Mostrando las entradas con la etiqueta Arturo Beltran Leyva. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta Arturo Beltran Leyva. Mostrar todas las entradas

domingo, diciembre 19, 2010

Acapulco: la joya perdida

La joya ensangrentada

El último año ha sido devastador para Acapulco, joya del turismo mexicano: luego de la muerte de Arturo Beltrán Leyva, tres grupos criminales buscan el control de la ciudad y dispararon la violencia a niveles inconcebibles. La vida nocturna del puerto –básica para su viabilidad económica– prácticamente ya no existe y la población está aterrorizada por los macabros descubrimientos de cada día: cabezas cercenadas y despellejadas, cuerpos descuartizados, narcomensajes, tiroteos constantes y una nueva plaga: los sicarios adolescentes.

Narcoejecución a las afueras de Acapulco.

Gloria Leticia Díaz y Ezequiel Flores


ACAPULCO, GRO.- La violenta disputa de la plaza por parte de grupos del crimen organizado cambió el rostro de esta ciudad: su tradicional vida nocturna cedió el paso a las calles vacías; sus habitantes atraviesan episodios de psicosis colectiva y ya se ha generalizado la extorsión a negocios con el conocido pago del “derecho de piso”.

Entrevistado por Proceso el miércoles 15, el presidente municipal interino de Acapulco, José Luis Ávila, atribuye los crímenes a “rencillas entre grupos”; de las víctimas dice que “en 99% de los casos son gente desconocida” que no está vinculada al sector turístico, del que, puntualiza, “depende 75% de los ingresos estatales”.

Desde diciembre de 2009, tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva, tres grupos se pelean por el puerto y las zonas que lo rodean, las cuales abarcan prácticamente toda la bahía de Acapulco, alguna vez considerada la joya del Pacífico mexicano.

Uno es el de Héctor Beltrán Leyva, El H, cabeza del cártel del Pacífico Sur; otro lo forman los restos del de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie –detenido el 30 de agosto–, cuyo sucesor y suegro Carlos Montemayor, El Charro, El Compadre o El Norteño, fue capturado el 24 de noviembre; el tercero es una escisión de este último que se hace llamar “cártel Independiente de Acapulco”, integrado por operadores y sicarios guerrerenses.

Aún se recuerda el secuestro de 20 turistas michoacanos en el fraccionamiento Costa Azul, el pasado 30 de septiembre, y el posterior descubrimiento de los cadáveres de 18 de ellos en la comunidad de Tunzingo, el 3 de noviembre.

Hasta ahora no han sido castigados los presuntos responsables, entre ellos mandos policiales de este ayuntamiento presumiblemente ligados a La Barbie y El Charro y que son mencionados en videos recuperados por la Procuraduría General de la República.

Ahora en Acapulco no hay día en el que no aparezcan cadáveres con huellas de tortura. Las zonas suburbana y rural del municipio se han convertido en un tiradero de cadáveres. En dos de las siete agencias del Ministerio Público, Coloso y Renacimiento, sólo el mes pasado hubo 40 y 35 levantamientos de cuerpos, respectivamente.

Al acabar la segunda semana de diciembre ya eran más de 400 los asesinatos de este tipo en Acapulco (el año anterior se cerró con poco más de 300), revela a Proceso un funcionario de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Guerrero que pidió el anonimato. “Hay casos que no se registran. Es frecuente que después de los enfrentamientos entre los grupos delincuenciales o entre éstos y la policía o el Ejército, aquéllos recojan a sus muertos para que no sean identificados”, detalla.

Psicosis

Los autores de este reportaje recorrieron Acapulco entre el lunes 13 y el viernes 17. El miedo y la paranoia de la gente se perciben fácilmente. Pese a ello abundan los testimonios de quienes han visto o padecido algún hecho violento. La población ha sido víctima de la psicosis generalizada producida por rumores de boca en boca o difundidos en las redes sociales o por correo electrónico.

El pasado 10 de noviembre, por ejemplo, padres de familia corrieron a las escuelas –desde primarias hasta prepas– para llevarse a sus hijos por el rumor de que habría atentados contra los estudiantes.

Los servicios de emergencia recibieron decenas de llamadas por “supuestas amenazas en contra de alumnos de diferentes niveles educativos” de Acapulco, dice la tarjeta informativa 2057 enviada por el secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Heriberto Salinas Altés, al gobernador Zeferino Torreblanca el mismo día en que se esparció el rumor.

Correos electrónicos firmados por el cártel del Pacífico Sur pedían a la población no salir de sus casas los días 19, 20, 26 y 27 de noviembre porque, decían, Acapulco se convertiría “en escenario de guerra”.

“Vamos a llegar con todo nuestro poder y armamento les decimos de nuevo no salgan por favor, este ves si va enserio no queremos matas y mutilar a gente inocente” (sic), alertaba el mensaje también impreso en volantes y repartido en las calles.

Hubo un antecedente: el pasado 25 de octubre, hombres armados recorrieron las calles de la unidad habitacional El Coloso para pedir a los vecinos que se refugiaran en sus casas y a los comerciantes que cerraran sus negocios, porque iba a producirse un enfrentamiento.

Y ese aviso anticipó dos horas y media de persecuciones y disparos con saldo oficial de cuatro muertos, aunque vecinos de El Coloso aseguran que hubo muchos más caídos que fueron recogidos por los delincuentes.

Nuevas técnicas del horror

El miedo no es gratuito. Lo que ha visto la sociedad acapulqueña es estremecedor.

Apenas el lunes 13, el puerto amaneció conmocionado por una escena macabra: sobre un puente que conduce a Tunzingo fueron tiradas tres cabezas humanas sin piel ni cuero cabelludo; también estaban las manos de las víctimas a las que les amarraron cartulinas con narcomensajes dirigidos, entre otros, a “la suegra de La Barbie” y firmados por “mi APA”. Los restos de dos de las víctimas estaban amarrados de los pies y colgados bajo el mismo puente; uno más quedó en el lecho del río.

Ocho días antes habían localizado los restos de dos personas en el mismo lugar, mutiladas de la misma forma y con un mensaje dirigido a Carlos Montemayor.

Un criminalista de la PGJ, quien pidió mantener su nombre en reserva, cuenta que al perito que levantó los cuerpos y las cabezas desolladas le desconcertó no encontrar en los manuales y protocolos oficiales las palabras para describir el hallazgo.

Tras recordar que las primeras decapitaciones con intención de transmitir mensajes a grupos criminales ocurrieron en Acapulco en 2005, el especialista considera que “la violencia del crimen organizado ha evolucionado de una forma muy drástica y refleja que los ejecutores tienen una personalidad psicótica y sádica”.

“Los primeros ejecutados tenían signos de tortura: lesiones punzantes, quemaduras, golpes. Después los criminales empezaron a decapitar y a quemar con llantas; siguieron con las amputaciones de penes, luego aparecieron cuerpos cortados en pedazos; más tarde sólo eran cercenados miembros superiores e inferiores; cortaban dedos, luego la lengua y ahora la modalidad es quitar la piel del rostro de la víctima.”

Recuerda que cuando Arturo Beltrán controlaba la plaza, muchos de esos cuerpos mutilados o quemados aparecían acompañados de mensajes que hacían suponer que la víctima era un asaltante, violador o secuestrador:

“Favorecieron la disminución de delitos como el robo o la violación; de 10 peritajes diarios que teníamos que hacer para la investigación de algunos de esos delitos, pasamos a uno diario e incluso cero; a partir de diciembre del año pasado, cuando fue asesinado Beltrán, regresamos a los niveles de 10 peritajes diarios por esos delitos.”

Semana ajetreada

Del lunes 13 a la tarde del viernes 17 aparecieron ocho ejecutados en las afueras del puerto, mientras que los cuerpos ya descompuestos de tres personas –dos mujeres y un hombre– fueron exhumados de una fosa clandestina a 20 metros del camino que va al poblado de La Testaruda.

La mañana del miércoles 15, la Policía Municipal recibió reportes de que hombres armados con fusiles AK-47 que viajaban en ocho camionetas irrumpieron en las colonias Emiliano Zapata y Unidos por Guerrero. El saldo: un taller mecánico incendiado, dos casas baleadas, dos autos quemados y presuntamente cinco levantados.

La noche del jueves 16, de acuerdo con una tarjeta informativa de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se recibió una llamada anónima a las 22:15 horas en la que se denunciaba que “sujetos fuertemente armados y cubiertos del rostro” sometieron a clientes y trabajadores del Canta Bar Secrets, en el bulevar Vicente Guerrero.

El documento de la SSP destaca que los encapuchados obligaron a la gente a tirarse al piso “amenazándola y apuntándole con armas de fuego” y después se llevaron a 11 trabajadores.

La psicosis de los acapulqueños fue alimentada además por versiones de balaceras en el centro de Acapulco.

Isaac, un taxista con 22 años en el oficio, asegura que esas versiones son diseminadas por gente de su gremio implicada con la maña (así llaman a los grupos de la delincuencia organizada).

“Quieren asustar a la gente para que no salga y obligarnos a los que no estamos con ellos a ponernos a su servicio. Te ofrecen 500 pesos diarios y un teléfono celular pero les pagas mil 800 al mes por el permiso de circular. A cambio les tienes que llamar cuando veas un operativo del Ejército o la Marina. Hace tres años más o menos eran 26 los compañeros que se fueron con la maña, ahora ya son 486. Los distingues porque ya no traen placas, nomás el número del taxi.”

Rodolfo, otro trabajador del volante, añade que además el crimen organizado cobra 20 pesos diarios a los taxis y 10 a los colectivos para dejarlos circular. El cobro del “derecho de piso” lo padecen también los vendedores ambulantes y hasta las prostitutas, a quienes les exigen entre 100 y 200 pesos diarios.

Los comerciantes y empresarios no se salvan. José Cedano, presidente del Colegio de Licenciados en Turismo, dice a Proceso:

“Desde hace un año se dan extorsiones telefónicas para pedir cuotas mensuales; yo he recibido amenazas, pero cuelgo el teléfono y ya. Según el sapo es la pedrada: amigos me han dicho que les piden 50 mil, 35 mil o 5 mil pesos. Conozco a 10 amigos pequeños empresarios que por las extorsiones tuvieron que irse de Acapulco.”

