Corporaciones compran Congreso estadunidense

El Congreso de Estados Unidos, la “imagen de la democracia”, es en realidad una de las instituciones más corruptas del planeta. La compra de conciencias y votos se realiza todos los días. Y de manera “legal”. Grupos especiales, más conocidos como lobbies, gastan en promedio 32 mil 523 dólares por legislador cada día de sesión del Congreso. Esta actividad, que podría ser considerada criminal en diversas partes del mundo, es admitida como un simple business en el país defensor de la “democracia”. El estudio más reciente, con datos hasta 2009, revela que la “industria de la salud” es la que más invierte en promover sus intereses en el poder legislativo estadunidense.

Lindsay Renick Mayer / Red Voltaire

Proyecto censurado

Los “intereses especiales” (eufemismo que designa a los grupos de presión que influyen en los poderes públicos de Estados Unidos: Congreso, Casa Blanca y Poder Judicial) pagaron 3.2 mil millones de dólares a los lobbies (o cabilderos) de Washington en 2008, más que en cualquier otro año estudiado, informa el Centro para la Responsabilidad Política. El aumento fue de 13.7 por ciento respecto de 2007, que a su vez había superado el 7.7 por ciento de incremento respecto a 2006.

El Centro calcula que los grupos de interés gastaron 17.4 millones de dólares diarios en cabildeo por cada jornada en que hubo sesión del Congreso en 2008, o 32 mil 523 dólares diarios por legislador. Sheila Krumholz, directora del Centro, dice: “El gobierno federal está asignando miles de millones de dólares cada día y esto significa un trabajo seguro para los cabilderos capaces de ayudar a conseguir un pedazo de la torta a las corporaciones y a las industrias”.

El grupo de intereses de la “industria de salud” gastó más que cualquier otro sector económico en cabildeo federal. Su “inversión” de 478.5 millones de dólares le garantizó la corona por tercer año consecutivo, por encima del sector financiero, aseguradoras y bienes raíces, que desembolsó 453.5 millones de dólares en sus actividades de lobby o cabildeo. La industria de productos farmacéuticos/salud contribuyó con 230.9 millones de dólares, elevando su total para los últimos 11 años por encima de 1.6 mil millones de dólares.

El segundo mayor gastador de dinero en lobby entre las corporaciones durante 2008 fue el rentable sector de las empresas eléctricas, que pagó 156.7 millones de dólares en cabildeo, seguidas por los seguros, que gastaron 153.2 millones, y el petróleo y gas, que pagaron a los lobbies 133.2 millones. Los grupos pro israelíes, las empresas de transformación de alimentos y la industria del petróleo y gas fueron quienes más aumentaron el porcentaje de sus gastos en cabildeo entre 2007 y 2008.

Las finanzas, seguros e inmobiliarias estuvieron compitiendo para conseguir del Congreso un buen pedazo del paquete de ayuda urgente de 700 mil millones de dólares aprobado a fines de 2008. Las compañías que redujeron el cabildeo son aquellas que se declararon en quiebra o cuyo control fue asumido por el gobierno federal y paralizaron sus operaciones de cabildeo. “Aunque algunos intereses financieros, de seguros y de propiedad inmobiliaria se retiraron el año pasado, todavía manejaron más de 450 millones de dólares gastados como sector para cabildear por políticas de mercado. Ese dinero puede comprar mucha influencia, y es una fracción de lo que a cambio el sector financiero está cosechando con el programa de ayuda urgente del gobierno”, dijo Krumholz.

Los negocios, asociaciones y coaliciones de propiedad inmobiliaria están entre las organizaciones ascendentes en la rampa de los mayores gastos de cabildeo de 2008. La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios aumentó el gasto en un 25 por ciento, de 13.9 a 17.3 millones de dólares. La Asociación Americana de Banqueros gastó 9.1 millones de dólares en 2008, con un aumento del 47 por ciento respecto de 2007. Otros grupos industriales que pagaron más en 2008 incluyen al Consejo Privado de la Equidad, la Asociación de Banqueros Hipotecarios de Estados Unidos y la Mesa Redonda de Servicios Financieros.

La Cámara de Comercio estadunidense siguió siendo el principal gastador en lobbies en 2008, al pagar casi 92 millones, más de 350 mil dólares por cada día laborable, con un aumento del 73 por ciento comparado con 2007, en gestiones a favor de los intereses de sus miembros. Las asociaciones pro empresariales en conjunto aumentaron su gasto en cabildeo en un 47 por ciento entre 2007 y 2008.

Según los registros del gasto en lobbies, algunas industrias hicieron recortes severos y pusieron freno al dispendio, pero no interrumpieron la práctica. Las compañías automotrices disminuyeron en 7.6 por ciento la cantidad que pagaron a los cabilderos, desde 70.9 millones a 65.5 millones de dólares. Éste fue un gran cambio respecto de años anteriores; los fabricantes y distribuidores de automóviles aumentaron su gasto en cabildeo en 21 por ciento entre 2006 y 2007. Entre 2007 y 2008, la Alianza de Fabricantes de Automóviles, cuyos tres grandes de Detroit (General Motors, Ford y Chrysler) atestiguaron ante el Congreso para pedir ayuda en 2008, rebajó en un 43 por ciento su cabildeo conocido, de 12.8 a 7.3 millones de dólares.

Entre los tres grandes, solamente la Ford aumentó sus esfuerzos en lobbies, aunque no mucho: de 71 millones a 77 millones, un 8 por ciento.

Entre las empresas de lobby de Washington, Patton Boggs (que significa “volando muy alto”) divulgó sus ingresos, los más elevados registrados en cabildeo por quinto año consecutivo: 41.9 millones de dólares, con un aumento de más del 20 por ciento respecto de 2006.

Entre los clientes más lucrativos de la empresa figuran la financiera privada Cerberus Capital Management, el fabricante de dulces y alimentos para animales Marte, el grupo de comunicaciones Verizon, los fabricantes farmacéuticos Bristol-Myers Squibb y Roche y la Asociación Americana para la Justicia (llamada antes Asociación de Abogados Litigantes de Estados Unidos).

Actualización de Lindsay Renick Mayer (de Open Secrets)

Parece un anuncio clasificado: “¿Despedido y buscando trabajo? ¡La industria del lobby lo necesita!”. Desde que publicamos esta historia en OpenSecrets.org en enero de 2008, sólo la industria del cabildeo ha continuado creciendo, incluso mientras otras industrias han continuado encogiéndose en el país, llevando al desempleo a centenares de miles de estadunidenses. Este crecimiento se podría atribuir en parte a la economía en sí misma, porque muchos ejecutivos están buscando una cierta ayuda del gobierno para mantener a flote sus negocios. Otros simplemente están sacando ventajas de las oportunidades que presenta la crecida de los paquetes del gobierno. Pero mientras exista un gobierno federal dispensando fondos, los cabilderos gastarán cada vez más anualmente en seducir a sus clientes que fabrican leyes.

Año tras año vemos incrementos efectivos en los gastos de lobbies, más del ciento por ciento en la última década, y la ráfaga de actividad durante los primeros tres meses de 2009 indica que la tendencia no acabará en un futuro cercano. De acuerdo con los expedientes de la Oficina de Registros Públicos del Senado, el independiente Centro para una Política Receptiva (CRP, su sigla en inglés) encontró precisamente eso entre enero y marzo: un crecimiento leve del cabildeo comparado con el mismo periodo del año anterior, de por lo menos 2.4 millones de dólares. Las uniones, organizaciones y compañías pagaron por lo menos 799.7 millones de dólares en lo que va de este año en mandar vendedores ambulantes de influencia al Congreso de Estados Unidos, en comparación con 797.2 millones de dólares gastados durante el mismo trimestre de 2008.

