Paramilitares En Mexico 31-10-11

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http://youtu.be/oKN2cMyPQsE


http://youtu.be/NLfPHK2YgFk


http://youtu.be/2uprKGqOhbg

La frustración de Calderón

Los cárteles crecen, la frustración también

La cooperación de los gobiernos de Estados Unidos y de México en la guerra contra el narcotráfico se vuelve confrontación fácilmente. Basta que el presidente Felipe Calderón le reclame a Barack Obama –quien lo ve “frustrado”– más ayuda y trabajo antinarcóticos en su país, o que claridosos funcionarios estadunidenses señalen que, pese a la ofensiva militar, los cárteles mexicanos siguen fortaleciéndose y la guerra interna ya le costó al país más de 34 mil muertos. La renuncia de Carlos Pascual como embajador en México abre un nuevo capítulo, más que cerrarlo, en la escalada de tensiones entre ambos países… Y están en puerta más reveses para Calderón en materia de contrabando de armas y derechos humanos.

J. Jesús Esquivel

WASHINGTON.- Una vez que renunció como embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual es ahora mucho más que un fantasma para el presidente Felipe Calderón…

El personaje repudiado por él no solamente se mantendrá en activo dentro de la embajada durante varios meses, asegurando el legado de sus políticas hacia México, sino que constituye el contundente recordatorio de la fracasada lucha de Calderón contra el narcotráfico.

Las nuevas tensiones diplomáticas están precedidas por los cables diplomáticos “clasificados” que reveló el sitio en internet WikiLeaks –y que difundió en México, con amplitud, el diario La Jornada–, según los cuales Pascual informó al Departamento de Estado sobre la descoordinación entre el Ejército y la Marina en operaciones contra capos de la droga ubicados e identificados por las agencias estadunidenses que actúan a sus anchas en México. De ellas forman parte, también, los reclamos de Calderón a Obama, durante su visita a Washington.

En entrevista con el periódico El Universal el 22 de febrero, Calderón estalló contra Pascual por el contenido de los cables y lo calificó de “ignorante”. Después, en declaraciones hechas al Washington Post difundidas el 3 de marzo en el sitio electrónico de ese diario, manifestó que le había perdido la confianza. El mismo día, en la reunión que sostuvo con Obama en Washington, volvió a quejarse de Pascual.

La noche del sábado 19, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, emitió en Washington un comunicado de prensa en el que dio a conocer la dimisión del embajador en México, quien se vio obligado a renunciar debido a que Calderón le cerró el acceso a las esferas gubernamentales mexicanas. Con todo, la Casa Blanca y el Departamento de Estado le refrendaron su apoyo.

Si bien Calderón dijo que su inconformidad se debía a los reportes de la embajada, son cada vez más insistentes las versiones periodísticas y dentro del gobierno federal acerca de que el presidente tampoco toleró que Pascual tenga un romance con Gabriela Rojas Jiménez, la hija de Francisco Rojas, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados.

Gabriela, la novia de Pascual, fue esposa de Antonio Vivanco Casamadrid, amigo y exasesor de Calderón, quien el jueves 24 lo nombró director de la Comisión Federal de Electricidad, en sustitución de Alfredo Elías Ayub.

El dardo de Obama

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, fue muy directo en su reciente diagnóstico sobre Felipe Calderón: está “frustrado” porque su lucha militarizada contra el crimen organizado no da los resultados que prometió al pueblo de México.

El adjetivo que le clavó el presidente Obama a Calderón mientras estaba de gira en El Salvador se sustenta en conclusiones de reportes oficiales de varias agencias federales y dependencias de primer nivel de su gobierno, según las cuales el narcotráfico se ha fortalecido en México y el saldo de muertos de la guerra interna opaca el triunfalismo de Los Pinos.

Y antes de que el presidente Calderón pueda extraerse la espina, la administración de Obama afila otras…

Una fuente del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca adelanta a Proceso que el mandatario estadunidense oficializará esta semana su rechazo a la solicitud que el pasado 17 de septiembre le hizo el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) para responder a la “regla de emergencia”; es decir, que la Casa Blanca emita una orden ejecutiva para obligar a las armerías de los estados fronterizos con México a reportar al ATF todas las ventas masivas de armas que se hagan a una sola persona. De hecho, la petición ya había sido denegada por Obama el 4 de febrero último.

Y en cuanto al capítulo de los derechos humanos, una fuente del Departamento de Estado que pidió el anonimato refiere a Proceso que en el reporte anual que esta instancia dará a conocer el próximo 4 de abril, correspondiente a 2010, incluye “severas” recriminaciones a las Fuerzas Armadas mexicanas por las continuas violaciones a los derechos humanos en que incurren con el pretexto del combate al narco, cuyos resultados tienen insatisfecho al presidente Calderón.

“La relación con México es realmente muy fuerte. El reto es que los cárteles de las drogas se han fortalecido y el presidente Calderón está, justamente, frustrado”, declaró Obama a la cadena de televisión estadunidense CNN en Español, en una entrevista exclusiva que se transmitió el 22 de marzo.

Esa “frustración”, dijo Obama, se manifiesta en las demandas de Calderón a Washington: reducir el consumo de drogas y contener el flujo ilegal hacia México de armas y del dinero procedente de la venta de los narcóticos en Estados Unidos.

Para el mandatario estadunidense, el sentimiento de Calderón se debe a que, a sólo 18 meses de que termine su sexenio, la lucha militarizada contra el narcotráfico continúa ensangrentando al país y a que en el mundo se conocen, más que sus logros, su costo en muertes: 34 mil 612 hasta enero pasado, de acuerdo con el reporte oficial.

Por eso, en la entrevista con CNN en Español, Obama comentó: “Lo que le he dicho a él (Calderón) es que debemos compartir estas cargas, tenemos que asegurarnos de que estamos invirtiendo en reducir la demanda (de drogas) en Estados Unidos”.

Y puso como ejemplo de esa “responsabilidad compartida” su pedido presupuestal de 10 mil millones de dólares al Congreso de su país para combatir el consumo de drogas; sin embargo, calló ante las demandas directas de Calderón para que impulse una reforma a las leyes que regulan la venta de armas de asalto, contrarreste la normatividad local y estatal que permite la siembra y venta de mariguana para fines terapéuticos, e incremente los fondos de la Iniciativa Mérida en lugar de reducirlos, como hizo al solicitar sólo 387 millones de dólares para este instrumento bilateral en el año fiscal 2012.

Descalificaciones

La afirmación de que el narcotráfico se ha fortalecido en México desmiente la versión del gobierno calderonista y se basa en información que divulgó el Departamento de Estado el 3 de marzo, día en que el presidente mexicano se reunió con su homólogo estadunidense en la Casa Blanca.

En su capítulo sobre México, el Reporte de la estrategia internacional para el control de los narcóticos destaca: “Las organizaciones del tráfico de drogas continúan expandiendo su presencia y encontrando nuevas rutas para transportar las drogas y ampliar sus mercados. La producción doméstica de mariguana, heroína y metanfetaminas está creciendo rápidamente, y la cocaína procedente de Sudamérica continúa transitando por México para llegar a los mercados de Estados Unidos”.

Todavía más contundente fue James Clapper, director Nacional de Inteligencia, quien el pasado jueves 10 informó en una sesión del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado estadunidense:

“México enfrenta una aguda y constante escalada de violencia criminal por parte de los cárteles, que luchan entre ellos por el dominio (de plazas) y buscan intimidar al gobierno y a la población. Los cárteles han tratado de minar la confianza de la gente en el gobierno y de mostrar su desacato a la ley, al tiempo que le dan difusión a más actos de salvajismo, como decapitaciones, ejecuciones en público y, en general, cambios en sus tácticas brutales.”

Seis días después, el director del FBI, Robert Muller, dijo ante el Subcomité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes: “El presidente Calderón ha realizado acciones sin precedentes que han tenido impacto en los cárteles (del narcotráfico) y la violencia en México; desafortunadamente, (la lucha contra el narco) no ha sido tan exitosa como él o cualquier otro quisiera, tomando en cuenta el nivel de asesinatos y atrocidades que ocurren al sur de la frontera”.

La frustración que le atribuye Obama a Calderón puede explicar el hecho de que sólo un día después, por medio del embajador en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, el gobierno mexicano haya descalificado el análisis del jefe del FBI:

“Extraña que a un funcionario de procuración de justicia con la trayectoria y larga experiencia del director Muller se le olvide que este es un reto generacional de largo aliento, en donde los resultados no se obtienen de la noche a la mañana”, manifestó Sarukhán en un comunicado que difundió la oficina de prensa de la embajada entre los corresponsales mexicanos acreditados en Washington.

Recalcó: “El gobierno de México rechaza categóricamente las aseveraciones formuladas ayer por el director del FBI en una audiencia del Congreso. No sólo ignoran los avances que ambos gobiernos estamos constatando… sino que están fuera de sintonía con lo que el propio presidente (Barack Obama) y miembros relevantes de su gabinete han declarado al respecto”.

Sin embargo, los altos funcionarios estadunidenses sí están en la misma sintonía. El 7 de febrero, Joseph Westphal, subsecretario del ejército de Estados Unidos, expuso ante estudiantes y académicos de la Universidad de Utah:

“Como saben, hay una forma de insurgencia en México con los cárteles del narcotráfico justo al lado de nuestra frontera, y creo que esto es una opinión personal, aunque la he compartido con gente de la Casa Blanca. Este problema no es sólo sobre drogas y migración de indocumentados; potencialmente esto significa que tomen el control del gobierno individuos que son corruptos y tienen una agenda distinta.”

