Manú Dornbierer
Satiricosas
Al presidente de Bolivia, Evo Morales, con admiración.
El jueves pasado 16 de julio de 2009, el periódico español EL PAIS astutamente publicó el titular: Morales abre el bicentenario de la independencia de Bolivia cargando contra EEUU. (“bicentenario de la independencia” en minúsculas, por supuesto, y sin mencionar a España). Y fue a España a la que se sacudió Bolivia con la Revolución aquel 16 de julio de 1809 tomando la delantera a todas las colonias españolas del siglo XIX. En cuanto a la grotesca crisis en Honduras a la que alude la expresión “cargando contra EEUU” no es sino la prueba de que el imperialismo sigue ahogando a países de Latinoamérica. Y sí, también es cierto que hoy, a 200 años de su independencia de España, Bolivia, otra vez, ha tomado la delantera para recuperar la soberanía sobre sus recursos naturales en manos de compañías transnacionales.
Finalmente calla el diario español una magnífica realidad: Evo Morales Ayma (26-10-1959) es, después del mexicano Benito Juárez, el segundo presidente indio -amerindio como dicen los peninsulares- que haya gobernado su país, en el caso, a nombre de la mayoría indígena boliviana que asciende al 55%, de los mestizos que son el 30% de la población, en tanto que sus opositores blancos sólo conforman el 15% de alrededor de 10 millones de bolivianos.
Sí, con tal situación en Bolivia se puede decir que la justicia despierta en América.
Estoy convencido, dijo Morales en su discurso de la Plaza Villarrroel de La Paz acompañado de varios mandatarios y de Patricia Rodas, la ministra de Relaciones Exteriores del depuesto presidente hondureño Zelaya, que en Honduras va a fracasar ese golpe de Estado”, y a continuación enumeró las decenas de golpes de estado en Latinoamérica de los que Bolivia tiene el récord al haber sufrido nada menos que 56. El presidente Morales afirmó que los pueblos latinoamericanos ahora están en la lucha por una “segunda y definitiva” liberación del imperio.
Y tiene razón. El de Bolivia sí es un Bicentenario que vale la pena celebrar. Bolivia se liberó del yugo colonial español en el siglo XIX y se está liberando en el XXI de los de las transnacionales. Es un país libre de casi 10 millones de habitantes, aunque sobrevivan por ahí entreguistas blancos que, hay que repetir, conforman un 15% de la población y están fúricos porque se les acabó la era de dominación total del país y del más aberrante entreguismo a las potencias.
Por otra parte, no hay que olvidar que Bolivia ha sido un país mártir de sus vecinos. Entre 1879 y 1884 perdió “La guerra del Pacífico” con Chile y su salida al mar y las salinas que representaban su prosperidad, casi la mitad de su territorio. Después, Brasil le quitó 170 mil km2 y ya en el siglo XX, en 1904, perdió la provincia de Acre, productora de caucho. En los años 30 Paraguay hizo lo mismo con la región del Chaco y la derrota militar tumbó la economía.
¿Dónde estaban los blancos que hoy no quieren que Evo Morales pise “sus” territorios del Oeste en esta celebración del Bicentenario de la Independencia (de España)? ¿Y dónde estaban cuando la reina Victoria, la que impuso a las costumbres una era de hipocresía sin par en buena parte del planeta, tachó a Bolivia en el mapa de Suramérica, diciendo “Bolivia no existe”, porque el general Melgarejo, entonces presidente, le hizo beber una batea de chocolate al embajador de Su Majestad por haberle rehusado un vaso de aguardiente de la región? Lo menos que podían hacer era jalarle las orejas a su blanco y mal educado presidente, y protestar por el tache de la emperatriz de la India, entre otros títulos.
MEXICO Y EL BICENTENARIO
A México le toca festejar el bicentenario el año que viene y hay cientos de “preparaciones”. Pero desgraciadamente el momento es pésimo para celebrar y no nada más por la crisis económica internacional y nacional -que no se haga el loco Carstens: desde la entrada del panismo, el año 2 mil, México no muestra crecimiento alguno- sino porque los “miramones” prianistas de las últimas décadas fueron a ofrecerles a las transnacionales españolas pedazos enteros de México en charola de plata. Cancún es una prueba indeleble. Los sucesivos gobiernos neoliberales le regalaron a los hoteleros españoles ese artificial paraíso y cada que un huracán destroza las playas, Cancún le cuesta dinerales al país. Es el gobierno federal “para que los españoles vivan mejor”, el que financia a Cancún. Ud. y yo pagamos esas playas artificiales para que las diversas cadenas hoteleras españolas -y otras- no pierdan.
Los perdedores somos siempre los ciudadanos mexicanos.
El tema del Fobaproa por desgracia no está agotado. Recordemos que gracias a Ernesto Zedillo, primero y a sus sucesores panistas después, los bancos españoles
-entre otros de diversas nacionalidades- ganan en México mucho más intereses sobre nuestro dinero personal y familiar, el suyo y el mío, lector, que en cualquier otro país del mundo, incluyendo desde luego la propia España. Recordemos, además, que para “salvar” a la banca, México, los gobiernos prianistas, terminaron por venderla a la banca extranjera, pero con todo y la deuda que hizo pública Zedillo, en complicidad con la 57 Legislatura que le tocó para convertir a todos los ciudadanos de este país en eternos deudores de los bancos. Si México se sacudió la colonia en el siglo XIX y se liberó de España, hoy so pretexto de globalización, aceptando las invitaciones gubernamentales tan ventajosas para explotar la población mexicana, muchos españoles -no nacidos aquí, no de esos “refugiados” que tanto bien le hicieron a este país- vienen pisando fuerte porque en buena medida sienten a México como una colonia a sus órdenes y tienen haberes al por mayor protegidos por el gobierno federal.
CAMPECHE, UN CASO INCREÍBLE.
Por fortuna la debacle electoral de Calderón impidió que el futuro gobernador de Campeche fuera el MAL, Mario Avila Lizarraga, el protegido si no es que lacayo de la familia Mouriño, cabeza de playa de la nueva colonización española. Calderón, a raíz del asesinato (a entender de muchos entre los que me cuento) del oficioso representante de la petrolera española Repsol, prácticamente regaló el Estado al padre y al hermano de su bienamado Juan Camilo, al que había hecho ilegalmente secretario de Gobernación. Y su socia Elba Ester Gordillo había puesto a disposición de esa candidatura nada menos que los fondos de la Lotería Nacional “para la asitencia pública”. De ahí el escándalo y el cambio de director.
Por si fuera poco, el PRD-Chucherías escogió como candidato al cuñado de Carlos Mouriño Terrazo (hermano de JC) que días antes, cuando ya no se podía introducir un sustituto, renunció a su candidatura perredista en favor del MAL.
El priísta Fernando Ortega Bernés será el sucesor de otro priísta, pero mouriñista por haber trabajado con Carlos Mouriño Atanés… Esperan los campechanos que el nuevo mandatario sea más independiente que el saliente y empiece por reparar los daños ecológicos, entre otros, que provocó el excesivo poder de Juan Camilo. Por su muerte quedaron suspendidas una obras inmensas en Champotón en donde destruyó infinidad de manglares que, como hoy se sabe, son los protectores naturales de las playas. Pero no sólo hay que reparar en Campeche los manglares. Todos los negocios, todos y no es cuento, de alguna forma le pertenecen o le producen a la familia Mouriño, enriquecida con el petróleo desde tiempos de Fox. No pueden entrar a Campeche para proteger los intereses de los Mouriño ni siquiera cadenas como los mercados OXXO por ejemplo. Esto da una idea del poder que tiene la familia de Vigo. Pero la caída en picada de Calderón y su inmediato alineamiento al vencedor PRI seguramente les bajarán las ínfulas. Hay que estar pendientes de Pemex que sigue en las manos sucias del PAN. De ahí viene la fortuna Mouriño y sus más de 40 gasolineras. Desde Zedillo, Fox, los Bribiesca y César Nava, el ahijado que Marta Sahagún, que nombró abogado de Pemex a un muchacho de 25 años entonces para que le abriera las arcas a sus hijos.
HONDURAS, CHANTAJEADA POR LAS PETROLERAS.
Shell y Chevron son las dos más importantes compañías de las que surten toda la de energía de Honduras. Se sabe lo que esto significa. Es evidentemene uno de los negocios bushistas más productivos y es también bastante obvio que las petroleras tejanas están detrás de la crisis actual. Hugo Chávez apoya a los países latinoamericanos con el petróleo venezolano y desde luego se lo propuso al presidente Zelaya. Eso Bush no lo podía ¿puede? permitir. Quizás sea esa la razón por la que Barack Obama no tiene ante lo que sucede hoy en Honduras la misma actitud de clara indignación contra el golpe de estado del tal Micheletti que todos los países y organismos internacionales. A lo mejor teme que regrese el presidente Zelaya y corra a sombrerazos a las petroleras para poder celebrar el Bicentenario con congruencia. No como México, en manos de unos y otros. No de los mexicanos.
http;//satiricosas.es.tl
sábado, julio 18, 2009
El ejército español operará en Afganistán con militares colombianos, violadores de derechos humanos
Plataforma Justicia por Colombia
Las ejecuciones cometidas por el ejército colombiano son permanentes e impunes, pero esos soldados sirven para que no lleguen a casa ataúdes con españoles.
La Ministra de Defensa española, Carme Chacón, ha confirmado ayer que unos 150 efectivos del ejército colombiano serán trasladados por Estados Unidos a Afganistán para incorporarse al contingente español que opera en este país. La confirmación de que militares colombianos estarán bajo mando español en Afganistán se hace pública tras la reunión de Chacón con el secretario de Defensa estadounidense, y unos días después de que el presidente de Colombia, Alvaro Uribe, hablara sobre esta colaboración militar en su reunión con Barack Obama. En un comunicado de la presidencia de Colombia se confirma que los soldados partirán a Afganistán “a través del apoyo de la Otan y por intermedio de las Fuerzas de España”.
España firma así una alianza militar con un ejército, el colombiano, que está acusado de gravísimas violaciones de derechos humanos por varias instituciones internacionales. Philip Alston, Relator Especial de Naciones Unidas para las ejecuciones arbitrarias, ha afirmado tras su misión a Colombia en este mes de junio que la versión de muchos miembros del gobierno colombiano que acusan de las ejecuciones extrajudiciales a algunas “manzanas podridas” dentro del ejército, “es insostenible. Las cantidades mismas de casos, su repartición geográfica y la diversidad de unidades militares implicadas, indican que éstas fueron llevadas a cabo de una manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos dentro del ejército”.
El Relator de la ONU describe cómo “miembros del ejército matan al individuo. Luego se manipula el lugar de los hechos para que parezca que la persona fue dada de baja legítimamente en el fragor de un combate. A menudo se hace una fotografía en la que sale vistiendo uniforme de guerrillero con un arma o granada en la mano. Las víctimas suelen ser enterradas de manera anónima en fosas comunes, y los asesinos son premiados por los resultados conseguidos en la lucha contra la guerrilla”. Para Philip Alston, los “falsos positivos” constituyen en realidad “asesinato a sangre fría y premeditado de civiles inocentes, con fines de beneficio”. El relator señala en su informe preliminar que los militares hostigan sistemáticamente a los supervivientes (“esto forma parte de un patrón común”) y que a pesar de que el gobierno ha tomado medidas para parar y responder a estos homicidios, hay una preocupante brecha entre las políticas y la práctica, ya que la cantidad de enjuiciamientos por ejecuciones extrajudiciales sigue siendo muy baja y en algunas zonas “los jueces militares hacen caso omiso a los dictámenes de la Corte Constitucional”.
La Plataforma Justicia por Colombia lamenta que ésta sea la respuesta del gobierno español ante la calidad y cantidad de pruebas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la fuerza pública colombiana. Ante los informes de Naciones Unidas y de un sinnúmero de misiones internacionales y nacionales que han verificado la sistemática violación de los derechos humanos, la respuesta del gobierno español no puede ser otra que la inmediata suspensión de todo tipo de acuerdo militar con Colombia. De lo contrario, el mensaje que en nombre de España da el gobierno de Rodríguez Zapatero al mundo es que los torturas, las desapariciones forzadas, las matanzas, el paramilitarismo, las ejecuciones extrajudiciales y la impunidad son medios eficaces de inserción en la comunidad internacional. Ninguna credibilidad del discurso de los derechos humanos podría sostenerse si continúan y se amplían los convenios de colaboración militar con estructuras responsables de miles de crímenes que ofenden la conciencia ética de la humanidad.
Las ejecuciones cometidas por el ejército colombiano son permanentes e impunes, pero esos soldados sirven para que no lleguen a casa ataúdes con españoles.
La Ministra de Defensa española, Carme Chacón, ha confirmado ayer que unos 150 efectivos del ejército colombiano serán trasladados por Estados Unidos a Afganistán para incorporarse al contingente español que opera en este país. La confirmación de que militares colombianos estarán bajo mando español en Afganistán se hace pública tras la reunión de Chacón con el secretario de Defensa estadounidense, y unos días después de que el presidente de Colombia, Alvaro Uribe, hablara sobre esta colaboración militar en su reunión con Barack Obama. En un comunicado de la presidencia de Colombia se confirma que los soldados partirán a Afganistán “a través del apoyo de la Otan y por intermedio de las Fuerzas de España”.
España firma así una alianza militar con un ejército, el colombiano, que está acusado de gravísimas violaciones de derechos humanos por varias instituciones internacionales. Philip Alston, Relator Especial de Naciones Unidas para las ejecuciones arbitrarias, ha afirmado tras su misión a Colombia en este mes de junio que la versión de muchos miembros del gobierno colombiano que acusan de las ejecuciones extrajudiciales a algunas “manzanas podridas” dentro del ejército, “es insostenible. Las cantidades mismas de casos, su repartición geográfica y la diversidad de unidades militares implicadas, indican que éstas fueron llevadas a cabo de una manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos dentro del ejército”.
El Relator de la ONU describe cómo “miembros del ejército matan al individuo. Luego se manipula el lugar de los hechos para que parezca que la persona fue dada de baja legítimamente en el fragor de un combate. A menudo se hace una fotografía en la que sale vistiendo uniforme de guerrillero con un arma o granada en la mano. Las víctimas suelen ser enterradas de manera anónima en fosas comunes, y los asesinos son premiados por los resultados conseguidos en la lucha contra la guerrilla”. Para Philip Alston, los “falsos positivos” constituyen en realidad “asesinato a sangre fría y premeditado de civiles inocentes, con fines de beneficio”. El relator señala en su informe preliminar que los militares hostigan sistemáticamente a los supervivientes (“esto forma parte de un patrón común”) y que a pesar de que el gobierno ha tomado medidas para parar y responder a estos homicidios, hay una preocupante brecha entre las políticas y la práctica, ya que la cantidad de enjuiciamientos por ejecuciones extrajudiciales sigue siendo muy baja y en algunas zonas “los jueces militares hacen caso omiso a los dictámenes de la Corte Constitucional”.
La Plataforma Justicia por Colombia lamenta que ésta sea la respuesta del gobierno español ante la calidad y cantidad de pruebas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la fuerza pública colombiana. Ante los informes de Naciones Unidas y de un sinnúmero de misiones internacionales y nacionales que han verificado la sistemática violación de los derechos humanos, la respuesta del gobierno español no puede ser otra que la inmediata suspensión de todo tipo de acuerdo militar con Colombia. De lo contrario, el mensaje que en nombre de España da el gobierno de Rodríguez Zapatero al mundo es que los torturas, las desapariciones forzadas, las matanzas, el paramilitarismo, las ejecuciones extrajudiciales y la impunidad son medios eficaces de inserción en la comunidad internacional. Ninguna credibilidad del discurso de los derechos humanos podría sostenerse si continúan y se amplían los convenios de colaboración militar con estructuras responsables de miles de crímenes que ofenden la conciencia ética de la humanidad.
La doble moral de los medios españoles
Vicenç Navarro
Público
Uno de los mayores problemas que tiene la democracia española es la muy limitada diversidad ideológica que existe en los medios de información de mayor tiraje del país. Y ello es fácil de demostrar. Si miramos, por ejemplo, el número de artículos críticos hacia el presidente Chávez y su Gobierno en Venezuela que se han escrito en los últimos doce meses en los cinco diarios de mayor difusión en España, vemos que se han publicado nada menos que 72. Si buscamos, en cambio, artículos favorables al presidente Chávez o a su Gobierno, no encontrarán ni uno (sí, leen bien, ni uno). Esta falta de diversidad contrasta con la existente en el país criticado –Venezuela–, donde pueden leerse, en la prensa venezolana de mayor tiraje, artículos críticos del presidente y de su Gobierno, así como artículos favorables. Lo mismo ocurre en los medios televisivos. En realidad es mucho más fácil encontrar artículos críticos sobre Chávez en los mayores medios venezolanos, que favorables a tal dirigente venezolano en los medios de mayor difusión en España. De tal hecho, fácilmente contrastable, puede deducirse que hay mayor diversidad ideológica y libertad de prensa en Venezuela que en España. Por mera coherencia ideológica, uno esperaría que las mismas voces liberales que están alarmadas por lo que consideran como un peligro para la democracia venezolana –la disminución de voces críticas en aquel país– estarían escribiendo artículos críticos de la extraordinaria limitación a la diversidad ideológica que existe en España. Pues no, permanecen callados. En realidad, son los mismos autores y editorialistas que denuncian alarmados la situación de Venezuela (preocupados por las limitaciones democráticas en los medios de aquel país), los que son responsables de la falta de diversidad ideológica en el nuestro. La doble moral de aquellos medios, en su supuesto compromiso con la libertad de expresión, es notoria y fácilmente demostrable.