Esto puede parecer un pequeño aumento comparado con los miles de millones gastados cada año en esta actividad, pero en una época de turbulencia económica constituye una fuerte corriente de ingresos para una sola industria. Dicho esto, las industrias que aparecen en la mayoría de los titulares relacionados con la ayuda, sea porque han pedido o recibido fondos del gobierno federal, realmente disminuyeron la cantidad gastada en cabildeo en los primeros tres meses de 2009 comparados con 2008.

Los beneficiarios del dinero en efectivo repartido por el programa de rescate de activos financieros del gobierno federal (Troubled Asset Relief Program, TARP, literalmente Programa de Alivio para los Activos en Problemas) distribuyeron menos dinero entre los cabilderos que en cualquier trimestre de 2008, quizás en parte porque hicieron frente a nuevas reglas que restringían sus contactos de lobby con los servidores públicos respecto del programa de ayuda urgente.

El CRP encontró que los beneficiarios del TARP habían gastado 13.9 millones de dólares en cabildeo hasta el primer trimestre de 2009, comparados con los 20.2 millones desembolsados entre enero y marzo de 2008 y los 17.8 millones del último trimestre de ese mismo año. Con el gobierno repartiendo hacia fuera cientos de miles de millones de dólares, estas sumas resultan pálidas respecto a las ventajas que están cosechando las corporaciones.

Fuente: Contralínea 239 / 26 de junio de 2011

Poder judicial, presunto culpable

Futuro incierto

Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO, D.F., 5 de marzo (Apro).- La juez del Décimo Segundo Tribunal Administrativo en el Distrito Federal, Blanca Lobo Domínguez, ya supo lo que son los juicios sumarios de los medios y el oportunismo político.

Su orden de suspender temporalmente la proyección de la película Presunto Culpable como una medida cautelar le ganó la acusación pública de censora hasta el extremo de compararla como un acto propio de los regímenes militares o fundamentalistas.

A cinco días de la controvertida pero apenas primera decisión judicial, la secretaría de Gobernación no había acatado el mandamiento judicial porque supuestamente ignora “los alcances” de la decisión de la juez.

Lo que en realidad ha hecho es ganar tiempo no sólo para que el documental siga proyectándose, sino ante la decisión que a más tardar el próximo miércoles debe tomar un Tribunal Colegiado respecto a la suspensión provisional ordenada por la juez.

Si ese Colegiado revierte la medida, la película seguirá proyectándose sin ninguna sombra de censura, pero si avala a la juzgadora, entonces el Poder Judicial quedará como el gran censor.

Para evitarlo, podría levantar la orden de suspensión provisional y seguir sin presiones mediáticas el curso del juicio de amparo solicitado por los que se dicen afectados por la proyección, los familiares de la víctima del asesinato a partir del cual se hizo el documental.

Lo que Gobernación defiende no es un interés general, sino lo que la película representa para uno de los principales proyectos del gobierno de Felipe Calderón: la implantación en México de los juicios orales.

Resulta difícil pensar que un gobierno como el de Calderón esté velando por el interés general, que sería el derecho de la sociedad mexicana a saber y conocer. Con los antecedentes que tiene de arremeter contra los medios y periodistas que no le son afines no se puede creer que su acción sea para defender tales garantías.

Uno de los argumentos para decir que la juez Blanca Lobo pretende censurar la película es que antes de ordenar la suspensión provisional de su proyección debió pensar, precisamente, en el interés general. En este caso, el derecho de los mexicanos a conocer las miserias del sistema de procuración e impartición de justicia, lo que le da un gran valor al documental.

Pero el sistema de justicia no se reduce a las decisiones de los jueces, sino a lo que el Poder Ejecutivo –federal y estatal– hace y deja de hacer a través de sus “policías investigadoras” y de sus agentes del ministerio público.

Aunque el caso que presenta la película ocurrió en el Distrito Federal, es sabido y padecidas por todos la manipulación, negligencia e ilegalidades que existen en los procesos judiciales en todo el país. De ahí su justificado éxito.

No está duda. Pero Presunto culpable es más que un mero testimonio elaborado por dos abogados preocupados por el sistema de justicia penal mexicano. Roberto Hernández y Layda Negrete Sansores –hija de la exdiputada Layda Sansores y nieta del exgobernador de Campeche Carlos Sansores– forman parte del proyecto promovido desde 2004 por Estados Unidos para que en México se instauren los juicios orales.

Ambos forman parte del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), que junto con organizaciones empresariales mexicanas y fondos del gobierno estadounidense ha sido punta de lanza de la reforma penal aprobada en 2008. De ahí la gran promoción del documental.

La reforma, que además de hacer constitucional la figura del arraigo –esa sí, una medida propia de regímenes totalitarios– estableció que a más tardar en el 2016 en todo el país deben funcionar los juicios orales, para lo cual se han destinado parte recursos de la Iniciativa Mérida.

Calderón hizo suyo el proyecto estadounidense y tuvo el aval en el Congreso a partir del hecho, innegable, de la inoperancia del actual sistema de justicia.

Pero nada garantiza que los juicios orales vayan a ser la solución, sobre todo si las procuradurías siguen operando en función de los intereses políticos de sus jefes –el presidente o los gobernadores– o las policías están tan desacreditadas no sólo por la corrupción, sino por los cuestionamientos de que son objeto sus jefes, como el caso del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.

A partir del principio de presunción de inocencia, –el cual, desde luego, no operó en el caso de Florence Cassez, a pesar de las ilegalidades en la investigación de García Luna–, el CIDE patrocinó también la reapertura del proceso por la masacre de Acteal y logró la liberación de los acusados.

Si los liberados no fueron culpables, fue una gran reparación. Ese es el objetivo de los juicios orales. Pero lo que no supimos fue quiénes son los responsables. Ni lo sabremos, como tampoco en Presunto culpable. La impunidad tampoco será abatida por la justicia transparente que ahora todos dicen defender.

jcarrasco@proceso.com.mx

DOCUMENTAL COMPLETO "PRESUNTO CULPABLE"

"Presume Guilty" with subtitles in English

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded

México ante la justicia francesa

• México ante la justicia francesa
• Genaro García Luna en la mira
• Sedena investiga adquisiciones

Miguel Badillo

Francia se prepara para sentar al gobierno mexicano en el banquillo de los acusados. El presidente francés, Nicolás Sarkozy, prepara un duro golpe en contra de México y su dudosa aplicación de la justicia.

Hoy, como otras muchas veces, el Poder Judicial mexicano está en entredicho, sólo que esta vez no será un asunto interno de los mexicanos, en donde gobierno, policías, jueces y ministros se coluden y violan las leyes para atentar contra la libertad y la defensa de los derechos humanos.

Esta vez, las dudas sobre la honestidad, transparencia, ética y veracidad de la justicia mexicana es un asunto internacional, motivado y escandalizado por Francia ante la aplicación de la “justicia” en México en contra de la ciudadana francesa Florence Cassez, sentenciada en este país a 60 años de cárcel por el delito del secuestro.

