Con la toma de posesión de Porfirio Lobo como presidente de Honduras culmina exitosamente la estrategia de los militares y los políticos que en junio pasado dieron el golpe de Estado contra Manuel Zelaya: ni éste es el presidente constitucional ni Roberto Micheletti ostenta el cargo usurpado. A decir de diplomáticos latinoamericanos que conocen los entretelones de las negociaciones de la OEA para resolver la crisis política tras la asonada, ese fracaso puso en evidencia que el organismo regional no tiene la capacidad para defender el orden democrático en los países miembros.WASHINGTON.– La toma de posesión de Porfirio Lobo Sosa como presidente constitucional de Honduras el miércoles 27 de enero sienta un precedente de las posibilidades de éxito que tienen todavía los golpes de Estado en el continente y plantea de nuevo la urgencia de reformar a la Organización de los Estados Americanos (OEA), coinciden diplomáticos latinoamericanos entrevistados por Proceso en la capital de Estados Unidos.
“La realidad de Honduras es la siguiente: Manuel Zelaya nunca regresó a la presidencia y, lamentablemente, el que triunfó fue el gobierno de facto que encabezó Roberto Micheletti, porque con la presidencia de Lobo se inicia otra etapa constitucional hondureña”, dice un diplomático que estuvo involucrado en las negociaciones infructuosas de la OEA para restablecer el orden constitucional interrumpido por el golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
“Ante el golpe de Estado, la OEA exhibió sus limitaciones para resolver una crisis constitucional. O, más bien, hizo lo que pudo, lo que le permiten los mismos Estados miembros por medio de la Carta Democrática”, enfatiza.
Con el argumento de que sólo pueden hablar con Proceso sin dar su nombre a fin de que sus declaraciones no se perciban en Honduras como un acto de intervención extranjera, otros diplomáticos latinoamericanos acreditados en la capital de Estados Unidos sostienen que actualmente la OEA está imposibilitada para salvar una democracia.
De acuerdo con ellos, a siete meses de la defenestración del presidente Zelaya por militares, en varios países de Latinoamérica se considera que la OEA se quedó al margen de la defensa constitucional de unos de sus Estados miembros, por lo cual requiere de una reforma profunda para convertirse en un organismo multilateral efectivo.
Inmediatamente después de ser depuesto y expulsado de su país por los militares, Zelaya apeló al organismo regional para restablecer el orden democrático y volver al poder. “Fue ahí donde empezó el dilema, donde se puede palpar las limitaciones que tiene la OEA”, subraya una de las fuentes.
La Asamblea General y el Consejo Permanente de la OEA, con representantes de sus 34 países miembros, inició una serie de reuniones urgentes para buscar una solución. Uno de los diplomáticos consultados destaca que, en los primeros días del régimen golpista, el Consejo Permanente de la OEA actuó con “un ritmo de desesperación”.
“El gran error se cometió el 4 de julio –puntualiza–, cuando la Asamblea General aprobó una resolución expulsando a Honduras como miembro activo de la OEA” por su gobierno golpista.
En ese momento se creyó que de esa forma se establecería un margen bastante amplio para negociar el regreso de Zelaya y darles una salida política a los militares y políticos golpistas, ya que –explica el diplomático– la expulsión de un país como miembro activo de la OEA no tiene otras consecuencias políticas, económicas o militares.
“Este es el arsenal de la OEA. Es lo máximo que puede hacer este organismo y, como ya vimos en el caso hondureño, en términos prácticos no funciona, pero así lo dicta la Carta Democrática, no se puede hacer más”, añade otra de las fuentes.
Decisiones de corto alcanceLa Carta Democrática Interamericana, aprobada el 11 de septiembre de 2001 en Washington D.C., dice que por mandato de los jefes de Estado y de gobierno del continente, en un caso de “interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno legítimamente electo”, se debe adoptar “un conjunto de procedimientos eficaces, oportunos y expeditos para asegurar la promoción y la defensa de la democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención”.
Este último concepto, la no intervención, limita a la OEA en su intento de restablecer un orden constitucional, como sucedió en el caso de Honduras.
“El gobierno de facto que encabezó Micheletti se dio cuenta de que el gobierno de Estados Unidos se mostró complacido con la simple resolución, y de que, como en ese momento no haría nada más para restablecer a Zelaya excepto dar declaraciones de solidaridad regional, a la OEA le podrían dar largas en cualquier misión negociadora”, apunta un diplomático, que deplora la jugada de Micheletti pero admite que le salió bien.
Él mismo describe como un fracaso la intervención del Consejo Permanente y del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, entre el 29 de junio y el 3 de julio del año pasado, para dar con una salida negociada sin tener que expulsar a Honduras del organismo interamericano.
“Micheletti apostó a que no ocurriría nada con la expulsión de la OEA, porque además en Honduras las elecciones presidenciales ya estaban calendarizadas para el 29 de noviembre de 2009 y, con unos comicios transparentes y justos, el ganador sería reconocido como el próximo mandatario legítimo, democráticamente electo, y luego, en automático, vendría la restauración de la participación en el Sistema Interamericano. Y así ocurrió”, resume otro de los diplomáticos con un tono sarcástico.
El artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana sostiene que, cuando la Asamblea General, convocada a un periodo extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, suspenderá a dicho Estado del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los integrantes. La suspensión entrará en vigor de inmediato. Esto sucedió aquel 4 de julio con Honduras.
Pero en el artículo 22 se acota: Una vez superada la situación que motivó la suspensión, cualquier Estado miembro o el secretario general podrá proponer a la Asamblea General el levantamiento de la suspensión. Esta decisión se adoptará también por el voto de los dos tercios de los Estados miembros.
