La Suprema Corte y los contratos de Pemex

Javier Jiménez Espriú

La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió por siete votos contra cuatro que diputados de la actual Legislatura, que le enviaron una controversia constitucional argumentando que los contratos incentivados de Pemex son inconstitucionales, no tienen interés legítimo para plantearla. Dicho de otra manera no tienen derecho legal a presentar la controversia. ¡Increíble!

Ya antes sucedió lo mismo con varios presidentes municipales que se consideraron afectados por la cesión de territorio de sus municipios a empresas que tendrán la concesión por 30 años para explorar y explotar hidrocarburos y por la transferencia de Pemex a los contratistas de parte de la renta petrolera.

Y, antes de esto último, resolvieron lo mismo contra algunos diputados que trataron de hacer lo propio con los contratos de servicios múltiples, versión anterior a la Reforma Energética, del mecanismo de entrega de los beneficios del petróleo a los contratistas.

En ningún caso, la Suprema Corte entró al fondo del problema; no se discutió si los contratos son o no constitucionales, sino el derecho de quienes presentaban la controversia, a defender los intereses de la Nación, el que les fue negado.

Mientras se está asesinando a Pemex, la Suprema Corte se entretiene discutiendo si quienes están viendo el asesinato pueden o no, jurídicamente, señalar el homicidio.

¿Quién entonces y cómo, puede o podemos, parar el atentado? Si la Suprema Corte es la única instancia para interpretar la Constitución y en este caso para señalar la constitucionalidad o no de los contratos, nos podrían decir los señores ministros ¿quién tiene derecho a pedirles que lo hagan? ¿Cómo podemos convencerlos de que actúen frente a un hecho de lesa Patria?

Su actitud está resultando el escudo infranqueable para la impunidad. Un grupo de señores incrustados en el consejo de administración de Petróleos Mexicanos se sirven con la cuchara grande de los contratos y reparten, además, parte de la renta petrolera que corresponde a la Nación, a cercanos y consentidos, abusando de que una Ley secundaria los faculta para diseñar los contratos, pero ignorando los límites que la Ley Suprema establece. En este caso, si la Suprema Corte calla, otorga.

Ayer, la Suprema Corte tomó su decisión; hoy, literalmente, se adjudican los primeros contratos, Como dirían los interesados de aquí y de allá: “Just in time” –uso el idioma que usan–; ¡que coordinación!, ¿no?

La Suprema Corte puede estar tranquila, pues cumplió con precisión, en tiempo y forma –que en este caso la forma no fue fondo–, con las instrucciones de sus jefes de hecho: los dueños del poder y del dinero.

¿Qué hacer si quienes debieran ser garantes del estado de derecho lo violan y quienes debieran juzgar no juzgan, amparándose en meras cuestiones procesales, para nunca entrar al fondo del asunto, con lo que impiden el acceso a la ley?

¿Se trata de un laberinto siniestro sin solución? No podemos dejarnos caer en la resignación, cuando nos asiste la razón y está en juego el interés nacional.

jimenezespriu@prodigy.net.mx

Nacho Coronel y sus amigos del PAN

Calderón y González. Desconfianza.

Álvaro Delgado

MÉXICO, D.F., 2 de agosto (apro).- El hallazgo de una computadora personal de Ignacio NachoCoronel, tras su ejecución por tropas del Ejército, ha puesto nerviosos a muchos personajes prominentes de la política de Jalisco y de México, porque presuntamente contiene vasta información sobre la red de complicidades al más alto nivel que permitió a este capo operar de manera apacible el trasiego de droga desde esa entidad.

Otros dos datos relevantes en este sentido son, también, los al menos 7 millones de dólares en efectivo ordenados en maletas, supuestamente para el pago de una nómina detallada en la laptop de Nacho Coronel, y las delaciones de Hiram Quiñónez Gastélum, quien como su lugarteniente conocía sus conexiones policiacas y políticas, la mayoría al parecer identificadas con el Partido Acción Nacional (PAN).

Aunque el Ejército custodia esta delicada información obtenida tras la eliminación de Coronel --un éxito que le urgía en medio de tantos cuestionamientos--, alguna ha comenzado a circular al más alto nivel del gobierno de Felipe Calderón, que dispone ahora de mayores datos de la colusión de autoridades de su partido en Jalisco con capos.

Conforme a información extraoficial que ha comenzado a filtrarse no se ha determinado aún qué uso darle a la información encontrada en la Laptop de Nacho Coronel, aunque hay sólo dos opciones para Calderón: Proceder contra jefes policiacos y políticos amafiados o mantener la impunidad.

El rostro adusto que exhibió el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, en la cena con Felipe Calderón --con motivo de la inauguración del estadio de las Chivas--, quien no le avisó de la operación quirúrgica contra Coronel, realizada horas antes, y el silencio de los exgobernadores Alberto Cárdenas y Francisco Ramírez Acuña, reflejan precisamente este nerviosismo.

De hecho, Ramírez Acuña, exsecretario de Gobernación, presidente de la Cámara de Diputados y aspirante a presidir el PAN, reaccionó con enfado cuando los reporteros le preguntaron su opinión y más datos sobre la captura del capo en la entidad que gobernó hasta diciembre de 2006.

“No, de eso no hay comentario”.

--¿Por qué?

--¡Porque ya los tienes --dijo, iracundo--, no hay más! ¡No tienes que estarlo comentando!

No se entiende la airada reacción de Ramírez Acuña, pero ya se sabe: Los criminales operan a sus anchas por la ineptitud o por la complicidad de las autoridades, y no se entiende el encumbramiento de Jalisco como santuario del narco sin la colusión de policías y los políticos que los designan.

En Jalisco está documentado cómo prominentes narcos de Sinaloa se asentaron junto con sus familias en el área metropolitana de Guadalajara desde principios de los 80, a raíz de la Operación Cóndor, y se insertaron en la frívola burguesía local, gracias a su ostentosa forma de vida.

Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, Rafael Caro Quintero y Manuel Salcido El Cochiloco, entre otros, vivieron como si nada en la capital de Jalisco, con el conocimiento de gobernadores priistas como Flavio Romero de Velasco, Carlos Rivera Aceves, Enrique Álvarez del Castillo y Guillermo Cossío Vidaurri.

Con la llegada del PAN al gobierno estatal se mantuvo el paraíso para los narcos y hasta se acrecentó: En enero de 2001, al iniciar el gobierno de Vicente Fox, cuyo gobernador era Alberto Cárdenas, Joaquín El Chapo Guzmán Loera se fugó del penal de máxima seguridad de Puente Grande.

Algunos de los cómplices sinaloenses en la fuga, o sus familias, tenían residencia en Jalisco: Juan José Esparragoza El Azul, Ismael El Mayo Zambada, Ignacio Nacho Coronel y los hermanos Beltrán Leyva, que entonces conformaban La Federación.

Eso lo sabían los gobernantes y jefes policiacos, pero es evidente que gozaban de protección al más alto nivel, sin la que no es posible entender un episodio ocurrido en marzo del año pasado: La captura y libertad de José Ángel Carrasco Coronel, sobrino de Nacho.

Resulta que El Changel, como se le conocía, fue detenido el 14 de marzo junto con otros cinco hombres, tras una balacera con militares en el municipio de Tlajomulco, y quedaron a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y las armas se entregaron a la Procuraduría General de la República (PGR).

Pero luego la propia PGJE dijo que a los sospechosos no se les comprobó delito y como tampoco tenían las cinco pistolas, que estaban en la PGR, los dejaron libres. Esto, a pesar de que el procurador, Tomás Coronado, aseguró que los detenidos habían sido puestos a disposición de la PGR, a la que nunca llegaron.

De la captura del sobrino de Nacho Coronel informó, también, el subsecretario de Seguridad Pública Federal, Francisco Niembro, quien aseguró que su identidad fue verificada y validada en el sistema Plataforma México.

El caso es que Carrasco Coronel no fue molestado hasta que el Ejército lo liquidó, el mismo día que su tío, porque ya no lo protegieron personajes que, al parecer, aparecen en la computadora que tiene nerviosos a muchos panistas de Jalisco....