Westphal se aventuró a predecir que ante una escalada insurgente en México, Estados Unidos no tendría más opción que desplegar soldados para vigilar la frontera sur, o incluso internarse a territorio mexicano.

Dos días después, el 9 de febrero, fue la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, quien alertó en el Capitolio sobre el peligro de las organizaciones criminales. “Desde hace mucho tiempo hemos pensado qué pasaría si Al Qaeda se uniera con Los Zetas”, dijo ante el Comité de Seguridad Interior de la Cámara de Representantes.

Napolitano destacó que el presidente Obama le encargó a su dependencia que se mantuviera muy vigilante “de la guerra al otro lado de la frontera” por el nivel “sin precedentes” de la narcoviolencia. “Ni se les ocurra (a los traficantes mexicanos) arrastrar esa guerra hacia Estados Unidos, porque se enfrentarán a una reacción avasalladora… Sería preocupante que organizaciones terroristas se aprovecharan de las redes de los cárteles para tratar de exportar sus actividades”, puntualizó.

Las declaraciones del subsecretario del ejército y de Napolitano desataron la furia de Calderón, que a través de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación descalificó los análisis de ambos y consiguió que el Pentágono obligara a Westphal a desdecirse.

Sin embargo, el Centro de Inteligencia sobre Drogas (NDIC, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia ya lo había advertido desde febrero de 2010, cuando publicó su Evaluación nacional sobre la amenaza de las drogas:

“Las organizaciones mexicanas del narcotráfico continúan representando la gran mayor amenaza de tráfico de estupefacientes a Estados Unidos. Ya cuentan con proveedores prominentes para la distribución de drogas ilícitas al mayoreo en Estados Unidos y están ganando una mayor fortaleza en los mercados del este (de Estados Unidos), donde está disminuyendo la fortaleza de las organizaciones colombianas del tráfico de drogas.”

En el reporte del Departamento de Estado que se difundió el jueves 3, el gobierno de Obama afirma que Calderón está haciendo lo mejor que puede en el combate al narcotráfico e incluso contra la corrupción, aunque sobre esto último plantea:

“Estos nuevos esfuerzos para reducir la corrupción están dirigidos a las agencias federales y se concentran en bajar el nivel de corrupción entre los funcionarios de más alto rango. Pese a estos avances, la corrupción continúa siendo un impedimento significativo para los esfuerzos antinarcóticos en México.”

Denuncian que Gobierno mexicano acosa a medios de comunicación y restringe libertad de expresión

Monge: el gobierno nos tiene vetados

El editor jefe de la agencia mexicana Proceso, Raúl Monge, dijo que los comentarios expresados por la periodista mexicana, Carmen Aristegui, respecto al supuesto alcoholismo del presidente Felipe Calderón, son hechos que ya se vienen comentando desde hace tiempo aunque no se habían abordado con la mesura y seriedad que Aristegui usó.


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telesur

El reciente despido de la periodista mexicana Carmen Aristegui de una radio por comentarios sobre el presunto alcoholismo que padece el presidente, Felipe Calderón, comprueba el constante acoso y la violación de la libertad de expresión que el GobiernoFederal mantiene sobre los medios de comunicación social, dijo a teleSUR este martes el editor en jefe del rotativo mexicano Proceso, Raúl Mongue.

Aristegui fue despedida hace pocos días de la emisora radial MVS porque en el programa que conducía en este medio invitó a la oficina de la Presidencia a que aclarara el rumor sobre que el presidente de la República, Felipe Calderón, sufría de alcoholismo.

''¿Tiene o no problemas de alcoholismo el Presidente? Debería la Presidencia dar una respuesta clara, nítida y formal al respecto”, cuestionó la periodista en su programa.

Con esta interrogante, la comunicadora mexicana se refería a una manta colocada por integrantes del Partido del Trabajo (PT) dentro del Parlamento la semana pasada en la que aseguraban que el jefe del Ejecutivo padecía problemas de bebida.

Sobre esto, Mongue afirmó que ''este hecho se inscribe en una serie de circunstancias de acoso gubernamental que ha venido sucediéndose, no sólo en el caso de Carmen Aristegui, sino en otros muchos medios''.

''Nadie puede mover tan fácilmente a una persona y menos un par de días después que dio estos comentarios'', comentó.

Consideró que este tema ''no se había abordado con la mesura y con la profundidad que Carmen Aristegui le dio en ese momento''.

Consultado por teleSUR, el experto mexicano en medios de comunicación, Jenaro Villamil, indicó que ''en ningún momento ella violó un Código de Ética (...) no creo que haya un código que diga que la periodista'', no debe hacer ese tipo de cuestionamientos debido a que Aristegui ''lanzó una interrogante, no un rumor''.

''Hay temas incómodos para la Presidencia de la República. Hay asuntos que no deben ser tocados por que se alteran los equilibrios de los estamentos de poder'', dijo.

Villamil acotó que en México ''desgraciadamente, tenemos un sistema dominado por empresas comerciales (...) son empresas privadas las que controlan los medios radiales''.

Ante este hecho, el especialista sostuvo que el gobierno de la nación ofrece ''muy pocas garantías para la protección de los periodistas''.

Con respecto a las afirmaciones del Gobierno de que no tenía nada que ver con el despido de la periodista, Villamil comentó que la empresa notificó al Ejecutivo sobre la medida, lo que puede considerarse una acción sospechosa.

"¿Desde cuándo una empresa radiofónica le comunica a la Presidencia de la República el despido de una persona?", se preguntó.

Mongue recordó que el despido de Aristegui de la emisora radial ha traido protestas populares ante la violación a la libertad de expresión por parte de las autoridades gubernamentales.

Villamil: caso de Aristegui es vergonzoso, indignante y humillante

enaro Villamil, analista de medios de comunicación, dijo que la periodista mexicana, Carmen Aristegui, nunca violó ningún código de ética ya que ella nunca difundió ningún rumor, ya que lo único que estaba haciendo era registrar un hecho sucedido en la Cámara de Diputados el día 3 de febrero, lanzando al aire una serie de interrogantes. Esto muestra claramente que hay temas incómodos para la Presidencia y asuntos que no pueden ser cuestionados pues parecería que se altera el equilibrio de las relaciones entre prensa y poder.


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López Dóriga, la inmoralidad mediática

López Dóriga y Calderón Hinojosa. Maquillaje.

Javier Sicilia

MÉXICO, D.F., 13 de diciembre.- Poco antes de la maquillada transición democrática, cuando el gobierno señoreaba abiertamente al país como una dictadura, los medios noticiosos –en particular los de Televisa, encabezados entonces por Jacobo Zabludovsky– estaban perdidos en los principios y en la moral. El apetito del dinero y la indiferencia por la dignidad habían actuado para dar a México medios cuyo único objetivo era aumentar el poder del gobierno, el lucro de las empresas mediáticas y el envilecimiento de todos.

En esos tiempos, el Excélsior de Julio Scherer y –después del golpe perpetrado por el gobierno de Echeverría– la revista Proceso, que se fundó con el apoyo de una ciudadanía indignada, eran la excepción. Sus batallas, su periodismo de investigación, su devoción por la verdad, su negativa a pactar con los poderes, no sólo mantuvieron viva la voz de la nación, sino que sentaron las bases de lo que ahora es la libertad de prensa en nuestro país.

En medio de esa libertad, Proceso, dirigida ahora por Rafael Rodríguez Castañeda, ha seguido el mismo camino y continúa siendo una referencia incómoda para el poder y para esos medios que, como los auspiciados por Televisa, no han dejado de ser lo que siempre han sido: la vergüenza de este país. No es otra cosa lo que López Dóriga –ese periodista inescrupuloso, continuador del Zabludovsky del antiguo régimen– mostró cuando –días después de la publicación del reportaje de Ricardo Ravelo Testigo estelar (Proceso 1777), y de la publicación de un capítulo del libro de Anabel Hernández Los señores del narco (Proceso 1778)– divulgó y magnificó en su noticiario que Sergio Villarreal, El Grande –testigo protegido que en el reportaje de Ravelo había manifestado conocer a Calderón a través del senador Guillermo Anaya–, decía haber dado al periodista 50 mil dólares para que guardara silencio con respecto a su persona.

Se trataba –como lo dijo el propio López Dóriga en un alarde de servilismo avalado por los periodistas que lo acompañaban en el programa Tercer Grado– no de una noticia, sino de un lección: mostrarle a Proceso, primero, que la fuente de Ravelo, El Grande, que dice conocer al presidente, se volvía ahora contra él; segundo, que si en ese caso la fuente mentía, también mentía en relación con sus declaraciones sobre Calderón y Anaya; tercero, que Proceso, el cual recurre a testimonios de testigos protegidos, se ha convertido en un semanario corrupto que tiene relaciones con el narcotráfico y que utiliza cualquier tipo de información para desprestigiar al gobierno; cuarto, que a partir de ese momento todo lo que ha dicho o diga Proceso es sospechoso de falsedad. Se trataba, bajo una moralina seudoperiodística, de linchar a Proceso, de desprestigiarlo, de reducirlo a un periodismo de calumnia, a un pasquín que dejó de ser lo que fue para mentir.

