ley de la selva, como lo quieren las fuerzas conservadoras del país.
1. La mayoría de los mexicanos reclaman un México en el que prevalezcan la sensatez y la legalidad por sobre la violencia material y mediática ilegal que ha sustentado al gobierno panista de Felipe Calderón, pero las fuerzas de la ultraderecha mexicana, a pesar de no tener sustento social, siguen empecinadas en mantener un clima de terror y amenazas y tensar más al país, única vía a su alcance para preservar el actual régimen de privilegios y en ese marco proseguir entregando las riquezas estratégicas de la nación y el control de nuestro territorio y del aparato estatal al exterior, y es muy preocupante por ello lo que acontece en el Poder Judicial.
2. El fallo de la primera sala de la SCJN pronunciado el miércoles 23 de noviembre, denegando por cuatro votos contra uno justicia al diario La Jornada en su reclamo presentado en 2004 ante las calumnias vertidas en su contra por Fernando García Ramírez, articulista de la revista Letras Libres, es de una enorme gravedad en la vida jurídica de México, pues violenta el orden constitucional, legitima la calumnia, envilece el debate público y termina por revertirse contra la propia Corte, que al evidenciarse como un simple instrumento del poder se hunde cada vez más en el descrédito.
3. La sentencia de los señores ministros lejos de rectificar las barbaridades del proyecto elaborado por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, profesor de la Universidad Panamericana (que como se sabe es del Opus Dei), sólo corrige algunas de sus barbaridades, y conforme a la práctica de la Corte pasa al procedimiento del engrose
, a fin de seguirla corrigiendo gramatical y jurídicamente para eliminarle algunos de sus juicios más obtusos antes de ser publicada, lo que acontecerá en unos cuatro meses. La aberrante tesis central, que ofende a la razón y el derecho, queda empero en firme y con ella el mensaje que el régimen busca enviar: se puede impunemente calumniar desde los medios, sobre todo si son de derecha y en particular en vista de las elecciones. El ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia les estropeó a pesar de todo el número, pues disintiendo de sus cuatro colegas dejó establecido de manera nítida que el texto acusado sí buscó deliberadamente, y sin tener su autor prueba alguna, atacar el honor y la reputación del periódico
y de su subdirector por el mero hecho de ser vasco.
4. No es esta desde luego la primera ocasión en que el más alto tribunal del país, que debería ser el garante de la constitucionalidad de las leyes y de los actos de la administración pública, falla contra la razón y el derecho, evidenciando que ha involucionado del rango de dignidad que tuvo en el siglo XIX hasta llegar al triste papel de candado de seguridad del capitalismo neoliberal
y de los intereses más conservadores, como se vio en dos fallos recientes. En junio de 2011 resolvió dejar vigentes los anticonstitucionales contratos integrales de Pemex con multinacionales españolas, argumentando que los cuatro presidentes municipales tabasqueños que habían presentado la controversia constitucional no tenían un interés legítimo, y en septiembre de 2011, luego de una abierta presión del Vaticano y del gobierno calderonista, se opuso a la despenalización del aborto establecida en las constituciones locales de Baja California y San Luis Potosí.
5. La Jornada inició este proceso demandando a los calumniadores, como si estuviésemos en Suiza o en Finlandia –donde hay una justicia autónoma– y no en México –donde a juicio de los expertos la casi totalidad de los ministros se hallan subordinados a Los Pinos–, con la convicción de que a pesar de la naturaleza del Poder Judicial de nuestro país, es una responsabilidad ética y cívica de todos los mexicanos el no dejar pasar este tipo de acciones delictivas por muy vinculados que estén sus autores al poder, en el que a muchos expertos pareció un acto quijotesco, pues como se sabe Juan Silva Meza (presidente de la SCJN) es nieto del abogado michoacano que cobijó a la familia Calderón cuando ésta vino a establecerse a la capital y el ministro ponente Zaldívar coincidió con Calderón durante sus estudios en la Escuela Libre de Derecho.
6. El fallo de los irresponsables ministros Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío y Jorge Mario Pardo Rebolledo, que avalaron al ponente a pesar de reconocer que el calumniador no tenía prueba alguna de su dicho, no es a pesar de todo nada más otro yerro monumental
de la Suprema Corte, como sostuvieron varios legisladores el mismo día 23, sino que al denegarle justicia a La Jornada y oponerse a su derecho a la reparación del daño, invocando para ello criterios neoliberales para terminar pisoteando la Constitución General de la República, impuso como norma de convivencia en México la ley de la selva
, como lo estableció este diario en su histórico editorial del viernes 18.
7. El carácter político y no jurídico de esta decisión está contribuyendo a derruir el incipiente estado de derecho en el país, que muchos buscan en vano levantar mientras desde el poder se le dinamita, y por todo ello la responsabilidad histórica de los ministros es muy grave.