“Leyendas urbanas”… pero de sangre

El jueves 16 este semanario constató que a partir de las ocho de la noche la gente que transitaba por la zona costera y céntrica de Acapulco caminaba con prisa, desesperada por llegar a sus domicilios. Dos horas más tarde las calles, los restaurantes y los centros de entretenimiento estaban vacíos.

“La gente tiene miedo de que los paren los encapuchados”, confía un taxista que prefiere no dar su nombre. “Todo el día se ven, pero en la noche da más miedo. Los encapuchados andan en camionetas de lujo y con las armas de fuera; si tienes la mala suerte de que te paren, te sacan del vehículo, te hincan, te apuntan con sus armas y te preguntan quién eres y a dónde vas.

“Un compa taxista tuvo la mala suerte de pasarse el alto de la Vía Rápida a la Costera; aquéllos lo alcanzaron, lo bajaron a golpes y le gritaban ‘¿Tienes mucha prisa o qué?’ El amigo está en la casa, se le subió (bajó) el azúcar.”

Es frecuente escuchar testimonios como el anterior. Hay ciudadanos que han visto no sólo interrogatorios sino que a plena luz del día los encapuchados levantan a transeúntes o automovilistas.

Hay quienes afirman que policías municipales han presenciado esos abusos y no intervienen, como asegura un prestador de servicios turísticos que no quiso identificarse.

Un fin de semana de noviembre, sobre la Costera Miguel Alemán, frente a plaza Bahía, un par de Hummer impidieron el paso de una familia de turistas, un hombre de unos 50 años, su esposa y tres adolescentes.

“El señor y uno de los chamacos le mentaron la madre a los de las Hummer porque casi los atropellan cuando iban a atravesar la calle. De una de las camionetas se bajaron tres armados, dos encañonaron a la señora y a los muchachos, y otro golpeó con la cacha de la pistola al señor; lo hincó y le puso la pistola en la cabeza y le gritaba ‘¿Te quieres morir? ¿No que muy cabrón?’ Otros turistas que andaban por ahí le gritaban y hacían señas a una patrulla que estaba estacionada afuera de plaza Bahía, pero los policías hicieron como que no veían nada y se fueron.”

Para saber cómo actúan los policías basta describir los hechos posteriores a un enfrentamiento entre criminales el pasado 16 de octubre, reconstruidos por varios testigos.

Tras el combate, poco antes de las cuatro de la tarde en el libramiento Paso Texca, quedaron cuatro cadáveres, dos en una camioneta y los otros tirados en el asfalto. Uno de ellos estaba encapuchado y tenía un fusil AR-15. Llegaron dos policías federales, cuatro estatales y 18 municipales. También acudieron periodistas y algunos curiosos.

Simultáneamente arribaron tres Hummer a las que les abría paso un taxi del que bajó un hombre de unos 30 años, robusto y armado. Sin voltear a ver a nadie le quitó la capucha al cadáver, le tomó una foto con el celular y se llevó el arma.

“Cuando agarró el arma la metió al taxi y en eso los policías federales reaccionaron y le gritaron que no se la llevara; se la quitaron; el tipo sacó un pistolón, encañonó al policía y de una de las Hummer se bajó otro chavo que traía un cuerno de chivo.

“Los que andábamos por ahí y los municipales corrimos, nomás se quedaron los cuatro estatales y el federal; todos sacaron sus armas. De repente el primer sicario empezó a hablar en clave con los federales, les decía a gritos quiénes eran sus jefes. Los dejaron ir.”

A algunos como Viridiana, una joven veinteañera, y a Jesús, un automovilista, que se han topado con caravanas de sicarios lo que les ha sorprendido es la edad de algunos de ellos.

El 10 de diciembre, Viridiana y su mamá circulaban por una calle del puerto y a plena luz del día vieron cómo jóvenes menores de edad con cuernos de chivo tenían hincados a otros dos adolescentes a los que les apuntaban. La mamá de la muchacha aceleró y por el retrovisor vieron cómo los adolescentes eran levantados.

Jesús circulaba la noche de un viernes y se encontró con una caravana de ocho camionetas de lujo por cuyas ventanillas asomaban los cañones de los fusiles. Uno de los vehículos se le emparejó.

“Bajaron el vidrio y que veo a un chavo de unos 18 años que me saludó con la mirada. Al otro día me acordé que fue mi compañero en una clínica de Alcohólicos Anónimos; ya entonces me decían que era sicario y yo no lo creía, pensaba que era un chamaco pendejo. Salió de la clínica el chavo y no lo volví a ver hasta esa noche.”

Personal de la PGJ reconoce que a partir de octubre de este año la mayoría de los cadáveres tirados en las calles después de los enfrentamientos son de jóvenes de entre 14 y 18 años.

“Hay indicios de que en Acapulco está operando un grupo de entre siete y ocho menores de edad a los que se identifica como sicarios. No sabemos si son ellos los responsables de las últimas decapitaciones que tanto han impactado, pero por lo menos coincide su aparición con esas situaciones.”

El funcionario de la PGJ lamenta no poder ubicar a qué cártel sirven esos jóvenes: “Desgraciadamente en la procuraduría no podemos hacer mucho, porque si te esfuerzas por investigar un caso, cuando se lo presentas a los jefes, éstos van y lo archivan”.

El alcalde Ávila niega saber de caravanas de gente armada que patrulla las calles de Acapulco, que agreden a la población y mucho menos dice tener quejas de que policías municipales no atiendan a la población agredida. “Sin desmentir a nadie, eso son leyendas urbanas”.

Tras sostener que los niveles de ocupación hotelera los fines de semana están a 70% u 80%, asegura que el puerto se mantiene vigente como centro turístico y que lo único que puede dañar su imagen son “las notas periodísticas”.

José Cedano, director también de la Asociación de Promotores de Clubes Vacacionales del Estado de Guerrero (Asproclub), difiere: “Los niveles de ocupación altos se dan sólo cuando se organizan eventos culturales o turísticos, como los festivales de la Nao o de Cine Francés; pero cuando no ocurre eso el promedio es de 40%”.

LA FARSA .....de la guerrita de Calderon



http://www.youtube.com/watch?v=N1A9Dg5xtWY

Anabel Hernandez Recibe Apoyo Internacional Por Amenazas De Muerte NOTICIAS MVS

http://www.youtube.com/watch?v=Cr16RvBXVOQ

domingo, diciembre 12, 2010

Michoacán, narcorebelión

Apatzingán. Protesta de apoyo al cártel de La Familia

Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO, D.F., 12 de diciembre (Apro).- Felipe Calderón es el hombre de la violencia. Mientras más muertos deje su gobierno, más éxito reclamará en su “guerra al narcotráfico”.
Desde hace un año optó por el aniquilamiento, por extremar la fuerza con el conocimiento de que esa medida le costará la vida a civiles inocentes.
El “presidente valiente”, como se presentó al inicio de su gobierno cuando declaró su guerra, propone como única salida la represión. Así lo dijo también desde el primer día.
Los primeros tres años de su mandato intentó bajar los enfrentamientos entre los cárteles del narcotráfico. No pudo. Decidió entonces hacer suya la salida
estadunidense: aniquilar algunos jefes.
Empezó hace un año en Cuernavaca, con Arturo Beltrán Leyva, El Barbas; siguió con Ignacio Nacho Coronel; luego Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta, y ahora Nazario Moreno González, El Chayo.
La medida es más efectista que efectiva. Puede decir que va contra todos, que no protege a ninguna organización, que le ha pegado a los Beltán Leyva, al cartel de Sinaloa, al cartel del Golfo y a La Familia Michoacana. En esa lógica tendría que seguir algún jefe de Los Zetas.
El movimiento del narcotráfico es circular: a la muerte del líder, sigue otro. Preparados para la traición interna o de sus protectores institucionales, los jefes
del narcotráfico forman a sus sucesores. Nadie está dispuesto a que se pierda el millonario negocio: ni los traficantes de droga, ni las autoridades que les apoyan,ni los que ponen su nombre para limpiar el dinero.
Tampoco Estados Unidos, cuyo objetivo sólo es “regular” el marcado ilegal de la droga en México mediante el control de la violencia, es decir, que sea el gobierno mexicano y no los cárteles los que decidan el nivel de violencia.
Pero en ese objetivo, Calderón desestimó lo que en Estados Unidos mismo se advirtió: el Estado mexicano se ha diluido en varias zonas del país, tanto en el control del territorio como en su autoridad ante los ciudadanos. Primero negó que así fuera y hasta retó a que se lo demostraran.
Después, su gobierno rechazó lo que también se viene diciendo desde hace tiempo en Estados Unidos, incluso por la propia secretaria de Estado, Hillary Clinton: que en México hay signos de narcoinsurgencia.
En Michoacán, su estado natal, tiene el ejemplo más claro de ambos fenómenos: ausencia de control en parte del territorio y acciones sociales de rechazo a
instituciones del Estado.
Es en su tierra donde la eliminación del Chayo, uno de los jefes de La Familia Michoacana ha desatado una inusitada reacción colectiva y organizada cuyas
consecuencias aún estamos por conocer.
Tres días después de que el vocero de seguridad nacional, Alejandro Poiré, anunciara la muerte de Nazario Moreno, El Chayo, durante los enfrentamientos con la Policía Federal, las protestas sociales en rechazo a ese hecho se mantienen.
El domingo, cientos de personas marcharon en Apatzingán en un rechazo abierto a la Policía Federal que está bajo la responsabilidad del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
En la lógica de que esas manifestaciones sean pagadas por La Familia Michoacana, la protesta no deja serlo y, en todo caso, es una expresión del control que ha logrado el narcotráfico en sectores sociales.
Lo mismo se ha visto en Sinaloa y Nuevo León con el cártel de Sinaloa y Los Zetas, por mencionar otros casos.
Pero en ninguno como en Michoacán se había vivido el incendio desatado por Calderón, quien quiere despejar el camino para que su hermana, Luisa María, se quede con la gubernatura que él jamás logró.
El costo que está pagando su estado es demasiado alto, no sólo por la inestabilidad política que provocó con la detención de funcionarios estatales y municipales, sino por los muertos civiles que ha dejado su estrategia en toda la entidad.
Aún no se sabe el saldo real de la confrontación iniciada el miércoles, pero Calderón ha decidido echar más gasolina en los próximos días con el envío de miles
de tropas y policías.

jcarrasco@proceso.com.mx

martes, noviembre 23, 2010

El Grande, hasta con Calderón convivió

Todo indicaba que, tras su detención, la carrera delictiva de Sergio Villarreal, El Grande, llegaba a su fin, pero el capo supo negociar y hoy es un singular testigo protegido de la PGR. En sus declaraciones ministeriales embarró a cuanto mando pudo, lo que permitió afianzar la Operación Limpieza, estrategia mediante la cual la dependencia intenta terminar con sus agentes corruptos. Lo que se ignora es por qué la titular de la SIEDO, Marisela Morales, se negó a consignar en el expediente los pasajes en los cuales el detenido alude a sus contactos con Felipe Calderón, con otros funcionarios federales y con el senador panista Guillermo Anaya, quien, por cierto, tiene demandado a un reportero de Proceso por “daño moral”.