Apuntes

Qué bueno que están a salvo los periodistas secuestrados en Gómez Palacio, Durango, pero quién se traga el cuento de que fueron rescatados por Genaro García Luna, quien se dedica más a espiar a los que su jefe considera opositores que a combatir el hampa…

delgado@proceso.com.mx

Los cambios de reversa

• ¡¿Impuesto a la pobreza…?!
• Bienvenidas…

Marcela Gómez Zalce

Algunos políticos despliegan gran ingenio, mi estimado, cuando se trata de ocultar sus verdaderas (limitaciones) complicidades. Excelsos los anunciadísimos cambios de fondo para sacar a flote el barco de gran calado y su tripulación ante la emocionante adversidad. Y con el reciente decálogo visionario de Felipe que originó emotivas porras por parte of the usual suspects y los medios de intoxicación masiva, los nombramientos de ayer confirman, sin lugar a dudas, que el color favorito de este (des)gobierno, o sea, el gris, fue mejorado con… más gris.Hay que cambiar de fondo y en reversa, my friend, para que todo siga igual o, para entrar de lleno al odioso catastrofismo, peor. Porque lo anunciado ayer no sólo llega tarde sino carece de altura de miras y más bien expulsa un olorcito a mediocridad, a chisguete de fragilidad, de debilidad y de connivencia. Los vientos del pasado regresan por la puerta de atrás develando que las divertidas pugnas dentro del gabinete de inútiles han dejado los primeros damnificados de tres años de desastre, descoordinación y talento para ocasionar varios originales tiraderos.La salida del procurador (con minúsculas) Medina Mora fue una de esas muertes lentas donde las formas fueron el fondo si considera, mi estimado, que Eduardo ya estaba un poquitín hasta la madre (y viceversa) de haber perdido el encanto… bilateral, y de estar permanentemente confrontado con el otro mega travieso (e intocable) de García Luna. Ambas dependencias fueron seriamente dañadas por la infiltración del organizado crimen que desencadenó el cochinero de la Operación Limpieza —por presión de nuestros vecinos y no como se ufana Felipe Calderón—, y cuyos titulares no fueron tocados con el pétalo de una investigación al ser vulnerada la seguridad nacional, haiga sido como haiga sido.Eduardo, como todo un gran funcionario (no olvide que valiente), tendrá su premio diplomático, y quien llega —porque ya debe estar planchado y almidonado por el senado de Beltrones— es el “Jefe” Diego, perdón, Arturo Chávez Chávez, socio distinguido de otro ilustrísimo personaje, el ex procurador Antonio Lozano, quien tuvo con Zedillo la gracia y el Encanto de pacas y osamentas, ¿lo recuerda...?Con todo, Diego Fernández de Cevallos está de regreso (si es que, como Salinas de Gortari, alguna vez se fue) cuando aún está fresca la tenebra desarrollada en las cañerías ahumadas del GDF, pero lo más importante es que cierra la simpática pinza con Gobernación donde despacha otro entrañable cómpl… no, no, amigo, Fernando Gómez Mont.El caso y el paso de Reyes Heroles por Pemex no fue sólo gris y patético sino que el amigo de Felipe premiado por las encuestas —donde al otro que le deberían dar fliiiiit es al titular whomever del Cisen— perdió batallas importantes contra el músculo de Georgina Kessel, logrando que sus sugestivas pugnas borraran del mapa los acuerdos, consensos y planes en materia energética cuyo chisguetín, por cierto, sigue siendo un holograma de nulo interés para el gymboree (con minúsculas) y Los Pinos.La llegada de Francisco Gil… perdón de nuevo, de Juan José Suárez Coppel a Pemex estuvo aderezada con cambios de señales con el sindicato encabezado por Carlos Romero Deschamps y algunos priistas, mezcla que detona un delicioso dêja vú, como lo fue el Pemexgate… latrocinio donde Juan José fue importante protagonista, sin mencionar que entre sus linduras destaca el haber estado involucrado en delicadas investigaciones por parte de la SFP sobre raterías, corruptelas, curiositas adjudicaciones y tráfico de influencias a favor de los jijos Bribiesca Sahagún.
¡Chingooón…!
En Agricultura llega, de nuevo, Francisco Javier Mayorga para… para… ¿darle el tiro de gracia? y ser consistente con la política (gris) de Alberto Cárdenas.Con estos tres cambios… de fondo, Calderón honra la estatura de su extraordinario decálogo. Muestra la solidez y la visión para alcanzar el México que todos queremos. Ahora sólo falta, my friend, en el caso de la PGR y Pemex, los jaloneos, los reacomodos y, of course, la fiesta de bienvenida de todos los traviesos…
Por la mirilla
Uno. Lo que faltaba de esta bola de cínicos: el Impuesto a la Pobreza. El cambio llegó por fin (aplausos) en este jinete (sin cabeza) que es montado por el mismo caballo foxiano.
Y dos. En el town hall meeting (con minúsculas) de Felipe transmitido por Televisa y TVAzteca cabe preguntar: ¿a cambio de qué…?, y ¿cuánto está costando el frívolo chistecito…?gomezalce@aol.com

Salvando a CEMEX

Francisco Rodríguez

Indice Político

Ya nos saquearon… ¡No nos volverán a saquear!

-José López Portillo-

¡LES VALEMOS GORRO! Ni siquiera por nuestra calidad de contribuyentes, menos aún por la de (burlados) electores, la Administración que aparentemente encabeza el ciudadano Felipe Calderón se conduele de la mayoría de los mexicanos a quienes, otra vez, se condena a cubrir con recursos públicos, las desmedidas ambiciones, los desproporcionados yerros, y hasta los cuantiosos fraudes de la llamada iniciativa privada.Aún sufre la economía nacional las funestas consecuencias del FOBAPROA impuesto en 1995 para “salvar” a los bancos, aunque quienes en realidad “la brincaron” fueron los salteadores banqueros –700 mil millones de dólares, cuyos intereses cubrimos puntualmente a los bancos que ya ni siquiera son mexicanos… pérdida de bienes inmuebles y vehículos ante las insolvencias particulares—, y hoy las acciones del señor Calderón y del grupo de gurús financieros que le rodean, ya preparan un nuevo saqueo generalizado.Lo peor: la víctima de este nuevo saqueo es la economía que, de acuerdo al FMI, peor se desempeña en la región latinoamericana. Ni siquiera Haití sufre ahora lo que aquí ya todos padecemos.Se trata ahora ya no de salvar sólo a los bancos, también a empresas que, como Cementos Mexicanos (CEMEX) son monopolios que hincan el diente en el consumidor mexicano, presumen adquisiciones hasta en Australia, se ven atrapadas en la vorágine financiera que especulando ellas mismas contribuyeron a crear, estiran la mano para que “papá-gobierno” les saque del atolladero, y todavía se regocijan brindando dividendos a sus accionistas. Quizá hasta millonarios bonos a su capitoste Lorenzo Zambrano, por lo bien que ha chantajeado a esta Administración federal.¿Y cómo es que Calderón salva a Zambrano, uno de los patrocinadores de su campaña electoral en 2006, como lo fue en el 2000 de la que llevó a cabo Vicente Fox?Primero, manipulando los mercados cambiarios para que el dólar baje su precio frente al peso. ¡Qué caray! Si el amigo Zambrano va a endeudarse en dólares, pues que cada uno de esos billetes verdes le cueste menos pesos.Luego, estableciendo un swap con la Reserva Federal estadounidense, que ya lleva cuando menos tres meses imprimiendo billetes –sin respaldo real— con frenesí demencial, de los cuales 30 mil millones de dólares están “dispuestos” para el uso y gozo ¿de los mexicanos?No. No de todos. Sólo de aquellos que como el bonachón y simpatiquísimo Zambrano –“no hay hijo de su tal por cual que en México no sea a todas margaritas”, dice un amigo ahora lejano—, tengan en sus manos los verdaderos hilos de poder que, repito, aparentemente mueve Calderón.Y hete aquí que el Banco de México, aún en manos de Guillermo Ortiz –impune artífice del saqueo de 1995—, organiza una subasta de 4 mil millones de dólares, en lo oscurito, sólo para “cuates”, cómplices o socios, y en ella consigue colocar 3 mil 222 de ellos, sin informar quiénes fueron los consentidos postores.Los analistas financieros, que en su mayoría son perspicaces, dicen que el mayor beneficiario fue CEMEX. Seguro también, otras empresas que apostaron a los derivados —www.youtube.com/watch?v=f_ft1bgq4fg— y, al perder, pusieron en riesgo la viabilidad de sus capitales.Así, CEMEX recibió dólares hace 48 horas. Más baratitos que hace unos días, por cierto.Y ya con ellos en las arcas, ayer mismo se dispuso a entregar dividendos a sus accionistas, para que no haya enojos en contra de Zambrano, quien los embarcó, pero ya ha iniciado el auto-rescate, con la complicidad de la Administración y del “autónomo” Banxico.Bonita historia… para ellos. A usted y a mí nos volverán a saquear con otro Fobaproa. Ya verá.
Indice Flamígero: No sólo influenza cual vehículo para la fatal neumonía atípica. También brotes de gripe aviar que, Agricultura a cargo de un señor Cárdenas Jiménez se encargó de desvirtuar apenas el lunes. Y acto seguido, organizaron un curso de cinco días, que ahora mismo se lleva a cabo, para actualizar a funcionarios sobre cómo detectar este otro mal respiratorio que, como el ahora sí ya más advertido, puede llegar a ser fatal. ¿Hay o no hay gripe aviar? Ni los propios funcionarios de la Secretaría de Salud lo saben o no lo quieren decir. Reina el desconcierto. Lo único verdadero es que, otra vez, sobre el país se ceban enfermedades propias del subdesarrollo en el que nos han resumido los últimos ocho años. Por cierto que sobre el brote epidemiológico de hepatitis que ataca sobre todo a la población infantil, tampoco han dicho esta boca es mía.
www.indicepolitico.com
pacorodriguez@journalist.com

