MÉXICO, D.F., 11 de mayo (Proceso).- Un grupo de especialistas cuestiona el accionar lento y aparentemente “cómplice” de un organismo de derechos humanos, la CNDH, que parece empeñada en no moverse, en no hacer ruido. Por lo demás, dos hechos recientes la ponen bajo los reflectores: las investigaciones por las muertes de dos estudiantes del Tec de Monterrey y de dos niños en un retén militar. En ambos casos tuvo que haber indagado, con toda celeridad, la actuación del Ejército.
Mientras la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se exculpa de los asesinatos de los dos estudiantes del Tec de Monterrey y de los menores Almanza en un retén de Tamaulipas, ocurridos el 19 de marzo y el 4 de abril de 2010, respectivamente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) mantuvo un “silencio cómplice” y abrió investigaciones tardías que podrían no ayudar a esclarecer los hechos.
El personal de la CNDH encargado de investigar ambos sucesos llegó a los sitios donde se cometieron los asesinatos con días de retraso –cuando los cadáveres ya habían sido enterrados y alterada la escena del crimen–, se demoró para pedir información al Ejército y solicitar el resguardo de las evidencias, otorgó plazos máximos para que le dieran respuestas y no ha informado a la sociedad acerca de los avances.
Fue el 13 de abril cuando la Segunda Visitaduría de la Comisión abrió la investigación CNDH/2/2010/1836/Q por las muertes de los niños en el retén en Tamaulipas, ocurridas nueve días antes. Y no fue sino hasta el décimo día –según información proporcionada por la propia CNDH– cuando los peritos viajaron a esa entidad a revisar el lugar y entrevistarse con la familia.
Las presuntas violaciones cometidas por la Sedena en este caso son: “Faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones; prestar indebidamente el servicio público; omitir prestar atención médica; trato cruel, inhumano o degradante; ocupar deteriorar o destruir ilegalmente propiedad privada; privar de la vida; causar un daño derivado del empleo arbitrario de la fuerza”.
En cuanto al asesinato de los estudiantes del Tec de Monterrey, fue el día 25, seis después de los hechos –según la información solicitada por Proceso–, cuando personal de la Comisión viajó a la capital de Nuevo León a recopilar datos y sólo entonces solicitó al Ejército y a las procuradurías federal y local que preservaran las evidencias.
En este asunto, los hechos a investigar son: “Faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones (en los casos del Ejército, la PGJE y la PGR) y privación de la vida (sólo la Sedena)”.
Bajo sospechaExpertos en la materia califican como “tibia”, “sumisa”, “cómoda” y “sospechosa” a la Comisión y a su nuevo titular, Raúl Plascencia, en un contexto en que las quejas por violaciones a los derechos humanos se han triplicado en un año a raíz de la guerra contra el narcotráfico.
Las declaraciones del ombudsman y del segundo visitador, Marat Paredes Montiel, evidencian los errores que se les atribuyen.
Por ejemplo, cuando en los medios ya era un escándalo el asesinato de los niños Martín y Bryan Almanza, el 12 de abril W Radio entrevistó al visitador Paredes Montiel, quien anunció que “en un mes, mes y medio, esperamos tener los primeros resultados para ir informando qué sucedió y quiénes son los responsables”. Sin embargo, ese día todavía no comenzaban las investigaciones.
También mencionó que, por ley, la Sedena tiene “15 días naturales” para rendir su informe y que la CNDH podía optar por “un recordatorio de información”, que estimaba tardaría un mes, y añadió que en un futuro pediría también información a la Procuraduría General de la República (PGR), con lo que completaría el mes y medio.
El tiempo siguió avanzando. No fue sino hasta 26 días después del asesinato, el 30 de abril, ya que el Ejército se había deslindado de esas muertes y la mamá de los niños había rechazado la versión militar, cuando el ómbudsman anunció que “solicitará” a la Sedena sus pruebas periciales para confrontarlas con las investigaciones del organismo. Como si en los “15 días naturales” no lo hubiera hecho.
