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jueves, marzo 22, 2012
domingo, enero 08, 2012
Un veto que dura tres décadas
Víctor M. Quintana S.
Felipe Calderón podrá defenderse de haber vetado la asignación de 10 mil millones de pesos por parte de la Cámara de Diputados para apoyar a los estados que han padecido heladas, sequía o inundaciones. Podrá esgrimir tecnicismos o incluso carencia de facultades del Legislativo para introducir partidas que el Ejecutivo no propuso. Pero en lo que no tiene defensa el residente de Los Pinos es en el veto sistemático de su gobierno y quienes lo precedieron a la agricultura nacional, a la soberanía alimentaria, al desarrollo de los pequeños y medianos agricultores.
Hace once meses, con toda presteza, Felipe Calderón ordenó destrabar de inmediato una cuantiosa partida para acudir al rescate de los maiceros sinaloenses, afectados por la helada de febrero. Se trasladó personalmente hasta aquellas tierras y hasta condujo un tractor para las labores de resiembra. Pero a mediados de diciembre pasado, cuando la Cámara de Diputados estableció un fondo de 10 mil millones de pesos –nunca programado por el Ejecutivo Federal– para apoyar a las entidades afectadas por la sequía, las inundaciones y las heladas, Calderón ejerció un veto de hecho sobre la partida, alegando que tenía algunas “observaciones” que hacerle, mismas que no ha explicado
Se puede conjeturar que Calderón trata de evitar que esos diez mil millones vayan directamente a las manos de los gobernadores, la mayoría priístas y los utilicen con propósitos electoreros en este crucial 2012. Y razón no le faltaría, si no fuera porque el solo hecho de atorar ese dinero también tiene implicaciones electoreras. Entonces, lo que está en el fondo de este conflicto no es la atención a la emergencia alimentaria en la que se están sumergiendo millones de familias, sino quién y cómo capitaliza la ayuda alimentaria. En términos llanos, quién entrega las despensas, a nombre de quién y con qué colores. Así de ramplón el enfrentamiento, así de superficial.
Porque si se quiere ir más a fondo, hay mucho qué decir y qué analizar. En primer lugar, que, ante el cambio climático no se ha diseñado una política agroalimentaria de Estado, siquiera de mediano plazo. Hay un pleito de órdenes de gobierno por echarse mutuamente la culpa y apropiarse de los dividendos electorales, pero no hay ni siquiera la convocatoria a diseñar y poner en marcha un proyecto que desarrolle capacidades productivas, tecnológicas, humanas para hacerle frente a dicho cambio.
Si todo el norte árido y semiárido de nuestro país, si todo el altiplano va a ser de las regiones más afectadas del orbe por sequías y fríos extremos, ¿qué programa se ha diseñado para cambiar de cultivos o adoptar tecnologías adecuadas para que la gente de esas regiones siga produciendo alimentos para ella y para las ciudades?
Porque las políticas federales siguen fomentando la producción y la productividad de los productores y las regiones más ricas y destinando sólo recursos asistenciales para la gran masa de productores pobres y medios, como lo acaban de demostrar investigadores de la Universidad de Chapingo: los programas existentes se concentran en sólo el 15 por ciento de los productores empresariales y dejan fuera a los pequeños campesinos. (La Jornada, 26 de diciembre de 2011, nota de Javier Salinas y Saúl Maldonado).
No sólo en la fase de producción, las políticas oficiales favorecen a los más ricos, también en las de acopio y comercialización: Aserca sigue concentrando sus apoyos en los grandes productores y en los acaparadores. Y, tanto gobierno federal como estatales, siguen favoreciendo a la agricultura extractiva, a las que más contribuye a la desertificación y al cambio climático. Conagua sigue tolerando la sobreexplotación de los mantos acuíferos, Semarnat sigue dando permisos de cambio de uso de suelo, permitiendo el desmonte de miles de hectáreas para nuevos proyectos mineros o agrícolas basados en la extracción sin control de las aguas fósiles. No sólo se toleran estas prácticas; se premia incluso a sus autores con Procampo o cuantiosos recursos del programa “activos productivos”.
Estas son prácticas sistemáticas, conexas que vienen a conformar un modelo agroalimentario. Modelo que no está hecho para generar alimentos, riqueza y vida digna para las mayorías rurales, ni tampoco soberanía alimentaria para esta nación. Díganlo si no los 50 millones de mexicanos con algún grado de escasez de alimentos y los más de 12 millones al borde de la hambruna. Ahí también están los datos que nos muestran que de enero a octubre de 2011 se incrementó en un 98 por ciento el volumen de importaciones alimentarias.
El veto de Calderón a los 10 mil millones de apoyo para las entidades afectadas por los extremos climáticos, es preocupante. Pero es más preocupante el veto de gobiernos priístas y panistas a un modelo de desarrollo rural en el que tengan un lugar primordial la vida digna para los productores campesinos y la comida accesible y de calidad para los consumidores urbanos.
domingo, junio 26, 2011
De Contralínea
Mapuches contra Estado chileno y trasnacional de celulosa
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Mapuches de la costa y pescadores llevan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado chileno y a la trasnacional Celco. Los indígenas señalan que sus derechos a la cultura y territorio han sido violados; además, la contaminación de la productora de papel ya ha dejado una mortandad de especies animales y vegetales.
Corporación europea de celulosa explota bosques de Brasil
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Fabiana Frayssinet
La trasnacional Veracel Celulosa, con plantaciones en 10 municipios de Brasil, es acusada de crímenes contra el medio ambiente, evasión fiscal y de corromper servidores públicos. La empresa se defiende. Dice que genera empleos en la zona y cuida más de 105 mil hectáreas libres de deforestación. Un hecho es incontrovertible: toda la celulosa y el 60 por ciento de las utilidades se envían al exterior. El ciento por ciento de la contaminación se queda en Brasil.
Yaquis, en resistencia por el agua
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Desde la Conquista hasta el neoliberalismo actual, la tribu que se asienta sobre 480 mil hectáreas en el Sur de Sonora defiende su territorio y su agua. Entrada la segunda década del siglo XXI, la comunidad de más de 32 mil habitantes se opone al despojo de las aguas del Río Yaqui, amenazado por la construcción del acueducto Independencia, que financian los gobiernos federal, de Felipe Calderón, y estatal, de Guillermo Padrés Elías.
Cárteles mexicanos se asocian con cuatro mafias internacionales
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Nancy Flores / Cuarta parte y última
Investigaciones internacionales descubren nexos entre los cárteles mexicanos y las mafias italiana, japonesa, peruana e hindú para trasegar decenas de toneladas de drogas en América Latina, Europa y Asia. Esta fortaleza global les permite acceder a mercados que antes controlaban los colombianos, como España y Portugal, alertan autoridades europeas. En esta edición, Contralínea presenta el mapa de la internacionalización de las organizaciones criminales de México.
MAPA:
MAFIA MEXICANA: NEGOCIOS INTACTOS
miércoles, mayo 25, 2011
México-Perú: El acuerdo suicida
El mes pasado los gobiernos mexicano y peruano firmaron un acuerdo de libre comercio que incluye servicios, industria y productos del campo. Para Juan Carlos Cortés, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, el último de esos tres rubros va a poner en serios aprietos a los agricultores mexicanos, cuya opinión fue ignorada. Ambos países, dice a Proceso el especialista, cultivan lo mismo, con la diferencia de que a Perú le sale más barato y sus mercancías aquí serán más económicas.
MÉXICO, D.F., 24 de mayo (Proceso).- El gobierno mexicano no lee correctamente la situación actual, desoye las recomendaciones de los organismos internacionales en torno a la autosuficiencia alimentaria, actúa a contracorriente y le da la espalda a los productores agropecuarios.
A esta conclusión llega Juan Carlos Cortés, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) –organismo del Consejo Coordinador Empresarial–, luego de que el acuerdo de libre comercio con Perú fuera firmado en Lima el pasado 6 de abril. Dos días después, la Secretaría de Economía presentó el documento al Senado para su aprobación.
Pero la insistencia del CNA –al que apoyan prácticamente todas las organizaciones agrarias, la Confederación Nacional Campesina por delante; todos los secretarios de Agricultura de los estados y los productores que sienten que saldrán más afectados– de que el tratado con Perú perjudicará, y en algunos casos destruirá, varios subsectores agropecuarios obligó al Senado a detener la ratificación y aprobación del acuerdo.
Pero el tratado –llamado Acuerdo de Integración Comercial México-Perú y que empezó a negociarse en 2006– ya está firmado por los dos gobiernos.
Abarca prácticamente todo el universo arancelario, de 12 mil 107 productos, de los tres sectores fundamentales: servicios, industria y agro. Éste representa la parte menor: sólo mil 300 fracciones agroalimentarias; 6% de ellas fueron centro de las disputas en todas las rondas de negociaciones, rotas ríspidamente en varias ocasiones y causa de enfrentamientos verbales entre el presidente del CNA y el secretario de Economía, Bruno Ferrari.
De las mil 300 fracciones agroalimentarias negociadas, 38% tendrá acceso inmediato libre de arancel, 8% estará libre de arancel en el mediano plazo (entre tres y siete años), 33% en el largo plazo (10 años) y 15% quedó fuera del acuerdo por consenso y falta de interés de ambos países.
Pero 6% de los productos (o fracciones arancelarias) corresponde a alimentos “sensibles” del agro mexicano “que fueron incluidos de manera unilateral sin el aval del sector productivo”, indica un documento del CNA entregado a Proceso.