8. El modelo de someter al más alto tribunal del país al poderío de la derecha económica y política se fue delineando en Estados Unidos a lo largo del siglo XX y ese es el modelo que se delineó para México desde que en 1994 Ernesto Zedillo rediseñó a este tribunal (y a la justicia mexicana) para que sirviera a los intereses más conservadores, pero nunca como ahora se había llegado a niveles tan escandalosos. Si en el siglo XIX ilustres juristas integraron este tribunal, y a principios del siglo XX sólo lo formaban abogados respetables, hoy son oscuros señores (y señoras) licenciados, quienes están sirviendo a los poderes fácticos para demoler el orden constitucional.
9. Un elemento más de preocupación para los pueblos lo constituye el hecho de que junto con esta nueva legislación internacional
que se busca imponer a través de pactos, acuerdos, tratados, convenios, planes o iniciativas
, se hallan los tribunales supranacionales controlados por los poderes más oscuros del planeta. La Corte Internacional de Justicia o Tribunal de La Haya, como los otros tribunales penales creados ad hoc por iniciativa de Naciones Unidas o de la Unión Europea, son sólo instrumentos de Washington y de los poderes trasnacionales para procesar a sus opositores. La demanda de Proceso de tener acceso a las boletas electorales de 2006, denegada por la justicia mexicana, lo fue también, por ejemplo, por la justicia internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos falló en contra de la revista mexicana luego de que el gobierno mexicano infiltró a un comisionado afín a Calderón (Proceso 1828).
10. El fallo de la SCJN contra La Jornada no lo es por tanto sólo contra un diario y contra el derecho de los lectores a estar informados, sino contra el pueblo mexicano, cuyas garantías fundamentales le están siendo suprimidas por el poder de los grupos oligárquicos, por lo que el clamor de ¡Ya basta!
va hoy no sólo contra el gobierno antinacional y entreguista sino contra esa Suprema Corte cuyos ministros indignos parecen empeñados en colaborar con él destruyendo la Constitución de 1917 y su legado histórico.
Con la celebración de “contratos integrales”, Pemex entregará el control del petróleo mexicano a las trasnacionales como no sucedía desde la expropiación de 1938. Ayatzil –el único campo gigante descubierto hasta ahora– es el principal activo que el gobierno de Calderón ofrecerá a los extranjeros. Además, obsequiará el mapeo de los yacimientos petroleros del país iniciado en 2009 y que concluirá en 2012. Tan sólo este proyecto representa un costo al erario por más de 12 mil millones de dólares. El esquema –ya avalado por la Suprema Corte, aunque se duda de su constitucionalidad– no revertirá la caída de las exportaciones ni aumentará la producción de crudo, pero consumará las exigencias de Estados Unidos por privatizar el energético mexicano. 
En el año electoral de 2012, Petróleos Mexicanos (Pemex) licitará los primeros contratos integrales de servicios para exploración y producción en aguas profundas, según los planes de su director, Juan José Suárez Coppel. Con estas contrataciones –iniciadas formalmente este año en el campo terrestre de Chicontepec, Veracruz– el gobierno federal cederá los bienes de la nación a la iniciativa privada, sobre todo de origen extranjero.
Como no ocurría desde 1938, los contratos permiten a la paraestatal asociarse con las trasnacionales para que éstas, de manera independiente, exploren y exploten los energéticos. Así, Pemex cede el control total del petróleo mexicano a las corporaciones que, a cambio, recibirán pagos de tarifas por barril localizado o extraído.
Aunque el esquema fue avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 2 de diciembre de 2010, es inconstitucional, considera el doctor en derecho Daniel Márquez Gómez.
El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explica que la Constitución Política establece con claridad el dominio directo del Estado sobre una serie de bienes y, en particular, sobre los hidrocarburos.
Márquez Gómez cita el artículo 27, que indica: “Corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales (…) tratándose del petróleo y los carburos de hidrógenos sólidos, líquidos y gaseosos no se otorgarán concesiones ni contratos ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva”.
Por ello, dice, los contratos integrales de servicios para exploración y producción de hidrocarburos son inconstitucionales. “No es porque lo diga la Ley de Pemex o porque lo diga la Suprema Corte de Justicia como se logra la constitucionalidad de esta clase de contratos”.
Agrega que “la prohibición es totalmente clara: no se pueden dar contratos ni subsistirán los que, en su caso, sean otorgados. Es decir, que si había algún contrato vigente, por disposición constitucional deja de tener efectos”.
El investigador explica que la nación, el pueblo políticamente organizado, es la única facultada para llevar a cabo la explotación de esos productos. El problema, dice, es que la Ley de Pemex –que aprobó el Congreso de la Unión en 2008– establece un régimen de excepción para la petrolera, al margen de la ley suprema.
Márquez Gómez señala que, de acuerdo con el artículo 28, Pemex debe ser autosuficiente y atender la prohibición de dar concesiones y contratos, pues sólo la paraestatal está en facultad de ejercer las labores de exploración y explotación de los hidrocarburos. “Traer empresas extranjeras o mexicanas a realizar actividades en esas áreas implica, en mi opinión, violar la Constitución”.
El doctor en derecho critica la actuación del Congreso y de la SCJN –que resolvió calificar como constitucional el reglamento de la Ley de Pemex, en el cual se basan los contratos integrales–, pues esta última “no puede sobrepasar” la Constitución: sólo debe interpretarla.