La evidencia más clara de esta bajeza está en la manera en que el propio López Dóriga manipuló los argumentos que Ravelo utilizó en su reportaje Testigos protegidos: creerles a conveniencia (Proceso 1778). Según Ravelo –palabras que el propio López Dóriga utilizó para darle esa supuesta lección a Proceso– los testigos protegidos “mienten”. Lo que, sin embargo, López Dóriga omitió es, primero, que mienten porque “en manos de las autoridades sufren presiones económicas, malos tratos y frustración”; segundo, que cuando esos mismos testigos “se refieren a funcionarios poderosos del gabinete federal no se les toma en cuenta”; tercero, que “con frecuencia los testigos protegidos se quejan de que en la SIEDO son obligados a declarar en contra de gente que no conocen…”.

Ni López Dóriga, quien sí ha difamado muchas veces para servir a sus patrones –recordemos sus ataques contra el diario Reforma por denunciar los beneficios obtenidos por Televisa y Nextel en la asignación de frecuencias radioelectrónicas y la reciente divulgación de una supuesta corrupción entre directivos de la industria farmacéutica y del Seguro Social porque así convenía a esa empresa televisiva–, ni quienes lo acompañaban en Tercer Grado tuvieron el profesionalismo de verificar si los señalamientos de El Grande sobre su encuentro con Calderón eran falsos; ni si la acusación de ese testigo protegido contra Ravelo era el producto de una coerción de la SIEDO para golpear a Proceso.

Reunidos en el foro televisivo, Dóriga, Marín, Maerker, Gómez Leyva y Micha habían dejado de ser periodistas para convertirse en los inquisidores de Proceso, en servidores de esas Iglesias degeneradas llamadas Gobierno y Televisa, y en verdugos impolutos de un periodismo que no ha dejado de denunciar sus corrupciones y desaciertos. Habían dejado de honrar la palabra, a la que un día sirvieron con dignidad, para volver al viejo objetivo de los medios verdaderamente corruptos: aumentar el poder autoritario del gobierno, el lucro de las empresas mediáticas de las que viven y el envilecimiento de todos.

A los que hacemos Proceso nunca nos ha interesado caminar apoyándonos en los pobres privilegios de los que saben arreglárselas con el poder. Nuestra ambición es y ha sido dar testimonio y gritar cada vez que es posible en nombre de aquellos a quienes los poderes aplastan. Eso, para honra de la verdad, jamás podrán acallarlo.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar todos los presos de la APPO y hacerle juicio político a Ulises Ruiz.

El canal de los linchamientos

Jenaro Villamil

MÉXICO, D.F., 6 de diciembre (Proceso).- “Eso no se vale. Yo estoy de acuerdo en que hagan todo lo posible por defenderse Televisa y TV Azteca, pero el poder no se utiliza así”, exclamó Miguel Alemán Velasco en enero de 2007 al referirse a la campaña de linchamiento que ambas televisoras encabezaron contra el empresario Isaac Saba a fin de frenar su participación en la sociedad con NBC-Universal para ir por la tercera cadena televisiva en México.

Los noticiarios de los canales 2 y 13 se unificaron para acusar al Grupo Casa Saba de ser responsable de “miles de muertes” (por su condición de distribuidor de medicamentos); Morir sin remedio, titularon a los reportajes que nunca hicieron explícito que Saba era un posible competidor.

Televisa y TV Azteca intimidaron al Grupo Casa Saba, que se retiró de la inversión anunciada con NBC-Universal y le canceló la posibilidad de tener un socio mexicano para una tercera cadena comercial de televisión.

Alemán se quejó de los excesos de los conductores de noticias, del uso y abuso de la pantalla para litigar intereses comerciales: “Los noticiarios no son solamente nota roja. Y el conductor no debe ser juez y parte, menos fiscal o verdugo. Eso se prohíbe en otras partes del mundo. Aquí desgraciadamente la opinión cuenta más que la información. Es decir, estamos opinando en vez de informando, y basta y sobra con que nos caiga mal alguien para que lo hagamos polvo. Y más con el poder de la edición. Eso no se vale” (Proceso 1578).

Tres años después de aquella queja de Alemán, Televisa ha arreciado sus campañas contra adversarios comerciales y exsocios en empresas de representación artística –como en el caso de Simón Charaf, accionista de Imagen y Talento–, medios impresos que han criticado la “ganga” de la Licitación 21 –como Reforma–, empresarios de la industria farmacéutica que son sus adversarios y recientemente contra Proceso, bajo el pretexto de un video con declaraciones de Sergio Villarreal, El Grande.

Bar-Bar

“¡Mataron a Cabañas, mataron a Cabañas!”

Ese fue el grito que escucharon varios asistentes al Bar-Bar hacia las cinco de la mañana del 25 de enero de este año. Una detonación seca se escuchó en los sanitarios. El agresor, Juan José Balderas Garza, el JJ, amigo del delantero paraguayo, salió del bar sin que lo detuvieran.

No mataron a Salvador Cabañas, jugador del América, pero estaba herido. Con la ambulancia y las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del DF llegaron también las cámaras de Televisa. En la emisión Primero Noticias, conducida por Carlos Loret de Mola, comenzó una cobertura exhaustiva que se convirtió pronto en un escándalo mediático.

Televisa trató de inculpar a los trabajadores del Bar-Bar –“ese oscuro antro”, dijeron los comentaristas de la televisora– y a su dueño, Simón Charaf.

El 28 de enero Primero Noticias difundió una fotografía en la que mostraba al supuesto agresor de Cabañas al lado de Simón Charaf. Éste le reclamó en un correo electrónico a Emilio Azcárraga Jean:

“Con toda honestidad me ha sorprendido que en la misma cobertura de los medios que tú presides, el trato que hemos recibido muestra una culpa del Bar-Bar que no existe.

“(…) El mejor ejemplo de lo anterior fue el grave error cometido por Carlos Loret de Mola en Primero Noticias el día de hoy, en donde se muestra una fotografía en la que asevera que aparece el agresor de Salvador Cabañas conmigo a su lado. Por fortuna, Iván Puentes, quien es la persona que aparece en la fotografía junto a mí, llamó a la producción del noticiero y se logró corregir el error antes de que terminara la transmisión.

“(…) Creo que lo menos que puede hacer Carlos Loret es ofrecer una disculpa pública en su espacio noticioso por la afectación a mi persona”.

Ni la disculpa ni la réplica se dieron. Por el contrario, se agudizó el linchamiento.

En marzo de 2010 Charaf decidió contraatacar. Reveló en entrevista con Gloria Leticia Díaz (Proceso 1743) que el trasfondo de la agresión de Azcárraga era su intento de apropiarse por completo de la empresa Imagen y Talento Internacional (ITI), donde Charaf tenía 49% de las acciones, y Televisa, 51%.

Charaf afirmó que mes y medio antes de la agresión contra Cabañas se reunió con Alejandro Benítez, funcionario de Televisa, quien lo amenazó con iniciar ataques contra sus empresas si no vendía sus acciones de ITI.

El vínculo entre Televisa y el Bar-Bar fue más allá de la sociedad en ITI. En 2006 fue escenario del reality show El Bar Provoca, producido por Televisa y Endemol México y conducido por Roberto Palazuelos.

Charaf sostiene que la animadversión en su contra tiene como finalidad evitar el pago que le corresponde por las utilidades de la contratación de actores como imágenes de gobiernos de los estados o de campañas electorales, como el caso de Angélica Rivera en el Estado de México o de Mayté Perroni y Raúl Araiza para el Partido Verde.

Ataque a Grupo Reforma

De manera casi imperceptible, el 30 de agosto en El Noticiero de Joaquín López Dóriga se inició una campaña contra Alejandro Junco, propietario del Grupo Reforma, editor de El Norte, Reforma y Mural, entre otros impresos.

López Dóriga aludió a un mensaje enviado en Twitter por el empresario regiomontano Lorenzo Zambrano, quien convocó a los hombres de negocios a mantenerse en la entidad. “Quien se va de Monterrey es un cobarde”, decía el mensaje. Televisa lo “ilustró” con Junco de la Vega, quien desde 2008 vive en Austin, Texas.

Seis días después la campaña tomó otro cariz. Del lunes 6 al jueves 9 de septiembre El Noticiero y todos los espacios informativos de la televisora unificaron su cobertura acusando al periódico Metro, del Grupo Reforma, de promover la trata de personas a través de los anuncios clasificados de servicios sexuales. Violencia y sexo, bomba de tiempo, titularon el “reportaje de investigación”.

Televisa entrevistó a legisladores, revivió un debate de meses atrás que se dio en España para legislar en esa materia, entrevistó a supuestas sexoservidoras que denunciaron el maltrato e ilustró con varios anuncios clasificados lo que consideró “la doble moral” de Reforma.

En Tercer Grado los comentaristas coincidieron en que se trataba de “un caso muy grave” de falta de ética periodística, pero no hicieron alusión a otros medios que también tienen ese tipo de anuncios, entre ellos la revista TV y Novelas, propiedad de Editorial Televisa.

La ofensiva contra Reforma duró una semana. El periódico no respondió directamente, pero varios de sus principales colaboradores advirtieron que el ataque era una respuesta a la cobertura crítica que ese periódico realizó sobre el resultado de la “ganga” de la Licitación 21, que favoreció claramente a la sociedad Televisa-Nextel.

Sin embargo el ataque de Televisa no fue producto sólo del interés de la televisora. Proceso pudo confirmar que detrás estuvo la autorización de Los Pinos para emprender en pantalla un linchamiento contra el grupo editorial con el pretexto de los anuncios clasificados.

