Peña Nieto: la historia de un guardarropa de 2 mdd

Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México.

Jenaro Villamil

MÉXICO, D.F., 9 de junio (apro).- Cuenta la tradición de la Casa Bijan, creada por el iraní Bijan Pakzard, que el cliente que adquiere un mínimo de 2 millones de dólares en prendas de vestir, accesorios y perfumes se gana la distinción de que su nombre aparezca rotulado en un reloj que se coloca en el aparador del establecimiento en el 420 de Rodeo Drive, en la exclusiva zona de Beverly Hills.

Uno de los “clientes frecuentes” que apareció en la vitrina y cuyo nombre fue grabado en un video que ayer apareció en Youtube es el de Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México.

La difusión de esas imágenes que recorren el aparador de la Casa Bijan ha generado el más grave y reciente escándalo en torno a la figura del gobernador consentido por las televisoras.

A tal grado es el escándalo, que la oficina de Comunicación Social del Estado de México emitió un boletín para negar que Peña Nieto fuera “cliente frecuente” de la Casa Bijan, un sitio donde unos calcetines pueden costar hasta 500 dólares, un traje más de 50 mil dólares y una corbata tiene un precio superior a los 3 mil dólares.

La oficina de prensa del gobierno mexiquense divulgó también una carta de la tienda Casa Bijan donde ellos niegan que Peña Nieto fuera “uno de nuestros clientes frecuentes” y explicó que su nombre apareció en uno de los relojes de los aparadores de la tienda “por una decisión personal del dueño de la tienda”.

El portal Terra entrevistó a uno de los acomodadores de vehículos, en la misma calle de Beverly Hills donde está Casa Bijan y el hombre, de origen mexicano, afirmó:

“Claro que el ‘presidenciable’ viene por aquí. Yo lo he visto en uno de los negocios que visita que es Cartier. ¿Quién no lo reconoce?”

Menos conocidos físicamente porque no aparecen en la pantalla televisiva todos los días, otros millonarios del Estado de México, que figuran en la vitrina de la Casa Bijan son Carlos Peralta y Carlos Hank Rhon, hermano del exalcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon, actualmente procesado por la Procuraduría General de la República.

Antes de que detonara el escándalo, el reloj con el nombre de Enrique Peña Nieto y la bandera mexicana aparecía junto a los de la farándula política de Estados Unidos como Arnold Schwarzenegger o Tom Cruise. Por supuesto, también junto a príncipes y aristócratas del viejo continente que consideran una deferencia que el establecimiento reconozca que ha gastado más de 2 millones de dólares en prendas.

'EXHIBEN' A PEÑA NIETO EN TIENDA DE REYES

REFORMA . Estado de México (8 junio 2011).- Un video que circula desde el lunes en YouTube muestra que el aparador de la exclusiva tienda de diseño de ropa para hombres Bijan, en Beverly Hills, exhibe un reloj de pared con el nombre del Gobernador Enrique Peña, distinción que la firma hace para sus clientes frecuentes, a quienes se les considera así a partir de haber sumado en su cuenta 2 millones de dólares.

El video muestra, en un plano secuencia, que en el aparador de la tienda se hallan los relojes dedicados a personajes mexicanos como Carlos Slim, Jorge y Carlos Hank Rhon, Jaime Camil padre, así como Vicente y Alejandro Fernández.
Entre los personajes internacionales que se destacan por hacer sus compras ahí se encuentran al Príncipe Guillermo, el Príncipe Carlos y el Rey Juan Carlos.

En los subtítulos que se agregaron en la edición posterior al plano secuencia que muestra el reloj de Peña Nieto, se cuestiona si es posible que un funcionario público, sin actividad empresarial ni ingresos adicionales, puede ser cliente frecuente de tiendas como esta, donde arman su guardarropa personalidades del máximo nivel económico.

El video suma, a dos días de haberse subido a la red, unas 2 mil 269 reproducciones.


http://youtu.be/mEIhxrmkRXM

La 'sencilla' casa del embajador de México en España

De que hay niveles, hay niveles. No es lo mismo ser el representante diplomático de México en cualquier región del mundo que en una donde se cuente con una zona exclusiva donde el 'buen vivir' y ser víctima de la moda' sea lo que predomina.
Jorge Zermeño Infante, embajador de México en España, el rata PANista que representa a Mexico en España.

Miguel Ángel Castillo Ortiz

Al menos eso es lo que pudo verse en una reciente emisión de la cadena Televisión Española (RTVE) dedicada al Barrio de Salamanca, donde la crisis económica se ha dejado sentir porque muchas de las familias adineradas de la zona ya no pueden tener seis personas en su plantilla de servicio, sino dos a los más.

En dicho reportaje, que se enmarca dentro del género de la 'nota rosa o del corazón', puede verse a señoras de esa colonia, donde hasta las calles se lavan por gente bien vestida, escogiendo joyas en una muestra exclusiva, tratando de discernir cuál de los accesorios de diamantes mostrados por bellas modelos puede venirles mejor, sin importar si su valor es de más de 30 mil euros (poco más de medio millón de pesos), que para eso existen tarjetas 'Centurión'.

En ese contexto va la historia, cuando a la mitad del programa se llega a las afueras de una de las grandes mansiones ubicadas en ese lugar; nada más y nada menos que la Residencia Oficial del Embajador de México, un pequeño palacio de cinco plantas donde vive y despacha el panista Jorge Zermeño Infante, quien fuera legislador antes de partir a España.

De ella sale Astrid Casale, esposa del embajador que en tono casual y al estilo de un reality show (ya trae un micrófono puesto) invita a la reportera al interior y detalla cómo vive en Madrid.

Así nos enteramos que cuenta con "tres muchachas de servicio, dos choferes, el jardinero y dos vigilantes" y que, según sus propias palabras, existen similitudes entre ella y la princesa Letizia Ortiz, pues las dos trabajaban en medios de comunicación antes de conocer al 'hombre de sus sueños'. De hecho muestra revistas en donde han salido fotografiados y entrevistados, lo que da cuenta que no es la primera ocasión en que la Embajada abre sus puertas a la prensa de sociales.

En la casa se pueden realizar fiestas hasta para tres mil 500 invitados e incluso el mismo embajador Zermeño aparece con taza de café en mano, dispuesto a irse a laborar y más tarde, compartiendo su coche con placas diplomáticas rumbo a una de las tantas cenas que forman parte de su agenda.

Si bien Jorge Zermeño menciona que la casa fue comprada en el sexenio del presidente José Lopez Portillo, destaca el hecho de que se haya permitido la entrada para programa de este tipo, pues el año pasado la esposa del embajador en México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán abrió de par en par las puertas de la residencia en Washington y hasta de su guardarropa a la revista Hola!, lo que despertó críticas de la misma Cancillería por esa debilidad ante la 'prensa rosa'.

El video completo puede verse en este sitio (da clic aquí). La aparición de la Embajada de México en España es desde el minuto 11, pero vale la pena verlo completo.

México ante la justicia francesa

• México ante la justicia francesa
• Genaro García Luna en la mira
• Sedena investiga adquisiciones

Miguel Badillo

Francia se prepara para sentar al gobierno mexicano en el banquillo de los acusados. El presidente francés, Nicolás Sarkozy, prepara un duro golpe en contra de México y su dudosa aplicación de la justicia.

Hoy, como otras muchas veces, el Poder Judicial mexicano está en entredicho, sólo que esta vez no será un asunto interno de los mexicanos, en donde gobierno, policías, jueces y ministros se coluden y violan las leyes para atentar contra la libertad y la defensa de los derechos humanos.

Esta vez, las dudas sobre la honestidad, transparencia, ética y veracidad de la justicia mexicana es un asunto internacional, motivado y escandalizado por Francia ante la aplicación de la “justicia” en México en contra de la ciudadana francesa Florence Cassez, sentenciada en este país a 60 años de cárcel por el delito del secuestro.

Pero cómo negar la enorme corrupción del Poder Judicial mexicano, en donde jueces, magistrados y hasta los ministros de la Suprema Corte han dado muestra muchas veces de su debilidad ante el poder político y el poder del dinero. Quién puede dudar en México de la enorme corrupción de ese Poder Judicial, que va incluso más allá de la misma corrupción del Poder Ejecutivo, que en sí misma es grave, debido a que en sus sentencias juegan con la libertad y la vida de las personas.

Ese Poder Judicial que por mucho tiempo ha sido impune en México, hoy será juzgado por la opinión pública internacional que tiene en Francia a su fiscal de hierro. Estos jueces mexicanos hoy conocerán otra justicia distinta a la que están acostumbrados a practicar y en donde lo más probable es que salgan mal librados.