Este asfixiante sesgo de aquellos medios de información y persuasión liberales tiene dos consecuencias. Una de ellas es que constantemente se está proveyendo opinión como si fuera información, la cual se convierte rápidamente en la sabiduría convencional del momento, al no poder ser contrastada con puntos críticos, que son excluidos de tales medios. Así, el colaborador de El País Antonio Elorza escribía un artículo titulado “Eclipse de la democracia” (27-02-09) en el que, además de homologar a Hugo Chávez y a Evo Morales con Berlusconi, señalaba “el caos de la política económica llevada a cabo por el Gobierno de Chávez” sin citar ningún dato o referencia que avalara tal conclusión. En realidad, la evidencia empírica publicada por instituciones que gozan de alta credibilidad como el prestigioso Center for Economic and Policy Research de Washington, o la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, no apoyan tal opinión. El Gobierno de Chávez ha sido uno de los pocos gobiernos que ha conseguido sobrepasar el objetivo del programa de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas (de reducir la pobreza extrema a la mitad), disminuyéndola de un 25% de la población en el año 2003 a un 7,6% en 2007. Ha sido también uno de los países de América Latina que: 1) ha reducido más las desigualdades y el desempleo; 2) ha incrementado más el número de beneficiarios de la Seguridad Social, doblándolo; 3) ha reducido su deuda pública más extensamente, pasando de un 30% del PIB a un 14%; y 4) ha tenido un mayor crecimiento económico, una tasa promedio del 10,4% durante los últimos 20 trimestres, habiendo aumentado su PIB de 99.000 millones de dólares en 1999 a 227.000 en 2007.
Ninguno de estos datos ha aparecido en aquellos medios, donde la demonización de Chávez es una constante. De ahí la sorprendente noticia de que, según una encuesta reciente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Chávez es el dirigente internacional menos valorado por la población en España, menos incluso que el presidente Bush de EEUU, valoración negativa que fue ampliamente citada por tales medios. No se citó, en cambio, que según la misma encuesta realizada en la mayoría de países de América Latina, la población venezolana era la que indicaba, en mayores porcentajes en aquel continente, que “su Gobierno actuaba para el bien de la población”, y que expresaba mayor satisfacción con la situación económica y social del país. Y era el segundo país de América Latina que creía que “la democracia funcionaba bien en su país”.
Tal negativismo hacia Chávez contrasta con el positivismo hacia el presidente Uribe de Colombia, uno de los gobiernos de América Latina donde los derechos humanos son más vulnerados. El Gobierno utiliza su campaña contra la guerrilla para reprimir a las fuerzas de izquierda, incluyendo partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales que no tienen ninguna relación con la guerrilla. El 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo lo han sido en Colombia, tal como documentó la Confederación Sindical Internacional el pasado 10 de Junio en París. Sólo en 2008 fueron asesinados 46 dirigentes sindicales. La conexión entre el Gobierno y los paramilitares es bien conocida y documentada, siendo estos últimos conocidos por su campaña de terror contra las fuerzas progresistas. Muy pocas de estas noticias han aparecido en aquellos medios.
Una última observación. Este artículo no es sobre Chávez o sobre Uribe. No es mi objetivo ni defender a Chávez (con quien tengo acuerdos y también muchos desacuerdos) ni denunciar a Uribe (labor que otros han hecho, más elocuentemente de lo que yo pueda hacerlo). Este artículo es sobre la falta de diversidad ideológica en los medios mayoritarios de nuestro país, que debiera ofender a cualquier persona demócrata que, independientemente de sus simpatías o antipatías hacia aquellos dirigentes, debiera preocuparle lo que está ocurriendo en aquellos medios, que son más de persuasión que de información.
Vicenç Navarro es Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de ‘Policy Studies’ en The Johns Hopkins University.
http://blogs.publico.es/dominiopublico/1410/la-doble-moral-de-los-medios/
Público
Uno de los mayores problemas que tiene la democracia española es la muy limitada diversidad ideológica que existe en los medios de información de mayor tiraje del país. Y ello es fácil de demostrar. Si miramos, por ejemplo, el número de artículos críticos hacia el presidente Chávez y su Gobierno en Venezuela que se han escrito en los últimos doce meses en los cinco diarios de mayor difusión en España, vemos que se han publicado nada menos que 72. Si buscamos, en cambio, artículos favorables al presidente Chávez o a su Gobierno, no encontrarán ni uno (sí, leen bien, ni uno). Esta falta de diversidad contrasta con la existente en el país criticado –Venezuela–, donde pueden leerse, en la prensa venezolana de mayor tiraje, artículos críticos del presidente y de su Gobierno, así como artículos favorables. Lo mismo ocurre en los medios televisivos. En realidad es mucho más fácil encontrar artículos críticos sobre Chávez en los mayores medios venezolanos, que favorables a tal dirigente venezolano en los medios de mayor difusión en España. De tal hecho, fácilmente contrastable, puede deducirse que hay mayor diversidad ideológica y libertad de prensa en Venezuela que en España. Por mera coherencia ideológica, uno esperaría que las mismas voces liberales que están alarmadas por lo que consideran como un peligro para la democracia venezolana –la disminución de voces críticas en aquel país– estarían escribiendo artículos críticos de la extraordinaria limitación a la diversidad ideológica que existe en España. Pues no, permanecen callados. En realidad, son los mismos autores y editorialistas que denuncian alarmados la situación de Venezuela (preocupados por las limitaciones democráticas en los medios de aquel país), los que son responsables de la falta de diversidad ideológica en el nuestro. La doble moral de aquellos medios, en su supuesto compromiso con la libertad de expresión, es notoria y fácilmente demostrable.
Este asfixiante sesgo de aquellos medios de información y persuasión liberales tiene dos consecuencias. Una de ellas es que constantemente se está proveyendo opinión como si fuera información, la cual se convierte rápidamente en la sabiduría convencional del momento, al no poder ser contrastada con puntos críticos, que son excluidos de tales medios. Así, el colaborador de El País Antonio Elorza escribía un artículo titulado “Eclipse de la democracia” (27-02-09) en el que, además de homologar a Hugo Chávez y a Evo Morales con Berlusconi, señalaba “el caos de la política económica llevada a cabo por el Gobierno de Chávez” sin citar ningún dato o referencia que avalara tal conclusión. En realidad, la evidencia empírica publicada por instituciones que gozan de alta credibilidad como el prestigioso Center for Economic and Policy Research de Washington, o la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, no apoyan tal opinión. El Gobierno de Chávez ha sido uno de los pocos gobiernos que ha conseguido sobrepasar el objetivo del programa de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas (de reducir la pobreza extrema a la mitad), disminuyéndola de un 25% de la población en el año 2003 a un 7,6% en 2007. Ha sido también uno de los países de América Latina que: 1) ha reducido más las desigualdades y el desempleo; 2) ha incrementado más el número de beneficiarios de la Seguridad Social, doblándolo; 3) ha reducido su deuda pública más extensamente, pasando de un 30% del PIB a un 14%; y 4) ha tenido un mayor crecimiento económico, una tasa promedio del 10,4% durante los últimos 20 trimestres, habiendo aumentado su PIB de 99.000 millones de dólares en 1999 a 227.000 en 2007.
Ninguno de estos datos ha aparecido en aquellos medios, donde la demonización de Chávez es una constante. De ahí la sorprendente noticia de que, según una encuesta reciente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Chávez es el dirigente internacional menos valorado por la población en España, menos incluso que el presidente Bush de EEUU, valoración negativa que fue ampliamente citada por tales medios. No se citó, en cambio, que según la misma encuesta realizada en la mayoría de países de América Latina, la población venezolana era la que indicaba, en mayores porcentajes en aquel continente, que “su Gobierno actuaba para el bien de la población”, y que expresaba mayor satisfacción con la situación económica y social del país. Y era el segundo país de América Latina que creía que “la democracia funcionaba bien en su país”.
Tal negativismo hacia Chávez contrasta con el positivismo hacia el presidente Uribe de Colombia, uno de los gobiernos de América Latina donde los derechos humanos son más vulnerados. El Gobierno utiliza su campaña contra la guerrilla para reprimir a las fuerzas de izquierda, incluyendo partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales que no tienen ninguna relación con la guerrilla. El 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo lo han sido en Colombia, tal como documentó la Confederación Sindical Internacional el pasado 10 de Junio en París. Sólo en 2008 fueron asesinados 46 dirigentes sindicales. La conexión entre el Gobierno y los paramilitares es bien conocida y documentada, siendo estos últimos conocidos por su campaña de terror contra las fuerzas progresistas. Muy pocas de estas noticias han aparecido en aquellos medios.
Una última observación. Este artículo no es sobre Chávez o sobre Uribe. No es mi objetivo ni defender a Chávez (con quien tengo acuerdos y también muchos desacuerdos) ni denunciar a Uribe (labor que otros han hecho, más elocuentemente de lo que yo pueda hacerlo). Este artículo es sobre la falta de diversidad ideológica en los medios mayoritarios de nuestro país, que debiera ofender a cualquier persona demócrata que, independientemente de sus simpatías o antipatías hacia aquellos dirigentes, debiera preocuparle lo que está ocurriendo en aquellos medios, que son más de persuasión que de información.
Vicenç Navarro es Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de ‘Policy Studies’ en The Johns Hopkins University.
http://blogs.publico.es/dominiopublico/1410/la-doble-moral-de-los-medios/
Uribe acepta alojar cinco bases de EEUU en Colombia
El plan, negociado en secreto en Washington durante meses, provoca una conmoción nacional y pone en guardia a Venezuela y Ecuador
Antonio Albiñana
Público
"Colombia perderá soberanía y se convertirá en una base de operaciones, una especie de portaaviones, contra los países vecinos". Quien así habla no es sospechoso de antiamericanismo primario; es el senador Rafael Pardo , ex ministro de Defensa colombiano y candidato a sustituir al presidente Álvaro Uribe desde el espectro centrista.
El plan de EEUU de instalar a sus militares en cinco puntos del territorio colombiano, con un máximo de 800 militares y 600 civiles, ha creado una conmoción nacional que alcanza a los vecinos, sobre todo a Venezuela y Ecuador. Las negociaciones se han llevado en secreto en EEUU en los últimos meses y el acuerdo ya está prefirmado a falta de una inminente quinta ronda de conversaciones en Bogotá.
Se trata de sustituir la base de Manta en Ecuador, el más importante centro de operaciones estadounidense en la región tras la entrega de Panamá, y cuya vigencia se ha negado a prolongar el presidente, Rafael Correa . Sobre todo desde que supo que fue en Manta donde se montó y se apoyó el bombardeo colombiano de territorio ecuatoriano para liquidar al dirigente de las FARC Raúl Reyes . La acción, en la que murieron 27 personas, entre ellas un ecuatoriano, fue una violación de la soberanía de Ecuador rechazada por toda América Latina y supuso la ruptura de relaciones entre Colombia y Ecuador.
Una zona de fuerte presencia guerrillera
Las operaciones desde Manta, en teoría para la lucha contra el narcotráfico, van a ser trasladadas inicialmente a tres bases militares en Colombia: Malambo en el Atlántico, Tolemaida en la región del Tolima, y Larandia en el Caquetá, una zona de fuerte presencia guerrillera. Después se prevé la instalación del Ejército estadounidense en otros dos puntos de Colombia.
Ante el escándalo suscitado, portavoces del Gobierno se han apresurado a afirmar que sólo será una "ampliación" del acuerdo vigente con EEUU y que en las bases también estarán militares colombianos. Pero la realidad es que las actuaciones estadounidenses se ampliarán de la lucha contra el narcotráfico a la lucha contra el terrorismo. Y del Pacífico hasta el Caribe.
El Gobierno de Uribe trata ahora de desmentir por todos los medios que sea un traslado de la base militar de Manta, algo que anunció literalmente el propio embajador estadounidense, William Bronfield , hace algunas semanas. Bronfield fue el cerebro de la operación militar de EEUU en diciembre de 1989 en Panamá, cuando los aviones norteamericanos arrasaron todo un barrio de la capital para llevarse a su antiguo aliado Noriega, a costa de al menos 2.000 muertos civiles, entre ellos el fotógrafo español Juantxu Rodríguez.
El candidato preferido por Uribe para su propia sucesión, el ex ministro Óscar Felipe Arias , apodado Uribito, proclamó ayer que las nuevas bases estadounidenses servirán "para defender a los colombianos de su vecindario".
La cooperación pacífica de EEUU
Esta ofensiva para desplegar efectivos, medios militares y avanzada tecnología de inteligencia en Colombia vulnera la dinámica abierta por el presidente Barack Obama , que en sus primeras intervenciones trató de abrir nuevas vías en Latinoamérica basadas en la cooperación pacífica, y con acento en los problemas sociales, tomando distancia del autoritarismo que participó en la instalación de casi todas las dictaduras del continente.
Además, la instalación de esas bases hará inviable la iniciativa UNASUR, la alianza regional liderada por Brasil para evitar situaciones de crisis entre países vecinos. Ecuador y Venezuela se han manifestado ya contra esa presencia militar de EEUU en la zona.
Para el líder de la alianza de izquierda Polo Democrático, el jurista Carlos Gaviria , "es vergonzoso cómo se ha llegado al acuerdo, que debió ser objeto de un debate público. Nos estamos convirtiendo en un país súbdito de Estados Unidos".
No, no se están convirtiendo, ya son lacayos del imperio desde hace un buen rato. Sólo que ahora están completamente ocupados, han perdido toda la poca soberanía que les quedaba.
Un capítulo del acuerdo que levanta muchas ampollas es la imposición de EEUU de que su personal goce de total inmunidad frente a la justicia colombiana. El precedente es Ecuador, que reclamó sin éxito contra más de 300 norteamericanos que nunca pudo juzgar y que estaban acusados de diversos delitos, incluyendo robos y homicidios. En Colombia se han producido numerosos incidentes incluyendo episodios de tráfico de drogas con estadounidenses que actuaban bajo la fachada de "asesores civiles" cuando en realidad eran agentes secretos.
Antonio Albiñana
Público
"Colombia perderá soberanía y se convertirá en una base de operaciones, una especie de portaaviones, contra los países vecinos". Quien así habla no es sospechoso de antiamericanismo primario; es el senador Rafael Pardo , ex ministro de Defensa colombiano y candidato a sustituir al presidente Álvaro Uribe desde el espectro centrista.
El plan de EEUU de instalar a sus militares en cinco puntos del territorio colombiano, con un máximo de 800 militares y 600 civiles, ha creado una conmoción nacional que alcanza a los vecinos, sobre todo a Venezuela y Ecuador. Las negociaciones se han llevado en secreto en EEUU en los últimos meses y el acuerdo ya está prefirmado a falta de una inminente quinta ronda de conversaciones en Bogotá.
Se trata de sustituir la base de Manta en Ecuador, el más importante centro de operaciones estadounidense en la región tras la entrega de Panamá, y cuya vigencia se ha negado a prolongar el presidente, Rafael Correa . Sobre todo desde que supo que fue en Manta donde se montó y se apoyó el bombardeo colombiano de territorio ecuatoriano para liquidar al dirigente de las FARC Raúl Reyes . La acción, en la que murieron 27 personas, entre ellas un ecuatoriano, fue una violación de la soberanía de Ecuador rechazada por toda América Latina y supuso la ruptura de relaciones entre Colombia y Ecuador.
Una zona de fuerte presencia guerrillera
Las operaciones desde Manta, en teoría para la lucha contra el narcotráfico, van a ser trasladadas inicialmente a tres bases militares en Colombia: Malambo en el Atlántico, Tolemaida en la región del Tolima, y Larandia en el Caquetá, una zona de fuerte presencia guerrillera. Después se prevé la instalación del Ejército estadounidense en otros dos puntos de Colombia.
Ante el escándalo suscitado, portavoces del Gobierno se han apresurado a afirmar que sólo será una "ampliación" del acuerdo vigente con EEUU y que en las bases también estarán militares colombianos. Pero la realidad es que las actuaciones estadounidenses se ampliarán de la lucha contra el narcotráfico a la lucha contra el terrorismo. Y del Pacífico hasta el Caribe.
El Gobierno de Uribe trata ahora de desmentir por todos los medios que sea un traslado de la base militar de Manta, algo que anunció literalmente el propio embajador estadounidense, William Bronfield , hace algunas semanas. Bronfield fue el cerebro de la operación militar de EEUU en diciembre de 1989 en Panamá, cuando los aviones norteamericanos arrasaron todo un barrio de la capital para llevarse a su antiguo aliado Noriega, a costa de al menos 2.000 muertos civiles, entre ellos el fotógrafo español Juantxu Rodríguez.
El candidato preferido por Uribe para su propia sucesión, el ex ministro Óscar Felipe Arias , apodado Uribito, proclamó ayer que las nuevas bases estadounidenses servirán "para defender a los colombianos de su vecindario".