Ni la Ley de Pemex ni su reglamento, detalla, fundamentan el acto de autoridad: “Toda legislación debe justificar el beneficio que se genera a la nación. La explotación per se de los hidrocarburos y el otorgar esa explotación a empresas extranjeras o mexicanas incumplen con el requisito constitucional de beneficio a la población”.
Por ello, Márquez Gómez –quien imparte la cátedra Regímenes Constitucionales Contemporáneos en la Facultad de Derecho de la UNAM– considera que la Suprema Corte debió entender el carácter sustantivo del proyecto de nación, basado en el artículo 39 constitucional: “Todo poder dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”; y no avalar que en la ley se privilegien intereses privados.
La diputada petista Laura Itzel Castillo Juárez, secretaria de la Comisión de Energía, considera que la validación de la SCJN a un reglamento inconstitucional forma parte de una serie de acciones concatenadas que, desde 2008, buscan facilitar la entrega de los recursos petroleros a particulares.
Sin embargo, Miriam Grunstein Dickter, investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, señala que no hay visos de privatización en los contratos integrales de Pemex.
Según la doctora en letras hispánicas y lusobrasileñas y especialista en temas energéticos, ni la resolución de la Corte ni la Ley de Pemex, ni el reglamento ni los contratos son inconstitucionales, pues se trata sólo de una prestación de servicios, cuyo riesgo tiene que asumir la paraestatal petrolera.
Grunstein Dickter considera que estas contrataciones son insuficientes y que el gobierno mexicano debería permitir los contratos de riesgo en las áreas estratégicas que hasta ahora prohíbe la Constitución mexicana.
En su página de internet, Pemex Exploración y Producción (PEP) indica que los contratos integrales “buscan incrementar la capacidad de ejecución de Pemex para generar valor económico, a través de un esquema rentable y competitivo bajo mecanismos de contratación simples y flexibles”.
La legisladora Castillo explica que estos modelos de contrato que aprobó el Consejo de Administración de Pemex no sólo son inconstitucionales, sino que exceden la propia normatividad en la que se basan. En éstos se establece el pago a través de “tarifa por barril”, que no se establece en el reglamento.
Con los contratos integrales, Pemex cederá el inventario de las reservas y los mapas de los campos petroleros derivados del trabajo de exploración, realizado entre 2009 y 2012, a las trasnacionales que ganen las licitaciones.
De acuerdo con el programa de inversión de la paraestatal, en ese periodo se destinará un total de 12 mil 233 millones de dólares a la exploración en tierra y en aguas someras y profundas. Los recursos saldrán del erario y tendrán como fin restituir la tasa de reservas de hidrocarburos.
De 2001 a 2009, el trabajo exploratorio localizó en la Sonda de Campeche el yacimiento Ayatzil, el único campo gigante descubierto hasta ahora. Éste es el principal activo que el gobierno del panista Felipe Calderón ofertará a los extranjeros con los nuevos contratos de asociación. “En los últimos 10 años, sólo se ha descubierto un nuevo gigante: Ayatzil”, refiere Fabio Barbosa Cano.
Con los contratos integrales, “se privilegiaron los intereses empresariales en la norma, como sucedió cuando se aprobó la Ley de Pemex en 2008. A nadie parece importarle la nación: al Congreso de la Unión no, por aprobar una ley a todas luces contraria a la Constitución; al Ejecutivo tampoco, por impulsar esa ley y sus reglamentos. Ni siquiera a la Suprema Corte, que expide una decisión que a todas luces contraría el contenido de la norma que, como tribunal constitucional, debe tutelar: la Constitución”, señala el doctor en derecho Márquez Gómez.
Fuente: Contralínea 215 / 09 de enero de 2011
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MÉXICO, D.F.; 3 de septiembre (apro).- Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le han dado vueltas y vueltas, pero pronto tendrán que definir si solapan a los militares violadores de derechos humanos o si sacan a México de la condición de casi paria internacional en la que se encuentra por negarse a acotar el fuero militar.
La disyuntiva es resultado del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que se condenó al Estado mexicano por la desaparición de Rosendo Radilla a manos de militares en Atoyac de Álvarez, Guerrero, en 1974, durante la guerra sucia contra la guerrilla en México.
Como parte del Estado mexicano, el Poder Judicial de la Federación, cuyo máximo representante es la Suprema Corte, está obligado a cumplir con la sentencia en lo que le corresponde, pues la jurisdicción de la Corte Interamericana fue reconocida por México en 1998.
A pesar de que el fallo es muy claro respecto a la obligación de la Suprema Corte para hacer una interpretación constitucional de la jurisdicción militar, algunos ministros, encabezados por Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Luis María Aguilar, se valieron de una chicana –como se refieren los litigantes a las ardides para dilatar un asunto– para posponer la definición de la Corte.
Anguiano, quien incluso calificó a la Corte Interamericana de “prestidigitadora” por haberse metido con el fuero militar, introdujo la idea de que la Suprema Corte necesita un acuerdo que fije lo que deben hacer los ministros para tratar con los fallos de la Corte Interamericana.