Desvergüenza

Alejandro Encinas

Desvergüenza

Ante la crisis económica, distintos gobiernos —el caso de México— han optado por promover campañas de información para transmitir mensajes positivos que generen tranquilidad en la opinión pública, evitar pesimismo en la sociedad y crear la visión de un futuro prometedor pese a la crisis, llegando incluso a mentir u ocultar la gravedad del problema.
Nuestro país vive una situación peculiar, ya que difícilmente puede crearse un ambiente alentador ante el cúmulo de información que a diario registran los medios respecto del clima de violencia e inseguridad que vivimos, a lo que se suma la desvergüenza con que los responsables de atender la crisis económica asumen su responsabilidad.
A las consabidas declaraciones de Agustín Carstens de que a México no le dará “pulmonía”, sino un “catarrito” por la recesión económica que se avecinaba en EU, que se ha convertido ahora en un gran tsunami que viene “del exterior”, se suman las del titular de la Sagarpa, quien en días pasados aseguró que “la crisis no ha tenido una repercusión negativa en el campo mexicano”, que “se afianza la seguridad alimentaria de los mexicanos” pues se reporta al cierre de 2008 una producción de 196.3 millones de toneladas, y que “la gente del campo no está abandonando las parcelas, sino que están trabajando casi en la totalidad de los 3.5 millones de hectáreas que forman el ciclo otoño-invierno”.
Más allá de las fantasías de Alberto Cárdenas, que olvida que la superficie agrícola cultivable del país es de más de 22 millones de hectáreas (76% de temporal y 24% de riego), la realidad del campo es distinta: el país depende crecientemente de las importaciones de alimentos, resultado de la insuficiente producción doméstica. En 2008 se importó 42% de los alimentos que consume el país: 70% del arroz, 50% del trigo, 33% del maíz y 13% de la leche.
En los dos últimos años, las importaciones agroalimentarias alcanzaron la cifra récord de 40 mil millones de dólares en alimentos. De ellos, 10 mmdd equivalieron a las importaciones de granos y oleaginosas. Lejos de la ilusión agroexportadora, México es importador de alimentos. El saldo de la balanza comercial agroalimentaria 2007 y 2008 ha sido de menos 7 mil 500 mdd, por lo que el sector agroalimentario es responsable de la mitad del déficit de la balanza comercial total de México. En 2008 la superficie cultivada de maíz disminuyó en un millón de hectáreas y la de frijol en 500 mil hectáreas respecto de 1997. Un millón de hectáreas de riego permanecen ociosas por falta de mantenimiento de los sistemas de riego, crédito y rentabilidad de los cultivos.
Si bien las exportaciones agroalimentarias han aumentado, éstas se concentran en una minoría de agricultores ricos y empresas exportadoras, buena parte de ellas extranjeras, que operan con un alto costo social: explotación de jornaleros agrícolas que laboran en pésimas condiciones, sin seguridad social y bajos salarios, y un alto costo ambiental: abatimiento y contaminación de acuíferos y suelos agrícolas, ensalitramiento de áreas de riego. La desigualdad y la pobreza aumentan: de acuerdo con Araceli Damián, investigadora de El Colegio de México, entre 2007 y 2008 la pobreza alimentaria aumentó en 4.3 millones de personas, alcanzando a 13.8 millones de mexicanos, mientras 7 millones más se convirtieron en pobres patrimoniales.
Un buen gobierno —cuando existe— debe infundir confianza y no mentir. La derecha vive y nos quiere hacer vivir en el país de nunca jamás, donde todo y nada son posibles. Mientras, en México no sólo hay pobreza, sino comienza a haber hambre.
aencinas@economia.unam.mx
Profesor en la Facultad de Economía de la UNAM

Calderón entrega el maíz a monopolios

Anexo envío el boletín de prensa que lanzamos como respuesta a la públicación en el Diario Oficial de la Federación de la modificación del Reglamento, con la cual se pretende dar autorización a la siembra experimental de maíz transgénico.Es urgente estar alertas ante la intención de autorizar siembras experimentales. Al gobierno no le interesa la protección del maíz mexicano y está dispuesto a pasar por encima de la ley y evadir la responsabilidad de proteger al centro de origen más importante del planeta: el del maíz.Nuestra soberanía alimentaria está en riesgo. Estamos en alerta roja!Les mantendrémos informados para actuar en cuanto sea necesario.

Boletín 09030

Calderón entrega el maíz a monopolios- El Ejecutivo eliminó el Régimen de Protección Especial al Maíz, ignorando la opinión pública, de científicos y la existencia de experiencias negativas en otras naciones Violando la ley para permitir las siembras experimentales de maíz transgénico en México, el presidente Felipe Calderón eliminó el Régimen de Protección Especial al Maíz relegándolo a un instrumento de carácter no jurídico y por tanto, no obligatorio para proteger las variedades de este grano tan importante para los mexicanos.
El anuncio se hizo hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por medio de un Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM).En el Decreto se deroga el artículo transitorio del Reglamento de la LBOGM, el cual ordenaba la publicación de un Régimen de Protección Especial al Maíz, con el fin de preservar las variedades de maíz existentes en todo el país y establecer claramente los centros de origen y diversidad de este grano; y en su lugar se implemento el artículo 73, en el que se relega la acción del Régimen a un instrumento no jurídico y de comunicación que aparecerá dentro de la página web del Sistema Nacional de Información sobre Bioseguridad, en decir, sólo será una página de consulta pública de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM).“La eliminación del Régimen, violando el artículo 2 fracción II de la LBOGM, deja sin carácter obligatorio la implementació n de medidas de prevención, remediación y contención de la actual contaminación de maíz transgénico en cultivos de maíz convencional detectados en territorio mexicano (1), lo cual, además de evidenciar la complicidad de las autoridades federales con las empresas que han contaminado nuestro campo mexicano, demuestra la incapacidad de las autoridades para hacer frente a la liberación al medio ambiente de variedades de maíz transgénicas”, explicó Aleira Lara, coordinadora de la campaña de Agricultura sustentable de Greenpeace México.En el decreto se establece que las secretarías de Agricultura, y de Medio Ambiente y de Recursos Naturales serán las encargadas de establecer las medidas de bioseguridad caso por caso, para evitar la mezcla de variedades de maíz, así como definir las zonas donde se puede realizar la siembra sin ningún riesgo para las especies nativas. Sin embargo, desde que se presentó el primer caso de contaminación de maíz transgénico en México, en el estado de Oaxaca, en 2001 y hasta esta fecha, ambas dependencias han sido incapaces de establecer medidas de control para evitar más casos de contaminación. Por ello, resulta absurdo e irresponsable que sean estas dependencias sean las que determinen las medidas de bioseguridad con sus propios criterios.Al eliminar el Régimen de Protección Especial al Maíz, el gobierno federal ignoró:- la necesidad de una Manifestación de Impacto Regulatorio y evadió la consulta pública obligatoria en la que, en aras de llevar un proceso transparente, deben ser tomados en cuenta diferentes comentarios de la sociedad en general, de acuerdo a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA 69-J).- las 16 mil 139 peticiones de mexicanos que desde abril de 2008 exigieron a la Sagarpa y al Jefe del Ejecutivo que protegieran el maíz y evitaran que empresas extranjeras conviertieran el cultivo de este importante grano en un monopolio en manos de extranjeros.- las recomendaciones de científicos mexicanos que alertaron sobre el riesgo de contaminación de los centros de origen del maíz en nuestro país.- la existencia de una Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados vigente y que prohíbe la siembra de maíz transgénico en México sin contar con un marco de bioseguridad en todo el territorio nacional.- el mensaje de la reunión sobre compensación y seguridad del Protocolo de Cartagena de Organismos Genéticamente Modificados, que no ha determinado cómo deben de hacerse responsables quienes contaminan con transgénicos los cultivos tradicionales en un país.- La necesidad de determinar cuáles son los centros de origen y diversidad genética a que hacen referencia los artículos 86 y 87 de la LBOGM; así como la expedición de las normas oficiales mexicanas mandatadas por la esta misma ley.Además, las supuestas medidas de protección presentadas en la modificación al Reglamento no contemplan la implementació n de un mecanismo de biomonitoreo que descarte la extensión de la contaminación transgénica actual.“La violación a la Ley de Bioseguridad habla de un intento desesperado de las autoridades mexicanas por cumplir con las exigencias de la industria biotecnológica para liberar su maíz transgénico en el centro de origen del maíz. Las autoridades han caído en el chantaje de las empresas transnacionales, como Monsanto, que amenazan con no invertir 200 millones de dólares en investigación del uso de su biotecnología en nuestro país, cuando ni duplicando esa suma se podrá reparar el grave daño a la humanidad por permitir la contaminación de nuestro maíz. A la fecha, el gobierno mexicano carece de información para determinar cuántas variedades transgénicas están contaminando el campo mexicano, eso debería ser más importante para el gobierno federal”, denunció Lara.Actualmente, la industria agrobiotecnoló gica ha creado variedades de maíz transgénico que contienen sustancias anticoagulantes, vacunas y plásticos que son empleadas para elaborar fármacos y productos industriales, las cuales están prohibidas en el artículo 67 del Decreto de reforma del régimen de la LBOGM. En cualquier momento estos maíces podrían llegar a la cadena alimenticia debido a la falta de monitoreo por parte de las autoridades mexicanas, el cual sigue sin contemplarse dentro de la modificación al régimen de la LBOGM.“La intención de autorizar siembras experimentales en el país no es acumular datos y evaluaciones científicas, sino acelerar el proceso de comercializació n de maíz transgénico de las empresas extranjeras a pesar de los daños e incertidumbres que éste plantea. Actualmente se cuenta con investigaciones serias de científicos independientes a la industria agrobiotecnoló gica que demuestran los impactos negativos al medio ambiente y la salud humana, los cuales han ocasionado que países como Francia, Grecia, Hungría y Austria impusieran moratoria a la liberación de maíz transgénico de Monsanto. El propio reglamento de la LBOGM mandata considerar dichas experiencias en su artículo 16 fracción V (2)”, declaró Lara.Greenpeace exige al gobierno de Felipe Calderón que cumpla la ley y proteja nuestro maíz, el alimento básico para los mexicanos. Es preciso que se prohibía la liberación al medio ambiente de maíz transgénico en nuestro país y que se tomen medidas de contención y prevención ante la alarma de casos de contaminación con variedades transgénicas en cultivos convencionales. México debe defender la biodiversidad, la seguridad y soberanía alimentaria de los mexicanos.
Notas:
1. Desde 2001 se han registrado en México otros casos de contaminación con maíz transgénico, en estados como Oaxaca, Tamaulipas, Puebla, Ciudad de México (delegaciones Magdalena Contreras y Milpa Alta), Sinaloa, Veracruz y el más reciente, en el Valle de Cuauhtémoc, Chihuahua.
2. Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. http://www.cibiogem .gob.mx/Norm_ leyes/Reglamento _LBOGM.pdf
Más información con: - Raúl Estrada, coordinador de prensa, en los tels. 04555-4084-5326 y 01 55 5687 9595 ext. 120, email: raul.estrada@ greenpeace. org