Pero cómo negar la enorme corrupción del Poder Judicial mexicano, en donde jueces, magistrados y hasta los ministros de la Suprema Corte han dado muestra muchas veces de su debilidad ante el poder político y el poder del dinero. Quién puede dudar en México de la enorme corrupción de ese Poder Judicial, que va incluso más allá de la misma corrupción del Poder Ejecutivo, que en sí misma es grave, debido a que en sus sentencias juegan con la libertad y la vida de las personas.

Ese Poder Judicial que por mucho tiempo ha sido impune en México, hoy será juzgado por la opinión pública internacional que tiene en Francia a su fiscal de hierro. Estos jueces mexicanos hoy conocerán otra justicia distinta a la que están acostumbrados a practicar y en donde lo más probable es que salgan mal librados.

Se trata de jueces que se han vuelto intocables sin importar los fallos corrompidos que cometen, con el consecuente daño en contra de miles de personas inocentes. Son esos impartidores de “justicia” quienes se han convertido en una élite de “servidores públicos” que, desde la opulencia construida con dinero del erario y otro producto de extorsiones, chantajes y sobornos, acumulan sentencias en contra de los que menos tienen, los pobres y desprotegidos que no pueden defenderse ni pagar costosos despachos de abogados, y protegen a los que más tienen, a los hombres del dinero dispuestos a cometer delitos y corromper a quienes los juzgan.

Esto es la justicia mexicana y su Corte de jueces, magistrados y ministros, quienes no están dispuestos a perder canonjías económicas, sin importar que ello signifique vivir sumisos ante el poder político presidencial, el cual ve en el Poder Judicial un valioso aliado para también mantenerse impune y ejercer un autoritarismo a su antojo.

En México son frecuentes las constantes violaciones constitucionales a los derechos humanos, a la libertad de expresión y a la libertad de prensa; al encarcelamiento injusto de indígenas, campesinos y luchadores sociales inocentes; a la protección judicial de empresarios defraudadores y lavadores de dinero; a la complicidad de burócratas corruptos. Por eso no será complicado para Francia sentar a la justicia mexicana y a todo el poder político en el banquillo de los acusados.

García Luna en la mira de Francia

Por instrucciones del presidente francés, la Procuraduría de ese país investiga operaciones financieras que habría realizado el secretario de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna, en países de Europa.

En México también se abrió un expediente en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en contra de ese funcionario por supuestos movimientos financieros que hizo en al menos dos países europeos.

La investigación en contra del alto funcionario del gabinete de Felipe Calderón Hinojosa habría iniciado luego de que esa Unidad, encargada de combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo, encontrara diversas transferencias monetarias trianguladas a instituciones bancarias europeas. De éstas, la autoridad mexicana investiga si es lícito el origen del dinero.

La información –confirmada por diversas fuentes de inteligencia militar, inteligencia civil y de carácter diplomático–, indica que una segunda pesquisa la llevaría a cabo directamente el gobierno francés por instrucciones de su presidente Nicolas Sarkozy.

Las pesquisas son realizadas por la Procuraduría de aquel país (Ministère de la Justice et des Libertés) y por la Oficina contra los Circuitos Financieros Clandestinos (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers Clandestins) del Ministère des Finances.

Durante tres meses he solicitado conocer la opinión del secretario de Seguridad Pública federal sobre las investigaciones en su contra, a través de su secretario particular adjunto, Marco Antonio Mecalco Raya, pero debido a la “complicada agenda” de su jefe ha sido imposible. Seguramente esperarán a que sea Francia quien dé a conocer la investigación en su contra.

Encono francés

En entrevista, Charlotte Cassez –madre de la ciudadana francesa Florence Cassez Crepin, condenada a 60 años de prisión y actualmente recluída en el centro de readaptación femenil Tepepan– confirma que el gobierno galo mantiene un encono político con autoridades mexicanas, particularmente con el secretario García Luna.

Asegura que el presidente Nicolas Sarkozy la ha recibido en seis ocasiones para tratar lo que consideran “un montaje” del secretario de Seguridad Pública mexicano contra su hija Florence Cassez.

“Sentimos que aquí hay un poder que nos está rebasando completamente. Hay algo a nivel de la corrupción en la que está involucrado el narcotráfico.

No sé si con el gobierno, pero sí con algunas personas relacionadas. García Luna es una persona realmente importante. En Francia, o fuera de México, oímos decir que es, incluso, más importante que Calderón”, comenta.

La madre de Cassez Crepin –presa por los delitos de delincuencia organizada y secuestro– asegura que las autoridades de Francia realizan diversas investigaciones para lograr la libertad o la extradición de la joven.

“El presidente francés es alguien muy convincente, determinado y siempre ha buscado todas las relaciones posibles”, agrega Charlotte Cassez.

Riqueza inexplicable

Las investigaciones en torno a las transferencias financieras de García Luna, llevadas a cabo por los gobiernos de México y de Francia, no son los únicos cuestionamientos respecto de la fortuna del secretario de Seguridad Pública.

El 24 de septiembre de 2010, legisladores de oposición demandaron a García Luna que transparente la fuente de financiamiento de sus propiedades, valuadas en un monto mayor al sueldo que percibe como servidor público.

De acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia del gobierno federal, las percepciones brutas mensuales del titular de la SSP ascienden a 205 mil 122 pesos, integradas por su sueldo base de 32 mil 813 pesos y su compensación garantizada de 172 mil 308 pesos.

Mireille Roccatti Velázquez –investigadora del Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México, y especialista en el estudio del lavado de dinero– critica que al interior del gabinete presidencial falta transparencia, sobre todo en la situación patrimonial de los altos funcionarios.

Sedena investiga adquisiciones de helicópteros

Aunque la “guerra” inventada por Felipe Calderón en contra de los cárteles de la droga ha dejado de ser una “guerra” por designio de él mismo, es una realidad el incremento en los fondos públicos destinados para que las Fuerzas Armadas puedan adquirir mejor armamento y más aeronaves que les permitan hacerle frente al crimen organizado.

En la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) apenas se están reponiendo del susto que les causó una investigación del Órgano Interno de Control -cuyo titular es un militar- sobre un contrato para dar mantenimiento a cinco helicópteros Mi-17, cuando esa misma dependencia, junto con la de Marina, solicitaron la autorización de la Secretaría de Hacienda para adquirir otras 17 aeronaves a un costo aproximado de 10 mil millones de pesos.

En el expediente, se explica que la Dirección General de Administración de esa Secretaría asignó de manera directa un contrato millonario a la empresa Volans, S.A. de C.V., cuyo director general es el ruso Yuriy Chumak, para el mantenimiento en Rusia de cinco helicópteros Mi-17; sin embargo, las aeronaves nunca se enviaron a ese país. Actualmente siguen volando en México.

Esto generó dudas e inquietud en algunos mandos castrenses, pues en los últimos años han ocurrido accidentes aéreos que han costado la vida de militares. Además, hay varios niveles de mantenimiento: en Rusia alcanzan un nivel V de reparación, mientras que el máximo en México es III.

En 2009, el OIC solicitó la información de ese contrato millonario a la Dirección General de Administración de la Sedena, pues el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, pidió conocer cómo se habían gastado esos recursos públicos. La Sedena se limitó a informar que se había hecho un convenio modificatorio para que Volans diera mantenimiento en México a los cinco helicópteros, por lo que ya no fueron trasladados a Rusia, lo que representó un ahorro importante en el gasto inicial presupuestado.

