El PAN en su ignominia

 

Con la innegable presencia de Felipe Calderón a través de sus incondicionales en la fracción parlamentaria del PAN en el Senado, este partido se ve inmerso en una pugna por el dinero que le corresponde como grupo legislativo y por el poder que le puede significar la cercanía a los proyectos del actual presidente de la República, que es miembro… del PRI. Panistas del grupo cercano al presidente del partido, Gustavo Madero, y aquellos encabezados por el excoordinador de la bancada senatorial, Ernesto Cordero, se enfrascan en una pugna lodera donde lo que menos importa es la fidelidad a los principios del partido fundado por Manuel Gómez Morín.

 Jenaro Villamil

A mediados de abril, Ernesto Cordero,  aún coordinador de la bancada del PAN en el Senado y presidente de la Mesa Directiva, se reunió en privado con Luis Videgaray, secretario de Hacienda del gobierno federal y contemporáneo suyo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

El propósito de Cordero era pedir al gobierno de Enrique Peña Nieto a través de Videgaray que definiera a quiénes quería como interlocutores en el Pacto Por México: al grupo de Gustavo Madero–a quien le quedaban “sólo unos cuantos meses” como presidente del PAN– o a los senadores que él encabeza en el Senado, a quienes, dijo, “nos quedan cinco años” en ese cuerpo colegiado.
Desde entonces quedó claro que la disputa entre corderistas y maderistas en el Senado, donde el PAN tiene 38 curules, no era por el contenido y el método de las reformas aprobadas en el Pacto por México, sino por la interlocución política con el gobierno priista.
Tanto, que ante observadores internos y externos del PAN el mismo Cordero se proclamó este jueves 20 aliado de Peña Nieto en favor de la reforma constitucional para abrir Pemex a la inversión privada. Al día siguiente se modificaron los estatutos de la bancada panista para quitarle el control administrativo y político a su sucesor, Jorge Luis Preciado.
Cordero, en el papel de coordinador de facto, pasó por alto la propia regla del estatuto reformado, según el cual coordinador de la bancada sólo podía hacer y declarar políticamente acatando la decisión de la mayoría de los 38 legisladores.
En rueda de prensa, sentenció: “Le quiero mandar un mensaje al presidente Peña Nieto sobre el tema energético (para) que no se desanime; puede modificar la Constitución y hacer una reforma de a de veras en el sector energético.
“…Los legisladores del Partido Acción Nacional estamos dispuestos a resolver de fondo el asunto; queremos una reforma que verdaderamente genere empleos e inversión en México; que nos dé insumos energéticos a precios competitivos a todos los mexicanos y sea verdaderamente una palanca de desarrollo… Entendemos que para eso hay que hacer una reforma a fondo que necesariamente pasa por modificar la Constitución”.
Cordero también negoció con Videgaray, en abril, la aprobación de la reforma constitucional para regular la deuda de los estados y municipios en el Senado, como cámara de origen, a pesar de la polémica con los diputados federales.
El líder de la bancada priista, Manlio Fabio Beltrones, y otros coordinadores reprocharon a Cordero por invadir, le dijeron, las facultades constitucionales de la Cámara de Diputados. Pese a ello, la reforma fue aprobada el 18 de abril con 100 votos a favor, ocho en contra y cuatro abstenciones.
El senador perredista Mario Delgado, quien votó en contra, advirtió en tribuna que los cambios constituían un nuevo “Fobaproa de las deudas” porque “regula endeudamientos que han estado escondidos” desde la época en que el propio Cordero era el titular de Hacienda en el gobierno de Calderón.
Para el senador Javier Corral, uno de los adversarios del grupo corderista, la disputa que se ha ventilado públicamente en las últimas semanas constituye un pleito “cínico” por el manejo del fondo de 210 millones de pesos que distribuye discrecionalmente el coordinador de la bancada, pero también por el poder y la interlocución política del llamado “calderonismo residual”.
“El calderonismo residual representa este tipo de PAN que ya no queremos: el que protesta contra el Pacto por México, porque los únicos pactos que valen son los que ellos realizan; porque las únicas negociaciones oscuras son las que ellos encabezan; porque la única opacidad que defienden es cuando ellos están al mando. Sí, ese PAN que nos hundió como gobierno y ahora quiere dividirnos como bancada y como partido”, escribió Corral en su blog Rotafolio.

Cercanía con Calderón

La fractura al interior del PAN quedó marcada desde la definición de la lista de candidatos plurinominales al Senado en 2012. Los más importantes colaboradores del gabinete de Felipe Calderón garantizaron una posición privilegiada para acceder a la cámara alta, empezando por el propio Cordero, quien perdió la contienda interna frente a Josefina Vázquez Mota.
Cordero llegó al Senado con el mismo sello que ha marcado su vida política: su cercanía con Calderón, a quien conoció en el ITAM. Ambos fueron alumnos de Georgina Kessel, a la postre secretaria de Energía calderonista. En 2000, Cordero fue presidente de la Fundación Miguel Estrada Iturbide, un organismo de asesoría política del PAN, a propuesta de Calderón; jefe de asesores, subsecretario, secretario y supersecretario de Hacienda durante el sexenio de Calderón, y finalmente un frustrado candidato a la Presidencia de la República.
El primer círculo calderonista recuerda que Cordero se convirtió en el colaborador más importante y de mayor confianza de Calderón, a raíz de la muerte de Juan Francisco Mouriño, en el avionazo de 2008.
En enero de 2008 Calderón lo nombró titular de la Secretaría de Desarrollo Social y menos de medio año después, en 2009, lo designó titular de Hacienda en sustitución de Agustín Carstens.
El equipo de Cordero comenzó a fortalecerse al interior del calderonismo. Él impulsó a José Antonio Meade para que llegara a la Secretaría de Energía; a Dionisio Pérez Jácome como titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; a Alejandra Sota, al frente de Comunicación Social de la Presidencia.
Ella fue la principal aliada de Cordero frente a los medios de comunicación. Antonio Vivanco, otro de sus protegidos, quedó al frente de la Comisión Federal de Electricidad. Como titular de Hacienda, Cordero participó en el Consejo de Administración de Pemex. Luego perdió la contienda interna por la candidatura a la Presidencia frente a Josefina Vázquez Mota, Ese proceso demostró los niveles de rudeza a los que puede llegar Cordero en pleitos por el poder.
Desconocido por más de la quinta parte de la población –según la encuesta Mitofsky–, Cordero se hizo famoso por una desafortunada argumentación que quería presumir el avance de la clase media en el calderonismo
Así lo hizo el 20 de febrero de 2012: “Hay familias mexicanas que con ingresos de 6 mil pesos al mes tienen crédito para una vivienda, tienen crédito para un coche, se dan tiempo de mandar a sus hijos a una escuela privada, y están pagando colegiaturas”, dijo.

Reparto en el Senado

El PAN pasó de primera a tercera fuerza política a nivel presidencial, pero en el Senado se mantuvo como una débil segunda fuerza con 38 curules, de los cuales poco más de 10 provenían del entorno calderonista: el propio Cordero, Roberto Gil Zuarth, Luisa María Calderón, Mariana Gómez del Campo, Gabriela Cuevas, Maki Esther Domínguez, Jorge Luis Lavalle, Francisco Domínguez y Javier Lozano, este último como senador de primera minoría por Puebla.
El 13 de agosto de 2012, Gustavo Madero designó a Cordero coordinador de la bancada del PAN. En el reparto de las 61 comisiones ordinarias, 18 le correspondieron al partido; de las cuales 13 se las repartieron los calderonistas-corderistas.
Gil Zuarth quedó al frente de la Comisión de Justicia; Javier Lozano, preside la de Comunicaciones; Jorge Luis Lavalle la de Administración, una de las más poderosas; Gabriela Cuevas, en la de Relaciones Exteriores; Mariana Gómez del Campo, la de Relaciones Exteriores de América Latina y El Caribe; Laura Angélica Rojas Hernández, la de Relaciones Exteriores con Organismos Internacionales, y el veracruzano Fernando Yunes Márquez, la de Defensa Nacional.
Al margen de la presidencia de comisiones quedaron varios legisladores que no son del entorno calderonista, sobre todo Javier Corral. Incluso, el 12 de septiembre los senadores Manuel Bartlett, del PT, y del PRD criticaron la exclusión de Corral como presidente de alguna de las comisiones relacionadas con telecomunicaciones, radio y televisión, a pesar de su experiencia en el tema.
La coordinación de los 38 senadores panistas, así como la presidencia de la Mesa Directiva del Senado –en la que estará hasta agosto próximo– no sólo permiten a Cordero el acceso a un fondo de más de 200 millones de pesos, más los recursos extraordinarios, no auditables, que manejan las comisiones más importantes.
El 24 de agosto de 2012, recién integrada la bancada, Corral envió a su correligionario Cordero una carta para establecer el principio de “máxima publicidad” que permitiera el “desglose de la totalidad de los recursos que recibe el grupo parlamentario de parte de la hacienda pública y la forma pormenorizada como la ejerce”.
Corral le recordó a Cordero que una de las principales quejas de grupos y personas “fue la de los altos salarios que recibimos los servidores públicos, pero sobre todo detecté una molestia por los apoyos adicionales y demás prestaciones que no se trasparentan.
“Además de responder a ese llamado- expuso Corral–, considero estimado coordinador, que abrir la información evita también los manejos discrecionales en la asignación de apoyos y recursos entre senadores de un mismo grupo parlamentario, que tanto daña a la unidad y buen marcha del trabajo legislativo”.
La propuesta de “máxima publicidad” al manejo de los recursos no fue admitida por Cordero y el bloque de senadores calderonistas. Nueve meses después, en plena disputa por el relevo de Cordero al frente de la coordinación, el tema de los depósitos directos de 350 mil a 400 mil pesos a cada uno de los senadores (16.3 millones de pesos en total), en una sola exhibición, se convirtió en un elemento más de la fractura interna.