En su sesión del jueves 2 de septiembre, el pleno de ministros fue una caricatura de sí mismo, pues varios de los jueces del máximo tribunal no encontraban la manera de justificar sus rodeos respecto a un tema que es central en cualquier país que se diga democrático: el control de los militares por parte del poder civil.
Los ministros saben que parte de esa responsabilidad está en sus manos, pues el caso Radilla es apenas el primero de una serie de juicios en los que muy probablemente se condene de nueva cuenta al Estado mexicano no sólo por la violación a los derechos humanos por parte del Ejército, sino porque éstas son investigadas en la jurisdicción militar y no por los tribunales ordinarios.
En octubre próximo se espera que la Corte Interamericana emita un nuevo fallo condenatorio al Estado mexicano por la detención ilegal y tortura por parte de militares y encarcelamiento por decisión de un tribunal castrense de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, también de Guerrero, en 1999.
Pero el caso Radilla es más que emblemático, pues a partir de él, –si es que la Suprema Corte lo avala–, los tribuales civiles mexicanos estarían en la condición de investigar los más de 400 desparecidos durante la guerra sucia, oficialmente reconocidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Las repercusiones alcanzarían también a las violaciones a los derechos humanos cometidos por el Ejército y la Marina en la “guerra” al narcotráfico de Felipe Calderón y que ahora están en la jurisdicción castrense.
Si los ministros se imponen a sí mismos reglas para decir cómo deben cumplir los fallos de la Corte Interamericana es casi seguro que se amarren las manos, como lo hicieron cuando fijaron los lineamientos para investigar los casos de graves violaciones a los derechos humanos y que no van más allá del mero señalamiento de involucrados, pero no responsables, como ha ocurrido en los casos de Atenco, Lydia Cacho, Oaxaca –aunque ahí sí mencionaron al gobernador Ulises Ruiz– y la guardería ABC.
El año pasado, la Corte tuvo ya una primera oportunidad de sentar precedente y acotar el fuero militar, pero una mayoría de ministros se impuso para negar el amparo a Reynalda Morales Rodríguez, quien mediante ese recurso pretendía que los tribunales civiles investigaran el asesinato de su esposo y otros tres hombres en la sierra de Badariguato, Sinaloa, en marzo de 2008.
Los hombres fueron ejecutados por militares sin que mediara advertencia alguna, pero gracias a la decisión de la Corte el caso se mantiene dentro de la jurisdicción militar.
México es casi una excepción en América Latina. Durante décadas, la mayoría de los países de la región estuvieron gobernados por dictaduras militares.
Bajo los nuevos gobiernos civiles, han sido los Congresos mediante reformas constitucionales o las propias Cortes a través de interpretaciones constitucionales los que han acotado el fuero militar.
El común denominador de esas reformas e interpretaciones ha sido que las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares deben ser investigadas por la justicia civil, pues los instrumentos internacionales de derechos humanos prohíben que los militares se investiguen a sí mismos.
No sólo en el ámbito latinoamericano México está aislado en ese tema. En las agencias y grupos de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas han sido constantes las sugerencias de países de todo el mundo –incluso de Asia y África– para que México abandone esa práctica que es ya una vergüenza internacional.
1. Los llamados Diálogos por la Seguridad, organizados por el gobierno a puerta cerrada en Los Pinos como parte de su estrategia política y mediática, han proseguido pese al fracaso estrepitoso de sus dos primeras sesiones, y como era de suponerse, las dos más recientes no han contribuido más que a continuar exhibiendo el fracaso de la llamada “guerra contra el narco”. Lo menos que se ha dicho es que la violencia y el baño de sangre en el que el gobierno ha hundido a México fracasó por completo si su objetivo era en realidad luchar contra el crimen organizado
, y que dichos diálogos
no buscan más que objetivos políticos.
2. Los objetivos de los tales diálogos
fueron evidentes desde un principio, pues lo que buscaban los panistas era a) desviar la atención de los grandes problemas nacionales, b) tratar de diluir la responsabilidad oficial por los crímenes cometidos en esta guerra
y, al mismo tiempo, tornar corresponsables (o cómplices) de estas políticas oficiales a otros actores y fuerzas políticos con el argumento perverso de que quien no respalda las acciones de Calderón y de sus amigos está coludido con el crimen organizado y, en consecuencia, c) legitimar el escenario de violencia e ilegalidad en el que Calderón ha hundido al país por meros intereses de facción.
3. La intentona de la extrema derecha en el poder de comprometer a otros actores en sus políticas delirantes de supuesta lucha contra el narco, aceptadas no como acciones del gobierno panista sino como políticas de Estado –y por lo mismo legales e institucionales–, fue acaso el aspecto más perverso de la intentona fallida de Calderón, que muy pronto quedó desenmascarada.
4. Las sesiones de Felipe Calderón en el Campo Marte con los dirigentes de los partidos el martes10, con los ministros de la Suprema Corte el miércoles 11 y de ayer con los gobernadores, se saldaron no tan sólo por la insistencia de buena parte de los invitados en que fracasó la estrategia oficial, en que ésta se halla fundada en acciones completamente anticonstitucionales e ilegales y en que deben legalizarse las drogas.