Campo “sensible”
Los productos “sensibles” son: cítricos (naranja, toronja, limón, mandarina), pavo, leche evaporada y dulce de leche, aguacate, papas en trozos o en rodajas cocidas o congeladas, ajos, espárragos frescos y congelados, plátano, uva de mesa, mango, aceituna conservada, cebollas, chiles secos, frijol y productos pesqueros, de los que se incluyeron todas las fracciones del sector: vivos, frescos, congelados, secos y procesados.
Con base en rigurosos estudios de cada sector y análisis de firmas externas –como el Grupo de Economistas Asociados (GEA)–, el CNA sostiene que todos los productores de esos alimentos en México serán arrasados por sus contrapartes peruanas pese a que, como dice el gobierno mexicano, Perú es un país chico y no representa gran riesgo para México.
Juan Carlos Cortés comenta a este semanario: “Hay que tener cuidado con eso de que Perú es chiquito. Es chico, comparado con México, sólo en población, tamaño de la economía y PIB per cápita. Pero para efectos del acuerdo comercial, en la parte agropecuaria para nada es chico.
“El PIB agropecuario peruano es casi el doble que el mexicano: 7.3% contra 4.3%. De los 20 principales productos agropecuarios de Perú, ellos crecen a tasas altas en 12. Nosotros de los 20 productos más importantes, crecemos a tasas altas solamente en tres.
“De los 20 productos principales, mexicanos y peruanos, coincidimos en 15. Es decir, no somos complementarios. Y de los 20 productos agroalimentarios principales que exporta México, Perú en 16 no compra nada en ninguna parte del mundo. Entonces no tenemos nada que venderles.
“En suma, repito, no somos complementarios, producimos lo mismo y de las exportaciones que nosotros podemos ofrecer, ellos no compran. Pero además 71% de las exportaciones de Perú hoy es de producción primaria, son productos agropecuarios.
“Sus principales productos de exportación son naranja, limón, plátano, cebolla, aguacate, chile seco, uva, pesqueros… es decir, todos los productos sensibles de nosotros son sus productos líderes de exportación.”
Cortés rechaza que la afectación al sector agropecuario mexicano vaya a ser mínima, como sostiene la Secretaría de Economía.
Dice: “Los productos sensibles no son una parte pequeña en México. Son 2.8 millones de hectáreas sembradas, es 13% de todo lo que se siembra, el valor de la producción está cerca de los 78 mil millones de pesos, 26% del valor de la producción total de los cultivos existentes en México.
“Los productos sensibles representan 17% del PIB agropecuario; significan en promedio 1 millón de jornales anuales, 1 millón de empleos directos y abarcan más de 400 mil productores. Es decir, es una parte muy importante del sector.”
Más barato
Una ventaja competitiva de Perú es que allá los precios de esos productos son mucho más bajos, hasta en más de 50% en algunos casos, que los de México, según el estudio del GEA para la CNA.
Por ejemplo, allá la papa es 52% más barata; entonces, en ese mismo porcentaje sería el desplazamiento potencial de la producción de papa en México.
En el caso del ajo, el desplazamiento de la producción nacional sería de 35%, por los bajos precios y mano de obra mucho más barata, hasta 40% menos, además de que el agua es prácticamente gratis por los escurrimientos de Los Andes, mientras que en México el cultivo de ajo se hace mediante riego por bombeo.
En espárragos puede haber una destrucción total de la producción nacional. Perú es el principal exportador del mundo de ese producto; ya desplazó a Estados Unidos y a China. Su precio es una tercera parte del de México.
En cuanto al plátano, el CNA no ve el sentido de abrir la frontera pues en México el mercado de esa fruta es volátil y hay problemas de sobreproducción, por lo que cualquier volumen adicional impactará los precios a la baja. Además, los productores mexicanos son pequeños y medianos, mientras que en Perú son verdaderas trasnacionales que no le van a comprar nada a México, y en parte porque el precio del plátano en Perú es 29% inferior al de México.
En chiles secos ya ha habido, prácticamente, un avasallamiento. Aun con el arancel actual de 20%, las importaciones de chile seco peruano son del orden de 9 mil toneladas, que significan un aumento de 5000% en los últimos ocho años.
En el caso del sector pesquero, el CNA augura una verdadera tragedia si el Senado ratifica y aprueba el acuerdo comercial con Perú en los términos establecidos por los dos gobiernos.
Dice Cortés: “El sector quedará libre de arancel al cabo de 10 años, desgravándose 10% cada año. Perú es el país que más volumen de pescado captura en el mundo, es el número uno: 6 millones de toneladas, es el principal productor de harina de pescado, 1.6 millones de toneladas, que es 16 veces mayor que la de México, y también de aceite de pescado.
“Además Perú cuenta con una flota de más de mil embarcaciones mayores; México tiene 75. Perú fija los precios internacionales para la sardina, la pesca ribereña y el atún. Es un peligro mayor y lo vamos a desgravar completamente en 10 años.”
Insiste en que de aprobarse el acuerdo comercial –si bien puede traer ventajas a México en materia de industria y servicios–, el sector agropecuario quedará severamente dañado.
Alerta: “Con los tratados y acuerdos comerciales que México tiene con 50 países, el gran perdedor ha sido el sector agropecuario y ahora se le quiere dar un golpe más. Pero hay que recordar que el sector representa la tercera parte de la población del país y en particular el sector rural tiene el doble de pobreza que las zonas urbanas.
“Además el sector agropecuario –aunque cada vez más chico: en dos décadas el PIB agropecuario pasó de 8% a 4%– es la actividad económica número uno o dos en casi 70% de los municipios del país. Es decir, en una muy grande porción de México no hay otra actividad económica que no sea la agropecuaria.”
Cuenta que la férrea oposición a que se incluyeran los productos sensibles en el acuerdo –“nunca dijimos no al tratado en sí”, afirma– fue no sólo porque se estaban abriendo fronteras a productos en los que México es autosuficiente, sino porque además de las claras ventajas de Perú, en ese país persisten prácticas desleales de comercio, como la triangulación y el contrabando de productos sensibles, como el ajo chino (algo estrictamente documentado) y los productos lácteos.
Además, dice, los productos de Perú son de menor calidad y faltan normas oficiales en México que den orden al cumplimiento de los atributos y características de los productos que se van a comercializar en el país.
Particularmente, afirma, el tema fitozoosanitario es muy relevante: Perú dispone de nulos o pocos controles que permitan garantizar la sanidad e inocuidad de sus exportaciones. “Y lo que es peor, padece plagas –como la mosca del Mediterráneo– y otras enfermedades que no existen en México”.
Entre ellas: gusano barrenador del hueso, canker, tristeza y cochinilla rosada, además de la fiebre aftosa y el gusano barrenador del ganado.
Pero el equipo negociador mexicano, encabezado por Ferrari y la subsecretaria Beatriz Leycegui, desoyó todo eso. De última hora se fue por la libre: a espaldas de los productores mexicanos concedió apertura a Perú en productos de los cuales ya se había negociado la exclusión.
Juan Carlos Cortés remata: “Teníamos una muy buena relación con el gobierno federal y la negociación venía muy bien. Pero se rompió cuando arbitrariamente la Secretaría de Economía desconoce los acuerdos que ya se habían alcanzado y decide crear una propuesta nueva e irse solos en la negociación.
“Fue el meollo, porque a pesar de que sabíamos que no teníamos un mercado potencial, nos lanzamos a negociar y avanzamos mucho, con el ánimo de que otros sectores de la economía pudieran aprovecharlo. Ahí viene un giro que creemos nosotros fue poco afortunado.
“Economía echó a la basura todo el trabajo realizado durante seis años entre el sector público y privado de ambos países. Se perdió el sentido de las consultas al sector agropecuario, que habían implicado más de 100 reuniones de trabajo y nueve rondas de negociaciones.”
Concluye: “Sólo falta esperar qué decide el Senado de la República, del que recibimos un respaldo total”.
El mismo día de la entrevista con Juan Carlos Cortés, Proceso solicitó formalmente a la Secretaría de Economía una entrevista con la subsecretaria Leycegui, que encabezó las negociaciones de los últimos años. “En dos horas le llamamos”, dijo el funcionario que atendió.
Pasaron 10 días y no hubo respuesta.
Programa de la Sagarpa despilfarra 600 MDP
Evaluaciones de la Auditoría Superior, el Coneval y el Banco Mundial reprueban la aplicación de más de 600 millones de pesos del programa Ingreso Objetivo, supuestamente diseñado para “amortiguar” la caída de los precios del sector agropecuario. La Sagarpa ejerce el presupuesto sin control, sin definir su población objetivo ni actualizar sus manuales, señalan.
Más de 600 millones de pesos programados para atender los “problemas estructurales” del campo mexicano son operados sin control ni mecanismos adecuados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), encabezada por Francisco Mayorga Castañeda.
Así lo muestra una auditoría de cumplimiento aplicada al organismo Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), encargado de suministrar los recursos del Programa de Atención a Problemas Estructurales en su Componente de Ingreso Objetivo.
Además, evaluaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y del Banco Mundial reprueban la operación del programa diseñado para “amortiguar” las caídas de los precios en el sector.
Según el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009 –elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF)–, el presupuesto destinado ese año para el Ingreso Objetivo fue de 683 millones 188 mil 300 de pesos.
El máximo órgano de fiscalización del país apunta que Aserca “operó con un manual de organización y manuales de procedimientos desactualizados, que no coinciden con las modificaciones realizadas en su estructura orgánica”, por lo que la Dirección de Organización y Sistemas Administrativos tuvo que informar que “se están realizando las acciones para que se actualicen y autoricen los manuales”.