“Tuits” y gritos

Cuando el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, se enteró del encuentro entre Cordero y Videgaray, decidió remover de la coordinación a Cordero, según confirmaron a Proceso  varios senadores panistas que exigieron el anonimato. Madero hizo público el anuncio el 17 de mayo.
El pretexto fue la presunta desobediencia de Cordero a los lineamientos de la dirigencia nacional panista sobre la reforma política y electoral. Tres días antes, Cordero apoyó la propuesta de 30 puntos presentada con su homólogo del PRD, Miguel Barbosa Huerta.
El asunto no era sólo desobediencia, sino una lucha frontal de grupos. El 18 de mayo, desde su refugio en Estados Unidos, el expresidente Felipe Calderón lanzó un tuit con una clara dedicatoria a Madero y contra su decisión de remover a su antiguo colaborador desde el gobierno de Vicente Fox.
El ataque contra Madero y los políticos que no formaran parte del grupo corderista se agudizó desde el flanco calderonista; el más virulento fue Juan Ignacio Zavala, cuñado del exmandatario. (ver recuadro).
El 17 de mayo, los senadores corderistas: Gil Zuarth, Lozano, Rosa Adriana Díaz, Francisco Domínguez, Yunes Márquez, Gómez del Campo, Martha Elena García, Pilar Ortega y Lavalle lanzaron una “cargada tuitera” para apoyar a través de la red social a su líder.
“La gran mayoría de los senadores del PAN estamos con nuestro coordinador Ernesto Cordero, pues los resultados de su liderazgo están a la vista”, escribió Lozano.
Gil Zuarth, brazo derecho de Cordero y vocero de facto del bloque corderista en el Senado, afirmó que gracias al exsecretario de Desarrollo Social “hemos demostrado eficacia. Aprobamos reformas, ganamos los debates. No hemos regateado nada a México”.
Gómez del Campo, sobrina de Margarita Zavala y Felipe Calderón, expresó su respaldo al liderazgo de Cordero: “Concentrémonos para seguir trabajando por los ciudadanos”, escribió.
Luisa María Calderón, hermana del expresidente, fue más allá: “Hoy parece que disentir ha de sancionarse. Mal: la democracia necesita oposición deliberante.
“Ernesto Cordero es excelente dialogador de los valores y prioridades del PAN, sobre la mesa, sin engaños, y ganando debates, limpio y abierto”.

La remoción y la judicialización

Frente a la presión de los calderonistas-corderistas, Gustavo Madero decidió nombrar a Jorge Luis Preciado –de escasa trayectoria nacional pero leal a él–, como coordinador de los senadores panistas; lo hizo de manera atropellada.
Los  22 legisladores corderistas lo desconocieron. Y comenzaron a preparar una reforma al reglamento interno de la fracción para quitarle el control administrativo y político a Preciado; evitaron que removiera a los presidentes de comisiones o tuviera acceso a los millonarios recursos de la bancada.
El jueves 13, Corral demandó una auditoría a la coordinación de Cordero porque, dijo, “durante esta gestión se han manejado recursos de manera indebida, incluso podría catalogar como desviación de recursos públicos a los allegados al expresidente Felipe Calderón”.
El escándalo sobre el manejo irregular de millones de pesos de la bancada se desató cuatro días después, el lunes 17, en los medios de comunicación. Se confirmó que Cordero creó “asignaciones especiales trimestrales” (entre 350 mil y 430 mil pesos) que entregó a algunos miembros de la bancada.
Cinco legisladores corderistas acumularon préstamos por 940 mil pesos: 300 mil para Roberto Gil Zuath –que fueron un “préstamo personal” a Juan Ignacio Zavala– y 160 mil para cada uno de los cuatro legisladores que, con esos recursos, pagaron una “asesoría extranjera” para exigir la recuperación del dinero que los hermanos Moreira depositaron en Estados Unidos. Entre ellos estaba Luis Fernando Salazar, cuya hermana trabaja en el despacho de asesores.
En medio de esta polémica, Preciado quedó embarcado. Jorge Luis Lavalle, exvicecoordinador administrativo con Cordero, lo acusó de haber autorizado asignaciones por 430 mil pesos entre el viernes 7 y el lunes10 por “gestión legislativa”.
Preciado se defendió echándole la culpa a Cordero. El miércoles 19 lo acusó de haber autorizado el lunes 10 un “depósito anticipado” por 16.3 millones de pesos para los 38 senadores panistas. “Yo no autoricé y no tengo nada qué ver con ese dinero”, respondió Cordero.
Ese mismo día, 23 de los 38 senadores del PAN se reunieron, al margen de la dirección nacional del partido, para hacer 17 reformas a los estatutos de la bancada para quitarle el control financiero, político y operativo a Preciado.
“Técnicamente se trata de un golpe faccioso a la institucionalidad partidaria y al nuevo coordinador nombrado por Gustavo Madero”, dijo Corral, el senador más confrontado con el bloque corderista; afirmó que ninguna de las reformas aprobadas obliga a una mayor transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los fondos.
Y se “judicializó el conflicto. El jueves 20, al día siguiente del “golpe técnico” contra Preciado, agentes judiciales del Distrito Federal impidieron el acceso a las oficinas panistas en la Torre Azul de avenida Reforma, al  senador Francisco Domínguez, designado por los corderistas  como administrador de los recursos.
Mientras los corderistas tomaron el control estatutario y político de la bancada, los maderistas tomaron el control judicial de las instalaciones y pusieron en un “limbo jurídico” el destino de los recursos, según el senador Gil Zuarth.
El viernes 21 comentó que el CEN del PAN no tiene facultades para desconocer la reunión de los 23 senadores y que, en todo caso, su disputa no es con la bancada sino con Senado, ya que Cordero es aún el presidente de la Mesa Directiva de la cámara alta.
En un salto de interpretación jurídica, Gil Zuarth advirtió: “De entrada, el órgano demandado no es la mayoría del grupo parlamentario sino el Senado de la República porque fue éste, a través de su Mesa Directiva, la que ha recibido y ha validado los estatutos que se aprobaron por mayoría del grupo parlamentario. En consecuencia, deben demandar al Senado de la República”.

Las tres K en México

Mariana Gómez del Campo, titular del PAN D.F.

Sara Lovera

MÉXICO, D.F., 1 de abril (apro).- La persecución y el odio contra una parte de la humanidad, sólo por el hecho de ser diferentes de quienes enarbolaron como un sistema de vida el autoritarismo, la dominación y la discriminación, es decir el nazi-fascismo, autor de las mayores crueldades que nos hubiéramos podido imaginar, parece estar de vuelta.

Mi generación conoció buena parte de esa tremenda experiencia a través de la difusión en libros, el cine y hasta en carteles propagandísticos. Las películas de la Segunda Guerra Mundial nos hicieron tomar conciencia de cómo un ser humano puede odiar a tal grado a otro ser humano, sólo por profesar religión e ideas distintas a su campo de control y sus intereses. Probablemente no a sus creencias.

Lo grave es que rápidamente esa enseñanza sobre la crueldad consciente se topó con las realidades de los militarismos y los crímenes, éstos ejecutados por los jefes de las dictaduras militares de Argentina, Chile, Uruguay y el conservadurismo “democrático” de otra decena de países.

Nada más aleccionador y tremendo que los descuartizamientos en Guatemala, hace poco más de 20 años, y los crímenes arteros que aún no cesan ahí y en otros escenarios. Sólo el feminicidio cotidiano nos estremece.

Recordando cómo estas dictaduras trataron a las mujeres, puedo identificar las acciones de políticas que se piensan democráticas o comunes que ya se llevan a cabo o que se proponen en nuestro entorno.

Hace unos días se publicó en los diarios capitalinos que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se prepara una iniciativa elaborada por la fracción del gobernante Partido Acción Nacional (PAN), para crear la Ley de Fomento a la Maternidad, considerando a ésta como una institución de orden público.

El argumento de la coordinadora panista, Mariana Gómez del Campo, es contundente: se trata de “proteger la maternidad” y garantizar a las mujeres beneficios médicos y asistenciales desde el momento en que empiece el embarazo. A las madres, dijo en rueda de prensa, debe benefíciaseles en todo, incluso con servicio de transporte, sobre todo cuando nazcan sus hijos. Porque se necesita en la ciudad de México un ordenamiento legal que “proteja a la familia”, agregó.

A la legisladora del PAN, Gómez del Campo, se le califica de arribista, cuyo único interés es el poder. Pero ella sabe más de los hilos culturales que mantienen dominadas a las mujeres, es la autora de las encuestas fallidas contra el aborto legal, además de ser la vocera y jefa panista en el Distrito Federal. Todo un caso.

No sé, pero esta iniciativa me animó a escribir este texto. Me recordó al nazi-fascismo encabezado entre 1933 y 1945 por el Partido Nacionalista Obrero Alemán (NSDPA, por sus siglas en alemán), que enarbolaba el control de las mujeres bajo la trilogía de las tres “K”: Kinder, Küche, Kirche (niños, cocina e Iglesia).

Las tres K en definitiva fueron la visión pragmática para el control de las mujeres durante el poder nazi. Quizá por esta inspiración en todas las dictaduras recientes y antiguas, apenas se toma el poder se prohíbe cualquier posibilidad de control natal, aborto legal, libertades e igualdades entre hombres y mujeres.

Aunque debemos reconocer el arraigo mexicano acerca de la maternidad como eje de la familia tradicional, desde la visión virginal de las mujeres y sin ápice de voluntad y decisiones propias, pensar en definir la maternidad como una institución de orden público, además de enviarnos a las tragedias griegas de Edipo (profundamente estudiadas por Segismundo Freud), nos remite a la tentación autoritaria de exaltar a la maternidad como destino único e indivisible para las mujeres.

Detrás está la urgencia económica, porque sujetas a la cocina y envueltas en la visión mística de la religiosidad y no de la trasgresión, las mujeres han podido detener el desastre de la crisis capitalista actual. Por sus hijos son –las mujeres– capaces de detener al mundo.

Se trata de ir al fondo en la estrategia panista de dar al traste con el aborto legal --por violación, peligro de vida de la madre, malformaciones congénitas y otras excepciones recogidas en nuestras leyes. Se trata de cimbrar a la ciudad de México, de buscar a fondo el sentimiento guadalupano –bien respetable– de nuestra idiosincrasia.

La propuesta de la panista me recordó un escándalo sucedido en España en 2007, cuando se dio difusión a la periodista Eva Herman Echan en su campaña antifeminista ligada a relativizar los efectos del nazismo y sus campos de exterminio. Eva Herman Echan, famosa conductora de TV, encendió la polémica cuando criticó al feminismo promoviendo la idea de que "la mujer debe estar en la casa", al considerar que la mujer feliz y de familia está por encima de la vida laboral.

Herman sugería en una entrevista al diario Bild am Sonntag que en el Tercer Reich "hubo cosas muy malas, por ejemplo Hitler", pero que también puede hallarse alguna buena, "como por ejemplo el aprecio y valoración de la figura de la madre".

Al hablar en televisión, esta mujer, autora de uno de los libros más vendidos de Alemania, Das Eva-Prinzip. Für eine neue Weiblichkeit (El principio de Eva. Por una nueva femineidad), alcanzó un rating récord (2.65 millones de espectadores, 18.1%).
En septiembre de 2007, Eva Herman defendió los valores familiares que durante el Nacionalsocialismo fueron instrumentalizados y utilizados con fines políticos y sociales, en la presentación de su segundo libro Das Prinzip Arche Noah. Warum wir die Familie retten müssen (El principio del Arca de Noé. Por qué tenemos que salvar la familia).

Estos principios hablan sobre el amor, la familia y los niños, como si tuviéramos que admitir que los padres no existen y que los niños y las niñas sólo dependen de las madres.

La iniciativa de Gómez del Campo presentada en marzo, cuando se ratifica la necesidad de reflexionar sobre la condición de las mujeres, es una de las intentonas más obvias de un grupo de mexicanos que no saben ni quieren averiguar que en la época del capitalismo salvaje --desde hace 30 años-- las mujeres fueron arrojadas del pie de la cuna para ir a trabajar a las empresas maquiladoras de exportación que se instalaron en la frontera norte.

