La hermana incómoda de Calderón

Luisa María Calderón, la hermana del presidente.

Álvaro Delgado

MÉXICO, D.F., 17 de enero (apro).- En la placenta del gobierno de su hermano Felipe, que es nutriente de abundantes recursos --como las decenas de militares armados al servicio de su campaña--, se incuba el embrión de la candidatura de Luisa María Calderón a gobernadora de Michoacán, quien juró no participar en política en este sexenio para no ser la “hermana incómoda” que ya es.

Desde que regresó de Europa, en 2008, Luisa María Calderón, alias Cocoa, se hizo nombrar responsable de elecciones del Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán, para usarlo de plataforma de su candidatura a gobernadora, y como una virreina dispone desde entonces de todos los recursos federales, incluidos los funcionarios federales en calidad de sirvientes, para conseguirla.

Y hay que tener memoria: El 7 de diciembre de 2006, en una conferencia que impartió en Veracruz tras inaugurar las oficinas municipales del PAN en Xalapa, y que representó su último acto público antes de irse de “hippie” a España, hizo público su compromiso y el de su familia de no participar en política durante todo el sexenio para no ser tildados de “hermanos incómodos” por traficar con el poder presidencial.

“El presidente es uno solo y acordamos que estaríamos fuera del espacio político y público”, declaró Cocoa, y reveló que los hermanos Calderón Hinojosa hicieron ese pacto desde 2003, cuando Felipe decidió buscar la candidatura presidencial, en el contexto del escándalo de los hijos de Marta Sahagún, la mujer de Vicente Fox.

“El hoy presidente --añadió-- estaba pensando y trabajando en su proyecto como precandidato. Platicamos de este daño que estaba pasándole al presidente (Fox) y de que el Poder Ejecutivo es de una sola persona, y entonces acordamos los hermanos que estaríamos fuera del espacio político y público”.
Pero la incongruencia no es sólo de ella, sino del propio Felipe Calderón, quien no únicamente solapa el activismo de su hermana --que de suyo es tan repugnante como el propósito del gobernador con licencia Humberto Moreira, presidente electo priista, de dejar en la gubernatura de Coahuila a su hermano Rubén--, sino que se diseña desde el gobierno la estrategia para entronizarla.

Y no es sólo incongruencia, sino cinismo, porque a Felipe Calderón le parecía “muy sucio” el nepotismo en el sexenio de Fox por alentar las ambiciones presidenciales de Marta Sahagún y encubrir los negocios de los hijos de ésta, tal como está ocurriendo ahora con el propio clan michoacano.

En la edición 1702, correspondiente a noviembre de 2006, el semanario Zeta de Tijuana publicó una entrevista con Luisa María en la que citó a su hermano sobre el pacto entre hermanos de 2003:

“Estábamos delineando el camino a la presidencia y estaba en su auge el tema de Martha, porque ella quería ser presidenta. Entonces Felipe dijo: ‘Oigan, está como muy sucio el tema del nepotismo, a mí me gustaría que estuviéramos claros que si voy yo, ustedes no van a ningún lado.”

Dos meses antes, el 24 de septiembre de 2006, en el diario Reforma, Cocoa dio más detalles de ese pacto mediante el cual los hermanos Calderón decidieron apartarse de la esfera pública durante el sexenio. “Si yo voy a la presidencia, ¿tú qué onda?”, le preguntó Felipe a Luisa María, quien le respondió: “Si tú vas a la Presidencia, yo estoy fuera”.

A su vez, Juan Luis Calderón, otro hermano de Felipe dedicado a la política, declaró: “En términos personales estaremos ocupándonos, primero, de no influir de ninguna manera, de no tener nunca el mote de hermanos incómodos.”

Juan Luis, en efecto, ha sido muy discreto en su participación en la política y se ha dedicado sobre todo a los negocios --negocios, no tonterías, en materia de obras hidráulicas--, pero Luisa María está encaprichada en ser gobernadora de Michoacán, con la complicidad plena de su hermano desde Los Pinos.

Hay quienes dicen que los Calderón, ante el repudio de la candidatura de Cocoa, recapacitarán, que puede caber pudor. No, están encaprichados.

Por eso la “cabeza” ideada por los editores del semanario Proceso para el reportaje sobre este asunto, en el que el senador panista Marko Cortés censura la incongruencia de la familia Calderón, es precisa: “Cocoa, el otro michoacanazo”.

Pero, igual que el embate contra autoridades del estado, se perfila el fracaso. Porque, salvo la presidencia del PAN, Felipe Calderón nunca ha ganado nada...

Apuntes

Sólo la arrogancia y la estupidez pueden atribuir a la campaña “No más sangre” la censura al gobierno a combatir a los criminales, como es su obligación. No, sólo se le exige que lo haga de manera eficaz y sin incurrir en el asesinato de inocentes, incluidos niños, como justifican voces como las del porro Javier Lozano, el expriista que ahora habla de “mover almas”… Del mismo talante es su amiga Mariana Gómez del Campo, que agrede con telefonemas a deshoras en domicilios particulares para anunciar su informe de labores en su infecunda gestión como diputada local, igual como lo hizo en su campaña César Nava, el corrupto expresidente del PAN... Joaquín El Chapo Guzmán festeja una década de haberse fugado del penal de Puente Grande y ser el capo del panismo...

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

Monterrey, el vuelco

Ciudad acosada.

Jesús Cantú

MÉXICO, D.F., 17 de enero.- En 1999, la revista Fortune designó a Monterrey como la ciudad latinoamericana más atractiva para hacer negocios; en 2002, en vísperas de la visita del presidente estadunidense, The New York Times la catalogó como modelo; en 2005, la revista América Economía la ubicó como la urbe más segura, y todavía en 2007 quedó posicionada como la tercera mejor ciudad para hacer negocios en América Latina.

Apenas en marzo de 2001, el entonces gobernador del estado, Fernando Canales, declaró: “A mí el narco me hace los mandados”. Y en 2008, Luis Carlos Treviño Berchelmann, entonces procurador general de Justicia, y Aldo Fasci, a la sazón secretario de Seguridad Pública, le respondían a un enviado de un diario texano que Nuevo León estaba blindado, que jamás padecería la inseguridad y el clima de violencia que se vivían en Tamaulipas.