Cruz López Aguilar, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería en la Cámara de Diputados, dice que la estructura de la Sagarpa está “viciada”; hay delegados y funcionarios que “se han dedicado a crear problemas y dificultades”.
“El tema de las Reglas de Operación ha sido una de las formas para obstaculizar el ejercicio de los recursos, la eficacia y eficiencia de los programas, por lo que hemos estado haciendo modificaciones para su próxima aplicación”, dice el legislador priista.
Beneficiarios sin registro
Además, la ASF identificó “errores” de captura y falta de registro de los datos relativos al Registro Federal de Contribuyentes y a la Clave Única del Registro de Población, “así como beneficiarios que tienen más de una clave de productor, las cuales no han sido depuradas del sistema, de conformidad con los criterios de transparencia y control que regulan la Administración Pública Federal”.
La plataforma electrónica Subsidios al Campo en México publica que el Ingreso Objetivo sumó 21 mil 503 millones de pesos, con un total de 312 mil 230 apoyos, de 2000 a 2007, cuya lista es encabezada por Manuel Murua Sociedad de Solidaridad Social, en Coahuila y Durango, con 99 millones 269 mil 923 pesos.
Para calificar la eficacia del programa, la Auditoría revisó una muestra de 311 expedientes de los beneficiarios en Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Sonora y la Comarca Lagunera (Coahuila y Durango), por un importe global de apoyo de 385 millones 622 mil pesos, “los cuales no se encontraban debidamente integrados”.
Como resultado de la intervención, dice la ASF, Aserca procedió a incorporar la documentación faltante, sin embargo, “se evidenció la falta de control en la integración de los expedientes que sustentaron la entrega de los apoyos del Componente de Ingreso Objetivo en el ejercicio 2009”.
De los productores beneficiados, el informe indica que “no se lleva un adecuado control del registro de los contratos de compra-venta del algodón…, se identificó que no se utiliza un criterio consistente en el cálculo de los apoyos cuando existe un contrato”.
La entidad fiscalizadora es contundente y señala que Aserca no cuenta con información para establecer mecanismos de control, en “incumplimiento” con los criterios de transparencia y control.
Javier Usabiaga, exsecretario de Agricultura y secretario de la Comisión de Agricultura y Ganadería, en la Cámara de Diputados, dice desconocer los resultados del Informe dado a conocer en febrero pasado. No obstante, como exfuncionario de la Sagarpa, califica: “El Ingreso Objetivo hoy en día es ineficaz. Cumplió porque es un paracaídas. Hoy en día no es necesario”.
El Coneval reprueba el Ingreso Objetivo
El Informe de la evaluación específica de desempeño 2008 al Programa de Atención a Problemas Estructurales, elaborado por el Coneval, también reprueba la operatividad del mismo, pues indica que no cuenta con una “población objetivo definida”.
Encargado de calificar la política de desarrollo social del país, el Coneval muestra que el Ingreso Objetivo no tiene “impactos” que permitan “conocer si el programa ha contribuido a resolver los problemas estructurales que atiende”, lo que lo hace “extremadamente regresivo”.
Este programa sólo se ha dedicado a atender a una “pequeña” proporción de los productores excedentarios de granos y oleaginosas, y “afecta negativamente” a los agricultores excluidos.
El Ingreso Objetivo buscó en 2008 “facilitar el acceso de los productores agropecuarios y pesqueros a los energéticos a precios competitivos; dar certidumbre a los productores de granos y oleaginosas elegibles comercializados a precios de mercado, garantizando un ingreso objetivo mínimo y ordenar el mercado de granos y oleaginosas elegibles con transacciones comerciales oportunas que den certidumbre a los productores y compradores en los mejores términos de mercado”, indica el Coneval.
El priista López Aguilar, líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC), critica que la Secretaría de la Función Pública (SFP) no ha aplicado las sanciones correspondientes a los funcionarios que operan ineficazmente el programa. “La Auditoría Superior le ha dado más transparencia a lo que ocurre en la administración pública, pero hay muchos de los recursos que, de manera deliberada, se subejercen o se hacen economías que realmente no tienen sentido y terminan ubicados en los fondos en los que hay todavía opacidad.
“Hablan mucho de transparencia y honestidad, pero la SFP y las contralorías internas de las diferentes dependencias no han sancionado a nadie”, dice.
Cultivos de bajo valor
Para el Banco Mundial, el programa que en 2009 suministro más de 680 millones de pesos “alienta a los agricultores a producir cultivos de bajo valor, e incluso cultivos (forraje) de alto requerimiento de agua con recursos hídricos que son escasos”.
En el Análisis del gasto público en el desarrollo agrícola y rural, el organismo financiero internacional lo califica de un programa “distorsionador” que tiene que ser reemplazado por programas de pago por servicios ambientales, inocuos para el medio ambiente y dirigidos a grupos específicos.
Con ello, dice en el informe 51902-MX, “se permitirían reducir las distorsiones y proteger los ingresos de los pequeños agricultores y, al mismo tiempo, producir valiosas externalidades a nivel nacional y mundial”.
El panista Javier Usabiaga dice que urge que el campo mexicano sea modernizado a través de la aplicación de tecnología y actualización de los padrones de beneficiarios, ya que éstos se convierten en “trampas” para emplear eficazmente los recursos asignados.
Para Cruz López Aguilar, lo que “se tiene que hacer es una reingeniería de cómo se va a atender preventivamente el tema de las contingencias, qué vamos a hacer en materia de captación de agua, de incremento en la cobertura vegetal en todo el país.
“Se tiene que hacer un replanteamiento para darle certidumbre a los campesinos. Es indispensable que busquemos mecanismos de formulación de otros productos y de aseguramiento, que garanticen que, con los mismos recursos que actualmente dedicamos, no se van a ver afectados”, comenta el líder de la CNC.
jueves, abril 21, 2011
Sagarpa garantizará alimentos con transgénicos
La siembra de maíz transgénico “es una herramienta que México tiene que experimentar”, afirma Enrique Sánchez Cruz, titular del Senasica. En breve, esa dependencia federal podría aprobar la siembra experimental de organismos genéticamente modificados en más de 2 mil hectáreas de suelo mexicano. La “justificación”, según el gobierno, es garantizar el abasto de alimentos. No obstante, expertos aseguran que ésta no es la solución.
Con el pretexto de “garantizar” la seguridad alimentaria, el gobierno federal abre las puertas a la siembra de maíz transgénico. Estudios y expertos en la materia rechazan que ésta sea la vía para que los más pobres del país tengan acceso a la alimentación.
Aunque Enrique Sánchez Cruz, titular del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), admite que la siembra de organismos genéticamente modificados (OGM) “no es la solución, no es la panacea del mundo”, afirma –en entrevista con Contralínea– que “es una herramienta que México tiene que experimentar”.
Sánchez Cruz es el encargado de vigilar la inocuidad de los alimentos que se consumen en el país. Él mismo ha estado al frente de la autorización de siembra experimental de maíz transgénico, que actualmente se lleva a cabo en Nayarit, Sinaloa, Tamaulipas, Coahuila, Durango y Sonora.
También es el encargado de autorizar a las trasnacionales Monsanto, Dow AgroSciences, PHI México y Syngenta Agro la dispersión de OGM en más de 2 mil hectáreas de suelo mexicano.
En el marco de lograr la seguridad alimentaria, el presidente Felipe Calderón Hinojosa y el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Francisco Javier Mayorga Castañeda, alertaron que, para 2012, la producción de alimentos se reducirá al 50 por ciento, por lo que activaron el programa Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional.
Según la nota del reportero Jorge Ramos Pérez, del diario El Universal, “la intención es generar más maíz y más trigo en la misma superficie, a través de mejorar genéticamente sus semillas y que sean más resistentes a plagas y sequías”.
La FAO alerta
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por su siglas en inglés), existen ciertos peligros en la aplicación de biotecnología para la producción de alimentos. La Declaración de la FAO sobre biotecnología, publicada en marzo de 2000, indica que “tales riesgos pueden clasificarse en dos categorías fundamentales: los efectos en la salud humana y de los animales y de las consecuencias ambientales”.
El organismo mundial reconoce que “hay que actuar con precaución para reducir los riesgos de transferir toxinas de una forma de vida a otra, de crear nuevas toxinas o de transferir compuestos alergénicos de una especie a otra, lo que podría dar lugar a reacciones alérgicas imprevistas”.
No obstante, la FAO impulsa el uso de estas tecnologías bajo la justificación de que la biotecnología ofrece “instrumentos poderosos” para el desarrollo sostenible de la agricultura, la pesca y la actividad forestal, así como de las industrias alimentarias.
“Cuando se integra debidamente con otras tecnologías para la producción de alimentos, productos agrícolas y servicios, la biotecnología puede contribuir en gran medida a satisfacer, en el nuevo milenio, las necesidades de una población en crecimiento y cada vez más urbanizada”, indica la Declaración de la FAO sobre biotecnología.
Enrique Sánchez Cruz –titular en jefe del Senasica, que depende de la Sagarpa– dice que los experimentos que se llevan a cabo en México tienen modificaciones genéticas de maíz que son “aptas” para consumo. “Científicamente, no está probado que cause algún problema”, argumenta.
Agrega que en México, como centro de origen del maíz, no se sembrará este grano transgénico en las regiones del centro y Sur del país. “Tenemos un monitoreo de OGM operando en Tecamac, Estado de México [Centro Internacional para el Mejoramiento del Maíz y Trigo]. No estamos trabajando a ciegas”, dice.