Gómez del Campo y ese grupo de personas no saben que desde 1916 las mujeres de la Revolución Mexicana buscaron sus identidades y plantearon las maternidades compartidas con los padres y el Estado; desconocen que este capitalismo ha fracturado la idea del padre proveedor, porque ningún salario alcanza y junto a la propaganda de atención hospitalaria a las madres de Felipe Calderón, se hallan precisamente las tres K.

Se evidencia el deseo de que para las mujeres su destino manifiesto es sólo la maternidad, queriendo meter al redil a más de 50 millones de mexicanas.

La realidad es toda otra, sin duda.

saralovera@yahoo.com.mx

El de Calderón, gobierno de las mentiras

El gobierno y su partido, atrapados en su doble moral

Herido como pocas veces en sus 70 años de historia, en el Talón de Aquiles de su pretendida moralidad política y confesional, el PAN asiste al desmoronamiento de su credibilidad, y aun al de su viabilidad como partido. Paradójicamente, la estocada no viene de fuera, sino de su propia entraña. Se trata de la mentira. La mentira como expresión del miedo, la mentira como arma política. Al vergonzante pacto con el PRI, puesto al desnudo desde hace varios días pero confirmado apenas la semana pasada, el PAN suma un nuevo embuste. Fernando Gómez Mont renunció a un partido del cual no era militante… Fue inscrito en el padrón panista de manera irregular y se le inventó una trayectoria en su expediente para justificar hacerlo consejero nacional.

Álvaro Delgado

En la letra “G” del Registro Nacional de Miembros (RNM) del Partido Acción Nacional (PAN), que es el padrón de militantes que por ley debe registrarse ante el Instituto Federal Electoral (IFE), se agrupan apellidos de las familias insignes de esa organización septuagenaria: Gómez Morín, González Luna, Gómez del Campo, Gómez Mont...

Juan Manuel Gómez Morín Torres, hijo de Manuel Gómez Morín, fundador del PAN, encabeza a los militantes de las familias Gómez Morín Fuentes, Gómez Morín Martínez del Río y Gómez Morín Rivera, y junto a ellas aparece el clan de los Gómez del Campo, al que pertenece Margarita Zavala Gómez del Campo, consorte del “primer panista del país”, Felipe Calderón.

Entre los Gómez del Campo y los Gómez Morín, en el riguroso orden alfabético del padrón interno, se ubica a los Gómez Mont Urueta, cuya familia cuenta con seis militantes, cinco de ellos mujeres: María, María de la Esperanza Guadalupe, María de las Mercedes, María Guadalupe y María Teresa.

Conforme al RNM del PAN a diciembre de 2007, cuando Germán Martínez sustituyó en la presidencia del PAN a Manuel Espino, el único hombre de la familia Gómez Mont Urueta registrado como militante era Felipe, que lleva el nombre de su padre, fundador de ese partido, católico devoto y prominente penalista fallecido en 1970.

Fernando Gómez Mont Urueta, quien se alejó de la vida partidista en 1996 –a partir de que sus correligionarios manifestaron su molestia por el hecho de que él fungía como asesor de Ernesto Zedillo y Carlos Salinas–, nunca se reafilió al PAN y por eso no aparece en ese padrón registrado ante el IFE y vigente al menos hasta diciembre de 2007.

Sin embargo, medio año después, el 19 de agosto de 2008, Gómez Mont Urueta apareció, repentinamente, en la cúpula del PAN: Martínez lo invitó al CEN, en sustitución de Javier Corral, y ese mismo año, el 6 de diciembre, propuso su incorporación al Consejo Nacional, en relevo del difunto Juan Camilo Mouriño, a quien también remplazó en la Secretaría de Gobernación.

Repentinamente, además, el nombre de Fernando Gómez Mont Urueta apareció en el RNM del PAN como miembro activo y con fecha de alta del 9 de septiembre de 2003, es decir, con cinco años tres meses de militancia.

El inciso a) del artículo 45 de los Estatutos Generales dispone que para ser integrante del Consejo Nacional –máximo órgano de dirección del PAN– se requiere “ser miembro activo con militancia de por lo menos cinco años”, justamente la antigüedad que en diciembre de 2008 tenía Gómez Mont.

De lo que no existe constancia en el PAN, según información extraoficial, es del cumplimiento de Gómez Mont Urueta del pago de sus cuotas como militante activo ni como servidor público de la Secretaría de Gobernación, como lo obligan los Estatutos Generales.

Consultado al respecto, Manuel Espino confirma que, en efecto, cuando él presidió el PAN, hasta diciembre de 2007, el secretario de Gobernación no estaba registrado en el RNM como militante activo, tal como se puede verificar en el IFE, y asegura que para ello Martínez alteró el padrón.

“Germán Martínez, en un acto autoritario, inscribió a Gómez Mont en el padrón de miembros activos de manera irregular y le inventó una trayectoria en su expediente para justificar hacerlo consejero nacional.”

–¿Por eso calificó usted de montaje la renuncia de Gómez Mont al PAN?

–Por supuesto. ¿A qué renunció si no era militante del PAN? Eso fue una faramalla para engañar a los panistas, para engañar a los priistas y para engañar a la sociedad.

Y es que la renuncia de Gómez Mont a una militancia que le “inventó” Martínez, anunciada el 11 de febrero, cimbró a la clase política y generó toda suerte de especulaciones, tan contrastantes como su inminente renuncia a la Secretaría de Gobernación y su fortalecimiento como prospecto presidencial.

Pero, sobre todo, con la renuncia comenzaron a emerger mentiras tras mentiras en la turbia historia del pacto entre las cúpulas del PAN y del PRI para aumentar impuestos –el IVA, el ISR, los depósitos bancarios en efectivo– y los precios de los energéticos a cambio de que el primer partido se abstuviera de forjar alianzas con la izquierda.

Torneo de mentiras

El capítulo más reciente de esta nueva concertacesión –de la que Gómez Mont y los panistas han tratado de dejar a salvo a Calderón, pero que los priistas aseguran que sí lo conocía– fue el convenio que hizo público Nava, la noche del jueves 4, mediante el cual el PAN se abstendría de aliarse con los partidos de izquierda en el Estado de México en las elecciones locales de 2011, para no afectar al gobernador Enrique Peña Nieto en su proyecto presidencial.

La cláusula cuarta del convenio firmado con la presidenta del PRI, Beatriz Paredes, cuyos testigos fueron Gómez Mont y el secretario de Gobierno estatal, Enrique Miranda Nava, establece que los dos partidos se abstendrán de formar coaliciones “con otros partidos políticos cuya ideología y principios sean contrarios a los establecidos en sus respectivas declaraciones de principios”.

Y la cláusula quinta de ese convenio, firmado el 30 de octubre de 2009, es elocuente para evitar la alianza del PAN con la izquierda: “Las partes se obligan a revisar conjuntamente la normatividad jurídica que regula la formación y funcionamiento de las coaliciones electorales y, en su caso, promover las reformas correspondientes, a fin de evitar que dicha figura sea utilizada como instrumento de coyuntura electoral. Al efecto deberán considerar, entre otros, criterios de temporalidad, compatibilidad ideología (sic) y de principios y cobertura territorial mínima.”

Nava tuvo que desdecirse de sus mentiras y reconocer el pacto luego de que Peña Nieto y Paredes también lo asumieron públicamente. Tampoco pudo seguir esquivando la imputación de Gómez Mont, en el sentido de que siempre tuvo conocimiento de las negociaciones.

“Al actuar me comuniqué con el presidente del partido. El ámbito de esas comunicaciones está protegido por la reserva que está obligado el secretario de Gobernación. El licenciado César Nava tuvo conocimiento de lo realizado con mucho más detalle que el presidente de la República y en tiempos distintos que el presidente de la República”, dijo el funcionario en entrevista publicada el 16 de febrero en el diario Reforma.

Después de que diputados de Oaxaca describieron, también, que Calderón tuvo conocimiento de los arreglos a través de Gómez Mont, como publicó Proceso, y cuando Peña Nieto y Paredes aceptaron que había un documento firmado, Nava se empeñó en negarlo.

“El PAN y su dirigente no hicieron compromiso alguno previo a la formación de las alianzas. No estaríamos dispuestos a condicionar nuestra actuación a la inclusión de otros, en este caso el PRI. Nuestras decisiones han sido libres, absolutamente autónomas de cualquier ámbito, incluyendo el ámbito gubernamental”, dijo Nava a Carlos Loret de Mola.

–¿No hubo un documento firmado entre Beatriz Paredes y Nava?

–No lo hubo, no lo hay –insistió Nava.

La noche del jueves 4, dos días después de que diputados del PRI y del PRD rechazaron concederle la licencia como legislador –decisión que prometió a sus electores que no tomaría jamás–, Nava tuvo que aceptar que mintió.

“Lo hice por respeto al principio de confidencialidad que rige esta clase de relación y de acuerdos políticos”, dijo, pero aclaró que, una vez que Paredes violó ese acuerdo, inclusive entregó copia del convenio que, agregó, quedó sin efecto porque los senadores priistas no aprobaron la Ley de Ingresos enviada por Calderón.

Recordó que sólo ocho de los 33 senadores priistas permanecieron en el salón de sesiones y todos se abstuvieron de votar a favor de la Ley de Ingresos. “Ante este incumplimiento, ante este flagrante incumplimiento del PRI, el acuerdo quedó sin efecto alguno”.

Y por tanto, dijo, el PAN quedó en liberad de establecer alianzas en el Estado de México y en otras entidades donde no hubo convenios firmados, como Oaxaca, cuya responsabilidad achacó a Gómez Mont, en un nuevo choque entre ambos:

“Esto acredita que si lo hubo fue solamente con la participación del secretario de Gobernación, sin el conocimiento, mucho menos el consentimiento del Partido Acción Nacional.”

Ante el escándalo por los arreglos, de los que conocedores del tema aseguran que aún existen episodios ocultos, Calderón supuestamente estuvo al margen, algo que ni panistas ni priistas le creen, como Espino.

–En ese arreglo Calderón dice que no tuvo conocimiento.

–¡Por el amor de Dios! ¡Eso quién se lo va a creer al presidente!

Otro es Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los senadores priistas, quien se desmarcó del convenio por escrito entre Nava, Gómez Mont, Paredes- Peña Nieto: “No podría ser de otra forma: cambiar votos por pactos deshonestos nunca lo haríamos”.

Beltrones calificó de mentiroso a Nava por involucrar a los senadores, pero también por afirmar que Calderón no estaba enterado de la existencia del acuerdo que firmó el presidente del PAN y el secretario de Gobernación, “una ingenuidad que nadie en sus cinco sentidos podría atender”, dijo, y añadió: “Conclusión: lo único que se prueba es que el actual gobierno federal y su partido, además de mediocres, son mentirosos”.