Se trata de jueces que se han vuelto intocables sin importar los fallos corrompidos que cometen, con el consecuente daño en contra de miles de personas inocentes. Son esos impartidores de “justicia” quienes se han convertido en una élite de “servidores públicos” que, desde la opulencia construida con dinero del erario y otro producto de extorsiones, chantajes y sobornos, acumulan sentencias en contra de los que menos tienen, los pobres y desprotegidos que no pueden defenderse ni pagar costosos despachos de abogados, y protegen a los que más tienen, a los hombres del dinero dispuestos a cometer delitos y corromper a quienes los juzgan.

Esto es la justicia mexicana y su Corte de jueces, magistrados y ministros, quienes no están dispuestos a perder canonjías económicas, sin importar que ello signifique vivir sumisos ante el poder político presidencial, el cual ve en el Poder Judicial un valioso aliado para también mantenerse impune y ejercer un autoritarismo a su antojo.

En México son frecuentes las constantes violaciones constitucionales a los derechos humanos, a la libertad de expresión y a la libertad de prensa; al encarcelamiento injusto de indígenas, campesinos y luchadores sociales inocentes; a la protección judicial de empresarios defraudadores y lavadores de dinero; a la complicidad de burócratas corruptos. Por eso no será complicado para Francia sentar a la justicia mexicana y a todo el poder político en el banquillo de los acusados.

García Luna en la mira de Francia

Por instrucciones del presidente francés, la Procuraduría de ese país investiga operaciones financieras que habría realizado el secretario de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna, en países de Europa.

En México también se abrió un expediente en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en contra de ese funcionario por supuestos movimientos financieros que hizo en al menos dos países europeos.

La investigación en contra del alto funcionario del gabinete de Felipe Calderón Hinojosa habría iniciado luego de que esa Unidad, encargada de combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo, encontrara diversas transferencias monetarias trianguladas a instituciones bancarias europeas. De éstas, la autoridad mexicana investiga si es lícito el origen del dinero.

La información –confirmada por diversas fuentes de inteligencia militar, inteligencia civil y de carácter diplomático–, indica que una segunda pesquisa la llevaría a cabo directamente el gobierno francés por instrucciones de su presidente Nicolas Sarkozy.

Las pesquisas son realizadas por la Procuraduría de aquel país (Ministère de la Justice et des Libertés) y por la Oficina contra los Circuitos Financieros Clandestinos (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers Clandestins) del Ministère des Finances.

Durante tres meses he solicitado conocer la opinión del secretario de Seguridad Pública federal sobre las investigaciones en su contra, a través de su secretario particular adjunto, Marco Antonio Mecalco Raya, pero debido a la “complicada agenda” de su jefe ha sido imposible. Seguramente esperarán a que sea Francia quien dé a conocer la investigación en su contra.

Encono francés

En entrevista, Charlotte Cassez –madre de la ciudadana francesa Florence Cassez Crepin, condenada a 60 años de prisión y actualmente recluída en el centro de readaptación femenil Tepepan– confirma que el gobierno galo mantiene un encono político con autoridades mexicanas, particularmente con el secretario García Luna.

Asegura que el presidente Nicolas Sarkozy la ha recibido en seis ocasiones para tratar lo que consideran “un montaje” del secretario de Seguridad Pública mexicano contra su hija Florence Cassez.

“Sentimos que aquí hay un poder que nos está rebasando completamente. Hay algo a nivel de la corrupción en la que está involucrado el narcotráfico.

No sé si con el gobierno, pero sí con algunas personas relacionadas. García Luna es una persona realmente importante. En Francia, o fuera de México, oímos decir que es, incluso, más importante que Calderón”, comenta.

La madre de Cassez Crepin –presa por los delitos de delincuencia organizada y secuestro– asegura que las autoridades de Francia realizan diversas investigaciones para lograr la libertad o la extradición de la joven.

“El presidente francés es alguien muy convincente, determinado y siempre ha buscado todas las relaciones posibles”, agrega Charlotte Cassez.

Riqueza inexplicable

Las investigaciones en torno a las transferencias financieras de García Luna, llevadas a cabo por los gobiernos de México y de Francia, no son los únicos cuestionamientos respecto de la fortuna del secretario de Seguridad Pública.

El 24 de septiembre de 2010, legisladores de oposición demandaron a García Luna que transparente la fuente de financiamiento de sus propiedades, valuadas en un monto mayor al sueldo que percibe como servidor público.

De acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia del gobierno federal, las percepciones brutas mensuales del titular de la SSP ascienden a 205 mil 122 pesos, integradas por su sueldo base de 32 mil 813 pesos y su compensación garantizada de 172 mil 308 pesos.

Mireille Roccatti Velázquez –investigadora del Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México, y especialista en el estudio del lavado de dinero– critica que al interior del gabinete presidencial falta transparencia, sobre todo en la situación patrimonial de los altos funcionarios.

Sedena investiga adquisiciones de helicópteros

Aunque la “guerra” inventada por Felipe Calderón en contra de los cárteles de la droga ha dejado de ser una “guerra” por designio de él mismo, es una realidad el incremento en los fondos públicos destinados para que las Fuerzas Armadas puedan adquirir mejor armamento y más aeronaves que les permitan hacerle frente al crimen organizado.

En la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) apenas se están reponiendo del susto que les causó una investigación del Órgano Interno de Control -cuyo titular es un militar- sobre un contrato para dar mantenimiento a cinco helicópteros Mi-17, cuando esa misma dependencia, junto con la de Marina, solicitaron la autorización de la Secretaría de Hacienda para adquirir otras 17 aeronaves a un costo aproximado de 10 mil millones de pesos.

En el expediente, se explica que la Dirección General de Administración de esa Secretaría asignó de manera directa un contrato millonario a la empresa Volans, S.A. de C.V., cuyo director general es el ruso Yuriy Chumak, para el mantenimiento en Rusia de cinco helicópteros Mi-17; sin embargo, las aeronaves nunca se enviaron a ese país. Actualmente siguen volando en México.

Esto generó dudas e inquietud en algunos mandos castrenses, pues en los últimos años han ocurrido accidentes aéreos que han costado la vida de militares. Además, hay varios niveles de mantenimiento: en Rusia alcanzan un nivel V de reparación, mientras que el máximo en México es III.

En 2009, el OIC solicitó la información de ese contrato millonario a la Dirección General de Administración de la Sedena, pues el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, pidió conocer cómo se habían gastado esos recursos públicos. La Sedena se limitó a informar que se había hecho un convenio modificatorio para que Volans diera mantenimiento en México a los cinco helicópteros, por lo que ya no fueron trasladados a Rusia, lo que representó un ahorro importante en el gasto inicial presupuestado.

Según la Sedena, esta explicación bastó para que el OIC cerrara el expediente bajo supervisión de la Secretaría de la Función Pública. Del dinero ahorrado en el mantenimiento de las aeronaves, la Sedena explicó que se reintegró a la Tesorería de la Federación. ¿Por qué se pactó un primer contrato para darles mantenimiento en Rusia y, de pronto, deciden dejarlos en México y que sean los técnicos de Volans los que viajen aquí?

Más aeronaves y más gasto

La semana pasada, El Universal destacó en su primera plana una nota del reportero Noé Cruz, relativa a la compra de 17 aeronaves para las secretarías de la Defensa y de Marina, a un costo de 9 mil 888 millones de pesos.

Sobre esa información, la Sedena confirmó la petición hecha por ambas secretarías a Hacienda para que autorice el presupuesto correspondiente y puedan adquirir los aviones y helicópteros. Para la Sedena, estas nuevas aeronaves se suman a las más de 200 que ya tiene los militares y se utilizan para el traslado de personal en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Actualmente la Defensa cuenta con 206 mil efectivos.

En la información de El Universal, se explica que esa Secretaría solicitó la compra de cinco aviones Hércules versión H usados; mientras que la Secretaría de Marina pretende adquirir seis aviones versión transporte militar y carga y seis helicópteros para transporte de personal.

La nota agrega que la demanda de transporte de efectivos en la Marina aumentaría de 19 mil en 2009 hasta casi 51 mil en 2012, y la compra de las aeronaves permitiría hacerle frente.

El blog Todo por México, donde militares y civiles intercambian opiniones sobre las fuerzas armadas, explica que el Mi-17 es un helicóptero bimotor de transporte con capacidad de portar cohetes y misiles guiados antitanque. Desarrollado a partir del fuselaje de los Mi-8, especialmente para la guerra de Rusia en Afganistán y producido en las fabricas de Ulán-Udé y Kazán, el Mi-17 fue equipado con motores TV3-117MT más grandes, los rotores y la transmisión desarrollada para el Mi-14, junto con mejoras del fuselaje para cargas más pesadas.