Todo eso se derrumbó en muy pocos meses, particularmente en 2010: En un informe, la Secretaría de la Defensa Nacional –según difundió en noviembre el diario regiomontano El Norte– identificó a Monterrey y a otros ocho municipios del estado entre los 19 de mayor riesgo para los militares (los otros 10 se encuentran en Tamaulipas). El hecho es que en esos 19 municipios las fuerzas castrenses recibieron 91 de los 128 ataques que sufrieron de enero a octubre de 2010.

En 2010, conforme a los datos de la Procuraduría de Justicia estatal, se cometieron 828 homicidios dolosos. El vocero estatal en materia de seguridad, Jorge Domene, declaró que 361 de ellos estuvieron vinculados a las luchas entre los distintos grupos del crimen organizado y que en los enfrentamientos habrían muerto 30 personas inocentes. Una estadística dada a conocer por El Norte estableció que en los tres años previos (de 2007 a 2009) se habrían cometido 813 homicidios, es decir, que el promedio anual durante ese trienio fue de 271 homicidios, mientras que en 2010 ese número se triplicó.

El vuelco es dramático, y eso se percibe en la ciudad. La vida nocturna ha disminuido notablemente. Zonas completas –como el denominado Barrio Antiguo, equivalente al centro histórico en otras ciudades– están desoladas, lo que contrasta con el continuo e intenso ajetreo que se observaba hace apenas unos meses, en los que la vida no se detenía un minuto del jueves por la noche al domingo por la mañana.

El 11 de abril de 2010, el rector del Sistema Tecnológico de Monterrey, Rafael Rangel Sostman, aventuraba algunas explicaciones a la comunidad congregada en el Estadio Tecnológico tras el asesinato de los dos estudiantes que cayeron abatidos dentro de las mismas instalaciones universitarias. Decía que Monterrey, como muchas otras ciudades a nivel mundial, había “logrado su desarrollo con base en valores y principios tales como el respeto a las personas y a los derechos humanos, la cultura del esfuerzo y la honestidad, la justicia, la integridad, la equidad, la cultura del trabajo y el ahorro, la superación de la persona a través de la educación, y la educación como camino para crecer y desarrollar una sociedad más equitativa, solidaria y democrática.

“Pero –contrastaba– hoy nos encontramos ante una sociedad en que, lamentablemente, se promueven y viven valores muy distintos a los anteriores: consideramos el éxito individual como única meta en la vida, queremos lograr nuestros objetivos a través del mínimo esfuerzo, tenemos los hábitos del dispendio y del consumismo, buscamos la riqueza como único fin, vemos la educación como vehícu lo para satisfacer exclusivamente necesidades personales, como lograr mayores ingresos monetarios.”

Y puntualizaba: “Nos hemos vuelto ciegos, sordos e indiferentes ante la pobreza, la injusticia, la falta de oportunidades, la desigualdad y el desempleo, y vemos todas estas anomalías como algo natural y normal en nuestra sociedad: nos hemos puesto un velo en los ojos”.

La autocrítica también pasó por las universidades, al señalar que los esfuerzos se centraron en “preparar a nuestros alumnos exclusivamente para que tengan una alta empleabilidad con fines monetarios y de éxito profesional, y muchas veces ni eso lo hacemos bien; pero lo más importante es que damos muy poca relevancia a nuestra misión de formar verdaderos ciudadanos que asuman su responsabilidad social y política para cambiar este país”.

Para concluir: “En otras palabras, la inseguridad que padecemos es el resultado de que hemos degradado nuestros valores y principios, y hemos aceptado esta degradación como algo natural”.

Se puede coincidir o no con su diagnóstico, pero lo cierto es que la inseguridad que asuela a la ciudad se gestó en transformaciones que iniciaron desde hace varias décadas. A finales de los años sesenta y principios de los setenta, Monterrey –como muchas ciudades en el mundo– vivió las turbulencias marcadas por las protestas estudiantiles que exigían cambios drásticos (la autonomía de la universidad estatal y los incidentes en el Tecnológico de Monterrey) y por la insurgencia de la guerrilla urbana, que incluyó el intento de secuestro y homicidio del empresario Eugenio Garza Sada.

Pero el giro fue drástico en la década de los ochenta –coincidente con la llegada del neoliberalismo–, pues no sólo se sofocaron esos movimientos, sino que se impuso la homogeneidad en el pensamiento citadino: Las pocas voces discordantes presentes en los movimientos sindicales de Cristalería, Fundidora Monterrey, Gamesa y la Universidad Autónoma de Nuevo León, entre otros, o en algunas de las facultades de la misma casa de estudios, fueron silenciadas por muy diversas vías, incluso el cierre de algunos centros de trabajo, como fue el caso de Fundidora.

Los otrora orgullosos empresarios regiomontanos empezaron a recurrir a los favores gubernamentales (el préstamo de 12 mil millones de pesos de Banobras al grupo Alfa) para sobrevivir en la crisis económica, o a vender sus empresas a los grupos trasnacionales (la familia Santos vendió Gamesa, la galletera, al grupo Pepsico).

En paralelo, la ciudad empezó a modificar su mezcla de actividades productivas: tras haber sido predominantemente industrial, comenzó a albergar a los grandes corporativos financieros –los grupos empresariales regiomontanos adquirieron seis de los bancos privatizados en los años noventa– y los grandes edificios de oficinas iniciaron su proliferación para albergar a los ejecutivos de las nuevas empresas de servicios y comercio que se asentaban en la localidad.

La transformación llegó inclusive a los centros de esparcimiento. Hasta hace muy pocos años, Monterrey era reconocida como una urbe dedicada al trabajo; poco tiempo había allí para las diversiones, y hasta la primera mitad de la década de los ochenta escaseaban los lugares de esparcimiento. Hoy Nuevo León es la entidad mexicana con mayor cantidad de casinos y, según otra información divulgada en agosto del año pasado por El Norte, dicho crecimiento explosivo es muy similar al de los índices delictivos, pues si en 2004 había 10 casas de juegos, en 2007 ya eran 23 y en 2010 llegaron a 49. En números absolutos de casinos, el Distrito Federal le sigue con 42, y en términos de casinos per capita, Nuevo León ocupa el segundo lugar, únicamente superado por Baja California.