La cooperación pacífica de EEUU
Esta ofensiva para desplegar efectivos, medios militares y avanzada tecnología de inteligencia en Colombia vulnera la dinámica abierta por el presidente Barack Obama , que en sus primeras intervenciones trató de abrir nuevas vías en Latinoamérica basadas en la cooperación pacífica, y con acento en los problemas sociales, tomando distancia del autoritarismo que participó en la instalación de casi todas las dictaduras del continente.
Además, la instalación de esas bases hará inviable la iniciativa UNASUR, la alianza regional liderada por Brasil para evitar situaciones de crisis entre países vecinos. Ecuador y Venezuela se han manifestado ya contra esa presencia militar de EEUU en la zona.
Para el líder de la alianza de izquierda Polo Democrático, el jurista Carlos Gaviria , "es vergonzoso cómo se ha llegado al acuerdo, que debió ser objeto de un debate público. Nos estamos convirtiendo en un país súbdito de Estados Unidos".
No, no se están convirtiendo, ya son lacayos del imperio desde hace un buen rato. Sólo que ahora están completamente ocupados, han perdido toda la poca soberanía que les quedaba.
Un capítulo del acuerdo que levanta muchas ampollas es la imposición de EEUU de que su personal goce de total inmunidad frente a la justicia colombiana. El precedente es Ecuador, que reclamó sin éxito contra más de 300 norteamericanos que nunca pudo juzgar y que estaban acusados de diversos delitos, incluyendo robos y homicidios. En Colombia se han producido numerosos incidentes incluyendo episodios de tráfico de drogas con estadounidenses que actuaban bajo la fachada de "asesores civiles" cuando en realidad eran agentes secretos.
Progresismo y neoliberalismo
Raúl Zibechi
La Jornada
Es cierto. Las derechas latinoamericanas han aprendido de errores y fracasos del pasado reciente, están adecuando nuevas tácticas y preparan ofensivas que pretenden retrotraer la situación del continente al periodo anterior a los triunfos populares de comienzos de este siglo. Aspiran a instalar gobiernos conservadores, quitar de enmedio algunos aspectos molestos para la dominación de las elites y dejar el camino libre para cercar y aniquilar a sus verdaderos enemigos: los movimientos sociales populares. La resolución de la crisis en Honduras será una prueba de fuego. La consolidación de los golpistas, como ha señalado Fidel Castro, puede alfombrar el camino a regímenes autoritarios.
Sin embargo, una parte sustancial de los análisis miran en exclusiva sólo una parte del escenario, la que conforman los gobiernos, dejando de lado el hecho decisivo de que han sido y siguen siendo los movimientos de los de abajo los capaces de modificar a fondo la relación de fuerzas. Incluso en Bolivia, donde se han producido los mayores avances en un sentido antineoliberal, ha sido la movilización popular, junto a la decidida acción del gobierno de Evo Morales, la que puso en retirada a la oligarquía de Santa Cruz en septiembre del año pasado. Fue el cerco multitudinario a la ciudad dominada por los fascistas lo que modificó las cosas. No hay cambios profundos sin el concurso de los de abajo organizados en movimientos. Colocar el foco del análisis en los gobiernos supone dejar de lado nada menos que la parte decisiva de la realidad, por lo menos desde una mirada antisistémica.
Por otro lado, parece necesario comprender que la ofensiva de la derecha es consecuencia, en buena medida, de las políticas de esos gobiernos progresistas, de la continuidad y profundización del neoliberalismo, de su incapacidad para torcer el rumbo del modelo de acumulación vigente. La elección de José Mujica como candidato del Frente Amplio en Uruguay es un hecho auspicioso y positivo, pero no debe olvidarse que fue ministro de Ganadería y Agricultura durante cuatro años, un periodo de notable expansión de los monocultivos de soya, libres de impuestos, al contrario de lo que sucede en Argentina. Un mínimo balance de casi una década de progresismo en la región supone abordar por lo menos cinco aspectos.
Uno. Hasta ahora, el progresismo ha sido relativamente exitoso en el rediseño del mapa regional, y muy en particular en la autonomización de Estados Unidos. La creación de la Unasur y del Consejo Sudamericano de Defensa son hechos que afianzan al subcontinente como una fuerza política con voz propia. La creación del Banco del Sur también podría ser parte del mismo proceso, aunque la iniciativa demoró mucho en ponerse en marcha y aún tiene alcances muy limitados. Otros proyectos, como el Gasoducto del Sur, han quedado en el camino. Y se está implementando la IIRSA, la mayor iniciativa de construcción de infraestructura que no hace más que consolidar el libre comercio, generando grandes desigualdades entre países y regiones, con consecuencias muy negativas sobre el medio ambiente y los pueblos indígenas.
Dos. El modelo neoliberal, una vez superada la fase de las privatizaciones, se asienta en la minería a cielo abierto, los monocultivos de soya y caña de azúcar para biocombustibles, y en el complejo forestación-celulosa. Los gobiernos progresistas apoyan con fervor ese modelo y no muestran la menor intención de frenarlo. No sólo el gobierno de Lula, que está permitiendo un avance espectacular de las multinacionales sobre la Amazonia, sino también el ecuatoriano de Rafael Correa, que ha reprimido la protesta indígena y popular contra la minería. Argentina muestra cómo no frenar los monocultivos de soya fortalece a la derecha, que obtiene más poder económico y político. Este es uno de los aspectos más negativos del progresismo.
Tres. Los planes sociales no son conquistas sino nuevas formas de dominación sobre los más pobres, los llamados excluidos o marginados. Alrededor de 100 millones de personas son beneficiarias de planes que alivian la pobreza, 50 millones sólo en Brasil. Son menos pobres, sí, pero no tienen derechos universales sino apenas prestaciones, que las derechas no pretenden cortar porque han mostrado ser beneficiosas para la estabilidad política, toda vez que hacen más difícil la organización de los de abajo. Es cierto que con los gobiernos progresistas la represión es mucho menor que con los gobiernos conservadores, pero en gran medida ello es posible por la cooptación y domesticación que auspician los planes sociales. La desmovilización de abajo beneficia a las derechas.
Cuatro. La fase actual del modelo de acumulación, incluyendo la llamada crisis económica, impone drásticas medidas para cortar en seco la especulación financiera, las fusiones entre megaempresas como la sucedida en Brasil entre Sadia y Perdigao, y el impulso a la organización y la lucha de los de abajo. No puede haber cambios de fondo sin modificar la distribución de la riqueza. Por el contrario, en la mayor parte de los países de la región no se registran cambios en la desigualdad. Un reciente estudio difundido por el Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay reconoce que, pese a los planes sociales y el notable crecimiento económico de los últimos años, disminuyó la pobreza pero la desigualdad es mayor aún que antes de la crisis de 2002.
Cinco. No hay salida del modelo neoliberal sin crisis política y social. Son demasiados los intereses en juego, y no son pocos los aliados de los de arriba entre las clases medias, como para pensar que se puede salir del modelo con paz social, sin una potente lucha de clases como la sostenida por los de abajo en Bolivia y Venezuela. Muchos progresistas en el gobierno le temen a una crisis política y tratan de evitarla. Eludir lo inevitable conduce a la derrota, y no tiene gracia culpar de ello a la impaciencia o inmadurez de los movimientos. Los pueblos amazónicos de Perú y los indígenas de Colombia nos muestran un camino.
La Jornada
Es cierto. Las derechas latinoamericanas han aprendido de errores y fracasos del pasado reciente, están adecuando nuevas tácticas y preparan ofensivas que pretenden retrotraer la situación del continente al periodo anterior a los triunfos populares de comienzos de este siglo. Aspiran a instalar gobiernos conservadores, quitar de enmedio algunos aspectos molestos para la dominación de las elites y dejar el camino libre para cercar y aniquilar a sus verdaderos enemigos: los movimientos sociales populares. La resolución de la crisis en Honduras será una prueba de fuego. La consolidación de los golpistas, como ha señalado Fidel Castro, puede alfombrar el camino a regímenes autoritarios.
Sin embargo, una parte sustancial de los análisis miran en exclusiva sólo una parte del escenario, la que conforman los gobiernos, dejando de lado el hecho decisivo de que han sido y siguen siendo los movimientos de los de abajo los capaces de modificar a fondo la relación de fuerzas. Incluso en Bolivia, donde se han producido los mayores avances en un sentido antineoliberal, ha sido la movilización popular, junto a la decidida acción del gobierno de Evo Morales, la que puso en retirada a la oligarquía de Santa Cruz en septiembre del año pasado. Fue el cerco multitudinario a la ciudad dominada por los fascistas lo que modificó las cosas. No hay cambios profundos sin el concurso de los de abajo organizados en movimientos. Colocar el foco del análisis en los gobiernos supone dejar de lado nada menos que la parte decisiva de la realidad, por lo menos desde una mirada antisistémica.
Por otro lado, parece necesario comprender que la ofensiva de la derecha es consecuencia, en buena medida, de las políticas de esos gobiernos progresistas, de la continuidad y profundización del neoliberalismo, de su incapacidad para torcer el rumbo del modelo de acumulación vigente. La elección de José Mujica como candidato del Frente Amplio en Uruguay es un hecho auspicioso y positivo, pero no debe olvidarse que fue ministro de Ganadería y Agricultura durante cuatro años, un periodo de notable expansión de los monocultivos de soya, libres de impuestos, al contrario de lo que sucede en Argentina. Un mínimo balance de casi una década de progresismo en la región supone abordar por lo menos cinco aspectos.
Uno. Hasta ahora, el progresismo ha sido relativamente exitoso en el rediseño del mapa regional, y muy en particular en la autonomización de Estados Unidos. La creación de la Unasur y del Consejo Sudamericano de Defensa son hechos que afianzan al subcontinente como una fuerza política con voz propia. La creación del Banco del Sur también podría ser parte del mismo proceso, aunque la iniciativa demoró mucho en ponerse en marcha y aún tiene alcances muy limitados. Otros proyectos, como el Gasoducto del Sur, han quedado en el camino. Y se está implementando la IIRSA, la mayor iniciativa de construcción de infraestructura que no hace más que consolidar el libre comercio, generando grandes desigualdades entre países y regiones, con consecuencias muy negativas sobre el medio ambiente y los pueblos indígenas.
Dos. El modelo neoliberal, una vez superada la fase de las privatizaciones, se asienta en la minería a cielo abierto, los monocultivos de soya y caña de azúcar para biocombustibles, y en el complejo forestación-celulosa. Los gobiernos progresistas apoyan con fervor ese modelo y no muestran la menor intención de frenarlo. No sólo el gobierno de Lula, que está permitiendo un avance espectacular de las multinacionales sobre la Amazonia, sino también el ecuatoriano de Rafael Correa, que ha reprimido la protesta indígena y popular contra la minería. Argentina muestra cómo no frenar los monocultivos de soya fortalece a la derecha, que obtiene más poder económico y político. Este es uno de los aspectos más negativos del progresismo.
Tres. Los planes sociales no son conquistas sino nuevas formas de dominación sobre los más pobres, los llamados excluidos o marginados. Alrededor de 100 millones de personas son beneficiarias de planes que alivian la pobreza, 50 millones sólo en Brasil. Son menos pobres, sí, pero no tienen derechos universales sino apenas prestaciones, que las derechas no pretenden cortar porque han mostrado ser beneficiosas para la estabilidad política, toda vez que hacen más difícil la organización de los de abajo. Es cierto que con los gobiernos progresistas la represión es mucho menor que con los gobiernos conservadores, pero en gran medida ello es posible por la cooptación y domesticación que auspician los planes sociales. La desmovilización de abajo beneficia a las derechas.
Cuatro. La fase actual del modelo de acumulación, incluyendo la llamada crisis económica, impone drásticas medidas para cortar en seco la especulación financiera, las fusiones entre megaempresas como la sucedida en Brasil entre Sadia y Perdigao, y el impulso a la organización y la lucha de los de abajo. No puede haber cambios de fondo sin modificar la distribución de la riqueza. Por el contrario, en la mayor parte de los países de la región no se registran cambios en la desigualdad. Un reciente estudio difundido por el Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay reconoce que, pese a los planes sociales y el notable crecimiento económico de los últimos años, disminuyó la pobreza pero la desigualdad es mayor aún que antes de la crisis de 2002.
Cinco. No hay salida del modelo neoliberal sin crisis política y social. Son demasiados los intereses en juego, y no son pocos los aliados de los de arriba entre las clases medias, como para pensar que se puede salir del modelo con paz social, sin una potente lucha de clases como la sostenida por los de abajo en Bolivia y Venezuela. Muchos progresistas en el gobierno le temen a una crisis política y tratan de evitarla. Eludir lo inevitable conduce a la derrota, y no tiene gracia culpar de ello a la impaciencia o inmadurez de los movimientos. Los pueblos amazónicos de Perú y los indígenas de Colombia nos muestran un camino.
Traidores, los políticos que aceptan bases de EU en su país: Evo Morales
De la redacción
Bogotá, 17 de julio. El presidente boliviano Evo Morales tachó de traidores a políticos que aceptan que Estados Unidos instale bases militares en el territorio de sus países. Agregó que las naciones latinoamericanas deben plantearse que nunca más haya instalaciones castrenses extranjeras en la región para hacer respetar la soberanía de los pueblos.
Citado por el diario colombiano El Tiempo, Morales sostuvo: Quiero decir (que los) políticos latinoamericanos que aceptan una base militar estadunidense en cualquier país de América Latina son traidores de su país, traidores de su patria, dijo el jueves, durante un homenaje al bicentenario de la revolución de La Paz.
Recordó que su gobierno removió una instalación castrense estadunidense que estaba en Cochabamba. La Constitución Política del Estado, aprobada en el referendo de enero pasado, prohíbe el asentamiento de bases militares extranjeras en el país.
Evo Morales también sostuvo que las fuerzas armadas de los países latinoamericanos deben dejar de depender de Estados Unidos y abogó porque cada presidente busque doctrinas propias para sus militares.
El mandatario boliviano ha endurecido su discurso contra Estados Unidos, luego de que la administración de Barack Obama decidió ratificar en junio pasado el veto a Bolivia para acceder al mercado estadunidense con preferencias arancelarias.
Las declaraciones de Morales coinciden con el debate que hay en Colombia sobre un acuerdo que Bogotá negocia con Washington para el uso de bases militares por Estados Unidos en territorio colombiano .
En una audiencia pública el miércoles, el ministro interino de Defensa de Colombia, el general Freddy Padilla, y el canciller, Jaime Bermúdez, dejaron claro que ese acuerdo de cooperación tiene por objeto la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo dentro del territorio colombiano y que no afectaría a terceros Estados.
Padilla señaló que en la negociación con Washington no se ha tenido como referente base alguna en otro país, después de que en días pasados insistiera en que no se pretende trasladar a Colombia las operaciones de la base estadunidense de Manta en Ecuador, cuyas actividades cesaron este viernes.
Bogotá, 17 de julio. El presidente boliviano Evo Morales tachó de traidores a políticos que aceptan que Estados Unidos instale bases militares en el territorio de sus países. Agregó que las naciones latinoamericanas deben plantearse que nunca más haya instalaciones castrenses extranjeras en la región para hacer respetar la soberanía de los pueblos.
Citado por el diario colombiano El Tiempo, Morales sostuvo: Quiero decir (que los) políticos latinoamericanos que aceptan una base militar estadunidense en cualquier país de América Latina son traidores de su país, traidores de su patria, dijo el jueves, durante un homenaje al bicentenario de la revolución de La Paz.
Recordó que su gobierno removió una instalación castrense estadunidense que estaba en Cochabamba. La Constitución Política del Estado, aprobada en el referendo de enero pasado, prohíbe el asentamiento de bases militares extranjeras en el país.
Evo Morales también sostuvo que las fuerzas armadas de los países latinoamericanos deben dejar de depender de Estados Unidos y abogó porque cada presidente busque doctrinas propias para sus militares.
El mandatario boliviano ha endurecido su discurso contra Estados Unidos, luego de que la administración de Barack Obama decidió ratificar en junio pasado el veto a Bolivia para acceder al mercado estadunidense con preferencias arancelarias.
Las declaraciones de Morales coinciden con el debate que hay en Colombia sobre un acuerdo que Bogotá negocia con Washington para el uso de bases militares por Estados Unidos en territorio colombiano .
En una audiencia pública el miércoles, el ministro interino de Defensa de Colombia, el general Freddy Padilla, y el canciller, Jaime Bermúdez, dejaron claro que ese acuerdo de cooperación tiene por objeto la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo dentro del territorio colombiano y que no afectaría a terceros Estados.
Padilla señaló que en la negociación con Washington no se ha tenido como referente base alguna en otro país, después de que en días pasados insistiera en que no se pretende trasladar a Colombia las operaciones de la base estadunidense de Manta en Ecuador, cuyas actividades cesaron este viernes.
Mineras de Canadá en México: poca inversión, grandes utilidades
Los beneficios para las compañías crecen mientras la pobreza en las comunidades se extiende
Israel Rodríguez J.
Aunque Canadá se ubicó en el cuarto lugar en cuanto al monto de inversión en el sector minero durante el presente sexenio, las compañías canadienses han obtenido las mayores utilidades del negocio debido a que poseen los proyectos más rentables en la exploración, desarrollo y producción de minas de oro y plata, entre otros minerales. Solamente una empresa minera canadiense Goldcorp Inc concentra una tercera parte de la producción total de oro en México.
