La huella fraudulenta de Josefina en Sedesol

En 2006, cuando Josefina Vázquez Mota estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), se cometió un millonario fraude con los fondos del Programa de Vivienda Rural, que beneficiaría a cerca de 5 mil 500 familias. Los partidos crearon al vapor organizaciones fantasma y apuntaron a los presuntos beneficiarios, pero lo cierto es que los recursos se destinaron a las campañas electorales de ese año, incluyendo a la de Felipe Calderón. Y aun cuando diversas autoridades detectaron las anomalías, que implicaban a la hoy virtual candidata del PAN a la Presidencia de la República, las indagatorias jamás prosperaron.

Josefina Vázquez Mota, extitular de la Sedesol.

Marcela Turati

“Dijo el señor que vino hace cinco años que habrá que esperar a que nos den la casa porque dijeron que lo habían robado; quién sabe quién lo robó, pero aquí seguimos esperando”, explica, desde la caseta telefónica de su pueblo, el campesino mixe Fidel Rojas, sostén de una de las miles de familias damnificadas por el fraude del Programa de Vivienda Rural, de la Secretaría de Desarrollo Social, en 2005.
El programa, en vez de beneficiar a los sin techo más pobres, fue canalizado hacia las campañas políticas de 2006.
“Apenas construimos. La casa que tenemos la hice con mis propias manos. Construimos así, a poquito, trabajando en el cafetal y de chalanes”, explica Fidel. En la línea apenas se distingue su voz. Atrás se escucha la discusión, en mixe, que sostienen los funcionarios municipales de Ixhuatlán de Madero sobre la faena comunitaria del día siguiente en los cafetales.
Fidel y su esposa Donata trabajaron seis años para construir el cuarto de adobe donde viven con sus dos hijas, lo que les permitió deshacinarse de la casa del suegro. Fantasean con que algún día volverá el señor que les prometió una casa de material, de esas con cemento colado, grava y tabiques.
Donata Robles López aparece en el padrón que en 2005 presentó la Federación Nacional de Productores Agropecuarios, Forestales y Pesqueros, AC (Fenpa), ante la Sedesol para tramitar, a través del diputado panista José Luis Preciado, recursos del Programa de Vivienda Rural (PVR) que nunca llegaron.
Preciado no fue el único legislador tramitador; formaba parte de una camada de legisladores panistas de Sonora, Veracruz, Hidalgo, Oaxaca y Puebla que aprendieron a ordeñar los programas sociales.
Las reglas de operación de Vivienda Rural fueron modificadas justo un año antes de las elecciones de 2006, cuando Josefina Vázquez Mota era titular de la Sedesol. Los cambios permitieron entregar recursos a las organizaciones campesinas que los legisladores de cualquier partido solicitaran.
A inicios de 2006 comenzaron a publicarse pruebas contundentes según las cuales legisladores panistas habían creado empresas fachada –dirigidas por sus secretarias, choferes u operadores– para desviar el dinero del programa de vivienda a sus campañas. Según el denunciante principal, Arnulfo Montes Cuen, titular de la Fenpa, esos recursos llegaron a la campaña del mismo Felipe Calderón, candidato a la Presidencia de la República, campaña de la cual era coordinadora la propia Vázquez Mota.
Sin embargo, la denuncia penal 62/UEIDCSPCAJ/2006, presentada ante la PGR contra Vázquez Mota; contra su sucesora en la Sedesol, Ana Teresa Aranda; contra sus subalternos y un par de legisladores, fue desechada. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales tampoco consideró que hubiera delito en lo expuesto en los expedientes AP/FEPADE/048/2006 y 368/2006.
Al interior de la Sedesol tampoco pasó nada. Y aun cuando la contraloría de la dependencia integró un expediente de seguimiento de responsabilidades (SI/035/06), no se aplicaron sanciones legales a ninguno de los involucrados.
Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación, al revisar la cuenta pública de 2005, sólo encontró sancionables a dos agrupaciones campesinas que incumplieron con los campesinos, pero exoneró a los funcionarios que, aun cuando no cumplieron las reglas, les soltaron el dinero. Algo más: el responsable del programa en tiempos del fraude, Isaac Rojkind Orleansky, actualmente trabaja en una dirección de esa Auditoría.
Así se cerró la pinza del fraude más documentado que arrastra la virtual candidata presidencial del PAN. El PVR fue considerado “la caja chica” de los panistas en campaña, aunque el fraude salpica a todos los partidos políticos.

Cola larga

La indígena Benita Sánchez Pérez era otra de las beneficiarias de vivienda en Quetzaltepec. Su comunidad, de menos de 5 mil habitantes y considerada de altísima marginación, cumplía con todas las condiciones para la recepción de apoyo. Según documentos que conserva la reportera, debieron entregarle material para construir un cuarto de 4×4 metros con techo de lámina.
Ante la Sedesol, la organización Huehuetépetl Comunitaria documentó que a Benita le dieron 10 mil 791 pesos; en otro recibo se descubrió que pretendían darle sólo 5 mil 651 pesos.
Al igual que Benita, 5 mil 437 familias que habían tramitado paquetes de apoyo a través de Fenpa también fueron defraudadas. El monto de los recursos aprobados era de 50 millones de pesos, que fueron desviados a Huehuetépetl, integrada por el candidato a diputado panista Benjamín Chacón, quien fungió como enlace del diputado Preciado ante la Sedesol. En San Martín Texmelucan, Puebla, también hubo denuncias en su contra.
El fraude se descubrió a raíz de que Montes Cuen –representante legal de Fenpa y contratado por el PAN por ser un experto “tramitólogo” de programas para el PRI– presentó una acusación ante la Sedesol por el despojo de 55 millones de pesos que debían haberle otorgado para viviendas pero que, de última hora, se canalizaron a Huehuetépetl, una organización fantasma creada por los panistas.
Con oficios, copias de movimientos bancarios, fotografías y expedientes, el denunciante exhibió a un grupo de legisladores federales y locales panistas de 17 estados que se convirtieron en gestores de recursos ante la Sedesol, dependencia que debió haber atendido 5 mil 437 solicitudes de casa. Incluso, comenta que días antes de que la secretaría abriera la competencia por los recursos para vivienda se creó Fenpa con el propósito de recibir el dinero.
Con cartas membretadas, Montes Cuen evidencia que los panistas Jorge Luis Preciado Rodríguez y Armando Rangel Hernández mantenían un acuerdo con funcionarios de la Sedesol –entre ellos la propia Vázquez Mota– para que la institución atendiera las demandas de 35 diputados; incluso, dice, habían acordado un techo presupuestario.
De esto, según los documentos, estaba al tanto el entonces diputado José González Morfín, coordinador del grupo parlamentario del PAN, quien aparece incluso como uno de los destinatarios, así como funcionarios de Gobernación.
En una carta del 10 de noviembre de 2005, por ejemplo, Preciado solicitó al subsecretario de Gobierno, Felipe González González, dar cumplimiento al acuerdo de Vázquez Mota con los legisladores para “apoyar las poco más de 13 mil solicitudes para el Programa de Vivienda Rural que se han hecho desde el año pasado a través de la Federación Nacional de Productores Agropecuarios, Forestales y Pesqueros”.
Documentos similares fueron enviados a Rojkind Orleansky, director de Opciones Productivas, área encargada del programa.
Los panistas consultados señalaron que desviaron el dinero de Fenpa a Huehuetépetl porque desconfiaron de Montes Cuen, quien al momento de que la Sedesol liberó los recursos estaba encarcelado.
Montes Cuen, quien fue secretario técnico de la bancada del PAN, reveló entonces que en 2004 ese partido creó siete organizaciones para que sus legisladores obtuvieran al menos 20 millones de pesos, en dos años, de los programas sociales dedicados al campo y para allegarse votos. Lo hacían a través de la organización Plantar, la “CNC panista”, que tenía entre sus consejeros a los extitulares de la Sedesol, Agricultura, Reforma Agraria, Economía y Medio Ambiente, secretarías de las que obtenían recursos.
La mencionada central campesina servía de paraguas al Organismo de Productores Agropecuarios, Ganaderos y Acuícola Nacional (OPAGAN); la Asociación Nacional de Productores Agropecuarios (ANPAC); al Consejo de Productores Cañeros en Acción Rural (CPCAR), y a Unimoss, entre otros.
OPAGAN y ANPAC, por ejemplo, eran liderados por el diputado Javier Castelo Parada; Unimoss, por el exfuncionario Javier López Macías, y el diputado panista Diego Palmero Andrade operaba a través del Consejo de Productores Cañeros en Acción Rural (CPCAR), por mencionar algunos.
El documento interno denominado Programa de Capacitación en Programas Federales del Consejo de Política Agropecuaria del Grupo Parlamentario del PAN, cuya copia obtuvo la reportera, indica que la estrategia electoral de 2006 comenzaría a partir de la creación de organizaciones que tramitaran recursos de programas federales para distribuirlos entre los beneficiarios que les redituaran en votos.
La meta era crear 10 organismos de la sociedad civil por cada oficina de enlace legislativo; “tener acceso a los padrones nacionales de Abasto Social de Leche, Abasto Rural, Adultos Mayores y Oportunidades” de la Sedesol, y crear una base de datos de funcionarios involucrados en la entrega de apoyos y hacer acuerdos con ellos.
El documento mencionaba la necesidad de aprender a gestionar recursos de los programas sociales de mayor impacto e integrar a los campesinos a organizaciones identificadas con Acción Nacional para crear contrapesos al PRI y al PRD en el sector agropecuario y rural.
En la estrategia del PAN en San Lázaro se menciona la aplicación “inmediata” del Programa de Vivienda Rural, Liconsa, Diconsa y Adultos Mayores, y la necesidad de “diseñar cientos de microproyectos con el padrón de Oportunidades”.
El proyecto fue concebido, según el documento, para “eventualmente tener un beneficio político a favor del partido en cada uno de los municipios y distritos en todo el país”.