La inmigración, particularmente de los estados circunvecinos –Zacatecas y San Luis Potosí–, se incrementó para satisfacer la demanda de mano de obra de las empresas, que exhibían por doquier mantas y carteles que solicitaban operadores, despachadores, etcétera.

La inmigración también incluyó a las familias de los capos de la droga, que a mediados de los noventa empezaron a establecerse en la ciudad. Ellos huían de la violencia desatada por sus disputas en Sinaloa y Jalisco (el coche-bomba en el estacionamiento de un reputado hotel y el asesinato del cardenal Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara fueron dos de los episodios), pero además buscaban que sus hijos accedieran a buenos colegios y universidades. Particularmente los comercios regiomontanos se beneficiaron con su llegada, pues la derrama económica en la compra de bienes y servicios de inmediato se sintió. Quizá por ello la ciudad no padeció tan drásticamente la crisis del 95.

También aparecieron los primeros síntomas de la presencia de los capos: el 26 de febrero de 1995 detuvieron a Francisco Payán Quintero, tío de Rafael Caro Quintero, y el 14 de enero de 1996, a Juan García Ábrego, en una finca ubicada en el municipio conurbado de Juárez. Algunas balaceras sacudieron la apacible vida regiomontana, como la sucedida a mediados de 2000, cuando 10 sicarios irrumpieron en el Palenque de la Expo Guadalupe, en busca de los delatores de Gilberto García Mena, El June. Parecían hechos aislados y todavía controlados; los gobernantes los minimizaban.

Los empresarios regiomontanos, que tradicionalmente influían en las decisiones políticas a través del ejercicio de su poder económico, también decidieron incursionar activamente en la vida política estatal y nacional: primero ocuparon curules legislativas (como ejemplos: Alberto Santos y Benjamín Clariond, por el PRI, y Fernando Canales y Antonio Elosúa, por el PAN) y, posteriormente, puestos ejecutivos: Benjamín Clariond gobernó el estado de 1995 a 1997, y lo sucedió su primo Fernando Canales Clariond, de 1997 a 2003.

Y la desigualdad económica –esa que el entonces joven académico Jesús Puente Leyva mostró a través de un estudio realizado desde el Centro de Investigaciones Económicas de la Facultad de Economía de la UANL a principios de los setenta y que le costó su destierro de la ciudad– se ensanchó: conforme se enriquecían unos cuantos, otros muchos empobrecían; la ciudad mostraba dichos contrastes y nada o muy poco se hacía para enfrentar esas deficiencias estructurales.

Las primeras manifestaciones de los riesgos que tal fenómeno implicaba se materializaron en 2008, cuando encapuchados, contratados explícitamente para ello, bloquearon algunas de las principales avenidas de la ciudad y trastocaron el tráfico; hoy muchos jóvenes provenientes de esos barrios marginados manejan lujosas camionetas robadas y portan armas de grueso calibre.

Junto a estos cambios se mantuvieron algunas constantes: la corrupción e ineficacia policiacas y la impunidad que ha caracterizado al régimen mexicano.

Tal mezcla era letal y se conjugó con importantes modificaciones de los contex tos nacional e internacional: el cambio de estrategia de combate al narcotráfico en México, que condujo a la pulverización y enfrentamiento de los cárteles mexicanos –sobre todo del cártel del Golfo y Los Zetas, su otrora brazo armado, que aunque surgió en Tamaulipas, ya incluyó a Monterrey–; el cierre de las rutas marítimas de ingreso de droga a Estados Unidos, lo que desplazó su trasiego a los estados fronterizos mexicanos (no es ninguna casualidad que los seis estados mexicanos que conforman la frontera norte sean los que mayores índices de criminalidad presentan); y, desde luego, el empoderamiento de los cárteles mexicanos en la escena internacional.

En todo esto (y seguramente en algunos otros aspectos que escapan a este recuento) hay que hurgar para tratar de entender por qué Monterrey, otrora ciudad segura y apacible, es hoy un polvorín del que huyen los estudiantes nacionales y al que los ejecutivos extranjeros no quieren acudir.

Porfirio Muñoz Ledo, presentación del libro La vía radical para refundar la República

"Hay que actuar para lograr una renovación tajante de la vida pública", señala AMLO. Los grupos colaboracionistas de la izquierda han continuado negociaciones vergonzantes: Encinas

Porfirio Muñoz Ledo y Andrés Manuel López Obrador durante la presentación del libro La vía radical para refundar la República, del legislador petista.

Ciudad de México. Porfirio Muñoz Ledo abrió ayer un debate nacional contra los estragos de la globalización desigual y la concentración del ingreso, y sobre la necesidad de refundar la República y la organización de las izquierdas más allá de los procesos electorales, discusión en la que coincidieron ayer Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Encinas, Ifigenia Martínez y Lorenzo Meyer al presentar La vía radical para refundar la República, colección de artículos y ensayos de Muñoz Ledo.

Con esa obra se pretende dar cuenta de los acontecimientos en México y el mundo en los años recientes. Muñoz Ledo advirtió sobre la forma en la que el Estado actual linda con el caos en el tránsito de una tecnocracia aventurera hacia la cleptocracia mediocre, visión que compartieron los presentadores de la obra del legislador.

Frente a la realidad nacional que muestra las peores caras de la violencia, el autoritarismo, la falta de oportunidades y la cada vez más profunda desigualdad social, no hace falta teorizar mucho para darnos cuenta que hay que actuar para lograr una renovación tajante de la vida pública, advirtió en su turno Andrés Manuel López Obrador

Leer más en http://bit.ly/ezvZpi

Vídeos

Porfirio Muñoz Ledo presentación de su libro "La vía radical para refundar la República"

http://www.youtube.com/watch?v=luh13MDNOMU

Alejandro Encinas "La vía radical para refundar la República" Porfirio Muñoz

http://www.youtube.com/watch?v=ViU_4L8CJL0

Lorenzo Meyer "La vía radical para refundar la República" Porfirio Muñoz

http://www.youtube.com/watch?v=BD-3Ab7aHzk

Andrés Manuel López Obrador AMLO "La vía radical para refundar la República" Porfirio Muñoz

http://www.youtube.com/watch?v=-hY8eK1FYSM

Audio: Entrevista al Lic. Andrés M. López Obrador por el periodista Jorge Santa Cruz entrevista

ASÍ GOBIERNA EL PRI......Mexico tiene memoria

Recuerda Atenco
Recuerda Oaxaca
Recuerda Edo. de Mexico
Recuerda Hidalgo
Recuerda Puebla

Permitir una injusticia es dar paso a otras.