En lo que toca a la muerte (por supuesto “fuego cruzado”) de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, a quienes los militares ubicaron como narcotraficantes muertos en conflicto, la actuación de la CNDH fue similar.
Todavía el 6 de abril, cuando ya habían pasado 18 días de las muertes, Plascencia dijo a varios medios que aún estaba “a la espera” de que el Ejército entregara informes, y justificó: “Tienen 15 días para hacerlo” y, “en caso de que no den respuesta, se hará público en su momento”.
Casi un mes después de lo ocurrido en el Tec, el 2 de mayo, cuando la PGR presentó el informe en el que señalaba que los estudiantes murieron por balas disparadas por sicarios, la CNDH llamó a las familias de las víctimas, que estaban inconformes con los resultados, para pedirles autorización a fin de solicitar los expedientes de su caso.
Tres días después, Plascencia denunció que la PGR está entorpeciendo la investigación y no le proporciona expedientes.
“La CNDH no está actuando con la diligencia y la inmediatez que se requiere y que se le marca. Se requiere una CNDH más activa, más presente en los hechos, que prevenga; no tiene que esperar a que las familias presenten las quejas”, opina la jurista Susana Thalía Pedroza, quien fue segunda visitadora de la CNDH de 2005 a 2008 y tuvo a su cargo investigaciones que implicaban al Ejército en casos de privación de la vida.
Pedroza explica que en su tiempo, cuando el Ejército cometía delitos graves (como homicidios), el personal de la CNDH viajaba rápido al lugar de los hechos (“a veces al día siguiente”) porque procuraba ver los cadáveres antes de los entierros y hacer sus propios peritajes para “saber la realidad”; de lo contrario, es difícil establecer la causa de la muerte. Hubo ocasiones en que hallaron evidencias que las procuradurías no habían recogido.
En casos graves, utilizaban la figura de la “reducción de plazos” para obligar a las autoridades a entregar información, no a los 15 días como es lo común, sino a más tardar en cinco o hasta de un día para otro.
En esos casos complicados comisionaba a seis trabajadores de la visitaduría (entre peritos y abogados) para que se dedicaran de tiempo completo a investigar, y así podían rendir un informe preliminar al mes, y las recomendaciones “a los dos o tres meses”.
“Quien debió haber salido primero a decir qué paso, o casi al mismo tiempo (que el Ejército), es la CNDH. Nosotros, cuando teníamos todos los elementos, salíamos a dar información; o cuando veíamos que daban versiones que no eran ciertas, como en el caso de la familia Esparza Galaviz –que según el Ejército sus integrantes murieron en un enfrentamiento y traían drogas–, salimos a desmentirlos”, dice Pedroza en entrevista en referencia a ese otro asesinato (con saldo de dos adultos y tres niños muertos) en un retén en Sinaloa, en 2007.
El jueves 6, Proceso entrevistó al visitador Paredes Montiel, quien informó que será “en un par de meses” cuando concluyan las investigaciones sobre los niños Almanza y los estudiantes del Tecnológico, y aunque deslizó que podría ser antes, no quiso confirmarlo porque, dijo, “no quiero comprometerme demasiado”.
El abogado admite que su equipo llegó cuando los estudiantes y los niños ya estaban enterrados, por lo que no pudieron ver los cadáveres.
Interrogado sobre los avances de las investigaciones de lo ocurrido en el retén tamaulipeco, dice que recogieron versiones, dictaron medidas cautelares para proteger a la familia y a su abogado de cualquier posible hostigamiento, acudieron al lugar de los hechos y “estamos haciendo diligencias”.
En lo que respecta al caso de los estudiantes del Tec, asegura que recabaron testimonios, reconocieron el lugar, tomaron fotos y videos y se entrevistaron con la autoridad.
Cuestionado sobre la tardanza para entregar resultados, el visitador se queja: “La PGR nos ha negado la información, el acceso a la averiguación previa, todo lo que difundió en vivo y a todo color, el video que se entregó a todos, a nosotros nos lo negaron, hemos tenido que ir consiguiendo la información por diversos canales”.