Salpicadera común

Cuestionados en su momento en torno a este escándalo, los panistas señalaron que no tenía nada de malo tramitar recursos para los más pobres, y se justificaron: eso –aseguraron– lo hacen todos los partidos.
En 2005, cuando la reportera pidió una explicación sobre el particular, la Sedesol entregó un documento interno que revela que los 438 millones de pesos de Vivienda Rural de ese año fueron repartidos entre 58 organizaciones campesinas “presumiblemente” vinculadas al PAN, PRI, PRD, PAS y PT.
En la relación consta que las 15 agrupaciones vinculadas con el PRI fueron las más beneficiadas (41%), seguidas por 12 del PRD (28%) y por las siete panistas (18%); el PT obtuvo 6% de los recursos, el PAS 2.4% y el restante 3.3% se dividió entre 10 grupos sin filiación partidista.
El tramitador más mencionado en el documento fue el petista José Narro, quien hizo gestiones a través de 11 organizaciones, y el líder campesino priista Heladio Ramírez, entonces al frente de la Confederación Nacional Campesina (CNC).
En la lista también se mencionaba a los senadores Gerardo Buganza, del PAN; Marcos Cruz, Víctor Suárez y Alfonso Ramírez Cuéllar, del PRD, y a Julián Orozco, del PRI, así como al líder agrario Rafael Galindo Jaime. De manera extraña, los nombres de los diputados Trejo y Tirado fueron omitidos. Los únicos fiscalizados y denunciados penalmente fueron los panistas, por sus lazos con el partido en el poder.
En la revisión de la Cuenta Pública 2005, la Auditoría Superior de la Federación exoneró a la Sedesol, aun cuando estableció que la Dirección General de Opciones Productivas otorgó recursos a una asociación civil por 9.4 millones de pesos que los desvió.
Asimismo, 15 organizaciones no habían comprobado el destino de 42.6 millones de pesos; nueve más habían incumplido la regla que les exigía abrir una cuenta bancaria para esos recursos, y una segunda tanda de recursos por 50 millones de pesos se entregaron a agrupaciones que no habían reportado avances.
La Auditoría investigó sólo a dos organizaciones: la panista Huehuetépetl y la priista Consejo Nacional de Empresas Campesinas (CNE), representada por Héctor Ortega de la Cruz, quien hoy es funcionario de la CNC. Comprobó también que no entregaron 707 mil pesos destinados a la compra de materiales; que no acreditaron las transferencias bancarias y pagos a través de cheques por 18.4 millones de pesos, y que no se localizaron recibos de entrega de paquetes de materiales por 3.8 millones. En resumen, Huehuetépetl y la CNC eran un cochinero.
La Contraloría Interna de la Sedesol estableció responsabilidades por malos manejos únicamente a la Unión General de Obreros y Campesinos de México “Jacinto López”, representada por José Luis González Aguilera, miembro del Consejo Agrario Permanente. Sin embargo, nadie pisó la cárcel. Hoy, el director del programa, Rojkind Orleansky, trabaja como director de área y auditor especial de desempeño.
El escándalo estalló en 2006, cuando Vázquez Mota ya había saltado a la campaña de Calderón. Para tapar habladurías, la Sedesol modificó otra vez las reglas del programa, con lo que cerró la llave a las organizaciones campesinas y abrió la puerta a organizaciones civiles y empresas privadas para que se encargaran de la construcción de viviendas para las comunidades más pobres.
Lo cierto es que Fidel, Donata, Benita y miles de campesinos más siguen esperando casa…

Fracasan políticas públicas contra la pobreza

Cobertura universal en educación y salud, además del crecimiento en la construcción de viviendas son los “logros” que destaca el gobierno federal en materia de combate a la pobreza. Informes oficiales y expertos en la materia aseguran que esta política ha sido un rotundo fracaso, ya que más del 80 por ciento de la población padece por lo menos alguna carencia socia.

Érika Ramírez

Son más de 82 millones de mexicanos los que tienen al menos una carencia social, es decir, que se encuentran en niveles de pobreza que no les permiten tener una vida plena respecto de sus derechos sociales, señalan expertos en la materia. Su fuente: el Informe de pobreza multidimensional en México, elaborado en 2010 por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Advierten que la política social desarrollada por el gobierno de Felipe Calderón ha fracaso completamente.

No obstante, para el gobierno federal el combate a la pobreza ha tenido “logros” en materia de salud –con la cobertura universal a la que se pretende llegar el próximo año a través del Seguro Popular–, la cobertura universal en educación primaria y la construcción de hasta 3.3 millones de viviendas, asegura en entrevista con Contralínea Marco Antonio Paz Pellat, subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Los datos del Coneval son contundentes. Durante 2008, el 77.2 por ciento de la población presentaba al menos una carencia social, mientras que 30.7 por ciento tenía tres o más carencias sociales; se trata de 82.4 y 32.8 millones de personas, respectivamente.

“La percepción que queda entre todos los actores y la propia población es que es insuficiente”, dice el encargado de planear, diseñar y evaluar las acciones de la Sedesol, correspondientes a los programas en materia de disminución de la pobreza.

“La pobreza en México es un tema estructural. Mientras no logremos tasas de crecimiento que nos permitan crear los empleos que se requieren, es muy difícil tener un combate a fondo”, reconoce el maestro en consultoría estratégica de organizaciones por la Universidad Complutense de Madrid, España.

Alerta que en las próximas mediciones se podría observar un incremento en los niveles de pobreza alimentaria, al pasar del 18.2 a 19 o 19.5, como consecuencia de la crisis económica de 2008 en el mundo, “que para el impacto tan feroz, y cómo ha afectado a otros países, nos sale bastante bien. Donde creo que se va a incrementar un poco más es en la pobreza patrimonial, porque afectó más a los habitantes de las áreas urbanas por las pérdidas de sus casas”.

Los logros, según el PAN

A finales de marzo pasado, el presidente Felipe Calderón presentó el informe Principales resultados del censo de población y vivienda 2010, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), del cual aseguró que “se han mejorado las condiciones de vida, sobre todo de las familias más pobres: se ha incrementado su acceso a servicios de salud, educación y vivienda”.

Bajo el mismo tenor, el subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Sedesol dice que el Inegi está haciendo un esfuerzo importante para presentar la información en plataformas, como la de georreferenciación, que servirá para saber dónde están las carencias y así tener mayor control.

“Hemos podido sortear cambios de gobierno por la institucionalidad. El reto está en bajar la institucionalidad a estados y municipios donde creemos que todavía hay oportunidad”, dice Paz Pellat.

Salud, maquillada

Los “logros” que destaca el servidor público son en materia de salud, educación y vivienda. En el primero de ellos, dice, “prácticamente hemos duplicado en los últimos años el acceso a los servicios de salud.

“Estamos a punto de llegar este año o el próximo a la cobertura universal. Lo que quiere decir que ningún mexicano puede estar fuera de los servicios, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Seguro Popular. Todavía hay retos importantes, pues además de la cobertura, se debe lograr la calidad. Esta última es financiada por los gobiernos estatales”.

Según el Coneval, 40.7 por ciento de la población no tenía acceso a los servicios de salud. En tanto, los resultados del Inegi indican que entre 2000 y 2010 el porcentaje de población que declaró ser derechohabiente a servicios de salud aumentó de 40.1 por ciento a 64.6 por ciento, es decir unos 72.5 millones de mexicanos.

Los datos del informe Principales resultados del censo de población y vivienda 2010 marcan que el IMSS cuenta con el 48.8 por ciento de población afiliada, seguido del Seguro Popular y para una Nueva Generación, que en conjunto cubren al 36.2 por ciento, y el 8.7 por ciento corresponde al ISSSTE.

Gustavo Leal Fernández, investigador del área de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), plantel Xochimilco, critica los logros gubernamentales que, dice, “sólo han sido electoreros y un rotundo fracaso”.

Para el investigador de la UAM, las únicas instituciones que garantizan una atención integral a la salud son el IMSS y el ISSSTE, no obstante éstas pasan por presiones financieras que no permiten ampliar la cobertura. El Seguro Popular, dice, “es un instrumento electorero, diseñado por el foxismo, que tiene como única meta la afiliación”.

Vivienda, en crecimiento

El otro avance destacado por el subsecretario de la Sedesol, Marco Antonio Paz Pellat, es el crecimiento en la construcción de vivienda. “En estos últimos 10 años, una de cada cuatro viviendas que se han construido fue financiada por este gobierno”.

Durante la administración de Felipe Calderón, añade, “estamos hablando de 3.3 millones de viviendas construidas”. No obstante, dice, “tenemos un reto muy importante en vivienda rural”.

De acuerdo con el informe del Censo de población y vivienda 2010, el parque habitacional en el país es de 35 millones 617 mil 724 viviendas. De éstas, “el porcentaje de viviendas con piso de tierra decrece 13.3 puntos”, al pasar de 19.5 por ciento en 1990 a 6.2 por ciento en 2010.

“En 2010, poco más de la mitad de las viviendas del país (55.9 por ciento) tiene pisos de cemento o firme. El 37.3 por ciento tiene pisos de madera, mosaico u otro recubrimiento. Entre 1990 y 2010, estas últimas registran un incremento de 10.6 puntos porcentuales”, indica el Inegi.

Los datos que proporciona el Coneval indican que, en 2008, el 17.5 por ciento de la población tenía carencia por calidad y espacios de la vivienda, y 18.9 por ciento no contaba con los servicios básicos.

El Coneval –organismo público descentralizado de la administración pública federal, encargado de generar información sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México– señala que en la población indígena se presentan las brechas más extremas en los indicadores de vivienda. “Prácticamente la mitad de las personas hablantes de lengua indígena era carente por calidad y espacios y por acceso a servicios básicos en la vivienda”, muestra el Informe de pobreza multidimensional en México.

Educación primaria

“Hablar de la educación en México es de los temas más controversiales porque todos hablan de que nos sentimos insatisfechos por la educación que tenemos”, dice Marco Antonio Paz.

Sin embargo, el subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Sedesol asegura que “hay avances que no se pueden negar. Uno de ellos es que hemos logrado la cobertura universal en materia de educación primaria; vamos a lograr la cobertura universal en materia de secundaria y estamos avanzando fuerte en materia de preparatoria.

“En estos últimos 10 años, pasamos de 7.3 a 8.4 el promedio de escolaridad a nivel nacional. Todos podrían decir que es un grado nada más, pero es un grado que nos ha costado un esfuerzo muy importante y que les permite a todos tener acceso. Por su puesto, ahí también el tema de la calidad es un tema pendiente”, enfatiza.

Julio Boltvinik Kalinka, miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1993, experto en pobreza, critica la versión oficial del crecimiento en educación. “Hay muchos niños que no asisten a la escuela, no terminan la primaria, y los problemas más graves son en las zonas indígenas y en las comunidades rurales muy dispersas”.

En estas zonas, dice el académico de El Colegio de México, llega la “educación” a través del Consejo Nacional de Fomento Educativo, que imparte una “educación de cuarta, porque los que la imparten no son profesores, sino promotores educativos. En México, la norma educativa incluye dos cosas más: la secundaria y el preescolar”.

De este último, expone Boltvinik Kalinka con datos del Censo 2010, “el 84 por ciento de los niños de tres años de edad que debería estar en primer grado de preescolar no asiste. El porcentaje baja a 44 por ciento a la edad de cuatro años que tampoco acuden, y la no asistencia en los niños de cinco años es del 12 por ciento”.

El artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 2, 3 y 4 de la Ley General de Educación establecen que “toda la población debe cursar la educación básica obligatoria, es decir, los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria”.