La designación Mi-17 es para exportación; las fuerzas armadas rusas lo llaman Mi-8MT. El Mi-17 se puede reconocer porque tiene el rotor de cola en el lado izquierdo y guardapolvos en frente de las tomas del motor.

En México la Fuerza Aérea Mexicana cuenta con 24 Mi-17, 19 en servicio y 5 retirados, matriculas 1701 a 1724. La Armada de México tiene 23 Mi-17, 21 en servicio y 2 retirados, con matrículas AMHT-200 a AMHT-222. La Policía Federal cuenta con 4 Mi-17, todos en servicio, con matrículas XC-PFD (PF-302, número de serie 312 M82), XC-PFE (PF-304, 95582), XC-PFF (95663) y XC-PFG (PF-305, 96077).

Utilizan erario para comprar bebidas embriagantes

Tan sólo 14 entidades del gobierno federal –incluida la Presidencia de la República– gastaron casi 4 millones de pesos en bebidas alcohólicas desde que Calderón asumió la titularidad del Poder Ejecutivo. Las dependencias argumentan que “es necesario organizar eventos sociales”; sin embargo, en muchos casos la compra fue hecha a petición expresa de un funcionario; en otros, nunca se justificó el motivo de la adquisición. Ante las lagunas en la ley, la compra de alcohol queda en “un asunto de ética”, señala especialista en gasto público.

Mayela Sánchez

Mientras el gobierno federal apela –al menos en el discurso– a la austeridad en la administración pública, diversas dependencias del Estado han gastado conjuntamente 3 millones 867 mil 81 pesos en bebidas alcohólicas en un trienio. La Presidencia de la República; las secretarías de Gobernación (Segob), Función Pública (SFP) y Relaciones Exteriores (SRE); así como Petróleos Mexicanos (Pemex), el Fondo de Cultura Económica (FCE) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) figuran entre las entidades públicas que sufragan el consumo de vino, tequila, coñac, whisky, licores y cerveza con recursos del erario.

En la mayoría de los casos, las adquisiciones de alcohol se han justificado con la realización de eventos sociales; en otros, sin embargo, la compra de alcohol se ha realizado a petición de las oficinas de los secretarios de Estado.

Es el caso de la Segob, que el 21 de agosto de 2007 gastó 2 mil 560 pesos en dos botellas de tequila Don Julio y una más de coñac Martell XO. La factura 53747, expedida por la vinatería La Europea México, SA de CV, cuya copia posee Contralínea, especifica que se trata de “vino requerido para el comedor del C. Secretario”.

La misma leyenda se advierte en otras dos facturas, correspondientes al 29 de julio y 22 de agosto de 2008, cuando Francisco Ramírez Acuña había sido sustituido por Juan Camilo Mouriño Terrazo al frente de Gobernación. La factura 60425 ampara la compra de una docena de botellas de vino tinto Casa Madero de cepa Cabernet Sauvignon, dos de rompope Santa Clara y una de ron Bacardi Blanco, por las que se pagaron 2 mil 317 pesos; la otra factura, con folio 60860, no especifica los productos que la dependencia adquirió y por los que pagó 3 mil 63 pesos.

La SFP también se allegó bebidas alcohólicas a solicitud expresa de la oficina de su titular, Salvador Vega Casillas. El 8 de agosto de 2008, requirió la compra de docenas de botellas de vino tinto Casa Grande, Casa Madero, Chateau Domecq y Viña Pedrosa, por un monto de 25 mil 426 pesos. En el pedido de compra 212/2008 se lee la razón de la adquisición: “Insumos necesarios para la oficina del C. Secretario”.

Justo un año antes, en agosto de 2007, se habían hecho dos solicitudes similares, pero en tales ocasiones la compra de tres docenas de botellas de vino tinto fue pedida “para atención del décimo piso”, aludiendo al sitio donde despacha Vega Casillas.

El 19 de octubre siguiente, la dependencia encargada de fiscalizar y mejorar la gestión de la administración pública se procuró casi 3 mil 500 pesos en bebidas embriagantes, como vino tinto Chateau Domecq, whisky Buchanan’s, tequila Herradura, brandi Torres 10 y ron Bacardi Blanco y Appleton. El motivo de la compra fue “la atención del C. Secretario”, como consta en la factura 12795 de Bodegas El Celler, SA de CV.

Compra de alcohol prevista en la ley

El diputado Marcos Pérez Esquer, secretario de la Comisión de la Función Pública en la Cámara de Diputados, justifica que el gobierno compre bebidas alcohólicas con recursos del erario “solamente en una situación muy excepcional, como un evento social”, pero señala que más allá de eso, “sería indebido”.

Cuestionado respecto de la prudencia de estas erogaciones en un contexto de supuesta austeridad, el legislador panista minimiza su importancia al señalar que “no es un gasto relevante, prácticamente no existe”.

En opinión de la doctora Violeta Rodríguez del Villar, especialista en estudios hacendarios y del sector público, lo que se gasta en alcohol es poco respecto de todo el presupuesto que administran las dependencias de gobierno, pero “si consideramos que se divide en pocos puestos, puede llegar a ser muy alto por persona”.

La investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México explica que es muy difícil detectar que este tipo de gastos se efectúan, debido a que la legislación del presupuesto no se hace a un nivel de desagregación tan detallado, lo que da “un amplio margen para que exista despilfarro”.

Función Pública señala que la compra de bebidas alcohólicas por parte de entidades de la administración pública se hace con base en lo estipulado en el Clasificador por Objeto de Gasto, que en su concepto 2200 se refiere a los productos alimenticios, y dentro de éste, a la partida 2204, destinada a la adquisición de “todo tipo de alimentos y bebidas” para los servidores públicos cuando se requiera su permanencia en las instalaciones de sus respectivas dependencias.

Asimismo, se consideran las partidas presupuestales 3800 (servicios oficiales), 3801 (gastos de ceremonial del titular del Ejecutivo Federal) y 3802 (gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades). En ningún caso se detalla qué tipo de bebidas se pueden adquirir o si existen restricciones en función de su costo o de la pertinencia de su compra.

Las solicitudes de compra hechas por Función Pública, a las que Contralínea tuvo acceso, muestran que la mayoría correspondió a peticiones del comedor institucional. Se trata de requisiciones de rompope y vino tinto principalmente, pero también de ron y licores, todas adjudicadas a la partida 2204. Al amparo de dicha partida también se pagó el alcohol de diversos eventos sociales, como la inauguración de la Sexta Exposición Artística de Servidores Públicos, celebrada el 12 de noviembre de 2008 y para la cual se requirieron 24 botellas de vino con un costo total de 5 mil 778 pesos.

Sólo dos solicitudes de compra de la SFP se justificaron en una partida distinta a la 2204. Una correspondió a la adquisición de seis botellas de vino blanco Monte Xanic, por un monto de 1 mil 330 pesos, para un evento social del 19 de junio de 2007. La compra fue hecha con apego a la partida 2203, que cubre los alimentos y bebidas de los servidores públicos en actividades de supervisión, inspección o labores de campo.

La otra requisición se hizo el 6 de agosto del año pasado para la V Conferencia Anual de Compras Gubernamentales en las Américas, evento para el que se pidió fueran despachadas dos docenas de vino blanco y dos más de tinto. Las bebidas, cuya compra se consideró “fundamental”, se ofrecerían en el coctel del evento, una vez que los participantes hubieran discutido estrategias para “mejorar las prácticas de compra gubernamentales”. La solicitud se amparó en la partida 3804, que cubre el costo de servicios integrales contratados para la celebración de congresos y convenciones; sin embargo, con la información proporcionada por la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría, no se pudo constatar que la adquisición se haya realizado.

Relaciones Exteriores señaló que sus erogaciones en bebidas alcohólicas se clasifican en la partida 3803, que cubre la celebración de actos conmemorativos y de orden social, como desfiles y ceremonias patrióticas y oficiales. El monto gastado por la Secretaría asciende a 417 mil 488 pesos, siendo el vino tinto Marqués de Riscal la bebida más recurrente en sus eventos.

Gastos en la Presidencia

La Presidencia de la República atribuye sus gastos en bebidas alcohólicas a la partida 2201, que se refiere a productos alimenticios y bebidas para el Ejército, Fuerza Aérea y Armada, y para los efectivos que participen en programas de seguridad pública, como consta en las facturas de compra, de las que Contralínea tiene copia.