Según la Sedena, esta explicación bastó para que el OIC cerrara el expediente bajo supervisión de la Secretaría de la Función Pública. Del dinero ahorrado en el mantenimiento de las aeronaves, la Sedena explicó que se reintegró a la Tesorería de la Federación. ¿Por qué se pactó un primer contrato para darles mantenimiento en Rusia y, de pronto, deciden dejarlos en México y que sean los técnicos de Volans los que viajen aquí?

Más aeronaves y más gasto

La semana pasada, El Universal destacó en su primera plana una nota del reportero Noé Cruz, relativa a la compra de 17 aeronaves para las secretarías de la Defensa y de Marina, a un costo de 9 mil 888 millones de pesos.

Sobre esa información, la Sedena confirmó la petición hecha por ambas secretarías a Hacienda para que autorice el presupuesto correspondiente y puedan adquirir los aviones y helicópteros. Para la Sedena, estas nuevas aeronaves se suman a las más de 200 que ya tiene los militares y se utilizan para el traslado de personal en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Actualmente la Defensa cuenta con 206 mil efectivos.

En la información de El Universal, se explica que esa Secretaría solicitó la compra de cinco aviones Hércules versión H usados; mientras que la Secretaría de Marina pretende adquirir seis aviones versión transporte militar y carga y seis helicópteros para transporte de personal.

La nota agrega que la demanda de transporte de efectivos en la Marina aumentaría de 19 mil en 2009 hasta casi 51 mil en 2012, y la compra de las aeronaves permitiría hacerle frente.

El blog Todo por México, donde militares y civiles intercambian opiniones sobre las fuerzas armadas, explica que el Mi-17 es un helicóptero bimotor de transporte con capacidad de portar cohetes y misiles guiados antitanque. Desarrollado a partir del fuselaje de los Mi-8, especialmente para la guerra de Rusia en Afganistán y producido en las fabricas de Ulán-Udé y Kazán, el Mi-17 fue equipado con motores TV3-117MT más grandes, los rotores y la transmisión desarrollada para el Mi-14, junto con mejoras del fuselaje para cargas más pesadas.

La designación Mi-17 es para exportación; las fuerzas armadas rusas lo llaman Mi-8MT. El Mi-17 se puede reconocer porque tiene el rotor de cola en el lado izquierdo y guardapolvos en frente de las tomas del motor.

En México la Fuerza Aérea Mexicana cuenta con 24 Mi-17, 19 en servicio y 5 retirados, matriculas 1701 a 1724. La Armada de México tiene 23 Mi-17, 21 en servicio y 2 retirados, con matrículas AMHT-200 a AMHT-222. La Policía Federal cuenta con 4 Mi-17, todos en servicio, con matrículas XC-PFD (PF-302, número de serie 312 M82), XC-PFE (PF-304, 95582), XC-PFF (95663) y XC-PFG (PF-305, 96077).

Concretar la transformación del país, el propósito de participaren la elección presidencial del 2012: AMLO

México, Distrito Federal, Lunes 08 de noviembre de 2010

* Presenta su libro “La mafia que se adueñó de México . . . y el 2012” ante la comunidad de la Universidad Autónoma Metropolitana

Aunque las cartas estén marcadas y los dados cargados, Andrés Manuel López Obrador manifestó que el movimiento que encabeza participará en la contienda presidencial del 2012 y dejó en claro que “el fin no es llegar a la Presidencia de la República, sino alcanzar la transformación de México” y sus instituciones.

Estableció ante la comunidad estudiantil y académica de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa que los integrantes del movimiento por la transformación del país tomaron la decisión de transitar por la vía pacífica y electoral para derrotar a la mafia del poder, que se ha apoderado de los bienes de la nación.

Durante la presentación de su más reciente libro “La mafia que se adueñó de México . . . y el 2012”, el presidente legítimo de México se refirió a la elección de los nuevos consejeros electorales. “No va significar mucho, porque es más de lo mismo, no existe un organismo que garantice elecciones libres y limpias”, sostuvo.

Acompañado por el rector Javier Velázquez Moctezuma y los comentaristas Enrique Dussel, Arturo Guillén y Gregorio Vidal expuso que la organización ciudadana será elemento clave en el recuento de votos y en la defensa del sufragio popular.

Para tal fin –abundó— se han formado comités municipales en todos los estados del país. Abajo, entre la gente hay organización, falta consolidarla, y hay unidad entre la militancia del PRD, PT y Convergencia y ciudadanos sin filiación partidista.

En la sesión de preguntas y respuestas, López Obrador expresó que después del fraude electoral del 2006 no aceptó la propuesta de convertirse en coordinador del Frente Amplio Progresista (FAP), en una especie de dirigente de la oposición, porque lo importante era no reconocer al gobierno usurpador de Felipe Calderón.

De la misma manera, subrayó que tenía conocimiento de que en ese entonces no todos los seguidores y simpatizantes iban a aguantar la tentación del poder y que algunos de ellos nos iban a traicionar y, por ende, se iban a quedar en el camino.

Uno de los asistentes le preguntó sobre la división en los partidos de la izquierda mexicana. Aseguró que el problema no estriba en la falta de unidad, sino en la falta de capacidad de organización.

La unidad se resolvería con el simple hecho de reunir a todos los dirigentes para tomarse la foto, para simular que hay unidad, pero los dirigentes de la izquierda se han conformado con ocupar puestos de dirección y han dejado de realizar trabajo de campo, explicó.

Luego abordó el tema de los pactos electorales y reiteró que en el estado de México se construirá una alianza abajo, con la gente.

Otro comentario estuvo relacionado con la ola de violencia e inseguridad que campea en casi todo el territorio nacional. Preguntó de inmediato: ¿Dónde está el programa emergente para crear fuentes de empleo, dónde está el programa especial de empleo y de educación para los jóvenes?

Hizo énfasis en que problema de la inseguridad y violencia lo pretenden resolver en el gobierno usurpador con medidas coercitivas y con declaraciones como la siguiente: “No nos va a temblar la mano”.

Sin embargo, ambos flagelos no se solucionarán con un mayor número de efectivos del Ejército ni con policías ni con cárceles ni con amenazas de mano dura, tampoco con leyes más severas, sino con empleo, bienestar y educación. “La paz es fruto de la justicia.

Y agregó: en el actual ambiente de corrupción, no se distingue donde termina el crimen organizado y en dónde empieza la autoridad.

En una primera intervención, detalló el contenido de su décima obra, en particular destacó cómo la mafia del poder se ha apoderado de los bienes de la nación, desde el mandato del ex presidente Carlos Salinas, y domina en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

http://www.youtube.com/watch?v=MY5GvA7Fv2A

http://www.youtube.com/watch?v=naw0HcFTb9I

México: capitalismo mafioso

Contra lo que supone Felipe Calderón y diversos sectores de la sociedad, el problema fundamental de México no es el narcotráfico y la violencia asociada al mismo. Comparado con la turbia connivencia establecida entre los gobiernos neoliberales, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y la oligarquía mexicana, aquel es un simple juego de niños, ciertamente sangriento.