Según el Coneval, en 2008, “el 21.7 por ciento de la población total del país presentaba rezago educativo, lo que equivale aproximadamente a 23 millones de personas. Las entidades federativas con mayor incidencia fueron Chiapas, Michoacán y Oaxaca, todas con más de 30 por ciento de su población en rezago educativo”. Mientras que el Inegi asegura que el 94.7 por ciento de la población de seis a 14 años asiste a la escuela.

Bancarizar la pobreza

Uno de los objetivos que tiene la Sedesol, a cargo de Heriberto Félix Guerra, para disminuir la pobreza es “bancarizar” a los más pobres del país que están afiliados al Programa Oportunidades, para que a través de este mecanismo puedan tener un ahorro o disminuir el cobro de comisiones en el envío de remesas, explica Marco Antonio Paz Pellat.

“Hemos caminado en el tema Oportunidades: en cómo hacerlo un programa menos dependiente de la estructura que lo maneja, porque son seres humanos los que lo operan y ahí entra la coerción política. Los estamos bancarizando”, explica.

Según el funcionario, para la Secretaría de Hacienda uno de los temas más importantes es la inclusión financiera. Ésta “les permite a las personas disfrutar de todos los derechos universales que tiene un ser humano, entre ellos a ser considerado como un posible sujeto a un crédito.

“Estamos bancarizando [el Programa Oportunidades] porque a la gente le queremos dar poder, la queremos empoderar. Vamos a entregar una tarjeta relacionada con una cuenta bancaria, con un chip y su huella dactilar. Las tiendas Diconsa serán las corresponsales”, expone.

Explica que será a través de estas sucursales operadas por la Sedesol que la gente irá a recoger su dinero (correspondiente al programa); ya no habrá intermediario y, además, dice, “la gente puede ahorrar”.

“Con la bancarización, no sólo le estamos dando transparencia, sino que estamos haciendo que toda esa gente vaya generando un historial crediticio. La gente en pobreza ahorra el doble que la gente que no lo está. Digo 15, 20, 30 pesos, pero ahorra”, asegura el funcionario.

“Lo que quiere el secretario Heriberto Félix es empoderar a la gente, ciudadanizar la política, porque mientras siga dependiendo del gobierno, siempre va a existir la tentación del uso electoral y político, que es el asunto de no tener reglas en los estados.”

Con la bancarización, añade, “queremos hacer un conducto para que lleguen las remesas. Te da mucho coraje ver cómo les cobran estos baquetones a la bola de migrantes que dejan a sus familias y se están jugando el pellejo en Estados Unidos. Les llegan a cobrar hasta el 50 por ciento por el envío de remesas”.

Julio Boltvinik Kalinka critica los discursos oficiales que pretenden demostrar un bienestar entre la población. “Él tiene que decir que todo va bien, para eso le pagan”.

“Hay que quitarse de la cabeza que la pobreza se combate con programas”. La pobreza se combate con desarrollo económico y social, lo que implica instrumentar políticas que permitan un crecimiento vigoroso a través de la creación de empleos bien pagados, dice el experto.

Fuente: Contralínea 233 / 15 de mayo de 2011

Farsa de “austeridad” en gobierno federal

El gobierno federal aplica sus políticas de reducción de gasto en programas de desarrollo social e infraestructura al tiempo que engrosa el gasto corriente en casi medio billón de pesos y aumenta las plazas de mando en la administración pública. Con políticas de austeridad vigentes desde 2006, algunas dependencias reportan como “ahorros” lo que en realidad constituyen subejercicios, señala legislador.

Mayela Sánchez

A pesar de las diversas ordenanzas que dictan medidas de ahorro y reducción del gasto público, en lo que va de la administración calderonista ha aumentado el presupuesto para el pago de servicios generales y de sueldos y prestaciones de los servidores públicos. Simultáneamente, ha disminuido el gasto en programas de infraestructura y desarrollo.

Tan sólo en 2009, mientras el país se encontraba sumido en la peor crisis económica desde 1995, la política de ajuste del gasto gubernamental minó principalmente los recursos destinados a los rubros de Comunicaciones y Transportes y Educación Pública, para programas de infraestructura y de desarrollo social de la población.

La afectación sólo en estos ramos fue de 15 mil 710 millones de pesos, la tercera parte del ajuste en el gasto para paliar el boquete fiscal que resintieron las arcas públicas ese año.

Pero al tiempo que se recortaban recursos en áreas prioritarias, el gasto corriente continuó en ascenso.

Por ejemplo, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el pago en servicios personales –que incluye sueldos y prestaciones de los servidores públicos– añadió 1 mil 513 millones de pesos a su presupuesto original, equivalente a 23 por ciento.

La dependencia, entonces a cargo de Juan Francisco Molinar Horcasitas, pagó ese mismo año 2 mil 653 millones de pesos no previstos en su presupuesto en servicios generales para sus oficinas.

Sin embargo, el incumplimiento en las medidas de ahorro no ha sido exclusivo del periodo más agudo de la crisis económica reciente, como lo consigna la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su Informe sobre la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009.

De 2007 a 2009, informa la ASF, los capítulos de gasto “Servicios personales” y “Materiales y útiles” aumentaron su presupuesto 60 por ciento. En el mismo lapso, el rubro de “Servicios generales” creció 175 por ciento.

Es decir, durante la primera mitad del sexenio calderonista las áreas del gasto que se abultaron fueron precisamente aquéllas que el titular del Ejecutivo propuso reducir desde el inicio de su mandato cuando publicó el Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto en la Administración Pública Federal.

A ese precepto siguieron otros, como el Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 2008-2012 y el Programa Nacional de Financiamiento de Desarrollo 2008-2012.

Ambos establecían directrices similares sobre una meta de ahorro de 20 por ciento en los rubros operativo y administrativo; el segundo proponía además que se incluyera la evaluación de los programas para mejorar la “calidad del dinero ejercido”.

Incluso la ley en la materia fue modificada en octubre de 2007 para asentar que los ejecutores del gasto debían tomar medidas para racionalizar las erogaciones administrativa y de apoyo. Y se definió que esos ahorros debían destinarse a inversión en infraestructura y a programas de desarrollo social.

Por si fuera poco, ante el deterioro de la economía derivado de la crisis mundial en 2009 se decretaron medidas presupuestarias adicionales a través de los Lineamientos de Austeridad, Racionalidad, Disciplina y Control del Ejercicio Presupuestario 2009.

Pero en la práctica, estas disposiciones son letra muerta, pues la austeridad gubernamental sencillamente “no existe ni ha existido”, sentencia la legisladora Esthela Damián Peralta, quien forma parte de la Comisión de la Función Pública en la Cámara de Diputados.

La diputada perredista considera que, más allá del discurso, no ha habido un freno en el ejercicio del gasto público ni durante la gestión calderonista ni con sus antecesoras.

Los legisladores Mario Di Costanzo Armenta, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y Pablo Escudero Morales, presidente de la Comisión de la Función Pública, coinciden en calificar como un “fracaso” la política de austeridad del gobierno actual.

Di Costanzo Armenta añade que el gasto público se ha expandido más del ciento por ciento en la última década, a pesar de lo cual las políticas de gasto orientadas a sectores de inversión productiva y social, como educación, salud, infraestructura, energía y combate a la pobreza, han mostrado “magros resultados”.

El diputado del Partido del Trabajo, quien el pasado periodo ordinario presentó una iniciativa de ley para que el gasto corriente y de operación no pueda ser mayor que la mitad del crecimiento económico estimado, considera que el “grave dispendio” que el gobierno federal hace del erario “permite asegurar que una fuerte reducción del gasto es posible y deseable”.

Gasto corriente al alza

A pesar de las políticas de ahorro y austeridad en la materia, vigentes desde que inició el sexenio calderonista, datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) muestran que, en los últimos cuatro años, el gasto corriente en la administración pública federal ha aumentado 497 mil 644 millones de pesos.

El incremento –cercano al medio billón de pesos– contempla el crecimiento de 22 por ciento en el pago de servicios personales.

Es decir, que los casi 654 mil millones de pesos que se gastaron en 2007 aumentaron a alrededor de 800 mil millones de pesos para el año pasado únicamente en ese rubro, que incluye el pago de sueldos y prestaciones de los servidores públicos.

Parte de ese crecimiento se explica por el engrosamiento de la burocracia que ha tenido la administración de Felipe Calderón Hinojosa, que tan sólo durante la primera mitad de su sexenio incorporó a 15 mil 661 nuevos miembros en puestos de mando medio y alto.

Concretamente en 2009, mientras el país atravesaba una crisis económica que dejó sin empleo a alrededor de 700 mil personas, se crearon 2 mil 688 nuevas plazas para la alta burocracia, anota la ASF.

De acuerdo con la información referida por el órgano fiscalizador, al término del primer trienio calderonista el número de nuevas plazas de mando sumaba 50 mil 52, es decir 45 por ciento más que al inicio del sexenio y no obstante los lineamientos de austeridad que limitaban la creación de ese tipo de plazas.

El ramo donde más puestos de elite se crearon durante la crisis fue Gobernación, que incorporó a su plantilla a 1 mil 466 nuevos burócratas en un año.

El crecimiento del gasto en prestaciones sociales para los servidores públicos puede dar una idea del impacto que para las finanzas públicas ha tenido el robustecimiento de la burocracia.

Y es que mientras que en 2007 el gasto en prestaciones del sector Gobernación fue de 725 millones 991 mil pesos, para 2009 la cifra había aumentado a 878 millones 187 mil pesos. En 2010, el monto ascendió a 1 mil 14 millones 853 mil pesos, es decir, cerca de 300 millones de pesos más a los ya de por sí abultados presupuestos de la burocracia en sólo cuatro años.

Dentro de ese ramo, la Secretaría de Gobernación también mereció observaciones de la ASF por incrementos en su gasto corriente durante 2009: en la compra de materiales, ejerció 30 millones 974 mil pesos más de lo aprobado originalmente, mientras que en el amplio capítulo de “Inversión financiera, provisiones económicas, ayudas, otras erogaciones, y pensiones y jubilaciones y otras” gastó 78 millones 882 mil pesos de más.

Y todo ello con la venia de Hacienda, que autorizó esas ampliaciones en su presupuesto.

Los informes sobre las finanzas públicas que reporta dicha dependencia muestran que la austeridad en el gasto no llegará en lo que resta del sexenio: para este año se ha presupuestado 1 billón 976 mil 305 millones de pesos sólo para gasto corriente.

De ese monto, 846 mil 616 millones serán para servicios personales, 343 mil 326 millones se irán a gastos de operación y 326 mil millones de pesos más servirán para pagar jubilaciones y pensiones.

Mientras tanto, el gasto de capital total será de 646 mil 222 millones de pesos, la mayor parte (636 mil millones), destinada a inversión física.