RECUERDA NO VOTAR POR EL PRI !

Atenco en el gobierno del PRI...

APPO en el gobierno del PRI...

Atenco en el gobierno del PRI...

APPO en el gobierno del PRI...

Hidalgo en el gobierno del PRI...

Puebla en el gobierno del PRI...

Puebla en el gobierno del PRI...

Atenco en el gobierno del PRI...

José Martí: La idea del bien

Por Carlos Rodríguez Almaguer.

Los que participábamos en la clausura de la primera Conferencia Internacional José Martí: Por el equilibrio del mundo, aquel 29 de enero de 2003 en el Palacio de las Convenciones de La Habana, recordaremos siempre la pregunta con que Fidel comenzó su discurso: “¿Qué significa Martí para los cubanos?” Y recordaremos aún más la respuesta que, luego de analizar un párrafo del texto martiano El presidio político en Cuba, sobre la existencia de dios en la idea del bien y la lágrima como fuente de sentimiento eterno, dio el Comandante a su propia pregunta: “Para nosotros los cubanos, José Martí es la idea del bien que él describió”.

Conocida es para todos la máxima legada por el Maestro en su artículo Maestros Ambulantes, publicado en Guatemala, donde nos dice que “Ser culto es el único modo de ser libre”, pero no siempre recordamos la oración anterior que constituye otra máxima de vida y en la cual nos revela que “Ser bueno es el único modo de ser dichoso”. Profundizar en el estudio y significación de estas dos verdades esenciales, más allá de una repetición cómoda y superficial que termina por convertir cualquier evangelio en mera consigna, bastaría para contribuir de manera eficaz a la formación de mejores seres humanos. Y en esto es bueno dejar sentado que cuando nos referimos a esa formación no estamos hablando solamente de las nuevas generaciones, sino de todos los hombres y mujeres que vivimos estos tiempos que él mismo llamaría “de reenquiciamiento y remolde”, porque a fuerza de destruir el medioambiente, de fabricar bombas y armas de destrucción cada vez más sofisticados y de ensayar a escala universal la enajenación de los hombres hasta hacerlos besar y bendecir la daga que los degüella, no le va quedando mucho tiempo de rectificación a nuestra desdichada especie.

Que cualquier idea por elevada y noble que sea tendrá en la práctica únicamente el valor que sean capaces de darle, en sentimientos, palabras y hechos, aquellos que dicen defenderla, no hace falta repetirlo; que ninguna doctrina política, filosófica, ideológica o religiosa sobrevive en la práctica social más allá del punto en que sus sacerdotes le deshonran el templo, es una verdad vieja; que a la patria se le honra tanto con la vida pública como con la privada, es algo conocido; que cualquier obra de amor, como lo ha sido la Revolución martiana de 1959, ha tenido siempre muchos enemigos, no es tampoco nuevo; y que los hombres somos el resultado de nosotros mismos, también lo conocemos.

Cuba tiene, en sus poco más de dos siglos de forja de la nación, una cantidad enorme de paradigmas, en proporción, no solo al tiempo histórico, sino también a su espacio geográfico. Nadie podrá negar que, desde los inicios, fue el seguir a determinados paradigmas universales, continentales o regionales, lo que inspiró a nuestros padres fundadores en su labor primigenia. Luego, cuando con sus sacrificios en los cadalsos, en las prisiones y en los destierros, los hombres de pluma y de palabra se fueron convirtiendo ellos mismos, acaso sin saberlo ni pretenderlo, en los primeros paradigmas de la incipiente cubanía, entonces comenzamos a nacer como pueblo y como nación, pues ellos se habían puesto de semillas para que germinara el sentimiento que daría “luego a los generales ejércitos para sus batallas”.

El referente histórico se convirtió para José Martí en arma principal de toda su actividad política, ideológica y sociocultural. Poniendo por delante el reflejo de las mejores vidas de aquellos que veían más allá de donde alcanzaba su bolsillo y veían los intereses de la patria; de esos que, puestos de pie sobre el yugo miserable de la ignominia, colocaban en su frente honrada la estrella “que lumina y mata”, Martí se convierte en Apóstol no solo de la independencia de Cuba, sino de aquella a la que él mismo llamó República Moral, donde cada hombre defendiera como cosa sagrada, “como de honor de familia”, la dignidad y el decoro de cada cubano, y donde nadie permitiera nunca que se ultrajara, ni en los demás ni en sí, a la tierra sagrada donde se vino al mundo.

Cada conmemoración del 10 de octubre, cada artículo de prensa, cada carta a compañeros de lucha, a amigos íntimos, a familiares, iría permeada de aquella idea encarnada en él de que la dignidad, el honor y la grandeza de la patria solo podría hacerse visible a través de la actitud cotidiana de sus hijos. Así, en respuesta al menosprecio y la ofensa lanzada contra los cubanos por la prensa yanqui, traza en su artículo Vindicación de Cuba, a partir de unos cuantos nombres de cubanos ilustres, el deber ser de un pueblo que apenas si existía en la diáspora de las emigraciones, donde el ejercicio de la libertad le permitía al cubano el despliegue de sus poderosas facultades, pues la otra parte, era llaga adolorida que padecía bajo la bota colonial de España, y cuyos mejores hijos morían asesinados o tuberculosos en las prisiones africanas.