Según la Cámara Minera de México (Camimex) la mina de oro Los Filos, en el estado de Guerrero, produjo 213 mil 600 onzas de oro (más de seis toneladas); en tanto, El Sauzal, en Chihuahua, alcanzó las 274 mil 100 onzas (8.5 toneladas). Sumando las 86 mil 700 onzas de oro producidas en la unidad Tayoltita y las 20 mil onzas del proyecto Peñasquito, que en mayo de 2008 inició en etapa pre-operativa la lixiviación de mineral oxidado, Goldcorp Inc, propietaria de estas cuatro unidades, se convierte en la mayor productora de oro en México, representando 36 por ciento de la producción minera nacional, que tuvo un valor total en 2008 de cerca de 92 mil millones de pesos.
En lo que va del sexenio, las firmas mineras canadienses en México han invertido 258.3 millones de dólares en proyectos de explotación de oro y plata, lo que representa apenas 4.7 por ciento del total de las inversiones realizadas por empresas extranjeras en ese sector, que se calculan en 5 mil 403 millones de dólares, según informes de la Dirección General de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía (SE).
Los informes oficiales precisan que entre el cuarto trimestre de 2006, cuando inició la gestión del presidente Felipe Calderón y el segundo trimestre de 2009, las compañías de Canadá se ubicaron por debajo de las inversiones de Estados Unidos (610.7 millones de dólares), Reino Unido (753.4) e Islas Vírgenes (2 mil 143 millones), seguidas por Canadá con 258.3 millones de dólares, entre otros países.
En México el sector de la minería presenta contradicciones abismales, dado que una gran parte de los principales proyectos de exploración, desarrollo y producción se lleva a cabo en los estados más pobres del país.
Las ganancias siempre han sido enormes mientras que la pobreza en aquellas comunidades sigue extendiéndose. En enero de 2008, la mina de oro Los Filos, de la empresa canadiense Goldcorp Inc, inició operaciones en el estado de Guerrero, habiendo producido 213 mil 600 onzas de oro (más de seis toneladas). En este mismo mes, el proyecto Peñasquito de la misma firma en Zacatecas, vertió la primera barra de oro, proveniente de la lixiviación de mineral oxidado.
En noviembre, la mina de oro y plata Dolores, en el estado de Chihuahua, propiedad de la canadiense Minefinders Corporation, obtuvo su primera barra doré y durante todo 2008 produjo las primeras 3 mil onzas de oro y 57 mil 400 onzas de plata.
De acuerdo a los informes pormenorizados sobre la situación de la minería mexicana el año pasado, elaborados por la Cámara Minera de México, existen diversos ejemplos de la participación de las empresas de Canadá en México, como es el caso de la compañía Great Panther, la cual produjo 1.2 millones de onzas de plata, 6 mil 300 onzas de oro, 876 toneladas de plomo y mil 74 toneladas de zinc, provenientes de sus minas en Durango y Guanajuato.
Otros son la mina de oro El Chanate en Sonora, de Capital Gold; la mina El Castillo, propiedad de Castle Gold, localizada en el estado de Durango y también productora de oro; las minas polimetálicas Cozamín, en Zacatecas, propiedad de Capstone Mining Corp y Zacualpan, en el estado de México, de Impact Silver Corp Endeavour Silver Corporation obtuvo una producción de 485 mil onzas de plata y 4 mil 300 onzas de oro de su unidad minera Bolañitos, en Guanajuato, y 1.8 millones de onzas de plata de su mina Guanaceví, en Durango.
Scorpio Mining Corp, propietaria de la mina Nuestra Señora, en Sinaloa, inició pruebas operativas a finales de 2008 y producirá concentrados de cobre, plomo y zinc con contenidos de plata. Tara Gold anunció el inicio de operaciones en las minas Lluvia de Oro, en Sonora, Don Ramón y Lourdes, en Sinaloa, productoras de oro, plata, plomo y zinc.
Durante el año pasado, la producción mundial de oro experimentó un ligero descenso de 3.6 por ciento para sumar un total de 2 mil 356 toneladas (76 millones de onzas). Por segundo año consecutivo China fue el mayor productor con un total de 288 toneladas, seguido por Estados Unidos con 234 toneladas y Sudáfrica con 232.
En el caso de México, el grupo de metales preciosos se ubicó en el renglón con el mejor comportamiento dentro de la industria minera durante 2008. Por primera vez, el valor de la producción de oro fue superior al valor de la producción de plata, al alcanzar 16 por ciento del valor total de la producción minero-metalúrgica del país.
La producción minera de oro ascendió a 49.6 toneladas (un millón 595 mil onzas), lo que representó un crecimiento de 13.6 por ciento respecto de 2007 y con ello, se alcanzó un máximo histórico en la producción nacional de este metal, con lo cual México quedó en la decimotercera posición como productor mundial de oro
(Con información de Juan Carlos Miranda).
Israel Rodríguez J.
Aunque Canadá se ubicó en el cuarto lugar en cuanto al monto de inversión en el sector minero durante el presente sexenio, las compañías canadienses han obtenido las mayores utilidades del negocio debido a que poseen los proyectos más rentables en la exploración, desarrollo y producción de minas de oro y plata, entre otros minerales. Solamente una empresa minera canadiense Goldcorp Inc concentra una tercera parte de la producción total de oro en México.
Según la Cámara Minera de México (Camimex) la mina de oro Los Filos, en el estado de Guerrero, produjo 213 mil 600 onzas de oro (más de seis toneladas); en tanto, El Sauzal, en Chihuahua, alcanzó las 274 mil 100 onzas (8.5 toneladas). Sumando las 86 mil 700 onzas de oro producidas en la unidad Tayoltita y las 20 mil onzas del proyecto Peñasquito, que en mayo de 2008 inició en etapa pre-operativa la lixiviación de mineral oxidado, Goldcorp Inc, propietaria de estas cuatro unidades, se convierte en la mayor productora de oro en México, representando 36 por ciento de la producción minera nacional, que tuvo un valor total en 2008 de cerca de 92 mil millones de pesos.
En lo que va del sexenio, las firmas mineras canadienses en México han invertido 258.3 millones de dólares en proyectos de explotación de oro y plata, lo que representa apenas 4.7 por ciento del total de las inversiones realizadas por empresas extranjeras en ese sector, que se calculan en 5 mil 403 millones de dólares, según informes de la Dirección General de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía (SE).
Los informes oficiales precisan que entre el cuarto trimestre de 2006, cuando inició la gestión del presidente Felipe Calderón y el segundo trimestre de 2009, las compañías de Canadá se ubicaron por debajo de las inversiones de Estados Unidos (610.7 millones de dólares), Reino Unido (753.4) e Islas Vírgenes (2 mil 143 millones), seguidas por Canadá con 258.3 millones de dólares, entre otros países.
En México el sector de la minería presenta contradicciones abismales, dado que una gran parte de los principales proyectos de exploración, desarrollo y producción se lleva a cabo en los estados más pobres del país.
Las ganancias siempre han sido enormes mientras que la pobreza en aquellas comunidades sigue extendiéndose. En enero de 2008, la mina de oro Los Filos, de la empresa canadiense Goldcorp Inc, inició operaciones en el estado de Guerrero, habiendo producido 213 mil 600 onzas de oro (más de seis toneladas). En este mismo mes, el proyecto Peñasquito de la misma firma en Zacatecas, vertió la primera barra de oro, proveniente de la lixiviación de mineral oxidado.
En noviembre, la mina de oro y plata Dolores, en el estado de Chihuahua, propiedad de la canadiense Minefinders Corporation, obtuvo su primera barra doré y durante todo 2008 produjo las primeras 3 mil onzas de oro y 57 mil 400 onzas de plata.
De acuerdo a los informes pormenorizados sobre la situación de la minería mexicana el año pasado, elaborados por la Cámara Minera de México, existen diversos ejemplos de la participación de las empresas de Canadá en México, como es el caso de la compañía Great Panther, la cual produjo 1.2 millones de onzas de plata, 6 mil 300 onzas de oro, 876 toneladas de plomo y mil 74 toneladas de zinc, provenientes de sus minas en Durango y Guanajuato.
Otros son la mina de oro El Chanate en Sonora, de Capital Gold; la mina El Castillo, propiedad de Castle Gold, localizada en el estado de Durango y también productora de oro; las minas polimetálicas Cozamín, en Zacatecas, propiedad de Capstone Mining Corp y Zacualpan, en el estado de México, de Impact Silver Corp Endeavour Silver Corporation obtuvo una producción de 485 mil onzas de plata y 4 mil 300 onzas de oro de su unidad minera Bolañitos, en Guanajuato, y 1.8 millones de onzas de plata de su mina Guanaceví, en Durango.
Scorpio Mining Corp, propietaria de la mina Nuestra Señora, en Sinaloa, inició pruebas operativas a finales de 2008 y producirá concentrados de cobre, plomo y zinc con contenidos de plata. Tara Gold anunció el inicio de operaciones en las minas Lluvia de Oro, en Sonora, Don Ramón y Lourdes, en Sinaloa, productoras de oro, plata, plomo y zinc.
Durante el año pasado, la producción mundial de oro experimentó un ligero descenso de 3.6 por ciento para sumar un total de 2 mil 356 toneladas (76 millones de onzas). Por segundo año consecutivo China fue el mayor productor con un total de 288 toneladas, seguido por Estados Unidos con 234 toneladas y Sudáfrica con 232.
En el caso de México, el grupo de metales preciosos se ubicó en el renglón con el mejor comportamiento dentro de la industria minera durante 2008. Por primera vez, el valor de la producción de oro fue superior al valor de la producción de plata, al alcanzar 16 por ciento del valor total de la producción minero-metalúrgica del país.
La producción minera de oro ascendió a 49.6 toneladas (un millón 595 mil onzas), lo que representó un crecimiento de 13.6 por ciento respecto de 2007 y con ello, se alcanzó un máximo histórico en la producción nacional de este metal, con lo cual México quedó en la decimotercera posición como productor mundial de oro
(Con información de Juan Carlos Miranda).
Iniciativa Mérida: ayuda envenenada
Editorial
La Iniciativa Mérida representa, por lo visto, mucho más que un mero acuerdo de seguridad y cooperación entre los gobiernos de México y Estados Unidos en materia de lucha contra el narcotráfico y combate al terrorismo, pues constituye también –como lo informamos en la edición de hoy– una espléndida oportunidad de negocio para decenas de empresas del país vecino: unos 40 corporativos del aparato industrial-militar estadunidense esperan recibir una tajada sustancial de los cientos de millones de dólares en que quedó –tras una reducción sustancial– el monto de la ayuda de Washington a las autoridades mexicanas, entre ellas se encuentran Dyncorp, Northrop Grummman Corp., NOC y Blackwater, firmas que, en los distintos conflictos bélicos propiciados por Estados Unidos en el mundo, han convertido la guerra, la destrucción y el sufrimiento humano en abultadas utilidades para sus accionistas.
Dicha iniciativa ha sido criticada desde antes de que fuese firmada, entre otras cosas, por su enfoque unilateral, militarista y simplista del problema de la criminalidad y la seguridad, por sus semejanzas con el Plan Colombia –que involucró al país sudamericano en el tradicional esquema de contrainsurgencia asistida–, por las claudicaciones que conlleva en materia de soberanía y porque hunde a México en causas que, además de caducas, le son ajenas, como la guerra contra el terrorismo emprendida por la pasada administración estadunidense.
La información ahora disponible agrega un nuevo aspecto negativo, y particularmente alarmante, al acuerdo signado por el titular del Ejecutivo federal de México, Felipe Calderón, y el entonces presidente estadunidense George W. Bush: los presupuestos destinados por el Congreso de Washington a la asistencia a México son, a fin de cuentas, una subvención a la voraz industria militar de Estados Unidos, urgida de nuevos escenarios bélicos –es decir, de nuevos mercados– tras el anuncio de la salida de las tropas ocupantes de Irak.
Es de sobra conocido el círculo perverso que vincula al complejo militar-industrial de la superpotencia con las decisiones geoestratégicas de su gobierno: en numerosas ocasiones, la decisión de involucrarse en conflictos armados o de generarlos tiene la motivación económica precisa de crear oportunidades de negocio para la industria bélica; las consideraciones sobre la democracia, la libertad, la seguridad y la paz suelen ser meros agregados retóricos a un discurso justificador, e incluso los cálculos geopolíticos suelen supeditarse al cumplimiento de las metas de ventas de las empresas de armas y tecnología castrense.
Con esos hechos en mente, no puede desdeñarse el riesgo de que los intereses de la industria militar del país vecino presionen para exagerar, prolongar o extender amenazas reales o supuestas en territorio mexicano a fin de perpetuar sus negocios. Lo que de origen constituye un problema policial de seguridad pública puede ser escalado, en función de esa lógica perversa, con consecuencias impredecibles, pero ciertamente indeseables para México. Por lo pronto, es lógico suponer que los fabricantes de armamento y equipo de defensa han hecho su tarea de cabildeo en el Capitolio, en Washington, para presentar los peores ángulos de la circunstancia mexicana actual.
Todo lo anterior lleva a constatar, una vez más, la equivocación central en la estrategia antidelictiva formulada y aplicada por el actual gobierno mexicano. El combate al tráfico de drogas y a la criminalidad organizada en general debe replantearse en forma radical y sobre bases distintas.
La Iniciativa Mérida representa, por lo visto, mucho más que un mero acuerdo de seguridad y cooperación entre los gobiernos de México y Estados Unidos en materia de lucha contra el narcotráfico y combate al terrorismo, pues constituye también –como lo informamos en la edición de hoy– una espléndida oportunidad de negocio para decenas de empresas del país vecino: unos 40 corporativos del aparato industrial-militar estadunidense esperan recibir una tajada sustancial de los cientos de millones de dólares en que quedó –tras una reducción sustancial– el monto de la ayuda de Washington a las autoridades mexicanas, entre ellas se encuentran Dyncorp, Northrop Grummman Corp., NOC y Blackwater, firmas que, en los distintos conflictos bélicos propiciados por Estados Unidos en el mundo, han convertido la guerra, la destrucción y el sufrimiento humano en abultadas utilidades para sus accionistas.
Dicha iniciativa ha sido criticada desde antes de que fuese firmada, entre otras cosas, por su enfoque unilateral, militarista y simplista del problema de la criminalidad y la seguridad, por sus semejanzas con el Plan Colombia –que involucró al país sudamericano en el tradicional esquema de contrainsurgencia asistida–, por las claudicaciones que conlleva en materia de soberanía y porque hunde a México en causas que, además de caducas, le son ajenas, como la guerra contra el terrorismo emprendida por la pasada administración estadunidense.
La información ahora disponible agrega un nuevo aspecto negativo, y particularmente alarmante, al acuerdo signado por el titular del Ejecutivo federal de México, Felipe Calderón, y el entonces presidente estadunidense George W. Bush: los presupuestos destinados por el Congreso de Washington a la asistencia a México son, a fin de cuentas, una subvención a la voraz industria militar de Estados Unidos, urgida de nuevos escenarios bélicos –es decir, de nuevos mercados– tras el anuncio de la salida de las tropas ocupantes de Irak.
Es de sobra conocido el círculo perverso que vincula al complejo militar-industrial de la superpotencia con las decisiones geoestratégicas de su gobierno: en numerosas ocasiones, la decisión de involucrarse en conflictos armados o de generarlos tiene la motivación económica precisa de crear oportunidades de negocio para la industria bélica; las consideraciones sobre la democracia, la libertad, la seguridad y la paz suelen ser meros agregados retóricos a un discurso justificador, e incluso los cálculos geopolíticos suelen supeditarse al cumplimiento de las metas de ventas de las empresas de armas y tecnología castrense.
Con esos hechos en mente, no puede desdeñarse el riesgo de que los intereses de la industria militar del país vecino presionen para exagerar, prolongar o extender amenazas reales o supuestas en territorio mexicano a fin de perpetuar sus negocios. Lo que de origen constituye un problema policial de seguridad pública puede ser escalado, en función de esa lógica perversa, con consecuencias impredecibles, pero ciertamente indeseables para México. Por lo pronto, es lógico suponer que los fabricantes de armamento y equipo de defensa han hecho su tarea de cabildeo en el Capitolio, en Washington, para presentar los peores ángulos de la circunstancia mexicana actual.
Todo lo anterior lleva a constatar, una vez más, la equivocación central en la estrategia antidelictiva formulada y aplicada por el actual gobierno mexicano. El combate al tráfico de drogas y a la criminalidad organizada en general debe replantearse en forma radical y sobre bases distintas.
Hasta las "últimas consecuencias" con Zelaya: Pueblo Hondureño
Lo asesinana o lo encarcelan, son las expectativas para Zelaya ante un evenutal regreso a Honduras
http://www.youtube.com/watch?v=6Llb9G_JtAk
http://www.youtube.com/watch?v=6Llb9G_JtAk
Sabían del golpe (los de la Casa Blanca)... y ayudaron un poquito
Por: Juan Gelman
::Surysur
La Casa Blanca conocía desde hacía meses el golpe que se preparaba en Honduras, aunque ahora los voceros del Departamento de Estado finjan una inocencia sorprendida. El actual embajador estadounidense en Tegucigalpa, Hugo Llorens, lo sabe muy bien: el 12 de septiembre de 2008 llegó al país centroamericano y, nueve días después, el ahora golpista general Romeo Vásquez declaraba por la emisora HRN que lo habían buscado "para botar del gobierno al presidente Manuel Zelaya Rosales" (www.proceso. hn, 21-9-08). Agregó: "Somos una institución seria y respetuosa, por lo que respetamos al Señor Presidente como nuestro Comandante General y nos subordinamos como manda la Ley". Igualito que Pinochet antes de alzarse contra Salvador Allende. Cualquier semejanza es apenas obra de la realidad.
