Aquí reproducimos fragmentos de Historias de muerte y corrupción,
el título de Grijalbo que ya está en librerías.
Fox, en su desventurada frivolidad, ofreció que llevaría a la cárcel a peces grandes que habían engordado a costa de todos. Nombró contralor a un norteño fuerte, alto, el ceño severo, estampa de la autoridad implacable. El último dato de su biografía –la de Francisco Barrio– lo describe: embajador en Canadá, sin compromiso, sin riesgo el buen sueldo, la posibilidad de ahorrar para lo que fuera. Su paseo por la cancillería negaría un episodio memorable a su favor.
Calderón, en su turno, desalentó desde el principio las expectativas que muchos tuvieron acerca de que él, él sí, emprendería un camino distinto al de Fox y combatiría a fondo la corrupción y su punto de apoyo, la impunidad, el cáncer más doloroso en el organismo de la nación. En un lenguaje sin explicaciones advirtió que su régimen no actuaría contra el ex presidente ni contra su esposa, ni contra los hijos de la señora Sahagún, insistentemente señalados como corruptos; tampoco actuaría contra el saqueo a Pemex. No se ocuparía de los dispendios en el aeropuerto internacional, ni de la megabiblioteca, ni de los derroches nacidos de la irracionalidad, en suma, de ninguno de los escándalos mayores o menores en los que el sexenio foxista se había visto comprometido.
Uno al lado del otro en la historia azul, Fox y Calderón han mantenido posiciones opuestas frente al crimen organizado. Uno dejó en paz a los capos y el otro ha fundado con ellos una galería de notables que, sin duda alguna, seguirá creciendo. Uno, Fox, cubrió al país con el delgado manto de una paz que no se ve por lado alguno, y el otro, Calderón, lleva al país a una guerra desdichada.
Sólo por fuera, pintados del mismo color, los mandatarios guardan un parecido. Pero de su relación política, inmensa su responsabilidad, poco a poco se va sabiendo más y más acerca de sus desacuerdos. Se habla ya, unidos los tiempos de ambos en Los Pinos, de la “decena perdida” y de un país que no encuentra su rumbo.
Sin medir la magnitud del problema que enfrentaba, Calderón se metió entero en el agua helada de un océano sin orillas. Ignoró o no fue consciente de que el narco se había infiltrado en las capas altas, medias y bajas de la sociedad a lo largo de cincuenta años de priísmo complaciente y durante el periodo del foxismo cómplice. Si Calderón había tramado una alianza emergente con las Fuerzas Armadas, los narcos habían tejido sus redes, lenta, pacientemente, que el tiempo estaba de su parte. Los narcos habían adquirido cartas de ciudadanía, visibles en la geografía de la República pueblos enteros cuya respiración la debían a la droga.
Además, cerrado a una creciente inconformidad, Calderón decidió que la guerra al narco sería su guerra y él sabría de qué manera conducirla, apoyado en las Fuerzas Armadas. En su desmedido protagonismo, vistió a sus hijos, Luis Felipe y Juan Pablo, de cuatro y ocho años de edad, con el uniforme de campaña, el verde olivo del Ejército que formó el general Joaquín Amaro allá por la década de 1920. En una foto se ve a los niños en la misma línea horizontal que su papá, flanqueado el presidente de la República por los secretarios de la Defensa y la Marina, presente también el jefe de la Fuerza Aérea.
“Son los menos”
Al dejar abiertos los cuarteles para que las Fuerzas Armadas se lanzaran contra el crimen organizado, Felipe Calderón declaró que asumiría en su integridad las consecuencias de la batalla que iniciaba. Resuelto, general de cinco estrellas, habló a la nación sobre su compromiso total en la magna batida.
Inequívoco el lenguaje, afirmó que asumiría como propios los daños colaterales de la batalla que libraba en el territorio de la nación. Los daños colaterales no podrían ser otros que las muertes de inocentes, las desapariciones, los secuestros, las mutilaciones y las mil calamidades sin remedio que trae consigo el vendaval de la violencia.