Adelita San Vicente Tello, ingeniera agrónoma por la Universidad Autónoma Metropolitana y representante de la asociación civil Semillas de Vida, expresa que actualmente diversas organizaciones campesinas y ecologistas están exigiendo “que se pare toda la siembra, que se evite que se pase a la siguiente fase [piloto] y se revierta la posible contaminación antes de que suceda un desastre económico de contaminación en todo el país” (Contralínea 224).
El mito de los OGM
Sánchez Cruz arguye que la tecnología de los transgénicos es una “técnica muy antigua”. Justifica que, “en otros países, se usa [desde] hace muchos años en la medicina humana y vacunas. El de las personas que viven con diabetes es transgénico”.
El funcionario de la Sagarpa ejemplifica como éxito de la siembra de OGM el cultivo de algodón y la soya, pues “se dejó de hacer por la presencia de plagas”. Ahora, dice, “con el uso de transgénicos en el algodón, hoy por hoy, hay más de 100 mil hectáreas sembradas de forma experimental y ya se comercializa el transgénico. El uso de la tecnología te da dos ventajas: solamente atacas al insecto blanco, no matas a todos los demás y, por otro lado, no afectas al medio ambiente”.
Miguel Altieri, investigador de la Universidad de California, Berkeley, asegura que “las compañías de biotecnología con frecuencia proclaman que los organismos genéticamente modificados, en especial las semillas, son un descubrimiento científico importante y necesario para alimentar al mundo y reducir la pobreza en los países en desarrollo”.
En su ensayo “Biotecnología agrícola en el mundo en desarrollo. Mitos, riesgos y alternativas” ?publicado en la revista Ciencias, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México?, critica que los organismos internacionales apoyan esta premisa bajo el argumento de incrementar la seguridad alimentaria en el mundo en desarrollo.
Sin embargo, para el investigador estadunidense, uno de los factores que ha ocasionado la crisis en los alimentos es la globalización, pues “también es un factor de hambre, especialmente cuando los países en desarrollo adoptan políticas de libre comercio (bajando los aranceles y permitiendo el flujo de bienes procedentes de los países industrializados) amparados por instituciones internacionales de crédito”.
Y alerta que “la mayoría de las innovaciones tecnológicas disponibles hoy en día no toman en cuenta a los campesinos pobres, pues estos agricultores no están en capacidad de costear las semillas protegidas por patentes pertenecientes a las corporaciones de biotecnología”.
Para Sánchez Cruz, la solución a este problema se centra en que se tiene que entrenar a los productores: “Capacitarlos con toda la información que exista para que la decisión no sea de quien venga [las trasnacionales], promueva algo y el productor lo compra porque está bien promovido, no porque sea útil. Tiene que haber suficiente difusión”.
El rechazo
Ante el rechazo manifestado por organizaciones campesinas y ambientalistas, relacionado con la siembra experimental de maíz transgénico que lleva a cabo Monsanto, el servidor público se limita a decir que hay “muchas situaciones” en las que se habla de esta empresa, pero los permisos son de “quien los solicite y nos obligue a atender en el marco de la ley”.
Añade que “se está buscando que todo lo que experimente Monsanto esté autorizado para consumo… No hay ninguna modificación genética que quiera experimentar en nuestro querido México, ni esta empresa ni otras, si no está autorizada por nuestra estructura de salubridad representada por la Cofepris” (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios).
El interés de esto, dice, es sólo una “herramienta” que con la investigación científica arrojará qué tanto se recomienda su uso y en qué lugares o condiciones será utilizada.
“Habrá que analizar con mucho cuidado el momento en que se llegue a la fase comercial; los resultados van a depender de la región. Los promoventes quisieran que fuera mañana, pero va a ser conforme la ley lo mandata.”
En una carta dirigida a Sánchez Cruz y firmada por los representantes de la campaña Sin Maíz no Hay País ?por más de 300 organizaciones y de personas que demandaban al gobierno una política de atención al campo mexicano?, se menciona: “En el momento que vive nuestro país es urgente que el gobierno mexicano asuma una postura responsable frente a un asunto de seguridad nacional que implica a nuestro alimento básico, el maíz, y con él, la sobrevivencia de millones de campesinos y de los pueblos indígenas que desde hace miles de años han creado, reproducido y salvaguardado este patrimonio que nuestro país brindó al mundo.
“Los únicos beneficiados con la introducción de maíz transgénico a México serán las empresas trasnacionales que buscan lucrar con la riqueza genética de la nación. Se repetiría la infame historia del intercambio de oro por cuentas de vidrio.”
Monsanto, “una empresa grandota”
Monsanto, que tiene concedidas 33 hectáreas para la siembra experimental, carece de una evaluación empresarial por parte del gobierno federal. El titular del Senasica se remite a describirla como “una empresa grandota, trasnacional, internacional”.
“Hasta ahora, no hemos tenido queja de que lo que vende [semillas y plaguicidas] no sea bueno. Automáticamente se sabría.
“Lo que necesitamos garantizar es que la alimentación de la gente en el mundo sea sana e inocua. Hasta ahorita, el uso de este tipo de alimentos no se ha demostrado científicamente que haga daño y en medicinas, tampoco; al contrario, han salvado vidas. Hoy, la presión de la población te indica que se debe garantizar el abasto de alimentos en el mundo. Donde hay que trabajar mucho es en el consumidor, que debe estar enterado de lo que come”, concluye.
Los Estatus de solicitudes de permiso de liberación al ambiente de maíz genéticamente modificado, correspondientes a 2009 y 2010, indican que las semillas genéticamente modificadas de Monsanto se dispersan en 33 hectáreas ubicadas en Nayarit, Sinaloa, Tamaulipas, Coahuila, Durango y Sonora.
Los documentos oficiales del Senasica indican que, hasta el cierre del año pasado, Monsanto, Dow AgroSciences, PHI México y Syngenta Agro solicitaron al gobierno mexicano sembrar sus granos en 2 mil 171.6 hectáreas.
Marco legal de los transgénicos
El artículo 12 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) indica que corresponde a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación el ejercicio de sus facultades en los siguientes casos:
I. Vegetales que se consideren especies agrícolas, incluyendo semillas, y cualquier otro organismo o producto considerado dentro del ámbito de aplicación de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, con excepción de las especies silvestres y forestales reguladas por la Ley General de Vida Silvestre y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, respectivamente, y aquéllas que se encuentren bajo algún régimen de protección por normas oficiales mexicanas derivadas de esas leyes.
II. Animales que se consideren especies ganaderas y cualquier otro considerado dentro del ámbito de aplicación de la Ley Federal de Sanidad Animal, con excepción de las especies silvestres reguladas por la Ley General de Vida Silvestre y aquéllas que se encuentren bajo algún régimen de protección por normas oficiales mexicanas derivadas de esas leyes.
III. Insumos fitozoosanitarios y de nutrición animal y vegetal.
IV. Especies pesqueras y acuícolas, con excepción de aquéllas que se encuentren bajo algún régimen de protección por normas oficiales mexicanas
V. OGM que se utilicen en la inmunización para proteger y evitar la diseminación de las enfermedades de los animales.
VI. OGM que sean hongos, bacterias, protozoarios, virus, viroides, espiroplasmas, fitoplasmas, y otros microorganismos, que tengan fines productivos agrícolas, pecuarios, acuícolas o fitozoosanitarios.
martes, marzo 29, 2011
Mayorga, en la mira de la ASF
El secretario de Estado Francisco Javier Mayorga Castañeda se encuentra en la mira del máximo órgano de fiscalización del país por cobrar subsidios del Procampo en su calidad de empresario y titular de la Secretaría de Agricultura. El funcionario deberá justificar documentalmente ante la Auditoría Superior de la Federación su conducta o, de lo contrario, devolver los recursos públicos. Otros 576 de sus subordinados se encuentran en la misma situación. Legisladores piden a la autoridad fiscalizadora que presente denuncias penales por este hecho, denunciado por Contralínea desde octubre de 2009
Francisco Mayorga Castañeda, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), deberá devolver los subsidios del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo), obtenidos en su dualidad de empresario y servidor público, de no justificar ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la obtención de más de 31 mil pesos durante el ciclo primavera-verano 2009.
No obstante, el titular de la dependencia y su familia se han allegado de más de 14 millones de pesos del erario a partir de su ascenso a la cúpula de la administración pública federal en el sexenio de Vicente Fox Quesada, como lo reveló Contralínea en octubre y noviembre de 2009.
En la misma situación de Mayorga Castañeda, se encuentran otros 576 empleados del Estado que operan en la dependencia y cobran los subsidios como productores agrícolas.
Así lo indica el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009, elaborado por la ASF. El documento indica que de no justificarse la entrega de los “apoyos” a los funcionarios, la Auditoría Superior procederá a recuperar 5 millones 663 mil pesos.
El máximo órgano de fiscalización del país –encabezado por Juan Manuel Portal Martínez– advierte que los servidores públicos contravienen las Reglas de Operación de los Programas de la Sagarpa, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008.
El perredista José Narro Céspedes, secretario técnico de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, asegura que la ASF debe avanzar e instrumentar demandas penales porque se está recibiendo un pago indebido”.
Correligionaria de Mayorga Castañeda, la diputada panista Dora Evelyn Trigueras Durón sale en defensa del secretario de Estado, pues dice que “es uno de los mejores que ha habido en la Sagarpa; antes de ser funcionario, era empresario”.
Los Mayorga, subsidiados en 2009
De acuerdo con el Padrón de Beneficiarios Ciclo Primavera Verano 2009- Procampo Tradicional, Registro Alterno y Capitaliza (el más reciente, actualizado en el portal de internet de la Secretaría), Francisco Javier Mayorga Castañeda fue apoyado en ese periodo con 31 mil 779 pesos por la dependencia que él mismo encabeza.
