Hace 30 años: el día que murió la clase media

En Campo David, Obama recibe malas noticias procedentes de Afganistán y Pakistán.

Michael Moore

De cuando en cuando, alguien menor de 30 años me pregunta: ¿Cuándo empezó Estados Unidos a ir cuesta abajo? Dicen que durante mucho tiempo oyeron que los trabajadores podían criar una familia y enviar a los hijos a la universidad sólo con el ingreso de uno de los padres (y que en estados como California y Nueva York la universidad era casi gratuita). Que cualquier persona que quisiera un empleo con un sueldo decente podía tenerlo. Que las personas trabajaban cinco días a la semana, ocho horas diarias, tenían todo el fin de semana libre y vacaciones pagadas cada verano. Que muchos empleados eran sindicalizados, desde los empacadores de la tienda hasta el pintor de brocha gorda, lo cual significaba que, por humilde que fuera el trabajo, uno tenía garantizada una pensión, aumentos de sueldo ocasionales, seguro médico y alguien que lo defendiera a uno en caso de recibir un trato injusto. Los jóvenes han oído hablar de ese tiempo mítico, pero no es un mito: era real. Y cuando preguntan ¿cuándo terminó?, les contesto: El 5 de agosto de 1981.

En esa fecha, hace 30 años, las grandes empresas y la derecha decidieron dar el golpe: ver si podían destruir la clase media para volverse más ricos. Y lo han logrado.

El 5 de agosto de 1981, el entonces presidente Ronald Reagan despidió a todos los miembros del sindicato de controladores aéreos (PATCO), que desafiaron su orden de regresar al trabajo, y declaró ilegal al sindicato. Llevaban apenas dos días en huelga. Fue un acto audaz y descarado. Nunca nadie lo había intentado. Lo que lo hizo aún más audaz fue que PATCO había sido uno de los tres sindicatos que respaldaron a Reagan para presidente. Una ola de conmoción sacudió a los trabajadores en todo el país. Si Reagan hizo eso a quienes estaban con él, ¿qué nos hará a nosotros?

Reagan fue impulsado en su candidatura presidencial por la gente de Wall Street, que junto con los cristianos de derecha quería restructurar el país y revertir la tendencia iniciada por el presidente Franklin Delano Roosevelt, dirigida a mejorar la vida del trabajador promedio. Los ricos odiaban pagar mejores salarios y prestaciones, y más aún pagar impuestos; además, despreciaban a los sindicatos. Los cristianos de derecha detestaban todo lo que les sonaba a socialismo o a tender la mano a las minorías o a las mujeres.

Reagan prometió poner fin a todo eso. Así que, cuando los controladores se pusieron en huelga, vio llegado el momento. Al deshacerse de ellos y proscribir su sindicato, envió un mensaje claro y fuerte: los días en que todos llevaban una confortable vida de clase media habían terminado. De allí en adelante, Estados Unidos sería gobernado en esta forma:

* Los súper ricos ganarán más, mucho más, y el resto de ustedes luchará por las migajas que sobren.

* ¡Todos a trabajar! Mamá, papá, los adolescentes de la casa. ¡Papá, consigue un segundo empleo! ¡Niños, allí está la cadena para la puerta! Tal vez sus padres regresen a tiempo para llevarlos a acostar.

* 50 millones de personas quedarán sin seguro médico. Y las compañías aseguradoras pueden decidir a quién ayudar... o no.

* ¡Los sindicatos son malos! No deben pertenecer a un sindicato. No necesitan abogados. ¡Cierren la boca y pónganse a trabajar! No, no se vayan todavía, no hemos terminado. Que los niños se preparen la cena.

* ¿Quieren ir a la universidad? No hay problema: firmen aquí y estarán vendidos a un banco los próximos 20 años.

* ¿Qué es eso de aumento de sueldo? ¡Cierren la boca y pónganse a trabajar!

Y así por el estilo. Pero Reagan no hubiera podido lograr esto por sí solo. Tuvo un gran ayudante: la AFL-CIO.

La mayor central de trabajadores del país dijo a sus agremiados que rompieran la huelga de los controladores aéreos y fueran a trabajar. Y así lo hicieron: pilotos, asistentes de vuelo, choferes de camiones de suministros, manejadores de equipaje: todos esos sindicalizados ayudaron a romper la huelga. Y sindicalizados de todos los ramos rompieron también la huelga al volver a viajar en avión.

¡Reagan y Wall Street no podían creer lo que veían! Cientos de miles de trabajadores y sindicalistas apoyaban el despido de compañeros sindicalizados. Fue un regalo de Navidad adelantado para los grandes consorcios del país.

Fue el principio del fin. Reagan y los republicanos supieron que podrían salirse con la suya en lo que fuera... y así lo hicieron. Recortaron impuestos a los ricos. Dificultaron la formación de sindicatos en los centros de trabajo. Eliminaron las normas de seguridad en las instalaciones fabriles. Pasaron por encima de las leyes antimonopolios y permitieron que miles de compañías se fusionaran o fueran adquiridas por otras y después cerradas. Los consorcios congelaron salarios y amenazaron con mudarse a otros países si los trabajadores no aceptaban menor paga y menos prestaciones. Y cuando los trabajadores accedieron, de todos modos se mudaron al extranjero.

Y todo el tiempo la mayoría de los estadunidenses lo aceptaron. Hubo muy poca oposición o resistencia. Las masas no se levantaron a proteger sus empleos, sus hogares, sus escuelas (que alguna vez fueron las mejores del mundo). Aceptaron su destino y recibieron la golpiza. A menudo me he preguntado qué habría ocurrido si todos hubiéramos dejado de volar en 1981. Si los sindicatos le hubieran dicho a Reagan: Devuélveles su empleo a los controladores o paralizaremos la nación. Ustedes saben lo que habría pasado: la elite empresarial y su muchacho Reagan se habrían doblegado.

Pero no lo hicimos. Y así, poco a poco, en los 30 años siguientes, los que han estado en el poder han destruido a la clase media del país y, a su vez, han arruinado el futuro de nuestros jóvenes. Los salarios han permanecido estancados esos 30 años. Echen una ojeada a las estadísticas y verán que cada descenso que sufrimos ahora comenzó en 1981 (vean en <www.youtube.com/watch?v=vvVAPsn3Fpk> una pequeña escena de mi película más reciente que ilustra esto).

Todo empezó este día, hace 30 años. Uno de los días más negros en la historia estadunidense. Y nosotros dejamos que ocurriera. Sí, ellos tenían el dinero, los medios masivos y los policías. Pero nosotros éramos 200 millones. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasaría si 200 millones se pusieran furiosos de verdad y quisieran que les devolvieran su patria, su vida, sus empleos, sus fines de semana, el tiempo que pasaban con sus hijos?

¿Nos hemos dado todos por vencidos? ¿Qué estamos esperando? Olvidémonos del 20 por ciento que apoya al Tea Party: ¡nosotros somos el otro 80 por ciento! Esta ida cuesta abajo sólo terminará cuando lo exijamos. Y no con una petición en línea o un tuit. Tendremos que apagar la televisión, la computadora y los videojuegos y salir a las calles (como hicieron en Wisconsin). Algunos de ustedes tendrán que postularse a cargos de elección en sus localidades el año próximo. Necesitamos que los demócratas hagan acopio de valor y dejen de recibir dinero de los consorcios... o se hagan a un lado.

¿Cuándo tendremos suficiente? El sueño de la clase media no va a reaparecer por arte de magia. El plan de Wall Street es claro: Estados Unidos será una nación de ricos y desposeídos. ¿Están ustedes conformes con eso?

¿Por qué no utilizar este día para hacer una pausa y pensar en los pasos que cada uno puede dar para revertir esta tendencia en nuestro vecindario, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra escuela? ¿Habrá un día mejor que hoy para empezar?

Su amigo, Michael Moore.

Traducción: Jorge Anaya

MMFlint@aol.com - http://MichaelMoore.com

30 Years Ago Today: The Day the Middle Class Died

By Michael Moore

From time to time, someone under 30 will ask me, "When did this all begin, America's downward slide?" They say they've heard of a time when working people could raise a family and send the kids to college on just one parent's income (and that college in states like California and New York was almost free). That anyone who wanted a decent paying job could get one. That people only worked five days a week, eight hours a day, got the whole weekend off and had a paid vacation every summer. That many jobs were union jobs, from baggers at the grocery store to the guy painting your house, and this meant that no matter how "lowly" your job was you had guarantees of a pension, occasional raises, health insurance and someone to stick up for you if you were unfairly treated.

Young people have heard of this mythical time -- but it was no myth, it was real. And when they ask, "When did this all end?", I say, "It ended on this day: August 5th, 1981."

Beginning on this date, 30 years ago, Big Business and the Right Wing decided to "go for it" -- to see if they could actually destroy the middle class so that they could become richer themselves.

To read the article HERE.

Repudio en Wisconsin

Decenas de miles de personas, entre maestros, estudiantes, trabajadores, artistas, campesinos y líderes sociales colmaron la capital de esa entidad estadunidense para rechazar la promulgación de una ley que anula los derechos sindicales de burócratas Foto Reuters

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España sorprende otra vez

José Luis Zapatero, presidente de España.

Orlando Delgado Selley

MÉXICO, D.F., 4 de febrero (apro).- Si ya España era un referente mundial en materia de acuerdos sociales y políticos –nadie duda de lo emblemático que fue el Pacto de la Moncloa, firmado en octubre de 1977, y que estableció la legalidad democrática después de la dictadura de Francisco Franco--, ahora nos da una nueva lección.