De hecho, el 1 de febrero, en la instalación del periodo de sesiones en la Cámara de Diputados, el PRI hizo un duro reproche a Calderón por las alianzas que estaban en vías de materializarse en Durango y Oaxaca. Lo hizo a través de Rubén Moreira, hermano del gobernador de Coahuila, donde Calderón fue repudiado, el 11 de noviembre, al inaugurar un estadio en Torreón:

“El jefe del Ejecutivo debe saber que estafar es sabotear deliberadamente los acuerdos. Estafar es la preeminencia de la intolerancia. Es dejar el papel que al gobernante le otorga la Constitución para convertirse en un simple vocero partidista, abandonando su responsabilidad como jefe del Estado mexicano.”

Martínez, el “falsificador”

En este contexto de pactos que evocan las concertacesiones en el sexenio de Carlos Salinas entre las cúpulas del PRI y el PAN –de las que no se enteró el PRD, aliado de éste–, el artífice del transitorio y ficticio regreso de Gómez Mont al PAN, Germán Martínez, se incorporó a las tareas partidistas no sólo como miembro del CEN, sino para ganarse la vida.

Luego de la peor derrota en los 70 años de historia del PAN, por lo que tuvo que renunciar a la presidencia, se empleó como asesor del gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame, y desde principios de diciembre de 2009 es el director de la revista Palabra, que fundó y dirigió Carlos Castillo Peraza.

Pese a que heredó al PAN de Nava una deuda de 400 millones de pesos, a pagar hasta el 2013, cuyos intereses anuales representan 9 millones de pesos, Martínez dispone de un salario nominal de aproximadamente 100 mil pesos mensuales, equivalente al de un secretario del CEN, y tiene a su cargo presupuesto y personal.

Sin embargo, a tres meses de que Martínez asumió el cargo de director de Palabra –justo la periodicidad de la revista–, no ha comenzado a circular la que sería su primera edición.

En cambio, la alteración del padrón de militantes del PAN para, según sostiene Espino, “inventarle” antigüedad como militante activo a Gómez Mont, tiene implicaciones estatutarias y eventualmente legales.

De hecho, en un episodio semejante en el que también Martínez intervino cuando fue representante del PAN ante el IFE en 2000, un militante del PAN fue encarcelado, durante un año, por alteración del padrón de ese partido en Quintana Roo.

Ese militante es Alejandro Arellano Sánchez, actualmente miembro de la Comisión Nacional de Elecciones, que preside José Espina, y quien fue sentenciado a purgar una pena de un año de cárcel por la alteración del padrón del PAN.

Así, de confirmarse que se alteró el RNM, cuya Comisión de Vigilancia es coordinada por Matilde Saldaña Hernández, Martínez podría ser sujeto también de las sanciones previstas en el Código Penal, pero también de las que prevén los Estatutos Generales, que en su artículo 13 se refiere a amonestación, suspensión de derechos y, en el extremo, la expulsión del partido.

La fracción VI dice: “La expulsión podrá solicitarse cuando las causas señaladas en las dos fracciones anteriores sean graves o reiteradas, así como por ataques de hecho o de palabra a los principios y programas del Partido, fuera de sus reuniones oficiales, por acciones o declaraciones que dañen gravemente a la institución, por la comisión de actos delictuosos, la comisión de actos que afecten públicamente la imagen del Partido, o por colaborar o afiliarse a otro partido político”.

Además, el Reglamento sobre la Aplicación de Sanciones, en el apartado “De las infracciones y actos de indisciplina”, establece, en el artículo 16, que se consideran infracción de los miembros activos del PAN la comisión de actos delictuosos, fracción IX, y la comisión de actos de pública inmoralidad o deshonestidad, fracción X.

El Código de Ética ordena, en la exposición de motivos, para el PAN la política es eminentemente ética, y ésta rige a la acción política y al político tanto en su aspecto público como en lo personal.

“Acción Nacional sostiene que la política tiene una dimensión ética, que contempla la correcta selección de los medios para realizar objetivos dignos y valiosos…”

Costosas pugnas albiazules

Decidido a zanjar los conflictos internos que le han impedido crecer políticamente, el PAN del D.F. pretende modificar su relación con la ciudadanía capitalina.

PARA VER EXPERIENCIA ÍNDIGO AQUI.

Manto protector de Los Pinos a negocios familiares

Ciudad Perdida

*Manto protector de Los Pinos a negocios familiares
*Mancera, una estrella más

Miguel Ángel Velázquez

La red de tráfico de influencias que ha montado la prima de Felipe Calderón, Mariana Gómez del Campo, hoy diputada local, desde luego por Acción Nacional, ha gozado, cuando menos hasta ahora, de total impunidad, pero ha sido bien protegida tanto por el poder de sus parientes como por el silencio casi total de los medios que prefieren otro tipo de escándalos para hacer a un lado ese y otros casos que pintan el perfil de los gobiernos azules.

El caso es extremo, pero así como sucedió en la guardería sonorense ABC, donde otra integrante de la familia Gómez del Campo figuraba como responsable directa, ahora se descubrieron irregularidades, que podrían ser muy graves, en el Instituto Nacional de la Juventud, pero nada le preocupa a la presidenta del PAN en el DF, porque esas posibles faltas, volverán a cubrirse con el cada vez más amplio manto de impunidad panista.Desde antes de tomar el poder, la familia que ocupa Los Pinos dio muestras claras de cómo se distribuirían los negocios, y qué tan ancha sería la banda por donde podrían circular sin castigo los miembros del clan durante este sexenio. Primero fue el asunto de los contratos millonarios que se otorgaron al cuñado de Felipe Calderón, Diego Hildebrando Zavala, que según la denuncia que hizo Andrés Manuel López Obrador, no pagó impuestos.Después nos enteramos que la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, donde murieron casi medio centenar de niños, tenía como copropietaria a Marcia Gómez del Campo, emparentada con la esposa de Felipe Calderón, como la panista encumbrada en el DF. Desde Luego no pasó nada, aunque la negligencia de quienes hicieron negocio con los niños fue ampliamente documentada.Ahora resulta que la lidereza del PAN en el DF, Mariana Gómez del Campo, según datos del Instituto de la Juventud no sólo ha dado trabajo a sus familiares en esa institución, sino que a partir de esos empleos han conseguido contratos que les han dejado buenas ganancias.
Lo que no se sabe es hasta cuándo, o hasta dónde se va a permitir que la panista siga haciendo uso de sus influencias para seguir la tradición familiar, porque todo parece indicar que el negocio del Injuve se le concesionó, y disfruta a plenitud de todo lo que eso significa.Eso es lo que se sabe hasta ahora, pero será cuestión de tiempo para que otros negocios salgan a la luz, porque los extensos tentáculos del pulpo azul podrían alcanzar a otras instituciones del gobierno federal. Cosa de dejar que el agua siga su curso. Ya verán.Por lo pronto, con la ingenuidad, por no decirlo de otra manera, de la Asamblea Legislativa del DF se ha pedido a las instancias correspondientes que la investigación deje en claro hasta dónde ha llegado la Gómez del Campo, y no se interrumpa y, como se ve, se trata sólo de buena voluntad, nada más.Será por eso que la panista anda tan de buenas con Alejandra Barrales, la legisladora que encabeza al PRD en la ALDF, y que ésta no pierda oportunidad para salir en la foto con la panista. En fin. Todo hace pensar en que esta vez, como en las otras, como ya dijimos, no pasará nada. Viva la justicia.
De pasadita
La Procuraduría del Distrito Federal ha ido de tumbo en tumbo en el caso Cabañas y, para decirlo con absoluta convicción, no creemos que lo haya hecho con dolo, más bien los errores cometidos se deben a la premura por informar a los televidentes de todo cuanto acontece al respecto, se tenga o no certeza en las acusaciones.De lo que no hay duda, cuando menos en la televisora a la que rinde sus informes, es que el procurador Miguel Ángel Macera se convirtió ya en otra estrella más de ese canal. ¡Enhorabuena!
ciudadperdida_2000@yahoo.com.mx •

Lujambio, un reyezuelo contra "ninis"

Sara Lovera

MÉXICO, D.F., 28 de enero (apro).- La primera vez que leí las cifras me quedé atónita: la mitad de los jóvenes de entre 15 y 18 años no estudia ni trabaja. No tienen ninguna opción en un mercado de trabajo saturado.
Las jóvenes abandonan la preparatoria en el primer año, porque son ocupadas en tareas de apoyo económico en su casa o por razones de apoyo doméstico. Los muchachos la abandonan también por esas razones y porque no les parece atractiva la escuela.
Dicen que no aprenden.
El Sistema de Educación Media en 2004 sólo atendía a la mitad de los jóvenes de ahora. Era evidente que necesitaba recursos, insumos, infraestructura. Los excluidos, rechazados, ahora denominados “ninis”, necesitaban ser urgentemente atendidos.
Se descubrió que ese nivel educativo era un desastre absoluto: 18 subsistemas, 200 programas de estudio, escuelas “patito”, 240 mil profesores que nunca fueron capacitados para educar adolescentes, desde que se creó la Escuela Nacional Preparatoria.
El discurso vacuo de que una nación pone sus esperanzas en la juventud se me hizo añicos con tamañas realidades, profusamente documentadas, demostradas, evidentes.
Realidades más enfáticas que el curso de filosofía o los errores de historia. El tema es que los jóvenes no aprenden nada. El dinero se va al agua, gobiernos estatales y municipales no rinden cuentas.
Un día obtuve, a través de quien sí sabe, miles de fotos de edificaciones escolares lamentables, donde no funcionan los baños ni hay pupitres, menos espacios para laboratorios. En fin, un verdadero desastre, del que nunca se enteran los legisladores.
Me dolió el alma, en estos años, en eso de ir viendo qué pasaba en la escuela, la antesala de ir a la universidad. Por las imágenes que se presentan en público, lo que difunde eso que se llama sistema judicial del país, ¿han visto el perfil de los sujetos de apresamientos del “crimen organizado”? Son caras y cuerpos de personas bien jóvenes. ¿El crimen nutrido por los ninis? Esos más de tres millones de jóvenes sin alternativas, presos de la guerra que desató el régimen en turno, muchos de ellos muertos, entre los casi 14 mil ejecutados, con destinos truncados, tal cual lenguaje de telenovela, porque a nadie le importan.
Luego siguen los informes y las quejas. Jóvenes expuestos, perseguidos y asesinados, como el hijo de Josefina Reyes --en Ciudad Juárez--, que se suman a las denuncias de la entrada inopinada de los miembros del Ejército a la Universidad Autónoma de Chihuahua, y los jóvenes que escenifican constantemente los “operativos” de “seguridad”, y todos los que quedan varados por los apresamientos y ejecuciones de sus padres y madres.
Con todo, se emprendió una reforma para la Educación Media Superior, fundada en el diagnóstico. Por primera vez en 70 años los profesores serían capacitados; se propuso, firmó, discutió, un cambio en la currícula, con la creación de un sistema nacional.
Un dispositivo civil de padres, maestros y jóvenes para indagar sus expectativas. Ensayos de futuro.
Y aunque no se conseguiría un cambio radical automático, la reforma iba caminando y a lo mejor hasta funcionaba. Incluso en el Distrito Federal se empezaba a comprender seriamente el tema. Se quitaron obstáculos para desarrollar ese cambio.
Pero la política de desastre en que vivimos de pronto cegó esa posibilidad.
La salida del subsecretario, su equipo, sus planes y proyectos de la Secretaría de Educación Pública, donde manda un nuevo tipo de reyezuelo, al menos pone en serio peligro este dispositivo que contendría la desazón juvenil. Miguel Székely, subsecretario de Educación Media Superior, fue eliminado. Su desgracia fue tomar en serio esta reforma, simplemente.
Resultado de nuestras miserias, es también una víctima de los intereses que, como una telaraña, impiden acciones que molestan a quienes solamente andan buscando el poder, sin ética ni mirada de futuro. En esa subsecretaría se colocó a Miguel Ángel Martínez Espinosa, exsecretario de Educación en Jalisco, una pieza necesaria para los planes de Alonso Lujambio y, por supuesto, los objetivos sucesorios panistas. Es decir, sólo y nada más la búsqueda del poder.
Los jóvenes “futuro” de la nación, ¿a quién le importan?
Y como si esto no fuera suficiente, ahora resulta que Mariana Gómez del Campo, directora de facto del Instituto Mexicano de la Juventud (Injuve) --que además funciona como ariete del más opresivo conservadurismo--, tiene coto privado. Sus parientes fuera de la ley ocupan puestos y hacen políticas para los jóvenes al mejor viejo estilo. Evidentemente, ello forma parte del desprecio a ese futuro que se estaba construyendo, sólo mencionado en discursos vacíos.
Está bien claro. Seguro que un cambio profundo, lento, incomprendido, estorba al prian, esa alianza entre los priistas y los panistas, que necesitan becarios jóvenes para su política indigna, y la política educativa, como vimos en las elecciones de 2006, es solamente un ariete en este universo de complicidades para el control de la población, votos asegurados y también carne de cañón en esta guerra frívola que estamos viviendo, donde educación, derechos humanos y futuro no están en el diccionario.
saralovera@yahoo.com.mx