Avanzado su gobierno, en abril de 2010, afirmó que “más de noventa por ciento de las ejecuciones asociadas a la guerra contra la delincuencia obedecía al choque entre grupos del crimen”. A continuación, y al referirse a los inocentes caídos en la estrategia militar para abatir el narco, acudió a palabras difíciles de aceptar:
“Son los menos”, expresó en una frase desdeñosa. “Los menos” pueden ser miles, cientos, y aunque fueran unos cuantos, o sólo uno, “alguien” tendría que decirle a la nación qué fue de ellos. Los muertos sin culpa alguna, los inocentes, no dejaron la vida por un incendio propagado por el viento, un terremoto, el desgajamiento de un cerro o una tormenta tropical. Cayeron como resultado de una estrategia militar diseñada por el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Tocará a él, por tanto, rendir cuentas “hasta sus últimas consecuencias” de lo acaecido en los frentes abiertos en la lucha contra el narco. Porque los muertos están ahí y ahí siguen angustiosa y paradójicamente vivos.
No existe el daño abstracto en el Estado de derecho. Simplemente, no hay daño sin su correspondiente autor, así como no hay causa sin efecto ni homicidio sin homicida. En el tiempo bélico de Calderón, de “los menos” se sabe apenas que un día desdichado y sin saber por qué, la maldad los apartó del mundo.
“Al primer paso sobre el mar, me hundí”
Coordinador de los diputados panistas en la LVIII Legislatura, Felipe Calderón iba y venía por los pasillos de la Cámara, subía y bajaba de la tribuna, rebatía con encono a sus adversarios y se hacía seguir con manifiesto interés por sus correligionarios. Se le notaba desenvuelto, seguro, estampa de un joven líder.
Por esa época nos reunimos en la parte alta del restaurante La Casserole, sobre la avenida Insurgentes. No recuerdo el motivo de la cita, pero sí que yo mantenía una relación cordial con buen número de militantes de Acción Nacional. Había conocido a su fundador, que me atraía sobremanera por sus maneras exquisitas y sus ojos incendiarios.
El restaurante se encontraba semivacío y bajo una penumbra que propiciaba la conversación que atañe a los asuntos personales, Calderón y yo nos confiábamos uno al otro.
Me dijo que la parábola de Jesús bajo la tormenta, aterrorizados los apóstoles en una barca que zozobraba, la llevaba en el alma como una oración. Pensaba en los apóstoles, hombres comunes y corrientes, tanto o más que en el hijo de Dios, y a los doce los relacionaba con amigos muy queridos, complicados en problemas serios.
Palabras más, palabras menos, culminó su relato entre un fino humor y el esbozo de un drama que hiere. Recuerdo el final de su relato, visión de una imagen del pasado que en mí perdura:
“Yo también –me dijo–, resuelto a salvar a los míos, a ‘mis apóstoles’, me dispuse a dejar el lanchón y caminar sobre el agua. Sin embargo, al primer paso sobre el mar, me hundí y desperté”.
A mi vez, esbocé a Calderón mi propia crisis de fe. Educado en el Colegio Alemán Alexander von Humboldt, en el Instituto Bachilleratos, dirigido por jesuitas, y en facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), inconstante y al fin autodidacta tardío, mantenía revuelto el mundo de adentro. Ciertamente no se llevaban la dureza germana con la seducción jesuítica y la liberalidad de estudios elementales de filosofía y letras, en la UNAM. No podía creer ni dejar de creer en Dios. No me atraía el cielo ni temía al infierno, me gustaba vivir y la vida llegaba a sentirla como un inmenso vacío.
Años después, reunidos por Josefina Vázquez Mota, desayunamos en el Centro Libanés. Calderón estaba en plena campaña por la Presidencia de la República.
Hablé sin parar y conté mis agravios con Acción Nacional. El partido había olvidado a los hombres que lo formaron y a los mejores de sus seguidores. Para Manuel Gómez Morín no había una frase reciente que valiera la pena, como tampoco la había para Efraín González Luna y Miguel Estrada Iturbide, sus contemporáneos en la naciente organización política. Tampoco había una línea para los primeros diputados federales, cinco estoicos en su resistencia frente al ejército priísta que no logró aplastarlos, y al primer senador azul, histórico en su curul solitaria, habría que rastrearlo con lupa. Los diputados de partido, una innovación en el escenario camaral, pasaban inadvertidos en los órganos doctrinarios y de circulación azul, y al propio Adolfo Christlieb, en buena medida autor de la iniciativa y muchos méritos más, se le mantenía en algún escondrijo. Rafael Preciado Hernández, ideólogo, filósofo y maestro de generaciones, pasaba como figura secundaria en los hechos cotidianos del tiempo incesante. De Carlos Castillo Peraza, menospreciado por tantos, hablé largamente y con dolor.