Testigo Estelar
La detención de El Grande.

Ricardo Ravelo

Tras su detención el 12 de septiembre pasado en un fraccionamiento de Puebla, Sergio Villarreal Barragán, El Grande, el antiguo amo del narcotráfico en la Comarca Lagunera, debuta ahora como testigo estelar de la Procuraduría General de la República (PGR).

Desde su arresto, la dependencia le dio un trato preferencial. Una orden presuntamente girada por el procurador Arturo Chávez sentó a Villarreal Barragán en la mesa de negociaciones con la titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Marisela Morales Ibáñez.

Hoy, El Grande goza de privilegios. Además de tener un sueldo mensual generoso, las autoridades se comprometieron a cancelar varias de las averiguaciones previas en su contra y a no decomisarle ninguno de los bienes que adquirió cuando fue operador de la célula de los hermanos Beltrán Leyva.

A cambio de ello, él debía declarar todo lo que sabe sobre las redes de corrupción en las corporaciones policiacas y proporcionar los nombres de los presuntos funcionarios y agentes vinculados con las organizaciones criminales.

A la PGR le urgía incorporar a El Grande al programa de testigos luego de que el 29 de octubre último un tribunal de alzada concedió la libertad a Jorge Alberto Zavala Segovia, un exagente federal de la SIEDO que estuvo dos años en prisión. El fallo puso en riesgo la Operación Limpieza, encaminada a sanear a la procuraduría.

Para evitar que esa investigación fracasara y que otros coacusados fueran liberados por falta de pruebas, El Grande aportó datos que comprometían a Zavala Segovia, por lo que el exagente fue reaprehendido. En su testimonio, El Grande aseguró que vio a Zavala Segovia con maletas repletas de billetes de 100 dólares con los que presuntamente “salpicaba” a funcionarios de la SIEDO para que brindaran protección a su jefe Arturo Beltrán Leyva.

Villarreal Barragán comenzó a rendir testimonios sobre la vinculación de funcionarios con los cárteles de la droga luego de su detención. Algunos agentes de la PGR señalan incluso que él fue quien solicitó ser incorporado al programa de testigos protegidos y que Marisela Morales aceptó la propuesta del detenido, a quien se le asignó el nombre clave de Mateo. Morales Ibáñez declaró que El Grande fue incorporado a ese programa por una orden dictada “desde arriba”.

En sus declaraciones a la agente del Ministerio Público federal Angélica Herrera Rivero y en presencia de sus defensores, el testigo comenzó a hablar de las redes que tejió Arturo Beltrán Leyva con altos funcionarios federales.

De acuerdo con la averiguación previa PGR/SIEDO/UEITMIO/0992010 /2010, Mateo reveló que en septiembre de 2006 conoció a Felipe Calderón, cuando ya era presidente electo. Ese día, durante el bautizo de Elsa Anaya, hija del senador panista Guillermo Anaya Llamas, el anfitrión los presentó.

Según el testigo protegido, Anaya Llamas y Calderón son compadres y durante ese convivio el senador le comentó a Calderón durante la presentación: “Cualquier cosa que se ofrezca, queda a sus órdenes”. El presidente contestó: “Igualmente”.

Además, señaló que entre 2003 y 2005, cuando fue presidente municipal de Torreón, Coahuila, Anaya Llamas le asignó una escolta personal, así como agentes para que custodiaran el traslado de cargamentos de cocaína y dinero.

Mateo también habló de las líneas de parentesco que unen a su familia con la de Anaya Llamas. Dijo que su hermano Adolfo Villarreal estuvo casado con Elsa María Anaya Llamas, hermana del político panista, y que las familias “siempre han mantenido relación de amistad y de negocios”, a pesar de que Elsa María y Adolfo llevan años separados.

La versión de “Mateo”

En su edición 1614, Proceso informó sobre el bautizo de la hija del senador, quien incluso fue entrevistado. En esa ocasión Anaya Llamas aseguró que Sergio Villarreal no estuvo en esa fiesta que se realizó en Torreón, y aclaró que su hermana Elsa María se divorció de Adolfo Villarreal en 2005; también respondió que desde hace 10 años él no tiene contacto con la familia Villarreal.

Sin embargo, Mateo cobró confianza y en sus declaraciones comenzó a desmenuzar la trama de complicidades entre la célula de los hermanos Beltrán Leyva y funcionarios de la SIEDO y de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP).

Mencionó que desde su residencia en Morelos, donde vivía protegido por funcionarios del gobierno de ese estado, Arturo Beltrán ordenó varios asesinatos y que el secretario de Seguridad Pública, Luis Ángel Cabeza de Vaca Rodríguez, le proporcionaba aeronaves oficiales al capo para sus traslados.

El testigo dijo también que Arturo Beltrán le ordenó hacerse cargo de la logística para ejecutar al comisionado de la Policía Federal Preventiva Édgar Millán Gómez, quien fue asesinado en su departamento por un sicario enviado por Arturo Beltrán el 8 de mayo de 2008.

En ese crimen, expuso, colaboró también un comandante del grupo Yaqui de la PGR apodado El Perro, quien era escolta de Millán Gómez. Ese agente, según Mateo, tiene contactos con drogadictos del barrio de Tepito, en la Ciudad de México. Cuando él le comentó que la idea era presentar el crimen de Millán como algo pasional o como un asalto, El Perro le proporcionó las llaves de la casa de Millán Gómez, ubicada en la colonia Morelos.

Además, dijo, fue él quien le indicó la hora exacta de la llegada del funcionario a su domicilio para que los sicarios que contrató esperaran el arribo de Millán para ejecutarlo.

Mateo expuso: ... que el crimen de Millán fue bien planeado, que cuando se corrompe a las personas indicadas no hay errores y todo sale bien. Que a Millán se le ejecutó porque (a pesar de que) ya tenía más de seis meses apoyando con información al cártel, dos meses antes de su ejecución apagó sus teléfonos y los miembros del cártel no pudieron localizarlo para que les diera su apoyo en información de operativos, y que esto fue lo que detonó que su jefe Arturo Beltrán Leyva ordenara su ejecución.

Que esta misma suerte iba a correr también Luis Cárdenas Palominos (coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal), a quien Arturo (Beltrán) le había hecho llegar una fuerte cantidad de dinero y éste sólo la recibió pero nunca se comunicó con el cártel... Por ese motivo Arturo Beltrán me ordenó planear y ejecutar a Cárdenas Palominos.

En otro apartado señaló que otro funcionario que tenía que ser ejecutado de forma inmediata era (Armando) Espinoza de Benito (coordinador de Inteligencia de la Policía Federal), ya que este comandante, según le comentó Arturo Beltrán, lo quería chingar porque recibía dinero por parte de El Chapo Guzmán. Que tras recibir la orden se abocó a su cacería y que luego Arturo Beltrán les dijo que ya no anduvieran matando a gente del gobierno sólo porque sí, que a los del gobierno que fueran a matar sólo sería porque se les pagara y aún así lastimaran los intereses de la organización.

Los pasos de “El Grande”

Sergio Villarreal Barragán relató que en su natal Coahuila fue agente ministerial y que era cliente asiduo de los bares Flamingos y La Masacuata, donde los integrantes del grupo musical La Banda de San Jacinto le compusieron incluso un corrido.

En sus declaraciones, mencionó también que tenía contactos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y habló sobre la forma en que solía pasar los cargamentos de droga, así como de las personas que asesinó, todas ellas de la Administración General de Aduanas.

Según él, por fallarle en la recepción de un cargamento de media tonelada de cocaína, la cual debió llegar al AICM a través de la empresa Jet Service, levantó, torturó y descuartizó a tres aduaneros:

El primero fue Carlos Alberto Tapia. Su cuerpo fue encontrado con la cabeza desprendida el 16 de diciembre de 2007 en Tlalnepantla, Estado de México; era agente de aduanas del Aeropuerto Internacional, y con quien me arreglé para que recibiera la droga; el segundo fue José Villegas Valdivia, también agente de aduanas del aeropuerto, quien fue hallado con el cuerpo descuartizado en la carretera México-Tuxpan, y el tercer cuerpo descuartizado fue el del gerente de la empresa Jet Service de nombre Francisco Gerardo Santos Iglesias.

La PGR inició las averiguaciones previas TLA/I/7422/2007/12-T y OTU/II/1950/2007 para indagar sobre las tres ejecuciones.

Según Villarreal Barragán, en la célula de los hermanos Beltrán Leyva había traiciones y muertes. En una de esas pugnas, dijo, torturó y asesinó a Mario Pineda Villa, conocido como El MP, por órdenes de Arturo Beltrán:

A ese marrano yo mismo lo levanté. Se creía muy sanguinario y además no era de mi agrado. Lo amarré y le di de patadas hasta que perdió el conocimiento. Le dije: “Ya ves pinche marrano, no que muy cabrón”, posteriormente ordené que lo subieran a un vehículo y que fuera trasladado por la carretera vieja que lleva a Cuernavaca y a la altura del poblado de Huitzilac, Morelos, ordené que lo bajaran y descargué una ráfaga de cuerno de chivo en contra de él estando amarrado.