Martí, como haría Fidel un siglo después, no solo nos enseñó el pueblo que éramos, sino que nos dibujó en el horizonte el pueblo que debíamos y podíamos llegar a ser, aún cuando tanto ellos como nosotros sabemos por la historia que nunca han logrado los pueblos empinarse hasta el punto que les ha sido trazado por sus hombres magnos, pero nadie se atrevería a negar que cuanto han crecido lo deben al empeño colectivo puesto en querer alcanzar esos pináculos. Ese horizonte, en tanto utopía, sirve sobre todo—como dijera un sabio americano—para eso, para caminar. Cómo si no, explicaríamos el milagro de que un pequeño país como Cuba, insular, con mínimos recursos naturales, sobre la base material de una economía renqueante por diversos motivos, entre ellos ese odioso monumento a la impotencia imperial que es lo que resultan al cabo el bloqueo y la guerra económica yanqui, pudiera alcanzar en el brevísimo plazo de cincuenta años, con hechos y realizaciones concretas, los beneficios que ha alcanzado la Revolución para los cubanos y para los pobres del mundo con quienes echó su suerte.

Cómo explicar la conducta de nuestros combatientes en África, de nuestros maestros en Nicaragua, Bolivia, Venezuela, Ecuador; de nuestros médicos en medio mundo, sobre todo en aquellos lugares donde la filantropía de otros demuestra su inferioridad con respecto a la solidaridad promovida desde siempre por la Cuba Martiana, como está ocurriendo ahora mismo en el combate a muerte entre el humanismo más puro y la epidemia más terrible que se libra en las dolorosas tierras haitianas.

A ese Martí Maestro, vivo y vivificador, es al que debemos buscar y enseñar los que queremos a Cuba, a América y a la Humanidad, para que nos sirva de alimento al alma y de sostén al cuerpo en estos tiempos tristes y definitivos donde resalta por contraste terrible aquella verdad tremenda contra la cual cada uno deberá medir sus actos: “En la arena de la vida luchan encarnizadamente el bien y el mal. Hay en el hombre cantidad de bien suficiente para vencer: ¡Vergüenza y baldón para el vencido!”

Contra la cultura de la complicidad, dondequiera que aflore

Por Guillermo Castro H.

El 8 de enero pasado, en Tucson, Arizona, Jared Loughner, un joven desquiciado, disparó en un acto público contra la congresista demócrata Gabrielle Gifford, la cual resultó herida de gravedad, al tiempo que otras seis personas fueron asesinadas. Los motivos del homicida, arrestado de inmediato por las autoridades, parecen estar vinculados a su desequilibrio mental. Aun así, el hecho de que el atentado ocurriera en momentos en que los Estados Unidos enfrentan una severa crisis económica y una escalada en la agresividad política de los sectores más conservadores de esa sociedad, mueve a reflexión –una vez más– sobre el papel de la violencia en la historia de ese país.

Al respecto, diversos comentaristas de medios de prensa de norteamericanos han hecho referencia al asesinato del Presidente James Garfield en 1881, precedido en 1865 por el de Abraham Lincoln y seguido por los de William McKinley en 1901 y John F. Kennedy en 1963. En todos los casos, los homicidas -John W. Booth, Charles Guiteau, León Czogolz, Lee H. Oswald y el propio Lougher- resultaron ser individuos perturbados, de oscuro origen social y sin filiaciones políticas claras, que parecían haber actuado por propia iniciativa.

Desde una perspectiva latinoamericana, la reflexión sobre estos hechos puede y debe ser enriquecida con el aporte de los numerosos artículos que el escritor cubano José Martí –por entonces exilado en Nueva York, donde era corresponsal del periódico La Opinión Nacional, de Caracas– dedicara a la muerte de Garfield y al juicio y ejecución de su asesino, entre septiembre de 1881 y junio de 1882. Así, por ejemplo, hoy –cuando se discute si Jared Lougher mantenía vínculos con la extrema derecha conservadora, o simplemente se vio estimulado en su locura por el clima de confrontación política que ésta promueve-, conviene recordar lo que observara Martí sobre los motivos de Charles Guiteau para atentar contra el Presidente Garfield. Dijo entonces el cubano:

“Más ¿quién sabe cuántos empujan la mano que finalmente que al fin cae sobre la víctima? ¿quién sabe qué misteriosos y grandes cómplices tendrá este hombre, de cuya complicidad ni él mismo sospecha?¿Qué lazo singular ha venido a unir a un mismo tiempo el resultado de los insanos y desmesurados apetitos del asesino, y el interés de un partido político, que con la vida y actos de Garfield no tenía ya esperanza alguna de existencia?¿Qué sutil veneno no se habrá tal vez vertido por hábiles manos en el espíritu de este criminal, conocido y servidor de todos aquellos en quienes caería irremediablemente la herencia del poder, si muere Garfield? A tales abismos desciende el interés humano, - y había postrado en tierra la inusitada y brillante energía del nuevo Presidente tantos intereses; había arremetido, con tan noble vehemencia, contra los que, en su provecho y en el de su gloria, estaban en camino de deshonrar a su partido y a su patria; había levantado tan alta valla a ambiciones desmedidas, ilimitadas, criminales; había hecho saltar, como acero mal templado, planes e intrigas tan trascendentales y sombríos, - que si el ánimo generoso se aflige de dar cabida a una sospecha injusta, las lecciones históricas, los intereses en lucha, y el carácter y momento del suceso la hacen surgir y la autorizan.” [1]

De entonces data, también, la observación que hace Martí en un artículo posterior, donde relata lo siguiente:

“Un americano pregunta al Sun de Nueva York: - “Al señor editor del Sun.- Señor.- Este es un gran país, y sin embargo, es un hecho que dentro de los últimos 16 años dos Presidentes ha muerto asesinados; otro Presidente fue procesado; y a poco se le echa de su puesto; y otro Presidente ocupó su puesto por abominable fraude. ¿No es éste un interesante estado de cosas? ¿Qué viene ahora?”. [2]

El “¿Qué viene ahora?” del lector del New York Sun en 1881 sigue teniendo una preocupante vigencia. En los Estados Unidos -como en todas las sociedades desarrolladas al calor de las contradicciones y conflictos característicos del moderno sistema mundial-, la violencia ha desempeñado un papel en su vida política. Además de las víctimas de atentados individuales, por ejemplo, más de 600 mil norteamericanos perecieron en la Guerra Civil de 1860–1865, una cifra equivalente a las bajas combinadas de combatientes en todas las guerras con otros países en que se ha visto involucrado el Estado norteamericano.