De enero de 2007 a noviembre del año pasado, la oficina de la Presidencia desembolsó 685 mil 837 pesos en alcohol. El producto más socorrido fue el tequila, del que se adquirieron 999 botellas de las marcas Don Julio y José Cuervo Reserva de la Familia, cuyo costo es de 865 pesos por botella.

La Presidencia también compró 516 botellas de vino tinto, 269 de whisky, 147 de licores, 130 de ron, 83 de vino blanco, 60 de brandi, 48 de coñac, 44 de vino oporto y 19 de vodka.

El 2 de enero de 2007, un mes después de que Felipe Calderón Hinojosa tomara posesión de la Presidencia de la República, la dependencia adquirió 3 mil 862 pesos en bebidas alcohólicas. En total fueron 16 botellas, entre licor de café Baileys, vino oporto Ferreira Tawny, whisky Chivas Regal y Johnnie Walker Etiqueta Negra, vino blanco L.A. Cetto Fumé Blanc y una botella de tequila José Cuervo Reserva de la Familia. Ese mismo día, Calderón Hinojosa dio un mensaje al gabinete de seguridad en la residencia oficial de Los Pinos.

El 10 de febrero de 2007 se ofreció un desayuno para conmemorar el Día de la Fuerza Aérea Mexicana, evento al que asistieron el general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional, y el almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, secretario de Marina. Ese día, la Presidencia compró seis botellas de tequila Arette reposado y dos más de Arette blanco, tres botellas de tequila José Cuervo, dos de ron Bacardi, dos de licor Baileys, dos de whisky Johnnie Walker Etiqueta Negra, una botella de coñac Hennessy Privilege VSOP y otra Hennessy XO, cuyo costo rebasó los 1 mil 700 pesos. La cuenta de ese día sumó 6 mil 580 pesos.

El martes 24 de junio de 2008, mientras Calderón Hinojosa se encontraba de gira por Campeche y Quintana Roo, la Presidencia solicitó la compra de 28 botellas de vino tinto, incluyendo una docena de la marca Santo Tomás Único, con un precio de 510 pesos cada una. También se pidieron 16 botellas de tequila Maestro Tequilero, en sus presentaciones blanco, añejo y reposado; cinco botellas de licor de café Baileys, tres de ron Bacardi Carta Blanca, dos de vodka Absolut y dos de whisky Johnnie Walker Etiqueta Negra.

El gasto fue de 17 mil 611 pesos, el mayor de los que ha realizado la Presidencia para adquirir alcohol en un solo día; la cifra rebasa por mucho al gasto realizado el día de la visita del presidente estadunidense Barack Obama a la residencia oficial de Los Pinos, cuando se destinaron 6 mil 880 pesos a la compra de nueve botellas de tequila Maestro Tequilero y dos de la marca 1800, junto con seis botellas de whisky Buchanan’s 12 años y Chivas Regal, dos de vodka Absolut Azul, una de ron Bacardi Blanco y una más de Licor 43.

Sin “ética en el servicio público”

Rodríguez del Villar apunta que hay una “dificultad intrínseca” para dar seguimiento a este tipo de gastos, debido a que es muy complicado llevar el presupuesto a un nivel de desagregación tan grande. No obstante, la doctora en economía reflexiona que en el marco de déficit presupuestario en que opera el gobierno federal “quizás sí convendría hacer todavía más limitados ciertos tipos de gastos”.

La investigadora considera que legislar sobre el tema podría devenir en controversia, pues se plantearía un problema jurídico respecto de por qué fiscalizar estos bienes y no otros. “Se vuelve una cuestión de opinión, pero también es un asunto de ética”, considera.

“No hay una ética del servicio público para evitar que los servidores públicos gasten no nada más en bebidas alcohólicas, sino en cualquier gasto superfluo, bajo la conciencia de que el presupuesto tiene que destinarse al beneficio común”, concluye Rodríguez del Villar.

Entre 2007 y 2009, el corporativo de Pemex gastó 934 mil 477 pesos en la compra de alcohol. Tan sólo el 3 de diciembre de 2007, en la víspera de las fiestas de fin de año, la paraestatal adquirió vinos argentinos, españoles y franceses, así como ron de caña y la bebida española Licor 43, por los que pagó 603 mil 97 pesos, de acuerdo con los datos disponibles en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT). La información, sin embargo, no especifica el destino de las compras ni la cantidad de cada producto adquirido.

El FCE, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, desembolsó 245 mil 644 pesos en el mismo fin, indica el POT. La editorial del Estado mexicano justificó la erogación de 58 mil 500 pesos en bebidas alcohólicas para la celebración de sus aniversarios de 2008 y 2009, a los que se suman importes de 16 mil 473 pesos para una reunión de comités editoriales en 2007, 11 mil 25 pesos para celebrar su fiesta de fin de año en 2009 y 8 mil 190 pesos más con motivo de una venta nocturna en las librerías del Fondo de Cultura Económica.

Dos instituciones de la banca de desarrollo del país también figuran entre las entidades que destinaron recursos públicos a la compra de alcohol. El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos gastó 226 mil 600 pesos en bebidas embriagantes para las comidas de fin de año de su personal, siendo 2009 el año en que más recursos destinó: 113 mil pesos en tequila y brandi, sumados a 19 mil 872 pesos en vino tinto y blanco.

El Banco Nacional de Comercio Exterior adquirió botellas de tequila de las marcas Tradicional y Gran Centenario Azul, por 203 mil 484 pesos, además de que gastó 11 mil 395 pesos en dicha bebida para “integrar a la canasta navideña 2007” y otros 148 mil 522 pesos para el arcón de 2008.

En el ámbito de la cultura, el Instituto Mexicano de Cinematografía pagó 278 mil 155 pesos por vino para sus diferentes eventos, sin que en el POT se precisen cuáles fueron éstos ni qué tipo de bebidas se ofrecieron. El Instituto Nacional de Bellas Artes compró vinos y cerveza para la apertura de la temporada Otoño 2007. La cuenta fue de 4 mil 826 pesos.

Diversas instancias del Conacyt también sufragaron la compra de alcohol con recursos del erario. En 2007, el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo adquirió 25 cartones de cerveza para un “evento de aniversario”, por 2 mil 375 pesos. En alcohol para “congresos y convenciones” realizados durante 2009, el Centro de Investigación en Materiales Avanzados erogó 3 mil 942 pesos. El Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica gastó 8 mil 639 pesos en vino alemán Blue Nun, cuyo costo por botella ronda los 115 pesos.

El Centro de Investigación y Docencia Económicas pagó 36 mil 187 pesos en vino para eventos de su dirección. De acuerdo con el contrato PE-180/07, el 17 de julio de 2007 el instituto adquirió 17 mil 221 pesos de vino para un evento de la dirección de administración escolar, no obstante que dos meses antes, el 23 de mayo, había realizado una “compra anual de vino” por 11 mil 493 pesos.

La Sociedad Hipotecaria Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, gastó en 2007 casi 200 mil pesos en vinos y licores para su canasta navideña, luego de haber destinado 15 mil 600 pesos a pagar el vino tinto que ofreció en la clausura del programa de integración de equipos de trabajo, celebrado en octubre de ese año.

La Secretaría de Energía, a través del Instituto de Investigaciones Eléctricas, gastó 12 mil 935 pesos en dos pedidos de alcohol, uno de vino blanco XA Blanc de Blancs de la casa Pedro Domecq, por 6 mil 500 pesos, y otro en 2008 de tequila Herradura reposado, que sumó 6 mil 435 pesos.

Talleres Gráficos de México gastó 15 mil 141 pesos en dos adquisiciones de vino blanco en 2008; la información del POT sólo refiere que se trató de “vino blanco de 4 litros” y no especifica para qué fueron empleados.

Recursos gastados en bebidas alcohólicas durante la administración calderonista

Dependencia	Monto (pesos)
Petróleos Mexicanos	934,477
Presidencia	685,837
Secretaría de Relaciones Exteriores	417,488
Banco Nacional de Comercio Exterior	363,402
Secretaría de Gobernación	296,216
Instituto Mexicano de Cinematografía	278,155
Fondo de Cultura Económica	245,644
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	226,600
Sociedad Hipotecaria Federal	204,911
Secretaría de la Función Pública	130,306
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	51,142
Talleres Gráficos de México	15,141
Secretaría de Energía	12,935
Instituto Nacional de Bellas Artes	4,826
Total	3,867,081

Contralínea 178 / 18 de Abril de 2010

Los verdaderos agravios

Noroña y la manta. Circo mediático.