Tan sólo su más reciente informe trimestral da atisbos de que el gasto corriente seguirá robusteciéndose: en los primeros tres meses de este año se desembolsaron 211 mil 471 millones de pesos, 4.4 por ciento más del dinero erogado en el mismo periodo de 2010.

Subejercicios por ahorros

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala en su artículo 61 que la racionalización del gasto no debe afectar el cumplimiento de las metas de los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos.

No obstante este precepto, fue precisamente en sus programas prioritarios que las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Comunicaciones y Transportes aplicaron sus medidas de ahorro en 2009.

Lo hicieron, además, en un año en que la crisis económica minó las finanzas públicas de tal forma que fue necesario ajustar el gasto público. Los Lineamientos de Austeridad, Racionalidad, Disciplina y Control del Ejercicio Presupuestario 2009 que ese año se pusieron en marcha debían afectar sólo el gasto administrativo y de operación.

Sin embargo, el 70 por ciento de las reducciones de la Sedesol se hizo en 24 de los 35 programas presupuestarios de la Secretaría, cuyo titular era entonces Ernesto Cordero Arroyo, ahora encargado de la hacienda nacional.

El “ahorro” de 3 mil 14 millones de pesos impactó principalmente a proyectos como el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades –estandarte del gobierno federal en materia de apoyo social–, al que se le redujeron 635 millones de pesos.

Otros proyectos afectados fueron el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (412 millones), el 70 y Más (606 millones) y el Hábitat (224 millones). Tan sólo en estos cuatro programas recayó el 62 por ciento de las reducciones.

También se registraron “ahorros” en los capítulos de Abasto Social de Leche y de Apoyo Alimentario.

Por si fuera poco, los recursos obtenidos por esas medidas de ahorro no se aplicaron a programas de desarrollo social, aun cuando así lo dispone la ley.

En Comunicaciones y Transportes ocurrió lo mismo, pues los ahorros tampoco se canalizaron a programas prioritarios de la dependencia, además de que las reducciones de gasto se aplicaron en 36 de los 47 programas de servicios e infraestructura que operó la dependencia ese año.

Además, los rubros de servicios personales y de servicios generales no se redujeron; por el contrario, el gasto en servicios personales aumentó 23 por ciento (1 mil 512 millones 983 mil pesos), la mayor parte a razón de incrementos al sueldo base de los servidores públicos de la dependencia y para cubrir gastos operativos.

En el caso de servicios generales, se gastó 50 por ciento más del presupuesto autorizado. La erogación adicional (de 2 mil 653 millones 539 mil pesos) sirvió para cubrir principalmente “gastos por concepto de responsabilidades, resoluciones judiciales y pago de liquidaciones, los cuales no forman parte de la operación de la SCT”, refiere la ASF.

Al gasto en obra pública le adelgazaron 15 mil 765 millones de pesos, más del doble de lo que la Secretaría reportó como reducciones al gasto ese año. Dicho recorte sirvió para ampliar los presupuestos para servicios personales, servicios generales y el capítulo “Participaciones de ingresos, aportaciones federales, aportaciones y gasto reasignado”, que comprende las aportaciones a estados y municipios.

Tras detectar estas acciones, la ASF dictaminó que, durante 2009, las medidas de austeridad “no generaron los beneficios previstos para las dependencias en sus programas de desarrollo social y de infraestructura”.

Sumado al incumplimiento de la ley que supone el haber ejercido reducciones en el gasto de programas prioritarios, el diputado Escudero Morales apunta que esos ahorros podrían tratarse de subejercicios.

El presidente de la Comisión de la Función Pública recuerda que ha sido precisamente la SCT la que mayores subejercicios ha presentado en los últimos años de entre todas las dependencias de la administración pública central.

De acuerdo con datos de la SHCP, entre enero y septiembre de 2009 la dependencia acumulaba 1 mil 250 millones de pesos sin ejercer. Aunque en el último informe de ese año Hacienda reportó el subejercicio como “subsanado”, en ese periodo el monto de su “ahorro” fue de 1 mil 639 millones 846 mil pesos.

A decir del legislador del Partido Verde Ecologista de México, ello evidencia la ineficacia del trabajo de las dependencias responsables de ejercer el gasto y de las secretarías de Hacienda y de la Función Pública para vigilar su correcto cumplimiento.

Durante el año pasado, la SCT tuvo un subejercicio de 2 mil 517 millones de pesos, prácticamente el doble que el año anterior, con lo que de nueva cuenta figuró como la dependencia con el mayor subejercicio. La cifra corresponde sólo a los primeros nueve meses del año, pues al final de 2010 la SHCP reporta todos los recursos no ejercidos como “subsanados”.

Fuente: Contralínea 233 / 15 de mayo de 2011

Mario Di Costanzo, que se investiguen las actividades de SEDESOL por influir en el proceso electoral

http://www.youtube.com/watch?v=nLEwpGcSbU8

Peña Nieto y el doble juego de Sedesol

Peña Nieto, gobernador del estado de México.

Marcela Turati

MÉXICO, D.F., 5 de mayo (apro).- Al delegado de la Sedesol en el Estado de México, Gustavo Arturo Vicencio Acevedo, perteneciente a una de las familias panistas de abolengo, no sólo se le acusa de tolerar múltiples irregularidades con licitaciones y contratos de obra otorgados por la dependencia. También se le imputa un doble juego político que, con los programas sociales, favorece las aspiraciones de Peña Nieto. Algunos afirman que, cuando en dos ocasiones ha estado a punto de ser removido, sendos derrames de aguas negras en la entidad lo han sacado a flote, aunque para otros la explicación es que cuenta con un poderoso padrino político.

Unos dicen que al panista Gustavo Arturo Vicencio Acevedo las aguas negras lo han salvado dos veces de perder su empleo y que ha “nadado de muertito” en su cargo como delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en el Estado de México.

Otros dicen que goza de la protección de un poderoso padrino que ha sido como un pararrayos de posibles desgracias.

Los señalamientos contra el delegado –quien es hijo del panista de cepa Astolfo Vicencio Tovar, consejero vitalicio del PAN– son múltiples: contratar a empresas insolventes para el programa Piso Firme y no denunciar penalmente a las que incumplen contratos, “arreglos” de licitaciones, rasuramiento de cheques destinados a las encargadas de las Estancias Infantiles y despido de subalternos por revanchismo político.

Algunos de los ilícitos constan en oficios internos de la secretaría y en denuncias penales, o son señalamientos públicos de excolaboradores y declaraciones de los involucrados directos en varias de las irregularidades.

Una muestra es el oficio interno de la Sedesol (folio 500-2733, fechado el 31 de agosto de 2009) que la entonces abogada general de la dependencia, Adriana Campos, envió al entonces secretario Ernesto Cordero y al subsecretario Luis Mejía, en el que documentaba los ilícitos cometidos por la delegación mexiquense en el programa Piso Firme 2008 y 2009, entre los que consignó licitaciones amañadas o inexistentes.

Una de las irregularidades encontradas en el manejo de los recursos en 2008 –según el oficio del cual Proceso tiene una copia– consiste en que la delegación no guardaba en sus archivos documentación de siete procedimientos de licitaciones que había otorgado.

Tampoco había expedientes de licitaciones de 2009, y varios contratos –como los adjudicados a Diapmaco, Mexicana de Atlacomulco, S.A. de C.V., y a Coningar, Construcciones, S.A. de C.V.– se firmaron antes de quedar cerrados los concursos y de que hubiera una declaración sobre los ganadores de los mismos. De la última firma ni siquiera quedó constancia de los “avances de obra” por los cuales le pagaron.

El documento menciona que a Edificaciones ATCO, S.A. de C.V., se le consideró vencedora de una licitación en la que el concurso se declaró desierto, y que se le entregó un anticipo 2% mayor al establecido por la ley (200 mil pesos más).

Una semana después de que la abogada presentó los resultados de sus investigaciones, los municipios de Tlalnepantla y Atizapán se inundaron de aguas sucias por la rotura de un colector, y Vicencio salió al rescate de los damnificados.

El 19 de noviembre de 2009, un empresario interpuso la primera denuncia penal en contra del funcionario que él designó como enlace en las obras de Piso Firme. Esta semana otro empresario interpondrá la segunda. Ambos ganaron obras en el municipio Villa Victoria y aseguran haber sido víctimas de la corrupción.

La historia es así: En Villa Victoria la delegación contrató a Aridelco de México, S.A. de C.V. –una empresa con medio año de vida– para incrementar las viviendas de los más pobres, y le pagó 2 millones 800 mil pesos (el 30% del costo de la obra). Los pisos no se construyeron y, según verificó la Unidad del Abogado General y la Transparencia de la Sedesol, la delegación no levantó denuncia penal a pesar del desfalco.

La asignación de la obra le extrañó al propio dueño de la empresa, el arquitecto Pedro Antonio Delgado Aguilar, quien explicó a Proceso en entrevista: “Pienso que Aridelco no podía participar en el concurso (del piso) porque no tiene historial de experiencia y su capital social es de 100 mil pesos, mientras que las bases (de la licitación) dicen que debía tener un capital equivalente al monto de la obra, que era de 10 millones de pesos”.

La historia que refirió constituye un enredo de irregularidades: La señora Marcela Galván, relacionada con la empresa Meb Contratistas, ofreció a Delgado y a su socio 180 mil pesos para que le vendieran la empresa porque había arreglado con el jefe de finanzas de la Sedesol-Edomex, Marco Antonio García Sánchez, que otorgaría un contrato para Meb y otro para Aridelco.

Pero la Sedesol depositó el dinero destinado a la obra en la cuenta de Aridelco antes de que se celebrara la compraventa, y, cuando el arquitecto se enteró, el dinero otorgado a su empresa ya había sido gastado por Galván y su socio, y los pisos no fueron construidos.

El arquitecto Delgado se trasladó a las oficinas centrales de Sedesol para explicar las irregularidades y declararse inocente. Sin embargo, allí le aseguraron que la delegación no había puesto ninguna denuncia en su contra. Esta semana, Delgado Aguilar demandará a la delegación mexiquense con el fin de protegerse.

Para deshacer el entuerto, la delegación le asignó la misma obra (“sin licitación de por medio”, acota el documento de la abogada) a Origen, Constructores y Acarreo, firma que no dejó fianza por los 6 millones 195 mil pesos que le pagaron de adelanto, que incumplía todos los requisitos y que tampoco concluyó las obras.

Al respecto, el dueño de la empresa –un hombre que pidió el anonimato porque tiene otros contratos con el gobierno– externó que le fue imposible cumplir porque el funcionario García Sánchez, enlace entre contratistas y el delegado, además de pedirle la “mochada reglamentaria” de 3.5% del costo de la obra, le quitó 525 mil pesos más por “comisiones”. Esto, declaró, lo llevó a la bancarrota.