El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, firmó un acuerdo fundamental con los principales organismos sindicales y las agrupaciones patronales más representativas del país, para darle una salida a la propuesta oficial de reforma laboral, que tenía enfrentadas a las partes y crispados los ánimos de la población.

Además de establecer la vía del diálogo con empresarios y, sobre todo, con los representantes sindicales, cómo único mecanismo para resolver cualquier diferendo en el ámbito laboral, Zapatero logró, luego de un estira y afloja que le hacían caer dramáticamente en la aceptación de la gente, que los sindicatos aceptaran alargar dos años más a la edad de jubilación, un año menos de lo que pretendía el gobierno, quien además quería llevar a 41 años el tiempo de cotización en la seguridad social para tener derecho a una pensión al 100%.

Es un hecho que desde el Pacto de la Moncloa no había habido un acuerdo social de esa envergadura. Inclusive el presidente de gobierno español mereció felicitaciones de los mandatarios de Francia y Alemania, Nicolás Sarkozy y Angela Merkel, respectivamente.

El acuerdo firmado por Zapatero con la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC OO), las agrupaciones patronales (Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE, y la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas, CEPYME, expresa la voluntad de esos actores para firmar una reforma laboral.

Este acuerdo, en efecto, como lo señaló el propio Zapatero, establece el diálogo social con sindicatos y empresarios como "uno de los grandes activos" que distinguen a España en los procesos de reformas estructurales que protagonizan los países europeos frente a la recesión económica. Y situó la "refundación del diálogo social" como objetivo estratégico para iniciar la recuperación económica.

En Francia, hace apenas dos meses, luego de jornadas memorables de lucha social con grandes manifestaciones en todo el territorio, que a cada nueva convocatoria ampliaban su respaldo, el gobierno se impuso. Donde, además, se habían unido a la resistencia estudiantes de distintos grados, dándole frescura y radicalidad, finalmente un parlamento ajeno a esos reclamos aprobó una reforma a las pensiones.

No era, ni de lejos, lo que aprobaron sindicatos, patrones y gobierno en España. Eso Sarkozy ni siquiera se atreve a plantearlo, pero logró postergar los tiempos de jubilación y añadirle cotizaciones.

En España lo novedoso es que ha habido un acuerdo no en el parlamento, sino con sindicatos y patrones. Y eso no es que sea nuevo, es que realmente es fundamental. Dicho acuerdo establece que para modificar cualquier cuestión en materia laboral se tiene que discutir con los dos grandes actores involucrados: trabajadores y patrones.

Y ello implica una noción de democracia que no se restringe a la votación de los representantes electos en procesos en los que participan los partidos políticos. Democracia, en un sentido más amplio, es incorporar a la discusión a otros “electos”: los dirigentes sindicales. Pero también a los patrones, aunque con ellos el acuerdo con ellos el arreglo es trivial ya que se trata de reducir prestaciones.

Por eso el “acuerdo español” tiene una enorme relevancia. Responde a requerimientos que indudablemente existen. Responde, también, a presiones de distinto signo: la de “los mercados”, que abiertamente se han propuesto eliminar el Estado de bienestar y la de los desempleados, los parados, que alcanzan cifras dramáticas.

Los “mercados” quieren eliminar el Estado benefactor por razones de corto y de largo plazo. Las de corto son presupuestales: se trata de darle espacio a los mayores intereses que cobran para aceptar financiar la deuda soberana española. Las de largo plazo son conocidas: eliminar la asistencia, la seguridad social y las pensiones solidarias, abre espacios al mercado, es decir a esos capitales, para que los trabajadores “paguen” sus derechos sociales a empresas privadas.

Los parados, por su parte, lo que requieren es trabajo. Las cifras son impresionantes: 4.7 millones de personas sin trabajo, el 20.3% de la fuerza laboral española. Se trata del país con el mayor índice de desempleo en el mundo. Con un porcentaje de parados menor al 10% los estadunidenses han implementado medidas monetarias extraordinarias.

Si se desagrega la información sobre el desempleo en España, resulta que el paro entre los jóvenes menores de 25 años llega a un dramático 42.8%, es decir, casi la mitad de los españoles jóvenes no tiene trabajo. Más grave aún, no lo ha tenido desde hace tiempo. Incluso en los tiempos buenos los empleos para jóvenes eran precarios, mal pagados, temporales y sin prestaciones.

También es impresionante que en un millón 320 mil hogares todos los miembros estén sin trabajo.

Este gravísimo problema tiene varias explicaciones. La primera, por supuesto, es que si no hay demanda, no hay producción y, en consecuencia, se eliminan puestos de trabajo. Para crearlos hace falta que la economía crezca, pero no a cualquier ritmo. Los crecimientos vegetativos no crean empleo. Así que hay que crecer a tasas que amplíen la demanda de trabajo. Otra explicación complementaria es la competitividad. Si las empresas españolas no son internacionalmente competitivas trabajando en la propia España, sus plantas se localizarán en otros lugares del mundo. Las firmas españolas con fuerza mundial en el mercado de prendas de vestir, Zara, Massimo Dutti, Oysho, etc. no fabrican en España sino en Asia, América Latina o África.

Otro elemento explicativo es que las prestaciones y remuneraciones vigentes en el mercado español, en consecuencia, pueden resultar un desestímulo para que las empresas internaciones se localicen en ese país, así como para las propias empresas españolas que pretendan competir a escala global e incluso en el mismo suelo español. La presión por abaratar el costo de la fuerza de trabajo existe entre los trabajadores, dadas las difíciles condiciones que genera el desempleo. Por eso el trabajo se ha precarizado y por eso es difícil impedirlo. Apelar a la negociación colectiva para controlar esa precarización es importante. No se evita, pero se le limita.

España ha abierto un camino que pudiera ser relevante para toda la Europa solidaria y equitativa. Si acaso las reformas son inevitables, habrá que hacerlas con los afectados. Ellos son los que tienen que aceptarlas. Para esto son insuficientes los acuerdos parlamentarios. Esa representación debiera entenderse para enfrentar responsabilidades de otro tipo. La democracia electoral tiene que ser completada con una democracia en la que los afectados no sólo tienen que ser escuchados, tienen que ser considerados. Y en esto, hay que reconocer que España ha puesto un blasón muy alto.

Comentarios: o_selley2001@yahoo.com

La educación, al borde de la quiebra

Axel Didriksson

Durante la primera semana de noviembre, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados envió a la Comisión de Presupuestos sus recomendaciones para equilibrar las distorsionadas partidas orientadas al gasto en el sector educativo para el año 2011.

Como se sabe, para el próximo año el presupuesto educativo programado, así como los correspondientes a la cultura, a la investigación científica y al desarrollo y bienestar de la población, están por debajo de los que se han dedicado al Ejército y a la policía. No hay aumentos considerables para los primeros rubros, aunque sí algunos que de forma diferenciada se han destinado, por ejemplo, a la educación tecnológica y, por supuesto, a sectores que maneja de forma directa el SNTE.

Es una extraña manera de planificar el presupuesto nacional en estos temas tan sensibles y tan importantes. Como muestra, mientras los estudiantes de Ciudad Juárez, Chihuahua, se organizan para protestar en contra de la acción policiaca y militar, el gobierno federal aumenta las partidas que irán a reforzar la presencia represiva de las corporaciones policiacas y militares, al tiempo que reduce el presupuesto para fomentar la cobertura y la calidad de la educación que reciben los niños y jóvenes de esa entidad y, en general, del país.

Descartada la inflación, el incremento de los recursos para los más sensibles rubros del sector educativo se reduce a cero: para la educación indígena y rural, para el desarrollo educativo de las mujeres, para compensar las desigualdades sociales y territoriales, para la educación de los migrantes y sus hijos, para la investigación científica y para las universidades públicas, salvo ciertas excepciones, como el presupuesto para la UNAM (con un aumento de poco más del 5% respecto del año anterior), y las mejoras que han logrado una que otra universidad pública. Sin embargo, habrá recortes fuertes para instituciones como el IPN, la UAM y la UPN, así como para la gran mayoría de las universidades de los estados, que resentirán problemas muy agudos.

De manera particular, en las universidades de los estados se negocia una reducción de casi 1% de sus presupuestos respecto del año anterior, que afectará sobre todo a sus gastos operativos, concentrados en el pago de salarios y prestaciones, pero también a su capacidad para realizar innovaciones académicas o para ampliar los actuales niveles de ingreso de alumnos. Con los magros recursos que obtendrán durante 2011, las universidades públicas no podrán, entre muchas otras cosas, incrementar el número y la calidad de sus proyectos de investigación.

Asimismo, se está atentando contra la sobrevivencia de muchas universidades que, desde hace años, no han podido resolver el tema de las jubilaciones. Y con los recortes sucesivos que se han vivido durante todo el actual sexenio, lo que es un conflicto en ciernes cobrará enormes dimensiones. En los hechos, unas 10 universidades están al borde de la quiebra financiera, debido a que los déficits acumulados llegan a superar los 700 mil millones de pesos.

Así con todo, la SEP es una de las dependencias del gobierno federal con mayor subejercicio, tan sólo debajo de la Secretaría de Comunicaciones y de la Semarnap, por un monto de mil 440 millones de pesos durante el año en curso. Frente a las necesidades que se tienen, y ante los recortes que vienen, este mal manejo de las finanzas de la SEP resulta ser ineficacia pura, pero también una acción malosa y criminal. l

Sindicatos: la democracia mutilada

Sindicatos: la democracia mutilada

Adolfo Sánchez Rebolledo

Para documentar la distancia que aún nos separa de las llamadas democracias avanzadas, las europeas en particular, basta echar una mirada a lo que hoy mismo está sucediendo en el mundo del trabajo, más concretamente, en las relaciones laborales en tiempos de crisis. Si damos por descontado que el principal saldo negativo de la recesión internacional es el aumento del desempleo y, con él, la disminución de la calidad de vida de las familias, también es evidente que, aunque las causas de la crisis sean la mismas, los modos de afrontarla podrían diferir de país a país según en ellos existan o no sistemas de seguridad social, mecanismos de protección universales capaces de frenar sus efectos más destructivos sobre los asalariados.