Llegó la hora de la despedida. El monólogo me había dejado sentimientos de frustración. Quizá lo advirtió Calderón y me anunció una carta inminente.
La recibí el 17 de enero de 2006. Me llamó la atención el color del pliego, negro y anaranjado, apenas diferente del negro y amarillo del PRD. En el margen superior izquierdo de la carta se leía “Felipe Calderón”, y al lado, su figura en color naranja. En la parte superior derecha destacaba el lema de campaña: “Mano firme, pasión por México”.
El documento acusaba una falta de ortografía, mi apellido paterno sin la “c”; y mi apellido materno, que siempre me acompaña, había sido suprimido.
Sr. Julio Sherer.
Presente.
Muy querido don Julio:
Gratamente impresionado por sus convicciones y por el valor de su franqueza, le escribo estas líneas para decirle cuánto valoro su presencia en la vida pública de México a través de su trabajo diario.
Discrepo desde luego en diversos temas y percepciones, sin embargo la hondura de sus reflexiones enriquece mi visión de México y seguramente contribuirá en beneficio de la meta que me he propuesto: una vida mejor y más digna para todos.
Lo saludo con admiración y con gratitud por compartir tan generosamente su pasión sobre el destino de México.
Atentamente,
Felipe Calderón Hinojosa
Leí la carta. Lamenté su oquedad.
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Luis Garfias Magaña
El trámite se ventila con helada naturalidad: abatido un inocente por militares, la Secretaría de la Defensa Nacional cubre la indemnización a los deudos y se hace cargo de los gastos inherentes a la tragedia, esto es, la atención a las víctimas colaterales, los recursos para el funeral y la restitución de los bienes dañados en la trifulca.
El alcance de la indemnización lo determina la Defensa en una decisión sin réplica posible. Pero no sólo eso: del drama se apodera de manera íntegra, sin intervención alguna del Ministerio Público, inexistente la ley civil frente al fuero militar. Por lo que hace a los militares homicidas, sometidos al cuartel, resulta claro que carecen de voz al exterior.
Conversaba sobre el tema con el general de división Luis Garfias Magaña. Nos obligaban a la franqueza las imponderables razones de la vida. Estuvimos juntos en el Instituto Bachilleratos, dirigido por jesuitas, y habíamos compartido las vivencias de una juventud temprana. No me sorprendió su crítica al presidente de la República, tampoco oírle decir que podría juzgársele por su desempeño en la campaña contra el narcotráfico. Sus palabras respondían al peso de los inocentes caídos sin cargo ni cuentas con persona alguna.
Atenido al tiempo, el general, en el tono lento de una reflexión muy trabajada, dijo:
–Alguien tendrá que hablar por ellos.
–Ellos, dices. ¿Hablas de los inocentes muertos?
–Sí, de ellos hablo.
En su casa, apenas en noviembre, recordábamos Luis y yo el día aquel en que el prefecto del instituto, el padre Meza, lo había llamado a su oficina casi en secreto. Era importante el asunto que debía tratar con su discípulo. En la voz susurrante de la confidencia, el sacerdote le dijo que advertía en él los signos claros del llamado de Dios y lo invitaba a que ingresara en la Compañía de Jesús. Había que cumplir, eso sí, con el triple y sagrado compromiso que imponía la orden fundada por Ignacio de Loyola: voto de pobreza, voto de obediencia y voto de castidad.
Posesionado de su historia, platicaba Garfias:
“Me vio fijo, Julio, ya sabes cómo era Meza. No me quitaba los ojos, igual que si me hurgara. Yo tuve un momento de turbación sin saber qué hacer ni qué decir. Sin embargo, me sobrepuse y pude responderle: ‘No tengo inconveniente, padre, en cumplir con el voto de obediencia, tampoco con el voto de pobreza, pero el voto de castidad es otra cosa’”.