“Lo acusé con el delegado, y el delegado me dijo que iba a ver el asunto y nunca me volvió a recibir”, agregó el quejoso, quien presentó ante la PGR la denuncia 1515/2009 por los hechos. En ese momento fue informado de que había una denuncia penal previa en la Mesa 1 de Toluca contra funcionarios de la secretaría.

De ser comprobadas judicialmente las imputaciones, esta sería la segunda ocasión en que se documentaría que los funcionarios de una delegación de la Sedesol extorsionan a los contratistas del programa Piso Firme, además de que, en el presente caso, el secretario Cordero y el subsecretario Mejía sabiendo de los ilícitos, no los sancionaron.

A raíz de que, en septiembre de 2009, Proceso reveló la corrupción en la delegación de Guerrero, fueron removidos y se encuentran bajo investigación el entonces delegado Luz Antonio González Justo y su subdelegado, José Cruz Rétiz.

La evidencia documental revela que Cordero fue enterado de los ilícitos en Edomex cuatro meses antes de ser nombrado secretario de Hacienda, pero –“negligente”– heredó el problema a su sucesor, Heriberto Félix.

La historia de Vicencio

Vicencio Acevedo es delegado de la Sedesol en el Estado de México desde el sexenio de Vicente Fox. Su cargo se considera como uno de los premios otorgados durante la transición a las familias panistas de abolengo, como son los Vicencio, cofundadores del PAN en la entidad. Otro Vicencio es delegado en Jalisco.

Antes de entrar a la Sedesol, Vicencio Acevedo fue diputado federal por dos periodos y ocupó cargos en el PAN, por lo que conoce bien a Felipe Calderón, de quien gusta decir que es su amigo y protector.

Un trabajador de oficinas centrales de la Sedesol señala que, desde 2008, dentro de la dependencia ya había quejas en contra de Vicencio, una de las cuales provino de la encargada nacional de Estancias Infantiles, Lía Limón, quien se quejó de su desempeño ante el secretario Cordero.

Dos amas de casa mexiquenses, dueñas de estancias infantiles afiliadas a la secretaría, dijeron a este semanario que la delegación retrasa de 15 a 21 días la entrega de los subsidios para la manutención de los niños, que a veces los cheques llegan ‘rasurados’ y que los funcionarios las tienen amenazadas de quitarles los permisos si denuncian las irregularidades.

“Algunas compañeras tienen la situación de que les llegan sus recibos de pago por los 30 niños que atienden, pero sólo reciben el pago por 25, y aunque te das a la tarea de preguntar a la delegación por qué los descontaron, no te explican ni te lo reembolsan, y tú terminas pagando. En diciembre, en la delegación nos dijeron a qué lugar podíamos ir a comprar facturas falsas de los gastos que no pudimos comprobar. ¡Ellos mismos nos mandaron a hacer el ilícito!”, exclamó una entrevistada.

Los problemas mayores para Vicencio comenzaron el 3 de agosto de 2009, cuando despidió al coordinador de programas, el también panista Eric Alan Castillo Vargas, quien acusó al delegado de haberlo removido por pertenecer a una corriente partidista opuesta a la suya. Entonces comenzó una racha de protestas de adultos mayores, marchas de funcionarios y militantes de Acción Nacional en apoyo al despedido, y declaraciones de prensa de varios panistas. La mayoría de los empleados del área de Adultos Mayores, simpatizantes de Castillo, fueron despedidos.

En un escrito que entregó a Proceso, Castillo se quejó de la “ingratitud” que Vicencio manifiesta hacia los “trabajadores militantes que han mostrado compromiso” con el PAN, y lo acusó de haber apoyado en las elecciones de 2009 la campaña del PRD en el Valle de Chalco contratando brigadistas con fondos del Programa de Empleo Temporal.

En cambio, una candidata a alcaldesa por el PAN durante las elecciones del año pasado relató que en una reunión de varios candidatos perdedores fue común el enojo hacia el delegado, quien, sospechan, operó para el PRI.

“Dejó que las estructuras de desarrollo social de los municipios las ocuparan priistas; los dejó que usaran los programas; parecía que trabajaba en contra del PAN. Nunca pudimos entrevistarnos con él porque no nos recibió. Quienes fuimos candidatos en Naucalpan, Nicolás Romero, Tlalnepantla y Ecaptepec coincidimos en que los programas se usaron para presionar el voto a favor del PRI, y el delegado no hizo nada para impedirlo”, aseguró la excandidata, quien pidió el anonimato.

Otro funcionario mexiquense vinculado al PAN expresó sobre él: “Pareciera que no está haciendo estructura para el gobierno federal; yo pensaría que la hace para Peña Nieto, porque Peña Nieto es el que cacarea los programas sociales de la Sedesol. No está claro su juego. Como que está haciendo doble juego para colocarse, pero es muy raro, porque no trabaja con nadie, no hace equipo con los otros delegados federales”.

Los allegados del delegado afirman que es el único panista mexiquense con la trayectoria, la honestidad y la visibilidad suficientes para competir por la gubernatura de la entidad en las elecciones de 2011. Y otro excolaborador de los que ha despedido refiere que desde 2005 creó un grupo de funcionarios amigos, denominado Círculo Azul, que trabaja para construirle la candidatura.

Sin embargo, a pesar de su linaje, no tiene la postulación asegurada.

Un empleado de las oficinas centrales cuenta que, el año pasado, en la secretaría tenían preparada la remoción del delegado, pero que “un político” la frenó, aunque no sabe si fue Calderón, el secretario Cordero, César Nava o Peña Nieto.

El funcionario que más sabía de sus movimientos y del cumplimiento de las metas de los programas sociales, Gerardo Iturbe, quien era el enlace entre las oficinas centrales y la delegación, fue removido aparentemente a petición del delegado.

A principios de este año corrió otro fuerte rumor de que el delegado sería removido, pero, otra vez, se rompió el canal de aguas negras que inundó Chalco, Ecatepec y Neza, y Vicencio salió a flote.

Calderón paga ranchito con dinero del Erario Publico

El ranchito de Calderón, al pie de los volcanes...

La propiedad en Ayapango, estado de México.

Juan Pablo Proal

AYAPANGO, MÉX.- “El presidente sólo viene de vez en cuando, si acaso una vez al mes”, dicen los lugareños.

No son giras de trabajo; por el contrario: Felipe Calderón se encierra en el rancho San José, una propiedad que no es nada ostentosa ni está a su nombre, pero en la que ya se construye un cuartel militar y se muda el basurero que colindaba con el predio, en tanto que el ayuntamiento recibió una solicitud para introducir agua potable, con recursos municipales.

Es la estancia de placer de la pareja presidencial…

El rancho se ubica en este municipio, Ayapango, un “pueblo con encanto del Bicentenario”, según lo llama el gobierno de Enrique Peña Nieto; una comunidad marginada, con problemas de agua, desempleo y migración, según la describen sus habitantes.

El secretario general del ayuntamiento, Édgar López Aguilar, dice que Diego Heriberto Zavala Pérez, suegro de Calderón, compró la finca a mediados de la década pasada. En el Registro Público de la Propiedad del Estado de México el rancho parece no existir, pues no aparecen los documentos correspondientes, y los dos militares que custodian la entrada niegan que pertenezca a los familiares del presidente.

Pero el rancho existe y el gobierno federal lo reconoce. De noviembre de 2006 a la fecha, la Presidencia de la República ha desembolsado 4 millones 618 mil pesos para adecuar el lugar de descanso, habitado la mayor parte del tiempo por los suegros de Calderón. Ese presupuesto incluye la construcción de un cuartel militar, de acuerdo con las solicitudes de información 0210000115009 y 0210000114709, publicadas en la página del IFAI.

El gasto de recursos públicos abarca: 2 millones 882 mil 744 pesos en materiales de construcción; 51 mil 750 del “proyecto ejecutivo”; 784 mil 465 pesos en material eléctrico; 248 mil 676 pesos para renta de sanitarios; 220 mil 7 pesos de una planta de luz; 71 mil 315 pesos en una toma de agua; 72 mil 42 pesos de un pararrayos, y 287 mil 683 pesos en equipamiento.

Adicionalmente, la Presidencia de la República gastó el año pasado otros 144 mil 424 pesos en hospedaje y alimentación, más 85 mil 126 pesos en transporte.

Esporádicamente, las aspas del helicóptero presidencial sacuden la zona enclavada en las faldas de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Calderón llega escoltado por el Estado Mayor Presidencial. Las visitas suelen ser un sábado al mes, por la tarde.

Por tierra, el paseo es distinto. Para llegar aquí hay que pasar por Chalco, todavía inundado de aguas negras por las lluvias de febrero. El tránsito es lento.

Después de esto, letreros que ofrecen estancias maravillosas en sitios a los que se califica de “paradisiacos” comienzan a inundar la carretera en la zona de Amecameca, a unos minutos de llegar al rancho de los suegros de Calderón: “Parque de los Venados Acariciables”. “Pase un día con tigres”. “Parque ecológico rancho La Mesa”.

La mayoría de los 5 mil 947 pobladores de Ayapango debe utilizar las combis que los comunica con Amecameca-Chalco y el Distrito Federal, casi su única fuente de empleo. Sin tráfico, el recorrido toma dos horas; los congestionamientos suelen hacerlos durar el doble.

Benigno Valencia López es de los pocos habitantes que decidió quedarse en el pueblo. Es agricultor, siembra avena, maíz y frijol justo a un lado del rancho de los Zavala.

“Aquí ya casi nadie vive; se van al Distrito Federal para hacerla de policías”, lamenta con el rostro prieto, agrietado por el sol.

La primera impresión del lugar es grata. El pueblo se caracteriza por sus angostas calles empedradas con banquetas perfectamente pintadas. La mayoría de las casas fueron inspiradas en un estilo afrancesado y están construidas con adobe y piedras rojizas. Predominan los techos a dos aguas, con oscuras tejas de barro. Por su apariencia, Televisión Azteca decidió filmar aquí, en 2009, la telenovela Enteramente tuya.

Tras bambalinas, lejos de ser una comunidad próspera, Ayapango está sumida en la pobreza.

“Podemos tocar en las casas y a veces nos encontramos con gente que no tiene qué comer en sus hogares”, expone el secretario general del ayuntamiento, Édgar López Aguilar, quien se queja de las magras participaciones hacia el municipio, considerado “de marginalidad muy baja”.

En los hechos, las autoridades locales estiman que casi dos terceras partes de la población del distrito de Pahuatlán emigró a Canadá o Estados Unidos.

“Nosotros creamos nuestro propio empleo. Ya quedan muy pocos; la mayoría huye al Distrito Federal”, secunda José Pilar Peña, productor de leche desde hace 50 años. No es cualquier personaje: es compadre del suegro del presidente.