Señala que en ambos asuntos aún les falta hacer sus propios peritajes.
“Vamos a ampliar los testimonios, a precisar tiempos de la realización de los hechos y verificar toda esta situación sobre el daño sicológico. Vamos a estar también con nuestros criminalistas para estar en el lugar de los hechos y hacer una reconstrucción”, plantea el abogado, quien ingresó a la Comisión en noviembre de 2008.
Indica que no presentará ningún informe preliminar con los datos recabados y que dará a conocer los resultados cuando la investigación esté terminada, “porque si no, luego se empieza a improvisar”.
Este licenciado en derecho, que hizo su carrera en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y fue colaborador cercano del exministro Genaro Góngora Pimentel, informa que están a su cargo otras investigaciones, como la matanza de 15 jóvenes en el fraccionamiento Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, ocurrida a finales de enero. Dice que evalúa la queja por la negación de servicios médicos de emergencia y las promesas gubernamentales incumplidas, así como las quejas de los presuntos homicidas.
Esta queja (CNDH/2/2010/798/Q) se abrió 17 días después de la matanza.
También lleva el asunto del asesinato de “una arquitecta” durante el operativo en el que murieron los estudiantes del Tec de Monterrey; de “un encobijado” y de las muertes de Patricia Terroba e Ignacio Aguilar, ocurridas durante el operativo de la Marina para capturar a Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca.
El visitador informa que por el asesinato de Beltrán Leyva no abrió investigación, debido a que nadie presentó la queja ante la CNDH. Aunque los asesinatos cometidos por militares deben abrirse de oficio, Paredes se excusa diciendo que “no en todos los casos”.
–¿Por qué en otros sí (investigan de oficio) y en este no? –se le cuestiona.
–Mmmh. No tengo una, digamos, una… mmmh… pero en este caso no se estimó, no se evaluó… yo creo –contestó nervioso.
Cuestionado de origenEn su edición 1727, Proceso publicó que Jorge Hank Rhon, el exalcalde de Tijuana acusado de tener relación con negocios ilícitos –narcotráfico y lavado de dinero–, maniobró junto con el senador priista Fernando Castro Trenti, excoordinador de la campaña de Hank, para convertir a Plascencia en ómbudsman nacional y, en pago por su triunfo, varias oficinas clave fueron otorgadas a hombres cercanos a Hank y con oscuro historial.
En su desempeño como primer visitador durante la década en la que el ómbudsman era José Luis Soberanes, Raúl Plascencia tuvo a su cargo algunos expedientes que quedaron inconclusos. Uno de ellos, el del linchamiento de los agentes federales en Tláhuac (2004) del que nunca emitió recomendación. Fue responsable de indagar sobre las muertas de Juárez y las torturas a los globalifóbicos en la Cumbre de Guadalajara (2004), pero en ninguno de ellos hubo recomendación alguna para sancionar autoridades. Se limitó a hacer un informe especial. Tuvo a su cargo el informe de la guardería ABC, de Sonora, que no reveló mucho más de lo que ya había indagado el IMSS.
En cuanto a la investigación sobre las desapariciones políticas, la senadora Rosario Ibarra, dirigente del movimiento de madres de desaparecidos, opina que “no hizo nada”.
En los cinco meses que Plascencia lleva en el cargo ha superado hasta las peores expectativas.
Para la abogada Jacqueline Sáenz, del área jurídica del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), Plascencia ha mantenido una postura “tibia” frente los abusos militares y prácticamente desapareció en la discusión sobre el retiro del fuero para que los miembros del Ejército que cometan violaciones a las garantías ciudadanas sean juzgados en tribunales civiles.
Sobre la actuación de la comisión en los casos de Bryan y Martín Almanza y de los estudiantes del Tec, opina: “Ha sido poco expedito, poco diligente; la PGR ya se pronunció respecto a los peritajes, y aunque la CNDH debería ir a la cabeza de las investigaciones, emitiendo recomendaciones y vigilando su cumplimiento, nada más anunció que iba a investigar, mostrando falta de posicionamiento, de liderazgo o consolidación y de debilidad ante una institución como la Sedena”.