Posteriormente Arturo (Beltrán) me ordenó que se ejecutara a todos los que tenían relación con El MP o sencillamente quien fuera su amigo, aunque no tuviera que ver con el negocio de las drogas, y así se procedió en esos días, levantando más o menos a 90 personas, mismas que eran golpeadas y ejecutadas… Que posteriormente a esos hechos mantuvo una relación sentimental con la esposa de Mario Pineda, alias El MP, de nombre Clarisa.

Con relación a la ruptura de Arturo Beltrán y La Barbie, por una supuesta traición de éste a su jefe, Villarreal asegura que él mismo ejecutó a más de 150 personas en Morelos y Guerrero. Una de las primeras fue un colaborador de La Barbie.

En su relató ministerial, el testigo aseguró que esa persona fue torturada y degollada; además, se grabó un video para subirlo a las redes sociales con amenazas a La Barbie, quien era aficionado a ver los videos relacionados con el crimen organizado.

Información clasificada

Cuando Villarreal Barragán rindió su testimonio ante la PGR, la titular de la SIEDO, Marisela Morales Ibáñez, ordenó que los pasajes relativos al presidente Felipe Calderón y a los funcionarios de su gabinete no se consignaran, por lo que esos fragmentos quedaron archivados.

Según averiguó el reportero, durante las negociaciones Morales Ibáñez le comentó a Villarreal Barragán que era muy importante para la PGR saber qué funcionarios estaban implicados en la llamada Operación Limpieza, pues estaban en puerta las primeras libertades de varios de los exagentes procesados, por lo que le pidió que se enfocara sólo en ese aspecto.

Según el acuerdo, Villarreal Barragán debía declarar que él personalmente entregaba dinero a los funcionarios de la SIEDO para que le proporcionaran información que beneficiara al cártel de los hermanos Beltrán Leyva. La PGR incluso le ofreció seguridad para él y su familia, escuela para sus hijos y la cobertura de los costos que ello generara; un pago mensual decoroso por su colaboración y gastos de manutención.

La funcionaria también le comentó que por “órdenes superiores”, no se tocaría su patrimonio ni el de su familia, que incluyen ranchos, coches, camiones, aviones y negocios diversos.

Durante su etapa de esplendor en la Comarca Lagunera, tierra de narcos y de grandes fortunas amasadas con el lavado de dinero y el narcotráfico, Villarreal Barragán vivió en el municipio de Lerdo, Durango, al amparo de la alcaldesa panista Rosario Castro Lozano (2004-2007), hermana del actual subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGR, Juan de Dios Castro Lozano (Proceso 1614).

En una residencia que por un tiempo habitó Arturo González Hernández, El Chaky, gatillero de Vicente Carrillo, Sergio Villarreal estuvo a punto de ser detenido en una ocasión. El general Eduardo Miranda, entonces jefe de la base militar conocida como La Joya, montó un operativo y se trasladó con sus hombres a la residencia de Lerdo. En el momento en que iba a entrar, apareció la alcaldesa Rosario Castro. Iba acompañada de Raúl Villegas Morales, director de Seguridad Pública, y de Isaías Castillo Luna, un policía ampliamente conocido por la protección que brindó a El Chaky (Proceso 1496).

Testigos de los hechos relatan que Rosario Castro impidió la detención de Villarreal Barragán. Le exigió al general Miranda la orden de cateo y el permiso para entrar a su municipio. Tan fuerte fue la arremetida de la alcaldesa, que el militar tuvo que soltar a los detenidos y retirarse del lugar.

Hoy, aun cuando lleva más de dos meses detenido, el capo sigue teniendo buenas relaciones con funcionarios. Además, como testigo estelar de la PGR, goza de protección e impunidad del gobierno que lo atrapó el 12 de septiembre pasado en la ciudad de Puebla. l

Las componendas Calderón-El Grande

Sergio Villarreal Barragán "El Grande".

Álvaro Delgado

MÉXICO, DF, 22 de noviembre (apro).- En medio de la fastuosa celebración por el bautismo de su hija, el 24 de agosto de 2006, en Torreón, Coahuila, el senador panista Guillermo Anaya Llamas reunió a Felipe Calderón, el padrino, con Sergio Villarreal Barragán, identificado por el gobierno como el principal narcotraficante de la región y miembro del cártel de los Beltrán Leyva.

--Cualquier cosa que se le ofrezca, quedo a sus órdenes --le ofreció El Grande.

--Igualmente --respondió Calderón.

Este encuentro lo narró El Grande ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) a raíz de su detención, el 12 de septiembre, en Puebla, y como parte de esas declaraciones ministeriales aseguró también que, entre 2003 y 2005, cuando fue alcalde de Torreón, Anaya Llamas le asignó una escolta personal, así como agentes para que custodiaran el traslado de cargamentos de cocaína y dinero.

El narcotraficante confirmó, además, que las familias Anaya y Villarreal “siempre han mantenido relación de amistad y de negocios”, y que su hermano Adolfo estuvo casado con Elsa, hermana del senador panista, aunque ya llevan años separados.

En sus declaraciones ante la SIEDO Villarreal Barragán implicó en las redes de corrupción a altos servidores públicos del gobierno de Calderón, entre ellos a Luis Cárdenas Palominos, coordinador de Seguridad Regional y uno de los hombres de confianza de secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Pero resulta que como parte de la componenda para que El Grande se acogiera al programa de testigos protegidos, y evitar que la Operación Limpieza se desbarranque por la falta de pruebas contra mandos policiacos implicados con el narco, la SIEDO archivó las declaraciones ministeriales que detallan las relaciones de éste con Calderón, Anaya Llamas, Cárdenas Palominos y otros servidores públicos.

Conforme al amplio reportaje publicado en el semanario Proceso, bajo la firma de Ricardo Ravelo, Villarreal Barragán hizo un trato con el gobierno de Calderón para revelar las redes de corrupción del cártel de los Beltrán Leyva con funcionarios a cambio de que, “por órdenes superiores”, la Procuraduría General de la República (PGR) le garantizara no sólo su completa impunidad, sino la conservación de su vasto patrimonio.

En efecto, la PGR garantizó a “Mateo”, como se identifica a Villarreal Barragán como testigo protegido, que tendría seguridad para él y su familia, pago de escuela para sus hijos, una mensualidad decorosa y respeto a sus ranchos, vehículos, aviones y diversos negocios.

¿Son creíbles las declaraciones de El Grande sobre la relación con Calderón y Anaya Llamas? Lo son en tanto que han servido, también, para formular acusaciones contra otros servidores públicos. ¿O son válidas sólo para una parte y para otra no?

Esta componenda del gobierno de Calderón con El Grande ilustra, en todo caso, la perversidad del programa de testigos protegidos, cuyos testimonios han servido para procesar a numerosos servidores públicos que, al cabo de un juicio, han resultado exonerados por los tribunales, como ocurrió con el célebre michoacanazo, que hizo quedar en ridículo al gobierno.

En el caso específico de la fiesta por el bautismo de la hija de Anaya, que selló el compadrazgo con Calderón, ese legislador insiste en que ese encuentro nunca se celebró, aunque tuvo que reconocer la relación entre las familias, como el matrimonio de su hermana Elsa con Adolfo Villarreal Barragán.

Pero en vez de esperar a que la PGR le informe si efectivamente El Grande emitió esas declaraciones, como ya lo solicitó él mismo, Anaya acusa a Proceso de publicar esa información en revancha por haber demandado penalmente al corresponsal Arturo Rodríguez García, por un párrafo de un reportaje.

“Jamás he tenido contacto con nadie del crimen organizado, mucho menos le he presentado a nadie a ningún otra persona, y por ello es que afirmo que lo que se dice en aquella revista es una vil mentira, calumnia y una revancha por haber emprendido una demanda judicial por daño moral en contra del señor Arturo Rodríguez”, cantinfleó Anaya.

No son nuevos los señalamientos de protección de políticos del Partido Acción Nacional (PAN) a El Grande en la Comarca Lagunera, como cuando vivió en Lerdo, donde presuntamente fue protegido por la alcaldesa panista, Rosario Castro Lozano (2004-2007), hermana del subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGR, Juan de Dios Castro Lozano (Proceso 1614).

Ahora El Grande goza de la protección directamente del gobierno de Calderón…

Apuntes

Mientras no cese la demencial “guerra” de Calderón se sucederán más muertes a manos de las fuerzas militares y de seguridad, como el asesinato del médico Mario Eduardo Robles Gil Bernal a manos de policías de Colima, tras la ejecución del exgobernador Silverio Cavazos, o los dos jóvenes en Tabasco abatidos por balas de marinos…

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

lunes, septiembre 06, 2010

Sospechosa Detención

Desde el momento de su captura, Édgar Valdez Villarreal no ha parado de darle a la Policía Federal información acerca de los principales capos y cárteles del narcotráfico, a cambio presuntamente de evitar su expulsión a Estados Unidos. Eso y el hecho insólito de que durante su arresto no se disparara ni un tiro han hecho pensar en una entrega pactada de este violento sicario, quien conoció por dentro tres organizaciones criminales, una de las cuales lo considera traidor.

Ricardo Ravelo

Con una larga carrera criminal, amplia militancia en el narcotráfico –en 20 años pasó por tres cárteles como sicario, hasta alcanzar una jefatura– y estrechas relaciones con altos mandos policiacos, Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, fue capturado el 30 de agosto en un operativo de la Policía Federal (PF) plagado de sospechas y que hizo correr versiones de una posible negociación para entregarse.

Según datos ya difundidos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ofreció presuntamente a Valdez Villarreal la garantía de no extraditarlo si colabora con las autoridades mexicanas para conocer el movimiento de los capos más importantes. Tal acuerdo se establece a pesar de que el gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de 5 millones de dólares a quien aportara información para su captura.

En 2006 Steve Robertson, agente especial de la agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), dijo que ese país quiere juzgar a La Barbie, a quien persigue por tráfico de drogas, conspiración y homicidio.