Las confusiones de la derecha mexicana

Mariana Gómez del Campo y César Nava.

Sabina Berman

MÉXICO, D.F., 26 de enero.- Estimado presidente del PAN, Norberto Rivera.
Estimado arzobispo de México, Monseñor César Nava.
Muy guapa representante del Vaticano en México, Sor Mariana Gómez del Campo.
Me permito dirigirme a ustedes para aclararles ciertas confusiones que padecen y confunden mucho el debate público.
1. El nuevo derecho de las parejas homosexuales para casarse ante la Ley, por lo pronto sólo en el DF, NO los obliga a ustedes a casarse ni a casarse con alguien de su propio sexo. Ustedes, como cualquier ciudadano en una democracia, pueden seguir sus preferencias eróticas, mientras no dañen a terceros.
2. No es aconsejable que ustedes defiendan con argumentos científicos su convicción de que todos debemos obedecer ciegamente las palabras de Juan Pablo II, porque el papa Juan Pablo II no era darwinista, y nuestra ciencia contemporánea lo es desde hace 150 años.
3. Por favor, ya no metan a los perros en sus argumentos teológicos disfrazados de zoología; y esto por varias razones.
a. Como no le saben, se hacen muchas bolas. Así, el mismo mes oímos al arzobispo de Morelia diciendo que ni los perros se montan uno a otro siendo ambos del mismo sexo, y luego oímos a Esteban Arce decir que sí lo hacen pero atacados de demencia animal, y luego escuchamos al padre Chedraui afirmando que los humanos no son perros, porque los perros sí pueden ser homosexuales y los humanos no deben.
b. Mi perra es lesbiana y merece respeto.
c. Los perros y las perras son de moral sexual abiertísima: amén de que abundan los bisexuales, todos se montan y se frotan aun hasta contra las piernas de sus amos. (¿Cómo se llama eso? ¿Piernastía?) Por eso elijan a otra especie para argumentar contra la laxitud sexual.
4. Ya que para ustedes la zoología es una ciencia remota, les develo el misterio. Existen mil 500 especies donde se da naturalmente la homosexualidad. Sería informativo que visiten en internet el sitio ¿Contra la Naturaleza?, que incluye fotos de estas especies. Ahí uno ve jirafas hembras montándose entre sí desde atrás; leones machos fornicando muy virilmente, primero uno sobre otro y luego el otro sobre el primero; cacatúas rosadas machos ayuntándose mientras baten las alas. (Por cierto que entre estas cacatúas rosadas la homosexualidad es de 44%, lo que se explica acaso por su color: el rosado.) Lo dicho, hasta completar mil 500 especies.
5. ¿En serio esa es la aportación del PAN al siglo XXI? ¿Controlar contra quién cada quién se enamora? ¿Controlar el orgasmo ajeno? ¿Meterse entre las sábanas y entre las piernas ajenas? Ya, amigos panistas, basta: están gobernando; hay problemas reales, no fantasiosos como el daño que le produce a una abuelita en su decencia (¿en qué parte del cuerpo está eso?) el beso de dos señores en la calle. (Hay abuelitas de 30 años, y de ambos sexos: me refiero al espíritu viejo o joven.)
6. Mientras más gente de más tipos y clases se bese en la calle o en sus camas, yo soy más feliz. Lástima que ustedes al revés.
7. El arzobispo Chedraui declaró a la prensa recientemente que un niño se enteró de que su papá era gay y “de inmediato se suicidó”. Señor arzobispo Chedraui: el niño se suicidó por tener en su cabecita historias espantosas como la que usted relata.
8. Premio a la mejor objeción panista a que los gays adopten niños: los niños sufrirán de discriminación (suponemos que a cargo de ustedes, el panismo vuelto curia).
9. Ya, señores y señoras, de veras gobiernen. Planeen algo saludable para el bien común. Hagan crecer el producto interno bruto. Disminuyan la pobreza. ¿Qué tal una mejor educación primaria? Gobiernen, señoras y señores del PAN; para eso viven de nuestros impuestos, no para indignarse con el orgasmo ajeno.
10. ¿Qué país piensan dejarnos para el 2012? ¿Un país fracturado en cuántos pedazos? ¿Cuántos más odios van ustedes a encender?
11. Lo que se promete en una campaña política generalmente se intenta cumplir. Si el candidato Calderón dijo: “respetaré el Estado laico”, era de suponerse que lo respetaría. Lástima, ahora calla y los deja operar a ustedes lo que será la mitad de su legado: el impedimento de las libertades individuales. La otra mitad, una guerra que no cesa.
12. Su encuesta a los ciudadanos del DF intenta probar que la mayoría no aprueba la adopción de hijos por una pareja gay y, por ende, según su lógica, debería anularse la nueva ley que lo permite. Es tan brillante la idea de ustedes, que su encuesta merecía una pregunta más: ¿Votó usted por un legislador del PAN? Ya sabemos la respuesta: muy pocos en el DF votaron por un legislador del PAN. Por ende, y según la lógica de ustedes, debería retirarse del Congreso del DF la minoría panista. ¡Mueran las minorías! (Excepto a la que yo pertenezco.)
13. Oigan, por último: ¿Cuándo se confundieron un partido, el PAN, y una Iglesia, la vaticana? Hoy día uno parece vocero y mano activa de la otra, y viceversa. Las mismas declaraciones, los mismos odios, una sola estrategia. La misma incomprensión de la vida democrática.
14. Relájense. Dejen ser a su prójimo. Ámenlo como a sí mismos. Relájense. Por ahí empieza la vida democrática.

El Imjuve, coto privado de la líder del PAN-DF

Los parientes de la dirigente del PAN en el DF se benefician con jugosos contratos del organismo
El Imjuve, coto familiar de Mariana Gómez del Campo

La primera imagen muestra el documento de “adjudicación directa por 473 mil 684 pesos” en favor de Teresa Gómez del Campo Gurza, por concepto de “análisis temático y compilación de documentos de la agenda legislativa federal”. El segundo cuadro muestra el pago parcial por 28 mil 125 pesos hecho por el Imjuve a la hermana de la lideresa panista en la capital del país