Jesusa Cervantes

MÉXICO, DF, 4 de febrero (apro).- “Los mexicanos están cansados de estos circos mediáticos; fue una ofensa a la institución presidencial; una falta de respeto a los propios legisladores”... y así proseguía la lista de reclamos, y todo por una manta desplegada por legisladores petistas en la que aludían a un presunto alcoholismo de Felipe Calderón.

El mensaje desató la furia del panismo en contra de los irreverentes, groseros y rebeldes diputados. Los aliados del poder salieron en defensa de quien los puso en una curul.

Cierto es que nadie justifica la ofensa como método en los debates políticos y legislativos pero, aceptando que el calificativo de “borracho” sea una ofensa --en todo caso, ello no evidencia más que ignorancia de lo que implica la enfermedad del alcoholismo--, el epíteto puede pasar a segundo término si hacemos una lista de los verdaderos agravios que muchos mexicanos han padecido desde el 1 de diciembre de 2006.

El malestar por la “manta de la discordia” en San Lázaro no tiene siquiera comparación con la burla de Calderón hacia numerosos casos, entre ellos el de las madres de los jóvenes de Salválcar en Ciudad Juárez, Chihuahua.

A un año de aquella brutal ejecución, las madres no tienen siquiera la autopsia de sus hijos asesinados. Y la burla es que en lugar dar respuesta a las demandas de las madres, Calderón les construyó “una cancha”. ¿No es acaso eso una verdadera ofensa?

Y la muerte de 49 niños en Hermosillo, Sonora, en una guardería subrogada por el gobierno federal, en donde lentamente, por falta de aire o por quemaduras, se les apagó la vida. ¿Tampoco ese hecho indigna?

Desde que se produjo la tragedia, no recuerdo a un solo diputado federal del PAN que haya levantado la voz en contra del gobierno federal que encabeza Felipe Calderón, en primer lugar por su permisividad y la evidente corrupción para que se careciera de mínimas medidas de protección civil, acciones que pudieron evitar las muertes de decenas de los pequeños.

Más aún, los 35 mil muertos generados no por la decisión del gobierno federal de pretender acabar con el narcotráfico, sino por la falta de previsión de lo que esa “guerra” desencadenaría, escenario en que se coloca en peligro la vida de “sus gobernados”. ¿No es esta una falta de respeto a los derechos humanos de parte de Calderón Hinojosa?

Y qué decir de la ausencia de enjuiciamiento a los políticos entreguistas y omisos del PAN que, en bandeja de plata, dieron a empresa españolas el derecho, por 20 o 30 años, a explotar las riquezas nacionales, como sucedió con los ya famosos contratos de servicios múltiples (CSM) de Petróleos Mexicanos (Pemex). ¿Ese hecho no equivale a reírse de los mexicanos?

Y el aumento al IVA que aprobaron panistas y priistas en el mismo recinto en donde hoy se dicen “ofendidos”, ¿no es eso pitorrearse de los mexicanos?, ¿no fue eso una burla hacia ellos cuando fueron justamente los diputados quienes pidieron el voto para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía y, ya sentados cómodamente en una curul, se atrevieron a subir los impuestos?

Y no es una ofensa que cada uno de los 500 legisladores, que por una manta se sintieron agredidos, gane como “mínimo” cien mil pesos al mes mientras hay 6 millones de mexicanos en pobreza extrema. ¿O esto tampoco es una burla?

Los panistas se ofendieron, se indignaron, se alteraron, se sintieron agredidos cuando vieron que su jefe máximo era señalado como “borracho”.

La ira blanquiazul apenas y pudo contenerse por un simple señalamiento, nada comparado con la muerte y destrucción que Felipe Calderón y varios de sus secretarios de Estado han dejado desde aquel 1 de diciembre de 2006.

Y también se puede hablar de los obreros de Lázaro Cárdenas, Michoacán; de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro; los mineros de Cananea, Sonora; de los muertos de Coahuila; de las decenas de niños mexicanos que mueren de una parasitosis curable en las zonas más pobres del país; de la psicosis en que vive gran parte de la población del norte del país por la escalara de narcoviolencia… Y la lista puede ser interminable si el recuento tiene que ver con los actos de la figura presidencial en manos del PAN, pero a los diputados del blanquiazul, que mes con mes reciben 100 mil pesos, vehículo, viáticos, boletos de avión, dinero para “gestiones” y muchas cosas más, nada de esto los ofende o los pone iracundos.

Cierto que la ofensa no es el mejor método para el debate político, pero los panistas tampoco han debatido de verdad, lo que han hecho en esta Legislatura es mantener un contubernio con el PRI y, con su mayoría aplastante, burlase día a día de los mexicanos, aunque claro, hay sus excepciones, pero –tristemente-- son las menos.

Del gobierno calderonista pocas cosas no indignan. Lo mismo sucede con los políticos, pero en lugar de exaltarse por una manta, deberían reclamar por la inequidad, la violación a derechos humanos, pobreza y muerte que se viven en el país y, consecuentemente, actuar desde San Lázaro para acabar con todos esos agravios.

Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx

Indolente y voraz burocracia federal

México SA

La Presidencia gastó 5,900% más

Carlos Fernández-Vega

Con la H burocracia mexicana de plano ya no se sabe si lo conducente es reír (por la pomposa cuan recurrente firma de acuerdos y decretos de austeridad que más tarda en firmar que en incumplir) o llorar (por el creciente cuan voluminoso costo que para las finanzas públicas representa su mantenimiento), porque a pesar de que cada día ofrece peores servicios, pésima atención a los ciudadanos y nulos resultados a la patria, a ésta cada día le resulta más oneroso su mantenimiento.

En el último trimestre de 2010 la burocracia nacional –especialmente la dorada– le costó a esa patria ofendida y a los mexicanos que la mantienen más de 88 mil 700 millones de pesos, sólo por concepto de prestaciones (independientemente de salarios, sueldos, viáticos, guaruras y conexos), más de 20 por ciento de incremento con respecto a igual periodo de 2009. Cierto es que al final de ese lapso se pagan aguinaldos y otras compensaciones, pero un año y otro la diferencia en monetario se aproxima a los 16 mil millones de pesos. ¿Quién pagó cotidianamente alrededor de 986 millones de pesos en prestaciones para los siempre eficientes servidores públicos? Los mexicanos en el lapso de referencia, como si sobrara el dinero en este país.

Así, con el dato oficial de octubre-diciembre de 2010 (aportado por la Secretaría de Hacienda en su informe trimestral a la Cámara de Diputados) y para felicidad de la mexicanada silenciosa, a lo largo de 2010 de sus bolsillos salieron cerca de 240 mil millones de pesos para alimentar el barril sin fondo que significan las prestaciones de la indolente cuan voraz burocracia federal (no incluye el costo estatal y municipal por el mismo concepto). En 2009 se destinaron unos 211 mil millones de pesos para cubrir este renglón; en 2010 casi 240 mil, una diferencia (favorable a las tres veces H, desde luego) cercana a 14 por ciento.

El gasto en el cuarto trimestre de 2010, por el concepto citado, rompe récord. Por ejemplo, en el cuarto trimestre de 2007 la austera Presidencia de la República (donde se firman los acuerdos y decretos de austeridad) erogó 3 millones 318 mil pesos por concepto de prestaciones a los que allí laboran, incluido el inquilino de Los Pinos; en igual periodo, pero de 2010, la cifra se elevó a 198 millones 522 mil pesos, un incremento cercano a 5 mil 900 por ciento entre una fecha y otra. De ese tamaño es la austeridad a la que se comprometió el susodicho morador de la residencia oficial.

Un poco de historia sobre la pregonada austeridad, alguna vez condensada en este mismo espacio: apenas 48 horas después de sentarse en Los Pinos, el nuevo inquilino organizó pomposo acto en la residencia oficial donde firmó uno de sus primeros decretos de gobierno, el de austeridad, como lo denominó, porque –citó Felipe Calderón– decía don Benito Juárez que bajo el sistema federativo no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes; no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala.

Tal decreto obligaba a reducir 10 por ciento los sueldos netos del propio inquilino de Los Pinos, sus secretarios de despacho y la cadena de mando descendente hasta los titulares de unidad y puestos equivalentes, y justificó la decisión porque hoy los ciudadanos demandan de los servidores públicos el ejercicio de un buen gobierno; es decir, velar por los intereses de la nación y ser responsables en el uso de los recursos de los mexicanos. Por eso mi gobierno se regirá por estrictas reglas de austeridad y eficiencia. Por ello, aplicaremos y promoveremos medidas de austeridad en toda la administración pública.