Reforma ha publicado resultados de encuestas que documentan los bajos índices de aprobación de Felipe Calderón. En septiembre, en vísperas del ataque de Televisa, su sondeo arrojó el más bajo nivel de aprobación al gobierno calderonista (55%). En ese sondeo 59% opinó que la guerra contra el narcotráfico la estaba ganando el crimen organizado.

Las farmacéuticas, el escándalo

El linchamiento más reciente, previo al enderezado contra Proceso y el reportero Ricardo Ravelo, ocurrió entre el 9 y el 12 de noviembre pasados cuando El Noticiero difundió dos llamadas telefónicas que documentaban “la relación corrupta a base de comisiones y sobornos” entre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y los laboratorios farmacéuticos.

El caso fue una pifia de Televisa. La persona a la que se presentó como “funcionario aún no identificado” que negociaba con Rafael Castro, del laboratorio Novartis, era en realidad Carlos Abelleyra Cordero, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica de 2007 a 2009 y presidente ejecutivo de la compañía Stendhal.

Este semanario documentó que detrás del linchamiento estaban los intereses del vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez, en el laboratorio Landsteiner –sancionado por la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios–, así como la sociedad del consorcio con Gennoma Lab y la búsqueda de una multimillonaria adjudicación de telefonía interna del IMSS para Bestel, subsidiaria del grupo que preside Azcárraga Jean (Proceso 1776 y 1777).

La sospecha de un acuerdo entre Televisa y Calderón también salió a relucir. Bestel impugnó en octubre de este año las bases de licitación para otorgar –por 2 mil millones de pesos– una red interna de telecomunicaciones en el IMSS. Los abogados de Bestel argumentaron que dichas bases beneficiaban a Telmex.

El pasado 11 de noviembre el juez Francisco Rebolledo le otorgó un amparo a Bestel-Televisa. En esa fecha concluyó la campaña sobre la “red de corrupción” en el Seguro Social.

Publicidad a Televisa

La campaña contra Ricardo Ravelo y Proceso, iniciada el miércoles 1, coincidió con una larga entrevista de Joaquín López Dóriga a Felipe Calderón en el Canal 2, para hablar sobre sus nuevos retos en vísperas del cuarto año de gobierno. Asimismo, la cobertura favorable y la amplia difusión de esa entrevista coinciden con un incremento sustancial para el gasto en Comunicación Social y Publicidad que el gobierno federal planea para 2011.

Según el Presupuesto de Egresos el gasto en esta materia pasará de mil 670 millones de pesos en 2010 a mil 940 millones en 2011. Más de 50% de ese gasto se destinará a la televisión.

Un estudio del Centro de Análisis e Información, Fundar, destaca que sólo en 2009 el gasto en Comunicación Social y Publicidad del gobierno de Calderón “aumentó 501% respecto de lo que se gastó en el último año del gobierno de Vicente Fox” y además el gasto ejercido ese mismo año “fue 145% mayor de lo que se había presupuestado y 49% más de lo que se gastó en 2008”.

El análisis de Fundar no tiene aún el gasto real ejercido al finalizar 2010, pero advierte en su reporte, del cual Proceso obtuvo una copia, que existen “grandes divergencias” entre lo que reportan las dependencias de gobierno.

De lo que no hay duda es que el principal cliente de publicidad en televisión es el gobierno federal. Pese a los montos manejados en el Presupuesto de Egresos, un reporte de KP Central Media (empresa de Carlos Alazraki) basado en tarifas publicadas, calcula que sólo en 2009 el gobierno de la República destinó 4 mil 585 millones 52 mil pesos a publicidad en televisión. 60% fue a los canales de Televisa. l

Fuente: Proceso

El chamuco y los hijos del Averno y las filtraciones de Wikileaks en la FIL

http://www.youtube.com/watch?v=qDV4ZTSqcV4


http://www.youtube.com/watch?v=EP_kB2TNmMo


http://www.youtube.com/watch?v=Y7SrzDCSC-A


http://www.youtube.com/watch?v=SVlPJWh1gks


http://www.youtube.com/watch?v=tti_FoXdK9M


http://www.youtube.com/watch?v=jpdO2QAJosk

Calderón y Televisa, Proceso y sus lectores

Azcárraga y Calderón. Componendas

Miguel Angel Granados Chapa

MEXICO, D.F., 6 de diciembre (Proceso).- Proceso es una publicación curtida en su enfrentamiento a los ataques desde el poder. Nació precisamente debido a una agresión desde la Presidencia de la República, que acabó con el diario Excélsior e impulsó a algunos de sus miembros a perseverar en el oficio periodístico a través de este semanario, que hace 34 años, a la par con el asentimiento de sus decenas de miles de lectores, suscita la animadversión de quienes ven aparecer en sus páginas sus malandanzas.

Pero esta vez Proceso ha suscitado la ira simultánea de dos poderes, que el miércoles 1 lanzaron una campaña, insidiosa y difamatoria, que busca desprestigiar a esta revista, disminuir por la desconfianza que de ello resulte el aprecio de sus lectores o, en el peor de los casos, llevar a juicio a la dirección del semanario y por lo menos a uno de sus reporteros, Ricardo Ravelo.

A partir de una presunta declaración ministerial montada ex profeso, el principal noticiario de Televisa, conducido por Joaquín López Dóriga, dedicó su espacio inicial, y casi seis minutos largos, a dar voz al testigo estelar de la PGR, Sergio Villarreal Barragán, apodado El Grande por su talla física. Dijo que había entregado 50 mil dólares a Ravelo para que dejara de ocuparse de él, ya que publicaba reiteradamente informaciones sobre sus actividades delincuenciales. El dinero habría surtido el buscado efecto silenciador, pues el reportero dejó de referirse al delincuente hasta que el 21 de noviembre pasado tornó a mencionarlo en un extenso reportaje anunciado en la portada de la revista, que incluía una foto del delincuente esposado y flanqueado por dos infantes de marina. Sibilinamente se dejó flotar la impresión de que también la revista había sido gratificada de esa manera, y se llegó a la insinuación insidiosa al presentar, entre las “vistas” que acompañaban a la declaración de El Grande, la portada de un número de Proceso ya clásico en la historia reciente del periodismo. En ella aparecen el capo mafioso Ismael Zambada, El Mayo, y el fundador y presidente de Proceso, Julio Scherer García, como vivo testimonio del encuentro periodístico que mantuvieron en un lugar ignorado.

El apresuramiento con que Televisa montó la maniobra la condujo a un desliz: al aire se dijo que la declaración se produjo el 4 de noviembre. Preocupaba a los perpetradores del engendro fijar una fecha distante del momento que causó la irritación presidencial canalizada a través de esa agresión. Pero los autores del engendro hicieron hablar a Villarreal de su aparición en la portada, que ocurriría ¡17 días después! del día en que se fechó su infundio. Tardíamente advertidos de su error, los urdidores de la oprobiosa trama pretendieron corregirla al día siguiente, alegando que no se dijo “4” sino “24” de noviembre. Pero la primera fecha consta en infinidad de registros, con fuerza que desnuda la patraña.

La Presidencia se había encolerizado porque en una parte sustraída al resumen oficial El Grande narró, en su declaración ministerial (la inicial y auténtica, no la que se agregó en pegote mal hecho), el saludo que intercambió con el presidente en 2006, cuando apadrinó a una hija del senador Guillermo Anaya en Torreón. El delincuente no dijo más, ni por supuesto Proceso añadió algo. Sólo hizo notar en la portada, para precisar la importancia de El Grande, que “hasta con Calderón convivió”.

No la oficina de prensa de Los Pinos, sino el vocero de seguridad del gobierno federal (Alejandro Poiré, aunque su nombre no figure en ella) remitió una carta a la revista, en que “rechaza categóricamente que haya existido algún contacto entre el presidente de México y el presunto delincuente”, por lo que la información referida es “totalmente falsa”.

Esa contundencia no responde, no puede responder a los hechos. A pesar del retraimiento a que lo condena el Estado Mayor, el presidente de la República ha saludado a lo largo de su gestión a miles de personas. Como es obvio, no se lleva registro de cada uno de esos breves intercambios, con los nombres de los interlocutores. De haberlo, bastaría buscar en el índice el nombre de Villarreal y al no hallarlo estar en situación de negar el encuentro. Pero en otras circunstancias, las que realmente prevalecen en el entorno presidencial, es inverosímil la negativa del vocero, no puede sostenerse más que en su irritada posición.

En el mismo número de Proceso donde aparece El Grande, Jenaro Villamil se asoma a La entraña del embate de Televisa contra Cofepris, y la revista publicó un adelanto de su libro El sexenio de Televisa, donde Villamil examina los vínculos entre ese consorcio y el gobierno federal (así como su hechura de Peña Nieto). Esa reiteración hubiera bastado para que el consorcio de los Emilio Azcárraga lanzara contra este semanario una andanada como la que dirigió poco antes contra la Comisión Federal de Prevención de Riesgo Sanitario y contra el IMSS, en defensa de los intereses de una de sus filiales, que quiere el terreno llano para recibir un contrato de telecomunicaciones como el que ya se le adjudicó en el ISSSTE.

Unidas las irritaciones de los dos poderes, el Ejecutivo y el de Televisa, se produjo la andanada que a la hora de escribir estas líneas su autor ignora si continuó la noche del jueves y al día siguiente. Es de temer que así haya sido, y aun se agravaran las acusaciones. En el mejor de los casos, el gobierno federal pretendería neutralizar el efecto de que aparezca en la declaración ministerial una referencia a Calderón y al vínculo que hubo entre su compadre Anaya y Villarreal, lazo familiar ya deshecho pero indudable y comprobable. Al revertirla contra el reportero que manejó esa declaración ministerial de un testigo protegido, se priva de toda credibilidad a lo dicho por El Grande. O se cree todo lo dicho por los testigos que se agencia la PGR o no se les cree nada.