Marcos Chávez

La “guerra” calderonista contra los cárteles de las drogas no ha sido lo suficientemente efectiva para ocultar del escrutinio público un hecho que le ha causado un daño aún más grave al país: las “relaciones peligrosas” ­–para usar el título de la novela epistolar publicada por Pierre Choderlos de Laclos en 1782– de los poderes político y económico, entre familiares, amigos y socios emergentes y temporales de las elites dominantes, por encima de los límites constitucionalmente fijados, que han convertido al erario, al Estado y las riquezas de la nación en su oscuro objeto de deseo, en su impune saqueo y rapiña, recreando con creces lo que el economista Joseph Stiglitz calificó como el capitalismo de amigotes, aunque otros analistas, con mayor precisión, la han denominado capitalismo mafioso. Ellas hacen palidecer las seductoras y trágicas intrigas de poder, de honras y deshonras palaciegas y de alcoba que transgreden la moral de la época de la perversa, puritana y al mismo tiempo libertina nobleza francesa de finales del siglo XVIII, deliciosamente recreadas por Choderlos de Laclos. Tales relaciones rememoran la frase de El Padrino: “No es nada personal, sólo es cuestión de negocios”.
A nadie sorprendería que el día que impere el estado de derecho en México se lleve a cabo una imparcial investigación sobre la privatización de las empresas estatales y de los sectores estratégicos de la nación –proceso iniciado por Miguel de la Madrid–, la manera en que han sido rescatados y subsidiados los empresarios que terminaron quebrando tales empresas, su nueva nacionalización y reprivatización, la renegociación de la deuda pública, los controvertidos contratos de servicios múltiples o las relaciones con el narco, y se aplique el imperio de las leyes.
Pero mientras eso sucede, si es que llega a ocurrir, los negocios entre el gobierno y los hombres de presa –más que de empresa– degradan a los trabajadores y la vida nacional, destruyen al capitalismo y al país con su insaciable voracidad. En correspondencia con la economía que se desplomaba en 2008, entraba en 2009 en su peor recesión desde la década de 1930 e iniciaba una incierta reactivación; la captación y el crédito de la banca comercial extranjerizada se contraían. La primera crece 16 por ciento, en términos reales, en 2008; en 2009, en apenas 5.6 por ciento, y en la primera mitad de 2010 decrece 1.6 por ciento. El segundo se elevó 23 por ciento en 2007; 5.7 por ciento, en 2008; en 2009 se contrae 5.3 por ciento, y en lo que va de 2010, en 0.5 por ciento. Nada extraño si se considera la situación económica. Lo llamativo son sus ganancias netas, descontando la inflación: 50.5 mil millones de pesos (MMDP) en 2008; 59.9 MMDP en 2009, y 35.5 MMDP en la primera mitad de 2010, por lo que cerrarán el año por encima de los 70 MMDP. ¿Cómo explicar la rentabilidad bancaria? Muy fácil: por la especulación financiera, el recorte de las prestaciones de los trabajadores, el despido de parte de ellos y la sobrecarga de trabajo; pero sobre todo por los voraces intereses y comisiones cobradas a los deudores, afectados por la caída de ingreso real, la pérdida de su empleo, los impuestos y el alza de los precios de los bienes y servicios públicos y privados. Ni el Congreso ni el banco central han querido controlar los abusos de los banqueros.
México es un paraíso para la oligarquía financiera trasnacional y criolla; también para otras fracciones capitalistas. En Chile, por ejemplo, el gobierno y entidades privadas organizaron un rápido programa de rescate de 33 trabajadores que quedaron atrapados dentro de la mina de oro y cobre San José, al Norte de Santiago. Incluso Sebastián Piñera, el derechista y neoliberal presidente, se trasladó de inmediato hasta el yacimiento para supervisar los trabajos y anunció una revisión a fondo de las condiciones de trabajo de la minería. En cambio, en México se escriben las páginas más siniestras de la política antiobrera y antisindical impuesta por la derecha radical neoliberal panista-priista. No sólo no hicieron nada serio por rescatar los cuerpos de los 65 trabajadores muertos el 19 de febrero de 2006 en Pasta de Conchos –víctimas de la negligencia criminal de la empresa Grupo México, de Germán Larrea, del grave deterioro de la seguridad de la mina que le permitió a la empresa “reducir” los costos de producción y aumentar sus ganancias, solapado por el titular del Trabajo foxista, Francisco X Salazar–, al contrario, hicieron lo necesario para ocultar el homicidio industrial y exonerar a Larrea. Más aún, con Javier Lozano en ese puesto, ya con Calderón, iniciaron una verdadera cacería en contra del sindicato minero, pisoteando la Constitución, las leyes laborales y los convenios suscritos con la Organización Internacional del Trabajo, con el objeto encarcelar a su líder que no quiso someterse a los dictados de los hombres de presa y del calderonismo, destruir al organismo e imponer otro controlado por la empresa, y desmantelar sus conquistas sociales (el derecho a la huelga, a la seguridad industrial, la libre organización, el contrato colectivo, la reducción y eliminación de las prestaciones y los salarios pagados). Después continuaron la violenta embestida con los mineros de ese lugar y sus familias. Los aparatos de represión del Estado se cubrieron de gloria, al igual que con los 1 mil 200 mineros de Cananea que fueron arrojados impunemente a la calle, y con los de Sombrerete, Zacatecas, y Taxco, Guerrero. Brutales con los trabajadores, a los inversionistas de la minería, donde tienen gran presencia los canadienses, se les ha apoyado fiscalmente y se les permite pisotear los derechos de trabajadores, contaminar y destruir la ecología.
Si los trabajadores no aceptan por las buenas la contrarreforma laboral neoliberal, necesaria para elevar la “productividad”, la “competitividad” y las ganancias empresariales, a costa de la miseria y de la vida de los trabajadores, la extrema derecha gobernante la impone a garrotazos y arrojando las leyes laborales y la carta magna al bote de basura.
Favor con favor se paga, y generosamente. Al amigo y socio neoliberal Larrea, actualmente miembro de los consejos de administración de Vamos México y de Televisa, se le paga con creces su financiamiento de la campaña presidencial de Fox. ¿Qué permite suponer que no hizo lo mismo con la de Calderón? Se dice que Calderón le entregó simbólicamente a José Luis Barraza y al grupo Banamex –Roberto Hernández y los antiguos accionistas de ese grupo financiero conocen perfectamente las “bondades” del capitalismo de amigotes: recibieron 6.2 mil millones de dólares contantes y sonantes, libres de impuestos, al vender al intermediario al Citigroup, que saquea alegremente a los ahorradores y las empresas locales con la complacencia gubernamental– a Aeroméxico, por la ayuda financiera que le permitió asaltar la Presidencia en 2006, cruzada que involucró a la mafia oligárquica.
Se dice, asimismo, que Barraza, entonces presidente del Consejo Coordinador Empresarial, pagó 130 millones a la radio y la televisión para aceitar la guerra sucia en contra de Andrés Manuel López Obrador (La Jornada, 18 de octubre de 2007). En un gesto dadivoso, José Ángel Córdova, Alonso Lujambio y Bruno Ferrari, de católicos valores familiares, no permitirán que otra romana familia, la Servitje, los concesionarios de la Coca-Cola y demás empresarios vendedores de basura disfrazada de alimentos, vean afectadas sus nada apostólicos negocios. Han garantizado que continúen intoxicando y atentando en contra de la salud de los infantes escolapios pobres, miserables y desnutridos.
A Gastón Azcárraga, no tienen nada que contarle de las virtudes del capitalismo mafioso: figuradamente, en circunstancias similares y por las mismas razones, se apoderó de Mexicana de Aviación, turbiamente la atracó y la llevó a la quiebra, con la benevolencia calderonista.
Juan Molinar, titular de Comunicaciones y Transportes –corresponsable de la muerte de los niños quemados en la Guardería ABC y que gracias a la generosidad de los supremos cortesanos no está en la cárcel, porque continúa impunemente con sus tropelías–, dice que no es el momento de investigar las escabrosas causas de la bancarrota de Mexicana de Aviación, sino salvar a la empresa. ¿A quién le importa, por ejemplo, el destino de los 1 mil millones de pesos “prestados”, en quién sabe qué condiciones, por el Banco Nacional de Comercio Exterior a la aerolínea, y quién los pagará, así como los derechos brutalmente pisoteados de los usuarios de la empresa?
No puede mezquinarse la titánica aplicación de Molinar. Está por sacar a flote a Mexicana de Aviación. Y lo hace develando otra parte del conmovedor rostro del capitalismo mafioso: el familiar. El difunto Camilo Mouriño, el álter ego de Calderón, fue espléndido con su raza al momento de repartir las jugosas concesiones que depredan y llevan a la ruina a Petróleos Mexicanos. Molinar ahora rescata a Mexicana de su escabrosa ruina con oscuros “empresarios” de límpido pasado y linaje. La familia real no puede quedar fuera del negocio. El patriota Diego Hildebrando Zavala Gómez del Campo recibirá los dividendos por sus servicios. Por su contribución en el miasma electoral de 2006 que le dio el triunfo a Calderón, y por ser familiar de la princesa Margarita de Calderón. Hace poco, otro familiar de doña Margarita, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, disfrutaba plácidamente de la depredación de la concesionada Guardería ABC; pero su maldito incendio y, en mala hora, la muerte de los infantes acabaron con su negocio opulentamente pagado con nuestros impuestos. No obstante, los ministros cortesanos evitaron que arrumbara su osamenta en la cárcel. Los socios y los amigos de la derecha panista no fueron olvidados por Molinar: Andrés Rozental, medio hermano del mercenario Jorge Castañeda, y colaborador de Calderón; Vicente Ariztegui, contribuyente de la campaña de Calderón, y Javier, de apellido Molinar, entre otros, se sumarán en la cruzada que rescatará a Mexicana de sus cenizas, como el ave fénix; se apoderarán de ella a precios de regalo.
Una de las condiciones impuestas para esa patriótica contribución será, para beneplácito de Javier Lozano, la destrucción del contrato colectivo de los trabajadores y la reducción de sus prestaciones; la “flexibilidad” laboral otra vez para los esclavos modernos.
El asalto nocturno de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, al estilo del Decreto Noche y Niebla, igualmente conocido como Decreto NN, emitido por Hitler en 1941, también ha reportado beneficios. A los trabajadores electricistas les tocó la “flexibilidad”; a los desconocidos hombres de presa –para la sociedad, no para los calderonistas–, al menos 505 contratos por un monto de más de 1 mil millones de pesos, entregados directamente, sin licitación de por medio. ¿En qué condiciones? Nadie sabe. A Calderón y Lozano nada les importa el desastre eléctrico de la Zona Metropolitana. Que paguen sus votos por la izquierda gobernante capitalina.
Televisa, financiador de campañas panistas y feroz enemigo de los grupos progresistas, y su socio Nextel no quedaron fuera del negocio, al obtener el usufructo del espectro radioeléctrico. Pero este “detalle” merece comentarse separadamente.
El capitalismo mafioso, de amigotes, familiares y socios opera con soltura como una versión autóctona del Decreto NN; envuelve y oscurece los turbios negocios que algún día tendrán que descubrirse para restaurar la justicia y el estado de derecho, como un paso insoslayable para instaurar la república democrática y acabar con la depredación neoliberal y el despotismo político.