Greenpeace es una organización ambientalista, no gubernamental e independiente política y económicamente, pues no recibe donativos ni presiones de empresas, gobiernos ni partidos políticos. En la campaña de agricultura, Greenpeace impulsaun campo sustentable, que proteja los ecosistemas naturales y asegure la recuperación de agua y suelos, reduzcala emisión de gases de efecto invernadero, use menos fertilizantes y plaguicidas, sea libre de transgénicosy fortalezca el comercio justo y la seguridad y soberanía alimentarias.
--Aleira Lara Galicia
Coordinadora de la campaña de Agricultura Sustentable y Transgénicos
Greenpeace México A.C.
Santa Margarita No.227
Col. Del Valle
Del. Benito Juárez
CP 03100, México, DF
t (55) 56 87 95 95 Ext. 222
f (55) 56 87 90 30

Para los ricos, el apoyo oficial

Proceso

En los últimos 14 años el gobierno federal ha entregado decenas de millones de pesos mediante sus programas asistenciales destinados al campo. Sin embargo, los fondos han beneficiado principalmente a organismos comercializadores y a los productores más ricos, como Bachoco, Maseca y Minsa, así como a las trasnacionales Cargill y Archer Daniels Midland. Estudios de organismos nacionales, de la FAO y la Cepal coinciden: las fallas en la aplicación de esos programas son del gobierno, que no sólo es negligente en la entrega de recursos, sino que desconoce cuál es su “población objetivo”.