Pero el propósito parece ir más lejos. Se trata de un ataque a la esencia misma del periodismo practicado por este semanario, la búsqueda de informaciones que se hacen verosímiles a fuerza de investigación y que suscitan la confianza de los lectores. Ya en julio del año pasado se intentó la maniobra que ahora se ahonda, la de perversamente proponer que hay un nexo entre Proceso y el narcotráfico. Al presentar en ese entonces un arsenal de La Familia Michoacana, la Policía Federal exhibió, junto con armas, parque y otros pertrechos, ejemplares de Proceso, leídos por los delincuentes a los que se desposeyó de esas herramientas de su trabajo.

Si los poderes fácticos, Televisa y el gobierno, lograran imponer la infamia de que Proceso es una narco-revista y su personal cómplice o extorsionador de bandoleros, la suerte de este semanario quedaría sellada. Por fortuna, ese efecto depende en último término de los lectores, que no se dejarán engañar y defienden con su confianza una publicación nacida para servirlos… l

WikiLeaks a la mexicana

John M. Ackerman

En solidaridad con Ricardo Ravelo y el equipo de Proceso

Los políticos estadunidenses que han criticado la “amenaza” que para sus intereses implica la actividad de WikiLeaks tienen razón en repudiarla. El poder se sostiene no solamente con balas y armas, sino también sobre la base de la asimetría informativa. El que tenga más información sobre las acciones, los pensamientos y los planes de su adversario tendrá una clara ventaja ante el surgimiento de algún conflicto. Hoy, con la filtración de más de 250 mil comunicaciones diplomáticas, la cancha del juego se ha nivelado un par de grados. Los ciudadanos del mundo sabemos un poco más sobre cómo funciona el gobierno de Washington, y esto fortalece tanto a la democracia como a la defensa de los derechos fundamentales.

El doctor Ian Shapiro, de la Universidad de Yale, en su formidable obra El estado de la teoría democrática, define a la democracia como “un medio para manejar relaciones de poder con el fin de minimizar la dominación”. La celebración de elecciones populares sería, entonces, apenas un mecanismo más para fortalecer el ideal democrático. Otra vía, igualmente válida o incluso más importante, sería garantizar a los excluidos toda la información posible sobre las acciones y los pensamientos de los más poderosos. La reciente tarea de Julian Assange ha sido, entonces, eminentemente democrática y libertaria.

De acuerdo con el teórico holandés Mark Bovens, los derechos a la información deberían ser vistos como la cuarta gran ola histórica de derechos fundamentales, equivalente a los derechos civiles, políticos y sociales caracterizados en los textos clásicos de T. H. Marshall. Con el advenimiento de la “sociedad de la información”, el mundo necesita defender sin tregua este nuevo derecho, que es igual de importante que los otros, incluyendo el mismo derecho al voto.

En una entrevista con la revista Forbes, Assange afirma que su objetivo es evidenciar el “ecosistema de la corrupción” y hacer el capitalismo “más libre y ético”. No recurre al derecho para lograr sus fines porque se trata de “organizaciones que no obedecen el Estado de derecho”. Es simplemente imposible exigir cuentas por las vías normales a las agencias de inteligencia y a las grandes empresas trasnacionales. Su poder rebasa por mucho las capacidades de las instituciones de justicia y viven en un espacio de completa impunidad. La única opción es entonces recurrir a otro tipo de tácticas subversivas para equilibrar un poco el tablero de la dominación.

En otra entrevista, con la revista Time, el fundador de WikiLeaks afirma que su meta “no es lograr una sociedad más transparente, sino lograr una sociedad más justa”. Y la vía para conseguir este fin sería dando ejemplos de valentía y de resistencia que van contagiando al mundo entero. “Courage is contagious” (“la valentía es contagiosa”) es la frase que utiliza Assange para resumir el eje central de su estrategia. Afirma que más que el castigo, el miedo es la manera más efectiva para controlar a la sociedad. Por lo tanto, lo más peligroso para el sistema sería precisamente que la gente empiece a perderle miedo a la autoridad.

México necesita urgentemente de su propio proceso de filtración masiva para que la sociedad empiece a conocer las entrañas del sistema de impunidad y corrupción que predomina en el país. Las leyes de transparencia y la profesionalización de la actividad periodística nos han permitido asomarnos a la ventana para atestiguar algunos movimientos oscuros, pero todavía falta entrar por la puerta principal para ver cómo realmente funcionan los poderes estatales y fácticos cuando suponen que nadie los está viendo. Habría que demostrar a los que controlan el destino del país que no es tan fácil esconderse de la lupa ciudadana y traicionar la voluntad popular.

Un problema muy serio es, sin embargo, que desde la entrada en vigor de las leyes de transparencia, los servidores públicos ya no documentan sus decisiones más importantes. En lugar de levantar minutas pormenorizadas de sus reuniones, ahora se limitan a elaborar escuetas actas e informes sobre los acuerdos tomados. En lugar de enviar oficios, prefieren usar el teléfono para comunicarse o gestionar asuntos delicados. Hacen todo lo posible por no dejar algún rastro que posteriormente pueda ser usado en su contra.

El gobierno federal también ha hecho todo lo posible por evitar la divulgación de cualquier información relacionada con su estrategia de seguridad pública o sus relaciones en materia de seguridad con Estados Unidos. Asimismo, actualmente el sector privado se encuentra totalmente protegido de cualquier intento ciudadano por acceder a la información sobre sus operaciones. La negativa de la Secretaría de Hacienda a entregar la información sobre las exenciones fiscales, aun bajo una orden directa del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI), y la vergonzosa intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el caso, es apenas el ejemplo más reciente que confirma la vigencia de esta regla de oro que “blinda” al sector privado de la rendición de cuentas ciudadana.

Tal y como lo señala Assange, en México necesitamos más ejemplos de valentía pública de parte de políticos, servidores públicos y ciudadanos para generar un proceso de contagio que permita a la población perder el miedo ante el ejercicio arbitrario y autoritario del poder. ¿Manuel Espino divulgará los secretos sobre el funcionamiento interno del PAN y sus relaciones con la Iglesia y los poderes fácticos? ¿Gabino Cué y los antiguos colaboradores de Ulises Ruiz exhibirán todas las corruptelas y malos manejos del gobierno de Oaxaca? ¿Mario Marín y Fidel Herrera tendrán que rendir cuentas sobre sus abusos de poder? ¿Cuándo sabremos la verdad sobre las redes de corrupción que corroen las instituciones de seguridad pública en el país?

Los periodistas han estado haciendo su trabajo, y de forma particularmente admirable en la prensa escrita. Pero ha llegado la hora para que los futuros informantes internos se inspiren con el ejemplo de WikiLeaks y les ayuden a exhibir las entrañas del monstruo de la complicidad y la impunidad, que es el principal responsable de que México todavía se encuentre tan rezagado en materia económica, política y social. l

www.johnackerman.blogspot.com

Twitter: @JohnMAckerman

Televisa, poderosa y servicial

López Dóriga: A sus órdenes, señor

Rafael Rodríguez Castañeda

Los lectores, nuestra fuerza

MÉXICO, D.F., 4 de diciembre (Proceso).- En estos días, como desde hace 34 años, Proceso ejerce su vocación y compromiso: el periodismo político. No es lo nuestro ni la criminología ni la criminalística. Menos aún, la aplicación de la justicia.

Por convicción, por desmesura o por desatino, desde el primer día de su gobierno Felipe Calderón hizo pasar al narcotráfico del terreno penal al político. En pos de legitimación, le declaró la guerra a los cárteles y, sin consenso, la convirtió en política de Estado. En automático, el narcotráfico y la guerra de Calderón se volvieron tema natural y recurrente de Proceso.

Este semanario ha cubierto la guerra de Calderón sin reticencias –guerra en la que se ha vertido más sangre que tinta en reseñarla, podría decirse, evocando a Joseph Roth–, incluso con riesgo de la integridad física de sus reporteros, enviados, corresponsales y fotógrafos. Y lo ha hecho utilizando las herramientas propias del periodismo de investigación del mundo de hoy. En ese seguimiento, las investigaciones de Proceso han dado cuenta de las fallas, errores, abusos y fracasos de la estrategia contra el narcotráfico, contrariando el discurso presidencial. Aún más: los reportajes de la revista han tocado el presunto tabú de la relación entre los capos del narcotráfico y la política y han llegado hasta el máximo nivel, la casa presidencial. Calderón lo ha intentado, pero no ha podido hacer prevalecer la mentira sobre la verdad.

El poder público requiere consustancialmente de lo que los politólogos llaman medios disponibles. Ambos, poder y medios adláteres, tienen sus propios intereses pero comparten por lo menos uno: la conservación de sus privilegios. Televisa es un medio disponible para el actual gobierno. No es el único; sí es el más poderoso y servicial.

En cambio, un medio de comunicación independiente acaba convirtiéndose, para un gobierno autoritario, en un enemigo real o imaginado. Así lo es Proceso para el gobierno que encabeza Calderón. Por ello emprendió un embate desproporcionado contra nuestro semanario –el día mismo de su cuarto cumpleaños como presidente– a través de su medio disponible preferido y de su conductor estrella, Joaquín López Dóriga. Aún ignoramos si es venganza, revancha o amenazadora advertencia. Olvidan quienes participan en la agresión, gratuitamente o no, que los lectores de los medios impresos independientes no son factores pasivos, sino activos, que con su juicio ponen en evidencia la calidad o la falta de calidad de sus contenidos. Este es uno de los principios que rigen la comunicación en las sociedades modernas. La fuerza imbatible de Proceso está precisamente en ellos, los lectores.