Convendrá, una vez más, prestar atención a los llamados a la reflexión y la cordura que han hecho tanto el Presidente Obama como Fidel Castro, que en esto han coincidido por encima de las diferencias que los separan en otros múltiples terrenos. Lo ocurrido a la congresista Gifford –una demócrata liberal, comprometida con la reforma migratoria y la lucha a favor del ambiente en su país y en el mundo– ha sido, en efecto, un crimen atroz cometido en un clima de antagonismos exacerbados. Que haya o no complicidades de otros en el hecho es algo que corresponderá establecer a la justicia norteamericana. Para el mundo entero, sin embargo, como en primer lugar para los propios norteamericanos, resalta hoy el contraste entre una cultura política que favorece un clima de complicidades entre partidarios de la confrontación, y otra que favorece un clima de responsabilidad hacia las normas, los valores y las instituciones que garantizan la convivencia ciudadana en una circunstancia política tan compleja y difícil como la que enfrentan hoy los Estados Unidos.

Gabrielle Gifford ha sobrevivido al intento de asesinarla. Esperemos que eso anuncie, también, que sobrevive la disposición de quienes creen en los valores de la libertad, la democracia y el gobierno de todos para el bien de todos, para encarar y revertir la agresividad creciente de quienes no creen en esos valores y se esfuerzan cada día en erradicarlos de la vida política, allá, acá, y en todas partes de un mundo en crisis.

Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba:

Las medidas de EEUU son positivas, pero con alcance limitado

El 14 de enero del 2011, el Gobierno de los Estados Unidos anunció nuevas medidas sobre Cuba. Aunque habrá que esperar por la publicación de las regulaciones para conocer su verdadero significado, de acuerdo con la información preliminar dada a conocer por la Oficina de Prensa
de la Casa Blanca, las medidas consisten en:

- Autorizar los viajes de norteamericanos a Cuba con fines académicos, educacionales, culturales y religiosos.

- Permitir a ciudadanos norteamericanos enviar remesas a ciudadanos cubanos en cantidades limitadas.

- Autorizar a los aeropuertos internacionales de EE.UU. a solicitar permiso para operar vuelos charter directos a Cuba bajo determinadas condiciones.

La adopción de estas medidas es el resultado del esfuerzo de amplios sectores de la sociedad norteamericana que durante años han reclamado mayoritariamente el levantamiento del genocida bloqueo contra Cuba y la eliminación de la absurda prohibición de los viajes a nuestro país.

Es expresión también del reconocimiento del fracaso de la política de los Estados Unidos contra Cuba y de que busca nuevas vías para lograr sus objetivos históricos de dominación de nuestro pueblo.

Aunque las medidas son positivas, se quedan muy por debajo de esos justos reclamos, tienen un alcance muy limitado y no modifican la política contra Cuba.

El anuncio de la Casa Blanca se limita, en lo fundamental, a restablecer algunas de las disposiciones que estuvieron en vigor en la década del noventa bajo el gobierno del presidente Clinton y fueron eliminadas por George W. Bush a partir del 2003.

Las medidas solo benefician a determinadas categorías de norteamericanos y no restituyen el derecho a viajar a Cuba de todos los ciudadanos norteamericanos, que seguirán siendo los únicos en todo el mundo que no pueden visitar nuestro país libremente.

Estas medidas confirman que no hay voluntad para cambiar la política de bloqueo y desestabilización contra Cuba. Al anunciarlas, los funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos dejaron bien claro que el bloqueo se mantendrá intacto y que se proponen usar las nuevas medidas para fortalecer los instrumentos de subversión e injerencia en los asuntos internos de Cuba. Esto confirma la denuncia expuesta en la declaración del MINREX del 13 de enero pasado.

Cuba siempre ha favorecido los intercambios con el pueblo norteamericano, sus universidades, sus instituciones académicas, científicas y religiosas. Todos los obstáculos que entorpecen las
visitas de los estadounidenses a Cuba siempre han estado, y siguen estando hoy, del lado del gobierno de Estados Unidos.

Si existiera un interés real en ampliar y facilitar los contactos entre nuestros pueblos, Estados Unidos debería levantar el bloqueo y eliminar la prohibición que hace de Cuba el único país al que los norteamericanos no pueden viajar.

La Habana, 16 de enero del 2011

Ley de APP, la última apuesta de Calderón

En unas semanas, la Cámara de Diputados discutirá la ley más polémica de los últimos años: la de las Asociaciones Público Privadas, que, según especialistas, implica la privatización de todos los sectores y servicios públicos. La iniciativa –presentada por el Ejecutivo en octubre de 2009– representa la última carta de Felipe Calderón para capitalizar el respaldo del sector empresarial a favor del PAN en las próximas elecciones

Ana Lilia Pérez

Con miras a las próximas campañas presidenciales, Felipe Calderón se juega en el Congreso de la Unión su última carta para regresarle al Partido Acción Nacional (PAN) el apoyo del sector empresarial que el blanquiazul perdió en el desempeño de su gobierno: la Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP), que, en términos llanos, abre a la iniciativa privada todos los sectores, bienes y servicios que por mandato constitucional controla el Estado; de allí que el politólogo e historiador Arnaldo Córdova, investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), defina dicha ley como el “fin del Estado mexicano”.

La posibilidad de lucrativos negocios en áreas del sector salud, educación, seguridad pública y, sobre todo, energético llevó a las cámaras empresariales a replantear su respaldo a la continuidad del PAN en el gobierno federal, condicionado aún a la aprobación de la LAPP, que en octubre pasado fue avalada por el Senado de la República y está próxima a discutirse en la Cámara de Diputados.

Aunque los empresarios tampoco están de brazos cruzados, la cabildean en público y privado. Algunos, como el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Eduardo Correa, colocan en la agenda pública la “urgencia” de que la Cámara de Diputados ratifique la ley para su entrada en vigor.

En San Lázaro, la minuta actualmente se encuentra en comisiones, y se espera que sea una de las primeras en llevarse al pleno hacia febrero o marzo; sin embargo, algunos grupos parlamentarios, como el del Partido del Trabajo (PT), se preparan para combatirla “dada su agresividad sin precedente en contra de las atribuciones y potestades económicas del Estado”, dice la legisladora Ifigenia Martínez Hernández.