En el momento de su captura, Valdez Villarreal era –como Nacho Coronel en el momento de su muerte– un narcotraficante en ascenso. Su actividad criminal data de alrededor de 1992, cuando su nombre empezó a ser mencionado a raíz de ejecuciones perpetradas en Tamaulipas por gatilleros bajo su mando. Era sicario del cártel del Golfo.

Hábil en el oficio de matar y en otro igualmente útil en el narcotráfico, el de corromper policías, La Barbie creó en Tamaulipas una estructura de espías, Los Halcones, la cual repitió en Nuevo León y Guerrero tras su incorporación al cártel de Sinaloa, en particular a la célula entonces encabezada por Arturo, Alfredo y Héctor Beltrán Leyva, conocidos en su etapa de esplendor como Los Tres Caballeros.

Pronto atrajo la atención de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, y de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas o El Jefe de Jefes, entonces socios. El gatillero de origen estadunidense fue pieza clave en la conformación de la estructura de sicarios que Guzmán Loera utilizó después de su fuga, en enero de 2001, para irrumpir en Tamaulipas, territorio ampliamente conocido por La Barbie.

En la conquista de sus objetivos, tanto Guzmán como Beltrán Leyva parecieron encontrar en Valdez al sicario ideal. Tras su fuga y tan pronto El Chapo pudo recolocarse en el negocio del narco, La Barbie se dio a la tarea de crear un comando: Los Negros.

Los cabecillas eran Armando Valdez, su hermano, y Lucio Martínez Manríquez, El Sol, quienes se convirtieron en sus hombres de confianza. Otros miembros de este escuadrón que bañó de sangre el noroeste del país eran Jaime Valdez –a la postre socio de Arturo Beltrán y su representante en Nuevo León–, Manuel Alejandro Aponte y Carlos Ezequiel Maldonado.

Reforzado con armas de alto poder y más sicarios, el grupo Los Negros se convirtió en Los Chapos, a quienes se atribuyeron decenas de asesinatos, entre otros los de Rodolfo Carrillo Fuentes, El Niño de Oro –hermano de Amado, fallecido en 1997– y de Vicente Carrillo, líderes del cártel de Juárez. Rodolfo fue ultimado en septiembre de 2004 en Culiacán.

Édgar Valdez Villarreal es dos años menor que Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del cártel del Golfo: nació el 11 de agosto de 1973 en Laredo, Texas. Es hijo de Abel Valdez y de Ofelina Villarreal. En 1994 fue detenido en Springfield, Missouri, luego de que la Corte de Nueva Orleáns libró una orden de aprehensión en su contra por tráfico de drogas, homicidio y conspiración. Aparentemente salió bajo fianza.

Como pieza clave del equipo de sicarios de los hermanos Beltrán Leyva, Valdez cobró relevancia dentro del cártel de Sinaloa por las ejecuciones que perpetró, pero sobre todo por la capacidad mostrada para corromper y “comprar” autoridades federales, estatales y municipales.

Descrito a menudo como un individuo de piel blanca y cuerpo atlético –tal cual apareció el martes 31 al ser presentado por la SSP–, Édgar Valdez recibió el alias de La Barbie por su cabello rubio y su excesivo cuidado personal.

Según fuentes consultadas por Proceso, Valdez Villarreal siempre ha sido considerado un metrosexual, pues tuvo a su servicio a diversos estilistas, masajistas, dermatólogos y entrenadores de fisicoculturismo, quienes trabajaban en cuidar la apariencia personal del jefe de sicarios de los Beltrán Leyva.

Sus vínculos con altos mandos de la policía llegaron a tal grado que son referidos en averiguaciones previas. Una de ellas –PGR/SIEDO/UEIDCS/106/2005– dice que en 2003 Arturo Beltrán ordenó a La Barbie que entrara en contacto con Domingo González Díaz, director del Centro de Mando de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y brazo derecho de Genaro García Luna, entonces director de esa agencia (Proceso 1763).

El objetivo, según la indagatoria y otras versiones confirmadas por este semanario, era llegar a un arreglo con la AFI para brindarle protección a la organización de El Chapo Guzmán y a una de sus células más importantes, la de los hermanos Beltrán Leyva.

En la averiguación –que se inició en 2005 a raíz de que una veintena de agentes de la AFI en Guerrero fueron investigados por servir a los Beltrán Leyva– se acusa a González Díaz de recibir 1 millón de dólares –no se precisa con qué periodicidad– a cambio de dar protección a los capos sinaloenses.

La captura

La mañana del 30 de agosto, Édgar Valdez Villarreal despertó en su escondite supuestamente sin saber que ese día terminaría su carrera criminal y empezaría otra, al servicio del gobierno: la de delator.

Tres semanas antes de su captura, el 9 de agosto, en la Ciudad de México la PF cateó varios departamentos lujosos en el edificio Armony House, en Paseos de los Tamarindos 140, Bosques de las Lomas.

Aunque oficialmente no se informó de ese operativo, trascendió que 200 agentes federales ya le seguían los pasos a La Barbie, quien se movía en una amplia zona que comprendía el Distrito Federal y los estados de Morelos, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas.

En diciembre de 2009, según declaró ante la PF, recibió una llamada de su jefe, Arturo Beltrán, quien le pidió ayuda para enfrentar a los marinos que ya lo tenían rodeado a las afueras de su departamento en Cuernavaca.

Según declaró, La Barbie le sugirió a Beltrán que se entregara a las autoridades; eso aumentó la sospecha de que es un delator, pues durante el operativo de su captura no hubo ningún disparo, a pesar de que Valdez Villarreal es uno de los narcotraficantes más violentos y no obstante que al menos 10 pistoleros le cuidaban las espaldas en su búnker de Lerma, Estado de México.

El inmueble donde Valdez Villarreal se refugiaba está a unos 300 metros de la avenida principal de la ranchería de Cañada de Alférez, en el pueblo de Salazar. La Barbie construyó ahí una casa de tres niveles con nueve chimeneas, amplios ventanales y terrazas con vista hacia una tupida vegetación y extensas arboledas.

Según datos oficiales, el lugar era visitado por Valdez Villarreal los fines de semana. En el terreno hay una cabaña que operaba como hotel. La casa tiene caballerizas, además de mesas de billar y futbolito, algunas de las distracciones favoritas de los capos.

Según datos confirmados, el día de la detención Édgar Valdez no estaba en esa casa. Ahí sólo fueron encontrados sus escoltas, unos 10 pistoleros que aguardaban la llegada de su jefe.

La casa de La Barbie fue rodeada por los agentes federales, quienes anularon la acción de los gatilleros de Valdez. Sin disparar sus armas, los policías sólo esperaron la llegada del capo para detenerlo. Nadie opuso resistencia.

El comisionado de la PF, Facundo Rosas, intentó atajar los cuestionamientos por lo inverosímil del operativo sin violencia. Señaló que la captura de Valdez “fue una operación quirúrgica”, pero se negó a dar los pormenores.

Incluso, el funcionario no pudo precisar el número de efectivos que participaron en la detención de La Barbie: “Estamos manejando unidades de inteligencia, éstas varían, tienen algunos componentes de analistas, de investigadores, de tal suerte que no hay una cantidad precisa de cuántos operaron; sí tenemos claro que fueron varias unidades de inteligencia”, dijo el funcionario.

De capo a delator

Tan pronto como fue aprehendido, Valdez Villarreal comenzó a hablar ante la PF de lo que sabe sobre el narcotráfico en México. Confirmó, entre otras cosas –y ésta sería otra evidencia del posible acuerdo con la SSP–, que en 2007 los cárteles del Golfo y de Sinaloa pactaron una tregua.
De ese pacto dio cuenta Proceso en su edición 1600, con fecha 1 de julio de 2007, en cuya portada podía leerse: Narcocumbre.- El pacto de los narcos. El reportaje informaba que en una reunión de los principales líderes del narco se había llegado al acuerdo de una especie de tregua “para enfriar” al país, a través del cual se repartían territorios a fin de proteger sus negocios ilícitos. En cuanto al lugar de la reunión, a Proceso le fue en aquel momento imposible precisarlo. Los datos recabados entonces la ubicaban en algún lugar de Tamaulipas o de Aguascalientes.

La Barbie completa ahora la información. Precisó que el cónclave de capos se realizó en Morelos, a donde acudieron El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada e Ignacio Nacho Coronel, entre otros. En su testimonio, que la SSP difundió sin reparar en la violación a la secrecía de una averiguación previa, La Barbie acusó a su exjefe (El Chapo) de romper dicho pacto y dijo que toda la negociación se derrumbó por la disputa de la plaza de Ciudad Juárez.

Aceptó que se dedica al narcotráfico y que opera solo, “porque es mejor”; que la droga la compraba en Colombia; que explotaba la ruta Panamá-México-Estados Unidos, y que los panameños le envían el dinero en tractocamiones.

Aunque fue acusado de traicionar a su jefe Arturo Beltrán, La Barbie declaró que eran amigos, aunque en otra parte del testimonio difundido por la SSP relató que cuando Arturo andaba drogado lo quería matar, y cuando no, lo trataba bien.

Este cambio de conducta le generó sospechas a Valdez Villarreal, por lo que, dijo, “ya no me le arrimé” a Beltrán Leyva. Tras la muerte del capo en Cuernavaca, quien le declaró la guerra fue Héctor Beltrán, pues lo considera traidor. La Barbie dijo también que el personaje más cercano a Arturo Beltrán fue Marco Antonio Pineda Villa, El Borrado, quien operaba las lanchas cargadas de droga del cártel de Beltrán Leyva, afincado en los estados de Morelos y Guerrero.

Guerra de mantas

Con las declaraciones que Valdez Villarreal rindió ante la PF ahora se sabe que él era el principal colocador de narcomantas en Morelos y en otros estados. Reconoció que las exhibía con un objetivo: “Para que la gente piense que voy perdiendo o para que la gente se asuste”.

Tras la muerte de Arturo Beltrán se multiplicaron las narcomantas contra Valdez Villarreal. El 22 de diciembre de 2009, por ejemplo, apareció una colgada en la colonia Lagunilla de Cuernavaca.