Karina Avilés

Como ocurría durante los gobiernos priístas, el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) se mantiene como instrumento al servicio del partido en el poder. Ahora está copado por la presidenta del Partido Acción Nacional (PAN) en el Distrito Federal, Mariana Gómez del Campo, cuyos familiares se han beneficiado con jugosos contratos otorgados por el organismo, donde además colaboradores cercanos de la también prima de Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón, ocupan los puestos claves.
El contrato IMJ-CONT-AD-023/2007, firmado el 2 de mayo de 2007, estipula una “adjudicación directa” por 473 mil 684 pesos en favor de Teresa Gómez del Campo Gurza, hermana de la lideresa del blanquiazul en el Distrito Federal, por concepto de un “análisis temático y compilación de documentos de la agenda legislativa federal”, de acuerdo con documentos internos del Imjuve, cuya copia posee este diario.
Tan sólo en la segunda quincena de junio de ese año la hermana de Mariana Gómez del Campo cobró la cantidad de 28 mil 125 pesos, como parte del pago total amparado por ese contrato. Así lo avala el cheque número 5527, expedido el 2 de julio de 2007.
Pero ese convenio ha sido uno de tantos. Con el número de contrato IMJ-CONT-ADM-020/2007, del 16 de marzo de 2007, se realizó otra “adjudicación directa” para Daniela Verderi Muñuzuri por la suma de 149 mil 958 pesos. Ella no sólo es la cuñada de la presidenta del PAN capitalino, sino actualmente es la subdirectora de Salud y Medio Ambiente del propio instituto. Se le entregaron recursos por dar “asesoría a la Dirección de Salud, Equidad y Servicios a Jóvenes del Imjuve”, de la que precisamente depende.
Moraima Castillo Dorantes, ex subdirectora de lo Normativo y Consultivo, quien trabajó en el Instituto Mexicano de la Juventud desde que este último arrancó actividades en 1999 hasta el año antepasado, asegura que en la pasada jornada electoral “obligaron a todos los trabajadores de confianza y funcionarios a irse a capacitar al PAN para que fueran a las casillas el día de las elecciones en representación de ese partido. Esto se hacía por órdenes de la directora general, Priscila Vera”.
Pero las actividades ajenas a la labor de los empleados del instituto no terminan ahí. Castillo afirma: “Nos obligaban a ir a marchas los sábados y domingos, de acarreados. Yo fui a una marcha contra la homofobia en la que estaba el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos. También nos llevaron a plantar árboles un sábado ¡y ay de ti que no fueras! Había la amenaza del despido o te empezaban a molestar”.
Indica que ella fue despedida del organismo por negarse a mandar al archivo “todos los expedientes que teníamos en el departamento jurídico, entre los cuales está el de Teresa Gómez del Campo Gurza, a quien también se le adjudicó una plaza mediante la cual cobraba como directora”. También se opuso a que se hiciera una “credencialización fast track para la tarjeta Poder Joven, en julio de 2008, porque lo que querían era dinero para alguien y tener una base de datos para manejar en las elecciones”.
Las funciones partidistas del Imjuve han formado parte de su larga historia. De una oficina dependiente de la Secretaría de Educación Pública en los años 40 se transformó en un instituto que, con diferentes denominaciones, perduró hasta los 70, para luego transformarse en el Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud –mejor conocido como el Crea–, hasta que el ex presidente Carlos Salinas decretó su desaparición (según trascendió entonces, porque el organismo apoyó la candidatura presidencial de Alfredo del Mazo, por lo que se le redujo a una dirección), para que después naciera de nueva cuenta como instituto la víspera de 2000.
Durante su existencia, este organismo ha sido utilizado por priístas –y ahora por panistas– para sus fines eminentemente políticos.
De acuerdo con ex funcionarios y ex trabajadores, que por temor de su integridad física pidieron anonimato, hoy día el Instituto Mexicano de la Juventud está bajo el poder real de Mariana Gómez del Campo. La lideresa del panismo en la capital del país es “quien dirige informalmente el instituto, y Priscila Vera lo hace de manera formal”.
Los principales cargos sólo confirman que las familias “política” y “real” de Gómez del Campo tienen copado al Imjuve. El subdirector general de coordinación y evaluación, Eduardo Ismael Aguilar Sierra, fue el suplente de la presidenta del PAN-DF cuando ésta compitió como candidata a diputada federal en 2006.
La subdirectora de salud y medio ambiente, Daniela Verderi Muñuzuri, está casada con el hermano de Mariana Gómez del Campo. El director de Salud, Equidad y Servicios a Jóvenes en el instituto, Orlando Anaya González, se desempeña a su vez como consejero regional en el PAN capitalino.
El jefe de departamento de género, Alejandro Méndez González, también es consejero regional de ese partido en la capital del país, mientras Sergio Ruiz Andrade, director de comunicación social hasta el año pasado, es el actual director de comunicación del PAN en el Distrito Federal.
La sucesora en el cargo de Ruiz Andrade, Cecilia Mendoza Bautista, fue directora de prensa del Partido Acción Nacional en la capital. Otra red familiar es la de la secretaria técnica, María Elena Chávez Aguilar, y la directora de asuntos jurídicos, María de Lourdes Chávez Aguilar, quienes son hermanas. Es el mismo caso de la subdirectora de prensa y relaciones públicas, Patricia Ferreira Granados, y la subdirectora de empleo y capacitación, Ana María Guadalupe Ferreira Granados.
Otro de los ex trabajadores del Imjuve señala que en el pasado proceso electoral “se mandó a personal del instituto a colaborar en campañas de Acción Nacional, en particular la de la ahora asambleísta Lía Limón García y la de la candidata a jefa delegacional en Iztapalapa, Olivia Garza”. Se les obligaba a ir a mítines de estas dos personas en sábados y domingos, a cambio de reponerles un día laborable. Asimismo, la directora general de bienestar y servicios juveniles del instituto, Ana Lía de Fátima García García, es prima de Lía Limón García.
El caso de los becarios es de lo más escandaloso en el instituto. Ex funcionarios explican que existen becas de servicio social para los jóvenes, las cuales fueron creadas para que ellos realizaran actividades que formaban parte de los programas del organismo. Pero desde la gestión de Priscila Vera, los apoyos se utilizan para “dar empleo a los chavos panistas. Tienes que ir a afiliarte al partido. Si traen su credencial, les siguen dando la beca, si no, no; cosa que ni con los priístas se hizo”.
Una de las becarias del organismo hasta hace unos meses asegura que tuvo que salir del Imjuve “por el acoso que sentía de los directivos. Acoso de afiliarte al partido si no lo estás; te hostigan para que vayas a eventos, so pena de correrte. Eso me fastidió, tener que utilizar los fines de semana para ir a sus marchas”.
Recuerda que en una ocasión acudió “a plantar árboles, con todo y sándwich de por medio. Supuestamente iba a estar (Felipe) Calderón. Y eso lo decían para animarnos… Ese día estuvo muy feo, porque nos decían que teníamos que llenar cuatro lugares del camión: ‘traigan a su mamá, a su abuelita y si no los traen, les vamos a descontar mil pesos por persona que no traigan’. De modo que si llegabas tú solo al evento era lo mismo a que si no ibas…Como uno es inexperto y miedoso, después me di cuenta de que ni siquiera se podía hacer eso, porque los recibos de beca –por 3 mil pesos mensuales– ya venían como tal”.
Todo esto ocurre mientras, de acuerdo con David Urzúa, consultor de la Organización Iberoamericana de Juventud, los jóvenes mexicanos son víctimas de “negligencia” porque a sus gobernantes “simplemente no les interesan, no los consideran relevantes”.
La falta de una política de Estado hacia este sector poblacional obedece a que, por un lado, hay falta de entendimiento de que ellos (los jóvenes) son una condición y una oportunidad de desarrollo para las naciones, y por otro, la política social del país no está concentrada en el desarrollo de las personas, “sino en la ampliación de la parcela de poder de la clase política”. En esa óptica, los jóvenes siempre han sido un “botín político”.
Por su parte, la directora de la organización Afluentes, Gabriela Rodríguez, apunta que las acciones del Estado hacia la juventud “están sesgadas ideológica y partidistamente”. Por ejemplo, frente a iniciativas como el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción, la posición del Imjuve es “inexistente, ni siquiera opina. Con temas como el aborto, Priscila Vera se asusta. Su visión es católica, lo cual es respetable, pero como políticos no asumen que México es un Estado laico”.
Este año el Instituto Mexicano de la Juventud tendrá una prueba de fuego en dos aspectos: la organización de la Conferencia Mundial de Juventud, en agosto próximo, de la que “ya nos pregun- tamos si sólo van a invitar a los sectores conservadores o si la van a usar con fines partidistas”, y la Encuesta Nacional de Juventud, en cuyo diseño es fundamental la participación de las organizaciones y los expertos de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, añade Gabriela Rodríguez.
Entre tanto, el Imjuve está convertido hoy en una “bolsa de trabajo para los funcionarios del PAN” y en un “centro de operación” en la capital del país del partido en el poder, lamentan las fuentes consultadas.

¿Quiénes son los verdaderos pecadores?

Denise Dresser

MÉXICO, D.F., 18 de enero.- Para: Cardenal Norberto Rivera; Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis; Esteban Arce, César Nava, Mariana Gómez del Campo, los arzobispos y ministros griegos y evangélicos, y muchos mexicanos más.
Asunto: Preguntas sobre su oposición al matrimonio homosexual y la postura que han asumido ante su legalización.

-El cardenal Norberto Rivera ha dicho: “México es un país que ama a la familia; es su célula fundamental y el centro de cohesión social. Es por ello que vemos con profunda preocupación cómo se ataca el matrimonio, cómo se burlan los valores cristianos”. Sorprende su posición por la contradicción inherente que entraña. ¿Qué no al aspirar al matrimonio las parejas gay están promoviendo los valores que usted celebra? Si el matrimonio es tan preciado –ya que crea un vínculo estable entre individuos que forman un hogar y una asociación económica y social–, ¿no debería usted aplaudir a quienes quieren formar parte de esta institución social vital? ¿Qué no al buscar el matrimonio las parejas gay están contribuyendo a fortalecer esa célula que usted valora? Entonces, ¿no debería ello ser motivo de celebración en vez de causa para la condena?
-El cardenal también ha argumentado que “la ley suprema perenne es la de Dios; toda ley que se le contraponga será inmoral y perversa”. ¿Pero no recuerda usted que la Constitución es la ley suprema en el Estado laico mexicano, que asienta el respeto a las opiniones de todas las creencias religiosas pero prohíbe la imposición que usted sugiere?
-César Nava ha dicho que buscará echar abajo la aprobación de los matrimonios gay con argumentos “estrictamente jurídicos”. ¿Pero qué no la ley a la que piensa apelar debe ofrecer protección y equidad tanto a hombres como a mujeres, al margen de su orientación sexual? ¿Qué no la igualdad ante la ley debe extenderse a las personas de todas las razas, religiones, lugares de origen y también preferencia sexual? ¿Puede ofrecer usted una sola razón para continuar discriminando contra miembros decentes y trabajadores de la sociedad, apelando a un argumento jurídico? Al negar el matrimonio entre homosexuales, ¿no está usted negando también el reconocimiento a la igualdad en nuestra sociedad –algo injusto e inconstitucional?
-Gran parte de los argumentos en contra del matrimonio gay están enraizados en que la tradición ha contemplado el matrimonio como una relación exclusiva entre hombres y mujeres. ¿Pero acaso los derechos y libertades que el matrimonio abarca están confinados exclusivamente a heterosexuales? El hecho de que las cosas siempre han sido de cierta manera, ¿implica que deben permanecer así? ¿Cómo explicarían ustedes el rechazo a tradiciones como la esclavitud, la segregación racial, la negación del voto a las mujeres? ¿Qué no el rompimiento con la tradición en esos casos ha sido señal de evolución y reconocimiento de la universalidad de los derechos?
-Mariana Gómez del Campo, lideresa del PAN en el DF, ha manifestado su oposición a los matrimonios gay porque “lo natural es una relación entre hombre y mujer”. ¿Acaso esa afirmación no ignora que la ciencia nos ha enseñado que muchas veces ser homosexual no es algo que se elige? ¿No ha leído y estudiado lo suficiente como para saber que la preferencia sexual puede ser tan inmutable como ser zurdo? ¿Y qué no sabe –además– que la Constitución prohíbe imponer nuestros prejuicios sobre otras personas? ¿Acaso olvida que el Estado laico existe precisamente para promover la libertad y asegurar las garantías civiles?
-Los panistas han argumentado que los matrimonios gay equivalen a un atropello a los derechos de los niños. Esa posición parte de la premisa de que los padres homosexuales serán un peligro para los niños que adopten o conciban. ¿No están al tanto de la amplia literatura académica que contradice los estereotipos comunes y descalificadores sobre los padres homosexuales? ¿Sabían ustedes que las parejas de homosexuales son tan felices o infelices como las parejas de heterosexuales? ¿Sabían que su capacidad de ser padres no es diferente a la de matrimonios heterosexuales? ¿Sabían que –según los estudios– los hijos de parejas homosexuales no tienen ni más ni menos posibilidades de ser homosexuales cuando crezcan? ¿Sabían que los hijos de parejas gay crecen de la misma manera, hacen actividades similares, practican los mismos deportes, ven los mismos videos que los hijos de parejas heterosexuales?
- Como ha argumentado el jurista conservador Theodore Olson, independientemente de lo que ustedes piensen sobre la homosexualidad, es un hecho que los gays y las lesbianas son miembros de nuestra sociedad. Forman parte de nuestras familias, de nuestras escuelas, de nuestros lugares de trabajo. Son nuestros doctores, nuestros maestros, nuestros colegas, nuestros amigos. Anhelan la aceptación, aspiran a relaciones estables, desean contribuir a la sociedad, como tantos mexicanos más. Al negarles el derecho al matrimonio, ¿no están ustedes contradiciendo los valores que tanto dicen fomentar: familias fuertes, relaciones perdurables, comunidades pobladas por personas con lazos legales y reconocidos? ¿Qué no la discriminación y el trato desigual corren en sentido contrario a todo aquello que la Iglesia y el conservadurismo promueven?
-Ustedes dicen estar en favor de la familia, en favor de la tolerancia, en favor del amor. Pero al disuadir a los homosexuales de formar relaciones –como el matrimonio– que ustedes alientan en otros, ¿no les están diciendo que son personas menos valiosas, menos legítimas, menos iguales, menos apreciadas, menos queridas? Al negarles el derecho a relaciones equitativas, ¿no los están degradando como individuos? Al referirse a sus relaciones como una “aberración” y como una “perversión”, ¿no están contribuyendo ustedes al prejuicio, a la intolerancia y a la discriminación? ¿Y qué ello no contradice el espíritu fundacional del cristianismo? ¿Y qué no todo ser humano tiene derecho a la igualdad y a la dignidad?