Inédito en Latinoamérica: Bolivia elegirá sus Magistrados Judiciales en elecciones populares

No los escogerá el ejecutivo

Por: Agencia Boliviana de Información ABI

La Paz, febrero 11 - Los bolivianos elegirán por primera vez con su voto a sus autoridades judiciales como un ejemplo para las naciones latinoamericanas, afirmó el jueves el presidente Evo Morales.

En una conferencia de prensa, en el palacio de Gobierno, el Jefe de Estado reiteró que su Gobierno está empeñado en llevar adelante una "profunda revolución estructural para que la justicia sea válida para todos y no sólo para los grupos de poder económico".

El proceso tomará su tiempo porque se trata de contar con Leyes que normen la administración de la justicia.

El Primer Mandatario señaló que, de esa manera, "Bolivia se constituirá en un precedente en Latinoamérica porque será el voto de los ciudadanos que no solamente elija a su Presidente, Vicepresidente o asambleístas legislativos, sino también a los magistrados".

Morales subrayó que la Asamblea Legislativa Plurinacional había aprobado una Ley de Transición para entregarle la prerrogativa de designar a autoridades judiciales interinas con el propósito de impedir una mayor retardación de justicia por la cantidad de acefalias existentes en el Poder Judicial.

"La justicia no puede quedar paralizada por mucho tiempo porque eso va en desmedro de la aplicación de las leyes, por lo que designaré a los magistrados interinos tras consultar con las instituciones que conocen y las organizaciones sociales con el fin de elegir a los mejores hombres y mujeres que administren las leyes, entre tanto la Asamblea Legislativa concluye la organización legal del Poder Judicial", dijo.

El Primer Mandatario explicó que esa determinación fue adoptada tras los permanentes esfuerzos realizados por el presidente nato del Congreso, Alvaro García Linera, para lograr acuerdos destinados a la designación de los magistrados.

García Linera ha sostenido reuniones con los representantes de las bancadas del anterior Congreso sin lograr consensos porque se mantenía vigente en las agrupaciones neoliberales la "cultura" de establecer el cuoteo de los cargos.

Comentario: Es inédito, recomendable y ejemplar. Sería bueno que esta propuesta se incluyera dentro del nuevo constituyente.

Justicia secuestrada

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

MÉXICO, DF, 27 de noviembre (apro).- Relegado por décadas a un "poder de tercera", el tercer poder del Estado mexicano, el Judicial, pasa por estos días por un proceso de recambio político burocrático que está en manos de los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo.
En días próximos, el Senado de la República deberá designar a dos nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que habrán de ejercer a partir de este fin de año hasta el 2024.