Pasó el tiempo, y el inquilino de Los Pinos firmó más decretos, puso nuevos topes y fomentó leyes relativas a la famosa austeridad, pero mañosamente dejó abierta una puerta por donde prácticamente se cuela todo, absolutamente todo, menos la austeridad. Por la vía de las llamadas prestaciones a servidores públicos que laboran en la Presidencia de la República (y demás entidades del gobierno federal), Felipe Calderón y amigos que lo acompañan se sirven con la cuchara grande, y el gasto de la residencia oficial en ese renglón lo documenta la propia Secretaría de Hacienda.

De acuerdo con dichas cifras, el candado de austeridad aparentemente funcionó bien en todo 2007 y en el primer trimestre de 2008, pero a partir del segundo trimestre de ese mismo año, con los tambores de la crisis comenzando a retumbar, el gasto por prestaciones a servidores públicos se disparó, aunque el relativo a salarios de altos funcionarios se mantuvo dentro de los lineamientos del decreto del 3 de diciembre de 2006. En el primer año de estadía en la residencia oficial, los servidores públicos que allí laboraban obtuvieron prestaciones por un total de 11 millones 93 mil 183.17 pesos, con un promedio diario de 30 mil 392.28 pesos; en 2009, el año del catarrito y del desplome económico, las erogaciones por tales prestaciones para los mismos servidores públicos sumaron 457 millones 603 mil 190.8 pesos, con un promedio diario de un millón 253 mil 707.37 pesos, un incremento de 41.25 tantos entre una y otra fecha. Ya para 2010 el austero gasto por prestaciones a servidores públicos en la Presidencia de la República acumuló 470 millones de pesos.

Y para que a nadie se le olvide, especialmente al emisor del siguiente comentario, va uno de los primeros compromisos: durante décadas las autoridades han demandado a la ciudadanía ajustarse el cinturón, y la ciudadanía lo ha hecho. Hoy el gobierno tendrá que ser el primero en aportar este esfuerzo; la sociedad reclama de todos los servidores públicos una mayor conciencia sobre el uso de los recursos que son de los mexicanos (Felipe Calderón, 3 de diciembre de 2006, en la firma del decreto de austeridad).

Y allí están los resultados.

Las rebanadas del pastel

Un solidario abrazo para Cristina Barros, ante el comportamiento verdaderamente porril del Gobierno del Distrito Federal, prácticas que obviamente no debe desconocer Marcelo Ebrard.

cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx • http://twitter.com/cafevega

Discrecionalidad con recursos públicos

El titular del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes y Felipe Calderón. Discrecionalidad.

Ernesto Villanueva

A Juanita De Jesús, con mi solidaridad

MÉXICO, D.F., 24 de diciembre.- En entregas anteriores me he referido a este tema y he criticado y propuesto reformas respecto a los donativos gubernamentales (edición 1758) y los fideicomisos con recursos públicos (1767). La situación, sin embargo, sigue empeorando trimestre tras trimestre. Veamos.

Primero. Es importante recordar que, por la propia naturaleza jurídica del fideicomiso, se necesita un esfuerzo mayor para ejercer escrutinio social y exigir rendición de cuentas sobre el gasto público que ejercen directamente los poderes del Estado y sus organismos autónomos. Este asunto no es menor. Hasta el 30 de septiembre pasado existían 367 fideicomisos o análogos en el ámbito federal con fondos que ascendían a 384 mil 129 millones de pesos. El destino de esa cifra multimillonaria no requiere de mucha explicación: 121 mil millones 240 millones de pesos eran para el pago de pensiones, distintas a las otorgadas por el IMSS, el ISSSTE y otros sistemas de seguridad social; 22 mil 551 millones correspondían a “prestaciones laborales” de los servidores públicos, adicionales a los sueldos previstos en el Presupuesto de Egresos; 28 mil 808 millones se hallaban reservados para “subsidios y apoyos” (rubro en el que todo cabe) y 70 mil 293 millones de pesos eran para “apoyos financieros”.

De la misma manera, se han generado mecanismos para evitar el cumplimiento de la Ley de Adquisiciones en Materia de Seguridad. El Fideicomiso para la Plataforma de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento de Seguridad Pública y Aeronaves tiene fondos que llegan a 4 mil millones de pesos. ¿Usted creería como acto de fe que el secretario Genaro García Luna invertirá esos recursos con toda pulcritud pensando en el bienestar de México? ¿No será razonable pensar que haya alguna posibilidad –así sea muy remota– de que la opacidad puede permitir corrupción e impunidad al amparo de la “seguridad”?

Segundo. En materia de donativos que se otorgan con recursos públicos, la discrecionalidad prevista en la ley permite asignar parte del erario sin ningún mecanismo de evaluación, pertinencia y oportunidad. Esta circunstancia coadyuva a desnaturalizar la función del Estado. Un análisis del tercer informe trimestral del gasto público de 2010 permite, de entrada, observar que organizaciones sociales y grupos de interés reciben donativos y ayudas millonarias.

Así, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social subsidia a la Asociación de Apoyo a Jubilados y Pensionados del MUNJP, A.C., a la cual le donó en el tercer trimestre de este año 5 millones 210 mil pesos para “apoyar las funciones propias de la asociación”; en tanto que el ISSSTE sigue manteniendo relaciones inadecuadas con su sindicato, al cual le donó durante el mismo periodo 4 millones de pesos para “apoyar actividades de seguridad social”, además de otorgar un donativo de 3 millones 500 mil pesos a la Asociación Nacional de Servicio Voluntario, A.C., que preside la esposa del director general del propio ISSSTE. ¿No existe aquí en principio un conflicto de interés?

Por su parte, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) mantiene su política de apoyar a quienes tienen muchas otras formas de financiar sus actividades. En 2009 asignó un donativo de 24 millones de pesos a Radiodifusoras y Televisoras de Occidente, A.C. (agrupación que organiza a los industriales de la radio y televisión de Jalisco), y en este 2010 dicho apoyo ascendió a 35 millones de pesos. Asimismo, Conaculta ha donado este año 10 millones de pesos a Sumando Amor, A.C., con el aparente fin de emplearlos en la remodelación de la antigua Basílica de Guadalupe.

“Sumando Amor es una asociación civil legal y transparente que busca recaudar fondos en dinero, ayuda en especie y esfuerzo por parte de la sociedad mexicana”, expresó en un boletín fechado el 12 de octubre de 2007 el Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México. ¿Por qué debe Conaculta regalar dinero que no es suyo a empresarios y a la Iglesia católica? ¿Dónde quedó la separación de la Iglesia y el Estado consagrada en la Constitución?

Tercero. La falta de un adecuado control de donativos y fideicomisos propicia tráfico de influencias, conflictos de interés y muchas otras formas de corrupción. De ahí, por tanto, la urgencia de que se reforme la ley para que en materia de donativos se establezcan comisiones dictaminadoras y criterios de asignación, seguimiento y evaluación de proyectos. Además, en materia de fideicomisos con recursos públicos debe eliminarse el secreto fiduciario, de tal suerte que más temprano que tarde esta figura legal pierda su sentido cuando estén en juego recursos de la sociedad. Sólo así se podrían dar, en este campo, pasos efectivos en materia de transparencia que ahora no existen. l

evillanueva99@yahoo.com

La “cabañita” presidencial

El presidente Felipe Calderón y su esposa, Margarita Zavala, no pudieron seguir ocultando más tiempo información relacionada con sus propiedades, concretamente de sus terrenos y casas en la Ciudad de México y en Ayapango, Estado de México. A raíz de una investigación de Proceso sobre los bienes no declarados de la pareja presidencial, el mandatario se sintió obligado a divulgar por internet una parte de los faltantes. Además, un comentario público de Calderón ante empresarios permitió confirmar la existencia de su “cabañita” de Ayapango, como él la llama. El caso es que conforme pasan los años del sexenio sus propiedades y la de su esposa siguen creciendo y creciendo…

Daniel Lizárraga

AYAPANGO, MÉX.- El pasado 29 de septiembre, en una comida con empresarios, Felipe Calderón admitió que es dueño de una “cabañita”. El mandatario se refirió así a lo que en realidad es un lujoso chalet de 255 metros cuadrados construido en un terreno de poco más de cuatro hectáreas comprado por él y su esposa, Margarita Zavala, en este municipio, ubicado al pie de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

Desde hace aproximadamente 15 años los Zavala Gómez del Campo –suegros de Calderón– echaron raíces en este pueblo, donde han comprado varios predios. Pero pocos de los habitantes de esta comunidad mexiquense saben que, de manera discreta, esa familia y Felipe Calderón han ido aumentando el tamaño de sus parcelas hasta alcanzar una extensión de más de 41 mil metros cuadrados.