Así, a partir de la toma de posesión de Lobo Sosa como presidente de Honduras, Zelaya es un expresidente y por lo tanto se puede invocar en cualquier momento la aplicación del artículo 22 de la Carta Democrática para que ese país se reintegre como si nada hubiera sucedido.
“Todos los países miembros de la OEA somos corresponsables del éxito de los golpistas en Honduras. El golpe de Estado desnudó las limitaciones del Sistema Interamericano”, afirma uno de los diplomáticos entrevistados.
A siete meses de ese golpe, incluso en el interior de la OEA ya se habla de empujar “este año” un proyecto de reforma a la Carta Democrática para acabar con esas limitaciones e impedir que el caso hondureño se convierta en un precedente negativo para el futuro democrático en el hemisferio occidental.
Algunos países, como Guatemala, están cabildeando para hacer la reforma a la Carta Democrática, pero otros consideran que es prematuro hacer un cambio en estos momentos, porque no se conseguiría un consenso político.
“Hay que asimilar y digerir las lecciones que deja el caso de Honduras. Creo que una reforma podría producirse, no ahora en la inmediatez, sino en unos dos o tres años”, comenta uno de los diplomáticos, cuyo gobierno está en desacuerdo con la idea guatemalteca.
La tibieza de ObamaDebido a la ya aceptada corresponsabilidad hemisférica en el fracaso para restaurar a Manuel Zelaya como presidente constitucional de Honduras, los diplomáticos latinoamericanos entrevistados le dan gran importancia al papel que desempeñó el gobierno de Estados Unidos en esa crisis política.
Varios de ellos coinciden en que el gobierno de Barack Obama decepcionó por su pasividad y hasta la complacencia con la que trató el problema.
“Había muchas expectativas de un cambio radical en la Casa Blanca en su relación con América Latina”, anota una de las fuentes. Se esperaba el abandono de las políticas intervencionistas de George W. Bush, pero se pensaba que a Obama le importaba más la relación con América Latina.
El presidente estadunidense “se sumó a la condena del golpe de Estado y contribuyó a la expulsión de Honduras de la OEA, lo que al principio fue una señal alentadora y positiva. Pero luego se fue opacando, aunque debo decir que Zelaya tuvo culpa en todo esto”, añade el entrevistado.
Los entretelones de las negociaciones internacionales, que los diplomáticos consultados revelan sin muchos detalles a Proceso, exponen dichos errores, así como el punto de vista del gobierno de Obama.
En la versión de uno de los diplomáticos, para Estados Unidos no era prioritario ayudar a que Zelaya volviera al poder, en primer lugar porque Honduras no representa grandes intereses económicos ni políticos para Washington, y en segundo porque el ahora expresidente adoptó una posición radical que lo confrontó con la OEA, ya imposibilitada para ir más allá en las presiones al gobierno golpista.
Exasperado con la inflexibilidad de Zelaya, según esta versión, el presidente Obama optó en los hechos por darle largas al asunto y esperar que las elecciones hondureñas se dieran de manera ordenada, transparente y sin muchos reclamos de fraude. El siguiente paso fue que el gobierno estadunidense reconociera al ganador de los comicios, que fue Porfirio Lobo, ya que entonces otros países harían lo mismo y así terminaría una crisis que la OEA nunca habría podido resolver.
“Hasta donde sé –reitera la fuente–, el gobierno de Estados Unidos se frustraba cada vez que Zelaya, después de una reunión en el Departamento de Estado, por ejemplo, aceptaba una propuesta de la secretaria de Estado (Hillary Clinton) pero al salir del edificio se presentaba ante la prensa y, en respuesta a los interrogantes de los reporteros, asumía una posición intransigente y públicamente rechazaba todo lo que había aceptado en privado.”
La posición de Estados Unidos es determinante debido al control económico de ese país en la OEA. Uno de los diplomáticos consultados dice que muchos culpan a Insulza del éxito de los golpistas hondureños, pero esto no es del todo justo:
“Tal vez a muchos no nos gusta el estilo de Insulza, su arrogancia o su negativa a asimilar o entender que, como secretario general de la OEA, él es empleado de los Estados miembros, de los cancilleres de los 34 países miembros... Y lo más grave es que el secretario general es el empleado del país que más aporta dinero a la OEA, y ese es Estados Unidos. El que paga manda.”
Del presupuesto anual de la OEA, que el año pasado fue de 90 millones 125 mil 100 dólares, el gobierno estadunidense aporta aproximadamente 60%; el resto, los otros 33 países miembros.
“Se ha hablado de reducir las aportaciones de Estados Unidos a la OEA para reducir con ello su poder e influencia –dice uno de los entrevistados–, pero, ¿quién se atreve a asumir 20% que podría dejar de aportar Estados Unidos? Nadie, y menos entre los países más pequeños. Lo más seguro es que se propusiera a México, Argentina y Brasil para que se repartieran ese 20%, pero ni así, porque Washington todavía aportaría 40% del presupuesto.”
Mientras no exista un equilibrio de poderes en el organismo interamericano y los mandatos de éste en casos de crisis constitucional no sean efectivos, “ante un golpe de Estado (la OEA) no sirve de nada –remata otro representante diplomático–. Ya lo estamos viviendo con el caso de Honduras, en donde simplemente se cometió un acto antidemocrático que condenó casi todo el mundo, pero no pasó nada”. Esto, añade, duele “porque es aceptar una debilidad ante los intereses económicos que representa una sola nación frente al resto del planeta”.
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