Hoy es Calderón. Mañana, quizás, Enrique Peña Nieto. Los medios disponibles al poder público, Televisa por delante, siempre estarán puestos para decir: a sus órdenes, señor.

Ricardo Ravelo de Proceso en entrevista con Carmen Aristegui

http://www.youtube.com/watch?v=39_OKarpHr0


http://www.youtube.com/watch?v=ncwtc44gkTI

Hasta el último segundo

Calderón y Chávez. Autoritarismo

Jorge Carrasco Araizaga

México, DF; 5 de diciembre (Apro).- Hace cuatro años, días antes de ocupar Los Pinos, Felipe Calderón se reunió con los periodistas que siguieron su campaña presidencial y los meses de la animosidad que dejó su cuestionado triunfo en las urnas. Eran días de tensión e incertidumbre. No se sabía si, en efecto, juraría en el Congreso como presidente constitucional de México.
En esa reunión se quejó abiertamente de Proceso. Dijo que no entendía por qué con su cobertura contribuía a un ambiente “golpista” si el fundador de la revista, Julio Scherer García, había sido, precisamente, víctima de un golpe en 1976 y expulsado de la dirección del periódico Excélsior.
Calderón hizo pública su querella, dolido por la cobertura periodística del semanario a su campaña presidencial como un candidato sin carisma, desconectado de la población, con el abierto apoyo de la presidencia de la República y de la cúpula empresarial y, sobre todo, como promotor del odio y la división.
Su encono respondía también a la decisión de la revista de requerir al Instituto Federal Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación las
boletas de su elección para hacer un recuento independiente, mediante una muestra, de los votos que en efecto obtuvo los comicios que también reclamó para sí Andrés Manuel López Obrador.
Por su naturaleza autoritaria, Calderón nunca entendió que la petición de la revista estaba lejos del ánimo “golpista”, sino que obedecía a la transparencia y al ejercicio de acceso a la información, vitales para una sociedad democrática.
Desde los primeros días del sexenio, su talante ya había operado la primera agresión contra la prensa al emplazar al periodista radiofónico y empresario mediático José Gutiérrez Vivó a “portarse bien” o prepararse para la estocada final de su proyecto periodístico de 33 años que, en pleno régimen autoritario priista, abrió la crítica en medio del control informativo.
Meses después acabó por darle la puntilla al proyecto periodístico Monitor de Gutiérrez Vivó, quien durante la campaña presidencial de 2006 tampoco fue adulador del candidato oficial; lo que le valió acusaciones de favorecer al principal candidato opositor. Aún cuando el empresario se hubiese inclinado por López Obrador, nada le impedía que lo hiciera, salvo la intolerancia y el autoritarismo.
Antítesis de la democracia, tales conductas pronto se repitieron en el caso de la periodista Carmen Aristegui, quien en su noticiario matutino de la cadena W aún desde antes de que llegara a Los Pinos se volvió incómoda no sólo para Calderón, sino para los propios concesionarios de ese espacio público radioeléctrico, nunca mejor dicho, dueños de la estación: Televisa.
Confabulados, el poder formal y el poder fáctico se deshicieron de Aristegui, quien estuvo un año fuera de los micrófonos por temor de los empresarios a perder la gracia presidencial si incorporaban a la periodista. Finalmente, llegó al grupo MVS, que tampoco ha sido ajeno a la presión y el chantaje gubernamental.
El pasado miércoles 1 de diciembre, justo en el cuarto año de haber ocupado la residencia presidencial, Calderón lanzó un nuevo golpe de la mano de Televisa. Arremetió contra Proceso en su más puro estilo autoritario, con el uso faccioso del aparato de justicia y en asociación con el grupo empresarial que desde hace décadas es una rémora para la democracia en México.
En un burdo montaje, como uno más de los que han caracterizado a su gobierno, –el más conocido hasta ahora, también con Televisa, fue en el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez, procesada por secuestro– acusó al reportero de Proceso, Ricardo Ravelo, de recibir dinero del narcotraficante de Sergio Villarreal Barragán, El Grande, para dejar de publicar sobre él y sus encuentros con políticos.

Uno de ellos, incluso, con el propio Calderón durante la fiesta de bautizo de la hija del senador del PAN y compadre del presidente Guillermo Anaya. Basta una revisión de lo publicado por la revista para desmentir el supuesto arreglo.
No es la primea vez que Calderón actúa contra el semanario. Además del boicot publicitario –como lo hiciera el PRI en 1982 y Vicente Fox en 2005–, en julio del año pasado vinculó a la revista con el cartel del narcotráfico conocido como La Familia Michoacana.
A través de su policía, el secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, presentó a una célula de esa organización con ejemplares de varias ediciones junto a las armas, aparatos de telecomunicación, dinero y llaves de autos con los que operaban los detenidos. Además, difundió un video en el que uno de los inculpados se refería a la revista como uno de los implementos con los que actuaba Servando Gómez, La Tuta, uno de los líderes de esa organización.
Calderón y García Luna colocaron, de esa manera, al medio y a sus reporteros en el blanco de cualquier organización delictiva en su confrontación con La Familia.
Ahora la agresión de Calderón es más grave. Acusa a la revista, no sólo al reportero, de estar pagado por el narcotráfico. Gravísimo en sí mismo, el
señalamiento expone aún más a Proceso. Calderón y Televisa tienen motivos de sobra para emprender una represalia. Los abusos de ambos en detrimento de la vida pública de México han sido exhibidos reiteradamente por la publicación.
En aquella reunión de fines de 2006 con los periodistas, el entonces presidente electo obvió que el golpe contra el Excélsior de Scherer fue orquestado desde la
presidencia. Luis Echeverría, como él ahora, también arremetió en venganza.
Sus críticos deben estar preparados. El castigo puede llegar hasta en el último segundo de su gobierno.

jcarrasco@proceso.com.mx

Del Wikileak mexicano

• El semanario ha documentado sus negocios "con la mafia del poder", afirma

Protección a Peña Nieto, motivo en el ataque de Televisa a Proceso: AMLO

Zacatecas, Zac., 3 de diciembre. El ataque de Televisa contra la revista Proceso se debe a que el semanario ha documentado los negocios existentes entre el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, aspirante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República, "con la mafia del poder", a la que pertenece esa televisora, aseveró Andrés Manuel López Obrador.

Expresó su solidaridad con Julio Scherer García, fundador de Proceso, "que es una de las pocas publicaciones independientes de este país. Todo lo demás está controlado por la mafia del poder, empezando por Televisa, que es la encargada de destruir a opositores", señaló en entrevista con reporteros locales y corresponsales de medios nacionales.

López Obrador lamentó que la televisora, cuyo dueño visible es Emilio Azcárraga Jean, ocupe en la actualidad un oprobioso papel dentro de la vida política y social de México, pues "es la encargada de la manipulación de los ciudadanos, es la fábrica de mentiras más grande del país. Televisa está en manos la mafia del poder".

Por otro lado, opinó que se debe investigar conforme a la ley, con justicia y sin ánimo de venganza, el presunto desvío de recursos que se le imputa a la ex gobernadora de Zacatecas, Amalia García. Llamó a las autoridades a que haga la investigación correspondiente, que no se adelanten juicios, que no haya campañas de linchamiento, que no haya campañas mediáticas.

El político tabasqueño dijo no sentirse sorprendido por el contenido de los cables secretos que Wikileaks ha difundido en el mundo sobre México, en los que se expone abiertamente el espionaje y la opinión de los diplomáticos estadunidenses contra políticos y gobiernos de todo el mundo.

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Hay inminencia de una intervención militar de EU, opina Muñoz Ledo

Los datos confidenciales de la diplomacia estadunidense divulgados por Wikileaks revelan que "estamos ante la inminencia de una intervención militar ordenada desde el Pentágono. ¡Esto es gravísimo!, porque, ¿con quién acuerda Genaro García Luna, con Felipe Calderón o con Carlos Pascual?", advirtió el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo.

En Guanajuato, el presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, advirtió que el presidente Calderón debe explicar a los mexicanos la información de que el gobierno federal está angustiado porque el narcotráfico tiene el control de partes del país y reconoce que no midió los impactos de su guerra.

El presidente de la Cámara de Diputados, el priísta Jorge Carlos Ramírez Marín, sostuvo que las revelaciones "son cosas que los mexicanos ya sabíamos". La presidenta del PRI, Beatriz Paredes, reprochó las filtraciones y expuso que su partido mantiene aprecio institucional por la aportación del Ejército Mexicano a la vida nacional.

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México en Wikileaks

Estrategia antinarco de Calderón, sin aparato de inteligencia, dice EU

• El país, con información fragmentada y dependiente de agencias estadunidenses
• Los cuerpos de seguridad nacionales no comparten datos por temor a infiltraciones

Madrid, 3 de diciembre. Para el Departamento de Estado de Estados Unidos, "la estrategia de seguridad del presidente Felipe Calderón carece de un aparato efectivo de inteligencia para producir información de alta calidad y operaciones específicas".

La dependencia resume que “el uso que hace México de inteligencia estratégica y táctica es fragmentada ad hoc y dependiente del apoyo de EU”.