En 14 años, de 1994, cuando puso en marcha sus programas Procampo e Ingreso-Objetivo, a 2008, el gobierno federal destinó 168 mil 435 millones de pesos para apoyar a los campesinos, pero 73% de esos recursos sólo benefició a los productores más ricos del país.La estimación anterior forma parte de un estudio elaborado por la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C., con base en el programa Subsidios del Campo a México y los padrones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).Fundar agrega que algo similar sucede con el Programa de Atención a Problemas Estructurales, creado en 2001 por la administración del panista Vicente Fox.De acuerdo con la organización civil, la mayoría de los fondos asistenciales ha ido a parar a las arcas de las empresas productoras y comercializadoras Bachoco, Maseca y Minsa, y de las trasnacionales Cargill y Archer Daniels Midland (ADM).Víctor Suárez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, que también participó en ese estudio, sintetiza: la situación por la que atraviesa el agro se debe a la ineficacia de los funcionarios, así como a la falta de oportunidad en la entrega de los recursos a los productores rurales y a sus organizaciones sociales.Y pone ejemplos: de los 168 mil 435 millones de pesos entregados por el gobierno federal en los últimos 14 años a través de Procampo y de Ingreso-Objetivo, 122 mil millones fueron a parar a los bolsillos de 1.08 millones de productores –los más ricos del país–, que son sólo 20% de los 5 millones 439 mil 703 beneficiados. Eso es escandaloso, sostiene, si consideramos que 4.3 millones de productores agrícolas se quedaron sólo con 46 mil 435 millones de pesos.Así, continúa, entre 1994 y 2008, el gran productor recibió del gobierno federal 112 mil 388 pesos anuales, mientras que el pequeño o mediano productor sólo obtuvo 10 mil 608 pesos, que no representan ni 10% de lo que obtiene el productor rico.No es gratuito que esos grandes productores y almacenadores que durante años acapararon los apoyos gubernamentales hoy sean objeto de ataques por parte de la población que resiente los embates de la crisis alimentaria. El jueves 12, por ejemplo, en las inmediaciones de Santa Teresa y Cuauhtémoc, dos de las colonias más pobres de Celaya, Guanajuato, la población, armada con palos y piedras, asaltó un tren de la transnacional Cargill que transportaba maíz.La situación evoca el hambre y el descontento social que privaron durante la época de la Revolución. De hecho, tras la llegada del PAN a Los Pinos en 2000, los robos reaparecieron y comenzaron a incrementarse a partir de octubre de 2008, cuando la crisis económica empezó a sentirse a lo largo del país. La propia empresa Cargill sostiene que de 2005 a 2007 el robo de maíz fue de 2.5 toneladas por mes y se disparó en 2008, cuando los hurtos sumaron mil 353 toneladas. Según la trasnacional, durante el último trimestre de ese año la situación se agudizó: en octubre fueron 350 las toneladas de grano sustraídas, en noviembre sumaron 228 y en diciembre se elevaron a 400. Más: los primeros 23 días de enero de este año los trenes de la ruta Sinaloa-Hidalgo y Perote-Hidalgo fueron asaltados por habitantes de la zona, quienes se llevaron 700 toneladas de maíz.La empresa comercializadora Portimex también ha sufrido varias acometidas de la población. Durante 2008 y los primeros días de 2009 le robaron 613 toneladas de maíz. Así mismo, el jueves 12 “un comando armado” sustrajo 600 costales de frijol de las bodegas de la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente, conformada por pequeños productores que se agrupan para almacenar el grano y venderlo cuando el mercado les ofrezca los mejores precios.Hoy, además del acaparamiento de los programas asistenciales, los pequeños agricultores, pescadores y comercializadores padecen el constante incremento en el precio del diesel, la gasolina y el diesel marino, explica Víctor Suárez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo. Esa situación los llevó incluso a un paro, que mantienen desde el pasado 1 de enero.Manuel Alvarado, dirigente de El Barzón en Zacatecas, sostiene que Procampo está mal diseñado. Dice que el gobierno destina determinada cantidad de dinero por cada hectárea sin importar el tipo de producto que se siembre; luego, el banco entrega un crédito de 80 centavos por cada peso al productor, siempre y cuando éste muestre el certificado que lo acredite como beneficiario.Pero el programa se ha distorsionado, no sólo porque los recursos gubernamentales se concentran en manos de los grandes productores de cada estado, sino porque la ayuda llega tarde y los productores se ven obligados a pedir créditos al banco, que se los otorga pero les cobra los intereses correspondientes. Así, cuando los recursos oficiales llegan, se utilizan para pagar esos intereses.
Procampo: inconsistencias
Manuel Alvarado recuerda que en 2003 organizó a varios productores de Zacatecas para solicitar recursos del Procampo con el propósito de aplicarlos en 18 mil hectáreas. Por esa época el gobierno debía otorgar en diciembre de ese año a cada productor entre 800 y 900 pesos, pero lo hizo hasta julio de 2004; el banco (Banorte), por su parte, sí aportó los 80 centavos por cada peso que le correspondían. Al final, esta institución cobró los intereses. La falla no estuvo en los productores sino en la Sagarpa, que demoró más de un semestre el liberar los recursos, arguye el líder barzonista.Y las irregularidades continuaron. Si bien en 2004 la dependencia pagó a tiempo al banco, no lo hizo en 2005 (liquidó hasta marzo de 2006); para 2006 también se demoró tres meses, al igual que en 2007. “Y por lo que se refiere a 2008, el gobierno aún no le ha pagado al banco”, dice Alvarado.Aclara que cuando un productor registra sólo cinco hectáreas, el gobierno es el que paga los intereses; cuando la extensión es mayor, el interés corre a cargo del productor. “Pero finalmente el dinero lo descuenta el banco del cheque que nos manda el gobierno, con lo que se diluye el apoyo al campo”.Alvarado sospecha que el retraso puede ser un acuerdo entre el gobierno y los banqueros, pues quienes ganan con estos apoyos son los dueños de Banorte o el Banco del Bajío, instituciones con las que la mayoría de los productores trabajan.Y la ineficiencia de los funcionarios de la Sagarpa para liberar los cheques de Procampo provoca que los productores también tengan problemas con el programa Ingreso-Objetivo, que de alguna manera es complementario y funciona así: El gobierno federal fija un precio por tonelada de algún producto (maíz, trigo, sorgo o algodón); si en el mercado se vende a mayor precio, él mismo paga la diferencia al productor.Pero, según el dirigente barzonista, para que el productor pueda entrar a dicho programa se le exige que tenga Procampo, “que sólo funciona para maíz, trigo, sorgo y algodón; el frijol y los ganaderos, por ejemplo, no están incluidos”.Procampo tiene otras fallas. Según este programa, los productores deben demostrar que cuentan con un tractor para obtener el diesel subsidiado. En Zacatecas, dice el entrevistado, esta situación ha resultado tan problemática que 60% de la gente del campo prefirió migrar a Estados Unidos en busca de empleo. Allá, sostiene, se emplean como albañiles o lavaplatos.Lo curioso, agrega Alvarado, es que, para no perder los beneficios de Procampo ni los subsidios para adquirir el diesel que les corresponde, “la mayoría renta sus hectáreas a algún conocido bajo el entendido de que el arrendatario aprovecha los subsidios y el propietario del terreno conserva el programa; algunos productores continúan recibiendo los fondos del gobierno y el subsidio mientras trabajan en Estados Unidos”. Así, los productores que se quedan en Zacatecas son los que se enfrentan a los costos de producción elevados y aun compiten con los grandes productores en desventaja, detalla el barzonista.
El programa panista
Lejos de enmendar esas inconsistencias, las cosas empeoraron con la llegada de Vicente Fox a Los Pinos.En 2001, por ejemplo, el gobierno foxista creó las reglas de operación, los requisitos para ser sujeto de subsidios; instauró un programa de coberturas para el productor y el comercializador, una especie de seguro para que cuando el precio de algún producto suba o baje no afecte a ninguna de las dos figuras.En su edición del pasado 18 de enero, Proceso informó acerca de la forma en que el gobierno causó a los productores de maíz un quebranto por mil 200 millones de pesos al cancelar las coberturas de los productores de manera prematura y sin consultarlos.Entre 2004 y 2008, el gobierno federal otorgó gran parte de los recursos presupuestados para coberturas a cinco empresas: Bachoco, del gobernador de Sonora, Eduardo Bours, con 189 millones de pesos para la siembra de sorgo; a la trasnacional Cargill, principal productora y almacenadora de maíz, con 167 millones de pesos; a ADM, productora y almacenadora de maíz; a Maseca, de Roberto González Barrera, se le dieron 191 millones de pesos; y a Minsa, cuyo propietario es Raymundo Gómez Flores, le tocaron 54 millones de pesos.Además, entre 2003 y 2008 Almacenadora Mercader (Almer), dependiente de Minsa, recibió apoyos por mil 900 millones de pesos de diversos programas para el frijol, contra 2 mil millones que obtuvieron otras empresas; en otras palabras, los almacenes de Gómez Flores recibieron en los últimos seis años 46.4% de los recursos repartidos por la Sagarpa.El diputado federal del PRD Juan N. Guerra preguntó en diversas ocasiones a la titular de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), Graciela Aguilar Antuñano, sobre la cantidad que la Sagarpa destinó al apoyo para el frijol en 2007 y 2008. La funcionaria nunca respondió.Sin embargo, según datos de la misma Acerca, se otorgaron 53 millones de pesos, de los cuales 10.3 millones de pesos fueron para el dueño de la empresa Integradora Comercial de los Ríos Culiacán y San Lorenzo, S.A. de C.V., Jesús Manuel Patrón Montalvo. El beneficiario es diputado federal priista y presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados.El dirigente barzonista de Chihuahua, Víctor Quintana, quien el pasado 30 de enero encabezó la toma del Puente Internacional Córdoba-América, ubicado entre Ciudad Juárez y El paso, Texas, en demanda de la disminución de precio del diesel y exigió la entrega puntual de los recursos de los programas gubernamentales, dijo en esa ocasión que el gobierno federal está violentando el artículo 3 de la Ley de Desarrollo Rural en la cual se establece que son prioridad de cualquier programa los productores de menores ingresos y no los grandes productores y comercializadores.El titular de la Sagarpa, Alberto Cárdenas, ideó el llamado Programa de Atención a Problemas Estructurales, el cual incluye los sistemas de coberturas, que en el fondo son apoyos compensatorios para los productores y comercializadores.Recientemente, la Organización de las Naciones para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) realizaron la Evaluación de diseño del programa de atención a problemas estructurales (Apoyos Compensatorios).Su conclusión fue lapidaria: la Sagarpa destinó 11 mil 541 millones de pesos sin tener claro qué tipo de problema resolvería ni cuál era la población beneficiada.En la página 13 de ese documento, los organismos internacionales indican: “El análisis de la consistencia interna del programa muestra que su actual diseño no es el adecuado para resolver la problemática definida. En el diseño actual del programa, los componentes son subsidios asociados por el ingreso y los costos de producción de los beneficiarios…“El carácter compensatorio de algunos de esos componentes implica la generación de distorsiones en la asignación de recursos y desincentivos a la renovación de los bienes de capital por parte de los beneficiarios, incidiendo de manera directa sobre su capacidad productiva y convirtiéndose en incentivos perversos.” En este rubro se incluyen, por ejemplo, el diesel, la gasolina para la actividad agropecuaria y el diesel marino.Así mismo, el análisis señala: “Es importante mencionar que, no obstante que la importancia del problema permite justificar la intervención pública, existen elementos en el diseño del programa que generan ineficiencias e incentivos perversos, así como distorsiones en la asignación en el uso de los recursos públicos”.Por lo que atañe a los beneficiarios, la evaluación de la FAO y la Cepal señala que “el programa no cuenta con una definición de la población potencial ni establece una diferencia entre ésta y la población objetivo”.
Movilizaciones
El 10 de diciembre de 2002, integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), la Coordinadora de Organizaciones Urbanas y Campesinas (Coduc), así como El Barzón, organización encabezada por Alfonso Ramírez Cuéllar, entraron a caballo al palacio legislativo de San Lázaro para demandar mayores recursos para el campo. Ese año la Sagarpa ejerció un presupuesto de 35 mil 580 millones de pesos.Como resultado de esa movilización, el gobierno federal decidió aumentar los recursos de asistencia al campo. De esa manera para 2008 se destinaron 204 mil millones de pesos al Programa Especial Concurrente (PEC), que se distribuye entre varias secretarías. De ese monto 64 mil millones de pesos correspondieron a la Sagarpa. Y a esta partida corresponden los 11 mil 541 millones que evaluó la FAO.Ahora los problemas se agudizaron. El constante incremento al precio del diesel agropecuario y marino, así como la entrega tardía del dinero a los productores, provocaron ya la suspensión de actividades del sector pesquero y agrícola.Y a pesar de que sí hubo un aumento en los recursos asistenciales para el campo, los programas no cumplen su cometido. Ante ello, El Barzón, que sólo ha participado en la toma del puente en Ciudad Juárez, decidió sumarse al movimiento y anunció a la Secretaría de Gobernación que este lunes 16 sus agremiados “pararán maquinaria agrícola y concentrarán ganado lechero (en distintas partes del país)”. l

Un paro “ficticio”

PATRICIA DáVILA

Mientras el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Alberto Cárdenas Jiménez, anunciaba apresuradamente el fin del paro pesquero tras un acuerdo de 10 puntos con líderes camaroneros, la realidad agobiaba al grupo más desprotegido de este sector: la tripulación de los barcos y los pescadores ribereños de escama que padecen explotación, ultrajes y represión.Según Cárdenas, la flota camaronera volvería al mar este lunes 2 de febrero, luego de que los dueños de los barcos mantuvieron durante todo enero el paro “Cero Pesca” en los estados de Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, Campeche, Baja California, Veracruz, Tabasco y Yucatán. Además, encabezaron marchas, plantones y tomas de delegaciones en protesta por la exclusión del diesel del Acuerdo Nacional a Favor de la Economía Familiar y el Empleo, anunciado por Calderón el pasado 7 de enero.El martes 27 de enero, Calderón fijó una reducción de 75% en el ajuste mensual de ese combustible, lo que fue recibido con escepticismo por pescadores, campesinos y transportistas, y severamente criticado por legisladores del PRI y del PRD.Para Rafael Ruiz Moreno, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera (Canainpesca), la respuesta presidencial les impide planear adecuadamente los costos de operación.La postura empresarial del sector tampoco contempla a los trabajadores del ramo. Por el contrario, el paro de los dueños de barcos sirvió para evidenciar las condiciones “dramáticas” que viven los pescadores en el sector camaronero.En puertos como Tampico, el capitán Bladimir Valencia García y el representante de la sociedad cooperativa de Producción Pesquera Mar de Galilea, Manuel Mérida Gómez, acusan a los dueños de ser una “mafia explotadora, depredadora y voraz”. A sus pescadores, afirman, “les cobran la comida, les dan salarios de 5 a 8 mil pesos al mes, les imponen jornadas laborales continuas de hasta 50 horas y los someten a un riesgo constante de morir”.En estados del sur del país, como Tabasco, Campeche y Oaxaca, se ha evidenciado la pobreza de los pescadores ribereños, pertenecientes al sector social, con ingresos que para algunos no rebasan los 20 pesos al día. Para ellos, el paro “significa dejar a la familia sin comer”.La precariedad laboral se agrava por las dificultades del sector. En términos generales, la flota camaronera de altura “ha enfrentado una situación de deterioro paulatino de su rentabilidad que ahora ha hecho crisis”, reconoció el 14 de enero la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), dependiente de Sagarpa.La pesca de camarón en altamar y aguas interiores promedió 42 mil 200 toneladas anuales entre 1996 y 2006, en la que participaron mil 371 embarcaciones mayores y 12 mil 339 menores, según la actualización de la Carta Nacional Pesquera publicada el viernes 25 de agosto de 2006 en el Diario Oficial de la Federación. De la captura total, 59.2% se obtenía de la flota industrial y 40.8% de la “artesanal”.Sin embargo, la propuesta integral 2009 de Sagarpa para la flota camaronera de altura establece que al inicio del sexenio de Vicente Fox existía una flota de 2 mil 15 barcos; al término de su administración, disminuyó a mil 597. Y para el segundo año de la presidencia de Felipe Calderón sólo quedaban mil 489.El diagnóstico elaborado por Conapesca reconoce que la combinación de la baja “irreversible” en el precio del camarón, el aumento de los costos de producción y el deterioro en la infraestructura productiva, además de un ordenamiento pesquero inconcluso, propiciaron que 55% de la flota camaronera de altura esté por debajo de su punto de equilibrio, establecido en 16.35 toneladas anuales por barco. A eso se le suma “el descuido y falta de inversión gubernamental en los últimos 30 años”, acepta la dependencia.