El mensaje era de apoyo a Valdez Villarreal y lo incitaba a iniciar una lucha en Morelos, “y para que sepan el poder de la mafia y que ésta nunca se va a terminar”. El texto estaba firmado con el alias de El Chiquis, quien advertía de una contraofensiva del narco porque las Fuerzas Armadas (el Ejército y la Marina) se habían metido con “la empresa”.

Y así ocurrió: a pocos días de la muerte de Arturo Beltrán fue acribillada la familia de Melquisedet Angulo Córdova, tercer maestre de Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina y quien participó en el operativo donde fue abatido El Barbas.

En abril de este año aparecieron 11 narcomantas en varios municipios morelenses, como Cuernavaca, Jiutepec, Yautepec y Emiliano Zapata. Los mensajes estaban firmados por miembros del cártel del Pacífico Sur (CPS) y eran contra Édgar Valdez Villarreal.

Uno de esos mensajes decía: “C.P.S. A toda la ciudadanía morelense. C.P.S. no se dedica a la extorsión telefónica, secuestros, robos, solo a lo que es nuestro negocio, el cual nos hace autosuficientes sin andar extorsionando como lo hacen la gente del homosexual Édgar Valdez Villarreal (Barby), con el apoyo de algunas autoridades castrenses el cual reafirma su participación ya que las 24 horas realizan recorridos por la avenida 10 de abril donde fueron encontrados 2 cadáveres y durante el día les han asaltado bancos estando operativos de fuerzas federales a escasas cuadras del lugar.

“Por lo que pedimos a la ciudadanía denunciar hechos de extorsión y robos a las autoridades correspondientes y exíjanles trabajen y todas aquellas autoridades que apoyen estos ilícitos los vemos como enemigos. ATTE. C.P.S. Estamos ubicando a este tipo de gentes, y en cuanto los tengamos, la orden es ejecutar y descuartizar.”

La detención de Édgar Valdez Villarreal golpea la estructura de los hermanos Beltrán Leyva, aunque lo cierto es que La Barbie ya operaba por su cuenta, como él mismo lo reconoce. Su captura llegó en el momento en que Felipe Calderón enfrentaba una gran presión, no sólo por su fallida guerra contra el crimen organizado, sino porque se acercaba la fecha de su cuarto informe de gobierno en medio de una avasallante crisis de violencia.

Aunque Genaro García Luna exigió reconocimiento para la PF –no obstante que el día que fue detenido Édgar Valdez dio de baja a 3 mil 500 agentes por reprobar los exámenes de confianza–, la aprehensión de La Barbie desató el escándalo por tratarse de una presunta captura arreglada a la que Valdez responde ahora delatando a sus rivales en el tráfico de drogas.

Tal versión cobró mayor fuerza el jueves 2 cuando el diario La Jornada publicó una nota en la que se afirma que, según fuentes de la SSP, la dependencia ofreció garantías a Valdez Villarreal para que colaborara con la autoridad.

Según esa información, el acuerdo entre el capo y la SSP incluye la posibilidad de no ser extraditado a Estados Unidos. A cambio, La Barbie proporcionó información relacionada con las organizaciones criminales, sus modos de operación y sus estructuras.

La DEA, sin embargo, le seguía los pasos a Valdez Villarreal desde años antes. El gobierno estadunidense ofrecía 5 millones de dólares por su captura y la PGR 30 millones de pesos a quien proporcionara información para detenerlo.

La DEA quiere que Valdez Villarreal sea juzgado en Estados Unidos. En 2006, Steve Robertson, agente especial de la agencia antidrogas estadunidense, se refirió al poder de La Barbie: “La Barbie Édgar Valdez Villarreal es un fugitivo… Es un traficante significativo debido al hecho de que es lugarteniente de una de las principales organizaciones de México, es una persona importante… Definitivamente, queremos tenerlo en nuestras manos”. l

sábado, agosto 28, 2010

Cuernavaca: el basurero y la ineptitud

Marco A. Adame y Manuel Martínez Garrigós. Cómplices.

Javier Sicilia

MÉXICO, D.F., 27 de agosto.- Al imperio de la basura moral –el crimen y el terror– que desde la muerte de Arturo Beltrán Leyva se ha ido apoderando de Morelos, se ha sumado otro: el de las miles de toneladas de desechos que diariamente la ciudadanía produce y que desde que el priista Manuel Martínez Garrigós llegó a la presidencia del municipio de Cuernavaca no se ha resuelto satisfactoriamente, a pesar de que era una prioridad de sus promesas de campaña.

Este muchacho ha puesto una vez más en evidencia que la vuelta al poder que para 2012 pretende el PRI será terrible. Formado en las filas de ese partido y dueño de un estilo de gobierno que el PAN aprendió de él –la propaganda, la simulación, la improvisación populista y la arbitrariedad–, Martínez Garrigós ha dilapidado su capital político en poco más de un año de gobierno.

1) Contra la oposición de una gran parte de la ciudadanía y del sentido común (aún recuerdo la manera sorda y condescendiente con la que escuchó mis argumentos contra la inoperancia de un segundo piso en la Avenida Plan de Ayala, y la simulada amabilidad con la que recogió los documentos que al respecto le llevé), se empeñó en realizar el proyecto que recientemente la SCT canceló “por carecer de estudios técnicos”.

2) No sólo el 14 de abril –junto con el gobernador Marco Antonio Adame, cuya característica es la grisura– decidió aceptar el toque de queda que el narcotráfico dictó a través de internet, sino que a partir de entonces las balaceras, los descuartizamientos, las quemas de antros, las muertes de policías y las “bajas colaterales” no han dejado de sucederse en Cuernavaca.

3) Para colmo de males, en su pleito contra la compañía PASA, encargada de la recolección de la basura doméstica, ha ahondado ese problema que nos heredaron tanto los gobiernos panistas como la incultura ciudadana en relación con los desechos.

La promesa de campaña a la que me he referido y que, dijo, cumpliría en cuanto llegara al poder, fue cerrar el relleno sanitario que su antecesor, el panista Jesús Giles, construyó, contra toda razón científica, en una zona de alto riesgo, y crear otro que cumpliera con las normas de seguridad ambiental. Lejos de ello, se ha enfrascado en un pleito con la compañía PASA y, frente a la ineficiencia del propio gobierno para la recolección y reciclado, ha hecho que el problema empeore.

Martínez Garrigós, al igual que no quiso escuchar nada sobre la inoperancia de un segundo piso –fue la improvisación la que lo salvó de su sordera–, ha olvidado también que el problema de la basura no es tanto PASA como el uso que se hace del relleno sanitario de Loma de Mejía –a donde los propios camiones del municipio han ido a depositar mezcladas las toneladas de basura que, hasta el momento en que escribo, logran recolectar.

La administración del relleno sanitario de Loma de Mejía, ya sea por parte de PASA o del municipio, es, a causa de su ubicación –una zona de alta permeabilidad–, un problema de salud pública cuya amenaza no se ve, como la basura depositada en las calles, pero cuyas consecuencias –a causa de que arroja en él mezclada– serán nefastas para la ecología y la salud, ya que los rellenos sanitarios son buenos cuando se deposita en ellos sólo 10% de la basura recogida y se produce un reciclaje de otro 90%: basura orgánica, vidrio, papel, cartón y metal.

Con su habitual arrogancia, Martínez Garrigós ha politizado el problema. La basura, la incultura de los ciudadanos en relación con el reciclado de sus desechos, los abusos, la falta de cuidado de la empresa PASA –que no ha cumplido con los requerimientos que implica el procesamiento de la basura–, la sospecha de que es un negocio de su antecesor Jesús Giles y de la corrupción del panismo, le han servido no para ir a la raíz del asunto, sino para un revanchismo partidista.

A falta de una propuesta política ambiental –misma que no tiene ni para la vialidad ni para la delincuencia–, Martínez Garrigós pretende gobernar golpeando a sus enemigos, pretende rehacer lo que ya no existe de su capital político, con lo que en su campaña mediática funcionó: culpar a sus antecesores de lo que ahora es incapaz de revertir, minimizar su propia ineptitud juzgando la ineptitud de los otros. El resultado son las pilas de basura mezclada que se acumulan en las calles o en un relleno sanitario mal ubicado y mal usado como el signo ominoso del desprecio y de aquello en lo que la vida política se ha convertido.

Si Martínez Garrigós construyera un buen relleno sanitario, cerrara el de Loma de Mejía y obligara a PASA y a la ciudadanía a hacer una división de los desechos y un reciclado de los mismos, no sólo cumpliría una promesa fundamental de su campaña, sino que desarrollaría una verdadera política ambiental en lo que a los desechos se refiere, y abriría la posibilidad de crear fuentes de trabajo: empresas de reciclado –cartón, vidrio, papel, metal y composta–. Pero ha preferido la improvisación y, con la arrogancia de los que están de vuelta en el poder, gritarnos que lo único que importa a los políticos es hacer del gobierno un modo de vida tan contraproductivo y mortal como la basura que mezclamos cada día en nuestras casas e, incapaces de procesarla, arrojamos a la calle para no verla.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a todos los presos de la APPO y hacer que Ulises Ruiz salga de Oaxaca.

martes, febrero 23, 2010

El presidente que no sabe

MÉXICO, D.F., 22 de febrero.- El presidente muestra su rostro contrariado cuando en Juárez una mujer proletaria le advierte: No, no es usted bienvenido acá. Cuando le aclara: Estuvo usted mal informado, mis hijos asesinados eran estudiantes. Cuando le explica: Acá su Ejército no ha hecho nada.

Celebramos el valor civil de la mujer. Pero no debemos de ninguna forma celebrar el rostro contrariado del presidente del país. Es raro, es inquietante, es un muy pésimo augurio para todos su contrariedad.

¿Por qué su contrariedad, si en Juárez todos y cada uno de los ciudadanos sabían todo esto desde hace años? ¿Por qué, si afuera lo supimos bien pronto los que nos interesamos por Juárez, y lo publicamos en medios nacionales, y los juarenses lo declararon a la BBC, a la CNN y al New York Times, y es consabido en todo el país y el extranjero?