El también director de Industrias Melder y Semillas Caloro aparece como subsidiado, al igual que su hermana Luz Teresa Mayorga Castañeda, por la siembra de maíz blanco y amarillo en Ameca, Jalisco, de donde son oriundos.
El programa operado por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) –órgano dependiente de la Sagarpa– indica que Luz Teresa Mayorga Castañeda obtuvo en ese mismo ciclo agrícola 26 mil 964 pesos.
Las reglas de operación
El Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009 cita las Reglas de Operación de la Sagarpa para puntualizar las faltas cometidas por los 576 servidores públicos que aparecen en las listas del Procampo.
En su artículo 6 se establece que “…bajo ningún concepto podrán ser beneficiarios de los programas y componentes de las presentes Reglas de Operación los servidores públicos de la Secretaría, de los agentes Técnicos o las secretarías de Desarrollo Agropecuario (SDA) o sus equivalentes de las entidades federativas o de los municipios.
“Aquellos servidores públicos que por motivo de su encargo participen en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios [...] deberán excusarse de intervenir.
“Los servidores públicos deberán informar de inmediato y por escrito a la Secretaría respecto de la atención, tramitación o resolución de asuntos relacionados con el párrafo anterior y, en su caso, su calidad de beneficiario de cualquiera de los programas o componentes a que se refieren estas Reglas”, de acuerdo con las Reglas de Operación vigentes al momento de realizar la auditoría.
El diputado perredista Narro Céspedes critica: “Por ética y norma, los servidores públicos deben abstenerse de cobrar el Procampo, aunque tengan tierras y sean campesinos. Es claro que esto se presta al tráfico de influencias y cosas totalmente ilegales”.
La secretaria de la Comisión de Agricultura, Trigueras Durón, dice que si la ley pide que renuncie a los apoyos del Procampo, “que se aplique”.
Los otros apoyos
El 4 de octubre y el 1 de noviembre de 2009, Contralínea documentó que el secretario Francisco Mayorga y su familia han sido beneficiarios del Procampo, a pesar de que el político ha encabezado la Secretaría en dos periodos.
De los montos publicados por la Sagarpa, se evidenció la entrega de 507 mil 573 pesos, recibidos en total de 2000 a 2008. De éstos, 290 mil 796 pesos le fueron dados en su dualidad de funcionario y “campesino”.
El Padrón de Beneficiarios del Procampo revela que, junto con Francisco Javier Mayorga, su hermana y socia en Industrias Melder, Luz Teresa Mayorga Castañeda, recibió más de 416 mil pesos en los primeros ocho años de la administración panista. Y a Salvador Arturo Mayorga Cameros, padre del secretario, le fueron transferidos más de 251 mil pesos en el mismo periodo.
El capítulo I de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos ordena en su artículo 8, fracción XI, que todo funcionario debe “excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”.
Indica que el funcionario podría incurrir en conflicto de intereses cuando “los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión”.
Además, el secretario de Estado ha sabido allegarse de otros recursos públicos por más de 14 millones de pesos: por la entrega de apoyos, contratación de asesorías y sueldos como servidor público (Contralínea 155).
El dictamen de la ASF
Con base en las Reglas de Operación de la Sagarpa, la ASF auditó el programa social más importante en el agro mexicano: Procampo. Resultado de las investigaciones, se derivó que en el padrón de beneficiarios hay adscritos 577 servidores públicos que cobran subsidios.
De estas acciones, el máximo órgano de fiscalización del país solicitó información al respecto de los subsidios cobrados por los funcionarios. A través del oficio F00.5.2.01/093/2010 del 25 de noviembre de 2010, el director de Seguimiento Operativo de Aserca informó que de los 577 servidores públicos de la Sagarpa, sólo 35 se encuentran directamente involucrados en la dictaminación del apoyo de Procampo por ocupar una jefatura, “dado que una vez validada la pertinencia documental, el productor llena el formato de solicitud de apoyo, firma la solicitud y la entrega al Cader (Centro de Apoyo al Desarrollo Rural) que acusa de recibido y entrega una copia de ésta al productor. Al final de la jornada diaria, el jefe del Cader revisa las solicitudes y dictamina su procedencia con la clave P000”.
No obstante, la ASF no quedó satisfecha con la respuesta oficial, pues asentó en el informe que la Sagarpa “no demostró las gestiones realizadas para sancionar a los servidores públicos o recuperar los recursos otorgados”.
Por lo anterior, la entidad fiscalizadora solicitó que Aserca aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 5 millones 663 mil pesos que se otorgaron en el ejercicio fiscal de 2009 a 577 servidores públicos de la Sagarpa como subsidios del Procampo.
En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, advierte, “la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado”.
Además, solicitó al Órgano Interno de Control en la Sagarpa que “realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión, durante 2009, obtuvieron beneficios por apoyos del Procampo”.
Alberto Jiménez Merino, coordinador del Sector Agrario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, reprueba las acciones de los servidores públicos subsidiados por el Procampo, por lo que dice, “es urgente que se depure el padrón. Quienes tienen una responsabilidad pública, por naturaleza de su función, por ética debieran estar retirados de los apoyos”.
sábado, febrero 12, 2011
México y grandes regiones del mundo, en riesgo de hambrunas
Trasnacionales agropecuarias imponen una nueva división internacional del trabajo donde las naciones ricas y desarrolladas venden sus excedentes en el mercado internacional y las naciones pobres y dependientes son proveedoras marginales de frutas o verduras que completan el consumo de los ricos del mundo. Este nuevo poder alimentario mundial amenaza con hambre y muerte a millones de personas.
La dificultad para acceder a los alimentos es lo que sitúa a millones de personas en todo el mundo al borde de la inseguridad alimentaria. Aunque en muchas regiones del planeta la producción de alimentos aumentó, el número de personas hambrientas también creció por la falta de una distribución efectiva de esos alimentos y el rápido crecimiento de la población. Esto se traduce en la inseguridad alimentaria que, en un futuro cercano, podría generar grandes conflagraciones, advierten especialistas mexicanos y organismos internacionales.
La falta de nutrientes lleva al subdesarrollo, que trae consigo enfermedades y muerte. Asimismo, lleva a que los trabajadores tengan baja productividad y los países, cuya población está en estas condiciones, presenten bajísimos índices de competitividad internacional. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece, en su artículo 25, que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, salud, bienestar y, “en especial, alimentación”.
Sin embargo, el derecho a una alimentación adecuada no es una realidad para los habitantes de ninguno de los continentes, advierten los organismos internacionales y académicos. Un gran número de países, dependientes de los alimentos que compran en el exterior, tampoco cumplen con los tres requisitos que impone la Declaración: respetar el acceso a la alimentación adecuada, evitar que empresas o particulares priven a las personas de una alimentación adecuada, facilitar y cumplir el acceso de la población a los recursos que aseguren sus medios de vida.
Actualmente, las principales instituciones relacionadas con la seguridad alimentaria en el mundo –incluyendo gobiernos y especialistas– están alarmadas por considerar que es inminente que durante 2011 se inicie una nueva etapa de la crisis global alimentaria, expresada, sobre todo, en alzas en los precios de los alimentos básicos.
Esta crisis alimentaria afecta a todo el mundo, con mayor o menor intensidad. No obstante, es una crisis donde hay ganadores y perdedores, señala Emilio Romero Polanco, coordinador del Seminario de Economía y del Tercer Mundo de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Indica que hay naciones que se han transformado en los graneros del mundo, como Estados Unidos y la Unión Europea, que resultan beneficiarios de este proceso. Esto ocurre porque ellos son los principales exportadores de granos que ahora se cotizan al alza.
Por el contrario, los principales afectados son los países pobres, en particular aquellos que carecen de petróleo y los que guardan los más altos grados de dependencia alimentaria. Esta situación impacta directamente sobre sus reservas y divisas, montos de exportaciones que deben colocar internacionalmente para seguir comprando los volúmenes de alimentos, aunque a precios mayores.
Romero señala, como una particularidad, que este fenómeno también afecta a los pobres de los países ricos. Aunque Estados Unidos sigue siendo la principal potencia hegemónica, se beneficia de la crisis alimentaria por sus grandes excedentes de granos que coloca en el mercado internacional y por ser cuna de algunas de las principales empresas trasnacionales agroalimentarias vinculadas al agrobusiness.
Apunta el investigador que, no obstante ese poderío, la escalada actual en los precios también afecta a los estadunidenses más pobres. Actualmente, hay alrededor de 40 millones de personas en ese país que viven en situación de pobreza alimentaria, es decir que sus ingresos no les permiten el acceso a la canasta básica.
Viven en condiciones de pobreza extrema similares a las que se registran en el Tercer Mundo. Se ha señalado que ahí también existe desigualdad. Como ironía, se dice que no es lo mismo ir a recoger los restos alimenticios en la basura de los barrios de Beverly Hills, California, que en Haití. La pobreza se ha globalizado: no sólo se da, como en la década de 1980, en los países pobres del mundo. A pesar de distintos diagnósticos desarrollados por investigadores, prácticamente son ignorados en el centro de la toma de decisiones. En países como México, las autoridades han desarrollado políticas que, de manera incondicional, benefician los intereses agroalimentarios, particularmente a los estadunidenses, que en función de sus intereses remodelan el sector rural y agroalimentario en nuestro país. Romero sostiene que esto ocurre, por lo menos, desde 1982 a la fecha.