Sáenz dice que es preocupante que la Comisión muestre rezago en temas que han saltado a la luz pública y tienen los reflectores encima, y se cuestiona cómo estará actuando ante los “muchísimos casos que se dan en todo México, en las comunidades rurales” pero no son famosos.
Cifras disparesEl Centro Prodh tiene otra diferencia con el ómbudsman, quien declaró que las violaciones a los derechos humanos por parte de militares crecieron, en un año, “300 o 400%”, sin precisar la cifra y aunque luego rectificó y dijo que era 500%, las sumas del Prodh –con base en datos de la CNDH– arrojan que en lo que va del sexenio y hasta marzo de 2010 hubo tres mil 430 quejas contra el Ejército (fueron mil 791 en 2009), por lo que el incremento es de “casi 1000%”.
Para quien fue ómbudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, “las grandes ausentes” en este contexto de masivas violaciones a los derechos humanos en todo el país son la CNDH y las comisiones respectivas de cada estado, junto con las procuradurías federal y estatales.
“José Luis Soberanes era criticado de poco sentido de oportunidad, pero Plascencia tiene todavía un perfil más bajo, una actitud casi silenciosa, muy reactiva, que no contribuye a la defensa de los ciudadanos y de las víctimas ni cumple sus mandatos legales. Deberían darnos con oportunidad las investigaciones sobre los hechos, ya tendrían que habernos dado información de lo de Monterrey”, critica el sociólogo.
Álvarez Icaza, quien al igual que Pedroza compitió por la presidencia de la CNDH, dijo que los senadores, al elegir a Plascencia, no se comportaron como estadistas, sino como contratistas, por hacer prevalecer relaciones y pagos de favores por encima de los intereses del Estado.
Rosario Ibarra, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, considera que la CNDH ha empeorado por la aparente inacción, mantiene un silencio cómplice con el gobierno y una “inercia torpe”.
“Ha tenido un silencio cómplice. ¡Caray! ¿Qué han dicho de estos casos? ¿Para qué sirven las visitadurías, qué hacen? ¿En qué gastan tanto dinero? (...) Han mantenido un silencio que se antoja de complicidad o, cuando menos, de sumisión terrible, acomodaticio por alguna razón. No sé si para elegirlo la condición era no tocar al Ejército”, dice.
La legisladora recuerda que desde antes de la elección ya se mencionaba a Plascencia como uno de los “elegidos”, y que la votación aplastante confirmó que había un acuerdo entre las cúpulas del PRI y del PAN para mantener la continuidad en la comisión.
Para Pedroza, la CNDH debería trabajar conjuntamente con la Sedena y marcarle los puntos que tienen que cambiar y acompañarla en su proceso de cambio.
“La actuación de la CNDH ya no es la adecuada: no basta emitir recomendaciones cuando el número de casos se ha elevado tanto. Cuando las violaciones a los derechos humanos son reiteradas se necesitan informes especiales, recomendaciones especiales para prevenir que sigan ocurriendo los excesos en asuntos como los retenes, los operativos, los cateos, y emitir periódicamente informes a la opinión pública”, dijo Pedroza, quien en su tiempo en la CNDH tuvo a su cargo investigaciones como la polémica muerte de la indígena Ernestina Ascencio, las violaciones masivas del Ejército en tres municipios michoacanos y los asesinatos de la familia Galaviz y de unos jóvenes de Santiago de los Caballeros, Sinaloa. Agrega:
“Todos los días escuchas lo mismo: heridos en un retén, en otro retén, cateos de domicilios sin orden judicial, sustracción de objetos, uso excesivo de la fuerza. Son tan reiteradas que se necesita una recomendación general que serviría a los legisladores para que legislen sobre esos temas, y la CNDH nutriría esas iniciativas con datos, resúmenes de hechos, patrones, propuestas y seguimiento.”
La también investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM señala que Plascencia fue elegido porque “es una personalidad menos incómoda”. Y, al parecer, está siendo fiel a su personalidad.
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