Mientras los medios centraron su atención en el rescate de los trabajadores atrapados en la mina San José, el Senado de Chile aprobó una ley que impide hasta 2023 el aumento de impuestos para las grandes empresas mineras, a pesar de que tuvieron ganancias de 60 mil millones de dólares en los últimos tres años, incumplen las normas de seguridad y violan derechos laborales. Eso sí, el presidente Piñera se benefició del rescate: su popularidad creció.ATACAMA, CHILE., 18 de octubre (Proceso).- “Como a las 10:30 de ese 22 de agosto un rescatista que apoyaba los trabajos de sondaje (introducción de sondas a la mina) pudo ver el papel escrito por los mineros en el que decía que los 33 estaban vivos.
Bajó corriendo (al campamento) a contarle a los familiares. Gritaba como un loco: ‘Están vivos, están todos vivos’. Ahí estallaron gritos de júbilo, empezaron todos a llorar, a abrazarse, algunos se tiraron al suelo a rezar… fue muy emocionante”.
El relato es de Berta Manrique, viuda del histórico líder minero Alamiro Guzmán. Luego de 17 días de permanecer incomunicados en el fondo de la mina San José –el derrumbe que los dejó encerrados ocurrió el 5 de agosto–, los mineros avisaban que estaban vivos.
Berta Manrique dice que la enorme alegría que sintieron se truncó pronto porque ninguna autoridad confirmaba o desmentía la noticia… había que esperar a que el presidente Sebastián Piñera diera la información, lo que ocurrió tres horas después de que en el campamento se supiera que los mineros habían sobrevivido.
Fuentes consultadas por Proceso aseguran que a las 7 de la mañana de ese 22 de agosto el equipo de rescate tenía la certeza de que los mineros vivían. Ellos habían pintado una raya roja en el martillo de la sonda introducida a la mina.
El manejo de Piñera
Ese domingo Piñera se desayunó con la noticia de que su suegro, Eduardo Morel –enfermo de cáncer– había muerto. Aun así fue a la mina San José en el desierto de Atacama, unos mil kilómetros al norte de Santiago.
Ahí sacó de su bolsillo el mensaje: “Estamos bien en el refugio los 33”. Ese pedazo de papel se volvió desde entonces un fetiche. Piñera lo lleva consigo y lo muestra a la menor provocación, como el pasado 24 de septiembre, cuando se entrevistó con el gobernador de California Arnold Schwarzenegger.
Es tanto el protagonismo del presidente chileno que lo han criticado incluso desde su partido, la Unión Demócrata Independiente (UDI). El 26 de septiembre en el programa de TVN Estado Nacional, el senador de la UDI Pablo Longueira afirmó que “el gran problema del gobierno de Sebastián Piñera es que es de Sebastián Piñera”.
Agregó: “No he escuchado nunca a un ministro ni al presidente hablar de la Alianza por Chile”, en referencia a la coalición de la UDI y Renovación Nacional (RN) que llevó a Piñera a la presidencia.
El lunes 4, en una entrevista con la Asociación de Radiodifusores de Chile el mandatario exhibió su protagonismo: “Espero poder rescatarlos (a los mineros) antes de partir a Europa porque para mí es muy importante compartir ese momento no solamente con los 33 mineros, con los cuales he conversado muchas veces, sino también con sus familiares”.
Piñera viajará a Europa del 17 al 22 de octubre por lo que –según trabajadores de la mina San José– pidió al ingeniero Andrés Sougarret, jefe del equipo de rescate, no recubrir el túnel de 623 metros por el que sacarían a los mineros; pretendía acortar los tiempos.
Sougarret –considerado máximo experto mundial en minas subterráneas– explicó al presidente que eso era muy riesgoso por la fragilidad del ducto en su parte más baja ya que a esa profundidad el subsuelo es arenoso. Al final se optó por recubrir sólo los últimos 100 metros.
El rescate se logró antes de que Piñera se fuera a Europa gracias a que la perforadora T130 de la empresa Geotec (del ministro de Defensa Jaime Ravinet) avanzó más rápido de lo previsto. Además, el gobierno le dio a Sougarret todo lo que pidió. Por ejemplo para operar la perforadora T-130 trajo a los expertos Jeff Hart y Matt Staffel, que estaban en Afganistán perforando pozos de agua para las tropas de Estados Unidos.
Hasta el miércoles 13 el costo del rescate era secreto, pero los réditos políticos para Piñera ya son evidentes. Según una encuesta del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC) divulgada el 7 de septiembre, en dos meses la popularidad del mandatario pasó de 54 a 57% y el grupo de personas que cree que su gobierno es de los empresarios bajó de 54 a 42%.
Más aún: el rescate de los mineros colocó como posible presidenciable de la Alianza por Chile al ministro de Minería, Laurence Golborne cuya gestión obtuvo 87% de aprobación, cifra inédita desde que el CERC hace estas mediciones, hace 20 años.
Camuflaje
La cobertura del rescate copó la agenda informativa en Chile: el lunes 11 el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) reveló que 79% de los chilenos cree que los medios aprovecharon la imagen de los mineros para aumentar las ventas o el rating.