Ambas familias compran las tierras a precio de ganga: entre 2.76 y 10.41 pesos el metro cuadrado, pero datos del ayuntamiento de Ayapango indican que los predios rurales se cotizan en 65 pesos por metro cuadrado en promedio.

En cuatro declaraciones patrimoniales –las de 2007, 2008, 2009 y 2010– Calderón no reportó la compra de los terrenos ni la construcción de la “cabañita”; 70% de éstos se hallan a nombre de Margarita, y el resto al de su esposo.

Una casa creciente

El marzo último, Proceso (número 1741) reveló las inconsistencias en las declaraciones patrimoniales de Calderón: durante los cuatro años referidos no reportó varios bienes inmuebles adquiridos en la Ciudad de México escriturados a nombre de Margarita Zavala. De esta manera, las inversiones de la pareja crecieron hasta 11 veces respecto a lo que tenía antes de mudarse a Los Pinos.

Vista desde el exterior, la vieja casa familiar del número 8 de Privada de Cóndor 231, en la colonia Las Águilas, es la misma desde que Calderón era precandidato. Pero puertas adentro se revelan nuevas propiedades: una alberca, una cabaña, un amplio jardín y otra casa –de 234 metros cuadrados– marcada con el número 9 de esa calle.

Pero eso no es todo. La familia tiene otra propiedad, de tres pisos, en el número 227 de la misma privada, con media cancha de baloncesto, una pequeña bodega y estacionamiento para tres o cuatro autos. Todos estos predios están interconectados.

Ante la información publicada por este semanario, el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Salvador Vega Casillas, asumió la responsabilidad de haber eliminado de las declaraciones los bienes a nombre de Margarita Zavala en la Ciudad de México para proteger sus datos personales (Proceso 1753). Poco o nada se sabía entonces de los terrenos en Ayapango.

La revista solicitó entonces la intervención del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). Pero antes de que esta instancia emitiera una resolución, el pasado 7 de junio Calderón y Zavala se adelantaron a un eventual fallo adverso y autorizaron que la lista completa de sus bienes fuera puesta, por primera vez, en internet.

A partir de ese momento reconocieron que son dueños de las casas y los terrenos comprados en la Ciudad de México, y por otra parte pudieron conocerse algunos datos sobre los predios adquiridos por Zavala en Ayapango.

El formato usado por la SFP para transparentar las declaraciones patrimoniales no permite trazar un mapa de las hectáreas de la familia Calderón Zavala. Los datos inscritos están desarticulados y corresponden al Registro Público de la Propiedad en Chalco, Estado de México.

Hace más de dos semanas Proceso solicitó al ayuntamiento de Ayapango acceso a la licencia de construcción, al permiso para fraccionar parcelas y a la autorización para modificar los límites del predio de Margarita. Las autoridades municipales no respondieron, y por lo tanto violaron el plazo de 15 días hábiles previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México.

Pero fue el propio mandatario quien ofreció las pistas para dar con su casa de descanso. Durante la citada comida con empresarios reveló que en “una cabañita” le había salido “carísimo” instalar celdas solares y aerogeneradores.

En esa ocasión, en el marco del Foro de Eficiencia Energética, el presidente dijo haber sentido en carne propia lo que significó instalar un sistema adecuado para no dañar al medio ambiente. “Tenemos que avanzar en incentivos fiscales. No podemos dejar de reconocer que el costo de la energía renovable, particularmente la individual, es tremendamente alto”, sentenció.

Sin embargo, no reveló cuánto tuvo que desembolsar para equipar su chalet. Proceso solicitó a la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia información sobre lo que ya el propio mandatario había adelantado. Pero hasta el cierre de esta edición la responsable del área, Alejandra Sota, no había respondido.

Especialistas de Greenpeace México consultados por el reportero estiman que Calderón pudo haber pagado alrededor 100 mil pesos por un aerogenerador y las celdas solares a fin de suministrar la energía necesaria para 255 metros cuadrados de construcción.

Terreno fragmentado

Los últimos días de agosto de 2007, poco antes de su primer informe de gobierno, Calderón entró en contacto con uno de los arquitectos más prestigiados de México, Lucio Muniain, a quien le encargó el proyecto para construir una cabaña en Ayapango. En su primera declaración patrimonial el mandatario no reportó compras de terrenos en ese municipio.

En diciembre de ese mismo año el presidente rechazó el diseño propuesto; quería algo menos ostentoso, según revela a Proceso el arquitecto Muniain, quien además dice desconocer cuál de sus colegas fue el encargado de construir la casa de descanso de la familia Calderón Zavala, que se ubica a hora y media en automóvil de la Ciudad de México.

El terreno de más de cuatro hectáreas fue comprado en cuatro partes, de acuerdo con documentos del Registro Público de la Propiedad de Chalco, cabecera distrital a la que pertenece Ayapango. El 16 de agosto de 2007 –cuando el presidente buscaba un arquitecto– Margarita Zavala se presentó en las oficinas de catastro para regularizar sus predios: por primera vez reconocía ante las autoridades ser propietaria de ellos.

De acuerdo con el expediente 8248/166/07 la esposa del presidente Calderón dio de alta en el sistema catastral mexiquense un terreno de 8 mil 631 metros cuadrados llamado Acozac, en el paraje San Miguel.

El contrato de compra-venta –del que Proceso tiene copia– no señala fecha ni otros datos que permitan establecer el día en que se firmó. En la lista patrimonial de Calderón subida a internet se indicó que el predio fue comprado el 23 de febrero de 2007. El vendedor fue Juan Martínez Martínez, un vecino de San Juan Coxtocan, municipio de Tenango del Valle, contiguo a Ayapango, quien recibió 30 mil pesos como pago. Es decir que cada metro cuadrado costó 3.47 pesos.

Actualmente el valor de los predios rurales en este municipio ronda los 65 pesos el metro cuadrado, según datos proporcionados por el ayuntamiento; pero en las cercanías de Acozac no hay autopistas, obras públicas, servicios o proyectos de inversión que justifiquen ese valor.

El mismo 16 de agosto de 2007 Margarita Zavala regularizó otro predio, de 10 mil 843 metros cuadrados, por el que desembolsó 30 mil pesos en efectivo a favor también de Juan Martínez Martínez. En esa segunda operación cada metro cuadrado costó 2.76 pesos, lo que significa una diferencia de 71 centavos entre ambas compras hechas en el mismo lugar, al mismo comprador y al mismo tiempo, según se desprende de los expedientes 295 y 296 del volumen 456 del Registro Público de la Propiedad de Chalco.

El chalet de la familia Calderón Zavala fue construido en alguna parte de estos dos predios, por los que la esposa del presidente pagó 60 mil pesos. En contraste, Felipe Calderón tasó estos terrenos en 1 millón 38 mil 57 pesos, indica la declaración patrimonial, modificada apenas el pasado 7 de junio, luego de la investigación de Proceso.

El chalet se encuentra a cinco minutos en automóvil de la hacienda San Andrés, que ha sido rentada para grabar telenovelas, como Eternamente tuya producida por Televisión Azteca, y que opera como hotel de cinco estrellas.

Uno de los propietarios de ese establecimiento, Vicente Silva Lombardo, vendió a Margarita Zavala 9 mil 805 metros cuadrados por 100 mil pesos, de acuerdo con los datos del expediente 554, volumen 169, libro 1 del Registro Público de la Propiedad de Chalco. Esto significa que cada metro cuadrado le costó 10.19 pesos a Margarita, quien no percibe salario alguno como presidenta nacional del DIF. No obstante en 2009 ganó 486 mil 44 pesos, de acuerdo con la versión más reciente de la declaración patrimonial de Calderón, sin que se den más detalles al respecto.

Los vecinos de este último predio son Mercedes Gómez del Campo y Mónica Zavala Gómez del Campo, madre y hermana, respectivamente, de la esposa del mandatario. Otros de los terrenos colindantes pertenecen al gobierno federal. Las autoridades del ayuntamiento de Ayapango dicen desconocer qué se pretende edificar ahí o qué utilidad se le podría dar en el futuro a esas tierras.

En julio de 2008 un vecino de la popular colonia Moctezuma en la Ciudad de México, Ramón Rodríguez Flores, vendió a Felipe Calderón un predio de 12 mil 477 metros cuadrados en el paraje San Miguel, en Ayapango, por 130 mil pesos.