El 2 de junio de este año, Hillary Clinton acudió a Honduras para participar en una reunión de la OEA. Entrevistó a Zelaya y le manifestó su disconformidad con el referéndum que el mandatario planeaba llevar a cabo simultáneamente con las próximas elecciones presidenciales. Funcionarios norteamericanos señalaron que "no creían que ese plebiscito fuera constitucional" (The New York Times, 30-6-09). Seis días antes del golpe, el diario hondureño La Prensa informaba que el embajador Llorens se había reunido con políticos influyentes y jefes militares "para buscar una solución a la crisis" causada por el referéndum (www.laprensahn. com, 22-6-09). La "solución" encontrada es notoria.
Es difícil suponer que los mandos militares de Honduras, armados por el Pentágono y formados en la Escuela de las Américas, que a tantos dictadores latinoamericanos les enseñó cómo hacerlo, se hayan movido sin el acuerdo de sus mentores. Por lo demás, los golpistas no ocultaron las razones de su acto: Zelaya se estaba acercando demasiado al "comunista" de Chávez, el venezolano más odiado por la Casa Blanca: en julio de 2008, bajo su mandato, Honduras adhirió a la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), el nuevo "eje del mal" en América latina. Demasiado, ¿verdad?
Demasiado, sí, porque Honduras es territorio estratégico para el Pentágono, que desde la base de Soto Cano, donde se estacionan efectivos de la fuerza aérea y de la infantería estadounidenses, no sólo domina América Central: este verdadero enclave es fundamental en el esquema militar de EE.UU. para una región rica en recursos naturales. Aunque nunca tocó los intereses de las corporaciones extranjeras ni de los dueños locales del poder económico, Zelaya constituía un peligro de "desestabilizació n". Cabe señalar que el referéndum sobre la convocatoria o no de una Asamblea Constituyente que podría permitir la reelección de Zelaya no era vinculante. Nadie se molestó en Washington por la reforma constitucional que permitió en Colombia la reelección de Alvaro Uribe, gran aliado de EE.UU., que ni siquiera fue plebiscitada. Es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
Los golpistas hondureños son impresentables. El general Romero Vásquez Velásquez, echado por Zelaya, de regreso con el golpe y autor del secuestro y expulsión del presidente, fue alojado en la penitenciaría nacional en 1993 junto con otros diez miembros de una banda acusada de robar 200 automóviles de lujo (www.elheraldo. hn, 2-2-93). Era entonces mayor del ejército; como general, se dedica a robar un gobierno elegido en las urnas. Otro impresentable es el ministro consejero Billy Joya, que no hace honor a su apellido (o sí, según se mire): fue jefe de la división táctica del batallón B3-16, el escuadrón de la muerte hondureño que torturó y "desapareció" a numerosas personas en los años '80. El "Licenciado Arrazola" –uno de sus alias– es un experto en la materia: estudió los métodos de las dictaduras argentina y chilena (www.michelcollon. info, 7-7-09). Son antecedentes conocidos, pese a lo cual, o por eso mismo, fue elegido para formar parte del régimen golpista, tan democrático pues.
La represión en Honduras continúa. El jueves de la semana que pasó fue detenido el padre de Isis Obeid Murillo, el joven de 19 años asesinado por el ejército en el aeropuerto de Tegucigalpa: tuvo la peregrina idea de exigir públicamente justicia para su hijo (www.wsws.org, 11-7-09). Los salvadores de la democracia expulsaron a periodistas de Associated Press, desaparecieron de la pantalla al Canal 21 y efectivos armados ocuparon el canal 36 (Miami Herald, 1-7-09). Es la concepción de la libertad de prensa que caracteriza a los golpistas.
La Casa Blanca sigue blanda con lo que calificó de "acto ilegal". Hillary se niega a llamarlo "golpe de Estado" porque eso implicaría automáticamente el cese de la ayuda económica y militar estadounidense a Honduras. Las conversaciones sobre un arreglo pacífico que tienen lugar en Costa Rica, en las que el presidente Oscar Arias actúa de mediador a pedido de Obama, son una farsa. Pero tienen un costado importante: entrañan un reconocimiento oficioso del régimen impuesto. Arias ya anunció que tratará de "presidente" tanto al golpista Micheletti como al mandatario elegido en las urnas y depuesto. Esto sí que es ecuanimidad.
*Poeta y escritor argentino.
viernes, julio 17, 2009
La génesis de Goriletti - Preso en 1980 por especulación
Honduras, ciudad de Progreso, 15 de septiembre de 1980.
Erase una vez un Goriletti que tenia una empresa de transporte público llamada Gorili-TUPSA en la Ciudad de Progreso, pero no manejaba sus vehículos, solo tenia una oficina desde donde controlaba su negocio.
Un día, aburrido en su oficina, se asomó por la ventana y vio llover. Llovió y llovió todo el día, llovió tanto que se crecieron los ríos, se desbordaron, las poblaciones quedaron aisladas. Goriletti pensó "El pueblo debe estar sufriendo: ¿Qué debo hacer?" y después de un rato caminando de aquí a allá, de allá a aquí, como un gran estratega, con los brazos detrás de la espalda, atribulado, midiendo y sopesando cada posibilidad de su accionar, hasta que después de 0,3 microsegundos de reflexionar y reflexionar gritó "¡¡EUREKA!!" y se puso en febril actividad para llevar a cabo su plan: aprovechar las lluvias para subir el precio del transporte de 1,40 lempiras a 4 lempiras, y así lo hizo!!!
Luego un pensamiento aterrador cruzó su espíritu, se acordó de la existencia de la ley y las instituciones del estado, pensó que su brillante plan se vendría abajo pero recordó que era DIPUTADO y que eso le daba inmunidad, qué importaba la ley si él mismo escribía la ley. Así que ya superados los obstáculos elevó los precios de sus autobuses y lanzó está proclama: !!Quién quiera viajar en Gorila-tours debe pagar 4 lempiras!!!
Pero de repente....
.....apresaron a Goriletti. El Capitán Hernán Seaman encargado de Transito de la Ciudad de Progreso agarró al buen Goriletti y lo mandó preso por adulterar el precio de las tarifas del transporte cuando el pueblo pasaba por un momento crítico de desastre natural producto de las lluvias.
Goriletti no lo podía creer, ¿acaso había ley para un diputado? ¿acaso había ley para un militante del Partido Liberal? Ah no, eso no podía quedarse así, movió sus contactos, llamó al partido, llamó y llamó y denunció que alguien lo quería poner bajo el orden de la ley, a él, que era padre de la patria, diputado, constituyente y además dueño y amo de los autobuses de Gorila-Tours. Entre todos sus contactos logró levantar un pequeño ejército de conductores, miembros del partido liberal y otras personas que fueron hasta tránsito y lograron liberarlo y sacarlo en hombros del lugar.
Goriletti regresó a su pequeña oficina de Gorili-Tupsa, ese día había logrado mucho, el precio continuó a 4 lempiras, y él seguía por encima de ley, se sirvió un trago, y pensó "ojalá siga lloviendo".
Otra tragedia - se cae un puente
Sique
Así como las estructuras morales de los gobiernos están podridas, así las estructuras de los puentes carreteros del país no se han inspeccionado debidamente desde hace 20 años. Más tragedias por la ineptitud, la corrupción y la indiferencia gubernamental ante la seguridad y la salud de l@s mexican@s.
Ahora, el puente que cruza el río Tonalá, conocido como Aguas Abajo -que divide a los estados de Veracruz y Tabasco- y que forma parte de la carretera federal 180 del Golfo se colapsó. Alrededor de 80 por ciento de la estructura del carril que va de Villahermosa hacia Veracruz se derrumbó.
Ya son 8 los cadáveres que se han rescatado del río. Hay personas heridas y desaparecidas. Entre cinco y ocho vehículos habrían caído al río según Protección Civil, sin embargo el oficial del área de Rescate de la Dirección de Bomberos de Tabasco, Joel Aguilar de la Cruz informó que se ignora la cifra real pero sí saben que cayeron tres tráileres.
Fueron trabajadores de Pemex y pescadores que se encontraban cerca del lugar quienes participaron en el rescate de automovilistas. Buzos de diversas instituciones realizan tareas de búsqueda en el cauce del río.
Sigan votando por el PRIAN hasta que de plano se desmorone todo el país.
Resistencia Creativa AMLO
Los 3 primeros.... apenas!!!
Los integrantes de la Resistencia Creativa invitan a brigadistas, comités ciudadanos en resistencia, hombres y mujeres libres de México, a la Asamblea que como cada domingo, desde hace 3 años, se lleva a cabo.
¡ Hoy será día de fiesta ¡
La cita es este Domingo 19 de Julio en el Hemiciclo a Juárez a las 11:00 hrs. Se les invita a celebrar todos juntos las experiencias vividas acompañados de grandes personalidades como, Jaime Cárdenas, Mario Di Constanzo, Ma. Fernanada Campa, Eduardo Cervantes, Jesús Ramírez, Virgilio Caballero, Pedro Miguel, Miguel Badillo, Ignacia Rodríguez (Comité 68), Herón Escobar..., entre otros , y desde luego de nuestra fundadora Jesusa Rodríguez.
¡No faltes!
Vente de traje a disfrutar de un rato agradable, Lleva algún guisado o postre para compartir entre los cuates. .
¡Contamos con tu presencia!
Foto del blog Lámpara de Diógenes
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Publicado por Mayo para Resistencia Creativa D.F. el 7/17/2009 12:04:00 AM
Tarugadas y madruguetes
Jorge Lara Rivera
Vergüenza ajena, eso es lo que produce la desfachatez mostrada –tanta– por autoridades hacendarias y financieras del país, que con despreocupado entusiasmo anuncian que las remesas de divisas que llegan desde el exterior, principalmente de Estados Unidos, podrían repuntar en meses próximos hasta un 15%.
Se trata del más abierto y cínico reconocimiento, además de a la gran dependencia del exterior que padece nuestra economía, del inepto desempeño de tales funcionarios, de su irresponsabilidad y de un estrepitoso déficit e incumplimiento del deber del gobierno, incapaz de crear fuentes de trabajo y puestos de empleo para evitar la emigración de los compatriotas.
El porcentaje que las remesas aportan a las reservas de divisas en arcas nacionales y su singular importancia en el conjunto de nuestra economía, justo detrás de los ingresos petroleros y alternando el segundo puesto con el turismo, proviene del sobreesfuerzo, las privaciones y economías que se imponen quienes, desde fuera, auxilian a los suyos que permanecen en México, y debería avergonzarles, pues se traduce como un fiasco más del gobierno federal panista, de “la presidencia del empleo”; el rotundo fracaso del régimen para poner a flote las finanzas del país.
Resulta elocuente que el dato se haya dado, precisamente, triste consuelo, para aminorar el desánimo producido ante el reporte del reciente descenso de aquéllas hasta el 7% en el último lapso, lo cual complica un panorama ya de por sí bastante difícil.
Las complicaciones, por otra parte, son graves. Ahora Nuevo León se ha sumado a la triste lista de entidades federativas donde las balaceras están a la orden del día (Veracruz, Michoacán, Guanajuato, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, etc.) rebasando a las fuerzas del orden.
Además hay estremecimientos que tienen que ver con los niveles de infiltración que el hampa alcanza. Y es que, al parecer, todo mundo en la política tiene derecho a su pariente incómodo; así, correspondería al ingeniero Salinas, del priísmo neoliberal, y los panistas jijos de la Sahagún (cuyo adulterio, por cierto, ha regularizado muy convenientemente la empresa Iglesia Católica), la actual vicisitud del medio hermano de Leonel Godoy, el gobernador perredista de Michoacán.
Y es que al partido del Sol Azteca “le está lloviendo en su milpita”. No acaba el petrificado Cuauhtémoc Cárdenas de demandar la salida de Jesús Ortega de la dirigencia nacional, pese a lo acordado en reciente cónclave cupular de los liderazgos formales y sociales de esa agrupación política, dado a conocer por Amalia García, cuando ya se reedita otro capítulo telenovelesco de tono semejante al lodazal en el que quisieron embarrar a Arturo Monreal.
Bien se dice que “los dedos de una misma mano no son parejos”, y hay que considerar que la juventud puede llevar a cometer graves yerros (como sería en este caso); pero la probidad de las autoridades federales no está exenta de quedar en entredicho.
Por lo pronto, ¿cómo es que el IFE dejó que prosperara el registro de la candidatura del hoy señalado como plausible colaborador de la delincuencia?, o ¿por qué se permitió que fuera votado y declarado ganador si, al parecer, había fuertes indicios de su conexión delictiva?, ¿cómo es que, sólo ahora, cuando ha ganado con el voto popular el encargo de diputado, salen aquéllas con que existen contra él graves presunciones y una orden de aprehensión?
Será el sereno, pero esos baches en su actuación dejan muchas dudas acerca de la probidad de las autoridades.
Y tales se acentúan, todavía más, cuando se toma en cuenta que, a la luz de los enormes poderes conferidos al Ejecutivo federal, primero y con base hasta en denuncias anónimas o de delincuentes delatores que pasan a ser “testigos protegidos” se detiene, se arraiga y extiende el aprisionamiento a las personas, de ser necesario con un nuevo arraigo, mientras se les fabrica el expediente. Como ejemplo está el caso de los tres alcaldes (dos del PRI y uno del PRD) recientemente exculpados.
Algo ahí apesta a venganza política o, cuando menos, a advertencia intimidatoria para la nueva legislatura.
A propósito de triquiñuelas, ¿no les parece demasiado infantil la trama esa de la supuesta invitación a negociar, formulada por un líder de “La Familia”, la cual mereció la “heroica” respuesta oficial, por voz de Fernando Gómez Mont, primero, y las consabidas bravatas del jefe del Ejecutivo federal luego? Puras fantasías animadas de ayer y hoy, ¿no?
Pero siguiendo con el rubro de habladores, horrores y fantasías, urge pedir explicaciones a quien corresponda porque, de cara a la nueva embestida de la Influenza A-H1N1, pese a los alardes y suficiencia de los discursos de quien despacha en Los Pinos y de José Ángel Córdova V., su secretario de Salud, se da el caso –se ha dicho en la radio y TV– que en la unidad médica 59 del IMSS, al menos, no hay antivirales, ni reactivos para las pruebas. ¿Qué tiene que decir al respecto el arrogante Daniel Karam Toumeh?
¿No se jactaban esos funcionarios de que estaba garantizado el abasto y se tenía suficientes dosis? Lo más grave, lo verdaderamente horroroso bajo los esquemas empresariales, gerenciales, competitivos, de eficiencia, productividad y calidad total neoliberales del régimen panista, es probable que no se tenga contemplado comprar más medicamentos, sin importar el costo en riesgo sanitario o de vidas humanas.
En otro orden (pero siguiendo la misma línea). Mientras el sexto filme sobre el brujito Harry Potter impone récord de taquilla, parece que un episodio terrorífico es inminente en el panismo local: trataríase del choque por el poder, máscara contra cabellera teñida, entre “Anulosa” Payán y “Úrsula”, “El reencuentro”. No se lo pierda.
Vergüenza ajena, eso es lo que produce la desfachatez mostrada –tanta– por autoridades hacendarias y financieras del país, que con despreocupado entusiasmo anuncian que las remesas de divisas que llegan desde el exterior, principalmente de Estados Unidos, podrían repuntar en meses próximos hasta un 15%.
Se trata del más abierto y cínico reconocimiento, además de a la gran dependencia del exterior que padece nuestra economía, del inepto desempeño de tales funcionarios, de su irresponsabilidad y de un estrepitoso déficit e incumplimiento del deber del gobierno, incapaz de crear fuentes de trabajo y puestos de empleo para evitar la emigración de los compatriotas.
El porcentaje que las remesas aportan a las reservas de divisas en arcas nacionales y su singular importancia en el conjunto de nuestra economía, justo detrás de los ingresos petroleros y alternando el segundo puesto con el turismo, proviene del sobreesfuerzo, las privaciones y economías que se imponen quienes, desde fuera, auxilian a los suyos que permanecen en México, y debería avergonzarles, pues se traduce como un fiasco más del gobierno federal panista, de “la presidencia del empleo”; el rotundo fracaso del régimen para poner a flote las finanzas del país.
Resulta elocuente que el dato se haya dado, precisamente, triste consuelo, para aminorar el desánimo producido ante el reporte del reciente descenso de aquéllas hasta el 7% en el último lapso, lo cual complica un panorama ya de por sí bastante difícil.
Las complicaciones, por otra parte, son graves. Ahora Nuevo León se ha sumado a la triste lista de entidades federativas donde las balaceras están a la orden del día (Veracruz, Michoacán, Guanajuato, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, etc.) rebasando a las fuerzas del orden.