Al mismo tiempo restaron importancia a otros hechos noticiosos. Uno de ellos pasó casi inadvertido: el gobierno presentó una iniciativa de ley que renueva la invariabilidad tributaria a las empresas mineras hasta 2023. Esto significa que hasta esa fecha el gobierno no podrá aumentar a estas compañías las tasas impositivas, que de por sí están entre las más bajas del mundo.
El proyecto de ley se presentó el pasado 1 de septiembre pero el Senado lo aprobó el martes 12, cuando se inició el rescate de los mineros; 43 senadores votaron a favor de la iniciativa, uno en contra y tres se abstuvieron. Ahora sólo un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional detendría su entrada en vigor.
La invariabilidad tributaria no es nueva. En 2005 –durante el gobierno del socialista Ricardo Lagos– las empresas mineras recibieron este beneficio cuyo plazo vence en 2017. La iniciativa aprobada por el Senado lo prorroga seis años.
Según Hugo Fazio, economista del Centro de Estudios Nacionales del Desarrollo, con esta ley “Chile renunciaría durante un largo periodo a una política soberana en relación con la mayor riqueza natural con la que cuenta”.
Explica que esta ley “amarra las manos a varios futuros gobiernos” en relación con los impuestos a las mineras, al mismo tiempo que “proporciona a los consorcios privados un punto de apoyo para cuestionar cualquier resolución soberana que en ese lapso pueda adoptarse”.
Según un informe elaborado en 2004 por la Comisión Especial Encargada del Estudio de la Tributación de las Empresas Mineras, 45 de las 47 grandes compañías del ramo que operan en Chile no pagan impuestos pues declaran pérdidas.
Esto es relevante si se considera que Chile es el mayor productor mundial de cobre y que en los últimos tres años las mineras –la mayoría de ellas extranjeras– han obtenido ganancias de más de 60 mil millones de dólares.
Explotación laboral
A pesar de sus abultadas ganancias las grandes empresas no trabajan en condiciones de seguridad ni respetan los derechos laborales.
Daniel Sanderson, uno de los 300 mineros que trabajaban en San José dice a este semanario que las compañías “sacan todo el mineral y se dan el lujo de no dejar un peso en la región (de Atacama)”.
Afirma: “Hacen cagar la salud de los trabajadores, te pagan un salario miserable (…) Arriba, en la mina Candelaria (propiedad de la estadunidense Phelps Dodge) el que más gana recibe 500 mil pesos (mil dólares) por trabajos supersacrificados en los que se arriesga la vida”.
Añade que en San José él ganaba 500 mil pesos “pero me estaban pagando mi vida”. Explica: “Era tanta la contaminación que había dentro de la mina que cuando yo tosía y escupía la saliva salía como una pasta de zapatos, negra”.
Dice que los fiscalizadores del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) responsables de verificar las condiciones laborales de las minas, “están todos coimeados (sobornados)” por las empresas. “De hecho, cuando fue el accidente del Gino Cortés (minero que perdió una pierna en esta mina en julio pasado) nadie hizo nada. Subían los fiscalizadores y pasaban directo a las oficinas de los jefes, recibían su pago y se iban. Nunca entraban a la mina a fiscalizar las condiciones laborales”.
Sanderson asegura que ese era el momento de cerrar la mina.
Expresa su rabia: “San José era una mierda. La plata se la llevaban los puros jefes y no invertían nada en uno”.
Añade: “Si uno pedía un par de filtros de trompa (mascarillas para purificar el aire) te decían: ‘No hay’, ‘espérate hasta la otra semana’. Yo tenía que andar comprando con mi plata los filtros en la feria de las pulgas, hasta que me aburrí y dejé de usarlos. Era tanto el calor y la tierra que ya todo te llegaba a dar lo mismo. Las condiciones de la mina eran pésimas. Había cuatro ventiladores y cuatro perforadores jumbo” para extraer los minerales de esta mina que tiene forma de espiral. “¿Qué es lo que hacían los jefes de turno? Apagaban los ventiladores para encender los perforadores, porque si hacían funcionar todo al mismo tiempo se caía el sistema eléctrico. Preferían parar la ventilación a parar la producción”.
Recuerda que hace un año se incendió un camión dentro de la mina –“casi mueren 17 compañeros”– y que la compañía ocultó el accidente, como ha ocultado muchos otros.
Desde que se supo que los 33 mineros que estaban atrapados seguían vivos, el Sernageomin aumentó las labores de fiscalización pero básicamente en la pequeña minería. Según Jorge Pavlevic, presidente de la Asociación Minera del Taltal, el organismo ha clausurado desde entonces 18 minas en la región de Antofagasta. En esa región 70% de las minas pequeñas tiene aviso de cierre. En Atacama ocurre algo similar.
En entrevista con Proceso, el presidente del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, Julián Alcayaga sostiene que la tasa de accidentes en las grandes minas ha crecido en las últimas dos décadas y agrega que ni el gobierno ni las compañías dan a conocer las cifras. Y señala una de las razones del aumento de accidentes: “Ahora existen turnos de 12 horas siendo que hace 40 años sólo se permitían turnos de ocho”.
Alcayaga dice que el gobierno se aprovecha de la crisis de San José para lanzar una “persecución contra la pequeña minería”. Su objetivo: “Entregar los yacimientos donde ésta opera a las grandes empresas mineras”, afirma.
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