Una ley torcida

El 10 de noviembre de 2009, Felipe Calderón envió al Senado su proyecto para formalizar las asociaciones de la Administración Pública Federal (APF) con particulares para la prestación de todo tipo de obras y servicios, incluidos los prohibidos por la Constitución y no contemplados tampoco en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) ni en la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Sector Público (LAASP).

Asociaciones que en la práctica comenzaron a ejecutarse desde hace más de una década en sectores como el de comunicaciones y transportes con las concesiones y privatización carretera; el de salud, mediante la subrogación de infraestructura hospitalaria y servicios médicos en los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS).

En el sector energético, con los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo (Pidiregas), los Contratos de Servicios Múltiples (CSM), y, en el caso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), bajo el nombre ya de asociaciones público privadas, término que tampoco es novedoso, sino copia del modelo que inició Inglaterra a inicios de la década de 1990.

Que la iniciativa llegara al Senado y no a la Cámara de Diputados como correspondía, según las atribuciones de cada una, no fue casual, sino parte del cabildeo para asegurar su aprobación, revela el diputado priista César Augusto Santiago Ramírez, quien critica que en este sexenio el Senado se ha convertido en vía de aprobación de leyes a modo para Felipe Calderón.

De allí que “en los temas más delicados de la vida nacional, el presidente envíe sus iniciativas al Senado y no a la Cámara de Diputados, como corresponde de acuerdo con las atribuciones constitucionales de cada una”, refiere el político chiapaneco, que cuenta en su récord seis legislaturas federales y una local.

En efecto, pese a que en el pleno, senadores de distintos grupos parlamentarios –incluido el Partido Revolucionario Institucional (PRI)– definieron la ley como el proyecto más privatizador de los últimos 50 años, el pasado 12 de octubre la aprobaron con 85 votos a favor, ocho en contra y cero abstenciones.

De la política de Salinas a la ley de Calderón

En la historia de México, si por algo se distingue el sexenio de Carlos Salinas de Gortari es por la ola de privatizaciones de empresas estatales: monopolios privados, rescates multimillonarios y el correspondiente déficit en los ingresos. Pero ni entonces se planteó la idea de que los privados administraran áreas como la seguridad pública, incluidas las cárceles; el sector salud o las identificadas como de seguridad nacional, como si lo hace la LAPP de Felipe Calderón.

“Sólo falta que se proponga una Cámara de Diputados outsourcing o que se contraten outsourcing diputados”, critica el diputado Mario Di Costanzo.

La LAPP argumenta la imperiosa necesidad de que “la iniciativa privada se convierta en un proveedor de servicios de la APF, con la obligación de construir la infraestructura necesaria para la prestación de los mismos, asumiendo en forma equitativa los riesgos que represente la ejecución de los proyectos”.

La supuesta pretensión de “impulsar el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura, incentivar la inversión, atender necesidades sociales e impulsar el empleo y el crecimiento económico de manera más ágil”.

Su aprobación en el Senado implicó la reforma, adición y derogación de diversos artículos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; de la Ley de Expropiación; de la Ley General de Bienes Nacionales y del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Las malas prácticas: licitaciones dirigidas, adjudicaciones directas, contrataciones irregulares a cambio de comisiones, dádivas o sobornos son el pan de cada día en instancias como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la CFE, involucradas lo mismo grandes trasnacionales que las pequeñas compañías. Ahora, la LAPP legaliza este tipo de prácticas, alerta el diputado Mario Di Costanzo Armenta, secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Los bienes materia de expropiación podrán ser tasados por valuadores externos y no únicamente por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. Las escrituras tampoco requerirán del aval de la Secretaría de la Función Pública.

Sí contempla el sector energético

En noviembre, la minuta aprobada por el Senado llegó a San Lázaro. Desde la mesa directiva, se impuso un veto para que la Comisión de Energía no participara en su análisis y discusión, con el argumento de que, desde el Senado, se había excluido el sector energético de las APP. Ello azuzó la inquietud de revisar a detalle la minuta, explican a Contralínea legisladores integrantes de esa Comisión.

El análisis que de manera individual haría cada uno les develó que la ley que aprobó el Senado no tiene candados suficientes para blindar el sector energético –el más lucrativo del país– de este tipo de asociaciones, como se manejó oficialmente, denuncia Laura Itzel Castillo, secretaria de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

Ifigenia Martínez, exvicepresidenta de la mesa directiva del Senado, explica que, en la redacción “imprecisa”, está el truco para que la LAPP tenga posibilidad de ejecutarse “en cualquier materia”, principalmente en Pemex, y “para ello utiliza una redacción imprecisa encaminada a interpretarse como la posibilidad de participación de materia petrolera, similar a la utilizada para justificar la celebración de contratos de servicio público, ahora llamados incentivados”.

La redacción de la ley que el Senado aprobó encendió la alerta en San Lázaro. “Es imposible de aprobar esta ley si tiene resquicio para su aplicación en materia energética, es imposible de aprobarla en esa materia. Definitivamente no, allí no se puede y punto”, suelta tajante César Augusto Santiago, quien fungió como director general adjunto de Pemex en el sexenio de Ernesto Zedillo.

Cabildeos oscuros

El proceso legislativo que ha tenido la LAPP está lleno de claroscuros. Cuando entró a San Lázaro, por ejemplo, la Junta de Coordinación Política “informó” a los coordinadores del interés de que se aprobara antes del 15 de diciembre, es decir se buscó que entrara como una de tantas leyes y dictámenes que en cascada se validaron previo a la tregua navideña.

Sin embargo, “algunos diputados logramos que no se desahogara sin un análisis previo y, mucho menos, se votara”, refiere Enrique Ibarra, diputado del PT por Jalisco.

En el estira y afloja, los coordinadores parlamentarios del PRI, Francisco Rojas; Partido de la Revolución Democrática, Alejandro Encinas; y del PT, Pedro Vázquez, acordaron revisar los alcances de la ley mediante algunos foros en febrero y marzo próximos, antes de que la LAPP se someta a votación.

El análisis que los legisladores del PT, principales opositores de la LAPP, expondrán ante el pleno durante la discusión de la ley deduce que la propuesta calderonista que avaló el Senado es “un mecanismo claro de facilitación privatizadora”.