En general, la crisis agudiza la inequidad, multiplica la pobreza y libera nuevas fuerzas, destruyendo parte de la riqueza acumulada en el pasado. Vista en su conjunto, la solución capitalista orquestada por los grandes centros financieros, no obstante las lecciones derivadas de la situación actual, omite una rectificación de fondo en las desgastadas líneas del catecismo neoliberal. En rigor, por eso se canta en París, Madrid o México la misma tonada acerca de la austeridad y el déficit, o se promueven idénticas reformas estructurales en materia laboral. En consecuencia, la situación empeora, ahondándose la desigualdad en la sociedad.

Allí donde sobreviven las instituciones del estado de bienestar, la principal resistencia a las medidas impuestas por las agencias supranacionales proviene de los sindicatos en defensa de sus derechos, con lo cual se protegen, a querer o no, también los de la ciudadanía entera, lanzada por la crisis a la más feroz competencia por la sobrevivencia. Pero las medidas preconizadas a escala global no responden, realmente, a situaciones específicas porque, en definitiva, están diseñadas para mantener la salud global de un sistema del que sólo se benefician las poderosas minorías que, en definitiva, cargan con la responsabilidad teórica y práctica de fomentar un modelo esencialmente injusto e ineficiente.

El resultado es el intento de de crear un mercado de trabajo sin interferencias proteccionistas, es decir, reduciendo a su mínima expresión los derechos alcanzados por los trabajadores en las etapas precedentes. La precarización absoluta de las condiciones de trabajo a escala universal se presenta como la gran fórmula para hacer despegar la productividad y recuperar el crecimiento. Pero es obvio, como ocurre hoy en España, que la reforma laboral presentada por el gobierno –y aprobada en el Congreso– no es una vía para la recuperación del empleo perdido dramáticamente en los años de crisis, sino el mecanismo ad hoc para abaratar el despido, asestándole un golpe seco al corazón mismo del diálogo social. Bajo la protesta en curso contra la reforma laboral, la reducción de la edad de jubilación y la prevista revisión de las pensiones, está la disputa entre quienes adoptan la estrategia conocida y fracasada y aquellos que creen posible una opción que no descargue en los más débiles la solución de la crisis. Es un dilema político que cada quien asumirá partiendo de sus fortalezas y debilidades. El éxito de la huelga general en el país peninsular, más allá de las campañas de desinformación bien concertadas, ilustra hasta qué punto la necesidad de buscar alternativas es ya una prioridad política incontestable para las fuerzas progresistas del orbe.

Sin embargo, pensando en nuestras particularidades nacionales, hay todavía una diferencia importante que también está vinculada al desarrollo y a la seriedad de la democracia: la presencia real (y por supuesto legal) de un sindicalismo actuante cuyos derechos no están sujetos a la voluntad del poder o al capricho de las empresas dominantes. Se podrá debatir la actualidad de sus soluciones o protestas, pero a nadie sorprende que en Francia se realicen sucesivas huelgas generales para revertir las decisiones del gobierno nacional o las disposiciones europeas que lesionan derechos colectivos. En México nada de eso es imaginable sin que antes se produzca un gran terremoto en el campo sindical. Crisis van y vienen y, excepción hecha de los sindicatos independientes que han planteado un programa coherente, lo cierto es que la minoría que admistra y gobierna el país se ve favorecida por la ausencia de un sindicalismo crítico, clasista, racional y socialmente responsable. Durante décadas los presidentes han hecho y deshecho a su antojo (y de sus sostenedores) la política económica sin recibir a cambio la respuesta necesaria de los trabajadores organizados, sujetos a la tutela de un sindicalismo decadente, fantasmal, desfasado que, sin embargo, resulta funcional dado el orden piramidal del poder, las complicidades interclasistas e interpartidistas y la mezquidad histórica del empresariado local. Hay, sí, muchas quejas provenientes de los círculos oficialistas contra el monopolio sindical, pero si se rasca un poco la superficie se verá que el tema de fondo en este caso no es tanto la democracia sindical como la intención de erosionar el principio nacionalizador que aún pervive en la denuncia de la corrupción (que es una realidad en Pemex y su sindicato) y tiene el no tan noble objetivo de atacar al sindicalismo en general en la perspectiva de las políticas privatizadoras que este gobierno no abandona.

Si de verdad se pretendiera fortalecer a los sindicatos, el gobierno, sus aliados en los medios y cierta intelectualidad que presume de liberal, habrían dirigido sus baterías al antidemocrático sindicato de la CFE (el innombrable SUTERM, que aplastó la autonomía sindical para servir al régimen en la privatización silenciosa de la energía e industria eléctrica) o al SNTE, cuyo papel en el atraso educativo del país es un hecho sabido y reconocido por propios y extraños. Más bien, la obsesión es, reitero, desnaturalizar por completo al sindicalismo. Esa es, en definitiva, la estrategia de Felipe Calderón, en cuyo nombre habla el secretario Lozano cuyas fobias –reiteradas en el caso del SME y el sindicato minero– ya merecerían un serio análisis sicológico.

A estas alturas, visto lo visto en México y en el mundo, se puede colegir que aquí la democracia está atrofiada por la mutilación histórica de uno de sus potenciales actores: las organizaciones sociales protegidas por la ley, entre ellas los sindicatos, cuya voz apenas si se escucha en tiempos de crisis. Hay quienes creen, por cierto, que este es un asunto de modas y que el impulso hacia el sindicalismo está muerto. Pero nada puede ser más falso. Hay que leer en estas mismas páginas los artículos de Arturo Alcalde (con las aberrantes reacciones que provoca) y Néstor de Buen, para darle dimensión al atraso que en términos legales, políticos y morales nos impone la existencia de ese sindicalismo de mentiras.

La ausencia de organizaciones sociales auténticas, representativas de los intereses legales e históricos de los trabajadores es la principal falla estructural en la configuración de una ciudadanía democrática, vigilante de sus derechos. Es esa terrible omisión la que castra el desarrollo político de generaciones de mexicanos.

Fuente: La jornada

Manifestaciones por Informe de Gobierno

http://www.youtube.com/watch?v=dUHkWrKJf94

LLAMADO URGENTE A EVITAR UN NUEVO HOLOCAUSTO

A TODAS LAS ORGANIZACIONES SINDICALES DEL MUNDO

En momentos en que la humanidad conmemora un nuevo aniversario del injustificado lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, que causaron la muerte inmediata de más de doscientas mil personas, mientras otros muchos murieron posteriormente o sufren ellos y sus descendientes graves secuelas, serias amenazas de un nuevo holocausto se ciernen sobre buena parte del mundo.

La obsesiva amenaza de las grandes potencias, encabezadas por Estados Unidos, de lanzar un ataque militar contra Irán, está a punto de desencadenar un conflicto nuclear de incalculables consecuencias que involucraría a todo el cercano y lejano Oriente, y afectaría la vida e integridad de toda la región, tal como acaba de alertar hoy el Comandante en Jefe Fidel Castro en la Sesión extraordinaria del Parlamento cubano, en la que convocó a exhortar a los principales líderes del mundo a persuadir al presidente Obama de no dar la orden de iniciar ese ataque.

Si bien resulta difícil que Estados Unidos renuncie a la inspección de los barcos mercantes iraníes, también debe tenerse muy en cuenta que Irán rechazaría tal decisión de manera contundente, dada su fuerte tradición patriótica y preparación, lo que iniciaría una cruenta guerra en la que morirían miles de iraníes, pero también miles de jóvenes militares de la marina norteamericana y muchos de otras naciones involucradas o cercanas.

La Central de Trabajadores de Cuba, ante el grave riesgo que corre una buena parte del mundo en caso de producirse el conflicto, hace un llamado urgente a todas las organizaciones sindicales, con independencia de afiliación regional o internacional, a sumar sus esfuerzos para persuadir al presidente de Estados Unidos a fin de que no de la orden de iniciar esas acciones, y que se dé una nueva oportunidad a la paz.

Fidel menciona en su llamado: “Sólo evitando la guerra la población del planeta podrá ser renovada; los recursos no renovables preservados; el cambio climático evitado; el trabajo útil de los seres humanos garantizado; los enfermos asistidos; los conocimientos esenciales, la cultura y la ciencia al servicio del hombre asegurados; los niños, adolescentes y jóvenes del mundo no perecerán en ese holocausto nuclear.”

Es una hora crucial para que el movimiento sindical internacional convoque a los premios Nobel de todas las latitudes a encaminar ingentes esfuerzos por persuadir a ese otro Premio Nobel presidente a hacer valer el reconocimiento que tan tempranamente le fue otorgado y demostrar con acciones su merecimiento.

Central de Trabajadores de Cuba.

¿Por qué Calderón tomó todos los locales de Luz y Fuerza y los obreros no toman instituciones?

México, DF. Opositores al cierre de Luz y Fuerza del Centro protestan afuera de uno de los módulos instalados por el gobierno federal para entregar, a quienes acepten de los 44 mil trabajadores de la compañía, la liquidación voluntaria. Notimex

Pedro Echeverría V.