En el DF, una derrota más para la Iglesia

Gloria Leticia Díaz y Rodrigo Vera

MÉXICO, D.F., 26 de diciembre (proceso).- Con la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal, el pasado lunes 21, esta entidad federativa es la única que paulatinamente se aleja de los lineamientos en materia de moral sexual marcados por la Iglesia católica, justo cuando se acaba de penalizar el aborto en 18 estados del país, acatando los exhortos para respetar lo que los jerarcas consideran “la vida desde el momento de la concepción”.

Ahora, las reformas a los códigos Civil y de Procedimientos Civiles del Distrito Federal permitirán a las parejas de homosexuales adoptar hijos, heredar bienes y eventualmente acceder a beneficios de seguridad social, entre otros derechos que hasta hoy sólo tenían los matrimonios heterosexuales.
Este es el tercer cambio legislativo realizado en el Distrito Federal, relativo a los derechos de las mujeres y de la comunidad lésbico-gay: a fines de 2006 se aprobó la Ley de Sociedades de Convivencia, con la que se inició el reconocimiento jurídico a las uniones entre homosexuales; después, en abril de 2007, se permitió abortar a las mujeres que tengan hasta 12 semanas de embarazo; y ahora es el matrimonio gay el que se legaliza.
Estas tres reformas han producido reacciones airadas de la jerarquía católica, principalmente del cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo de la Ciudad de México, quien sin embargo no ha podido revertir los cambios legislativos en su circunscripción eclesiástica.
El lunes 21, con 39 votos a favor –del PRD y PT–, 20 en contra –del PAN, PRI y PVEM– y cinco abstenciones, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó en lo general la mencionada reforma a los códigos Civil y de Procedimientos Civiles capitalinos.
El dictamen presentado llevaba un candado en el artículo 391, donde se establecía que no procedía “la adopción cuando los cónyuges o concubinos sean del mismo sexo”, restricción que se rompió a propuesta de la diputada perredista Maricela Contreras Julián, y que en una segunda auscultación fue respaldada por 31 legisladores y rechazada por 24. Nueve se abstuvieron.
Así se aprobaron modificaciones a cinco artículos del Código Civil y a dos del de Procedimientos Civiles. Básicamente se elimina la tipificación del matrimonio como una unión voluntaria entre hombre y mujer, para definirlo como el enlace entre “dos personas”, además de que se reconocen los mismos derechos para “las concubinas y los concubinos” que para los “cónyuges” en la formación de un patrimonio familiar.
La del lunes 21 fue una sesión intensa. Por lo menos en seis ocasiones la presidenta de la mesa directiva, Lizbeth Rosas Montero, tuvo que llamar a la compostura tanto a legisladores del PAN y del PRD –algunos de éstos con las bufandas de arcoiris emblemáticas del movimiento gay– como a los invitados que desde las gradas del recinto parlamentario abucheaban o celebraban los posicionamientos partidistas.
Citas homofóbicas de Carlos Marx, Federico Engels y Ernesto Che Guevara, así como del escritor cubano Reynaldo Arenas –víctima de la represión sexual en su país– fueron esgrimidas por legisladores del PAN para denostar las reformas, en tanto que los perredistas recurrieron al Papa Juan Pablo II, Mario Benedetti, Benito Juárez y al presidente español José Luis Rodríguez Zapatero. José Luis Muñoz Soria, también perredista, sacó a colación el nombre del fallecido dirigente panista Carlos Castillo Peraza para referirse a las preferencias sexuales de algunos panistas.
Los argumentos de los diputados del PAN, PRI y PVEM se centraron en reducir las reformas a “una intención de imponer una ideología” ajena los mexicanos con fines electoreros; como un ataque a la “institución del matrimonio” y contra la “célula básica de toda la sociedad, que es la familia”.
Dijeron también que el matrimonio tiene como fin la “supervivencia de la especie humana”, premisa descartada en las uniones del mismo sexo; que las modificaciones eran incompatibles con las leyes del ISSSTE y del IMSS; que para los homosexuales está la Ley de Sociedades de Convivencia; que la condición de homosexual no forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; que las modificaciones sólo benefician a una minoría; que permitir la adopción a parejas del mismo sexo atenta contra los derechos de los niños porque “¿qué clase de hijos podrían educar los matrimonios entre homosexuales?”...
Por su parte los perredistas y petistas sostuvieron que las reformas no afectan a terceros; que van en contra de la discriminación, condenada en diversos tratados internacionales signados por México; que defienden el Estado laico; que colocarían a la capital entre “las mejores ciudades y los mejores países del mundo”; que en los hechos “hay una multiplicidad” de figuras familiares; que la “homosexualidad es condición humana” que debe reconocerse; que negar la adopción a parejas del mismo sexo es “negar el derecho de tener una familia” a miles de niños huérfanos.
El cabildeo
El proyecto original de estas modificaciones legales formó parte de la agenda que impulsaba el Partido Socialdemócrata en las elecciones de julio pasado, en las que Lol Kin Castañeda, dirigente de la agrupación Acciona, fue candidata a diputada por el distrito 14 local.
“El acuerdo en el partido era que quien quedara en la Asamblea Legislativa continuaría impulsando esta agenda, una condición que se puso para que el diputado David Razú Aznar se integrara a la bancada del PRD, que como partido de izquierda tenía la posibilidad de obtener la mayoría para que se aprobara”, dice la activista.
Entre agosto y septiembre, añade, “empezamos a cabildear con los diputados, proveyéndolos de información para afinar las líneas discursivas. Al final logramos el apoyo de 350 grupos de derechos humanos, lésbico-gay, mexicanos e internacionales, además de que contamos con el acompañamiento de la consejera jurídica (del gobierno capitalino) Leticia Bonifaz, así como de tribunales, académicos de la UNAM y del Colmex, en específico de Miguel Carbonell, para garantizar certeza jurídica” a la iniciativa.
David Razú, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF, narra que “a excepción del tiempo en que trabajé en la sucesión de Emilio Álvarez Icaza en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), me dediqué de llenó a buscar los consensos necesarios para presentar la iniciativa y a sumar a las diferente organizaciones a este proyecto, y fue hasta que tuvimos los suficientes amarres que presentamos la propuesta”.
La iniciativa original se presentó el 24 de noviembre y fue respaldada por 44 diputados, cinco de ellos del PRI. No llevaba el referido candado, pero en sesiones de las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia, de Equidad de Género y Derechos Humanos, se puso “para sostener las negociaciones con el PRI, que lo habían sugerido para apoyar las reformas, además hay que reconocer que en materia de adopción no había consenso dentro de la fracción del PRD”, confía Maricela Contreras.
Sin embargo, aclara, en comisiones tanto ella como Razú y Beatriz Rojas advirtieron que iban a reservar el debate sobre la restricción a los matrimonios homosexuales para adoptar, a fin de desahogarlo en el pleno de la ALDF.
El fin de semana previo a la sesión plenaria, prosigue Contreras, sólo tenía amarrados 18 votos para echar abajo el candado. Reconoce que en la labor de convencimiento participaron la consejera Leticia Bonifaz y el coordinador de los diputados federales perredistas Alejandro Encinas. “Del jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard –apunta– no sé si hubo un cabildeo en particular, lo que sí sé es que siempre estuvo a favor de las reformas como parte de la agenda de la ciudad”.
Las reformas revelaron la división de las organizaciones de homosexuales y lesbianas. Lol Kin Castañeda admite que el cabildeo tuvo bloqueos no sólo de la derecha y del PAN, sino también de “falsos liderazgos charros”, como el de la diputada federal del PRD Enoé Uranga, “quien movió los hilos para tirar el voto de los diputados del PRI, que se retractaron en un juego de medir costos electorales”.
David Razú señala que, una vez que asumió su cargo, buscó a Uranga para que apoyara la propuesta de los matrimonios entre personas del mismo sexo, pero “ella me dijo que no era el momento, que no estaban dadas las condiciones en la ciudad y que en todo caso habría que mejorar la Ley de Sociedades de Convivencia: los mismos argumentos que esgrimió el PAN”.
En la sesión del lunes 21, sentada atrás de las bancadas del PRI y del PAN, Uranga Muñoz fue objeto de recriminaciones. “Traidora” y “no nos representas”, le gritaron miembros del movimiento lésbico-gay que asistieron como invitados.
De hecho, algunos de los argumentos contrarios a las reformas que expuso Uranga –quien en la Cámara de Diputados es cercana a Guadalupe Acosta Naranjo, líder de la corriente Nueva Izquierda– fueron utilizados por los diputados panistas Carlo Pizano y Rafael Medina para tratar de que no se aprobaran.
Pero la mayoría del PRD, sus aliados del PT y un diputado del Panal se impuso a panistas, priistas y verde ecologistas que votaron en contra y quienes anunciaron que solicitarán a Ebrard que vete las reformas o de lo contrario impulsarán una controversia constitucional. Para esto se requieren 22 firmas de legisladores locales, y hasta el martes 22 contaban con 19, según informó la coordinadora de la bancada del PAN, Mariana Gómez del Campo. Sin embargo, la consejera jurídica Leticia Bonifaz descartó que el jefe de Gobierno vete las reformas.
Reacción política
Sobre una posible reacción de otras entidades del país para no legalizar las bodas entre homosexuales y prohibir que adopten niños, el diputado David Razú dice: “¿Qué más pueden hacer, si los códigos civiles sólo reconocen los matrimonios entre hombres y mujeres? Y en cuanto a la adopción, en estos momentos cualquier persona soltera puede hacerlo sin que se le condicione su preferencia sexual”.
Para Lol Kin Castañeda, ahora las organizaciones lésbico-gay tendrán que “defender las reformas en caso de una (controversia) constitucional y promover a nivel federal los cambios necesarios en las leyes del IMSS e ISSSTE para garantizar la seguridad social” para los integrantes de esta comunidad.
El mismo lunes 21, el cardenal Norberto Rivera señaló que la reforma aprobada en la ALDF es una “aberración” que llevará “a la sociedad a la ruina”, ya que el matrimonio debe ser solamente entre un hombre y una mujer.
En un amplio comunicado que tituló Ley inmoral, inadmisible y condenable, Rivera agregó que la reforma “ha abierto las puertas a una perversa posibilidad para que estas parejas puedan adoptar a niños inocentes, a quienes no se les respetará el derecho a tener una familia constituida por una madre y un padre, con los consecuentes daños psicológicos y morales que provocará tal injusticia y arbitrariedad”.
Para la Iglesia, dijo, “los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados”, mientras que el matrimonio es una “institución esencialmente heterosexual”.
Añadió: “La Iglesia considera una aberración equiparar las uniones entre personas del mismo sexo con el matrimonio, pues éstas son incapaces de alcanzar los fines que dieron origen a esta imprescindible institución que, para los cristianos, no obedece sólo a una forma de organización social, sino que es un orden instituido por Dios desde la creación del mundo”.
Finalmente exhortó a los católicos a oponerse a la legislación, que forma parte de “los embates del Maligno, que no van dirigidos sólo contra la Iglesia, sino contra los principios y valores de la familia, tan querida y apreciada en nuestra patria”.
El vocero del cardenal, el sacerdote Hugo Valdemar, fue más allá, y en nombre del Papa Benedicto XVI hizo un llamado a los fieles para que no voten por el PRD en las elecciones de 2012:
“Sólo quiero añadir lo que el Papa ya ha dicho en repetidas ocasiones: en conciencia, un católico no puede votar a favor de candidatos o partidos que promuevan la destrucción de los valores fundamentales y que atenten contra nuestra fe. En las próximas elecciones, los católicos deben preguntarse si pueden estar bien en su relación con Dios y con la Iglesia apoyando con su voto a los partidos que han legislado a favor del asesinato de seres humanos en el propio vientre de sus madres y de que a niños inocentes se les niegue el derecho de tener un padre y una madre… Ante la sociedad no quedan dudas: el PRD es un peligro para la familia”, aseguró Valdemar, en una entrevista publicada en la página de internet del arzobispado.
Al éste lo secundó el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda: “Eso (la reforma) es una estupidez. Esas uniones no son un matrimonio por una sencilla razón: no pueden formar un hogar porque no pueden tener hijos”.
En el terreno jurídico, el arzobispado de México, a través del Colegio de Abogados Católicos, le envió una “solicitud” formal a Marcelo Ebrard para que “emita su derecho al veto y consulte a la ciudadanía” en un referéndum, para así bloquear la reforma.
En esa petición se asegura que la votación en la ALDF fue una “pantomima”, pues los diputados perredistas y petistas ejercieron “su aplanadora legislativa sin la menor consideración a la ciudadanía, que ha solicitado un referéndum para que se conociera la voz directa de los habitantes de la Ciudad de México”.
La Iglesia y el PRD se enfrentaron de modo similar en noviembre de 2006, cuando la ALDF aprobó la Ley de Sociedades de Convivencia con 43 votos a favor, 17 en contra y cinco abstenciones.
El entonces perredista Víctor Hugo Círigo, uno de los impulsores de esa ley, dijo que era un logro “de la diversidad sexual por construir una sociedad incluyente que respete la libertad de sus miembros a ser como son, sin estigmatizaciones, rechazos ni exclusiones”. Del otro lado, el arzobispado de México aseguraba que la ley era una “farsa” porque obedecía a “grupos minoritarios y radicales” y “menosprecia el parecer de la mayoría de los católicos”.
La historia se repitió en abril de 2007, con la despenalización del aborto en el Distrito Federal, impulsada sobre todo por los diputados perredistas de la ALDF y después avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El cardenal Rivera Carrera exhortaba en la catedral: “La Iglesia no puede callar ante los crímenes que se están legalizando… Una Iglesia muda no sirve ni a Dios ni a los hombres. Ante los grandes males de nuestro mundo, no nos podemos encoger de hombros”.
Se sumaron a él, en una movilización nacional de protesta, organizaciones católicas como la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), el Comité Nacional Provida, Movimiento Familiar Cristiano, Testimonio y Esperanza, Caballeros de Colón, Derechos del Concebido, Manos a la Vida, la Orden de Malta…
Hasta el momento, la Iglesia ha logrando frenar la despenalización del aborto en 18 estados. Sin embargo, no ha podido revertir los cambios legislativos en el Distrito Federal.
Fuente: Proceso