Tiene la impresión de que, en ocasiones, esos altos funcionarios vinculados a la problemática agropecuaria y alimentaria “actúan y piensan más como empleados de empresas trasnacionales que como funcionarios del Estado mexicano”.
Romero Polanco hizo una reseña crítica del informe El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo. Los precios elevados de los alimentos y la seguridad alimentaria: amenazas y oportunidades, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO (Revista Latinoamericana del Desarrollo, 156, 2009). Este documento, que revisa lo ocurrido hasta 2008 y se hizo público en 2010, señala la crisis alimentaria en que viven millones.
El investigador sostiene que desde la década de 1970 hasta la fecha, se ha ido conformando una nueva división del trabajo agroalimentaria internacional. Describe que en la actualidad, un puñado de países altamente desarrollados se transformó en los graneros del mundo, dejando a los países del Tercer Mundo el papel de mercado para sus excedentes alimentarios y como suministradores marginales de productos tropicales, flores, frutas, verduras para complementar estacionalmente el consumo doméstico del Primer Mundo.
Es decir, las naciones más poderosas del mundo, particularmente Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, entre otros, son los principales productores, exportadores e importadores de todo tipo de alimentos. En ellos se concentra el nuevo poder alimentario mundial. Se ha estimado que cada uno de los productos que se comercializan en el mercado mundial es de dos o tres firmas trasnacionales.
Decisiones de Estado Este escenario no es producto de la casualidad, sino de decisiones de Estado que se han impulsado desde los países ricos, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros, inducido en países como México, refiere Romero.
“Esa política de transformar a los países pobres en mercados cautivos de esos excedentes se ha fomentado a través de políticas. La crisis alimentaria es expresión de la guerra alimentaria que se vive en el planeta. Es una parte de la lucha entre Estados por la hegemonía del mercado mundial, los conflictos por el proteccionismo entre Estados Unidos y Europa, pero también entre grandes empresas trasnacionales agroalimentarias, como Danone, General Foods, Cargill, entre otras.”
Leer mas AQUI.
lunes, febrero 15, 2010
La transa, el campo, la jauja
El secretario Mayorga, sus hermanos y su padre, reciben millones de pesos, desde hace años, en subsidios al campoEl gobierno federal ayuda desde 2001 a Ofelina Guzmán Loera y a otros dos hermanos de “El Chapo” Guzmán
El hermano de Arturo Beltrán Leyva, Carlos, detenido en enero pasado, se beneficia de Procampo desde 1995
ESCUCHAR AL AUTOR AQUI.
Tardaron 15 años los políticos en descubrir que Procampo, el programa más importante de apoyo a la producción agropecuaria y la estrategia estrella para mejorar la productividad en el medio rural, era un fracaso. Unos meses después de haber dado a conocer esta noticia EL UNIVERSAL han constatado que los funcionarios responsables decidieron seguir quebrantando la ley y la ética. Y no se molestan en negarlo. Cínicos, funcionarios, políticos, incluso presuntos delincuentes, permanecen en la lista de beneficiarios.
Procampo fue creado en 1994 con el objetivo de mejorar la “competitividad interna y externa” entre los campesinos mexicanos ante la apertura de fronteras con Estados Unidos y Canadá. A la postre, todas las evaluaciones demuestran que no sirvió para su propósito y en cambio sí contribuyó a ahondar las diferencias entre los grandes productores y los pequeños.
Con las últimas modificaciones a las reglas de operación sufridas por este programa, la Secretaría de Agricultura aparentemente quiso cambiar la situación para que los productores que poseen menos de cinco hectáreas, 70% del padrón, obtuvieran mejores apoyos. Hoy este diario corrobora que la mala distribución continúa de manera muy similar.
¡Y cómo no, si el responsable de hacer que las injusticias concluyan es uno de los interesados en que el programa siga beneficiando a los productores más ricos! En el colmo del conflicto de intereses, el secretario de Agricultura, Francisco Javier Mayorga Castañeda, y también su familia, reciben recursos de Procampo, millones de pesos provenientes de nuestros impuestos.
¿Qué dicen de lo anterior las autoridades de Sagarpa? Rodolfo González Muñoz, coordinador general jurídico de la secretaría, arguye: “Mientras el secretario se dedique a una actividad lícita y cumpla con las reglas de operación de los programas, me parece que sería discriminatorio sacarlo”. Con esta afirmación el empleado de Mayorga Castañeda ignora flagrantemente la responsabilidad que pesa sobre sus espaldas: en el artículo sexto de las normas de operación de la Sagarpa se estipula: “Los servidores públicos, bajo ningún concepto podrán ser beneficiarios de los programas”. No hay margen para la interpretación. Cuando Mayorga actúa a la vez como parte del gabinete calderonista y productor beneficiario de Procampo cae en una situación irregular.
Estamos ante un enorme cinismo, una negligencia que tiene toda la facha de corrupción y un gobierno federal que parece encantado con dejar las cosas como están. La Secretaría de la Función Pública, obligada por ley a perseguir irregularidades como las arriba descritas, ha hecho caso omiso a todas las evidencias. ¿Si esto sucede cuando las anomalías son expuestas y comprobadas ante la opinión pública, qué esperanza tenemos los ciudadanos de que el resto del gasto federal se ejerza eficaz y honradamente? Y luego se enojan cuando la gente dice un no rotundo a la hora de pagar sus impuestos.
Procampo fue creado en 1994 con el objetivo de mejorar la “competitividad interna y externa” entre los campesinos mexicanos ante la apertura de fronteras con Estados Unidos y Canadá. A la postre, todas las evaluaciones demuestran que no sirvió para su propósito y en cambio sí contribuyó a ahondar las diferencias entre los grandes productores y los pequeños.
Con las últimas modificaciones a las reglas de operación sufridas por este programa, la Secretaría de Agricultura aparentemente quiso cambiar la situación para que los productores que poseen menos de cinco hectáreas, 70% del padrón, obtuvieran mejores apoyos. Hoy este diario corrobora que la mala distribución continúa de manera muy similar.
¡Y cómo no, si el responsable de hacer que las injusticias concluyan es uno de los interesados en que el programa siga beneficiando a los productores más ricos! En el colmo del conflicto de intereses, el secretario de Agricultura, Francisco Javier Mayorga Castañeda, y también su familia, reciben recursos de Procampo, millones de pesos provenientes de nuestros impuestos.
¿Qué dicen de lo anterior las autoridades de Sagarpa? Rodolfo González Muñoz, coordinador general jurídico de la secretaría, arguye: “Mientras el secretario se dedique a una actividad lícita y cumpla con las reglas de operación de los programas, me parece que sería discriminatorio sacarlo”. Con esta afirmación el empleado de Mayorga Castañeda ignora flagrantemente la responsabilidad que pesa sobre sus espaldas: en el artículo sexto de las normas de operación de la Sagarpa se estipula: “Los servidores públicos, bajo ningún concepto podrán ser beneficiarios de los programas”. No hay margen para la interpretación. Cuando Mayorga actúa a la vez como parte del gabinete calderonista y productor beneficiario de Procampo cae en una situación irregular.
Estamos ante un enorme cinismo, una negligencia que tiene toda la facha de corrupción y un gobierno federal que parece encantado con dejar las cosas como están. La Secretaría de la Función Pública, obligada por ley a perseguir irregularidades como las arriba descritas, ha hecho caso omiso a todas las evidencias. ¿Si esto sucede cuando las anomalías son expuestas y comprobadas ante la opinión pública, qué esperanza tenemos los ciudadanos de que el resto del gasto federal se ejerza eficaz y honradamente? Y luego se enojan cuando la gente dice un no rotundo a la hora de pagar sus impuestos.
El secretario de Agricultura y su familia más cercana; tres hermanos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera; Carlos Beltrán Leyva, hermano de Arturo Beltrán El Barbas, así como varios políticos mexicanos encumbrados, son subsidiados por los programas mexicanos para el campo, cuyo diseño original era apoyar a los productores más desprotegidos.
Industrias Melder, empresa que pertenece a los hermanos del secretario de Sagarpa, Francisco Javier Mayorga Castañeda, ha sido beneficiada con 10 millones 737 mil pesos de subsidios del Subprograma de Apoyos para la Adquisición de Coberturas de Precios Agropecuarios, de Aserca.
Los apoyos comenzaron a entregarse en 2005, año en que Mayorga fue designado por primera vez titular de Sagarpa, con Vicente Fox. Sus hermanos Francisco Javier, Cristóbal, Luz Teresa y Miguel Arturo, y su padre Salvador Arturo, están inscritos en el padrón de Procampo desde 1995. Hasta el ciclo primavera-verano de 2009, obtuvieron un millón 740 mil 654 pesos.
Las listas de beneficiarios de Aserca, disponibles en internet, indican que el secretario y su familia fueron subsidiados de 2000 a 2002, tiempo en que Francisco Javier se desempeñó como director de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), el órgano administrativo desconcentrado encargado de administrar los recursos de Procampo y otros programas.
Mauricio Merino, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dice respecto a si el secretario Mayorga y su familia están o no impedidos por la ley para recibir apoyo oficial: “Aunque haya vericuetos legales para que al cobrar los subsidios no sean sancionados, desde el punto de vista ético, es evidentemente una posición reprobable”.
En julio de 2009 el entonces titular de la Sagarpa, Alberto Cárdenas Jiménez, anunció que el padrón de Procampo sería depurado para eliminar a personas relacionadas con el crimen organizado. En la entrega más reciente de subsidios, EL UNIVERSAL encontró que siguen beneficiándose.