Paro ficticio

En Tampico, 80 familias detentan la mayor parte de los 225 permisos para la pesca de camarón. Éstas acapararon la mayor parte del subsidio otorgado al diesel marino en el estado, que el año pasado fue de 87.5 millones de pesos.La concentración es mayúscula. Por ejemplo, una relación de los propietarios de barcos emitida por la delegación de la Sagarpa registra que la familia González Aranda posee 22 naves; los Longoria Treviño (parientes del dirigente local de la Canainpesca, Millar Alexander Longoria) es dueña de 17 barcos; la familia Reynaga tiene 14, y los Ruiz Villegas 13.Manuel Mérida Gómez, dirigente de la Pesquera Mar de Galilea, denuncia: “Existe una élite de empresarios camaroneros ligados a la política, como los exalcaldes de Tampico Nicanor Fernández Cabrera y Fernando Azcárraga, quien además es propietario del canal local de Televisa”.Otros “levantan sospechas por el repentino crecimiento que han tenido”, como el propio Alexander Longoria, quien “hasta hace pocos años se dedicaba a la venta de pollo y huevo en el puerto, y ahora posee una de las flotas camaroneras más importantes del Golfo”, dice.Para colmo, “este fue un paro ficticio, como dijo Conapesca, ya que en los meses de clima frío se impone una veda natural del camarón. Los empresarios no perdieron; tienen las congeladoras llenas de la última captura del año captura”, expone el cooperativista.Con él coincide Bladimir Valencia García, capitán camaronero con más de 30 años de experiencia, quien se queja: “De lo que no hablaron los industriales de la pesca es de las condiciones laborales que padecen sus trabajadores”. Con la piel curtida por el sol, su rostro no oculta su indignación por el entorno “denigrante” en el que laboran los pescadores: “No tienen contrato colectivo de trabajo, las condiciones arriba de los barcos son insalubres, las jornadas de trabajo son extenuantes y viven bajo el riesgo constante de perder la vida en altamar”.Su descripción es cruda: “Las chingas son duras, hay veces que no dormimos por 40 o 50 horas. Cuando hay mucha captura, se la pasa uno lanzando y levantando redes, seleccionando, limpiando, lavando y metiendo al congelador el producto. En esta tarea –sostiene–, muchos han muerto, han desparecido en el mar”.El propio capitán Valencia ha padecido agravios. El 16 de junio de 2005 participó con otros pescadores en la toma del puente del Moralillo para exigir la firma de un contrato colectivo con los dueños de los barcos. Cuarenta de ellos fueron encarcelados, cuenta, y ahora “temen hablar de lo que realmente sucede detrás de este paro”.Lamek Ocampo López, capitán del barco Don Arturo, da otro ejemplo de las arbitrariedades cometidas por los dueños de las embarcaciones: hace dos años la nave fue consumida por el fuego y toda la tripulación debió lanzarse al mar; nadaron 12 horas apoyados sobre la tapa de una congeladora hasta llegar a la costa.Salvaron la vida, pero no el empleo. Eduardo Morales, propietario del Don Arturo, los despidió y les dio 150 pesos como indemnización. Desde entonces, al capitán Ocampo no le dan trabajo.La represión en Tamaulipas es constante. Juan Martínez Valdez, motorista de barco por más de 25 años, recuerda que en 2003 medio millar de pescadores se organizaron para exigir a sus patrones mejores condiciones de trabajo. La respuesta fue un largo veto para quienes se atrevieron a protestar.“Una de las quejas era la seguridad social, pues la mayoría de los dueños de barcos no pagan las cuotas del IMSS, o bien, en las épocas de veda, suspenden los pagos y dejan a las familias sin servicio médico por más de tres meses”, relata.Casi nada ha cambiado desde entonces. Ahora, mientras los empresarios mantenían el paro, unos mil tripulantes fueron obligados a permanecer en los muelles realizando labores de mantenimiento, a cambio de un salario de entre 200 y 500 pesos a la semana que les descontarán cuando se normalice la pesca.

La sombra de Pemex

En estados del sur, el paro ha dividido a los pescadores. Mientras los cooperativistas no tienen otra alternativa que trabajar pese al paro, los empresarios culpan a Pemex y a la Armada de México de estar hundiendo en la crisis a su flota.Sabino Rodríguez García, presidente de la Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera de Tabasco, e Isidro Peraza Martínez, presidente de 40 cooperativas integradas a la Federación de Sociedades de Producción Pesquera y Acuícola del municipio de Celta, aseguran que los aumentos constantes al diesel duplicaron sus costos de operación.Para ellos fue imposible sumarse al paro, el sector social vive al día. “Si no salimos a pescar, muestras familias no comen”.Su situación no se alivia ni siquiera con el anuncio de Calderón, pues eso no resuelve el incremento del precio de todos los implementos de pesca. Aunque el precio del combustible suba menos que antes, “el daño ya está hecho”, concluyen.Rodríguez García expone que otro problema que enfrentan los pescadores es ocasionado por la restricción impuesta por la Armada de México para trabajar cerca de las plataformas de Petróleos Mexicanos (Pemex).A su vez, Mauricio Pérez, propietario del barco Alex M, con capacidad para 45 mil litros de diesel, explica: “En Ciudad del Carmen había 800 barcos camaroneros, ahora quedan unos 20. El área restringida, el aumento del combustible y el bajo precio del camarón acabaron con la pesca”, resume. Esta veda forzada se produce también en Oaxaca.Indignado, Joel Gallegos García, presidente de la Unión de ribereños que agrupa a 660 pescadores de Salinas del Marqués, denuncia que elementos de la Armada de México encañonan a los pescadores para obligarlos a salir del área en que ancestralmente han trabajado.En Salina Cruz, el empresario Ignacio Pérez Cervantes culpa directamente a Pemex de la quiebra del sector pesquero: “Por razones de ‘seguridad nacional’ restringió el área de pesca a 25 kilómetros cuadrados, ocasionando la pérdida de mil 200 empleos. Hoy, apenas tenemos 400 trabajadores”.Y lo que es peor:“Los barcos petroleros que distribuyen diesel y gasolina en el Pacífico son transportados por buque-tanques que llevan millones de litros. De regreso a la refinería los llenan de agua de mar para que no pierdan estabilidad. Luego vacían una mezclada con residuos de hidrocarburos, matando las especies marinas por la contaminación, en el área de Acapulco, Huatulco y San Francisco del Mar”, asegura Pérez Cervantes, propietario de 17 barcos, quien, junto con otras dos personas, poseen las 43 embarcaciones que conforman la flota camaronera de alcamar en este puerto. En Campeche, los empresarios pesqueros han tenido un cierto alivio.Adicional a la reducción del aumento para el diesel, el gobernador Jorge Carlos Hurtado Valdez anunció una dotación de 3 millones de litros de combustible para los dueños de barcos de altura. Además, cubrirá las cuotas de sus trabajadores ante el IMSS correspondientes a enero.En este estado operan 120 navíos: 90 en Campeche y 30 en Ciudad del Carmen. De la pesca de altura viven 2 mil familias.Pero para éstas, los acuerdos, subsidios y “sacrificios fiscales” de la federación no son más que retórica.Javier Gil Chi, representante de la Federación Regional de Sociedades Cooperativas Pesqueras de Altura, que agrupa a tripulantes de barcos y a trabajadores de plantas congeladoras, señala que los anuncios del gobernador y del presidente Calderón sólo benefician a los dueños de los barcos.“Las soluciones son para ellos, no para nosotros, que somos los más perjudicados”, afirma, y explica que durante el tiempo que los barcos estuvieron atracados, cada pescador dejó de ganar su salario de apenas 20 pesos por día.“¡Sufrimos por llevar comida a casa!”, lamenta, y agrega que para resolver sus necesidades, los tripulantes han pedido préstamos a los dueños de los barcos. Hay quienes ya deben hasta 8 mil pesos a los patrones, sin contar los mil 500 pesos que gobierno del estado prestó a cada pescador “para que la fuera pasando”.Los pescadores campechanos están por llegar al límite de su resistencia. En los próximos días entregarán a los dueños de los barcos un pliego petitorio con las principales demandas laborales.“Si se niegan a atenderlo, entonces sí iremos a paro”, advierte Gil Chi.Aquí los empresarios no podrán decir que carecen de recursos. No sólo han recibido apoyos locales y federales; en esta entidad, el negocio del camarón alguna vez fue tan boyante que atrajo a gobernadores como Abelardo Carrillo Zavala y Jorge Salomón Azar García, y a líderes políticos como el desaparecido Leonardo Rodríguez Alcaine. Los tres adquirieron barcos camaroneros. El primero fue más allá: compró también un varadero y una congeladora.Hasta Carlos Mouriño Atanes y María de los Ángeles Terrazo, padres del fallecido secretario de Gobernación, incursionaron en la pesca camaronera en los noventa. Sin embargo, la captura decayó cuando Pemex expandió sus operaciones en altamar a 80 mil kilómetros cuadrados y disminuyó a 6 mil 800 kilómetros el campo de acción del sector pesquero en la Sonda de Campeche, de donde se extrae 80% de la producción nacional de petróleo. (Con información de Gabriela Hernández, Rosa Santana, Pedro Matías y Armando Guzmán.)