Conversábamos en la estancia de su casa, en la sección militar de la Segunda Colonia del Periodista, rodeado el divisionario de diplomas, condecoraciones y señaladamente dos fotografías de su padre, oficial de veras, al lado de Francisco I. Madero. Sensible, me condujo por sus memorias del Colegio Militar, libros y más libros, códigos y más códigos. Señaló a Napoleón y a los grandes generales de la historia, también a Miramón. “No se le ha hecho justicia”, comentó. En los pasos lentos del recorrido, sentí en Garfias la añoranza de una vida que se aproxima a los ochenta años.
De vuelta a la comodidad de dos sillones, volví al tema que me había llevado con el amigo de una época difícil de olvidar. Se trataba de las víctimas inocentes de la guerra que perturba al país.
“No es guerra, es campaña –me corrigió–, dolorosa, amarga”.
Pasé por alto su momentánea contrariedad e inquirí directamente por el trato que debería dársele a los deudos de crímenes infames y, en particular, las indemnizaciones otorgadas al arbitrio de la Defensa.
Grave su rostro, dijo sin ambages:
“El tema es delicado y no hay una línea en el lenguaje militar que se ocupe de asunto tan sensible. Los muertos de que hablamos, casi siempre debidos a accidentes, ocurren sobre todo entre personas humildes. A ellas habría que ofrecerles un alivio y la garantía de un derecho que no podría ser discutido”.
¿Cómo valorar una vida? No hay manera, nos decíamos, la vida es el cielo y la tierra unidos en un instante que será para siempre. Pero el problema podría aliviarse con una pensión vitalicia y digna, ajena a cualquier traba burocrática. “Expedito”, debería anotarse en el legajo que correspondiera a una muerte inicua.
Sin soltar el tema, el general Garfias siguió con el recuento de los más de treinta mil muertos que ya ha dejado la campaña en nuestro país y los relacionó con otros escenarios. La comparación resulta sencillamente brutal.
Dijo Garfias:
“En España, todas las muertes provocadas por grupos terroristas en los últimos cincuenta años, sumadas, son menos de las que ha habido en México durante los cuatro años pasados. Increíble. Si contamos todos los muertos de la ETA en España, el ERI en Irlanda, el Baader-Meinhof en Alemania, las Brigadas Rojas que mataron a Aldo Moro, Sendero Luminoso, los tupamaros, los montoneros, suman menos que los treinta mil en México”.
Visto el panorama que describía, le pregunté si se asumía como partidario de la suspensión de las garantías individuales en el territorio nacional.
“Absolutamente”, respondió, el adverbio emitido con la fuerza de una exclamación.
Sigue el general:
“No tendría sentido pensar en una suspensión de garantías que afectara a la República entera. La suspensión de garantías podría decretarse en un municipio o localidad pequeña que perdió hasta el hábito de vivir. Si el crimen se impone en la vida cotidiana o imprime hasta modos de ser y de conducta, algo hay que hacer para enfrentar semejante terror. Correspondería al presidente de la República asumir decisiones drásticas”.
–O sea, la suspensión de garantías.
–Cubiertos la letra y el espíritu de la Constitución, movilizados los poderes en un solo propósito, aprobada la iniciativa por el Congreso o, en su defecto, la Comisión Permanente, el Ejecutivo cumpliría con su deber en la época difícil que vivimos.
–En tu lógica, ¿por qué no se aplica la medida?
–Debilidad o miedo.
–Sería lo mismo. Pero ¿miedo o debilidad a qué?
–A la exhibición de una imagen negativa del país en el mundo.
–La mala imagen ya existe.
–Eso creo y no entiendo por qué estando la Constitución ahí, explícito el veintinueve constitucional*, éste no se aplica.
–Al iniciar la campaña contra el narcotráfico, el presidente declaró que sería responsable de los daños colaterales que su decisión pudiera desencadenar.
¿Qué opinión te merece el compromiso presidencial? –le pregunté.
–De haber aplicado el artículo veintinueve constitucional, que contempla la suspensión de garantías individuales, habría aliviado su responsabilidad.