Es el caso de los hermanos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, Aurelino, Jesús y Ofelina. Esta última aparece en las listas de Aserca desde 2001, año en que el líder del cártel de Sinaloa se fugó de la cárcel.
domingo, enero 31, 2010
Un crimen más contra el campo mexicano
Campesinos en Villa de Reyes, al sur de San Luis Potosí. MÉXICO, D.F., 29 de enero (apro).- Desde hace tiempo, algunos mexicanos se han estado preguntado por qué Brasil sigue imparable en la carrera por arrebatarle a México el liderazgo en Latinoamérica.
Logra salir de crisis inflacionarias, de crisis políticas y, más aún, se ha ido filtrando lentamente entre la lista de los países con empresas prósperas que lo mismo negocian con Estados Unidos que con Europa. Mientras que México cae en todos los índices de productividad y se recrudecen la pobreza alimentaría, la marginalidad, y se desploma la competitividad...
Una respuesta podría ser, quizá, porque cuando Brasil está pensando y actuando para un futuro mejor, los gobernantes mexicanos sólo se dedican a proponer cambios que intentan resolver problemas de coyuntura; a ofrecer cambios un día para que a la vuelta de los meses le reditúen votos, y nunca o casi nunca, piensan en la población; por lo menos sus actos en materia de política económica de las últimas seis décadas no se han visto reflejados en un bienestar para la mayoría de la población.
Un ejemplo de lo que Brasil ha hecho bien y que a la fecha le ha generado grandes beneficios económicos, tanto para el campo como para los empresarios, es su política en materia de bioenergéticos.
En 1975, el gobierno brasileño, pensando en el futuro, le apostó a los bioenergéticos; creó el programa llamado Proalcool a través del cual impulsó la siembra y experimentación de cultivos para generar energías menos contaminantes.
Hace 35 años, Brasil invirtió 20 mil millones de dólares para empezar a experimentar, y ahora recoge sus frutos. De aquellos 20 mil millones de dólares ha obtenido una ganancia de 187 mil millones de dólares, se ha convertido en uno de los países líderes en la creación de materias primas que sirven para hacer energéticos menos contaminantes, como el etanol o el biodisiel.
En cambio, el gobierno de México no contento con el gran atraso, la falta de apoyo a los campesinos para producir cultivos que sirvan para producir etanol y éste, a su vez, sustituya el MTB que contienen las gasolinas y que son fuente de contaminación primaria, esquilma a los productores mexicanos los recursos que la propia Cámara de Diputados autorizó hace apenas 3 años para que empiecen a trabajar en las nuevas energías.
En 2007, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos. Sus objetivos fueron tres: crear energías no contaminantes; dar un nuevo impulso al campo mexicano, otorgándole apoyos para diversificar los cultivos que serían, a la postre, la materia prima para crear el etanol; y comprar, a través de Petróleos Mexicanos, los nuevos insumos a industriales mexicanos, quienes se asociarían con el campesinado mexicano para vender el etanol.
La Ley entró en vigor hasta el 2008, por lo que el primer presupuesto, escasos 300 millones de pesos, se autorizaron para el gasto de 2009 (nada que ver con los 20 mil millones de dólares que en 1975 invirtió Brasil en su campo). Se suponía que con ese dinero La Secretaría de Energía y la de Agricultura apoyarían a los productores mexicanos para que sembraran nuevos tipos de caña de azúcar y sorgo dulce; se asociaran luego con industriales alcoholeros del país y, luego, juntos, producir etanol, previamente contratado con Pemex.
Pero ¡Oh sorpresa!, el gobierno, si acaso, destinó 17 millones de pesos de los 300, para construir, en asociación con empresas colombianas, una planta de biodisiel en Chiapas; el resto se utilizó para un programa totalmente absurdo, electorero y asistencialista: “Cambiar tu refrigerador viejo por uno nuevo, tu lavadora vieja por una nueva, unos focos, por otros”, y todo para que la población “ahorrara” energía en un año de crisis económica. Una solución de coyuntura para un problema que amenazaba con un estallido social debido a la creciente caída de la economía. El gobierno tenía que salvarse, decir que pensaba en su gente y de ahí programas populistas como este.
Pero, ¿y qué pasó con la ley de los bioenergéticos, con el dinero que se tendría que haber invertido en el campo para ir cosechando, paulatinamente, materias primas que servirían para crear etanol y preparar a una nueva clase de empresarios (campesinos e industriales), que vendería en un futuro no muy remoto sus insumos a Pemex? Pues se dejó para después.
Este año, la Cámara se arriesgó y autorizó un presupuesto de mil 100 millones de pesos, pero como los programas de proselitismo de Felipe Calderón son más importantes que el medio ambiente, o los campesinos o los medianos empresarios, decidió darle tan sólo 100 millones de pesos a la Sagarpa para que siga experimentado con semillas mejoradas para los cultivos de caña de azúcar y sorgo dulce, en tanto que el resto se lo embolsó y lo pasó a la Secretaría de Energía para que siga cambiando refrigeradores viejos por nuevos, lavadoras viejas por nuevas o focos “que consumen menos energía”…
En todo caso, esto podría revertirse, subsanarse este error y reorientar el pequeñísimo gasto autorizado. Sin embargo, lo que parece no tener vuelta de hoja es el crimen que está cometiendo Felipe Calderón al cerrarle la puerta a los productores mexicanos, a los campesinos mexicanos (donde se focaliza 80% de la pobreza) y a los medianos y grandes empresarios mexicanos, para que puedan participar en las licitaciones de etanol.
En septiembre pasado, la Sener lanzó la primera licitación para adquirir millones de litros de etanol por un periodo de cinco años con un valor aproximado de 28 mil millones de pesos anuales.
Lanzó la licitación pero no creó las condiciones previas que marcaba la ley de bioenergéticos, que eran impulsar al campo mexicano con semillas. Es decir, no preparó a quienes debían participar en tales licitaciones.
Ahora, los industriales que, se supone, procesarían las melazas para hacer el etanol, al querer participar en la licitaciones se toparon con pared; enfrentaron mayores obstáculos. No obstante de que podrían haber participado, haciendo un gran esfuerzo por lograr acuerdos de última hora con asociaciones de campesinos, la Sener les cerró totalmente la puerta al exigirles requisitos imposibles de cumplir.
Por ejemplo, les exigió capitales contables o fianzas millonarias que ningún empresario mexicano podía cumplir, a menos que se asociara con terceras empresas. ¿Y quién creen ustedes que son los terceros en discordia que entraron al banquete del etanol? Exacto, los brasileños, quienes ya llevan décadas siendo líderes en esto de la producción y venta de etanol.
El fallo de la licitación aún no se da a conocer, pero los dos últimos finalistas, incluida una empresa brasileña, no tienen tierras para producir, no tienen materia prima, por lo que lo lógico es que importen etanol a precio barato y para ello ya se apuntan otras empresas brasileñas.
A final de cuentas, el gobierno de Felipe Calderón lanzó una licitación en el tiempo equivocado, a menos que lo que pretenda en el fondo sea que algunos empresarios importen etanol barato de Brasil. Y si no es así, que alguien explique por qué la Secretaria de Energía, Georgina Kesseil, acudió el 27 de marzo de 2007 a Brasil para “ampliar” el Acuerdo de Complementación Económica de 2003 y abrió un apartado de “petróleo y etanol”. Y por qué la misma Kessel declaró que “México está muy interesado en conocer la tecnología brasileña y fomentar la inversión en México”.
Así, mientras Brasil invierte en su gente, en sus productores desde hace más de 35 años, México se olvida de sus campesinos, de sus industriales y abre las puertas al extranjero, pues parece ser que le sale más barato comprar de afuera que producir adentro. Y es que el futuro, ¿qué le puede importar a Felipe Calderón? Pareciera que lo urgente sigue siendo la coyuntura, el momento electoral; y si de un futuro que le interese se puede hablar, es tan sólo el de la elección presidencial de 2012 para que su partido siga en el poder.
mjcervantes@proceso.com.mx
jueves, diciembre 10, 2009
Un viaje al corazón del México Profundo II/ IV
Un viaje al corazón del México Profundo II/ IV
México, Distrito Federal
Martes 08 de diciembre de 2009
* Andrés Manuel López Obrador, La Jornada
El pueblo de Oaxaca ha podido sobrevivir por su cultura. De ella emanan su mística de trabajo, su talento y sus fuertes relaciones familiares y comunitarias. Les ayuda su vinculación con la tierra y el mantener una economía de autoconsumo, sustentada en la producción de maíz, frijol y aves de corral, así como el cultivo del café, el aprovechamiento de los bosques, el tejido del petate y del sombrero, las artesanías y otras actividades. En las ciudades del país, en los campos agrícolas del norte y en el extranjero, es muy apreciada su creatividad y su fuerza de trabajo. En Estados Unidos los mixtecos se han ganado a pulso la fama de ser de los mejores obreros del mundo.
El oaxaqueño es un pueblo ejemplar; a pesar de la aridez y lo abrupto de su territorio, de la falta de empleos y del abandono gubernamental, se ha abierto paso y salido adelante, enfrentando todo tipo de adversidades. En sus comunidades lo que existe lo han hecho ellos mismos. Todo lo que uno ve al llegar a un pueblo (las calles, la plaza, el templo, el palacio municipal, las infaltables canchas de básquetbol) se ha construido con el esfuerzo de la gente; es fruto de la cooperación y del tequio.
La ayuda del gobierno estatal es prácticamente nula y los apoyos federales son muy escasos. Por ejemplo, en la ciudad de México todos los adultos mayores de 68 años tienen derecho a una pensión de 822 pesos mensuales, con un presupuesto de 4 mil 225 millones de pesos, mientras en Oaxaca, el programa de 70 y más no es universal y sólo garantiza 500 pesos al mes a quienes viven en poblaciones de menos de 30 mil habitantes, con una inversión anual de alrededor de mil millones de pesos.