Formalmente, los tres poderes se ajustan a lo que dice la Constitución.
Pero en la práctica, la designación de los llamados "máximos jueces" del país no es más que otra más de las negociaciones de los partidos y jefes políticos del país en la que prevalecen los intereses de grupo y no las cualidades técnicas y reputación de los designados.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 96 de la Constitución, como titular del Ejecutivo, Felipe Calderón ya propuso al Senado dos ternas de candidatos para sustituir a los ministros Mariano Azuela Güitrón y Genaro David Góngora Pimentel.
La semana pasada, el Senado hizo una supuesta auscultación de los candidatos. Pero el ejercicio no llegó siquiera a un examen profesional de licenciatura.
Carentes de rigor y conocimiento, los senadores se limitaron a lanzar algunas preguntas improvisadas para dejar en libertad de lucimiento al ponente.
Lo que los candidatos a ministros saben o no es lo de menos. Lo importante es el grupo al que pertenecen y el padrinazgo que tienen.
El Judicial es desde luego un poder político. No puede ser de otra manera al constituir uno de los componentes del Estado.
Pero que los integrantes del máximo tribunal se negocien como cualquier cargo burocrático, deja en claro que los más altos responsables de la justicia en México responden a intereses específicos hasta que en su cargo como ministros demuestren lo contrario.
No sólo es el caso de la Suprema Corte. También ocurre en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la instancia encargada de la administración, vigilancia y disciplina de los juzgados y tribunales federales.
Encargado de administrar los millonarios recursos del Poder Judicial, el Consejo cuenta con siete miembros: Tres los designa el propio Poder Judicial, dos el Senado y uno el Ejecutivo. El séptimo integrantes es el presidente de la Corte.
Si bien los pertenecientes al Poder Judicial hacen mayoría, esa composición garantiza que el presidente y los senadores se meten en el manejo de la administración de la justicia en el país.
Surgido tras reforma judicial de diciembre de 1994, el Consejo se ha convertido en un poderoso instrumento para el ejercicio del poder a través de los jueces y magistrados.
La muestra más reciente se llama Daniel Cabeza de Vaca, quien por gracia presidencial ahora es magistrado, integrante desde la semana pasada del Consejo de la Judicatura.
Con una carrera burocrática al amparo de Fox, Cabeza de Vaca fue consejero jurídico de la Presidencia y procurador general de la República. Con Calderón, subsecretario de Gobernación, sin que en ningún caso se distinguiera. Todo lo contrario.
Sustituye en el Consejo a María Teresa Herrera Tello, quien de consejera jurídica y secretaria de la Reforma Agraria con Fox, pasó también a ser magistrada del CJF. De lo que hizo en los pasados cinco años a favor de la justicia sólo ella lo sabe.
Es el mismo caso de los magistrados colocados por el Senado. Lo peor es que junto con los representantes del Poder Judicial han hecho del Consejo una plataforma para la Suprema Corte o, en el peor de los casos, para influir en los jueces de distrito o magistrados de tribunales unitarios o colegiados.
Eso explica las resoluciones de juzgados, tribunales y la Corte que agravian a la sociedad al proteger personas e intereses específicos. En la llamada nueva época del Poder Judicial –desde la reforma del 94– los casos abundan.

Comentarios: jcarrasco@proceso.com.mx

Opacidad en el Poder Judicial

ERNESTO VILLANUEVA

Las cosas en el Poder Judicial de la Federación van de mal en peor en materia de transparencia y rendición de cuentas. No es, en modo alguno, mi opinión particular, sino el reflejo de diversos datos extraídos de la realidad. Vamos por partes. Primero. A propuesta del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Guillermo Ortiz Mayagoitia, se declaró a 2008 como el “Año de la Transparencia” en el Poder Judicial de la Federación. Pero de acuerdo con el Índice de accesibilidad a la información judicial, elaborado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), los hechos apuntan exactamente en sentido contrario. Durante dicho período, México se colocó en la posición 21 de los 35 países de las Américas aunque cuenta con una buena Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En 2004 y 2006, México había pasado con una calificación de 64.5 (fueron evaluados 100 puntos); en 2007 reprobó con 49.50, y en 2008, “Año de la Transparencia”, bajó al 42.18. En suma, de 2004 a 2008 el Poder Judicial de la Federación ha aumentado en 7% su opacidad, lo que indica que la “transparencia” fue sólo una campaña publicitaria.Segundo. Los datos de Índice del CEJA no se alejan de la realidad. Ejercer el derecho de acceso a la información pública en el Poder Judicial de la Federación es toda una odisea. Así, por ejemplo, al solicitar los documentos de los gastos de comidas de cada uno de los ministros, con desglose individual, se entregó un total con las facturas tachadas para que no pudieran conocerse los lugares donde se consumieron las comidas o cenas. Los montos pagados por cada una de ellas son altísimos, pues el promedio es de 5 mil pesos. Hay una, por ejemplo, donde el consumo fue de 15 mil pesos, pero se pagaron 17 mil 500, es decir, con 2 mil 500 pesos de propina cargados al pueblo de México. Tercero. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), como ya es costumbre, mienten y dan cifras falsas sobre los ingresos de los magistrados. Como es ya de conocimiento público, ganan un promedio de 340 mil pesos netos. Pero hasta ahora no se sabía –de ello se informa aquí por primera vez– de algunas “prestaciones” confidenciales de los magistrados: a) Tienen (para ajustar la devaluación del peso-dólar) cinco bonos anuales, equivalentes cada uno de ellos a un salario global mensual, para protegerse de las fluctuaciones del peso, lo cual significa que, en realidad, el sueldo de los ministros asciende a 481 mil pesos mensuales libres de polvo y paja; b) disponen de por lo menos dos vehículos, uno de los cuales lo compra el TEPJF y se les otorga como prestación, mientras que el otro se les facilita para el desempeño de sus funciones, con un costo máximo de 400 mil pesos por unidad; c) adicionalmente, cuentan con 30 mil pesos mensuales que pueden emplear como su imaginación les indique, independientemente de que reciben servicio de comedor con atención personalizada bajo dieta específica, apoyo logístico de vehículos que los trasladan al aeropuerto o a cualquier tipo de evento que tengan a nivel nacional, con choferes incluidos que pueden conducirlos hasta los salones oficiales del aeropuerto, donde no pagan un centavo.Cuarto. En este esquema de abundancia de dinero y de halagos mutuos, no han dejado de actuar la adicción al poder y la soberbia. En un texto inédito del que también por primera vez se informa aquí, el magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar habla de su propuesta de cerrar el acceso a las boletas electorales de 2006. Ejerciendo presiones y amenazas contra mí, posteriormente me exigió que no publicara ese escrito, destinado a ser parte de un libro académico sobre las boletas de 2006. A reserva de hacer lo propio con la obra académica –esa era y es su finalidad–, se reproduce aquí el punto de partida que plantea el promotor de la opacidad judicial. Nava Gomar considera que quienes opinamos a favor de la revisión de las boletas somos ignorantes, flojos e irresponsables. Dice: “Debo reconocer haber efectuado atenta lectura de tales notas públicas firmadas por columnistas y periodistas al respecto, y expresar que la cascada de referencias sobre el proceder de la Sala Superior del TEPJF ha sido superficial al grado de compartir –a toro pasado– la razonable duda de, si la mayoría de los articulistas que le dedicaron al tema sus impresiones, habrían tenido la oportunidad de leer en extenso la resolución de comentario. A lo visto, el análisis periférico que en general se hizo público sobre la sentencia de comentario se debió a ese factor: escasa documentación sobre el cuerpo integral de la resolución”. Habrá qué ver qué dicen al final sobre este asunto la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
evillanueva99@yahoo.com

"¡Lo peor está por llegar!"