Esta transacción se registró ante las autoridades municipales un mes después, cuando faltaban pocos días para el segundo informe de gobierno. El precio por metro cuadrado en esta ocasión fue de 10.41 pesos.

En la última modificación de su declaración patrimonial Calderón estimó el valor de estos terrenos –que suman 41 mil 756 metros cuadrados– en 1 millón 268 mil 257 pesos. Esto sin que se cuantifique la inversión hecha en energía limpia o renovable mediante la instalación de celdas solares y aerogeneradores. l

César Nava privilegió al consorcio suizo ABB

Como director jurídico de Pemex, José César Nava Vázquez impuso convenios internos para que no se rescindiera un contrato en el que el consorcio suizo ABB tenía graves incumplimientos. El inexplicable beneficio a favor de esa compañía –en el mismo periodo en el que, según ABB, sobornó a funcionarios mexicanos para “retener” sus contrataciones con la CFE– llevó a Pemex a costear trabajos defectuosos e inoperantes.

Ana Lilia Pérez

En medio del escándalo internacional al declararse culpable ante cortes estadunidenses por sobornar a funcionarios mexicanos para “retener” sus contratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LFC), el consorcio suizo ABB Group está bajo investigación de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que, hasta diciembre próximo, escrutará sus contratos de obra pública, adquisiciones y servicios con ambas compañías.

Paralelo a ello, están las indagatorias que abrieron la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Procuraduría General de la República (PGR). Ambas dependencias están en espera de que el gobierno de Estados Unidos les comparta la indagatoria que integraron la Comisión de Intercambio y Valores, la Oficina Federal de Investigación y el Comité de Cuestionamiento Independiente de las Naciones Unidas, que derivó en la aceptación de culpa de ABB y de la sentencia: pagar 58 millones 800 mil dólares por prácticas ilegales.

Cuando el secretario de la SFP, Salvador Vega Casillas, anunció que la revisión de sus contralores se haría extensiva a Petróleos Mexicanos (Pemex), donde ha obtenido 150 de sus 556 contratos gubernamentales –facturados en la última década–, la alerta se encendió en las oficinas directivas de Marina Nacional. Desde allí se instruyó al blindaje de expedientes de funcionarios y exfuncionarios cercanos a la Presidencia de la República vinculados con irregulares contrataciones a favor de esa compañía.

Uno de ellos es el que integra la documentación relacionada con el contrato PRSPR-044/00DMX, en cuya ejecución ABB presentaba graves incumplimientos. Para que éste no se le rescindiera, desde el jurídico de la paraestatal, encabezado por José César Nava Vázquez, en contravención a la ley, se impuso una serie de “conciliaciones” internas, en contra del interés de la paraestatal. Los convenios solaparon que ABB atrasara por más de un año una obra crucial para Pemex Refinación.

Cuando finalmente se instaló la obra, presentó múltiples fallas: los equipos eran obsoletos, por lo que, según funcionarios de Refinación, la “modernización” de nada ayudó a los proceso de producción.

El contrato

La historia del contrato de ABB, beneficiado por el abogado Nava Vázquez en contra del patrimonio de Pemex, se relaciona con los primeros proyectos de reconfiguración de las refinerías.

El 24 de marzo de 2000, Pemex Refinación y ABB signaron el contrato PRSPR-044/00DMX para que la compañía desarrollara el “Plan Maestro de Modernización de la Instrumentación Área 3, en la Refinería General Lázaro Cárdenas del Río”, de Minatitlán, Veracruz.

La obra era considerada por Pemex Refinación como fundamental, pues haría que se produjera un mayor volumen de refinados de alto valor agregado, principalmente gasolina “limpia”, y minimizaría la producción de combustóleo con alto contenido de azufre.

El proyecto del que emanó el contrato adjudicado a ABB plantea la urgencia de modernizar la refinería más antigua del país, al considerar los directivos de Pemex que su marginalidad en la producción de combustibles con bajo contenido de azufre y plomo –los que más se consumen en el mercado actual– la ponía en riesgo del cierre de sus instalaciones.

De acuerdo con las cláusulas contractuales, ABB automatizaría las líneas de proceso para la refinación de gasolinas libres de plomo en seis de las 27 plantas de la Refinería: las plantas estabilizadoras 1, 2 y 3, y las hidrodesulfuradoras de gasolina, kerosina y de diesel, ubicadas todas en el Área 3.

El contrato se estipuló a “precio alzado” y “tiempo determinado”, lo que significa que legalmente no podía modificarse ni el monto ni el plazo de ejecución de los trabajos, pues el precio de ABB –9 millones 135 mil 039.33 dólares– consideraba ya un margen adicional al precio de los trabajos para respaldar cualquier variación en el costo de obra o equipo y por el plazo fijo de entrega. Dicho de otra manera, ABB estaba cobrando un sobreprecio con el que le garantizaba a Pemex que entregaría los trabajos a cabalidad en un periodo de 660 días (del 27 de marzo de 2000 al 15 de enero de 2002).

Para diciembre de 2001, a cinco semanas de que las líneas de proceso debieran estar automatizadas, ABB presentaba atrasos considerables en los trabajos programados, lo que interrumpía repentinamente los procesos de refinación, que abastece los estados de Puebla, el Sur de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En el oficio 200027-C-ABPM277, fechado el 5 de diciembre, ABB solicitó a Pemex que se le aprobara un plazo adicional de 90 días para entregar la obra. Argumentó que de éstos, 49 días eran imputables a atrasos de Pemex para recepcionar sus equipos y 41, a sus propios atrasos.

El 14 de diciembre se le notificó la “no procedencia” de los 49 días imputables a Pemex, debido a que la dilación para dar entrada a los equipos derivó en que ABB, en contravención a las cláusulas contractuales, instalara equipos diferentes a los especificados en el contrato inicial, los cuales, además, posteriormente presentarían graves fallas por su baja calidad y condición obsoleta.

De acuerdo con la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, el incumplimiento a un contrato a precio alzado hacía inminente su rescisión. La Ley daba pie a los funcionarios para contratar vía adjudicación directa el resto de los trabajos y que el atraso de ABB no obstruyera los procesos de producción.

La decisión de la Oficina del Abogado General (OAG) iba en otro sentido, según devela el expediente de las “conciliaciones” instruidas por Nava y formalizadas a través de sus abogados subalternos, expediente que fue clasificado por Pemex como “confidencial” –cuya copia posee Contralínea.

ABB, expediente en Pemex

En su estancia como abogado de Pemex –octubre de 2001 a septiembre de 2003–, Nava favoreció a empresas nacionales y extranjeras –que por sus incumplimientos contractuales, enfrentaban o enfrentarían controversias judiciales y extrajudiciales con Pemex– mediante la autorización de convenios y conciliaciones para autorizarles plazos o montos adicionales, con el consecuente impacto económico para la paraestatal.

De esta manera, a su oficina llegó la petición de prórroga que la empresa ABB solicitaba para el contrato número PRSPR-044/00DMX, que se le permitiera continuar, fuera del plazo contractual establecido, con sus trabajos pactados con Refinación. En términos generales, el jurídico consideró que era “más conveniente para los intereses de Pemex ceder a la solicitud de la contratista”, según reza el convenio.

Si algo caracterizó la OAG en tiempos de Nava, además de sus lujos a costa del erario, fue que invariablemente favoreció los intereses de las compañías privadas en vez de velar por el patrimonio de la principal empresa del Estado. Así se condujo con el consorcio que recién reconoció que estila sobornar con viajes y cruceros a los funcionarios públicos y sus esposas.

Inversión infructuosa

“La obra amparada en el contrato es de primordial relevancia para el organismo, ya que una vez concluida la integración de la instrumentación al nuevo sistema de control distribuido, permitirá una operación más confiable y segura de las plantas hidrosulfuradotas de gasolina, kerosina y diesel, así como de las plantas estabilizadoras números 1, 2 y 3”, cita el argumento utilizado para conceder a ABB uno de los plazos adicionales fuera de contrato.

Millonarias adjudicaciones a ABB

En la última década, el consorcio suizo ABB ha recibido jugosos contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus organismos subsidiarios, que por su monto, de acuerdo con la normatividad en la materia, debieron licitarse.

Asunto de Estado

En septiembre pasado, cuando las autoridades estadunidenses hicieron pública la multa en contra de ABB –58 millones 800 mil dólares– por pagar sobornos oficiales en México para “retener” negocios con paraestatales del sector energético, el presidente Felipe Calderón se dijo “indignado” de las prácticas de ABB y de los funcionarios públicos sobornados. Sin embargo, omitió las operaciones de Nava en favor de esta empresa.

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