5. La respuesta más contundente a la exigencia delirante de Calderón de instaurar una unidad nacional
en torno a él y a su guerra
se la dio Beatriz Paredes (presidenta nacional del PRI) en la mesa del 10 de agosto, quien le recordó que su estrategia
tiene objetivos de política partidista, por lo que ninguna fuerza social ni política puede contribuir a un escenario construido con fines mediáticos y electorales
. Es muy difícil llamar a la construcción de acuerdos y consensos –les recordó a Calderón y a sus colaboradores– cuando su gobierno ha estado generando un ambiente de descalificación y de polarización
, con palabras que, como era de suponerse, suscitaron la ira de Los Pinos, desde donde se empezó a orquestar una campaña más, tras el trancazo recibido, precisamente para descalificar en los medios a los partidos vituperándolos y señalando que carecen de propuestas.
6. La llamada guerra contra el narcotráfico
ha sido un gran crimen contra la nación, que se ha manifestado como una serie de acciones descabelladas que han hundido al país en la más absoluta ilegalidad. La guerra
librada por Calderón instaura un escenario de violación impune, continua y permanente de las garantías individuales por parte de las fuerzas militares, navales y policiales. No sólo hace actuar a las fuerzas armadas en abierta violación a la Constitución, en funciones que no tienen, sino que violenta las autonomías de los estados y las libertades municipales, fundamento de la organización constitucional de la República. Y por si fuera poco, pervierte por completo los procesos judiciales y torna inexistentes las garantías de seguridad jurídica. Instaura, en suma, un Estado de ilegalidad, como reconocieron el día 11, durante un simposio, Diego Valadés y otros juristas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
7. La tal guerra
es hoy el principal problema de los mexicanos, pues no ha resuelto la cuestión que pretendía atacar sino que la ha hecho mucho mayor: el narcotráfico florece y las fuerzas armadas y policiales, sin excepción, se hallan inmersas en la mayor corrupción de su historia, al igual que las instancias administrativas y financieras del Estado. Y lo más grave es que estas políticas han comprometido seriamente la soberanía del país, pues las agencias estadunidenses controlan ya las acciones de marinos y soldados y dirigen la supuesta guerra en función de los intereses de Washington.
8. Mientras en América Latina gobiernos de diverso signo buscan impulsar reformas para enfrentar los problemas centrales de educación, salud, trabajo y vivienda que aquejan a las mayorías, en México, dilapidando los recursos del pueblo en una macrocampaña de carácter político, Felipe Calderón lleva al país cada vez más hacia el fascismo. La pretensión de los panistas de instaurar un clima de terror generalizado se ha intensificado con la complicidad de muchos, como acontece en una de sus vertientes más viles: la de amedrentar a los medios para mejor someterlos. Carlos Navarrete (senador del PRD) contribuía ayer a esa campaña tratando de convencer a los periodistas de que su actividad está cada vez más amenazada por el narcotráfico.
9. Las regresiones planeadas por este gobierno no han terminado aún, como se ve. La insistencia de Calderón en que el Congreso le autorice –en violación a la Constitución– crear un mando policial único en el país sería un paso importante en la fascistización de México, pues le permitiría al PAN instaurar el Estado centralista por el que pugnaron los conservadores en la primera mitad del siglo XIX. El gobierno espurio pretende no darse cuenta de que si bien los cuerpos policiales se hallan penetrados por el narco, también lo está la Policía Federal, mucho más que aquéllos, y que además ésta se halla ya en buena medida bajo el control de agencias estadunidenses.
10. La campaña del gobierno en radio y televisión sobre el narcotráfico no puede ocultar su sesgo electoral. No obstante, cuenta con la abierta complicidad del IFE, que se muestra incapaz de frenar a un gobierno obsesionado por engañar al pueblo, de ahí que el futuro inmediato suponga para los mexicanos resistir a la política oficial de mentiras y engaño.
EL DR RAUL CARRANCA Y RIVAS COMENTA SOBRE EL JUICIO POLITICO CONTRA LOS 11 MAGISTRADOS DE LA SUPREMA CORTE.
clase políticadecidida al margen de la legalidad a seguir desmantelando la nación y cancelándole derechos a los mexicanos en nombre de los intereses de las trasnacionales, y un pueblo que entiende cada vez más que no puede ya invocar dicha legalidad para defender sus derechos.
1. Los recientes fallos de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) han avergonzado a la nación al tratar de establecer, contra la Constitución y contra la razón, que a) un organismo público como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene el derecho de subrogar, es decir de privatizar, sus funciones (15 de junio), y que b) tras el incendio de la estancia infantil ABC de Hermosillo el 5 de junio de 2009, como consecuencia de la entrega ilegal de la misma a una parienta política de Felipe Calderón para que lucrara con ella sin atender las condiciones mínimas de seguridad y de calidad, no hay funcionarios culpables.
2. La mayoría de los 49 niños muertos y más de 79 heridos eran de familias de obreros, y ante su clamor inatendido de justicia y el desprecio del panismo, han expresado con claridad lo que es el sentimiento de la nación y su voluntad de seguir luchando, como se puede leer en Nosotros somos los culpables: la tragedia de la guardería ABC (Grijalbo, 2010, 224 pp.)