Además hay estremecimientos que tienen que ver con los niveles de infiltración que el hampa alcanza. Y es que, al parecer, todo mundo en la política tiene derecho a su pariente incómodo; así, correspondería al ingeniero Salinas, del priísmo neoliberal, y los panistas jijos de la Sahagún (cuyo adulterio, por cierto, ha regularizado muy convenientemente la empresa Iglesia Católica), la actual vicisitud del medio hermano de Leonel Godoy, el gobernador perredista de Michoacán.
Y es que al partido del Sol Azteca “le está lloviendo en su milpita”. No acaba el petrificado Cuauhtémoc Cárdenas de demandar la salida de Jesús Ortega de la dirigencia nacional, pese a lo acordado en reciente cónclave cupular de los liderazgos formales y sociales de esa agrupación política, dado a conocer por Amalia García, cuando ya se reedita otro capítulo telenovelesco de tono semejante al lodazal en el que quisieron embarrar a Arturo Monreal.
Bien se dice que “los dedos de una misma mano no son parejos”, y hay que considerar que la juventud puede llevar a cometer graves yerros (como sería en este caso); pero la probidad de las autoridades federales no está exenta de quedar en entredicho.
Por lo pronto, ¿cómo es que el IFE dejó que prosperara el registro de la candidatura del hoy señalado como plausible colaborador de la delincuencia?, o ¿por qué se permitió que fuera votado y declarado ganador si, al parecer, había fuertes indicios de su conexión delictiva?, ¿cómo es que, sólo ahora, cuando ha ganado con el voto popular el encargo de diputado, salen aquéllas con que existen contra él graves presunciones y una orden de aprehensión?
Será el sereno, pero esos baches en su actuación dejan muchas dudas acerca de la probidad de las autoridades.
Y tales se acentúan, todavía más, cuando se toma en cuenta que, a la luz de los enormes poderes conferidos al Ejecutivo federal, primero y con base hasta en denuncias anónimas o de delincuentes delatores que pasan a ser “testigos protegidos” se detiene, se arraiga y extiende el aprisionamiento a las personas, de ser necesario con un nuevo arraigo, mientras se les fabrica el expediente. Como ejemplo está el caso de los tres alcaldes (dos del PRI y uno del PRD) recientemente exculpados.
Algo ahí apesta a venganza política o, cuando menos, a advertencia intimidatoria para la nueva legislatura.
A propósito de triquiñuelas, ¿no les parece demasiado infantil la trama esa de la supuesta invitación a negociar, formulada por un líder de “La Familia”, la cual mereció la “heroica” respuesta oficial, por voz de Fernando Gómez Mont, primero, y las consabidas bravatas del jefe del Ejecutivo federal luego? Puras fantasías animadas de ayer y hoy, ¿no?
Pero siguiendo con el rubro de habladores, horrores y fantasías, urge pedir explicaciones a quien corresponda porque, de cara a la nueva embestida de la Influenza A-H1N1, pese a los alardes y suficiencia de los discursos de quien despacha en Los Pinos y de José Ángel Córdova V., su secretario de Salud, se da el caso –se ha dicho en la radio y TV– que en la unidad médica 59 del IMSS, al menos, no hay antivirales, ni reactivos para las pruebas. ¿Qué tiene que decir al respecto el arrogante Daniel Karam Toumeh?
¿No se jactaban esos funcionarios de que estaba garantizado el abasto y se tenía suficientes dosis? Lo más grave, lo verdaderamente horroroso bajo los esquemas empresariales, gerenciales, competitivos, de eficiencia, productividad y calidad total neoliberales del régimen panista, es probable que no se tenga contemplado comprar más medicamentos, sin importar el costo en riesgo sanitario o de vidas humanas.
En otro orden (pero siguiendo la misma línea). Mientras el sexto filme sobre el brujito Harry Potter impone récord de taquilla, parece que un episodio terrorífico es inminente en el panismo local: trataríase del choque por el poder, máscara contra cabellera teñida, entre “Anulosa” Payán y “Úrsula”, “El reencuentro”. No se lo pierda.
Un mal presagio
Ricardo Andrade Jardí
Un ejemplo de lo mucho y malo que nos espera en el futuro, con el regreso de los dinosaurios, es lo acontecido el miércoles 15 en el Congreso local de Yucatán, donde después de la elección intermedia, los representantes de la “nueva mayoría”, aunque en la práctica, parece ser que sólo representen a minorías conservadoras, que junto al corrupto PAN, han votado una reforma de ley que implica un terrible retroceso en materia de derechos humanos y muy particularmente en lo que se refiere a equidad de género y diversidad sexual.
Los representantes de la “nueva mayoría” han desatendido las voces ciudadanas que alertan sobre el inmenso retroceso que significa la idea de “matrimonios modelo”, que en Yucatán se traducen en trágicos casos como el Medina Millet, por poner un ejemplo. Con los que se reduce a la mujer a una pura condición de reproductora y excluyendo cualquier otra forma de unión social sentimental.
Una vez más los imaginarios represivos de una oligarquía inmoral, católica, conservadora y con una pronunciada tendencia al fascismo, inicia una campaña de intervención en la vida privada. Proponen reformar la Constitución del Estado para homologar a los códigos canónicos la idea de “matrimonio” como hombre, mujer e hijos, expulsando del reconocimiento legal y de la protección del Estado, a toda forma de convivencia que no entre en ese “status” elevado por los mismos priístas a la institución, madres solteras, viudas, divorciadas o padres en los mismos casos, quedan fuera del “status institucional” aprobado por los legisladores de la “nueva mayoría” junto con los legisladores panistas, que en todo caso son consecuentes con su posiciones políticas e ideológicas. Pero no así los representantes del PRI autodefinido como partido social demócrata.
Las reformas, que el miércoles han votado, son contrarias a la lógica social demócrata y a insistente propaganda que ofrece ser, en Yucatán, un gobierno que escucha a la gente.
En todo caso los priístas debieron abrir un debate público sobre el tema y escuchar a todas las partes y no sólo a la oligarquía rapaz, que lo que está impulsando son los primeros pasos hacia el retroceso y reconstrucción de gobiernos totalitarios, represores y clericales, que parecían ya cosa del pasado.
No nos engañemos. Los legisladores yucatecos que el miércoles votaron una reforma constitucional que nos retrocede, en el tiempo, unos cien años, son similares a los que el 28 de junio del 2009 “votaban” la destitución de Manuel Zelaya, luego de que el ejército lo expulsara de su país por atreverse a preguntarle al pueblo que lo eligió, como Presidente, si consideraba conveniente que en las elecciones presidenciales de noviembre se llamara también a una asamblea constituyente que modificara una Constitución prohibitiva de la participación ciudadana que fue redactada, en los años ochenta, por la Casa Blanca.
Los legisladores, del PRI yucateco, han puesto de manifiesto, que el discurso de la gobernadora con relación a la equidad de género y con respecto al respeto a la diversidad sexual, que hace unas semanas defendía y acompañaba en el día del orgullo gay, no es más que demagogia pura.
O en el mejor de los casos, que igual es muy malo y debe encender también las luces de alerta, los legisladores del PRI no respaldan la “política tolerante” que el Ejecutivo estatal dice promover.
Como sea... lo que los legisladores de Yucatán han votado, no es para nada un buen presagio del México que nos espera con una mayoría priísta cada día más al servicio de la burguesía fascista.
¿En algo habrá ayudado el voto nulo? No, no os preocupéis, porque los del voto nulo seguro nos van a ayudar a salir del atolladero ¿verdad? Nos vamos a saltar de la no representatividad a la participación... síiiiiii, cómo de que no.
Un ejemplo de lo mucho y malo que nos espera en el futuro, con el regreso de los dinosaurios, es lo acontecido el miércoles 15 en el Congreso local de Yucatán, donde después de la elección intermedia, los representantes de la “nueva mayoría”, aunque en la práctica, parece ser que sólo representen a minorías conservadoras, que junto al corrupto PAN, han votado una reforma de ley que implica un terrible retroceso en materia de derechos humanos y muy particularmente en lo que se refiere a equidad de género y diversidad sexual.
Los representantes de la “nueva mayoría” han desatendido las voces ciudadanas que alertan sobre el inmenso retroceso que significa la idea de “matrimonios modelo”, que en Yucatán se traducen en trágicos casos como el Medina Millet, por poner un ejemplo. Con los que se reduce a la mujer a una pura condición de reproductora y excluyendo cualquier otra forma de unión social sentimental.
Una vez más los imaginarios represivos de una oligarquía inmoral, católica, conservadora y con una pronunciada tendencia al fascismo, inicia una campaña de intervención en la vida privada. Proponen reformar la Constitución del Estado para homologar a los códigos canónicos la idea de “matrimonio” como hombre, mujer e hijos, expulsando del reconocimiento legal y de la protección del Estado, a toda forma de convivencia que no entre en ese “status” elevado por los mismos priístas a la institución, madres solteras, viudas, divorciadas o padres en los mismos casos, quedan fuera del “status institucional” aprobado por los legisladores de la “nueva mayoría” junto con los legisladores panistas, que en todo caso son consecuentes con su posiciones políticas e ideológicas. Pero no así los representantes del PRI autodefinido como partido social demócrata.
Las reformas, que el miércoles han votado, son contrarias a la lógica social demócrata y a insistente propaganda que ofrece ser, en Yucatán, un gobierno que escucha a la gente.
En todo caso los priístas debieron abrir un debate público sobre el tema y escuchar a todas las partes y no sólo a la oligarquía rapaz, que lo que está impulsando son los primeros pasos hacia el retroceso y reconstrucción de gobiernos totalitarios, represores y clericales, que parecían ya cosa del pasado.
No nos engañemos. Los legisladores yucatecos que el miércoles votaron una reforma constitucional que nos retrocede, en el tiempo, unos cien años, son similares a los que el 28 de junio del 2009 “votaban” la destitución de Manuel Zelaya, luego de que el ejército lo expulsara de su país por atreverse a preguntarle al pueblo que lo eligió, como Presidente, si consideraba conveniente que en las elecciones presidenciales de noviembre se llamara también a una asamblea constituyente que modificara una Constitución prohibitiva de la participación ciudadana que fue redactada, en los años ochenta, por la Casa Blanca.
Los legisladores, del PRI yucateco, han puesto de manifiesto, que el discurso de la gobernadora con relación a la equidad de género y con respecto al respeto a la diversidad sexual, que hace unas semanas defendía y acompañaba en el día del orgullo gay, no es más que demagogia pura.
O en el mejor de los casos, que igual es muy malo y debe encender también las luces de alerta, los legisladores del PRI no respaldan la “política tolerante” que el Ejecutivo estatal dice promover.
Como sea... lo que los legisladores de Yucatán han votado, no es para nada un buen presagio del México que nos espera con una mayoría priísta cada día más al servicio de la burguesía fascista.
¿En algo habrá ayudado el voto nulo? No, no os preocupéis, porque los del voto nulo seguro nos van a ayudar a salir del atolladero ¿verdad? Nos vamos a saltar de la no representatividad a la participación... síiiiiii, cómo de que no.
¿Y el combate con soluciones al drama económico?
Alvaro Cepeda Neri
Conjeturas
La crisis económica nacional como: desempleo crónico de 20 millones de mexicanos, despidos en el primer semestre de este año de casi 4 millones de la población económicamente activa; empobrecimiento masivo por cada vez menor consumo; enfermedades colectivas, encarecimiento de las medicinas; disminución de la inversión pública y privada, etc., es interpretada por el discurso presidencial como consecuencia de la recesión iniciada en los mercados financieros estadounidenses que arrastró a las economías europeas y asiáticas.
Pero eso es falso. La economía mexicana acusó su actual desastre de carácter depresivo e inflación con estancamiento, desde el mal gobierno foxista que no supo resolver los problemas heredados del zedillismo-salinista.
Y el calderonismo, convertido en otro problema político-económico, mientras trata de resolver militarmente la embestida del narcotráfico y su complicidad con funcionarios y militares, tampoco ha sabido hacer frente a la crisis económica nacional que se precipita a la completa paralización productiva que, hoy, apenas si funciona a menos de la mitad en sus industrias, casi cero en servicios (por las exageraciones de la gripe que clausuró restaurantes, hoteles, cines, etc., para destrozar el turismo).
Y que, desde hace 23 años mantiene la agricultura campesina y de los pequeños propietarios, en agonía, cosa que pasa igual en la ganadería y porcicultura, la pesca y actividades productivas que repercute en el comercio interno y exportador.
Actualmente el calderonismo, apoyado por los empresarios, banqueros e integrantes del capitalismo, no ha podido poner las condiciones para la inversión privada y ésta constantemente se queja y reclama que los programas gubernamentales para estimular el crecimiento económico, no han sido ejecutados ni en los tiempos y menos en la cuantía de las inversiones anunciadas.
Mientras el militarismo se expande, se contrae la economía. Millones de mexicanos han perdido su trabajo; cientos de miles de pequeñas y medianas empresas han cerrado. Y de la “changarrización” foxista quedan muy pocos “changarros”. Por todas partes del territorio brotan malestares sociales.
No hay, pues, soluciones al drama económico de la nación para atender, al menos, a 50 millones de mexicanos de los 106 millones que somos en condiciones de alarmante desigualdad, falta de dinero (de liquidez, en términos keynesianos) y de un muy serio endeudamiento de 20 millones a través de las tarjetas (el dinero plástico) empeños (se multiplican las empresas de préstamos sobre bienes inmuebles, sobre todo) y las remesas estadounidenses se han reducido en deterioro de las familias dependientes de esos envíos.
Si los problemas de la militarización y los políticos generan desesperación, los económicos (hambre, desempleo, enfermedades) tienden a producir manifestaciones de violencia porque cuando ya no alcanza o no hay para pagar electricidad, gas, comida y medicinas, se desbordan las pasiones sociales y estallan incontenibles los sectores populares.
cepedaneri@prodigy.net.mx
Conjeturas
La crisis económica nacional como: desempleo crónico de 20 millones de mexicanos, despidos en el primer semestre de este año de casi 4 millones de la población económicamente activa; empobrecimiento masivo por cada vez menor consumo; enfermedades colectivas, encarecimiento de las medicinas; disminución de la inversión pública y privada, etc., es interpretada por el discurso presidencial como consecuencia de la recesión iniciada en los mercados financieros estadounidenses que arrastró a las economías europeas y asiáticas.
Pero eso es falso. La economía mexicana acusó su actual desastre de carácter depresivo e inflación con estancamiento, desde el mal gobierno foxista que no supo resolver los problemas heredados del zedillismo-salinista.
Y el calderonismo, convertido en otro problema político-económico, mientras trata de resolver militarmente la embestida del narcotráfico y su complicidad con funcionarios y militares, tampoco ha sabido hacer frente a la crisis económica nacional que se precipita a la completa paralización productiva que, hoy, apenas si funciona a menos de la mitad en sus industrias, casi cero en servicios (por las exageraciones de la gripe que clausuró restaurantes, hoteles, cines, etc., para destrozar el turismo).
Y que, desde hace 23 años mantiene la agricultura campesina y de los pequeños propietarios, en agonía, cosa que pasa igual en la ganadería y porcicultura, la pesca y actividades productivas que repercute en el comercio interno y exportador.
Actualmente el calderonismo, apoyado por los empresarios, banqueros e integrantes del capitalismo, no ha podido poner las condiciones para la inversión privada y ésta constantemente se queja y reclama que los programas gubernamentales para estimular el crecimiento económico, no han sido ejecutados ni en los tiempos y menos en la cuantía de las inversiones anunciadas.
Mientras el militarismo se expande, se contrae la economía. Millones de mexicanos han perdido su trabajo; cientos de miles de pequeñas y medianas empresas han cerrado. Y de la “changarrización” foxista quedan muy pocos “changarros”. Por todas partes del territorio brotan malestares sociales.
No hay, pues, soluciones al drama económico de la nación para atender, al menos, a 50 millones de mexicanos de los 106 millones que somos en condiciones de alarmante desigualdad, falta de dinero (de liquidez, en términos keynesianos) y de un muy serio endeudamiento de 20 millones a través de las tarjetas (el dinero plástico) empeños (se multiplican las empresas de préstamos sobre bienes inmuebles, sobre todo) y las remesas estadounidenses se han reducido en deterioro de las familias dependientes de esos envíos.
Si los problemas de la militarización y los políticos generan desesperación, los económicos (hambre, desempleo, enfermedades) tienden a producir manifestaciones de violencia porque cuando ya no alcanza o no hay para pagar electricidad, gas, comida y medicinas, se desbordan las pasiones sociales y estallan incontenibles los sectores populares.
cepedaneri@prodigy.net.mx
La guerra sin fin
Porfirio Muñoz Ledo
Alguna vez exclamó el general de Gaulle: ¡nada importante se ha hecho en la historia sin el concurso del ejército! Pensaba en el rosario de guerras que determinaron la conformación de los estados europeos. Soslayaba el papel de los sabios, los artistas, los políticos y los ciudadanos en la construcción de las naciones.
En Latinoamérica, sacudidos durante tantos años por asonadas, golpes y rebeliones, la estabilidad y la democracia sólo fueron asequibles cuando las fuerzas armadas regresaron a los cuarteles. Por eso nuestro artículo 129 constitucional prescribe: “en tiempos de paz no pueden ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.