Matrimonio gay en el DF, victoria cultural

Jenaro Villamil

MÉXICO, DF, 22 de diciembre (apro).- La aprobación por 39 votos a favor y 20 en contra de la iniciativa para modificar seis artículos del Código Civil del Distrito Federal, que permiten los matrimonios de parejas del mismo sexo, con la posibilidad de la adopción, constituye un golpe al corazón de la ola conservadora que ha recorrido 18 entidades del país.
No en balde, las reacciones más viscerales fueron las del arzobispo primado de la Ciudad de México, Norberto Rivera, así como de la dirigente panista del Distrito Federal, Mariana Gómez del Campo, prima de la primera dama Margarita Zavala, así como de los dirigentes del PRI y del PVEM, que se quedaron al margen de una discusión que no tiene signos partidistas ni es propiedad de nadie, sino que representa un triunfo de los derechos en un Estado laico.
Justamente una coalición de intereses políticos y de alianzas en contra del Estado laico han permitido que, en 18 entidades del país, la jerarquía eclesiástica, los gobernadores del PRI y del PAN, así como sus diputados locales, acompañados de esa anomalía que es el Partido Verde Ecologista de México –el único en el mundo que promueve la pena de muerte como una solución contra la delincuencia-- se han unido para legislar en contra de la despenalización del aborto, de consagrar a nivel constitucional la “familia heterosexual” como el único modelo legal válido y, si los dejan, condenar el uso del condón como método de prevención de enfermedades, como el VIH-sida.
Lo sucedido el lunes 21 de diciembre en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) rompe con las pretensiones de uniformidad moral en una sociedad cada vez más diversa, tolerante y libre que lucha contra la multitud de fobias y odios generados por las pretensiones de uniformidad moral. ¿No es acaso grave que los crímenes de odio contra mujeres, homosexuales, transgéneros y lesbianas se generen en aquellas entidades donde se precian de tener la “superioridad moral” y la desfachatez de ignorar los otros modelos de ejercer la vida privada y las opciones sexuales?
La reforma coloca a la Ciudad de México en la vanguardia de toda América Latina en materia de derechos para parejas del mismo sexo. Sólo en países europeos como Bélgica, España, Holanda, Noruega, Suecia, así como en Canadá y Sudáfrica, se han reconocido plenamente los derechos de las uniones de homosexuales y lesbianas.
En Estados Unidos, entidades como Connecticut, Iowa, Massachussets y Vermont permiten los matrimonios lésbico-gays, con posibilidades de adopción de hijos.
Y en Argentina, Brasil y Uruguay se adoptaron modelos similares a las sociedades de convivencia, reconocidas en el Distrito Federal y en Coahuila desde 2007.
Sin embargo, la reforma sólo es válida en el Distrito Federal. Aprueba cambios a seis artículos del Código Civil capitalino. Los más significativos y polémicos fueron el 146, que antes establecía que “el matrimonio es la unión libre entre un hombre y una mujer”.
La nueva redacción define que el matrimonio “es la unión libre entre dos personas”. Además se modificó en el pleno el artículo 391 para permitir la adopción de hijos por parte de las parejas del mismo sexo.
También la reforma al artículo 291-Bis establece que tendrán derechos y obligaciones similares a las de las parejas heterosexuales y el artículo 724 permite la posibilidad de construir un patrimonio familiar común.
Por supuesto, falta un pleno reconocimiento a los derechos extensivos como los de la seguridad social. Está es una discusión que tendrá que darse a escala federal, con la reforma a la Ley del IMSS.
Falta saber si la mayoría de los diputados del PRI en San Lázaro reaccionan ante su supuesta condición de partido laico y promueven cambios en este sentido.
Ya se vio que el PAN sigue atrapado, con honrosas excepciones, en modelos de un conservadurismo que lo colocan como un partido premoderno en estos temas.
Aparte, la derrota para Norberto Rivera es clara. En diez años, el cardenal de la Ciudad de México ha tenido que enfrentarse a una realidad social y cultural que quiere negar: su primera y ostentosa derrota fue en contra de la ley Robles, que despenalizaba las causales del aborto y que la Suprema Corte de Justicia avaló, a pesar de la intensa presión de la jerarquía; después quiso prohibir la difusión de la película El crimen del padre Amaro, y lo que ocurrió fue una reacción masiva del público a favor de esta cinta.
Luego, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, presionó para que no se avalara la Ley de Sociedades de Convivencia, pero en marzo de 2007 esta nueva figura legal se aprobó y, ahora, en diciembre de 2009, la ALDF legitimó las bodas entre personas del mismo sexo con posibilidades de adopción.
Seguramente, intentarán “excomulgar” a los legisladores del PRD y del PT que la aprobaron, como también al jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, que en estas discusiones ha mostrado una posición más firme que otros gobernantes.
Rivera llegó al extremo de emitir un comunicado donde habla a nombre de toda la Iglesia católica –que es diferente a la jerarquía conservadora dominante-- para sentenciar que “la Iglesia considera una aberración equiparar las uniones entre personas del mismo sexo con el matrimonio, pues éstas son incapaces de alcanzar los fines que dieron origen a esta imprescindible institución”.
Rivera advierte que “las uniones entre individuos del mismo sexo no tienen futuro, toda vez que son pocas las personas que desean unirse bajo este esquema con su pareja, lo cual puede observarse en los países que ya cuentan con esta ley”.
Bajo el amparo de citas de San Pablo (Epístolas a los Romanos y Corintios), el arzobispo primado advierte que “los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados”.
¿Por qué no opinó lo mismo cuando muchas de sus víctimas denunciaron los abusos del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel? ¿Acaso porque Maciel nunca asumió su opción homosexual y prefirió ejercerla en el clóset, abusando de su autoridad en contra de menores indefensos?
¿Por qué la propia jerarquía se ha negado a una discusión seria para reconocer la homosexualidad entre sacerdotes y la posibilidad misma del matrimonio para sacerdotes y monjas?
El problema para la jerarquía que condena y excomulga sin aceptar posibilidad alguna de diálogo, es que ya no cuenta con la credibilidad ni con la fuerza moral de antes para intimidar a la sociedad católica, menos para llenar de culpas y estigmas a quienes han optado por una vida laica.
El descrédito a las pretensiones de uniformidad moral es anterior a esta victoria cultural. La hipocresía moral tiene una sanción social. Y esta es una de las lecciones de este debate.
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