En un documento de carácter informativo redactado por la embajada de Estados Unidos en México bajo la supervisión de Carlos Pascual, etiquetado como "secreto" y para "no mostrar a extranjeros", los funcionarios estadunidenses hacen un balance de la situación de los servicios de inteligencia y espionaje mexicanos y señalan que uno de los desafíos más importantes es "la falta de confianza entre y dentro de las instituciones del gobierno de México".

Como ejemplo indican que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene unidades de inteligencia que desarrollan información sobre capos del narcotráfico, pero "en general no comparten esa información o análisis con las fuerzas desplegadas para la lucha antinarcóticos, como en Ciudad Juárez. Estos grupos comparten información sobre amenazas contra componentes militares, pero también ven a comandos locales como frecuentemente penetrados por el crimen organizado". Por lo tanto, "soldados desplegados en puntos calientes operan virtualmente a ciegas, con la excepción de información anónima". El documento, fechado en noviembre de 2009, señala que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) sufren de las mismas sospechas internas que la Sedena.

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México en Wikileaks

• La cita de febrero en Cancún, sin acuerdos prácticos

EU: dramático fracaso del plan de Calderón en Latinoamérica

Madrid, 3 de diciembre. Estados Unidos calificó de "fracaso dramático" el resultado del "ambicioso plan" del gobierno de Felipe Calderón durante el encuentro de presidentes de América Latina y el Caribe efectuado en Cancún los pasados 22 y 23 de febrero. Durante el foro se acordó crear la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que por primera vez dejó fuera a Estados Unidos y Canadá, con lo que se pretendía sustituir a la Organización de Estados Americanos (OEA).

En un documento revelado por Wikileaks, el portal informativo que difundió el contenido de 250 mil despachos de la diplomacia estadunidense, queda patente el malestar de Estados Unidos ante el desarrollo y resultado final del encuentro en Cancún, que abrió las puertas a una nueva institución multilateral estrictamente latinoamericana. El informe, cifrado con el número 000141 y que fue remitido a su vez, además de a Washington, a las embajadas de Brasil, Canadá, Atenas, Berlín, Santiago y Santo Domingo, fue redactado el 26 de febrero. Es decir, sólo tres días después del encuentro.

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Contra el establishment

"¿Sobreviviremos? Depende de ustedes"

• Julian Assange dice que toma medidas para protegerse tras amenazas de muerte
• Nadie ha sido perjudicado por nuestras actividades, expresa en charla con lectores

Reuters, Afp, Dpa y The Independent

Londres, 3 de diciembre. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, declaró hoy que toma medidas para protegerse tras amenazas de muerte por la publicación de cables diplomáticos estadunidenses reservados en página de Internet que dirigió a sitios en Suiza, Alemania y Holanda, luego que dos proveedores de Internet en Estados Unidos (EU) dejaron de alojarlo en el transcurso de dos días y Francia trató de prohibir que servidores locales albergaran su base de datos.

Convertido en enemigo público número uno, Assange, buscado por la Interpol y que según la prensa se esconde en Gran Bretaña, rompió su silencio y charló con lectores en la versión digital del diario británico The Guardian, donde denunció los "ataques de Estados Unidos" contra él y su equipo.

"Las amenazas contra nuestras vidas son del dominio público. Sin embargo, estamos tomando las precauciones apropiadas en la medida en que podemos al tratarse de una superpotencia", contestó el australiano, de 39 años, a una pregunta acerca de si temía por su seguridad.

Assange negó que la filtración de más de 250 mil cables del Departamento de Estado represente riesgo para los agentes o soldados estadunidenses, así como para los informantes de países que colaboren con Washington.

"No ha habido argumentos creíbles, aun de organizaciones como el Pentágono, sobre una sola persona que haya sido perjudicada como resultado de nuestras actividades", respondió.

Tras minutos de retraso por la cantidad de personas que colapsaron el sitio de The Guardian al tratar de acceder a la entrevista con Assange, el australiano sentenció: "Si nos pasa algo, las partes más decisivas [de los despachos de EU] serán publicadas automáticamente".

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Pactan SIEDO y El Grande condena corta por sostener acusaciones contra servidores

Sergio Villarreal ha colaborado mucho desde su captura, detallan; termina el plazo de su arraigo

A horas de que venza el arraigo de Sergio Villarreal, El Grande, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), concedió, en las negociaciones con el ex integrante del cártel de los Beltrán Leyva, una condena máxima de 15 años de prisión a cambio de que sostenga las imputaciones que ha vertido contra algunos ex servidores públicos, de que brindaban protección a ese grupo criminal, y declare cada vez que sea necesario como parte de procesos penales o indagatorias en curso, revelaron funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR).

Las fuentes consultadas señalaron que el caso de El Grande es considerado sui generis, toda vez que desde su captura "ha sido un testigo que ha colaborado mucho y ha permitido fortalecer distintas investigaciones, a pesar de que no se le pueden brindar tratos preferenciales, como la liberación otorgada a otros que entregan información a las autoridades, y lo máximo que permite la ley es la reducción de su condena y acusarlo de menos delitos".

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Embestida de Televisa contra Proceso, un ataque a la libertad de expresión

La embestida de Televisa contra el semanario Proceso, a causa de la presunta solicitud de sobornos del reportero Ricardo Ravelo al narcotraficante Sergio Villareal, El Grande, implica en el fondo un ataque contra la libertad de expresión, así como un intento de intimidar a los medios que no se pliegan a la línea de los grupos económicos y políticos más poderosos.

Acerca de lo anterior coincidieron representantes de organismos defensores de derechos humanos, quienes además cuestionaron la validez de los testimonios obtenidos en el marco del programa de testigos protegidos, una herramienta cuyos resultados pueden prestarse a la manipulación.

Humberto Guerrero, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, advirtió que lo que está en juego en este asunto es la libertad de prensa, al tomar en cuenta la importancia de la revista como un medio con una perspectiva crítica sobre la actual situación de seguridad.

“Cuando Proceso da luz sobre la infiltración del narco en los más altos niveles del Estado y de la iniciativa privada, hay una reacción negativa y represiva en su contra”, utilizando un mecanismo de uso arbitrario como el programa de testigos protegidos, señaló.

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Corrientes del PRD promueven que dejen ya la directiva Jesús Ortega y Hortensia Aragón

Las corrientes del PRD agrupadas en el llamado G8 anunciaron que impulsarán una serie de acciones a partir de hoy, a fin de que Jesús Ortega y Hortensia Aragón dejen la presidencia y la secretaría general del partido en este mes de diciembre, tal como lo estableció el congreso perredista.

En conferencia de prensa, Dolores Padierna, de Izquierda Democrática Nacional, y Gilberto Ensástiga y Sául Escobar, de Unidad Patriótica y Red por la Unidad Nacional de las Izquierdas, no descartaron la posibilidad de acudir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o incluso desconocer a Ortega.

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Dejará de imprimirse la Gaceta Parlamentaria

A partir del año próximo los diputados federales ya no dispondrán de copias en papel de la Gaceta Parlamentaria, iniciativas, proposiciones y puntos de acuerdo para dar seguimiento a las sesiones en el pleno o participar en las comisiones de trabajo. Recibirán toda la información a través de una aplicación exclusiva para el dispositivo iPad que deberá ser adquirido con los recursos de cada uno de los legisladores.

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Mineros prefirieron el sindicato de Pavón: STPS; impugnará grupo de Gómez Urrutia

Recuento realizado en nueve secciones y una fracción, localizadas en plantas de seis estados

En un ambiente de "represión, terrorismo y agresión", así como amenazas de despido por parte de Grupo Peñoles, ayer se realizaron recuentos en nueve secciones y una fracción del sindicato minero que encabeza Napoleón Gómez Urrutia.

Integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de ese gremio aseguraron que el proceso fue apresurado e ilegal; mencionaron que el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano, “actuó en complicidad con esa empresa minera para allanar el camino y entregar fast track” los contratos colectivos, correspondientes a esas secciones, al disidente Carlos Pavón, quien obtuvo apenas hace dos semanas el registro de un nuevo sindicato denominado Napoleón Gómez Sada.

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Participan 27 mil electricistas en la elección de dirigente del SME

No se venderá nada del patrimonio de la organización: Montes de Oca

Sin incidentes concluyó ayer la elección del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). El recuento de sufragios iniciará este sábado, el martes se darán los resultados y un día después se realizará la asamblea de toma de protesta.

Según el conteo preliminar fueron utilizadas 27 mil 86 boletas de un total de 37 mil 923 impresas para los electricistas con derecho a voto, es decir, la participación fue mayor a 71 por ciento. Los organizadores calculan que de esa cantidad, votaron alrededor de 11 mil 500 jubilados y el resto son trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro que se mantienen en resistencia, sin cobrar su liquidación. Con ello se rebasaría el nivel mínimo que exige el estatuto (50 por ciento más uno) para avalar la representación de Martín Esparza como secretario general de la organización.

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La STPS podría entregar en días la toma de nota a Martín Esparza

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, dijo ayer que la dependencia a su cargo entregará la toma de nota a la planilla ganadora del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) una vez que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje valide que las recientes elecciones se llevaron a cabo de acuerdo con lo que marcan los estatutos del gremio.

Estimó que el documento se podría dar en este mismo mes, incluso en los próximos días, toda vez que la secretaría no tiene que hacer una evaluación ulterior del proceso electoral, sino simplemente cumplir lo que la junta decida.

El funcionario comentó que jurídicamente no se les puede negar el documento si hacen un proceso electoral en términos de sus estatutos.