–Volvamos, Luis, a los inocentes muertos. A causa de ellos, ¿podría juzgarse al presidente de la República?
–Debería juzgársele –reflexivo en el futuro el general agrega–: el asunto es muy grave, muy serio.
–Y al secretario de la Defensa, ¿debería juzgársele?
–Él recibe órdenes. Sin embargo, en el código te dicen que el militar no debe cumplir órdenes que configuren un delito.
–Luego, el secretario es cómplice.
–De alguna manera, sí.
–O sea, también debería juzgársele, como al presidente.
–Ya te dije. Sí.
* En el artículo veintinueve de la carta magna se lee: “En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo. Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso para que las acuerde”.
A Vega Casillas le gusta hablar de los casos exitosos. Asegura que entre el 90 y el 95 por ciento de los hechos que denuncia la Secretaría ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se mantienen firmes. Las sanciones económicas siempre las gana la dependencia a su cargo.
—Antonio Juan Marcos Issa, accionista del Grupo Blue Marine, fue coordinador de asesores de dos directores generales de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy y Raúl Muñoz Leos. Cuando entra Luis Ramírez Corzo a la Dirección General acuerdan que Marcos Issa se separe del cargo, porque también había trabajado en Turbina Solar. Entonces se piensa que podría demostrarse un conflicto de intereses. Él se separa, pero sus empresas privadas siguen brindando servicios a Pemex. ¿Hay responsabilidad en esto? ¿Hay algún indicio de que el principal asesor de los dos directores generales y socio del tercer director general tuviera su empresa y sea ésa exactamente la que estaba cometiendo los actos ilícitos que ustedes documentan? ¿Eso también está dentro del marco de la investigación?
El procedimiento, una vez que queda firme la sanción, es que se convierte en un crédito fiscal y es la Secretaría de Hacienda quien lo cobra. De acuerdo con el Código Fiscal, Hacienda es la que hace los cobros y ellos son los que llevan todo el asunto de las recuperaciones. ¿Por qué se fincan multas tan altas? Lo que la ley prevé es que a cada uno de los funcionarios se le cargue todo el daño que causó, porque los funcionarios cuando hacen este tipo de cosas tienen más capacidad de daño que capacidad de pago. Entonces la ley dice que se les finque todo el daño que causaron porque lo que se busca es que entre todos se recupere el mayor dinero que se pueda, hasta donde les den sus bienes. Esto se vuelve un asunto ejemplar para los demás funcionarios: si cometes un acto de corrupción, no sólo vas a perder el dinero mal habido, vas a perder todo lo que tienes. Ése es el castigo y la ley lo que trata es que el Estado mexicano pueda recuperar la mayor cantidad del daño. Por supuesto que no sería aceptable que la ley dijera que sólo regresaran lo que se llevaran; eso sería un aliciente para que todos los funcionarios cometieran actos de corrupción. Se trata de que sea un asunto ejemplar.
Gramm, entonces presidente del Comité de Actividades Bancarias del Senado, recogió 2.6 millones de dólares en solamente cinco años. La ley 90-8 fue aprobada en el Senado con el apoyo de 38 demócratas, incluyendo a Joe Biden, John Kerry, Tom Daschle, Dick Durbin y John Edwards.
Incluso, mientras el gobierno federal continúa inventando fórmulas para salvar al sector financiero y dar un impulso a la economía, el gobierno recibe consejos y recomendaciones de las mismas compañías que aceptaron dólares de los contribuyentes y que son, en parte, las principales responsables de la crisis actual.
Las mayores amenazas a la seguridad centroamericana son la delincuencia y el crimen organizado. Estos fenómenos se expresan desde hace 10 años en la alta violencia social y delictiva, intensa inseguridad ciudadana, frágiles estados de derecho y aplicación de política de mano dura.
Con el argumento de la modernización de su equipo militar, los gobiernos sustentan el incremento en las adquisiciones. Con excepción de México –que ocupa el cuarto lugar–, los mayores compradores de armas son Brasil, Colombia, Chile y Venezuela, de acuerdo con el informe de 2009 del Stockholm International Peace Research Institute. Datos del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres indican que Venezuela, después de Chile, es el mayor comprador de armas en América Latina.
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