Nuestras grandes conmociones -Independencia, Reforma y Revolución- tuvieron como jefes supremos a civiles que acaudillaban ejércitos populares. Cuando éstos no se sometieron después a la autoridad republicana ni se apartaron de la política, acontecieron graves regresiones autoritarias.
Clave distintiva del desarrollo posrevolucionario fue la profesionalización de las fuerzas armadas y su absoluta contención respecto de la vida cotidiana de los mexicanos. La determinación gubernamental de involucrarlas en la represión de narcotraficantes las expone y deforma en una guerra que no es la suya y que no tienen ninguna posibilidad razonable de ganar.
La ausencia de una estrategia correspondiente a la complejidad del fenómeno y a sus ramificaciones en las esferas del poder y del dinero, ha conducido a la catástrofe. Los resultados: durante el sexenio anterior el promedio anual de muertes atribuidas al crimen organizado fue de 1,500; en 2007 ascendieron a 2,275, en 2008 a 5,630 y sólo en junio de este año a más de 800, misma cifra que durante todo el año 2000.
La mortandad se ha multiplicado doce veces en menos de un decenio y su crecimiento parece exponencial, porque -junto con nuevos territorios- se suman los enervantes del odio y la venganza. Como afirmara un vocero de “La Familia” michoacana, en su propuesta de “guerra limpia”: “cuando me maten van a poner a otro en mi lugar. Esto nunca se va a acabar”.
El uso político de la operación fue un sonado fracaso. La imagen del “presidente valiente” que atraería la confianza del elector y la campaña contra los gobiernos anteriores -en tanto reos de complicidad y lenidad- generó efectos contraproducentes. Se ha roto el pacto medroso y comodón de la clase dirigente que dejó hacer al Ejecutivo a sus propias expensas y sin escrúpulo alguno por la legalidad.
Viene ahora la resaca de la opinión internacional y nuevos equilibrios internos que obligarían a rectificar. La responsabilidad futura recae en el Congreso y en los tribunales. No pocos reconocen la oportunidad con que plantee un referendo revocatorio del cargo presidencial. Hoy corresponde, cuando menos, la revocación categórica de la política seguida.
Las violaciones a los derechos humanos cometidas por el ejército durante esta administración se han sextuplicado. El gobierno deberá hacer frente a las acusaciones ante la Corte Interamericana, al pedido del Alto comisionado de Naciones Unidas y a la exigencia del Senado norteamericano de condicionar el apoyo externo al respeto de derechos fundamentales.
En tanto que la guerra interna conlleva el maltrato de los derechos civiles, ésta no puede proseguir sin la observancia del artículo 29 constitucional, que prevé -en caso de perturbación grave de la paz pública- la suspensión de garantías mediante aprobación del Congreso. Revisemos el fuero militar, que a más de no comprender actos contra “paisanos”, acumula en la autoridad castrense funciones ejecutivas y judiciales.
Dice Calderón que “no se dejará intimidar”. Poco importa: bastaría acotarlo e inventar una nueva política. Añade que el narco “no va contra el pueblo”. Entonces: ¿a quién defiende el Ejército? El desorden público se origina, a veces, en la confusión mental.
Alguna vez exclamó el general de Gaulle: ¡nada importante se ha hecho en la historia sin el concurso del ejército! Pensaba en el rosario de guerras que determinaron la conformación de los estados europeos. Soslayaba el papel de los sabios, los artistas, los políticos y los ciudadanos en la construcción de las naciones.
En Latinoamérica, sacudidos durante tantos años por asonadas, golpes y rebeliones, la estabilidad y la democracia sólo fueron asequibles cuando las fuerzas armadas regresaron a los cuarteles. Por eso nuestro artículo 129 constitucional prescribe: “en tiempos de paz no pueden ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.
Nuestras grandes conmociones -Independencia, Reforma y Revolución- tuvieron como jefes supremos a civiles que acaudillaban ejércitos populares. Cuando éstos no se sometieron después a la autoridad republicana ni se apartaron de la política, acontecieron graves regresiones autoritarias.
Clave distintiva del desarrollo posrevolucionario fue la profesionalización de las fuerzas armadas y su absoluta contención respecto de la vida cotidiana de los mexicanos. La determinación gubernamental de involucrarlas en la represión de narcotraficantes las expone y deforma en una guerra que no es la suya y que no tienen ninguna posibilidad razonable de ganar.
La ausencia de una estrategia correspondiente a la complejidad del fenómeno y a sus ramificaciones en las esferas del poder y del dinero, ha conducido a la catástrofe. Los resultados: durante el sexenio anterior el promedio anual de muertes atribuidas al crimen organizado fue de 1,500; en 2007 ascendieron a 2,275, en 2008 a 5,630 y sólo en junio de este año a más de 800, misma cifra que durante todo el año 2000.
La mortandad se ha multiplicado doce veces en menos de un decenio y su crecimiento parece exponencial, porque -junto con nuevos territorios- se suman los enervantes del odio y la venganza. Como afirmara un vocero de “La Familia” michoacana, en su propuesta de “guerra limpia”: “cuando me maten van a poner a otro en mi lugar. Esto nunca se va a acabar”.
El uso político de la operación fue un sonado fracaso. La imagen del “presidente valiente” que atraería la confianza del elector y la campaña contra los gobiernos anteriores -en tanto reos de complicidad y lenidad- generó efectos contraproducentes. Se ha roto el pacto medroso y comodón de la clase dirigente que dejó hacer al Ejecutivo a sus propias expensas y sin escrúpulo alguno por la legalidad.
Viene ahora la resaca de la opinión internacional y nuevos equilibrios internos que obligarían a rectificar. La responsabilidad futura recae en el Congreso y en los tribunales. No pocos reconocen la oportunidad con que plantee un referendo revocatorio del cargo presidencial. Hoy corresponde, cuando menos, la revocación categórica de la política seguida.
Las violaciones a los derechos humanos cometidas por el ejército durante esta administración se han sextuplicado. El gobierno deberá hacer frente a las acusaciones ante la Corte Interamericana, al pedido del Alto comisionado de Naciones Unidas y a la exigencia del Senado norteamericano de condicionar el apoyo externo al respeto de derechos fundamentales.
En tanto que la guerra interna conlleva el maltrato de los derechos civiles, ésta no puede proseguir sin la observancia del artículo 29 constitucional, que prevé -en caso de perturbación grave de la paz pública- la suspensión de garantías mediante aprobación del Congreso. Revisemos el fuero militar, que a más de no comprender actos contra “paisanos”, acumula en la autoridad castrense funciones ejecutivas y judiciales.
Dice Calderón que “no se dejará intimidar”. Poco importa: bastaría acotarlo e inventar una nueva política. Añade que el narco “no va contra el pueblo”. Entonces: ¿a quién defiende el Ejército? El desorden público se origina, a veces, en la confusión mental.
¿Qué les parecen estas cifras?
Sique
En la guerra de Irak, alrededor de 6,000 soldados estadounidenses ha muerto en seis años.
En la guerra "contra el narcotráfico", alrededor de 12,000 mexicanos han muerto en menos de tres años.
En la guerra de Afganistán, 200 soldados extranjeros (gringos y británicos) han muerto en lo que va de 2009.
Solamente en Chihuahua ha habido 1,000 ejecuciones en lo que va del año.
Lo peor es que mientras los iraquíes y los afganos están conscientes de que están en una guerra, la mayoría de l@s mexican@s no se han percatado de que estamos en una guerra en la que ni siquiera necesitamos extranjeros, nos matamos los unos a los otros entre mexicanos.
Si l@s mexican@s no reaccionan ante un gobierno espurio que los metió en una guerra perdida de antemano y aceptan que les asesinen a sus bebés por corrupción y negligencia, es que estamos lejos de la salida. Ya que más están dispuestos a aceptar. Así, en el norte de la República colocan en el poder a sus victimarios. ¿Será que víctimas y victimarios son la misma cosa? En el centro y en el sur tampoco cantan mal las rancheras.
Hasta ahora un sector minoritario ciudadano se organiza y resiste mientras una mayoría ve telenovelas y se truena los dedos antes de ir al mercado, lo cual es congruente con el nivel educativo de la población y con la manipulación mediática. Qué tristeza da nuestro país. El que Honduras sea un ejemplo para nosotros, (mismo que seguramente no seguiremos), es vergonzoso, no porque ese país sea inferior por ser más pequeño, sino sencillamente porque los hondureños tienen menos recursos y una historia peor que la nuestra. No cabe duda de que están siendo más valientes, más luchadores y más conscientes.
Violencia en México, plan de Bush.
Lilia Arellano
“Sólo es digno de libertad quien sabe conquistarla cada día”: Goethe.
México, DF. 16 de julio (LA JORNADA) La escalada de la violencia en México derivada de la “guerra contra el narcotráfico”, emprendida desde el principio de esta administración por Felipe Calderón, obedece al cumplimiento puntual de objetivos estratégicos programados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, definidos cuando menos desde marzo de 2005 por el entonces presidente estadounidese George W. Bush, en Waco, Tejas, donde estuvo Vicente Fox, y comprometidos por el actual inquilino de Los Pinos desde el 30 de junio de 2008, cuando se firmó la “Iniciativa de Cooperación para la Seguridad Regional” con duración de tres años a un costo de 1,400 millones de dólares, mejor conocida como “Plan México” o “Iniciativa Mérida”, que se enmarca en la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) como una extensión del Tratado de Libre Comercio para América Latina (TLCAN).
La farsa de la entrevista de radio a Servando Gómez, “La Tuta”, presuntamente uno de los líderes del cártel de “La Familia Michoacana”, tuvo el efecto esperado y generó un respaldo irrestricto a la fallida “guerra contra el narcotráfico” calderonista escalada a niveles de violencia nunca vistos en el país y construyó un nuevo blindaje político a su alfil Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal. Senadores de las tres principales fuerzas políticas, PRI, PAN y PRD, ahora en ese orden, se fueron con la finta y respaldaron la posición del inquilino de Los Pinos de rechazar un pacto con el narcotráfico y en que no hay “marcha atrás” en la lucha contra el narcotráfico.
El coordinador del PAN en el Senado y Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión, Gustavo Madero, respaldó la postura del gobierno federal de no pactar con el narcotráfico y rechazó que a partir de las declaraciones de ese supuesto narcotraficante se deba investigar al titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Le siguió el senador Manlio Fabio Beltrones, coordinador del PRI en la Cámara Alta, quien manifestó su “respaldo total” a la postura calderonista de rechazar toda posibilidad de diálogo o negociación con organizaciones del crimen organizado. Remachó el senador sinaloense del PRI, Mario López, secretario de la Comisión de Seguridad Pública, al señalar que “no son momentos de detenerse sino de ir a fondo en este compromiso del Ejecutivo”. Y claro que no podía faltar René Arce Islas, senador perredista secretario de la Comisión de Seguridad Pública, quien confirmó también su respaldo a la postura de la administración federal de rechazar cualquier pacto con el crimen organizado.
Los partidos satélites, PVEM y Nueva Alianza, respaldaron también de inmediato la negativa del gobierno federal de rechazar un diálogo con integrantes del crimen organizado, pero pidieron replantear la estrategia contra el narcotráfico. El senador verdeecologista, Arturo Escobar, declaró que un diálogo con el narco es inaceptable porque instituciones mexicanas no tienen nada que negociar con el crimen organizado. Y Guillermo Tenorio, diputado local de Nueva Alianza, confirmó que “fue oportuna” la intervención del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en el sentido que no se puede negociar con grupos delictivos.
La Procuraduría General de la República, a cargo del cuestionado Eduardo Medina Mora, deslindó a Genaro García Luna de las acusaciones de “La Tuta” de estar coludido con los cárteles de la droga de los Beltrán Leyva y Los Zetas o de tener orden de presentación en Estados Unidos. En tanto que Fernando Gómez Mont, titular de la Secretaría de Gobernación sostuvo que el afán de paz en el país no significa que se deje de aplicar la justicia o que se tape la obligación del Estado de someter a los criminales.
“ES UN HÉROE”: DEA
El jefe de operaciones de inteligencia de la DEA (Agencia Antidrogas Estadounidense), Anthony Placido, declaró este jueves tras una audiencia en el Congreso, ante el subcomité de Asuntos Fronterizos, Marítimos y contra el terrorismo de la Cámara de Representantes – a la que asistió con el director de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (AFF), en la que se analizó la violencia en México- que Calderón “es un héroe que está luchando frontalmente contra los delincuentes” y “nosotros vamos a apoyar”. Este funcionario estadounidense manifestó su preocupación por la violencia emprendida por los cárteles de la droga derivada, según él, de los operativos emprendidos de las fuerzas policiales y militares de México.
En esa audiencia, el funcionario de la DEA calificó a los cárteles de la droga como una amenaza tanto para México como para Estados Unidos y sostuvo que “el incremento de la violencia refleja los avances de ambos países en “interrumpir las actividades” de esas organizaciones. Plácido destacó que un componente importante del gobierno estadounidense para “neutralizar los poderosos cárteles mexicanos de la droga”, es la “Iniciativa Mérida” para “proporcionar expertos forenses” y fortalecer las instituciones judiciales de México. Precisó que dicha iniciativa asiste a sus contrapartes mexicanos para el desarrollo de equipos con agencias federales estadounidenses para enfrentar a los narcotraficantes, entre otros recursos.
PLAN BUSH
El plan que concibió, firmó el 30 de junio de 2008 y convirtió en ley la Iniciativa Mérida o “Plan México” el presidente de Estados Unidos George W. Bush fue presentado como una “Iniciativa de Cooperación para la Seguridad Regional” y fue encaminado a que las relaciones México-Estados Unidos compartan un futuro militarizado, donde el poder no acotado de unas fuerzas de seguridad ya abusivas no resuelve la alarmante violencia del crimen organizado, sino antes bien, la agrava, como advertía desde principios del año pasado la especialista del Programa de las Americas en el Center for Internacional Policy, Laura Carlsen.
La estrategia de seguridad conjunta para Norteamérica se remonta a la creación de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) como una extensión del Tratado de Libre Comercio para América Latina (TLCAN). Los jefes de estado de Estados Unidos, Canadá y México se reunieron en marzo de 2005 en Waco, Tejas, y pusieron en marcha un sigiloso proceso de negociaciones entre miembros de sus ramas ejecutivas y representantes de grandes corporaciones para facilitar los negocios transfronterizos y crear un perímetro de seguridad compartido.
Bush empujó a sus socios comerciales a formar un frente común que asume la responsabilidad compartida de proteger a Estados Unidos de amenazas terroristas, promover y proteger el modelo económico de libre comercio y reforzar el control del gobierno estadounidense sobre el mundo, en especial en América Latina, donde el Departamento de Estado capta más amenazas debido a la elección de gobiernos de centro izquierda. Y en efecto así es y este jueves el presidente de Bolivia, Evo Morales, durante la celebración del Bicentenario de La Paz, pidió acabar con las bases militares que los Estados Unidos instalaron en diferentes países de Latinoamérica. El mandatario boliviano recordó que con la nueva Constitución de ese país, vigente desde febrero pasado, se logró clausurar una base militar estadounidense en Chimoré, departamento de Cochabamba. Ante sus colegas de Venezuela, Hugo Chávez, de Ecuador, Rafael Correa, y de Paraguay, Fernando Lugo, advirtió: “nunca más bases de Estados Unidos, será una forma de descolonizarnos, dignificarnos y hacer respetar la soberanía de los pueblos…”
OBLIGAN A CALDERÓN
En cambio en México, el plan de Bush obligó a Calderón a proseguir su desastrosa estrategia antiterrorista y aplicarla en todo el territorio nacional y ha provocado graves violaciones a la soberanía nacional, un riesgo mayor de ser atacado como aliados de Estados Unidos y amenaza las libertades civiles de los mexicanos. Todo esto tiene sin cuidado a los estrategas del Departamento de Estado. En abril del año pasado, el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental, Thomas Shannon, admitió que el ASPAN “entiende a América del Norte como un espacio económico compartido… que necesitamos protegerlo… no sólo en nuestras fronteras; tiene que ser protegido en toda América del Norte, y así como hemos trabajado a través del ASPAN para mejorar nuestras relaciones comerciales y de negocios, también nos hemos esforzado por mejorar nuestra cooperación para la seguridad. En cierto modo, estamos blindando el TLCAN”.
El Plan México va mucho más allá de un combate a las drogas. Aplica políticas fallidas de manejo de la inmigración, militarización transfronteriza, integración económica, ataques a las libertades civiles e intromisión de las fuerzas de seguridad en la política social y la diplomacia internacional. Este plan reestructuró la relación binacional y cambio la naturaleza de los problemas económicos y sociales presentándolos como asuntos de seguridad; y lo más grave es que está militarizando a la sociedad mexicana con escasos controles legales o sociales. El enfoque militar para resolver la lucha antidrogas provoca una escalada de violencia relacionada con las mismas, además de abusos contra los derechos humanos, y “desembocará en la incapacidad de alcanzar sus propios objetivos”, advierte Carlsen.
OBAMA AMARRADO
Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Fundar, Tlachinolla, Wola y Latin America Working Group Education Fund, pidieron al gobierno de Barack Obama retener los fondos de la Iniciativa Mérida toda vez que la administración de Calderón no ha cumplido con la investigación, enjuiciamiento y sanción a las violaciones a las garantías individuales cometidas por miembros del Ejército. En los últimos dos años las quejas de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares que ha recibido la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH se han sextuplicado al pasar de 182 quejas en 2006 a mil 230 hasta el corte del año pasado.