Un día, Diego Zavala le pidió a José Pilar reforestar el rancho San José, sembrado de maíz, avena y alfalfa. Él accedió, y gracias a su trabajo se estrechó la relación. Zavala apadrinó el bautizo de su hijo, Antonio Peña Reyes.

José Pilar Peña es testigo de la prosperidad de Diego Zavala: “Ha comprado algunas hectáreas más”, dice, y calcula que actualmente el predio tiene unas 20. Empleado del rancho entre 1995 y 1997, dice que actualmente trabajan ahí alrededor de 10 habitantes de Ayapango.

Como a muchos en el pueblo, las lluvias de febrero le pegaron a José Pilar Peña. Él y otros 20 productores de leche estuvieron a punto de perder las pocas vacas con las que elaboran sus quesos artesanales.

Dos ancianos quisieran que llegara más agua, pero a sus casas… Aseguran que desde la llegada de los Zavala el suministro comenzó a escasear. Uno de los habitantes más viejos del pueblo se queja de que al menos dos veces por semana el agua ya no llega a su vivienda.

López Aguilar cuenta que hace 12 años los suegros de Calderón pidieron que el ayuntamiento, con sus propios recursos, estableciera una red de agua potable para alimentar al rancho, ubicado a 10 minutos de la cabecera.

El entonces alcalde accedió, pero la comunidad se lo reprochó airadamente. Mercedes Gómez del Campo, madre de Margarita Zavala, “dijo que mejor lo dejara así, que no quería tener problemas con la población”.

No es el único problema que ha tenido la propiedad de los suegros de Calderón. Cualquier habitante del lugar que quiera pasar por el camino del rancho San José se enfrenta con un retén de dos soldados que suelen catear a los intrusos e impiden el paso de vehículos.

En la zona destaca un tractor. El operador de la maquinaria confió que fueron contratados para deshabilitar el basurero municipal, que colinda con la propiedad, y pasarlo enfrente, donde no afecte a los Zavala.

A simple vista, más allá de otros cuatro soldados que custodian la entrada al rancho San José, el inmueble parece integrado sólo por una modesta casa de un piso, un área verde donde pastan 10 vacas y decenas de metros de terreno baldío.

El ayuntamiento no autorizó la construcción del cuartel, aunque el Estado Mayor Presidencial justifica la obra porque es su deber “garantizar la seguridad del presidente”, según el artículo cuarto de su reglamento. De cualquier forma, en ese paraje no se percibe cuartel alguno.

La inversión del gobierno federal también incluyó una cancha de futbol rápido, construida con recursos de la Sedesol.

Esta nueva área deportiva luce desierta, como el resto de Ayapango, donde 4 mil 25 de los 5 mil 947 pobladores no es derechohabiente de los servicios de salud, una de las tantas razones por las que migran al Distrito Federal.

Aquí, las comodidades son para los turistas, para quienes pueden pagar más de 2 mil pesos por un masaje en el spa de la hacienda La Ratana, para los productores de telenovelas o para el presidente de la República y sus familiares.

Sedesol: publicidad millonaria en programas ineficientes

Durante 2008 y 2009, la Secretaría de Desarrollo Social gastó más de 22 millones de pesos en publicidad en medios de comunicación. En la información que reporta la dependencia, hay inconsistencias respecto de los recursos gastados. Tres de los programas sociales que gozaron de difusión fueron señalados por la Auditoría Superior de la Federación por ineficiencias en su desempeño.

Mayela Sánchez

En los dos últimos años, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ha gastado 22 millones 470 mil 200 pesos en publicitar sus programas. Casi la mitad de esos recursos se usaron en la difusión en medios electrónicos, impresos y digitales del Programa 70 y Más, el Programa Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y el Programa de Apoyo Alimentario en Zonas de Atención Prioritaria, mismos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señala como deficientes en su desempeño, en el más reciente informe de la Cuenta Pública.

De acuerdo con el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008, el Programa 70 y Más, que otorga apoyos económicos a personas mayores de 70 años en condiciones de pobreza, no contó con mecanismos adecuados para identificar a su población objetivo y canalizarle recursos adecuadamente; mientras que en el Programa Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras también se detectó una carencia de regulación en la operación.

Las facturas correspondientes a la contratación de publicidad en 2008 y 2009, de las que Contralínea tiene copia, revelan que, en total, la Sedesol pagó 97 inserciones publicitarias en diarios y 23 en revistas, así como cinco espectaculares y afiches. Aunque la secretaría no entregó facturas que constataran la difusión de estos programas en medios electrónicos, sí pagó 702 mil 908 pesos a la empresa Radio y Televisión de Aguascalientes y 6 mil 400 pesos a Lomas Postproducción, SC, por la producción de spots para televisión y radio del Programa 70 y Más.

También se destinaron 426 mil pesos al pago de dos estudios de medición de las campañas publicitarias, que fueron encargados en diciembre de 2008 y mayo de 2009 a la empresa Varela Maldonado y Asociados, SA de CV, misma que en 2007 fue contratada por la Presidencia de la República para servicios de asesoría en análisis político. La firma que dirige Carlo Varela Maldonado fue señalada por haber colaborado “estrechamente” en la campaña presidencial de Felipe Calderón Hinojosa, como consta en la nota “Vinculan a la Fepade con la defensa jurídica del panista Felipe Calderón”, del reportero Jaime Avilés, publicada el 1 de agosto de 2006 en el periódico La Jornada.

Informe de gobierno, oportunidad para promocionarse

Las facturas, entregadas a través de una solicitud de información pública, muestran que en los días posteriores al Segundo informe de gobierno de Calderón Hinojosa, la Sedesol pagó 2 millones 187 mil 162 pesos por inserciones en periódicos para difundir los “logros de la política social”, como se describe en dichos documentos.

El consorcio Medios Masivos Mexicanos, SA de CV, que agrupa a 89 medios locales, ganó 321 mil 485 pesos por 15 inserciones en las páginas de los diarios Tabasco Hoy, El Diario de Colima, El Diario (ediciones Chihuahua y Juárez), El Debate de Culiacán, El Diario de Morelos; así como el potosino Pulso, Novedades de Campeche, El Bravo de Tamaulipas y El Dictamen de Veracruz.

Promocionar la ineficiencia

La ASF apunta que la Sedesol tampoco cumplió con las disposiciones normativas respecto del manejo, control y registro de los recursos del Programa de Apoyo Alimentario en Zonas de Atención Prioritaria, al no haber efectuado un diagnóstico inicial sobre su conveniencia, viabilidad y eficiencia, “lo que limitó el ejercicio de los recursos y propició una reducción de 35 por ciento en el presupuesto autorizado” para dicho programa.

Pese a los problemas que derivaron de su incorrecta ejecución, el proyecto fue promocionado por la Sedesol a través de televisión, radio e internet. Además del gasto de 721 mil 891 pesos que supuso la transmisión de spots por parte de las empresas High Television México, SA de RL de CV; Radiodifusoras Asociadas, SA de CV, y Sociedad Mexicana de Radio, SA de CV, también se erogaron 790 mil 205 pesos en la producción de dichos anuncios.

A las firmas Imagen Soluciones Integrales, SA de CV, y Promotora de Servicios Informáticos y Administrativos, SA de CV, se les pagaron 234 mil 500 pesos por la colocación de banners publicitarios en internet. Los diarios de los grupos Ediciones del Norte, SA de CV, y El Universal Compañía Periodística Nacional, SA de CV, recibieron alrededor de un cuarto de millón de pesos, cada uno, por la inserción de banners en sus portales electrónicos.

Bombardeo en medios electrónicos

La Ley Federal de Radio y Televisión dispone en su artículo 59 que los organismos del Estado mexicano que así lo soliciten pueden disponer del tiempo de Estado, equivalente a 30 minutos diarios en todas las estaciones de radio y televisión abierta en el país. No obstante, la Sedesol recurrió a la contratación de espacios para la transmisión de spots promocionales en distintas televisoras y radiodifusoras.

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EXIGIMOS SOLUCION, NO REPRESION

INFORME, PRONUNCIAMIENTO E INVITACIÓN

Ante los métodos de represión y desprecio con los que los gobiernos federal y del estado de México han intentado darle solución a un problema que ellos mismos generaron, La Coordinadora Valle de Chalco, organización comunitaria e independiente, adherente a La Otra Campaña, manifiesta lo siguiente.

1. Como ya lo habíamos denunciado, la ruptura del Canal La Compañía no fue “una tragedia” así nomás, sino una maldición producto de la corrupción, la estupidez y la mezquindad de los tres niveles de gobierno. Se robaron los mil 423 millones de pesos destinados al entubamiento del Canal, por lo que son los responsables directos de la inundación y sus consecuencias.

2. Desde las primeras horas de la inundación se privilegió la presencia de los efectivos policíacos y militares, y no la del personal de la Conagua, Sedesol, o de alguna otra secretaría encargada de solucionar el problema, por lo que fue y es evidente que la solución programada por parte de los tres niveles de gobierno es apostarle al olvido y a la resignación, a la desesperación y a la represión hacia los afectados que manifiesten su legítima inconformidad de manera organizada.

3. En el clímax de su cinismo, José Luis Luege, titular de la Conagua, ha declarado que ellos no se hacen responsables de una próxima inundación ante la cercanía de la temporada de lluvias. Por su parte, el gobierno del estado de México declara que no hay recursos suficientes para concluir la obra del entubamiento del Canal, y a su vez Peña Nieto hace gala de su desvergüenza declarando que él “no es adivino para saber cuándo va a llover”, por lo que no puede hacer nada al respecto. El presidente municipal de Valle de Chalco se limita a señalar que un probable desbordamiento de otro canal provocaría una catástrofe cinco veces peor, pero que, vamos, él sólo es un humilde servidor público y le pagan sólo por hacer promesas y declaraciones, no para solucionar problemas “tan grandes”.

A resumidas cuentas, ninguno de los tres niveles de gobierno está pensando en darle solución definitiva al problema.

4. El censo que han realizado autoridades federales y estatales está plagado de irregularidades. La mayoría de las personas afectadas no aparecen en los censos a pesar de que personal de la Sedesol ya había pasado a sus hogares supuestamente levantando dicho censo. En muchos casos, en los que en una vivienda vive más de una familia, sólo ha sido considerada una sola familia. Para personas que rentaban la casa afectada de plano no hay apoyo alguno, pues el censo es para el propietario del inmueble; tenemos reportados casos de desalojo por parte de los caseros para así ellos poder cobrar los 25 mil pesos, quedando las personas verdaderamente afectadas literalmente en la calle.