1. Las masas siguen a sus dirigentes cuando traslucen su sinceridad, honradez y combatividad; si éstos, por el contrario, son pusilánimes, “precavidos”, muy educaditos y hasta vendidos, las masas les ven la “aureola”, los siguen por cierto tiempo, pero después los mandan al carajo y comienzan a hablar muy mal de ellos. Los dirigentes de los electricista, si no toman instituciones ni bloquean vías importantes, ¿con que fuerza van a “negociar” con el gobierno de Calderón? La fuerza de la razón es una razón de tontos; nunca nadie ha ganado una batalla importante con argumentos jurídicos o políticos si tras él no hay una fuerza mayor. Los ricos tienen como fuerza principal el dinero y los sirvientes que tienen en los tres poderes del gobierno; los trabajadores su única fuerza son las masas en permanente actividad y con muchas ideas.

2. Los ricos tienen el dinero y el ejército, pero nosotros –así lo decimos- tenemos a las masas trabajadoras. ¿Qué es un indígena, un campesino, un obrero, pidiendo justicia ante un poderoso gobierno y empresario sino un ser sin voz, inexistente? ¿Qué son diez mil obreros y campesinos con sus tambores, sus gritos y sus carteles sino algo que los intimida? ¿Qué son 20 mil obreros e izquierdistas bloqueando bancos, carreteras, medios, paralizando la ciudad durante tres días o una semana? Los líderes “precavidos” o blandengues dirán que la gente no responde y como no responde pues ni siquiera planteárselo y mucho menos prepararla para ello. La gente sí sabe luchar en las calles y defenderse del ejército y la policía; los altermundistas, los oaxaqueños, la CNTE, los campesinos zapatistas, sobre todo, los jóvenes anarquistas, han dado ejemplos.

3. No, no se habla de guerrillas urbanas o rurales –aunque no están descartadas porque parece que hacia allí empuja el gobierno y su brazo armado- sino de tomas pacíficas de instituciones bancarias, embajadas, carreteras y principales avenidas; igual de pacíficas como tomó el ejército y la policía las locales de Luz y Fuerza en cinco o seis estados de la República. El ejército cuando toma locales la gente corre aterrorizada o huye, cuando nosotros lo hacemos les pedimos o les pediremos respetuosamente a los empleados que se retiren. Esa es nuestra única arma efectiva para negociar. ¿O queremos acaso que nos vean la cara de tontos, que nos entretengan en negociaciones, cuando no tenemos una fuerza efectiva y real para negociar? Paralicemos la ciudad de México y el gobierno nos buscará como locos para negociar y no nosotros les pediremos el favor.

4. Por más gigantesca que sea una marcha (un millón de manifestantes) no sirve de casi nada si después todos se van a su casita a descansar y a ver la televisión. Eso el gobierno lo ha aprendido muy bien y hasta se burla: tres o cuatro horas de marcha dan tiempo para tomarse unos buenos tragos mientras todo vuelve a la normalidad. El imbécil presidente Fox cedió en 2005 porque era otra cosa: además de concentraciones varias de AMLO, no se le dejó en paz en sus actos, además que pensó en otra estrategia: el fraude electoral. Calderón es otra cosa: su política es de fuerza y de confrontación y los obreros electricistas, de la UNT, los mineros, no pueden pasarse el tiempo huyendo o queriendo negociar solo por “su cara bonita”. No hay nada que negociar con el gobierno; lo único que corresponde son una enorme cantidad de acciones y bloqueos.

5. Dice el boletín del SME: “Al medio día, asistimos a una reunión con Fernando Gómez Mont secretario de gobernación, a quien le planteamos nuestras exigencias: la derogación inmediata del “decreto de extinción” de LyFC; el retiro de las fuerzas policiacas y militares de nuestros centros de trabajo y el cese a la política criminal de hostigamiento a nuestros compañeros, y por último, el establecimiento de una mesa de diálogo verdadero para resolver los problemas técnicos y financieros de LyFC. Gómez Mont ni nos ve ni nos oye. Ello nos obliga a recurrir a otras instancias del Estado, en este caso, a la Cámara de Diputados, con quienes entablaremos una Controversia Constitucional con el apoyo de diversas fracciones parlamentarias, paralelamente, recurriremos al amparo por parte de cada uno de los trabajadores miembros de nuestra Organización Sindical”.

6. Nada de esto servirá sin acciones de masas y bloqueos contundentes. Eso podría llevar a que se apague el movimiento y a una derrota estrepitosa muy bien apuntalada por los medios masivos de información que continuarían denunciando “la quiebra de la empresa por los gigantescos privilegios de los obreros y del SME”. Aún más: parece que el PRI –que cogobierna con el PAN- por medio del funesto Labastida, ha buscado justificar las medidas de Calderón porque “era un pendiente desde hace muchos años”. ¿No se confía acaso en apoyos externos y en el movimiento “Diálogo Nacional” que lleva más de cinco congresos e igual número de años? La desaparición del SME sería el golpe más importante de la burguesía a los trabajadores mexicanos y, al mismo tiempo sería una gran decepción para los izquierdistas seguidores y apoyadores de sus luchas.

7. Si los electricistas quieren recuperar su trabajo, si no quieren ser desempleados, tienen que recuperar la empresa y su sindicato. Si por el contrario les importa un bledo que los hayan liquidado pueden pasar a cobrar sus alcances y hasta hacerse ilusiones de ser nuevamente contratados. Ni modo, así son las organizaciones y los movimientos que llegan a ser indispensables; cuando sufren un rotundo golpe como este, cuando los silencian, pero sobre todo cuando los hacen desaparecer, queda un gran espacio que para llenarlo se requieren una o dos décadas. Mientras tanto, la clase explotada y oprimida, los más miserables, pierden las esperanzas para liberarse. Espero que los electricistas ahora, más que nunca, vuelvan a ser la vanguardia de la lucha nacional en la defensa contra la privatización, el neoliberalismo y el capitalismo.

Juzgará Tribunal Internacional violaciones a la libertad sindical en México

· Académicos, intelectuales, sindicatos, organizaciones y movimientos de trabajadores organizan el Tribunal

· Sesionará del 26 al 28 de octubre en la Antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia

· Se mantienen arbitrariedades, autoritarismo y hasta violencia contra la organización de las y los trabajadores

Sobre el gobierno de México y las empresas, incluidas las transnacionales, pesan una cantidad incontable de denuncias sobre violaciones a la libertad sindical que afectan el derecho de millones de trabajadoras y trabajadores mexicanos a organizarse libremente, los condenan a la indefensión y por tanto a la pobreza, lo que niega, en la práctica, el discurso de la transición democrática.

El mundo laboral mexicano es uno de los ámbitos más atrasados en cuanto a la conquista de derechos democráticos elementales, en consecuencia se mantiene bajo el control arbitrario del gobierno que provoca simulaciones en materia de contratación colectiva y una constante omisión a lo establecido por los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La libertad es una condición indispensable para defender y mejorar otros aspectos vitales de las condiciones de trabajo y de la vida de la gente, pero en México siguen siendo una realidad la sindicalización corporativa, la corrupción, la represión, la utilización de bandas de golpeadores y pistoleros para disputar contratos y el control de los trabajadores, esto, con la complicidad de las autoridades.

La autonomía de los sindicatos auténticos, indispensable para ejercer la facultad de administrarse a sí mismos para cumplir los fines para los cuales son creados, es vulnerada constantemente por la intromisión abierta del Estado. En general, el registro de sindicatos o reconocimiento de sus direcciones electas están sujetos a la mayor arbitrariedad de las autoridades laborales.

Por si fuera poco, a las viejas prácticas se ha sumado en los últimos tiempos algo todavía más perverso: los sindicatos y contratos de protección patronal. Se trata de un negocio entre verdaderas mafias y empresas, incluyendo trasnacionales, que pactan “contratos” con “sindicatos” fantasmas con el desconocimiento absoluto de los trabajadores sobre su existencia y de sus supuestos dirigentes; una verdadera simulación.

Los trabajadores mexicanos deben atravesar un verdadero vía crucis para contar con un sindicato auténtico y casi nunca lo consiguen, perdiendo muchas veces su trabajo y arriesgando incluso su integridad física. Resulta entonces una cruel ironía, una contradicción y una simulación inadmisibles que el año pasado el gobierno mexicano haya sido admitido como integrante del Comité de Libertad Sindical de la OIT.

Es por todas estas razones que se considera de fundamental necesidad e importancia la creación de una instancia de peso internacional que juzgue y resuelva sobre este grave problema y, por tanto, se llama a la constitución de un Tribunal Internacional sobre Libertad Sindical en México, bajo los siguientes objetivos, plazos y formas.

El objetivo es constituir un Tribunal conformado por personalidades internacionales y nacionales de tan alto perfil, proyección pública, calidad profesional, compromiso social, objetividad y calidad moral, más allá incluso del ámbito estrictamente laboral, cuya presencia y participación por sí misma haga ineludible concretar acciones que eliminen las aberraciones que se cometen contra la libertad sindical y la contratación colectiva en México, la legitimidad de su reivindicación y sobre los trabajos y resolutivos del propio Tribunal.

También poner una presión verdaderamente significativa, tanto pública como a través de iniciativas directas, sobre el estado mexicano para que se supriman los obstáculos al pleno ejercicio de esos derechos y sea vigente el convenio 87 y ratificado y respetado el 98 de la OIT.

Colocar con mayor fuerza en todas las instancias internacionales que correspondan la exigencia de que actúen para hacer cumplir la libertad de asociación y contratación colectiva en México, y poner un freno a hechos tan graves como la proliferación de los contratos colectivos de protección patronal.