3. El aspecto más patético de la aberrante decisión no es, sin embargo, el social, sino el político, pues a consecuencia de esta investigación en la que enseñaron el cobre, los propios ministros están demandando se les retire la facultad de investigación que tienen, so pretexto de que la importancia de este rol los compromete ante la opinión nacional, por lo que buscan dejar de ser el órgano de control de la constitucionalidad de las leyes y de los actos de la administración y que la función investigadora pase a otra instancia (como podría ser la CNDH), con lo que la misma se desnaturalizaría y minimizaría, acabándose con el equilibrio de poderes y fortaleciéndose aún más el poder despótico del Ejecutivo, lo que es ridículo.
4. El bochornoso papel de la SCJN en este verano de 2010 está conduciendo de tal manera a agravar la crisis nacional al evidenciar que no hay legalidad alguna en el país, ni medios jurídicos para luchar por ella, por lo que no quedan en lo estrictamente jurídico más que las instancias internacionales. La SCJN está integrada por oscuros y mediocres abogados sometidos al poder de El Yunque y del PAN, señalados continuamente como reaccionarios y corruptos y que lo único que buscan es desmantelar la nación y cancelar los derechos sociales de los mexicanos de manera subrepticia. De ahí que esta gravísima decisión, contraria a la Constitución, se haya anunciado en pleno Mundial de Futbol, buscando minimizarla al anunciar el gobierno de manera propagandística que va a proceder contra militares violadores de derechos humanos, lo que por otra parte nadie le cree.
5. Los gobiernos panistas que ha tenido el país desde 2000 no se distinguen en sus rasgos esenciales de los gobiernos priístas que tuvo México entre 1982 y 2000, porque no son otra cosa que una prolongación del mismo régimen político neoliberal instaurado a partir de 1982 y que ha tenido como objetivo el tornar inexistente a la Constitución mexicana para establecer un modelo autoritario de ejercicio del poder enmascarado en un discurso sobre la democracia
que se sustenta en las reglas no escritas del despotismo neoliberal.
6. El ejercicio del poder panista ha sido mucho más despótico y antinacional que el de los priístas, porque ha estado determinado por el fanatismo ultraderechista que subsiste en el país y por el sentimiento revanchista de los grupos de ultraderecha que existen integrados al PAN, de ahí su talante mucho más corrupto y cínico, que determina que para muchos Acción Nacional sea un cadáver
, como lo decía el prominente panista Rogelio Sada Zambrano a La Jornada el domingo 13.
7. La lucha social se está dando también en el ámbito internacional, como lo están haciendo ahora mismo los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) ante la Organización Internacional del Trabajao (OIT) en Ginebra, Suiza, donde han sido calurosamente acogidos. Tras la fracasada intervención el lunes 14 de Javier Lozano, el enviado de Calderón, cuando fue abucheado al tratar de justificar las violaciones de derechos fundamentales a mineros y electricistas, Martín Esparza (secretario general del SME) presentó ayer con éxito una exposición donde evidenció las innumerables violaciones de Calderón no sólo al marco constitucional y legal interno sino a la normatividad internacional suscrita por México.
8. Los integrantes del gobierno de facto de Felipe Calderón han actuado, sin embargo, con desparpajo ante los señalamientos y acusaciones que se les han hecho por los delitos que han cometido en el ejercicio del poder, porque saben que son impunes: que en el modelo neoliberal no pueden ser sancionados sino cuando traicionan a Washington o a los grandes consorcios trasnacionales. O, en otras palabras, cuando transgreden la normatividad no escrita de la globalización neoliberal.
9. La Constitución y las leyes de la República no pueden ser aplicadas a los funcionarios panistas por los tribunales porque la derecha mexicana controla a la SCJN y a las instancias federales y locales de justicia. En el modelo político neoliberal los ministros, magistrados y jueces integrantes del Poder Judicial no son otra cosa que empleados de los poderes fácticos, sometidos no a la legalidad formal de la nación sino a los dictados del poder, que en los asuntos sociales, administrativos o políticos, en donde hay un interés de la mafia en el poder o del Estado neoliberal, fallará siempre contra los intereses de la nación, lo que no le deja al pueblo más que una alternativa: por medio de la movilización social y la resistencia ciudadana tratar de someter a los integrantes de la clase política
y a los propios jueces a la legalidad y de imponer el establecimiento de un orden de derecho, de instaurar, en consecuencia, otro régimen político. Algo que parece imposible si no media una movilización sin precedentes.
10. El espejismo de creer en una legalidad inexistente con base en la posible e hipotética honestidad de algún juez no puede ser la base de la movilización de una sociedad que, sin embargo, debe mantenerse en el marco de una resistencia civil pacífica si quiere echar del poder a la mafia corrupta de panistas y priístas que, en nombre de intereses trasnacionales, sigue pisoteando los derechos de los mexicanos y de la nación.
Difusión Cencos México D.F., 16 de junio de 2010
Pese a reconocer que hubo violación grave de garantías fundamentales en la tragedia, la Corte exculpó al exdirector del IMSS, Francisco Molinar Horcasitas; al actual director, Daniel Karam; y al exgobernador de Sonora, Eduardo Bours.