Multimillonario despojo a productores de maíz

JESUSA CERVANTES

La cancelación unilateral y anticipada, por parte del gobierno federal, de un seguro de cobertura firmado con la Bolsa de Valores de Chicago, se tradujo en multimillonarias pérdidas para productores de maíz de Sinaloa, quienes aseguran que han sido defraudados. La suma: más de mil 200 millones de pesos. Ellos reclaman que se les pague su dinero y exigen la comparecencia de los titulares de Sagarpa y Aserca, pues además, afirman, esa irregularidad beneficia a grandes comercializadores del grano, como Maseca, Minsa, Cargill y Archer Daniels Midland (ADM).

Productores de maíz de Sinaloa denunciaron que el gobierno federal los defraudó e hizo "mal uso" de recursos públicos por mil 200 millones de pesos al cancelar, prematuramente y sin consulta, los seguros de cobertura que tenía firmados con la Bolsa de Valores de Chicago.Más de 20 mil productores de maíz blanco de la entidad dieron cuenta el año pasado, por medio del diputado federal del PRD Juan N. Guerra, de ese despojo millonario, del que acusan al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Alberto Cárdenas, y a la directora de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), Ana Graciela Aguilar Antuñano.La defraudación de que han sido objeto la atribuyeron al hecho de que el gobierno de Felipe Calderón adoptó una política de subsidios que en primer lugar beneficia a los comercializadores, sobre todo a "los cuatro grandes", que se quedan con 60% de la producción: Maseca, propiedad de Roberto González Barrera; Minsa, de Raymundo Gómez-Flores, y las trasnacionales Cargill y Archer Daniels Midland (ADM).Los productores de la entidad, encabezados por Ocadio García Espinoza, presidente del Frente de Defensa de Productores Agrícolas del Estado de Sinaloa y por el dirigente Arnulfo Rosas Encines, realizaron el pasado 28 de agosto un plantón en las afueras de la delegación de Sagarpa en la entidad, donde expusieron la falta de pago y acusaron a los funcionarios de Sagarpa y Aserca de "estar jineteando" su dinero.Como el diputado Juan N. Guerra solicitó a dichas instancias información sobre el tema, sin obtener una respuesta satisfactoria, el pasado 9 de septiembre propuso un punto de acuerdo para llamar a comparecer al titular de Sagarpa, Alberto Cárdenas. En esa comparecencia ante los legisladores, propuso el perredista, el secretario Cárdenas deberá explicar por qué se canceló con anticipación, y sin autorización de los productores, el seguro de cobertura, cuál fue el intermediario (broker) que realizó la operación en la Bolsa de Valores de Chicago y cómo hará frente el gobierno a su obligación de pagar el dinero retenido o jineteado.
Las nuevas reglas
El origen de este caso es que, bajo la lógica de la especulación, y sin la autorización de la Cámara de Diputados, el gobierno de Felipe Calderón inició su mandato imponiendo nuevas reglas para entregar apoyos y "proteger" a productores y comercializadores de maíz blanco. Conforme a las nuevas disposiciones, que eliminaron los tradicionales precios de garantía, a partir de 2007 ambos integrantes de la cadena productiva de la tortilla deben acordar un contrato de venta o compra anticipada de su producto a cambio de aceptar un seguro de cobertura que se fija entre Aserca y la Bolsa de Valores de Chicago.A raíz de que la actual administración estableció el Programa Especial Concurrente (PEC), que agrupa todos los apoyos económicos para el campo, las reglas para distribuir los recursos ya no son fijadas por los legisladores federales, sino por el titular de Sagarpa. Así, ahora hay un precio por tonelada de maíz que se establece, entre otros factores, a partir del precio de cotización del maíz amarillo en la Bolsa de Valores de Chicago, más 20 dólares por tonelada para el maíz blanco, que no cotiza allá.Según explicaron a Proceso el legislador Guerra y varios productores entrevistados que prefirieron omitir sus nombres para no ser excluidos de futuros apoyos, dentro del Programa de Compra Anticipada de Maíz Blanco se fijó para 2008 un precio de 2 mil 600 y 2 mil 800 pesos por tonelada, dependiendo del mes en que se firmó el contrato. Sin embargo, de acuerdo con la cotización del grano en junio en la Bolsa de Valores de Chicago, y conforme a los seguros de cobertura adquiridos, el pago por tonelada debió ser considerablemente superior. Juan N. Guerra precisó: "El Programa de Compra Anticipada de Maíz Blanco se complementa con la compra por parte de la Sagarpa, a través de Aserca, de coberturas o una especie de seguro que se contrata con la Bolsa de Valores de Chicago". Hay, de acuerdo con los entrevistados, dos tipos de cobertura: la llamada call, que el gobierno federal cubre a 100% para los productores, y la put, destinada al comercializador, quien cubre 50% mientras el gobierno asume otro 50%.Según los datos de Aserca, en el ciclo de siembra primavera-verano de Sinaloa, la cobertura o especie de prima de seguro que se pagó por tonelada fue para el productor de 212 pesos, y para el comprador, de 284 pesos."Estas coberturas son para dar la garantía, bajo este esquema, de que el productor ya no va a tener un precio más bajo del que firmó en el contrato con Aserca, y de que al comprador (futuro comercializador) ya no se le va a vender a un precio más alto del que firmó", apuntó uno de los productores.El legislador, quien no está de acuerdo con este esquema, refirió que, aun antes de que empezara la cosecha, los contratos que los productores y compradores signaron con Aserca fijaron un precio de 2 mil 600 y 2 mil 800 pesos por tonelada. Pero el seguro que contrató Aserca -mediante un broker, porque Aserca no cotiza en esa bolsa- tenía vencimiento para julio, por lo que la Bolsa de Valores de Chicago tendría que haberlo liquidado el último fin de semana de junio, cuando el grano "tuvo un valor de 3 mil 315 pesos, es decir, 715 pesos más arriba que en el primer caso y 515 pesos superior en el segundo".El problema, destacó el diputado Juan N. Guerra, es que, de acuerdo con lo que le manifestó la propia Aserca, la prima de cobertura la liquidó unilateralmente el gobierno mexicano antes de tiempo, es decir, en abril y no en julio de 2008, como estaba pactada y aprobada por productores y comercializadores.El argumento que utilizó el gobierno de Calderón para obligar a productor y comprador a aceptar este tipo de seguro fue que ninguno de los dos perdieran, de modo que si el precio de la tonelada sube, el productor gana, y si el precio baja, al comercializador se le retribuye el diferencial. Y en ambos casos quien pone el dinero adicional es la Bolsa de Valores de Chicago, nunca el gobierno.Además, el apoyo del Programa de Compra Anticipada consiste justamente en que el gobierno absorbe el pago de 50% de la prima del comercializador y 100% de la prima del productor por tonelada.A pesar de que el gobierno paga la prima, sólo a petición del productor o del comercializador puede cancelarla anticipadamente, insistieron los productores. Aunque Sinaloa produce 4 millones 800 mil toneladas, el programa sólo incluye 3 millones 850 mil toneladas con este tipo de seguro. De manera que, por este concepto, la Sagarpa destinó a las primas mil 362 millones 900 mil pesos. Ahora bien, mientras que en los dos ciclos de siembra y cosecha de maíz de 2007 el productor nunca ganó, en 2008, debido a la situación financiera de Estados Unidos, el precio subió y, en consecuencia, el productor tendría que haber ganado.
Los ganadores
Conforme a los datos incluidos por Aserca en su página de internet, a los documentos de los productores y a los que pudo obtener Juan N. Guerra por medio de Sagarpa, puesto que el precio fue más alto que el pactado en los contratos anticipados, debió producirse una ganancia para el productor de 2 mil 310 millones de pesos.Como el pago de ese diferencial no se cumplió, los productores lo reclamaron mediante un plantón ante Sagarpa, y al no tener respuesta acudieron al diputado Guerra Ochoa. "Como la ganancia -de acuerdo con el cierre del mercado en junio- fue de 715 y 515 pesos por tonelada, nosotros, junto con los productores, sacamos un promedio de 600 pesos que, multiplicados por los 3 millones 850 mil toneladas del programa, nos dan un total de 2 mil 310 millones de pesos. Sin embargo, el gobierno no les quiere pagar todo porque liquidó antes de tiempo y no tiene ese dinero", explicó.Y no obstante que Aserca indicó en su página de internet que ya pagó toda la ganancia a los productores (es decir, lo ganado hasta abril) y que esta liquidación ascendió a 770 millones 125 mil 586 pesos, los productores sinaloenses entrevistados sostuvieron que a ellos no les ha llegado ningún peso.La dependencia aseguró que ya entregó también el dinero a los comercializadores, una ganancia de 417 millones 444 mil 150 pesos. Conforme a dichas cifras, el gobierno habría pagado un total de mil 187 millones 569 mil 736 pesos, en lugar de los más de 2 mil millones que debió liquidar.Uno de los productores consultados, que también es comercializador y que por lo mismo prefiere omitir su nombre, expresó que la cancelación anticipada del seguro de cobertura benefició a los comercializadores, y explicó:"Si se hubiera respetado el final del contrato con la Bolsa de Valores de Chicago, que era a julio, la prima no hubiera valido nada, y aunque no hubiéramos perdido, tampoco hubiéramos recuperado nada del 50% que pagamos, pero como se liquidó antes, pudimos recuperar lo que ya nos dieron, y aún falta que se nos pague lo que equivale a un millón 70 mil 346 toneladas más, según se nos informó en Aserca."Por lo anterior, Juan N. Guerra concluyó que Aserca liquidó el seguro de cobertura "presionado por los comercializadores, quienes vieron que el precio iba al alza y no a la baja, como generalmente ocurre. Y aquí, a pesar de que el productor debió haber ganado todo y el comercializador nada -sólo se les respeta su precio pactado a pagar-, ahora resulta que sí ganaron. La chinga con este esquema sigue siendo de abuso contra el productor."La presión -añade-, y casi puedo asegurarlo, fue de Minsa, Maseca, Cargill y ADM, que son las empresas que acaparan 60% de la producción de Sinaloa y, por lo tanto, quienes pagaron más en volumen por la prima."Los legisladores de la Cámara de Diputados ignoran por qué se liquidó la prima antes del tiempo estipulado, quién tomó la decisión -"aunque la responsabilidad es de las autoridades"-, quién fue el broker y por qué se le contrató a él.Según los productores, ellos tienen registrado como broker a New Age Business Solutions, pero esta empresa estadunidense no figura en Compranet de Sagarpa o de Aserca como proveedor de servicios.Puesto que a los productores y a los legisladores no se les ha mostrado el contrato liquidado -sólo se informó al diputado Guerra que la liquidación fue en abril-, consideran que también pudiera suceder que no se haya finiquitado y que el gobierno este "jineteando" mil 200 millones de pesos.
Ganadores y perdedores
Juan N. Guerra se pronunció en contra de este esquema calderonista, no sólo porque se especula en la bolsa con dinero que es del erario federal -"y eso nunca lo hemos aprobado los diputados"-, sino porque, además, Aserca entrega al comercializador un subsidio de 500 pesos por tonelada bajo el concepto de flete y servicios (almacenamiento). "Si multiplicamos los 3 millones 850 mil toneladas del programa por 500 pesos, esto nos da un total de mil 925 millones de pesos. ¡Así, casi 2 mil millones de pesos adicionales! Es un absurdo, porque en el precio por tonelada de maíz que se fija ya viene descontado el flete; no tienen por qué dar otro subsidio", comentó.Pero mientras al comercializador se le extiende un subsidio injustificado, e incluso hoy tiene una ganancia adicional gracias a la liquidación anticipada del seguro de cobertura, los productores son perjudicados.Éstos refirieron que, desde octubre, autoridades de Aserca los han estado presionando para que rubriquen un documento en donde afirman que fueron ellos quienes solicitaron la cancelación anticipada del seguro. Esto lo secunda Juan N. Guerra, quien añade: "Además, se está poniendo el escrito con fecha retroactiva. Pero hasta ahora no han firmado nada".De acuerdo con las reglas de operación del programa -que fijó el propio titular de la Sagarpa, Alberto Cárdenas-, las autoridades no pueden tomar la decisión de cancelar ninguna de las dos coberturas. Debe ser a petición del productor o del comercializador, "y en el caso de los productores esto no ocurrió", especificó el diputado Guerra.Al no existir documentos que prueben que fueron los productores quienes demandaron la cancelación, el gobierno está obligado a resarcir el daño y a pagarles la totalidad de los 2 mil 310 millones de pesos, y no sólo 770 millones 125 mil 586 que -según la página de internet de Aserca- ya se les entregó."La liquidación de este tipo de seguros sólo ocurre cuando el productor cosecha y entrega su maíz al centro de acopio autorizado por Aserca (lo cual no ha sucedido) o cuando la Bolsa de Chicago automáticamente liquida una semana antes del mes de julio. Cualquier otra circunstancia es especulación por parte de Aserca", consideró Juan N. Guerra.Como el gobierno ha realizado un fraude contra los productores, continúo, porque sin su autorización pretende que éstos no obtengan la ganancia que debieron tener jugando las reglas que el propio gobierno les impuso, "ahora el problema es para las autoridades: a ver de dónde van a sacar esos más de mil millones de pesos para los productores".La Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados solicitó a la Auditoría Superior de la Federación que audite el programa de Aserca del ciclo 2007-2008, para ver dónde están los millonarios recursos y conocer los motivos por los cuales se canceló la cobertura. Sin embargo, el auditor, Arturo González de Aragón, informó que no podía realizar ese procedimiento porque el ejercicio aún no concluía, de modo que la revisión tendría que hacerse en 2009. Frente a lo anterior, Juan N. Guerra demandó el 3 de octubre a la ASF una auditoría extraordinaria excepcional, ya que "fue la propia Aserca quien decidió liquidar la cobertura en abril mostrando discrecionalidad y falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos, pudiendo existir irregularidades..."