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Desfiladero

Droga y postmiseria: opiniones de un capo brasileño

Jaime Avilés

Charles Bowden, multipremiado periodista estadunidense que reside en Tucson, Arizona, ama a Ciudad Juárez con tal pasión que la ha visitado incontables veces y se ha hundido hasta el copete en la mierda que la cubre. Gracias a eso puede ver, dentro de la mierda, la espeluznante realidad que allí se vive y que refleja la que azota a muchos otros lugares del país como Chihuahua, Tijuana, Matamoros, Reynosa, Tampico, Monterrey, Culiacán, Guadalajara, Colima, Cuernavaca, Acapulco, Morelia, San Luis Potosí, Boca del Río, Veracruz, Villahermosa y Cancún.

Una realidad, insiste Bowden, que no se parece a nada que hubiésemos conocido antes. En Ciudad del crimen (Grijalbo), su libro más reciente, una crónica del pavoroso año 2008 en aquella frontera, escribe:

“Durante años la gente ha buscado una sola explicación para la violencia. Los cárteles son muy útiles para ello. Los asesinos en serie también. Los cientos de bandas callejeras lo mismo. Y la pobreza masiva, las familias desarraigadas, los policías corruptos, el gobierno corrupto... [Pero] imagina por un momento otra cosa; algo como el mar, algo líquido, sin rey ni corte, sin jefe ni cártel. Renuncia a la forma normal de pensar... [Hoy en día] la violencia es como un viento que no cesa, pero nosotros insistimos en una batalla entre cárteles, o entre el Estado y el mundo de las drogas, o entre el ejército y las fuerzas de la oscuridad. Sin embargo, la violencia ya es parte del tejido social y no tiene una sola causa ni un motivo específico, ni botón de on y off. La violencia ya no es parte de la vida, es la vida”.

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Dinero

• El PAN y la década perdida
• No cambió nada, continuó con los vicios del PRI
• No califica ni con cinco el gobierno de Calderón

Enrique Galván Ochoa

En la encuesta de esta semana planteamos dos temas. Primero: los 10 años del PAN en la Presidencia de la República. El 91 por ciento de los encuestados opina que resultó una gran decepción. Sólo uno por ciento dice que prefiere que continúe en el poder a que vuelva el PRI. Segundo tema: la calificación al gobierno de Calderón en su cuarto aniversario. El 90 por ciento considera que su gobierno es un fracaso. Un 8 por ciento piensa que no es un fracaso, sólo mediocre. Menos de uno por ciento sostiene que ha tenido un buen desempeño, dadas las circunstancias.

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México SA

• Por peteneras, vía Twitter
• ¿Y la explicación, apá?
• Lo sabían, y lo confirman

Carlos Fernández-Vega

Primero muerto –en el sentido figurado, desde luego– que ofrecer una explicación seria y detallada a quienes está obligado a darla, es decir, a los mexicanos. A la divulgación de informes confidenciales de diplomáticos estadunidenses sobre el caso México, el inquilino de Los Pinos graciosamente se fue por peteneras, y se limitó a condenar al mensajero, por "ilegal", sin mención alguna al mensaje y a sus emisores.

Con una simple "condena categórica a la revelación ilegal de documentos que se atribuyen a la diplomacia estadunidense" –divulgado por Twitter, y no, como acostumbra, por medio de su voluminoso aparato propagandístico–, Felipe Calderón se lavó las manos y dio por "resuelto" el entuerto, sin aclarar, ni intentar hacerlo, uno solo de los muchos y delicados señalamientos (que para el caso del Ejército mexicano huele a acusación) que sobre la realidad mexicana hacen los diplomáticos estadunidenses, con Carlos Pascual a la cabeza, en sus despachos al Departamento de Estado.

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Reacciones y diplomacias contrastadas

En el contexto de la oleada de reacciones internacionales que ha provocado la filtración masiva de documentos del Departamento de Estado estadunidense por la organización Wikileaks, el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, criticó el comportamiento del gobierno de Estados Unidos ante el episodio: sin dejar de reconocer el carácter de Washington como socio estratégico de su país, señaló que el escándalo diplomático actual es responsabilidad de la administración encabezada por Barack Obama, "quien debe estar muy preocupado con esa filtración", y agregó que "eso es una lección para que de aquí en adelante los embajadores (estadunidenses) pasen telegramas con más responsabilidad".

Lo dicho por el mandatario brasileño contrasta con las reacciones del gobierno mexicano ante el mismo asunto. A los señalamientos formulados por el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré –quien calificó el contenido de los cabes revelados como "visiones parciales" y "sacadas de contexto"–, han de sumarse los de la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa: frente a las críticas de Washington a la política de seguridad pública del calderonismo, la canciller mexicana reaccionó como si fuera vocera del Departamento de Estado, dijo que el contenido de los telegramas filtrados no refleja la postura de Estados Unidos y reprobó "categóricamente la revelación ilegal de documentos".

La respuesta de la funcionaria calderonista constituye una defensa improcedente de su contraparte estadunidense –pues no corresponde a los encargados de la diplomacia mexicana deslindar responsabilidades ni esclarecer dichos de las autoridades de otro país–, y exhibe un alineamiento con la postura de la Casa Blanca y el Pentágono, que han calificado de "ilegal" la difusión de los cables y ha emprendido una campaña inquisitorial contra Wikileaks y sus administradores. Tales reacciones, por lo demás, en nada ayudan a un gobierno mexicano que es presentado en los propios cables de Wikileaks como subordinado al estadunidense en materia diplomática: así se desprende de las afirmaciones, contenidas en uno de esos documentos, de que el gobierno de nuestro país ofreció aislar a Venezuela por medio del Grupo de Río, y de que el propio Felipe Calderón relacionó al régimen de Hugo Chávez con la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, su principal opositor en los comicios de 2006. Estas versiones, por cierto, no han sido desmentidas o esclarecidas por autoridad mexicana alguna hasta el momento.

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La suspensión de garantías solicitada

Jorge Carrillo Olea

De las muchas e interesantes revelaciones que trae la filtración denominada Wikileaks destacan algunas que sólo atraen a la morbosidad, otras que sí llaman a la reflexión y las muchas otras son chismeríos diplomáticos. Recordar que el embajador de Estados Unidos en México realiza por lo menos una reunión semanal con cada uno de sus grupos de trabajo, entre ellos el de los representantes de la comunidad de inteligencia, y que tales reuniones culminan con la elaboración de un memo que es remitido a Washington.

Es de ahí que se haya colado la supuesta propuesta del general Guillermo Galván, secretario de la Defensa Nacional, de que se decretara la suspensión de garantías ante la situación existente de las operaciones contra el crimen. Seguramente el general, debidamente asesorado, sabía que esto es posible sólo cuando se acredita el supuesto del artículo 29 constitucional de que existe una perturbación grave de la paz. Consecuentemente, en aquella reunión de Consejo de Seguridad Nacional habrá presentado los elementos necesarios para obtener el acuerdo, los que habrían previamente sido considerados y opinados por el segundo escalón de dicho consejo.

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Embestida contra Proceso

Miguel Concha

La controversia que el pasado jueves se suscitó entre Proceso y Televisa, por la publicación en el noticiario del miércoles por la noche de la pantalla chica –sin corroboración periodística ni, lo que es peor, judicial– de declaraciones ministeriales de un "testigo colaborador", contra el reportero Ricardo Ravelo y la propia revista, en las que supuestamente los acusa de haber sido comprados y estar dispuestos a ser sobornados para no difundir información en su contra y contra la delincuencia organizada, ha generado en la sociedad, desde la perspectiva de las garantías individuales y los derechos humanos fundamentales en un Estado democrático, una honda preocupación.

En primer lugar, salta a la vista la difusión de declaraciones ministeriales de una persona convicta por graves delitos contra otra que, por ley, deben ser reservadas, hasta que el Ministerio Público, y más que nada los propios jueces, las verifiquen profesionalmente y las consideren válidas en un proceso judicial. De otra manera, ya se está criminalizando gratuitamente a la otra persona y, en este caso, incluso difamando a un medio de comunicación importante, antes de haberles salvaguardado su derecho a responder y a defenderse, lo cual viola también el principio constitucional de presunción de inocencia, que exige en un proceso el equilibrio entre las partes, para garantizar precisamente el acceso a la justicia.

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Gobierno sin oficio ni proyecto

Enrique Calderón Alzati

En estos tiempos oscuros por los que ha venido atravesando el país, como consecuencia de los terriblemente malos gobiernos que hemos tenido por mucho tiempo, existimos todavía un grupo de mexicanos que por nuestra edad podemos recordar aún tiempos diferentes, en los que México era una gran nación, admirada y reconocida como ejemplo a seguir para muchos países, aunque tuviésemos problemas muy diversos que resolver.

Después de la experiencia terrible de una revolución popular y violenta, surgida como respuesta a la injusticia social dominante, en la que se consumaron crímenes y se segaron vidas como parte de un proceso caótico y complejo, las ideas plasmadas en una Constitución de alto contenido social comenzaron a tomar forma en la creación de escuelas y hospitales; en la construcción de obras de infraestructura que llevaban electricidad y agua a miles de poblaciones de todo el país; en la partición de las grandes haciendas para repartir la tierra a los trabajadores agrícolas, a quienes por derecho les pertenecían; en la conformación de instituciones financieras orientadas a otorgar los créditos para financiar y vitalizar la producción de alimentos, y la construcción de viviendas y obras sanitarias y urbanas, delineando el perfil de lo que sería una nación moderna y próspera.

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