Como autoridades directamente involucradas, los ministros señalaron el miércoles a siete exfuncionarios: dos de la anterior presidencia municipal de Hermosillo, tres del gobierno de Eduardo Bours y dos del IMSS.
Según lo acordaron el martes pasado, no se trata del establecimiento de responsabilidades, sino sólo de la mención de “autoridades vinculadas con la violación grave de garantías fundamentales”.
En el caso del Seguro Social mencionaron a Arturo Leyva Lizárraga, delegado estatal del IMSS en Sonora de 2006 a 2009, y Noemí López Sánchez, titular del Departamento Delegacional de Guarderías, de 2001 a 2009.
Del gobierno de Bours, identificó a Wilebaldo Alatriste Candiani, quien fue titular de la Unidad Estatal de protección Civil; Fausto Salazar Gómez, ex director general de Recaudación de la secretaría de Hacienda de Sonora; y a Jorge Luis Melchor Islas, ex subdirector de Control Vehicular de la secretaría de Hacienda.
A nivel municipal señaló a Jesús Davis Osuna, ex director de inspección y vigilancia, y a Roberto Copado Gutiérrez, ex director de unidad de protección civil. La Corte excluyó al expresidente municipal Ernesto Gándara Camou.
Como garantías violadas mencionaron los derechos del niño, el derecho a la protección de la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la seguridad social y el derecho a la salud.
Los ministros decidieron además excluir de la comisión de esas violaciones al dueño, al director y al administrador de la guardería, en tanto que se trata de particulares ya que sólo a las autoridades se les puede imputar la violación de derechos humanos.
Al final de tres días de sesiones matutinas y vespertinas, el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, dijo que los ministros hicieron lo que pudieron: “El fallo tiene los límites estructurales” establecidos en la Constitución.
“Nuestra declaración no exculpa ni exonera a nadie. Lo que hace es determinar la existencia de violaciones graves… Las responsabilidades política, penal y administrativa le corresponde a las autoridades constitucionalmente encargadas”, dijo.
El ministro Arturo Zaldívar, autor del dictamen que proponía el señalamiento de 14 funcionarios, se sostuvo en su posición de incluir a Molinar Horcasitas, Daniel Karam y Eduardo Bours. Con él votaron los ministros José de Jesús Gudiño Pelayo, Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza. El ministro José Ramón Cossío sólo favoreció el señalamiento de Bours.
La mayoría de ministros exculpó también al IMSS. Por seis votos a cinco, negaron la existencia de un desorden generalizado en el otorgamiento, operación y vigilancia de las guarderías subrogadas por la institución.
El aval de los ministros al funcionamiento de las guarderías subrogadas se sumó a su decisión, adoptada el martes, de evitar el señalamiento de responsables de la tragedia y al reconocimiento legal del sistema de subrogación de las estancias infantiles.
En la votación que exculpó al IMSS del incendio, la diferencia la hizo Ortiz Mayagoitia, quien a pesar de reconocer la existencia de graves violaciones a derechos fundamentales, hizo una enfática defensa del IMSS:
“En el caso del sistema de guarderías del Seguro Social no hay... ningún desorden; ninguna prueba demuestra que alguna de las guarderías preste un mal servicio, ni que los usuarios hayan protestado por esa causa. He recibido comentarios en otro sentido, el sistema de guarderías es por regla general satisfactorio para los usuarios”.
Ortiz Mayagoitia, quien en las dos semanas anteriores se reunió en varias ocasiones con el exidrector del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, y el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, añadió: “Tampoco hay desorden documental. El Seguro Social lleva un expediente por cada una de las mil 480 guarderías, los tiene ordenados y bajo control”.
Esa posición de Ortiz fue compartida por los ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Luna Ramos, Fernando Franco, Luis María Aguilar y Sergio Valls.
En contra votaron el autor del dictamen, Arturo Zaldívar, José Ramón Cossío, José de Jesús Gudiño Pelayo, Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza.
Zaldívar había dictaminado que además de las fallas en materia de protección civil, el “desorden generalizado” en el sistema de guarderías fue causa del incendio. Pero ante la mayoría que se perfilaba en contra de su proyecto advirtió: “No vaya ser que responsabilicemos sólo al señor que cerraba la puerta”, advirtió.
Aunque el martes, por ocho votos a tres el pleno determinó que la Corte no señalará responsables de la tragedia, Zaldívar insistió en que ante la falta de políticas públicas y reglas para la operación de las guarderías, se debe señalar desde “el director del IMSS para abajo”.
Con esa votación, la mayoría de ministros desestimó la revisión hecha por peritos del Instituto de Investigaciones Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM y la Auditoría Superior de la Federación, dependiente de la Cámara de Diputados.
“El resultado de dichas revisiones es irrefutable”, dijo Zaldívar. Explicó que sólo el tres por ciento de las guarderías, de las mil 480 subrogadas por el IMSS, se ajusta a todos los requisitos necesarios para su funcionamiento.
Añadió que más del 50 por ciento de ellas ha omitido vigilar que los prestadores del servicio de guardería cumplan con estándares mínimos previstos en las Normas Oficiales Mexicanas y en las legislaciones federales, estatales y municipales.