A pesar de esa petición. el demócrata Obama, quien visitará nuestro país el 9 y 10 de agosto próximo y se reunirá con Calderón en Guadalajara, tiene las manos amarradas por el Congreso estadounidense y por los acuerdos firmados por su antecesor George W. Bush, quien previó la llegada del demócrata a la Casa Blanca y tomó las providencias del caso. Obama vendrá sin duda a escuchar el parte de guerra de Calderón.
OFENSIVA CONTRA MICHOACÁN
Al cierre de estas líneas se ultimaban los detalles de una magna ofensiva de la administración federal contra el cartel de “La Familia Michoacana” en territorio del Estado de Michoacán, entidad en la que fueron desplegados 5 mil 500 elementos entre policías, Ejército y Marina, que se unen a los mil 200 que ya están operando en la tierra gobernada por el perredista Leonel Godoy. Los mil 500 agentes de la Policía Federal que arribaron por tierra y aire y que llevaron consigo camiones blindados, al menos 10 helicópteros y camionetas con equipo táctico, están dolidos por la sospechosa ejecución de 12 de sus compañeros y tienen sed de venganza. “Vamos a partirles la madre, sólo necesitamos huevos”, los arengó el general Rodolfo Cruz López.
Mientras tanto, el gobernador Leonel Godoy, muy bueno para la negociación política partidista para despejarle el camino a Cuauhtémoc Cárdenas hacia otra posible postulación a la presidencia de la República, poco o nada ha podido hacer para detener la invasión de las fuerzas federales en el territorio que dice que gobierna o que al menos le pagan para hacerlo. Al encabezar la ceremonia conmemorativa del aniversario de la fundación del Hospital Civil, reconoció ante médicos y enfermeras que Michoacán atraviesa por “graves dificultades de seguridad”, pero rechazó hacer comentarios a la prensa local sobre el estado de guerra que enfrentan los michoacanos.
Mejor el arzobispo de Morelia y los cinco obispos auxiliares de esa diócesis clamaron por el cese de muertes violentas en la entidad y llamaron a los criminales a la conversión. En un comunicado firmado por el vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, así como los obispos de Zamora, Javier Navarro Rodríguez: de Tacámbaro, José Luis Castro Medellín; de Apatzingán, Miguel Patiño; de Lázaro Cárdenas, Fabio Martínez Castilla; y los obispos auxiliares de Morelia, Octavio Villegas Aguilar y Carlos Suárez Cázares, señalaron que “percibimos un clima de terror y de incertidumbre”.
REPRESIÓN POLÍTICA
El modelo de la guerra antidrogas aplicado por Calderón y dictado desde Washington se está expandiendo hacia la represión de la oposición política en el país, por lo que no es producto del azar que se este enfocando en estos momentos en Michoacán, bastión de la real oposición política que representa el perredismo auténtico, no el de “Los Chuchos”. La estrategia que están siguiendo García Luna y Medina Mora borraron los limites entre el combate a las drogas y contra la oposición política.
Las armas las siguen poniendo los mercenarios estadounidenses toda vez que el 90 por ciento de las armas confiscadas a los cárteles de las drogas provienen de Estados Unidos, mientras que los muertos los ponemos los mexicanos, pues la violencia relacionada con el narcotráfico dejó más de seis mil 200 muertos en 2008, mientras que en este 2009 el número de víctimas superaba los 3 mil 700 al cierre de estas líneas. ¿Cuántos cadáveres más se apilarán antes de que concluya la fallida administración de Felipe Calderón? ¿No es este un costo muy alto tan sólo para proteger capitales internacionales?
DE LOS PASILLOS
Banamex, filial de la estadounidense Citigroup, será la que hará el negocio de la construcción de la Refinería Bicentenario. El gobierno de Hidalgo adquirirá una deuda por mil 500 millones de pesos con esa institución bancaria para pagar las 700 hectáreas que dará a Pemex para la construcción de ese complejo industrial… Jeffrey Davidow, ex embajador de Estados Unidos en México, subrayó la necesidad de exigirles visa a cientos de miles de trabajadores que laboran sin ese documento en territorio estadounidense. ( lilia_arellano@yahoo.com)
“Sólo es digno de libertad quien sabe conquistarla cada día”: Goethe.
México, DF. 16 de julio (LA JORNADA) La escalada de la violencia en México derivada de la “guerra contra el narcotráfico”, emprendida desde el principio de esta administración por Felipe Calderón, obedece al cumplimiento puntual de objetivos estratégicos programados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, definidos cuando menos desde marzo de 2005 por el entonces presidente estadounidese George W. Bush, en Waco, Tejas, donde estuvo Vicente Fox, y comprometidos por el actual inquilino de Los Pinos desde el 30 de junio de 2008, cuando se firmó la “Iniciativa de Cooperación para la Seguridad Regional” con duración de tres años a un costo de 1,400 millones de dólares, mejor conocida como “Plan México” o “Iniciativa Mérida”, que se enmarca en la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) como una extensión del Tratado de Libre Comercio para América Latina (TLCAN).
La farsa de la entrevista de radio a Servando Gómez, “La Tuta”, presuntamente uno de los líderes del cártel de “La Familia Michoacana”, tuvo el efecto esperado y generó un respaldo irrestricto a la fallida “guerra contra el narcotráfico” calderonista escalada a niveles de violencia nunca vistos en el país y construyó un nuevo blindaje político a su alfil Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal. Senadores de las tres principales fuerzas políticas, PRI, PAN y PRD, ahora en ese orden, se fueron con la finta y respaldaron la posición del inquilino de Los Pinos de rechazar un pacto con el narcotráfico y en que no hay “marcha atrás” en la lucha contra el narcotráfico.
El coordinador del PAN en el Senado y Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión, Gustavo Madero, respaldó la postura del gobierno federal de no pactar con el narcotráfico y rechazó que a partir de las declaraciones de ese supuesto narcotraficante se deba investigar al titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Le siguió el senador Manlio Fabio Beltrones, coordinador del PRI en la Cámara Alta, quien manifestó su “respaldo total” a la postura calderonista de rechazar toda posibilidad de diálogo o negociación con organizaciones del crimen organizado. Remachó el senador sinaloense del PRI, Mario López, secretario de la Comisión de Seguridad Pública, al señalar que “no son momentos de detenerse sino de ir a fondo en este compromiso del Ejecutivo”. Y claro que no podía faltar René Arce Islas, senador perredista secretario de la Comisión de Seguridad Pública, quien confirmó también su respaldo a la postura de la administración federal de rechazar cualquier pacto con el crimen organizado.
Los partidos satélites, PVEM y Nueva Alianza, respaldaron también de inmediato la negativa del gobierno federal de rechazar un diálogo con integrantes del crimen organizado, pero pidieron replantear la estrategia contra el narcotráfico. El senador verdeecologista, Arturo Escobar, declaró que un diálogo con el narco es inaceptable porque instituciones mexicanas no tienen nada que negociar con el crimen organizado. Y Guillermo Tenorio, diputado local de Nueva Alianza, confirmó que “fue oportuna” la intervención del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en el sentido que no se puede negociar con grupos delictivos.
La Procuraduría General de la República, a cargo del cuestionado Eduardo Medina Mora, deslindó a Genaro García Luna de las acusaciones de “La Tuta” de estar coludido con los cárteles de la droga de los Beltrán Leyva y Los Zetas o de tener orden de presentación en Estados Unidos. En tanto que Fernando Gómez Mont, titular de la Secretaría de Gobernación sostuvo que el afán de paz en el país no significa que se deje de aplicar la justicia o que se tape la obligación del Estado de someter a los criminales.
“ES UN HÉROE”: DEA
El jefe de operaciones de inteligencia de la DEA (Agencia Antidrogas Estadounidense), Anthony Placido, declaró este jueves tras una audiencia en el Congreso, ante el subcomité de Asuntos Fronterizos, Marítimos y contra el terrorismo de la Cámara de Representantes – a la que asistió con el director de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (AFF), en la que se analizó la violencia en México- que Calderón “es un héroe que está luchando frontalmente contra los delincuentes” y “nosotros vamos a apoyar”. Este funcionario estadounidense manifestó su preocupación por la violencia emprendida por los cárteles de la droga derivada, según él, de los operativos emprendidos de las fuerzas policiales y militares de México.
En esa audiencia, el funcionario de la DEA calificó a los cárteles de la droga como una amenaza tanto para México como para Estados Unidos y sostuvo que “el incremento de la violencia refleja los avances de ambos países en “interrumpir las actividades” de esas organizaciones. Plácido destacó que un componente importante del gobierno estadounidense para “neutralizar los poderosos cárteles mexicanos de la droga”, es la “Iniciativa Mérida” para “proporcionar expertos forenses” y fortalecer las instituciones judiciales de México. Precisó que dicha iniciativa asiste a sus contrapartes mexicanos para el desarrollo de equipos con agencias federales estadounidenses para enfrentar a los narcotraficantes, entre otros recursos.
PLAN BUSH
El plan que concibió, firmó el 30 de junio de 2008 y convirtió en ley la Iniciativa Mérida o “Plan México” el presidente de Estados Unidos George W. Bush fue presentado como una “Iniciativa de Cooperación para la Seguridad Regional” y fue encaminado a que las relaciones México-Estados Unidos compartan un futuro militarizado, donde el poder no acotado de unas fuerzas de seguridad ya abusivas no resuelve la alarmante violencia del crimen organizado, sino antes bien, la agrava, como advertía desde principios del año pasado la especialista del Programa de las Americas en el Center for Internacional Policy, Laura Carlsen.
La estrategia de seguridad conjunta para Norteamérica se remonta a la creación de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) como una extensión del Tratado de Libre Comercio para América Latina (TLCAN). Los jefes de estado de Estados Unidos, Canadá y México se reunieron en marzo de 2005 en Waco, Tejas, y pusieron en marcha un sigiloso proceso de negociaciones entre miembros de sus ramas ejecutivas y representantes de grandes corporaciones para facilitar los negocios transfronterizos y crear un perímetro de seguridad compartido.
Bush empujó a sus socios comerciales a formar un frente común que asume la responsabilidad compartida de proteger a Estados Unidos de amenazas terroristas, promover y proteger el modelo económico de libre comercio y reforzar el control del gobierno estadounidense sobre el mundo, en especial en América Latina, donde el Departamento de Estado capta más amenazas debido a la elección de gobiernos de centro izquierda. Y en efecto así es y este jueves el presidente de Bolivia, Evo Morales, durante la celebración del Bicentenario de La Paz, pidió acabar con las bases militares que los Estados Unidos instalaron en diferentes países de Latinoamérica. El mandatario boliviano recordó que con la nueva Constitución de ese país, vigente desde febrero pasado, se logró clausurar una base militar estadounidense en Chimoré, departamento de Cochabamba. Ante sus colegas de Venezuela, Hugo Chávez, de Ecuador, Rafael Correa, y de Paraguay, Fernando Lugo, advirtió: “nunca más bases de Estados Unidos, será una forma de descolonizarnos, dignificarnos y hacer respetar la soberanía de los pueblos…”
OBLIGAN A CALDERÓN
En cambio en México, el plan de Bush obligó a Calderón a proseguir su desastrosa estrategia antiterrorista y aplicarla en todo el territorio nacional y ha provocado graves violaciones a la soberanía nacional, un riesgo mayor de ser atacado como aliados de Estados Unidos y amenaza las libertades civiles de los mexicanos. Todo esto tiene sin cuidado a los estrategas del Departamento de Estado. En abril del año pasado, el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental, Thomas Shannon, admitió que el ASPAN “entiende a América del Norte como un espacio económico compartido… que necesitamos protegerlo… no sólo en nuestras fronteras; tiene que ser protegido en toda América del Norte, y así como hemos trabajado a través del ASPAN para mejorar nuestras relaciones comerciales y de negocios, también nos hemos esforzado por mejorar nuestra cooperación para la seguridad. En cierto modo, estamos blindando el TLCAN”.
El Plan México va mucho más allá de un combate a las drogas. Aplica políticas fallidas de manejo de la inmigración, militarización transfronteriza, integración económica, ataques a las libertades civiles e intromisión de las fuerzas de seguridad en la política social y la diplomacia internacional. Este plan reestructuró la relación binacional y cambio la naturaleza de los problemas económicos y sociales presentándolos como asuntos de seguridad; y lo más grave es que está militarizando a la sociedad mexicana con escasos controles legales o sociales. El enfoque militar para resolver la lucha antidrogas provoca una escalada de violencia relacionada con las mismas, además de abusos contra los derechos humanos, y “desembocará en la incapacidad de alcanzar sus propios objetivos”, advierte Carlsen.
OBAMA AMARRADO
Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Fundar, Tlachinolla, Wola y Latin America Working Group Education Fund, pidieron al gobierno de Barack Obama retener los fondos de la Iniciativa Mérida toda vez que la administración de Calderón no ha cumplido con la investigación, enjuiciamiento y sanción a las violaciones a las garantías individuales cometidas por miembros del Ejército. En los últimos dos años las quejas de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares que ha recibido la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH se han sextuplicado al pasar de 182 quejas en 2006 a mil 230 hasta el corte del año pasado.
A pesar de esa petición. el demócrata Obama, quien visitará nuestro país el 9 y 10 de agosto próximo y se reunirá con Calderón en Guadalajara, tiene las manos amarradas por el Congreso estadounidense y por los acuerdos firmados por su antecesor George W. Bush, quien previó la llegada del demócrata a la Casa Blanca y tomó las providencias del caso. Obama vendrá sin duda a escuchar el parte de guerra de Calderón.
OFENSIVA CONTRA MICHOACÁN
Al cierre de estas líneas se ultimaban los detalles de una magna ofensiva de la administración federal contra el cartel de “La Familia Michoacana” en territorio del Estado de Michoacán, entidad en la que fueron desplegados 5 mil 500 elementos entre policías, Ejército y Marina, que se unen a los mil 200 que ya están operando en la tierra gobernada por el perredista Leonel Godoy. Los mil 500 agentes de la Policía Federal que arribaron por tierra y aire y que llevaron consigo camiones blindados, al menos 10 helicópteros y camionetas con equipo táctico, están dolidos por la sospechosa ejecución de 12 de sus compañeros y tienen sed de venganza. “Vamos a partirles la madre, sólo necesitamos huevos”, los arengó el general Rodolfo Cruz López.
Mientras tanto, el gobernador Leonel Godoy, muy bueno para la negociación política partidista para despejarle el camino a Cuauhtémoc Cárdenas hacia otra posible postulación a la presidencia de la República, poco o nada ha podido hacer para detener la invasión de las fuerzas federales en el territorio que dice que gobierna o que al menos le pagan para hacerlo. Al encabezar la ceremonia conmemorativa del aniversario de la fundación del Hospital Civil, reconoció ante médicos y enfermeras que Michoacán atraviesa por “graves dificultades de seguridad”, pero rechazó hacer comentarios a la prensa local sobre el estado de guerra que enfrentan los michoacanos.
Mejor el arzobispo de Morelia y los cinco obispos auxiliares de esa diócesis clamaron por el cese de muertes violentas en la entidad y llamaron a los criminales a la conversión. En un comunicado firmado por el vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, así como los obispos de Zamora, Javier Navarro Rodríguez: de Tacámbaro, José Luis Castro Medellín; de Apatzingán, Miguel Patiño; de Lázaro Cárdenas, Fabio Martínez Castilla; y los obispos auxiliares de Morelia, Octavio Villegas Aguilar y Carlos Suárez Cázares, señalaron que “percibimos un clima de terror y de incertidumbre”.
REPRESIÓN POLÍTICA
El modelo de la guerra antidrogas aplicado por Calderón y dictado desde Washington se está expandiendo hacia la represión de la oposición política en el país, por lo que no es producto del azar que se este enfocando en estos momentos en Michoacán, bastión de la real oposición política que representa el perredismo auténtico, no el de “Los Chuchos”. La estrategia que están siguiendo García Luna y Medina Mora borraron los limites entre el combate a las drogas y contra la oposición política.
Las armas las siguen poniendo los mercenarios estadounidenses toda vez que el 90 por ciento de las armas confiscadas a los cárteles de las drogas provienen de Estados Unidos, mientras que los muertos los ponemos los mexicanos, pues la violencia relacionada con el narcotráfico dejó más de seis mil 200 muertos en 2008, mientras que en este 2009 el número de víctimas superaba los 3 mil 700 al cierre de estas líneas. ¿Cuántos cadáveres más se apilarán antes de que concluya la fallida administración de Felipe Calderón? ¿No es este un costo muy alto tan sólo para proteger capitales internacionales?
DE LOS PASILLOS
Banamex, filial de la estadounidense Citigroup, será la que hará el negocio de la construcción de la Refinería Bicentenario. El gobierno de Hidalgo adquirirá una deuda por mil 500 millones de pesos con esa institución bancaria para pagar las 700 hectáreas que dará a Pemex para la construcción de ese complejo industrial… Jeffrey Davidow, ex embajador de Estados Unidos en México, subrayó la necesidad de exigirles visa a cientos de miles de trabajadores que laboran sin ese documento en territorio estadounidense. ( lilia_arellano@yahoo.com)
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