Por si esto fura poco, de los supuestos 25 mil pesos que serán destinados para las familias afectadas no ha aparecido ni un solo centavo. Incluso si esta entrega se efectuara, ¿de qué sirven 25 mil pesos cuando se perdió el esfuerzo de toda una vida? ¿para qué intentar rehabilitar los hogares si no se garantiza que la inundación no vuelva a suceder? Es claro que al mal gobierno no le preocupan ni la vida ni el modesto patrimonio del pueblo trabajador.

5. Al temor de una nueva ruptura de las paredes laterales del Canal, ahora se le suma el temor a ser agredidos por los cuerpos policíacos. Pues la presencia de la policía federal y estatal no ha sido para contribuir a las labores de limpieza y mucho menos para garantizar la seguridad e integridad de las personas afectadas y de sus pertenencias.

Los pasados lunes 15 de febrero y jueves 25 de febrero, pobladores que se manifestaron de manera civil y pacífica para que sean atendidas sus demandas, fueron atacados por las policías estatal y federal, con saldo de decenas de heridos (ancianos, mujeres, hombres y niños) y dos detenidos. La policía federal allanó y rompió cristales de casas y comercios para seguir golpeando a mujeres embarazadas, niños y ancianos.

“No hay dinero para entubar el Canal”, dicen, “No hay dinero para indemnizar a tantas personas”, dicen, pero demuestran que sí hay dinero para mandar a cientos de policías a intimidar y golpear a la gente humilde y trabajadora.

Ante estos hechos, nos sumamos y reiteramos las demandas de nuestros compañeros, familiares y vecinos:

I. Solución total y definitiva al problema: que se entube de manera total el Canal de La Compañía para evitar nuevas inundaciones.

II. Reparación total de los daños ocasionados a las viviendas por dicha inundación.

III. Alto a los ataques policíacos contra la población y libertad inmediata para las dos personas detenidas.

6. Durante estos amargos días, la solidaridad de los de mero abajo no ha faltado. Compañeros y compañeras de organizaciones, colectivos y a título individual han brindado su apoyo. Gracias a ell@s y a nuestras convicciones de abajo y a la izquierda, nos hemos mantenido de pie, sin doblegarnos ante lo peor de la adversidad.

En medio del dolor, la rabia, la miseria, y ahora la represión, seguimos empeñados en la construcción de ése Otro mundo que anhelamos, que acariciamos, que merecemos, y que cada vez se nos revela como más necesario y urgente.

Por ello, como parte del plan de acción de la Coordinadora Valle de Chalco ─con el apoyo solidario de compañer@s de La Otra campaña─ realizaremos éste próximo domingo 7 de marzo, a partir de las 10:00 a.m. una Jornada Solidaria de Salud, una Verbena Popular (teatro, música, baile y comedor popular) y pondremos en marcha el Censo Autónomo.

Los invitamos pues a compartir dolores, esperanzas, rabia, dignidad y alegría.

¡Que la Rebeldía y la Solidaridad inunden las calles y NUNCA más las aguas negras!

Coordinadora Valle de Chalco


¡L@s zapatistas NO están sol@s!

Más información y contacto:

http://coordinadoralibre.blogspot.com/

coordiandora.libre@gmail.com

www.myspace.com/tocuiclibreradio

Universidad Cantinflas, campus Los Pinos

México SA
*Futuro venturoso por decreto
*Universidad Cantinflas, campus Los Pinos

Carlos Fernández-Vega

¡Aleluya! Un simple cambio de pieza en el destartalado motor de la prosperidad nacional, y se acabó el problema: el futuro venturoso está de regreso. Ya lo decretó el nuevo doctor catarrito” que despacha en la Secretaría de Hacienda, Ernesto Cordero: “la recesión terminó en México”, ergo, se acabó la crisis. Así de simple: ayer sí, hoy no. El pendiente, la única ecuación por resolver es “qué tan vigorosamente va a ser la recuperación” económica.
Qué bueno que el delfín de Los Pinos se animó (desde Washington, desde luego) a divulgar la buena nueva, porque del “fin de la recesión”, de la evaporación de la crisis, ni el mínimo registro tenían los mexicanos, es decir, los 50 millones de pobres, 3 millones de desempleados, 4 millones de subempleados, 32 millones con ingresos de uno a cinco salarios mínimos (73 por ciento de la población ocupada), 28 millones sin acceso a las instituciones de salud, 7 millones de ninis, millones de amas de casa que de plano ya no saben qué inventar para estirar el gasto y, en fin, los demás millones que se quedan en el tintero. A todos ellos les cayó de maravilla la incuestionable verdad oficial difundida por el adelantado Ernesto Cordero, quien modestamente decidió reservarse el tamaño del éxito que les depara a sus crédulos connacionales.
Con el mismo estilo que desde Puerto Príncipe se pregona el “regreso haitiano a la normalidad”, el fabricante de 6 millones adicionales de pobres en el país durante su estancia en la Sedesol hoy tiene la gentileza de ilustrar al respetable que México también “regresa a la normalidad”, es decir, que en el mejor de los casos retornará a una tasa de “crecimiento” de 3 por ciento con su raquítica generación de empleo, inflación muy por arriba de los aumentos salariales, cierre de empresas, expulsión de mano de obra, y demás gracias del modelito, o lo que es lo mismo, al México fallido de las últimas tres décadas. Así, el ofrecido por Ernesto Cordero es un apetitoso manjar que los entusiasmados cuan crédulos mexicanos de ninguna manera pueden rechazar.
Cómo poner en duda la buena nueva ayer divulgada, cuando se recuerda que el flamante secretario de Hacienda pertenece al mismo equipo que encabeza Calderón –el de los simpáticos pastelazos y las promesas incumplidas–, es decir, al de los “catarritos” y las “gripas”, al que machaconamente negó cualquier posibilidad de crisis, sismo económico o alteración en el país, porque, primero, “tenemos un navío de gran calado” con “sólidas finanzas públicas” y, segundo –pero no menos importante– la sacudida “es externa” y “es un bache que tiene agua”. O como diría Agustín Carstens, “la crisis se define con una desaceleración muy rápida con un aumento masivo de desempleo y grandes tasas de inflación, y eso no lo estamos viendo”.
El sonriente Ernesto Cordero dice que “hay cierto consenso (algo así como estar medio embarazada) con respecto a que la economía mexicana se está recuperando”, y que “nosotros (léase el equipo de los pastelazos) mantenemos nuestro pronóstico de crecimiento de 3 por ciento de la economía mexicana para el año entrante”, aunque buena parte de esa proporción “depende del vigor con que se recupere la economía de Estados Unidos”. De allí que “hemos sido muy prudentes y muy conservadores” en lo que a pronóstico 2010 se refiere, pero de que habrá, habrá.
El secretario de Hacienda, sepulturero mediático de la crisis y excelso egresado de la Universidad Mario Moreno Cantinflas, campus Los Pinos, lo explica de la siguiente forma (se respeta sintaxis): “... en tres o cuatro meses de recuperación es imposible que podamos recuperar los niveles que se tenían antes de la crisis, sin ninguna duda. Y vamos a tardar todavía algunos meses para que eso suceda. En ese sentido, pues sí, la recuperación, para llegar a los niveles que teníamos antes de la crisis seguramente va a tardar todavía algunos meses más. Pero sin embargo sí se puede hablar de recuperación económica, porque empieza a haber crecimiento económico, porque la actividad económica empieza a crecer, se empiezan a generar empleos. Y desde luego que eso no se debe de minimizar, se debe de reconocer. Y yo creo que es un dato muy importante”.
Y si usted, desempleado furibundo, quiere saber cuándo va a encontrar chamba (ahora que la crisis se acabó), pues va otra de las científicas explicaciones de Ernesto Cordero sobre el particular: “en México te diría que también lamentablemente todavía la recuperación no se empieza a sentir en todos los mexicanos, pero esto va a ser poco a poco, conforme vaya avanzando el año. En México la recuperación empezó en el segundo semestre del año pasado, hubo creación de empleos nuevos en México; se crearon, en el segundo semestre del año, se crearon cerca de 100 mil empleos nuevos (pero se perdieron 171 mil en todo el año), lo cual es un buen dato comparado con la pérdida de empleos que se tuvo en la primera mitad del año 2009. Entonces, en México también es un proceso paulatino donde poco a poco se van a empezar a ver los resultados, se empieza a generar una dinámica positiva, las empresas empiezan a invertir, se empiezan a abrir espacios de trabajo nuevo. Lamentablemente eso no se da de la noche a la mañana, y poco a poco se va a ir viendo y se va a ir traduciendo en el bolsillo de los mexicanos”.
Pero ante este panorama color de rosa, no faltan los agoreros del fracaso, los enanos del tapanco, los que “hablan mal de México” (eufemismo por “los que hablan mal de Calderón”). Ahora que “la recesión terminó en México” (tal vez Cordero equivocó la preposición y debió decir con no en), tanto crecerá la economía nacional que según las estimaciones disponibles será hasta 2011 cuando el país retome –por llamarle de alguna manera– el nivel que tenía al cierre de 2008, es decir, tardará un trienio (2009-2011) para “regresar a la normalidad” de 2008, lo que en castellano simple quiere decir tres años perdidos.
En efecto, el Banco Mundial (Perspectivas económicas mundiales 2010) estima que la economía mexicana crecería 3.5 por ciento en el presente año y 3.6 por ciento en 2011, con lo que se “taparía” el hoyo de 2009 (desplome de 7.1 por ciento, por mucho el más profundo en América y uno de los mayores en el mundo) y se retornaría a los no muy gratos niveles de 2008. De lograr esa hombrada, el calderonato va que vuela para obtener el galardón como el peor gobierno en materia económica (independientemente de otros temas) de las últimas ocho décadas, toda vez que en un lustro (2007-2011) registraría una tasa anual promedio de “crecimiento” de 0.9 por ciento (en campaña electoral prometió 5 por ciento cada año).
Las rebanadas del pastel
Entonces, ¿así, o más “recuperación” y “regreso a la normalidad”?
cfvmexico_sa@hotmail.com - mexicosa@infinitum.com.mx