La Sesión de Apertura del Tribuna se llevará a cabo del 26 al 28 de octubre de 2009, en la ciudad de México, periodo en el que se presentarán las acusaciones, quejas y testimonios de movimientos que se han visto agraviados por la política laboral del gobierno mexicano y por las empresas.

Los integrantes del Tribunal se volverán a reunir del 28 de abril al 30 de abril de 2010 en una Sesión Final, en la que emitirán un Resolutivo Público que será presentado en las movilizaciones que se llevarán a cabo el 1 de Mayo con motivo del Día del Trabajo.

El Tribunal será compuesto por destacados abogados laboralistas, defensores de los derechos humanos, personalidades de los ámbitos académico, cultural, así como luchadores sociales, tanto nacionales como internacionales.

La responsabilidad de la fundamentar las acusaciones, quejas y testimonio recaerá en abogados y expertos laboralistas, de preferencia vinculados a organizaciones de trabajadores con casos de violación a la libertad sindical y de contratos de protección, así como directamente por dirigentes o representantes de esas organizaciones. Por otro lado, se buscará garantizar abogado(s) que defiendan a la parte acusada (pueden ser funcionarios, abogados indicados por el gobierno o abogados empresariales.

Convocantes:

Organizaciones internacionales: Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL), Federación Internacional del Transporte-Américas (ITF), Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Metalúrgica (FITIM), Federación de Sindicatos de Holanda (FNV), Centro de Solidaridad de la AFL-CIO en México, Red de Solidaridad con las Maquiladoras (RMS-Canadá)Sindicatos mexicanos: Alianza de Tranviarios de México (ATM), Sindicato Minero Metalúrgico, Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Unión de Técnicos y Profesionistas Petroleros, Secciones 3, 7 y 9 del SNTE-CNTE, Sindicato 20 de Noviembre de la UVM, Sindicato de Trabajadores de la Vidriera del Potosí, Sindicato de Trabajadores del CONALEP, Frente Auténtico del Trabajo (FAT), Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM (SITUAM), Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN)

Asociaciones mexicanas: Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Unión de Juristas de México (UJM), profesores del Área Laboral y de Seguridad Social de la UAM Azcapotzalco, Área de Derechos Humanos de la UACM, profesores e investigadores del Área Jurídico Laboral de la UNAM, Red de Abogados Laboralistas, Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS).

La nueva ficha del PAN, Valdemar Gutiérrez, vinculado al narco

áLVARO DELGADO

MEXICO, D.F., 14 de abril (apro).- Germán Martínez, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), incurre en lo que le critica a los priistas: Postuló como candidato a diputado al líder sindical Valdemar Gutiérrez Fragoso, cuyo hijo fue capturado en España por narcotraficante.Gutiérrez Fragoso, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es padre de Israel Gutiérrez Botello, de 25 años de edad, quien fue detenido en el aeropuerto de Madrid, Barajas, el 14 de septiembre de 2005, al tratar de introducir casi un kilogramo de cocaina en 70 cápsulas que llevaba en el estómago.