Además, dijo, “las irregularidades en materia de protección civil encontradas en la mayoría de las guarderías s son intolerables si se toma en cuenta que son niños pequeños los que acceden a este servicio respecto a los cuales el Estado tiene deberes de protección reforzada”.
Objeto de intensas críticas de asociaciones médicas a raíz de su propuesta de responsabilizar a Molinar Horcasitas y al actual director del IMSS Daniel Karam, el ministro Zaldívar respondió: “Quienes denigran a las instituciones son los malos servidores públicos, no quienes criticamos a esos servidores púbicos… Lo que estamos haciendo es proteger a las instituciones de este país, que deben estar marcadas por la protección de los derechos fundamentales y una ética pública… Es un truco asegurar que cuando se critica a un funcionario se critica a la institución”.
En su pendencia vacía de contenidos y propuestas sólidas, pero pletórica de denuestos, retorcidas expresiones insustanciales y mentiras, son incapaces de diferenciarse de sus entrecruzados anhelos e intereses por haber sido genéticamente paridos por la misma madre políticamente despótica, alérgica al imperio de las leyes y la democracia, y económicamente neoliberal. Sin embargo, en la lucha fratricida por tratar de mantenerse en la administración del Estado o retornar al mismo, esas corrientes que se avergüenzan de su conservadurismo nos muestran que están dispuestas a emplear cualquier método para conseguir sus fines.
De momento, la lucha se lleva a cabo por interpósita persona. De un lado se agrupan los estilográficos a sueldo y los camaleones al mejor postor. Los abajofirmantes del apresurado y esquizofrénico texto dicen “no a la generación del no”, de estropeada escritura que ruborizaría a cualquiera que tenga alguna noción de la sintaxis, con excepción, desde luego, de sus cultos redactores, y de contenido engañabobos. Convocadas desde los sótanos del sistema, esas refinadas personalidades cerraron filas, en precipitado tropel, en defensa de la derechista elite clerical gobernante que, impotente, observa cómo se desvanece abruptamente su sueño por afianzar terrenalmente su bastardo maridaje del trono y el altar, del monarca inmune a las ataduras constitucionales porque suponen que está iluminado por el dedo divino, como en el Medievo o antes de la derrota de la reacción ante la revolución liberal mexicana, encabezada por Benito Juárez. Sobre todo, después de que se les filtró anticipadamente la noticia de que el otro bando de la derecha, representado por la pandilla priista, los Enrique Peña Nieto y demás aventureros, preparaba una embestida a través del patético Carlos Salinas de Gortari, como parte de su campaña por tratar de restaurar su añorada monarquía absoluta que les permitió saquear impune e ininterrumpidamente a la nación durante poco más de 60 años, tal y como lo han hecho las falanges panistas desde que se apoderaron del gobierno.
En esa borrascosa travesía, los priistas tampoco han dudado en cultivar el íntimo y anticonstitucional amancebamiento entre el poder eclesiástico y el secular. No hay que olvidar que Salinas, el padre putativo del salvaje neoliberalismo, despótico, oligárquico, antisocial y desnacionalizador, y actualmente promotor del “nuevo modelo de nación de democracia republicana” priista (¿peñanietista?), en su esfuerzo por legitimar su asalto del Estado, fue quien liberó de su encierro a la bestia religiosa que, enloquecida, pisotea la Constitución y pisotea la democracia y las libertades ciudadanas, del brazo de panistas, priistas y algunos perredistas.
Por desgracia, la empresa de los nuevos cruzados es impresentable. Apesta, porque las “virtudes republicanas” de las camarillas panista y priista se hermanan en los mismos puntos: su ejercicio autoritario, excluyente, corporativo y caciquil del poder, desde el Ejecutivo, el Legislativo, los estados, los municipios y las organizaciones sociales. Unas y otras son alérgicas a la democracia y al estado de derecho. Han tratado de engañar a la sociedad al presentar la autócrata alternancia bipartidista como si fuera la democracia, pese a que ni siquiera el ámbito electoral cumple con esos requisitos, mientras que subsisten las estructuras, las prácticas y la cultura autoritaria del antiguo régimen priista. Han convertido al Estado y las riquezas de la nación en un botín. A ambos sólo les interesan los amores de la oligarquía nacional y extranjera, que ha financiado ilegalmente sus tareas electorales. Ante ella buscan legitimarse, la protegen, comparten los beneficios del capitalismo neoliberal y la depredación del sector público, le toleran y solapan sus ilícitos. La elite oligárquica, panista y priista ha doblegado, sometido, perseguido y destruido a los trabajadores y sus organizaciones, además de las ciudadanas, para imponerle las políticas antisociales del modelo y acrecentar la acumulación privada de capital. La polarización, la concentración de la riqueza, la mayor pauperización y el descontento de la población son responsabilidad de ellos. Ese bloque dominante justifica los abusos de los aparatos oficiales de represión, porque el Estado policiaco-militar es la única estructura que sostiene al sistema. Las iglesias la arropan con su manto protector.
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Aguilar Morales y Zaldívar Lelo de Larrea. 
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