Desprecio por la función judicial

JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO

¿Por qué redujo la Cámara de Diputados el presupuesto a ejercerse en 2009 por el Poder Judicial de la Federación?Como se supo, el miércoles 12, la Cámara redujo ese presupuesto en la sensible suma de 5 mil 500 millones de pesos, o sea 14.5% menos de lo que se había aceptado originalmente.A la Suprema Corte de Justicia de la Nación le recortaron 800 millones de pesos, y 5 mil millones al Consejo de la Judicatura Federal. El resto del ajuste lo pusieron los diputados a cargo del presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).Como se sabe bien, el Ejecutivo federal anualmente le encarga a su secretario de Hacienda que formule un proyecto de presupuesto aplicable para el siguiente año, que en forma definitiva sólo puede ser acordado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ya que la Cámara de Senadores en estas cuestiones resulta ser un convidado de piedra.El titular de la Secretaría de Hacienda calcula el presupuesto que se requiere para las oficinas y servicios del propio Ejecutivo federal. Los requerimientos del Poder Legislativo son atendidos por una de sus cámaras (la de Diputados), aunque se aplique a ambas.Fundamento mis comentarios:El último párrafo del artículo 100 constitucional textualmente dice: "La Suprema Corte de Justicia elaborará su propio presupuesto y el Consejo (de la Judicatura Federal) lo hará para el resto del Poder Judicial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 99 (que dispone que el Tribunal Federal Electoral propondrá su presupuesto al Presidente de la Suprema Corte, para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto del Poder Judicial). Los presupuestos así elaborados -continúa el artículo- serán remitidos por el presidente de la Suprema Corte para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación".Como puede advertirse, la Constitución Política que nos rige no dispone que el Ejecutivo federal sea el que determine cuál es el presupuesto conveniente para sí y también para el Poder Judicial, sino simplemente ordena que se asigne el presupuesto adecuado para la Suprema Corte, para el Consejo de la Judicatura Federal y para el TEPJF, y son reunidos éstos bajo el procedimiento ordenado por la Constitución.El presidente de los dos primeros organismos los enviará y debe entenderse que directamente a la Cámara de Diputados (tal y como sí lo hace el Poder Ejecutivo Federal), y ésta aprobarlos o rechazarlos según su parecer.Nada dice la Constitución sobre cómo responsabilizar a la propia Cámara de Diputados para el caso que ponga en crisis económica a un Poder Federal, distinto a aquél al cual pertenece el Poder Legislativo, cuando que es una cuestión muy importante, pues si la Cámara de Diputados puede resolver a su gusto y placer lo que requieren los otros dos Poderes de la Unión, en realidad dicha cámara se convierte en el Estado mismo, ya que -vía la economía- puede influir en los otros dos Poderes (incluyendo a la Cámara de Senadores) de la Unión.La presión que con ello proyecta como bólido la Cámara de Diputados la convierte en Estado de Poder Absoluto e Irresponsable. Primera observación que me urgía plantear en este envío.La segunda se refiere a la razón por la cual estamos afrontando esta reducción tan notable. La explicación -bien conocida- es que el Ejecutivo federal y su secretario de Hacienda, cuando formularon su presupuesto, contemplaron un estado dado de la nación mexicana y de sus necesidades. Cuando realizaron su estimado, el país no estaba en crisis económica, y aparentemente el Ejecutivo y el secretario no "se olieron" que Estados Unidos y el mundo que ellos rigen estaba a punto de entrar en una crisis económica y financiera.Cuando ésta llegó al fin y los funcionarios no podían hacer nada para evitarlo se les ocurrió que, para no alarmar mucho a la población y causar una reacción de estampida, era menester hablar de la crisis como si se tratara de un "catarrito".Lo anterior fue tanto como decirle a los mexicanos: "No le tengas miedo al coco. Es un bromista que se puso una manta pintada para asustarnos. Pero en realidad no existe; no puede existir". Y cuando el coco se hizo presente, ya formulado su primer cálculo de necesidades nacionales para un paraíso soñado, se plantearon, en unión de la Cámara de Diputados: "¿Ahora a quién amolamos?"Cuando a un particular lo cesan, le reducen sus sueldos, o le falla el sistema de resoluciones tomadas antes de estos siniestros, lo primero que piensa es: "¿En qué puedo ahorrar?"Yo mismo pasé por esos tragos amargos y me planteaba: "La comida, el vestido, la renta y la educación de las niñas (así en mi caso) son gastos prioritarios que no deben tocarse. Habrá que ahorrar en lo no importante, en lo no trascendente, en lo que puede esperar".Y así fue como, ante todo, los diputados no sólo aseguraron sus dietas, sino que ¡las aumentaron! Focalizaron la mirada institucional, y fueron ante todo asegurando lo que para ellos es la categoría prioritaria: militares, marinos, policías, sus propios sueldos, y uno que otro "negocito" ("¿Entonces para qué llegamos si no vamos a beneficiarnos?").Pero eso es sólo la primera parte de la política que evitará el desastre. La segunda: ¿A quién le "bajamos" de aquello que nos pidieron?Ante todo le llegaron fuerte a sus "colegas senadores". Les redujeron 22% de sus recursos. A la Auditoría Superior de la Federación, que tanto los muele. Al Instituto Federal Electoral (al cabo nadie los quiere), y por supuesto al Poder Judicial de la Federación, al cual le hicieron "manita de puerco". ¡Ah! y 40 millones a los zongolicos.Conjeturo: Quizá lo hicieron por la gran cantidad de veces que les han invalidado sus leyes inconstitucionales, o por la constante y chocante recomendación de que lean la Constitución en sus descansos.En todas las empresas privadas, e igualmente en los institutos públicos, el grueso de los gastos lo constituyen los sueldos del personal. En el cálculo presupuestal de todos estos organismos lo primero que se plantea es cuánto ha subido el costo de la vida y en cuánto se ha devaluado la moneda corriente.Y establecido este acto de realismo humanitario se determina el porcentaje que es necesario aumentar en los sueldos de todo el personal. Con ello los empleados no ganan más: sólo mantienen el mismo salario.Pero lo que resulta más llamativo (por no decir deplorable) es el recorte al Consejo de la Judicatura.Ya he recordado que se presupuestan por separado las tres ramas que integran al Poder Judicial Federal. El presupuesto de la Suprema Corte toma principalmente en cuenta los sueldos de los ministros, los secretarios, el personal auxiliar, y los trabajadores de planta y de servicios.El mantenimiento y los servicios necesarios no resultan excesivamente elevados en la Corte. Contrariamente a lo que se cree, los ministros no tienen más viajes que los de sus vacaciones personales y familiares, que por cierto los cubren de su propio peculio. Quien viaja con relativa frecuencia es su presidente (que también lo es del Consejo de la Judicatura), porque debe tomar nota e inspeccionar a numerosos tribunales, juzgados, bibliotecas, y actividades diversas, en toda la República. La Corte o el Consejo de la Judicatura no cuentan con aviones propios: los viajes indispensables tienen el principal auxilio de las fuerzas militares del país.El Tribunal Federal Electoral (que por cierto el año entrante tendrá un continuo funcionamiento muy pesado) debe observarse y evaluarse bajo bases muy similares a las de la Corte Suprema.Pero el Consejo de la Judicatura debe atender a todos los jueces y magistrados (unitarios y colegiados) de la capital y de toda la República.Ante todo debe atender las necesidades de impartir justicia, que cada año aumenta en forma notable. Debe entenderse que la población crece anualmente (rebasamos los 100 millones) y por ello hay más y más conflictos planteados para resolver en justicia.Debe atender el continuo requerimiento de más juzgados, más tribunales, más personal (sobre todo profesional, que es el más caro), y más gastos. Casi todos los años la Suprema Corte debe complementar sus altos gastos y requerimientos (máquinas, asentamientos, papel, transporte, etcétera). Todo el dinero extra que se asigne al Consejo será consumido rápidamente por la renta o la compra de inmuebles para instalar juzgados y tribunales con dignidad.¿Por qué disminuir todos esos servicios fundamentales?Pero lo que más importa: ¿Qué categoría le conceden los diputados a la administración e impartición de justicia?¿Modesta? ¿Mediana? ¿Fundamental?Bueno, dejo de escribir sin saber por qué me repito a mí mismo unos dichos de los mexicanos: "¡Por eso estamos como estamos!" y "¡Lo peor está por llegar!" l