Procesado en España por delitos contra la salud pública, y preso en la cárcel de Soto Real --a las afueras de Madrid--, el hijo del líder sindical logró ser extraditado a México, y actualmente está internado en el Reclusorio Norte. Está vinculado a una banda que opera en hospitales del IMSS, cuyo sindicato controla su padre que, gracias al PAN que encabeza Germán Martínez, ahora tendrá más poder como diputado federal.Martínez ha instrumentado una campaña propagandística contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por no apoyar supuestamente la "guerra" de Felipe Calderón contra el narcotráfico y, como parte de ella, ha imputado nexos de miembros de este partido con el narcotráfico.Uno de ellos es Héctor Murguía Lardizábal, exalcalde de Ciudad Juárez, Chihuahua, a quien Martínez acusó de tener vínculos con el Cártel de Juárez, y otro es el aspirante a gobernador de Colima, Mario Anguiano, cuyos parientes han sido procesados por narcotráfico. Ahora, el PAN tiene como candidato a diputado federal a alguien en una situación semejante a la que condena Martínez: el hijo de Valdemar Gutiérrez, candidato a diputado federal, está preso por narco y jefe de una banda que opera en Europa, como lo documentó, en agosto del año pasado, el reportero Ricardo Ravelo, en una nota publicada en el semanario Proceso:"Cateos y revisiones realizados por la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), así como el asesinato de una enfermera, pusieron al descubierto las operaciones de una organización dedicada al tráfico de drogas a gran escala que tiene como escudo protector el Hospital General del Centro Medico La Raza, así como amplias conexiones, tanto en México como en Europa."La venta y consumo de drogas alcanza tan altas dimensiones que existen testimonios escritos de empleados de ese nosocomio que señalan: 'Médicos, enfermeras, así como personal administrativo y de intendencia laboran bajo los efectos de algún estupefaciente'."También hay reportes y sanciones que revelan que algunos galenos, incluso, han sido sorprendidos en plena consulta médica bajo los efectos de la cocaína o de algún otro estimulante". Y no sólo eso: en las investigaciones a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR), hay una línea de investigación que se refiere a la presunta relación de altos funcionarios del IMSS, así como médicos y enfermeras, que podrían formar parte de la organización de narcomenudeo al interior del hospital La Raza."Según las investigaciones realizadas por la PGR y testimonios recabados dentro y fuera del hospital, la célula que opera el narcomenudeo es 'diversa, peligrosa y violenta'."Hasta septiembre del 2005, uno de los líderes de esa banda era Israel Gutiérrez Botello, hijo de Valdemar Gutiérrez Fragoso, actual secretario del interior del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) y fuerte aspirante a la secretaría general de ese gremio."Aunque la venta y distribución de drogas en el hospital La Raza -uno de los más grandes nosocomios que opera el IMSS en el país- se conoce desde hace unos diez años, fue en septiembre del año pasado cuando empezaron a surgir mayores datos y evidencias sobre dicha organización, a la que se le atribuye tener un mercado cautivo de poco más de 7 mil personas, la mayoría de ellas son empleados del hospital, quienes con frecuencia se quejan de recibir presiones laborales para comprar cocaína, marihuana, crack y hasta pastillas psicotrópicas."Las conexiones internacionales de esa organización dedicada al narcotráfico se confirmaron el 14 de septiembre de ese año: ese día fue detenido en España precisamente el hijo de Gutiérrez Fragoso: Israel Gutiérrez Botello. Llevaba en el estómago poco más de 70 cápsulas de cocaína, por lo que fue detenido, consignado y remitido a la prisión conocida como Alcalá-Meco, ubicada en la ciudad de Alcalá de Henares, provincia de Madrid. Desde esa fecha permanece bajo la acusación de delitos contra la salud pública."Gutiérrez Botello había decidido viajar a España no sólo para hacer entrega de la droga, sino para cobrar alguna cantidad de dinero, según se desprende de la indagatoria. Perfectamente envueltas y selladas para evitar que se reventaran, este sujeto ingirió las cápsulas de droga para no ser detectado, pero al llegar a España se puso nervioso y su comportamiento lo delató como una persona sospechosa, por lo que fue sometido a revisión. Actualmente está a la espera de ser juzgado.
La conexión sindical
Desde que empezaron a surgir las versiones sobre la red de narcomenudeo que opera en La Raza, el SNTSS, a cargo de Roberto Javier Vega Galina, ha preferido guardar silencio, a pesar de las evidencias que presuntamente relacionan a algunos funcionarios de ese gremio en probables actos de protección de personas relacionadas con las drogas.En el sindicato, por ejemplo, es ampliamente conocida la historia cuando, hace unos nueve años, fue detenido en la delegación Venustiano Carranza Eduardo Lalo Rodríguez, presuntamente en posesión de drogas.En ese tiempo, Rodríguez era secretario de la Sección 33. De inmediato, el entonces secretario del interior SNTSS, Fernando Rocha Larráinzar -a quien hasta la fecha se le atribuye un fuerte control político en ese gremio- resolvió el problema y logró que el dirigente seccional fuera puesto en libertad.Actualmente, tanto Rocha como Lalo Rodríguez impulsan el proyecto político de Valdemar Gutiérrez Fragoso, quien es fuerte aspirante a la secretaría general del SNTSS.Al interior del sindicato, el hermetismo sobre el tema de la droga aumentó a raíz de la aprehensión de Israel Gutiérrez Botello.Nacido en octubre de 1984, a este sujeto se le vincula con la red de narcomenudeo que opera en el hospital La Raza.Gutiérrez Botello enfrenta un juicio por narcotráfico, el cual puede durar entre tres y nueve meses. Según las leyes españolas, por el tipo de delito y por la cantidad de droga que traía, su sentencia podría alcanzar hasta nueve años de prisión. El procesado es mexicano. Tiene el pasaporte 00334001952, el cual fue expedido el 9 de septiembre del 2005, nueve días antes de su viaje a España, en la delegación Cuauhtémoc.
La conexión de intendencia
El grado de adicción que existe entre empleados del hospital La Raza, así como la disputa por ese mercado cautivo, ya desastó consecuencias, algunas, incluso, fatales. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), por ejemplo, se refirió al tema del narcotráfico en ese nosocomio en noviembre de 2001, durante las investigaciones realizadas para esclarecer varios asesinatos presuntamente relacionados con drogas.Uno de los crímenes más escandalosos fue el de la enfermera Carmen Ibarra Rodríguez, de 37 años, quien fue encontrada muerta en las inmediaciones del hospital. Presentaba huellas de haber sido asesinada por asfixia. También se acreditó que fue abusada sexualmente por su victimario, José Luis Mosqueda Navarro, empleado de intendencia de La Raza, quien actuó bajo los efectos de la cocaína, de acuerdo con las conclusiones de la investigación. Durante las indagaciones de este caso, la PGJDF no sólo comprobó cómo había sido asesinada la enfermera y por quién, sino que el caso destapó el alto grado de distribución y consumo de drogas en La Raza, lo cual disparó la inseguridad tanto fuera como dentro del hospital.Patricia Bugarín Gutiérrez, entonces subprocuradora de Averiguaciones Previas Centrales, dijo que durante el desarrollo de la indagatoria se había detectado un problema de adicción a las drogas entre empleados del hospital La Raza.La funcionaria reforzó su tesis con un dato: José Luis Mosqueda Navarro, empleado de intendencia de La Raza, se encontraba bajo los efectos de la cocaína cuando atacó sexualmente y dio muerte Ibarra Rodríguez.Con base en ese antecedente, la PGJDF profundizó en las investigaciones del crimen de la enfermera y, paralelamente, se encontraron más evidencias sobre la red de distribución de cocaína, por lo que Bugarín no tuvo ninguna duda del alto consumo de drogas que había en el hospital.Lo dijo así: "Por lo que arroja a la investigación, hay otras personas, trabajadores del Instituto, que también consumen drogas, lo que crea un ambiente de mucha inseguridad. Estamos preparando las recomendaciones y el procurador Bernardo Bátiz tiene conocimiento de que hay una gran preocupación por parte de los directivos.En una entrevista posterior, el procurador Bátiz también se refirió al consumo de drogas en La Raza. Lo explicó con estas palabras:"A raíz de estas investigaciones, el personal del nosocomio denunció que existe un ambiente de inseguridad en la propias instalaciones... El informe que me entregaron sobre la inseguridad en La Raza indica que hay zonas donde hay droga, inclusive a ciertas horas prefieren los empleados no pasar por allí porque es tan peligroso como algunas de las calles de los barrios más difíciles de nuestra ciudad."A pesar de que la PGJDF sugirió a las autoridades del hospital La Raza tomar medidas para garantizar la seguridad de los empleados -como instalar cámaras de circuito cerrado, reforzar la seguridad interior, revisar a los empleados-, nada se ha hecho al respecto. Por el contrario, la seguridad sigue relajada, lo que ha ocasionado que el problema del narcotráfico se agudice.Empleados consultados por la agencia APRO, quienes solicitan el anonimato por temor a las represalias, sostienen que el consumo de drogas se descubrió hace unos 10 años, pero actualmente ya alcanzó niveles que ponen en duda la calidad de los servicios y la seguridad de los pacientes que acuden a consulta médica o a realizarse estudios específicos."Hay médicos que andan drogados, enfermeras que se les ve tensas, como si anduvieran bajo los efectos de algún estimulante. Es frecuente ver que hay personas que, con el pretexto de que van a consulta, realizan transacciones: cobros, entrega de droga o simplemente, a recabar información si fueron advertidos de algún riesgo o peligro que pueda afectar a la organización", dijo uno de los trabajadores.Un testimonio entregado por escrito a este reportero, expone otros detalles del narcomenudeo en La Raza:"Se informa de los problemas existentes en el Hospital General del Centro Médico La Raza, por la distribución y el consumo de droga entre algunos trabajadores y otras personas ajenas al IMSS que se introducen al hospital para comprar la droga."El personal involucrado en la circulación de la droga (básicamente cocaína) (está) a cargo principalmente del servicio de intendencia, aunque no sólo es esta categoría, y trabajan como una red perfectamente organizada, de (tal) forma que no pueden ser exhibidos en sus actividades: mientras unos vigilan y controlan la entrada del área de los vestidores del personal, otros operan la venta adentro."Estas actividades no son nuevas, sino que vienen sucediendo desde hace alrededor de nueve años, época en que el secretario general seccional en turno, Eduardo Rodríguez López, protegía al personal de intendencia de una manera desmedida, utilizando las amenazas sobre las autoridades para mantener el problema en silencio y así proteger a los trabajadores."Las autoridades federales han tenido serios problemas para detectar y desactivar a la organización de narcomenudeo que opera en La Raza. La razón: el complejo diseño del hospital, lo cual lo hace ver como un laberinto que tiene accesos por todas partes, amplias conexiones internas, pasillos que comunican con entradas y salidas y, por su puesto, lo bien organizada que está la banda que trafica con estupefacientes.En el Hospital General del Centro Médico La Raza laboran unas 14 mil 500 personas, entre médicos, enfermeras, personal de intendencia, funcionarios y personal menor. A esto se suman los mil empleados sustitutos. Se calcula que todos los días entran y salen unas 50 mil personas, las cuales no son revisadas ni interrogadas, debido a que el nosocomio no tiene personal suficiente para llevar a cabo esa tarea.Considerado uno de los hospitales más grandes de México, ampliamente conocido por la diversidad de especialidades que ofrece a los derechohabientes, La Raza se compone de varias áreas, entre ellas, consulta externa, especialidades, hospital general, infectología, ginecología, banco de sangre, guardería, ambulancias y tiendas sindicales.Según la PGR, la complejidad de su funcionamiento -aglomeración y desorden-- ha creado las facilidades para las operaciones de narcomenudeo. De acuerdo con las sospechas de las autoridades, muchas de las personas que acuden al hospital pueden formar parte de la red de distribuidores de droga, quienes ingresan sin problemas a las instalaciones o bien accedan con el argumento de que van a realizar algún trámite, un estudio clínico o una consulta de medicina general.Con base en esas sospechas y alertada del crecimiento de la distribución de drogas, la PGR ordenó a un equipo especial de la AFI llevar a cabo varios cateos y revisiones al interior del hospital durante buena parte del 2005.Al ejecutarse uno de los primeros cateos, la PGR tuvo que introducir al hospital a un comando que hizo revisiones en vestidores, lockers y otras áreas, donde se encontró de todo, hasta droga. Como resultado del operativo, fueron detenidas diez personas -la mayoría empleados del servicio de intendencia-, así como un médico.Durante el cateo los agentes también hallaron medicamentos como fármacos que sólo se venden con receta médica, material de curación, medicamentos, instrumental y equipo propiedad del IMSS que presuntamente había sido sustraído por el personal de la institución.Testigo de estos hechos, un empleado del IMSS que conoce bien las operaciones del narcotráfico al interior del hospital, dijo:"Finalmente, la mayoría de los detenidos fueron puestos en libertad, en gran medida, gracias a las presiones del sindicato. Por parte de las autoridades existe temor a involucrarse directamente en el problema; y aunque es conocido por la mayoría del personal, lo cierto es que todos evitan cualquier tipo de enfrentamiento con este grupo de gente. En algunos casos, cuando llega algún trabajador nuevo al servicio de intendencia, se les ha intimidado a fin de mantener el silencio o la complicidad del resto de los trabajadores."

Miedo?..... pánico!

* Una de las primeras medidas del nuevo responsable de la SEP, Alonso Lujambio, fue ratificar como subsecretario al yerno de la maestra Elba Esther Gordillo / Lujambio reitera que uno de sus “mandatos” es el de llevar adelante la “Alianza por la Calidad de la Educación”

“Gobierno” de cuates

El nombramiento de Alonso Lujambio como secretario de Educación Pública (SEP) viene a consolidar la figura de gabinete de partido, que ha venido impulsando el espurio Felipe Calderón y donde se privilegia la incondicionalidad política sobre la preparación y experiencia del servidor público, denunció el senador Ricardo Monreal.

MÉXICO, D.F., 7 de abril (APRO / LA JORNADA).- En su primer día de funciones como secretario de Educación, Alonso Lujambio ratificó a todos los subsecretarios, entre ellos a Fernando González, de Educación Básica, yerno de Elba Esther Gordillo, la presidenta honoraria del SNTE.
En una ceremonia realizada en la Secretaría de Educación, el yerno de la lideresa magisterial agradeció a Lujambio “su confianza” para que continúe como subsecretario de Educación Básica. Así mismo, le reiteró su “compromiso y lealtad” con la SEP y con la “transformación de la escuela pública”.“Estoy seguro que su sensibilidad y profesionalismo le van hacer mucho bien a la educación porque él tiene muy claro que sólo con diálogo, concertación y acuerdo permanente entre todos los actores educativos logrará una educación de calidad”, señaló González.Miguel Székely continuará al frente de la Subsecretaría de Educación Media Superior; Rodolfo Tuirán, en la de Educación Superior, y Jorge Santibáñez, en la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas.Rodolfo Huirán funge también como secretario técnico del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) y es integrante de la Comisión Rectora de la Alianza por la Calidad de la Educación.Al frente de la Dirección General de Comunicación Social quedará Jaime Alcudia, quien ocupara dicho cargo en el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).La estructura de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en las áreas y mandos centrales permanecerá intacta, luego de que fueron ratificados en sus cargos los subsecretarios de Educación Superior, Rodolfo Tuirán, de Educación Media Superior, Miguel Székely y de Educación Básica, Fernando González Sánchez.Por otra parte, fuentes sindicales informaron que se espera que la maestra Elba Esther Gordillo realice una “visita de cortesía” al nuevo titular de la dependencia, Alonso Lujambio.En este sentido, no se descarta que el encuentro pudiera darse una vez que haya concluido el periodo vacacional.En los cambios de mando en la SEP, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) mantiene un “protocolo” que consiste, según dijeron, en realizar tres visitas: Primero, a la Presidencia de la República, luego, a la Secretaría de Gobernación y, finalmente, a la SEP.Antes de que se diera a conocer el nombre del nuevo secretario, trascendió que la presidenta del SNTE, Elba Esther Gordillo, realizó un viaje intempestivo a México para tener un encuentro con el Ejecutivo.El nombramiento de Alonso Lujambio como secretario de Educación Pública (SEP) viene a consolidar la figura de gabinete de partido, que ha venido impulsando Felipe Calderón y donde se privilegia la incondicionalidad política sobre la preparación y experiencia del servidor público, consideró el coordinador de los senadores del PT Ricardo Monreal.“Para expresarlo en los términos del presidente del PAN, Germán Martínez, se trata de otro panista leal, si se consideran los antecedentes políticos del nuevo secretario de Educación Pública, quien ha ocupado los cargos de Consejero del Instituto Federal Electoral (IFE) y presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) a propuesta y con el impulso de su partido, el PAN”.Hizo notar que sin dejar de reconocer la preparación académica y de investigación electoral de Lujambio, en esta ocasión su nombramiento al frente de la SEP “se inscribe en una clara tendencia a partidizar la función pública, en un año electoral”.Monreal consideró que esa tendencia a integrar un gabinete de partido, donde no se nombra a los más calificados, sino a los más cercanos y a quienes más méritos han hecho a favor de su partido, va en sentido contrario a la profesionalización del servicio público y puede deteriorar, aún más, la situación de la educación pública en el país.La situación de crisis por la que atraviesa la enseñanza, “requiere de una transformación a fondo con base en servidores públicos con preparación, experiencia y conocimientos profesionales en la materia, lejos de la improvisación, la impericia o la simple cercanía política”.Esa tendencia de integrar el gobierno federal con panistas leales, desde los cargos más modestos hasta las secretarías de Estado, obligan a impulsar reformas legales que garanticen la vigencia plena del servicio civil de carrera y una efectiva participación del congreso en la designación de nombramientos federales estratégicos.Sólo así se garantizará, dijo, un auténtico gabinete de Estado y no el engrosamiento de un “gobierno de cuates”.