Por el abandono del gobierno, Oaxaca es el estado con más pobreza y marginación en el país. Y en estos tiempos lo están resintiendo más. Partamos del hecho de que la gente tiene tres fuentes fundamentales para el sustento: la economía de autoconsumo, los apoyos gubernamentales y el dinero que proviene de la migración.
En el primer caso, lo principal es el cultivo del maíz. Esta bendita planta es lo que asegura que no falten los alimentos básicos, entre otros, la tortilla que se complementa con frijol, chile, nopal y permite paliar el hambre. Sin embargo este año, por el retraso de las lluvias, se perdieron las cosechas y han tenido que comprar el maíz.
La ayuda con recursos públicos para enfrentar la pobreza se limita al Programa Oportunidades –apoyo alimentario, energético y educativo– y al de adultos mayores, con una inversión global de 4 mil 157 millones de pesos. En general, las familias beneficiadas obtienen alrededor de 20 pesos diarios. Por último, la tercera fuente de ingresos son las remesas que en 2009 han disminuido alrededor de 18 por ciento, debido a la crisis económica en Estados Unidos y en nuestro país. El año pasado, por este concepto se recibieron en Oaxaca mil 456 millones de dólares y en el actual se estima que apenas se obtendrán mil 194 millones de dólares. Es decir, 262 millones de dólares menos, el equivalente a todo lo que se destina al Programa Oportunidades. A esta difícil situación habría que agregar la carestía de la vida provocada por los aumentos en los precios del maíz, frijol, arroz, aceite, azúcar y otros artículos de primera necesidad.
En mis recorridos pude constatar de cerca esta amarga realidad. Me partió el alma ver a hombres llorando cuando me expresaban la difícil situación que padecen y el abandono en que se encuentran. Todavía tengo fija la imagen de una mujer en San Miguel Huautla, en la Mixteca que, con esa serenidad escrupulosa de la gente que vive en la pobreza, me dijo que se le mueren sus manos de tanto tejer sombrero para sólo recibir 5 pesos diarios. Y de otra mujer zapoteca, morena, seria, con un marido inválido, en San Juan Lachigalla, que me encaró con firmeza cuestionándome que cómo le hacían si no cosecharon nada por la falta de lluvia y no tenían qué comer. Me dejó pensando largo tiempo y sólo alcancé a decir en mis adentros que precisamente ésta es la razón principal de nuestra lucha.
Es tanta la marginación de Oaxaca que hay pueblos que no cuentan con servicio telefónico. En el 95 por ciento del territorio de Oaxaca no hay cobertura para celular. Es el estado del país donde más me han pedido ayuda para gestionar la instalación de teléfonos públicos y domiciliarios. Por eso, desde San Miguel Piedras hice un llamado con este propósito a Carlos Slim, dueño de Telmex.
Si es impresionante el hecho de que en sólo 5 por ciento del estado funcionen los celulares, asombra aún más el mal estado de los caminos. Un dato: de los 570 municipios de Oaxaca, 290 no tienen camino pavimentado a sus cabeceras municipales. Me tocó transitar por terracerías donde se va a vuelta de rueda. Por ejemplo, para llegar a Amoltepec, que está a 350 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, hicimos nueve horas de viaje.
En materia de salud también la constante es el abandono. Hay municipios sin médico y aunque en las cabeceras haya clínicas de primer nivel, los médicos sólo trabajan de lunes a viernes y en todas partes se carece de medicamentos. Escuché en distintas regiones la queja de que, por los malos caminos, los enfermos mueren cuando son trasladados a un hospital. Por ejemplo, en Choapam denunciaron que el hospital más cercano está a 5 horas de distancia, en Tlacolula. Es notoria la falta de atención médica a niños con desnutrición y a mucha gente con padecimientos generados por la pobreza y enfermedades crónico-degenerativas como insuficiencias renales, diabetes y otras, que requieren medicamentos y tratamientos permanentes. También es triste constatar el desamparo en que se encuentran niños y adultos que padecen de alguna discapacidad y no cuentan con ningún tipo de apoyo. Aquí hago un paréntesis para señalar que hay un buen número de médicos jóvenes, mujeres y hombres, con sensibilidad social. Me los encontré en municipios muy apartados y ante la falta de infraestructura, equipo y medicinas, hacen lo que pueden con mucha entrega.
En cuanto a la educación, a pesar del esfuerzo de alumnos y maestros, es notable el rezago. Las escuelas están abandonadas, con techos en malas condiciones, faltan pizarrones, mesa-bancos, hay aulas construidas con materiales precarios. Y lo más lamentable es que muchos niños y adolescentes caminan hasta dos horas para asistir a la escuela y casi todos llegan sin desayunar.
Hay infinidad de escuelas comunitarias en pequeñas localidades donde uno o dos maestros imparten los seis grados. En San Francisco Huehuetlán, en la sierra Mazateca, la maestra de la telesecundaria me contó que al inicio del curso tenía 40 alumnos de tercer grado y calculaba que apenas 20 terminarían porque muchos abandonan la escuela para ayudar a sus padres en el campo e, inclusive, algunos emigran desde esa edad. En San Juan Tepanzacoalco, agencia del municipio de San Pedro Yaneri, en la Sierra Juárez, de 20 estudiantes que egresan de la secundaria, sólo dos continúan sus estudios de bachillerato porque la prepa está en Ixtlán, a cinco horas en camioneta de tres toneladas. Y así es en todas partes. Sin embargo, también debo decir que muchos estudiantes de familias muy pobres están estudiando becados en Chapingo, una universidad que, precisamente por eso, es admirable y ejemplar.
También hay muchos problemas agrarios, sobre todo por disputas de límites entre comunidades, que han sido desatendidos e incluso provocados, tanto por las autoridades estatales como por la secretaría de la Reforma Agraria. En varios de ellos han perdido la vida muchos campesinos. Uno de los conflictos más graves es el que tiene Amoltepec con otros municipios vecinos. Ahí han muerto personas de distintos pueblos sin que intervenga ninguna autoridad para conciliar y buscar acuerdos. Lo contrario ocurrió entre Teojomulco y Texmelucan donde, básicamente, por la voluntad de la gente, en 2005 se logró la solución de un litigio agrario de 80 años, que había dejado un saldo de 450 muertos de ambos lados. En la asamblea que tuvimos en Teojomulco, felicité a los habitantes de esos pueblos por su disposición a aceptar un arreglo que los libró de seguir viviendo en un ambiente de violencia. El presidente municipal de Teojomulco fue uno de los principales promotores, a pesar de que le asesinaron a su hermano y a otros familiares. De modo que hasta en estos casos tan complejos se pueden encontrar soluciones pacíficas.
Además de la desatención, de la pobreza y de la marginación, los pueblos de Oaxaca son víctimas de fraudes y todo el tiempo tienen que estar defendiendo sus tierras y sus recursos naturales. Es doloroso saber que el dinero logrado con el trabajo de migrantes es arrebatado por dueños de cajas de ahorro que, de la noche a la mañana, desaparecen sin ninguna posibilidad de que se haga justicia. Este problema me lo plantearon, sobre todo, en la mixteca, en Santa Cruz Nundaco y en Santos Reyes Tepejillo.
A ello debe sumarse el acecho constante de empresas nacionales y extranjeras que buscan explotar minerales y construir presas, despojando a las comunidades, destruyendo el territorio y dañando el medio ambiente. En muchas partes, los pobladores desconocen que a partir de las reformas al artículo 27 Constitucional y a la Ley Minera, impulsadas por Salinas y por Fox, se han concesionado a particulares 25 millones de hectáreas del territorio nacional para la explotación en especial del oro, la plata y el cobre. En el caso de Oaxaca se han entregado 335 concesiones a particulares para enajenar un millón 191 mil hectáreas, es decir, 12 por ciento del territorio del estado.
Como es obvio, al llevarse a la práctica esta política privatizadora, de pillaje, se originan graves conflictos entre las empresas mineras y los dueños originarios de las tierras ejidales y comunales. En muchos pueblos de Oaxaca ya se están padeciendo presiones para consumar el despojo de estos recursos naturales del pueblo y de la nación. Y como en otras partes, el gobierno estatal se ha puesto abiertamente del lado de las empresas extranjeras, forzando, amenazando, chantajeando e, inclusive, reprimiendo las manifestaciones de inconformidad. Por ejemplo, en Zaniza quieren explotar un mineral en contra de la voluntad de la comunidad. Y por casualidad, desde hace tres meses no hay médico y el centro de salud está cerrado. En San José del Progreso, donde empresas canadienses están operando, en mayo pasado, los pobladores fueron reprimidos con brutalidad por la policía del estado. Este mismo ambiente de tensión se percibe en los municipios de Tututepec, Zenzontepec, Ixtayutla y Tataltepec de Valdés, en la sierra Sur, porque se pretende construir en el río Verde, con inversión extranjera, la presa Paso de la Reina. En esta zona hay un movimiento de varios pueblos decididos a no permitir que se inunden sus tierras y desaparezcan sus comunidades.
En suma, los pueblos de Oaxaca están viviendo uno de los tiempos más difíciles de su historia milenaria. Padecen de pobreza, abandono, marginación y despojo de sus bienes y recursos naturales. Y sin embargo, por su cultura e inquebrantable resistencia, mientras dure el mundo, nunca perderán su gloria y su grandeza.
Fuente: Gobierno Legítimo
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