La negociación secreta Calderón-Gurría

* La negociación secreta Calderón-Gurría

* Secretario de OCDE listo para Hacienda

* Abuso de poder del Angel Exterminador

Oficio de Papel
Columna semanal del periodista Miguel Badillo

Felipe Calderón dudó en nombrar en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a su hombre de confianza, Ernesto Cordero. Al interior de esa dependencia y en la oficina de la Presidencia de la República se corrió la versión de que el mandatario había pensado en una maniobra con fines políticos que le permitiera al mismo tiempo mirar hacia el 2012 y cubrir el hueco que se abría con el nombramiento de Agustín Carstens en el Banco de México. Todo al mismo tiempo. Fue así como Calderón habría propuesto a José Ángel Gurría hacerse cargo de la Secretaría de Hacienda ahora que el secretario general de la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económico (OCDE) tiene que dejar ese puesto en el 2011.
Una jugada muy parecida a la del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León cuando nombró a Gurría en Hacienda y logró que la economía, aún después de la crisis crediticia y del rescate del Fobaproa, creciera a una tasa cercana al 7 por ciento, una dinámica histórica para la economía mexicana. Al mismo tiempo, Calderón buscaba adelantarse a cualquier propuesta que el PRI le hiciera a Gurría –por cierto militante de esa organización política– al presentarse las elecciones del 2012.
El problema de lo que pretendió ser una maniobra inteligente de parte de Felipe Calderón, a quien desde que llegó a la Presidencia no se le conoce una sola jugada política que le haya funcionado, fue que Gurría, quien en los últimos meses no ha hecho otra cosa en sus discursos que encontrar el ángulo positivo a los planes y propuestas del presidente Calderón, condicionó cualquier posibilidad de aceptar la propuesta panista a varios puntos, entre ellos la revisión de la política cambiara, es decir soltar el peso al libre juego del mercado y en consecuencia una inmediata devaluación ante el dólar, y apuntalar el crecimiento de la economía con varios sectores estratégicos.
Así, de tajo, tomar varias medidas radicales que pondrían en riesgo, de no resultar exitosa, el escaso capital político con el que aún cuenta la administración calderonista. Además, con el monetarista Carstens en el Banco de México, autónomo al menos en el papel, difícilmente podrían meter las manos en el régimen cambiario que se aplica en el país, aunque se asegure que se trata de un esquema de libre flotación.
Seguramente, desconfiado como es, Calderón sólo vio en la contrapropuesta de Gurría un caballo de Troya que amenazaba las aspiraciones del PAN de permanecer al frente del Poder Ejecutivo. La respuesta presidencial fue simplemente: “No” a las condiciones del secretario general de la OCDE.
Pero José Angel Gurría tiene otros intereses y ya se frota las manos para salir de la OCDE en 2011 y perfilarse a la Secretaría de Hacienda una vez que el PRI gane la Presidencia de la República. Economista, priista, excanciller y exsecretario de Hacienda, a Gurría se le reconoce que fue el único responsable de las finanzas públicas del país que logró un periodo de crecimiento superior al 6 por ciento en más de tres décadas, aunque también es cierto que su expediente acumulado en Hacienda no está del todo limpio o, más bien, es un cochinero lo que allí dejó.
Para recordar su pasado en Hacienda, esta columna así lo documentó después de que la revista británica The Economist señaló que el secretario general de la OCDE había incurrido en dispendio de recursos del organismo, tuvo un manejo poco transparente, así como prácticas de nepotismo al contratar a su hija para trabajar en el órgano que hoy preside, práctica que en gobiernos mexicanos es muy común a pesar de nuestra Ley Federal de Responsabilidades para los Servidores Públicos, pero que en países desarrollados es muy criticada y prohibida.
De inmediato el dirigente de la OCDE aceptó que sí lo había hecho y con cinismo respondió que estaba dentro del marco de normas que se aplican a funcionarios internacionales. La hija del exsecretario mexicano estuvo empleada en la Dirección de Educación de la OCDE y tras el aviso que recibió Gurría, y para “evitar controversias”, le pidió que renunciara. Esa fue la explicación del directivo de ese órgano integrado por países ricos y por México.
Pero la crítica de la publicación inglesa fue más allá, y afirmó que el ex secretario de Hacienda mexicano mueve al organismo en “aguas peligrosas”, pues “los eventos internos de la organización sugieren una falta de reglas y prácticas modernas”, y cita como prueba una carta que envió la delegación canadiense el pasado 4 de abril en la que manifiesta su preocupación por la falta de una competencia transparente para llenar “ciertas vacantes”. Sin mencionar fuentes, el texto también indica que figuras de alto rango, entre ellas “embajadores de la OCDE en países del norte de Europa”, están preocupadas por el rumbo de la organización con “una figura tan exuberante” en el timón del organismo que reúne a 30 de los países más industrializados, enfocados a promover mejores prácticas de gobierno.
Agrega que sólo la restauración del departamento de 480 metros cuadrados del alto directivo de la OCDE en el barrio 16 de París, que en principio tenía un costo de 600 mil euros (casi nueve millones de pesos), terminó en 733 mil euros (casi 11 millones de pesos), más 300 mil euros que fueron desviados a otros presupuestos.
Gurría se defendió y dijo que esto era una venganza y un “ataque” a su figura y un “bosquejo de una mezcla de indirectas, chismes y verdades parciales”, pues en semanas anteriores acusó a Gran Bretaña de haber incumplido “las mejores prácticas” con respecto a la transparencia en una operación de venta de aviones a Arabia Saudita; pero lo cierto es que al exsecretario de Hacienda se le olvidó que la OCDE no es un organismo público mexicano y que allá no puede actuar con tanta impunidad como lo hizo en México cuando su partido, el PRI, ocupó la Presidencia de la República.
Para recordar su pasado, baste decir que siendo titular de la SHCP, Gurría utilizó los beneficios fiscales que observaba la legislación y otros extralegales para beneficiar a sus amigos, empresarios, políticos y, sobre todo, a la familia de su jefe, el presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León.
En documentos oficiales de la Secretaría de Hacienda en poder de Oficio de papel, y según versiones de exservidores públicos, en 1998 José Ángel Gurría otorgó un trato preferencial a los hermanos de su jefe el presidente Ernesto Zedillo, de nombres Rodolfo, Verónica Crystela y Luis Eduardo, así como a su empresa Grupo Intecon, para liquidar extemporáneamente impuestos que por ley debieron enterar al fisco entre 1991 y 1996.
En los primeros días del gobierno foxista, al que llamaban el zar anticorrupción Francisco Barrio prometió que realizaría una exhaustiva investigación del caso y que, de haber elementos, aplicaría la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos a todos aquellos, incluido el exsecretario Gurría, que hubieran participado en las supuestas anomalías. Pero obviamente esto nunca se cumplió a pesar de las pruebas que había de la corrupción del gobierno para encubrir evasiones fiscales de la familia presidencial. Esta era la forma de gobernar de los priistas, muy parecida a los dos gobiernos panistas que ya tienen enfurecida a la población.
Inmovilizado, el contralor Barrio pidió ayuda al entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, para investigar a la familia Zedillo Ponce de León, pero su petición fue rechazada y le negaron las pruebas de cómo su antecesor José Ángel Gurría benefició ilegalmente a la empresa de los hermanos Zedillo.
En información publicada en esta columna en diciembre del 2000, se dio cuenta de la explicación que el arquitecto Rodolfo Zedillo, hermano de Ernesto y presidente del Grupo Intecon, hacía a Oficio de papel sobre los beneficios fiscales que recibieron por parte de José Angel Gurría cuando su hermano era el presidente de la República.
En aquella ocasión Rodolfo Zedillo decía que “no había recibido un trato preferencial de la Secretaría de Hacienda en la liquidación de sus adeudos fiscales”, sin embargo reconocía haber incurrido en retrasos de obligaciones tributarias “por causas externas a las propias empresas”. Y agregaba que los adeudos fiscales fueron liquidados con “cargos muy sustanciales en apego a la ley”. Es más, agregaba, “jamás he recibido un trato especial de autoridad alguna y que, por el contrario, las autoridades han sido especialmente cuidadosas con mi familia para que ésta cumpla con el pago de sus impuestos”.
Sin embargo, las pruebas en poder de este columnista que se guardan aún en viejos archivos señalan otra cosa: las cuatro empresas de la familia del expresidente: Integración del Sistemas para la Construcción, Conductores Eléctricos de México, Promociones Electro Iris e Inmobiliaria y Constructora Gegaza, acumularon deudas y recargos por impuestos no pagados al gobierno federal hasta por 15 millones 275 mil 343 pesos, entre los años 1991 y 1996.
Para resolver este problema antes que su pariente dejara la Presidencia de la República, el arquitecto Rodolfo Zedillo llegó a un arreglo con las autoridades de Hacienda que estaban bajo las órdenes de su hermano el presidente, por lo que en mayo de 1998 logró que mediante el pago de 8 millones 103 mil 779 pesos quedaran liquidados sus créditos fiscales, lo que le significó una disminución de más de 7 millones de pesos.
Según la tarjeta informativa que el exsubsecretario de Ingresos, Tomás Ruiz, le envió al secretario José Ángel Gurría, el SAT también les autorizó a las empresas de la familia Zedillo incorporarse a los convenios del Programa de Apoyo Fiscal, que les permitió pagar en una sola exhibición el saldo de los adeudos y los relevó de las obligaciones de presentar la garantía del interés fiscal y, por si eso fuera poco, los créditos que les otorgó Hacienda no fueron garantizados y al final les condonó las multas. Nada distinto del abuso de poder y tráfico de influencias cometido por otras familias como López Portillo, De la Madrid, Salinas de Gortari, Fox-Sahagún y, sólo hay que esperar, Calderón.
Cada uno de los créditos fiscales que las autoridades hacendarias les fincaron por las omisiones en que incurrieron los Zedillo al no pagar las contribuciones de sus cuatro empresas, se encontraba sin garantía alguna, lo que es contrario a las disposiciones fiscales, pues el espíritu de toda norma tributaria es en el fondo salvaguardar el interés fiscal, mismo que debe ser garantizado a plenitud en todos los créditos que las autoridades hacendarias determinen, situación que en el caso de las empresas de Rodolfo Zedillo no se cumplió por razones poco claras, lo que denota un trato preferencial del fisco federal a favor del hermano del expresidente de la República.
Estas irregularidades de la familia Zedillo, en complicidad con el exsecretario José Ángel Gurría y otros funcionarios, dicen que fueron ajenas a Ernesto Zedillo Ponce de León cuando despachaba en Los Pinos y, al más puro estilo del expresidente Vicente Fox, dijo que nunca se enteró de que sus hermanitos evadían al fisco y cuando tuvo conocimiento de ello ordenó a su empleado Gurría que los obligara a pagar, pero en pequeñas facilidades y mediante la condonación de las multas, algo que todos los demás mexicanos nunca gozaron.
Así, José Angel Gurría o El Angel Exterminador como se le conocía, si regresa a la SHCP cuando el PRI llegue al poder en 2012, seguramente volverá al abuso de poder y el tráfico de influencias para beneficiar a amigos, parientes y funcionarios. Por ahora esa responsabilidad recae en el titular de la Hacienda, Ernesto Cordero, quien una vez más le cubrirá las espaldas a Calderón como lo hizo en la Secretaría de Energía o durante la campaña presidencial o desde la Sedesol. No puede negarse, entonces, que Cordero le ha sido leal a los intereses de su presidente, pero lo que necesita este país son funcionarios que le guarden lealtad sólo al Estado.
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