Evaporadas, millonarias utilidades de Pemex

JESUSA CERVANTES

Creadas por Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, diversas empresas filiales de Petróleos Mexicanos evaden los mecanismos de fiscalización legislativos y operan en la absoluta impunidad, con el argumento de que no son parte de la administración pública. La Auditoría Superior de la Federación le corrige la plana a la paraestatal y le exige que compruebe el destino de casi 7 mil millones de pesos en utilidades, registradas entre 2006 y 2007, tan sólo de una refinería en Texas, de la que es dueña en 50%.
Por medio de un complicado entramado financiero de 11 empresas, cinco de ellas creadas al final del sexenio de Miguel de la Madrid y el resto en el de Carlos Salinas de Gortari, Pemex comercializa importaciones y exportaciones de crudo y sus derivados en el mundo sin rendir cuentas de ingresos y egresos. Incluso, en 1993 compró a Shell 50% de Deer Park Refining Limited Parthnership, una refinería en Houston, Texas, que a la fecha no ha entregado su parte de ganancias a la paraestatal mexicana.A petición de la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó por vez primera un análisis del manejo de los recursos de la refinería mexicana radicada en el extranjero. Los resultados contenidos en la revisión de la cuenta pública de 2007 fueron preocupantes: de los más de 9.2 mil millones de pesos en utilidades obtenidas por Deer Park entre 2006 y 2007, casi 2 mil 297 millones de pesos se pagaron en impuestos a Estados Unidos. Del resto, poco menos de 6 mil 918 millones de pesos, “no se aclaró el destino”.Además, el manejo de los recursos financieros tanto de la refinería mexicana en Texas como del entramado financiero de las 11 empresas que hoy integran el Grupo PMI (Pemex Internacional), están fuera del alcance de la fiscalización de la Cámara de Diputados y el destino de sus utilidades lo determinan tres funcionarios que ocupan los principales puestos de PMI, quienes a su vez designan operadores en cada una de las empresas. Según lo reportado por PMI a la ASF, esas 11 empresas y la refinería en el extranjero no son parte de la administración pública, por lo que no están obligadas a rendir cuentas al Congreso de la Unión. De hecho, desde 1990 la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto a cargo de Ernesto Zedillo Ponce de León confirmó el criterio de PMI. Ya como presidente de la República, Zedillo conservó el mismo esquema, que ha sido avalado por los gobierno panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, lo que mantiene en la opacidad el manejo de los millonarios recursos de Pemex a nivel internacional.Pero el auditor superior de la federación, Arturo González de Aragón, le recordó a Pemex que:“Al ser Pemex una entidad paraestatal sujeta a control presupuestal directo por parte de la Cámara de Diputados, como cualquier otra inversión que tiene ese organismo descentralizado, los ingresos que debería obtener Pemex por los recursos invertidos en Deer Park, por un lado, tendrían que ser considerados ingresos públicos y registrados como tales en la Ley de Ingresos de la Federación y de la Cuenta Pública, y por otro lado la aplicación o utilización de los mismos constituyen gasto público que debe ser autorizado por la Cámara de Diputados y también registrado en la Cuenta Pública del ejercicio de que se trate.”Más aún, le exigió a Pemex “aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 6 mil 917 millones 888 mil pesos por concepto de utilidades”.
De México para Estados Unidos
Al optar Carlos Salinas de Gortari por construir una refinería en Estados Unidos y no en México, año con año le paga al gobierno de aquel país miles de millones de pesos en impuestos que bien podrían ser captados por la autoridad hacendaria mexicana.Según parte del reporte que PMI entregó a la ASF, una de las empresas mexicanas que conformaron la refinería Deer Park pagó en 2007 al gobierno de Estados Unidos 2 mil 296 millones 988 pesos por concepto de impuestos.El ingeniero químico José Felipe Ocampo Torrea, autor de las bases para ejecutar el proyecto Deer Park por encargo del entonces director de Pemex, Francisco Rojas, revela en entrevista que el gobierno de Salinas de Gortari sacrificó un proyecto para la reconfiguración de la refinería mexicana de Salina Cruz, del cual él mismo también formó parte.“Y de repente, Hacienda dijo que no había dinero y canceló el proyecto de Salina Cruz, pero en menos de tres meses dijo que sí había dinero para comprar la refinería Deer Park.”Ocampo Torrea trabajó 30 años en Pemex y llegó a ser jefe de la oficina de la paraestatal en Europa de 1965 a 1968, bajo la dirección de Jesús Reyes Heroles. Un día de 1992, Francisco Rojas lo mandó llamar para pedirle que representara a Pemex-Refinación. Su encargo fue crear el proyecto de ampliación de la planta de Salina Cruz.“Cuando ya se iba a poner en marcha el proyecto, Hacienda nos dijo que no había dinero y que se anulaba, pero en menos de tres meses me volvió a llamar Francisco Rojas para decirme que el proyecto ahora era la refinería de Houston, Texas, y acepté”, recuerda.La maniobra de Pemex fue retirar de México la inversión y pasarla a Estados Unidos, adquiriendo 50% de una refinería de Shell llamada Deer Park.“Pero para entonces Deer Park era más vieja que Matusalén, más vieja que cualquiera de las refinerías existentes en México. Fue una canallada no haber hecho la refinería en México, haber cancelado el proyecto de Salina Cruz”, se indigna.Ocampo Torrea recuerda que en la década de los ochenta, cuando el gobierno mexicano invirtió en Petróleos de España (Petronor, que luego pasó a ser Repsol), el sistema de refinación de México cubría todas las necesidades del país. Para cuando Pemex adquirió 50% de Deer Park, el sistema ya no abastecía a todo el país.Aclara que no juzga si la compra de Deer Park fue una buena o mala inversión, lo que cuestiona es “por qué el gobierno decidió tener 50% de una refinería en el extranjero en lugar de tener 100% en una mexicana”.
¿Estrategia financiera?
Al argumentar ante la ASF las razones por las cuáles se decidió invertir en la refinería de Estados Unidos, PMI aseguró que desde 1991 se enfrentaron problemas serios para la venta de crudo pesado, pues desde 1979 no se habían construido nuevas refinerías en México.“Se consideraba que la única manera de que la empresa tenía para superarlo era vendiendo bien en el extranjero, para lo cual era necesario tener una garantía de acceso a una refinería que procesara crudo pesado (…) y por ello la dirección general de Pemex autorizó a PMI hacer la alianza con Shell (…) como parte de la estrategia referente a la comercialización del crudo maya en el mercado internacional y el abastecimiento de productos petrolíferos para el mercado nacional.”Pemex autorizó la creación de PMI Holdings North America (PMI-HNA) para que fuera “el vehículo financiero” a través del cual Pemex adquiriría la participación accionaria de 50% de Deer Park, y luego involucró a la empresa que era su intermediaria con la española Petronor, PMI-HPE.Sin embargo, desde la perspectiva de la ASF, a Pemex “de ninguna manera se le facultó para contratar créditos e invertir en otras empresas ubicadas en otros países, como sería el caso de Estados Unidos, además de que no contaba con recursos para destinarlos a otro fin”.De acuerdo con lo que PMI aseguró a la auditoría, “el objetivo principal de Deer Park sería procesar el petróleo crudo aportado por sus socios (Pemex y Shell), regresándolo en productos refinados para su comercialización en el extranjero, a cambio de una cuota de procesamiento pagada por los socios en partes iguales”.Además, según ello, “Pemex se beneficiaría no sólo por la estabilización en el volumen considerable de sus ventas a través del contrato de largo plazo, sino por el efecto sobre el precio del incremento en la demanda (…), y se obtendría una fuente confiable de suministro de gasolina a largo plazo mediante la importación permanente de una parte del requerimiento”.El ingeniero químico Ocampo Torrea, uno de las dos personas que encabezaron el comité de inversiones y el de operaciones para el proyecto Deer Park, rechaza lo anterior y comenta:“Deer Park no fue echa para venderle a México, cuando menos no explícitamente.”Ocampo Torrea, quien participó también durante los foros sobre energéticos que se realizaron durante julio y agosto pasados en el Senado de la República, recuerda que entre 1997 y 2000 mientras fue asesor de la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados, siempre les sugirió a los legisladores que solicitaran información sobre la refinería mexicana en Estados Unidos. Y asegura que en ningún informe de labores de Pemex se reportan las actividades de Deer Park “ni de el dinero que gasta o el que recibe o sus utilidades. ¡Qué bueno que ahora ya está saliendo algo de información!”, dice un poco aliviado.
La opacidad
Para rehabilitar la refinería de Shell, Pemex autorizó en 1993 la creación, a través de PMI, de una nueva empresa: PMI-Norteamérica S.A. de C.V. (PMI-NASA), que no rinde cuentas al Congreso de la Unión.Según la Auditoría Superior de la Federación, eso provocó que la toma de decisiones recayera en funcionarios de PMI y no de Pemex. “A pesar de no tener personal ni oficias, PMI celebró contratos de prestación de servicios, así como en decisiones para la aplicación de los ingresos obtenidos”, como el destino incierto de 6 mil 917 millones 888 mil pesos de utilidades de Deer Park entre 2006 y 2007, de las cuales “no se obtuvo evidencia documental”.Y agrega: “No obstante la rentabilidad que generó Deer Park a sus socios, Pemex sólo se benefició contablemente de los recursos que tuvo invertidos en la refinería Deer Park a través de PMI-Nasa, situación cuestionable, en función de que desde un principio los recursos invertidos provenían de dicho organismo descentralizado”.Más clara, la ASF establece: “Pemex no se beneficia directa o indirectamente de las utilidades generales de Deer Park. Éstas se quedan acumuladas como inversión en las otras dos empresas”, aunque tampoco se proporcionó evidencia de ello.Esa situación no se presentaría si la inversión en Deer Park se hubiera hecho como inicialmente se planteó por Pemex, con una sola de las empresas que creó, “y no como realizó la inversión Pemex a través de empresas que intermediaron la operación, en contravención incluso a lo que había decidido Pemex en agosto de 1992”.Para Pemex, la conclusión de la Auditoría Superior de la Federación no tiene validez, pues ya desde el 27 de enero de 2009 había establecido que no requirió de un acuerdo específico de su consejo de administración para la constitución de PMI-NASA, “en virtud de que la participación de ese organismo descentralizado fue indirecta y, por tanto, dicha responsabilidad correspondió a sus accionistas de PMI-HBV y PMI-HPE”. Es decir, aunque el dinero, la compra de equipo y contratación de personal provino de las arcas de Pemex, su participación fue “indirecta” y las decisiones las toma PMI, incluyendo el destino de las utilidades. l

