos federales, estatales y municipales. Nuestra lucha es en contra de Los Zetas. Si con nuestros actos realizados ofendimos a la sociedad, al pueblo de México y a las corporaciones federales les pedimos disculpas en nombre de todo el grupo que conformamos. La intención era darle a saber al pueblo veracruzano que este flagelo de la sociedad no son invencibles (sic), y que ya no se dejen extorsionar. Cada quien sus luchas y sus miedos, nosotros un solo corazón”.

En el video, los encapuchados se muestran respetuosos también del Ejército y la Marina, y aunque evaden revelar qué clase de agrupación integran, aducen que, “como principio ético, nosotros tenemos prohibido la extorsión, el secuestro, el robo, las vejaciones, y todo aquello que de una u otra forma afecte el patrimonio nacional, familiar, anímico y/o moral”.

Su nebulosa presentación en el video, difundido en el también fantasmal “blog del narco”, sólo deja clara una cosa: Es un escuadrón de la muerte para exterminar a Los Zetas y ante ello es preciso que las autoridades de todos los niveles deben deslindarse, salvo que cuenten con su anuencia.

Ya hubo, el año pasado, un antecedente en Nuevo León, donde el alcalde de San Pedro, el panista Mauricio Fernández, creó un grupo paramilitar para “limpiar” el municipio, cuyos integrantes formaban parte del cártel de los Beltrán Leyva y, aunque tardíamente y sólo por la presión social, el gobierno de Felipe Calderón intervino para su desarticulación.

En otros lugares de México hay tentaciones, si no es que se han materializado ya, de conformar grupos armados de autoprotección, en una lógica que parece desconocer que el paramilitarismo sólo propicia una mayor escalada de violencia y arrebata sobre todo la vida de inocentes.

Por la semejanzas con Colombia, es preciso recordar que las bandas paramilitares en ese país, auspiciadas por empresarios, ganaderos, terratenientes y políticos al más alto nivel, asesinaron a más de 156 mil personas, entre ellos 2 mil 650 niños.

Esta barbarie, documentada por la Fiscalía General de Colombia –que allá sí es autónoma, como el Poder Judicial–, comenzó con la conformación de grupos armados irregulares para enfrentar la guerrilla y el narcotráfico, pero se convirtieron en un monstruo sin control.

Los “paras” no sólo no combatieron a los narcotraficantes, sino que se asimilaron y aun tomaron el control del trasiego de drogas, mientras que asesinaban con toda impunidad a pueblos enteros que creían eran sostén de la guerrilla, a sindicalistas, maestros y periodistas.

Estos escuadrones de la muerte de extrema derecha, a cuyas miles de víctimas destazaban, cremaban o sepultaban en fosas clandestinas, llegaron a superar los 31 mil integrantes, que contaban con la protección al más alto nivel político y militar, como el del expresidente Alvaro Uribe y más de 70 congresistas y gobernadores afines a él.

Según la Fiscalía General de Colombia, que recibió el testimonio de unos 4 mil paramilitares arrepentidos, están identificados como cómplices o coautores de los delitos cometidos unos 95 oficiales y 28 suboficiales del Ejército Nacional, así como 46 oficiales y 47 suboficiales de la Policía.

La enseñanza de Colombia a México es clara: La conformación de escuadrones de la muerte para combatir a grupos criminales, con el auspicio y al menos el disimulo de la autoridad constitucional, sólo conduce a una barbarie que no tiene fin…

Apuntes

Y no hay que olvidarlo: Está documentado que fueron paramilitares, auspiciados desde el Estado, los autores de la matanza de 45 indígenas en Acteal, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997, cuando Ernesto Zedillo era presidente de México y el secretario de Gobernación era Emilio Chuayffet, actual presidente de la Cámara de Diputados… Son paramilitares, también, los autores del asesinato –uno más– de la periodista María Elizabeth Macías Castro, jefa de redacción del periódico Primera Hora, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde no gobierna un tal Egidio Torre Cantú, sino los criminales…

Comentarios: delgado@proceso.com.mx y Twiter: @alvaro_delgado

Parlamento colombiano excluye a víctimas de paramilitares

En espectáculo se convierte una de las demandas más sentidas en Colombia: la de justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos en las últimas décadas. Con una ley que supuestamente busca resarcir los daños –pero que se realiza a espaldas de las víctimas y sus familiares– se promueven políticos y “líderes de opinión”

Helda Martínez / IPS-Voces de la Tierra

Álvaro Cepeda Neri *

Bogotá, Colombia. La discusión del proyecto de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras avanza en el parlamento de Colombia con amplio registro mediático y entusiastas declaraciones gubernamentales, pero sin que sean atendidos los reclamos de las propias víctimas, los campesinos despojados.

Ante la indiferencia de los grandes medios de comunicación, representantes de ocho organizaciones de campesinos desplazados de sus hogares y tierras entregaron a cada uno de los integrantes de la Comisión Primera del Senado, que trata la iniciativa, un documento en el que expresan sus dudas y lo que entienden son falencias del texto.

Hasta ahora, “no fuimos consultados sobre el texto del proyecto”, se queja ante IPS Orlando Burgos, presidente de la Mesa Nacional de Fortalecimiento de Organizaciones de Población Desplazada.

La norma de reparación podría beneficiar a unas 400 mil familias campesinas desplazadas de sus hogares y de sus tierras de labranza, que involucra alrededor de 2 millones de personas. Es uno de los puntos centrales del programa de gobierno del derechista Juan Manuel Santos, que trata de poner en marcha su ministro de agricultura y desarrollo rural, Juan Camilo Restrepo.

En ese contexto se trata de entregar títulos de propiedad de las tierras que, en el marco del añejo conflicto armado interno, se apropiaron los paramilitares de ultraderecha, con apoyo de una cantidad de grandes ganaderos, terratenientes y gobernantes locales y parlamentarios involucrados en lo que se llamó la “parapolítica”, muchos de ellos hoy encarcelados.

Está práctica de despojo en el mundo rural cruza la historia contemporánea colombiana; aparece ligada a los distintos episodios de violencia política y se evidencia ya en la segunda década del siglo XX con la primera masacre, en 1928, contra trabajadores que exigían el cumplimiento de sus derechos a la firma trasnacional de origen estadunidense United Fruit Company, en Ciénaga, municipio del caribeño departamento de Magdalena.

Colombia sufrió la peor etapa de la violencia bipartidista “entre 1948 y 1958”, cuando murieron unos 200 mil de los 13 millones de colombianos de entonces, “especialmente en el campo, y fueron desplazados alrededor de 2 millones de campesinos”, escribió en marzo en su blog el senador izquierdista Luis Carlos Avellaneda, del Polo Democrático Alternativo (PDA).

Con la Reforma Agraria aprobada en 1961, durante el gobierno del liberal Alberto Lleras Camargo (1958-1962), surgieron nuevas esperanzas para la población campesina, que en esa época representaba casi 70 por ciento del total de la población del país.

En 1967 nació la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que “alcanzó 1 millón de afiliados y ocupó unas 2 mil haciendas entre 1971 y 1975”, según Avellaneda, miembro de la Comisión Primera encargada del análisis del proyecto de restitución.

Pero fue en esos años, con la presidencia del conservador Misael Pastrana (1970-1974), que se produjo la contrarreforma, en 1973, la cual “propició involuciones normativas y planes de despojo, encarcelamiento y persecución al movimiento campesino”, añade el senador.

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