Sí, el Ejército fue a Juárez a pasearse. A revisar si los automovilistas usaban cinturones de seguridad. A requisar casas para llevarse tarros de mermelada y bolsas de pan Bimbo. Cuando se avisaba de un operativo del narco, los soldados huían en sus camiones verdes, como huía la población común.

Y lentamente extralimitaron su poder sobre los civiles. Hincharon su prepotencia. Un transporte militar machucó la pierna de una niña y no se responsabilizó nadie. Tres soldados robaron una casa, y nadie los amonestó. Pronto los agravios castrenses se volvieron un azote diario, un azote añadido al del crimen organizado para los juarenses. Pero cuando los soldados avistaban un convoy de narcos, se trepaban otra vez a sus camiones verdes y escapaban.

Otra vez hay que preguntarlo: ¿de verdad, no lo sabía el presidente? Y hay que preguntar algo peor: ¿qué más no sabe el presidente?

Porque en esta guerra que vivimos, parece ser que el comandante en jefe del Ejército Mexicano, es decir, el presidente, no sabe lo mismo que los ciudadanos. ¿No sabe por ejemplo que en Juárez, como en el resto del país, “las policías están en las nóminas del narco”? Son palabras del fundador y primer titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero.

¿Y no sabe tampoco el presidente que los delitos más recurrentes y nocivos que nos aquejan a los mexicanos son el robo y el secuestro? ¿Que lo que rompe nuestra convivencia diaria es el miedo? ¿Que las calles se han vuelto el terror de las mujeres y los hombres, especialmente las quincenas, cuando llevan sus sueldos a sus casas? ¿No sabe que somos, para nuestro inmenso infortunio, el país con mayor índice de secuestros en el planeta? ¿Y no sabe lo más atroz, que en cada secuestro hay involucrado por lo menos un policía, y a menudo más de cinco?

Tan es consabido por todos esto, que el robo y el secuestro son los delitos más comunes y más devastadores para la población, y que policías suelen intervenir en ellos, que el narco ha hecho su oferta para un pacto social. Ellos, y no los policías, controlarían a los rateros y a los secuestradores, dentro y fuera de sus filas, a cambio de poder trasladar su droga por el territorio nacional.

El presidente tiene que saber de esta oferta, como lo sabemos todos. Arturo Beltrán Leyva la dejó escrita en cartones sobre los cadáveres de secuestradores que ajustició. El jefe de La Familia de Michoacán lanzó la oferta en una llamada telefónica al noticiario matutino de la televisora local. Las mantas de Los Zetas reiteran la tentadora oferta cada mes.

Y el presidente tiene que saber también que la droga para la población de a pie no es una angustia urgente. Tiene que saberlo porque tiene el último informe de su Secretaría de Salud, fechado en 2009: sólo el 5.6% de los mexicanos consumen una droga proscrita, y sólo 500 mil de ellos padecen de una adicción. Es decir, de cada 200 mexicanos solamente uno vive la tortura de la adicción a la droga.

Y mientras tanto, como si el presidente no lo supiera, la propaganda oficial nos reitera que los triunfos de esta guerra son el asesinato de un capo o requisamiento de equis toneladas de mariguana.

Esto es lo alarmante de esta guerra: que no es una guerra, que son dos guerras. Una, la que definimos y vivimos los ciudadanos; otra, la que define y vive el presidente.

En nuestra guerra, los ciudadanos tenemos como enemigos a los ladrones y los secuestradores, que irrumpen periódicamente en nuestras vidas para destrozar el bienestar que armamos cada día con más trabajo y con más temor. Los policías y el Ejército no son de ninguna manera nuestros aliados, y a menudo, enmascarados, son los mismos que nos roban y nos secuestran. Y la droga no es ni remotamente el diablo.

En cambio, en la guerra del presidente la droga es verídicamente el diablo, y los capos, los enemigos a vencer. Las policías infiltradas y el Ejército son los instrumentos, imperfectos pero irreemplazables, para combatir. Y la población es el paisaje donde suceden las confrontaciones: un bosque de seres humanos donde a veces algunos troncos caen abatidos por la metralla.

En el fondo de las palabras dolorosas y airadas de Luz María Dávila al presidente en Juárez estaba el señalamiento de este malentendido. Su guerra no es la mía, presidente. Sus enemigos no son los míos, y a su fuerza pública le tengo pavor.

Y en el rostro contrariado del presidente estaba el no saberlo. O el no querer saberlo del todo y asumir la consecuencia: redefinir su guerra.

lunes, febrero 15, 2010

La transa, el campo, la jauja

El secretario Mayorga, sus hermanos y su padre, reciben millones de pesos, desde hace años, en subsidios al campo
El gobierno federal ayuda desde 2001 a Ofelina Guzmán Loera y a otros dos hermanos de “El Chapo” Guzmán
El hermano de Arturo Beltrán Leyva, Carlos, detenido en enero pasado, se beneficia de Procampo desde 1995
ESCUCHAR AL AUTOR AQUI.
Tardaron 15 años los políticos en descubrir que Procampo, el programa más importante de apoyo a la producción agropecuaria y la estrategia estrella para mejorar la productividad en el medio rural, era un fracaso. Unos meses después de haber dado a conocer esta noticia EL UNIVERSAL han constatado que los funcionarios responsables decidieron seguir quebrantando la ley y la ética. Y no se molestan en negarlo. Cínicos, funcionarios, políticos, incluso presuntos delincuentes, permanecen en la lista de beneficiarios.
Procampo fue creado en 1994 con el objetivo de mejorar la “competitividad interna y externa” entre los campesinos mexicanos ante la apertura de fronteras con Estados Unidos y Canadá. A la postre, todas las evaluaciones demuestran que no sirvió para su propósito y en cambio sí contribuyó a ahondar las diferencias entre los grandes productores y los pequeños.
Con las últimas modificaciones a las reglas de operación sufridas por este programa, la Secretaría de Agricultura aparentemente quiso cambiar la situación para que los productores que poseen menos de cinco hectáreas, 70% del padrón, obtuvieran mejores apoyos. Hoy este diario corrobora que la mala distribución continúa de manera muy similar.
¡Y cómo no, si el responsable de hacer que las injusticias concluyan es uno de los interesados en que el programa siga beneficiando a los productores más ricos! En el colmo del conflicto de intereses, el secretario de Agricultura, Francisco Javier Mayorga Castañeda, y también su familia, reciben recursos de Procampo, millones de pesos provenientes de nuestros impuestos.
¿Qué dicen de lo anterior las autoridades de Sagarpa? Rodolfo González Muñoz, coordinador general jurídico de la secretaría, arguye: “Mientras el secretario se dedique a una actividad lícita y cumpla con las reglas de operación de los programas, me parece que sería discriminatorio sacarlo”. Con esta afirmación el empleado de Mayorga Castañeda ignora flagrantemente la responsabilidad que pesa sobre sus espaldas: en el artículo sexto de las normas de operación de la Sagarpa se estipula: “Los servidores públicos, bajo ningún concepto podrán ser beneficiarios de los programas”. No hay margen para la interpretación. Cuando Mayorga actúa a la vez como parte del gabinete calderonista y productor beneficiario de Procampo cae en una situación irregular.
Estamos ante un enorme cinismo, una negligencia que tiene toda la facha de corrupción y un gobierno federal que parece encantado con dejar las cosas como están. La Secretaría de la Función Pública, obligada por ley a perseguir irregularidades como las arriba descritas, ha hecho caso omiso a todas las evidencias. ¿Si esto sucede cuando las anomalías son expuestas y comprobadas ante la opinión pública, qué esperanza tenemos los ciudadanos de que el resto del gasto federal se ejerza eficaz y honradamente? Y luego se enojan cuando la gente dice un no rotundo a la hora de pagar sus impuestos.

EVANGELINA HERNÁNDEZ E IGNACIO ALVARADO
politica@eluniversal.com.mx

El secretario de Agricultura y su familia más cercana; tres hermanos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera; Carlos Beltrán Leyva, hermano de Arturo Beltrán El Barbas, así como varios políticos mexicanos encumbrados, son subsidiados por los programas mexicanos para el campo, cuyo diseño original era apoyar a los productores más desprotegidos.
Industrias Melder, empresa que pertenece a los hermanos del secretario de Sagarpa, Francisco Javier Mayorga Castañeda, ha sido beneficiada con 10 millones 737 mil pesos de subsidios del Subprograma de Apoyos para la Adquisición de Coberturas de Precios Agropecuarios, de Aserca.
Los apoyos comenzaron a entregarse en 2005, año en que Mayorga fue designado por primera vez titular de Sagarpa, con Vicente Fox. Sus hermanos Francisco Javier, Cristóbal, Luz Teresa y Miguel Arturo, y su padre Salvador Arturo, están inscritos en el padrón de Procampo desde 1995. Hasta el ciclo primavera-verano de 2009, obtuvieron un millón 740 mil 654 pesos.
Las listas de beneficiarios de Aserca, disponibles en internet, indican que el secretario y su familia fueron subsidiados de 2000 a 2002, tiempo en que Francisco Javier se desempeñó como director de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), el órgano administrativo desconcentrado encargado de administrar los recursos de Procampo y otros programas.
Mauricio Merino, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dice respecto a si el secretario Mayorga y su familia están o no impedidos por la ley para recibir apoyo oficial: “Aunque haya vericuetos legales para que al cobrar los subsidios no sean sancionados, desde el punto de vista ético, es evidentemente una posición reprobable”.
En julio de 2009 el entonces titular de la Sagarpa, Alberto Cárdenas Jiménez, anunció que el padrón de Procampo sería depurado para eliminar a personas relacionadas con el crimen organizado. En la entrega más reciente de subsidios, EL UNIVERSAL encontró que siguen beneficiándose.
Es el caso de los hermanos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, Aurelino, Jesús y Ofelina. Esta última aparece en las listas de Aserca desde 2001, año en que el líder del cártel de Sinaloa se fugó de la cárcel.