La patota contratista

Barómetro Internacional

El nexo político-sindical en la Argentina

Bruno Lima Rocha

Comienzo este artículo de forma genérica. Supongamos un municipio de la región metropolitana de una capital latino-americana. En ese municipio, la empresa privada que ejecuta a recolecta de basura y el mantenimiento de los postes de iluminación pública gana la licitación bajo la protección de padrinos políticos. Hasta ahí ninguna novedad. Lo interesante es saber que ese “padrino” es el presidente de una central sindical entreguista y derechista y que la relación de la empresa ganadora con el sindicato es de “acercamiento y diálogo”. Esto, sumado a una práctica de tipo mafia (patota, en la jerga local) lleva a que los dirigentes de la entidad representativa de los trabajadores defiendan más a una empresa privada. que a los intereses de sus asociados. Infelizmente, esta práctica política es recurrente.

El episodio narrado arriba es real. La ciudad se llama Lanús y está en el entorno de Buenos Aires capital, en el conurbano bonaerense. El sindicalista padrino político de la empresa Covelia S.A. es Hugo Moyano, hombre fuerte de la CGT y del gremio de los camioneros. El vínculo político-sindical es el uso del control de la fuerza de trabajo con un accionar de tipo “patotero”. El caso aquí es narrado como ejemplo de la materialización de un concepto, el nexo político-sindical con perfil mafioso. Un ejemplo se da cuando el gobierno del alcalde kirchnerista Darío Díaz Pérez cierra un acuerdo con Moyano y firma un contrato que le rinde 65 millones de pesos argentinos (más de 20 millones de dólares) al año a la empresa. Según el periódico Perfil, del domingo 1º de marzo, un total aproximado de 3,6 millones de pesos (más de 1 millón de dólares) para el Sindicato de los Camioneros (UOCRA, sindicato nacional) bajo control directo del hombre fuerte de la burocracia de tradición peronista de derecha. La fuente tampoco es “neutral”. Es correcto, el Grupo Perfil de Jorge Fontevecchia no juega a ningún neutralismo ni nada por estilo. Pero, la información es correcta y los hechos son los hechos.

Tampoco lo que afirmo es alguna novedad y se reproduce en 14 municipios de la Gran Buenos Aires. Y, seamos justos, esto no comenzó ahora ni tiene vinculación exclusiva con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. El problema es de otro orden y viene de las 62 organizaciones sindicales de confianza directa del ex-presidente y general Juan Domingo Perón. Fue bajo la influencia de Evita que la base de derechos e instituciones de amparo a la clase trabajadora argentina fueron constituidas. Gracias a María Eva Duarte es que el brazo popular del peronismo existe y apunta al protagonismo de la clase trabajadora. La otra pata del peronismo, cuya siniestra política interna nunca cierra, tiene historia triste y macabra.

Desde entonces, la pelea por el control e influencia en la fuerza de trabajo del país es de vida o muerte. Para tener una idea del tipo de crisis, la organización de muy mala fama llamada Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), escuadrón de la muerte del gobierno de María Estela Isabel Martínez (de Perón) bajo el mando del brujo López Rega, reclutaba sus hombres en la barra brava del sindicalismo traidor. No es por casualidad que esta gente fue poco incomodada en los años de terror de Estado (1976-1983). Esto sin hablar de los años duros de guerra interna más allá de los regimenes de Onganía y Lanusse. Al retorno a la democracia representativa, la CGT estaba intacta y casi sin pérdidas, de entre los 30.000 muertos y desaparecidos.

En la Argentina, existe un patrón de alianza entre las elites políticas, los dirigentes sindicales y los sectores contratistas, que no cambia. El modus operandi es del tipo criminal y fortalece el nexo político-sindical, y es de fácil comprensión. La histórica Confederación General del Trabajo (CGT), creada en el primer gobierno de Perón reproduce la lógica corporativista de aliar el capital al trabajo y corresponder a la fuerza de los sindicatos con la representación política. Esta central es hasta hoy la única reconocida por el gobierno nacional y tiene su fuente de renta en los convenios oficiales, del repase de dinero del Estado y del control de la caja provisional de sus afiliados.

Este país, que hasta su última dictadura militar (1976/1983) tenía pleno empleo vio a su mano de obra reducida de forma drástica. Las políticas de venta y saqueo de los bienes públicos comenzaron con el ministro de Economía de Jorge Videla, José Martínez de Hoz y culminó en la Era Menem (1989/1998), con el desmonte de la estructura productiva y la desocupación masiva. El fenómeno de creación de los movimientos de trabajadores desocupados (los MTDs originales) viene de ese periodo y tiene su cenit en los años posteriores a la rebelión popular de diciembre del 2001 cuando el modelo ultra-neoliberal es derrotado bajo el lema de: “¡Qué se Vayan Todos!”.

Aún en esos peores momentos de desempleo masivo, marginación y privatización salvaje, los jefes de la patota de la CGT no hicieron nada. Al contrario, siempre obedecieron a una lógica propia de asociación al poder político y a su alianza entre el capital y los dirigentes de la clase trabajadora. Por eso fueron cómplices en el saqueo al país. Un país productor de alimentos para más de 300 millones de personas no puede tener más de un tercio de su población bajo la línea de pobreza y pasando hambre. En teoría, el sindicato organiza y defiende la fuerza de trabajo. Cuando los dirigentes sindicales no ocupan su tiempo defendiendo a sus afiliados es porque juegan para el otro equipo. Cuando estas personas hacen de su fuente de renta los recursos provenientes de las contribuciones de los afiliados, es porque son una mafia. Y como toda mafia, se portan de manera anti popular y por eso son combatidos.

En este caso, la patota del país hermano era uno de los blancos permanentes de las guerrillas los años 60 y 70. Dirigentes como Augusto Timoteo “El Lobo” Vandor y José Ignacio Rucci fueron ajusticiados en función de ser, de hecho, sindicalistas asociados a los militares y a los patrones. La herencia maldita sigue. Para dar una idea, el propio Hugo Moyano es acusado de haber formado parte de la Triple A. Los mejores ejemplos del sindicalismo argentino poco o nada tienen a ver con la patota mafiosa, amiga de los K y aliada de cualquier buitre que ocupe de la Casa Rosada. En la tierra de la Semana Trágica y de la Patagonia Rebelde, la oposición sindical y la organización por local de trabajo construyeron las bases de la otra fuerza. La mejor experiencia, la herencia bendita de la historia reciente, se encuentra en los ejemplos del Sindicato de Luz y Fuerza, en la CGT de los Argentinos, en la clase que se alzó en el Cordobazo. Estos sindicalistas no eran corrompibles y, no por casualidad, sobre estos militantes sindicales la represión militar, con ayuda de la patota de Moyano, pegó duro.

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