Sinaloa: El gran fraude del maíz

JESUSA CERVANTES

La cancelación unilateral y anticipada, por parte del gobierno federal, de un seguro de cobertura firmado con la Bolsa de Valores de Chicago, se tradujo en multimillonarias pérdidas para productores de maíz de Sinaloa, quienes aseguran que han sido defraudados. La suma: más de mil 200 millones de pesos. Ellos reclaman que se les pague su dinero y exigen la comparecencia de los titulares de Sagarpa y Aserca, pues además, afirman, esa irregularidad beneficia a grandes comercializadores del grano, como Maseca, Minsa, Cargill y Archer Daniels Midland (ADM). Productores de maíz de Sinaloa denunciaron que el gobierno federal los defraudó e hizo "mal uso" de recursos públicos por mil 200 millones de pesos al cancelar, prematuramente y sin consulta, los seguros de cobertura que tenía firmados con la Bolsa de Valores de Chicago.Más de 20 mil productores de maíz blanco de la entidad dieron cuenta el año pasado, por medio del diputado federal del PRD Juan N. Guerra, de ese despojo millonario, del que acusan al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Alberto Cárdenas, y a la directora de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), Ana Graciela Aguilar Antuñano.La defraudación de que han sido objeto la atribuyeron al hecho de que el gobierno de Felipe Calderón adoptó una política de subsidios que en primer lugar beneficia a los comercializadores, sobre todo a "los cuatro grandes", que se quedan con el 60% de la producción: Maseca, propiedad de Roberto González Barrera; Minsa, de Raymundo Gómez-Flores, y las trasnacionales Cargill y Archer Daniels Midland (ADM).Los productores de la entidad, encabezados por Ocadio García Espinoza, presidente del Frente de Defensa de Productores Agrícolas del Estado de Sinaloa y por el dirigente Arnulfo Rosas Encines, realizaron el pasado 28 de agosto un plantón en las afueras de la delegación de Sagarpa en la entidad, donde expusieron la falta de pago y acusaron a los funcionarios de Sagarpa y Aserca de "estar jineteando" su dinero.Como el diputado Juan N. Guerra solicitó a dichas instancias información sobre el tema, sin obtener una respuesta satisfactoria, el pasado 9 de septiembre propuso un punto de acuerdo para llamar a comparecer al titular de Sagarpa, Alberto Cárdenas. En esa comparecencia ante los legisladores, propuso el perredista, el secretario Cárdenas deberá explicar por qué se canceló con anticipación, y sin autorización de los productores, el seguro de cobertura, cuál fue el intermediario (broker) que realizó la operación en la Bolsa de Valores de Chicago y cómo hará frente el gobierno a su obligación de pagar el dinero retenido o jineteado.

"Este es un adelanto del número 1679 de la revista Proceso, que ya está en circulación"

Corriendo de la FIL, sale Alberto Cárdenas Jiménez

Y el "jabon" o "detergente" sale huyendo de las criticas......

http://www.youtube.com/watch?v=M0xSP4dJPec&eurl=http://www.radioamlo.blogspot.com/&feature=player_embedded

Y ahí estaba el secretario de agricultura Alberto Cárdenas Jiménez, presentando el libro de Al grano. Vida y visión de los fundadores de Bimbo. Se le veía feliz pues hablaba sobre un empresario de los que mejor recibió apoyo en su aventura por ser uno de los candidatos en el 2006 por el Partido Acción Nacional a la presidencia de la republica.

Pero esa felicidad terminó. Pues al marcharse mucho antes de que terminara la presentación, varias personas le gritaron consignas, lo refutaron y aquella sonrisa que dibujaba su rostro, termino en gritos de desesperación que llamaban a la seguridad del evento.

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