Los Guzmán Loera y titular de Sagarpa cobran subsidio

El secretario Francisco Javier Mayorga, sus hermanos y su padre reciben millones de pesos en ayudas para el campo desde hace años.
El secretario de Agricultura y su familia más cercana; tres hermanos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera; Carlos Beltrán Leyva, hermano de Arturo Beltrán El Barbas, así como varios políticos mexicanos encumbrados, son subsidiados por los programas mexicanos para el campo, cuyo diseño original era apoyar a los productores más desprotegidos.
Industrias Melder, empresa que pertenece a los hermanos del secretario de Sagarpa, Francisco Javier Mayorga Castañeda, ha sido beneficiada con 10 millones 737 mil pesos de subsidios del Subprograma de Apoyos para la Adquisición de Coberturas de Precios Agropecuarios, de Aserca.
Los apoyos comenzaron a entregarse en 2005, año en que Mayorga fue designado por primera vez titular de Sagarpa, con Vicente Fox. Sus hermanos Francisco Javier, Cristóbal, Luz Teresa y Miguel Arturo, y su padre Salvador Arturo, están inscritos en el padrón de Procampo desde 1995. Hasta el ciclo primavera-verano de 2009, obtuvieron un millón 740 mil 654 pesos.
Las listas de beneficiarios de Aserca, disponibles en internet, indican que el secretario y su familia fueron subsidiados de 2000 a 2002, tiempo en que Francisco Javier se desempeñó como director de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), el órgano administrativo desconcentrado encargado de administrar los recursos de Procampo y otros programas.
Mauricio Merino, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dice respecto a si el secretario Mayorga y su familia están o no impedidos por la ley para recibir apoyo oficial: “Aunque haya vericuetos legales para que al cobrar los subsidios no sean sancionados, desde el punto de vista ético, es evidentemente una posición reprobable”.
En julio de 2009 el entonces titular de la Sagarpa, Alberto Cárdenas Jiménez, anunció que el padrón de Procampo sería depurado para eliminar a personas relacionadas con el crimen organizado. En la entrega más reciente de subsidios, EL UNIVERSAL encontró que siguen beneficiándose.
Es el caso de los hermanos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, Aurelino, Jesús y Ofelina. Esta última aparece en las listas de Aserca desde 2001, año en que el líder del cártel de Sinaloa se fugó de la cárcel.
Fuente: El Universal

El titular de Sagarpa y su familia beneficiarios de Procampo

http://www.youtube.com/watch?v=aRIRlsFjPNY

domingo, febrero 14, 2010

Imagen sin derecho

Ejecutado en Sinaloa.


MÉXICO, D.F., 11 de febrero.- Libertad de informar no significa licencia para violentar derechos de las personas, para solazarse ante las desgracias ajenas o para erosionar los mínimos razonables de la civilidad democrática. El derecho a la propia imagen se ha reducido en México a una imagen sin derecho. En efecto, cada día se puede ver cómo los medios de comunicación difunden imágenes bajo la lógica de que, mientras más sangre y violencia, mejor negocio. La nota roja ha pasado de los últimos espacios a las primeras planas sin que nadie diga ni haga nada. Lo peor de todo es que, en el mayor número de los casos, los responsables no saben que su conducta no concuerda ni con el derecho ni con la ética. Veamos.
Primero. El derecho a la propia imagen significa la prerrogativa de toda persona para decidir la figura o representación de su propia identidad y, por ende, la reproducción de su imagen personal. No es, por supuesto, un derecho absoluto. Como bien señala el Tribunal Constitucional español: “No puede deducirse (…) que el derecho a la propia imagen, en cuanto límite del obrar ajeno, comprenda el derecho incondicionado, y sin reservas, a permanecer en el anonimato. Pero tampoco el anonimato, como expresión de un ámbito de reserva especialmente amplio, es un valor absolutamente irrelevante, quedando desprotegido el interés de una persona a salvaguardarlo impidiendo que su imagen se capte y se difunda”.
El equilibrio entre la libertad de informar y el derecho a la propia imagen resulta de ponderar si se trata de una persona pública o no, y si se trata o no de una información de interés público. La persona pública no sólo es un servidor público, sino también aquella que voluntaria o involuntariamente se ha sometido por su comportamiento a un escrutinio social recurrente, renunciando así al anonimato original. Por su parte, la información de interés público no reside en la curiosidad de la gente. El interés público no es el interés del público. Tampoco es únicamente el criterio periodístico de lo que es o no noticia. Se trata en realidad de aquellos datos y hechos que son útiles a la sociedad para ejercer derechos y cumplir obligaciones en su más amplio sentido.
Segundo. El principio de ponderación se desvanece en México empezando por la autoridad responsable de procurar justicia. ¿Es justo, por ejemplo, “presentar” a los presuntos responsables de un delito ante los medios de comunicación? ¿No se viola el derecho a la presunción de inocencia y a la propia imagen de las personas “presentadas” en los medios? Paradójicamente, las autoridades de procuración de justicia someten a los presuntos responsables a un doble proceso: el legal, que es el único aceptable en un estado mínimo de derecho, y el mediático, generando presiones indebidas en los juzgadores. Se utiliza así ilegalmente todo el aparato del Estado contra personas que no han sido declaradas culpables por la autoridad competente. El caso de las fotografías denostando al señor Alfredo Beltrán Leyva fue la gota que derramó el vaso de los umbrales de tolerancia de la razón.
Tercero. Los medios también son responsables de lo que pasa. Los casos del desastre en Haití y de los jóvenes muertos en Ciudad Juárez en días pasados son ejemplos claros de que algo anda mal. ¿Es necesario mostrar el rostro de un niño victimado? ¿Usted lo mostraría si fuera su hijo o su hija? ¿Por ser de Haití y ser pobres carecen de derechos y puede haber una intrusión mediática en su intimidad? ¿Cuál es el interés público en mostrar el rostro de un menor o incluso de un adulto victimado, sea civil o militar? ¿No se satisface el interés público ocultando el rostro y mostrando el contexto?
No se trata de cuestiones accesorias; antes bien, son asuntos en los cuales la sociedad debe reflexionar. No es para menos. La difamación o la calumnia pueden ser combatidas por el afectado mediante la vía civil o el ejercicio del derecho de réplica. Pero la exposición de la vida privada con la difusión ilegítima de la imagen no tiene remedio. El reclamo del agraviado sólo serviría para dar nueva difusión precisamente a la imagen que no quiso fuera publicada, incrementando el daño en su patrimonio moral. Y en el caso de las imágenes de agentes de la policía y de efectivos militares en escenas de delitos, ni el gobierno ni los medios parecen preocuparse por la integridad personal de ellos.
Cuando la ética periodística se extravía, no sólo se atenta contra la dignidad de la persona cuya imagen fue difundida sin razón fundada, sino también contra la de televidentes o lectores que son expuestos a esas imágenes como algo digno de ser visto y procesado por todos como algo “normal”. Con ellas no se denuncia un hecho lamentable o ilegal, sino que se coadyuva, a veces de manera involuntaria, a insensibilizar a la sociedad ante la violencia y el dolor ajeno, así como a confundirla sobre lo que es correcto y aquello que no lo es. Se ha creado un círculo vicioso donde se compite por ver quién ofrece las imágenes más denigrantes. Esto no debería convertirse en una fatalidad más.

evillanueva99@yahoo.com

domingo, enero 31, 2010

El general ausente

Guillermo Galván Galván, titular de la SEDENA.

MÉXICO, DF; 29 de enero (apro).- El secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, regresará en las próximas semanas a la escena pública después de meses ausencia.
Desde hace tiempo se especula entre algunos militares sobre su estado de salud, y sus supuestos y reiterados viajes a Estados Unidos, para recibir atención.
Con 67 años recién cumplidos, el general Galván reaparecerá en las celebraciones de La Marcha de la Lealtad, el 9 de febrero, y del Día del Ejército, el 19.
Más allá de la veracidad sobre el estado de salud del general secretario, su ausencia ha llamado la atención a la luz de dos hechos significativos: la exclusión del Ejército en el operativo que llevó a la ejecución de Arturo Beltrán Leyva y el anuncio de la salida de los militares de Ciudad Juárez.
Ambos hechos apuntan a un repliegue del Ejército en condiciones nada claras sobre los verdaderos motivos para que sus elementos franquearan a la Marina-Armada de México, en Morelos, y a la Policía Federal, en Ciudad Juárez.
Para muchos soldados ese desplazamiento ha resultado incómodo. Acostumbrados a ver a los marinos como un apéndice, los efectivos del Ejército quedaron como meros vigilantes en el operativo contra El Jefe de Jefes, en diciembre pasado.
Las versiones ministeriales sobre la alegada protección de elementos de la 24 Zona Militar, con sede en Cuernavaca, al líder del clan de los Beltrán Leyva reforzaron la idea de cómo la decisión del gobierno de Felipe Calderón expuso más al Ejército a la penetración del narcotráfico.
Aunque el defensor de oficio del Ejército, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont Urueta, salió de inmediato a desestimar las declaraciones asentadas en el Ministerio Público federal, la pregunta permanece: ¿Por qué el Ejército, con tres mil elementos en Morelos, no pudo dar con Beltrán Leyva, a pesar de que vivía a 10 cuadras de la Zona Militar?
En el caso de la salida de Ciudad Juárez, donde el Ejército llegó a tener hasta ocho mil elementos, los soldados le abren el paso a los efectivos de la Policía Federal, a cargo de Genaro García Luna, de quien se desconfía en la Secretaría de la Defensa Nacional.
Resulta inverosímil deducir que los militares ya “limpiaron” las policías en Chihuahua y que García Luna ya tiene a los hombres no sólo para sustituir a los soldados, sino para preparar a los nuevos cuerpos policiales del estado.
Al menos eso se dijo cuando los militares fueron desplazados a Ciudad Juárez y cuya llegada, además de más violencia, incrementó las quejas por violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército.
Si es verdad que se replegará al Ejército para darle más acción a la Marina y a la Policía Federal, eso nada garantiza respecto a la penetración de la delincuencia organizada y las violaciones a los derechos humanos en esta “guerra” de Calderón contra el narcotráfico.
Al contrario, en el caso del Ejército sería comenzar a echar un manto de impunidad.
De nuevo en la escena pública, nada hay que esperar del general Galván en sus próximos discursos de celebración, pues la rendición de cuentas no existe para los militares.
jcarrasco@proceso.com.mx