Argumentos falaces

En su iniciativa, Felipe Calderón argumenta que la LAPP impulsará la competitividad económica del país y, “en general, la calidad de vida de la población con la inyección de capital para el desarrollo de obras”.

Aunque desde su nombre parecería orientada a fortalecer el régimen de economía mixta, “en esencia es todo lo contrario: significa favorecer al sector privado a toda costa, abandonando funciones primordiales y entregando para su gestión sin intervención del gobierno todo tipo de servicios públicos y la construcción de infraestructura para su operación”, explica Ifigenia Martínez, una de las economistas más prestigiadas de México, la primera connacional en obtener el grado de maestría y doctorado en economía por la Universidad de Harvard.

“Tal intención se pretende apoyar –continúa Martínez– en la supuesta mayor eficiencia del sector privado y en la supuesta necesidad de adoptar tecnología de punta en las actividades gubernamentales para la prestación de servicios públicos. No obstante, la experiencia ha demostrado muchas veces el carácter ruinoso de esa participación privada en actividades públicas.”

El saldo de los esquemas que precedieron a las APP es contundente:

La privatización de la banca comercial y el posterior rescate a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (después llamado Instituto para la Protección de Ahorro Bancario) implicaron un costo fiscal de 1 billón 248 mil millones de pesos, según cifras de la Auditoría Superior de la Federación inscritas en el informe final de la comisión de investigación sobre el IPAB. Para septiembre de 2010, el pasivo estimado era de 780 mil millones de pesos.

La privatización y posterior rescate carretero, que en 1997 tuvo un costo de 58 mil 100 millones de pesos, se triplicó una década después por los intereses generados: 98 mil 700 millones de pesos, según estimación del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.

El otro esquema que precedió a las APP es el de los Pidiregas, aplicados particularmente en el sector energético. El resultado: sin activos visibles, la deuda de Pemex vía Pidiregas en los sexenios panistas suma 896 mil millones de pesos; los de la CFE, 263 mil millones.

Ni una ni otra paraestatal se hicieron más competitivas y eficientes. En el caso de Pemex, de ser la sexta empresa petrolera más importante del mundo en 2000 (sólo después de Saudí Aramco, Pedevesa, Exxon Mobil y la NIOC de Irán), hoy se ubica en el número 11.

El caso de la CFE es quizá más polémico: las deudas adquiridas vía Pidiregas sirvieron para capitalizar docenas de compañías privadas, en su mayoría extranjeras. Sin una ley todavía sobre las APP, esta paraestatal tiene ya pactados compromisos de este tipo prácticamente para todas las fases de producción, y aunque cada día sus pasivos son más abultados, la CFE no ofrece a los usuarios ni mejores servicios ni tarifas más bajas, por el contrario, actualmente es la empresa que acumula más quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor por “tarifas y cobros abusivos”.

Respecto de los PPS, esquema más afín con las APP, su desarrollo de ninguna manera ha sido a favor del bien público. De acuerdo con diversas investigaciones de la reportera Érika Ramírez, en el ámbito federal y particularmente en el sector salud, han sido utilizados para beneficiar a empresarios vinculados al PAN y algunos claramente identificados como financieros de campaña de Felipe Calderón (Contralínea 122, 173), con proyectos que además han costado hasta cinco veces el precio original pactado.

Abultados costos

La ley de Calderón argumenta la necesidad de las APP por la inyección de capital para el desarrollo de infraestructura, pero como ha ocurrido con los PPS en el sector hospitalario, los proyectos que se desarrollen mediante estas nuevas asociaciones costarán dos y hasta tres veces más que si el proyecto lo desarrollara el gobierno, advierten economistas.

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Ratas que abandonan el barco

Los trabajadores son trapecistas que, si se caen, no deben quedar atrapados en la red, sino poder rebotar para recuperarse

-José Piñera, mandatario chileno-

Deberíamos saber que las cosas que no tienen remedio deberíamos estar decididos a cambiarlas

-Scott Fitzgerald-

Marcos Chávez *

El éxodo hacia Estados Unidos iniciado por un puñado de familias respetables de San Pedro Garza García, de Monterrey, como las de los Garza, Zambrano, Canales, Treviño, Chapa o Guajardo –a las que sin duda se sumarán otras más, no muchas– fue prudente. En nombre de sus hijos, la tranquilidad, la seguridad, de un ambiente sano y una forma de vida plácida, fútil y lujosa, bien vale la pena la “migración de lujo”, como nos informa la periodista Sanjuana Martínez. Sobre todo cuando se dispone de los recursos necesarios. Para empezar, de 300 mil a 5 millones de dólares, de 4 millones de pesos a 63 millones, para la adquisición de un bien inmueble en las áreas exclusivas de Austin, Dallas o Houston, Texas; precios que, al cabo, según algunos de los selectos peregrinos, les resultan más baratos que si los hubieran comprado en su lugar de origen. Después, el dinero requerido para reiniciar su confortable vida que en México les fue súbita y brutalmente arrebatada. Luego, un excedente adicional para disponer de un jet privado u organizarse en un jetpool para los eventuales viajes que realizan al terruño dolorosamente perdido por cuestión de negocios u otra naturaleza. Su honorable prosapia y sus fortunas acumuladas las vuelven inmunes a la persecución migratoria que sufren millones de ilegales. Les garantiza una residencia legal plácida. Los que no pueden escapar del infierno nacional y que son creyentes seguramente agradecerán los rezos que algunas de esas católicas familias realizan cotidianamente, a las ocho de la noche, por el bien de la patria (La Jornada, 19 de diciembre de 2010).

Las razones que orillan a la “migración dorada” son irrecusables: el ambiente de terror y violencia que se ha adueñado de México; miles de muertos, de secuestros, de extorsiones, de asaltos. Una entrevistada de Sanjuana Martínez le dijo que los ricos pensaban irse del país si Andrés Manuel López Obrador llegaba a la Presidencia. Agregó: “No sé si hubiéramos estado mejor [con él, pero] tenía ideas muy raras”; y concluyó que, “como quiera, nos tuvimos que ir”. El “hubiera” es tarea de magos y de místicos, diestros escrutadores de los misterios. Es indudable que las “ideas muy raras” de López Obrador son pavorosas herejías para el resquebrajado y desacreditado neoliberalismo, pero vistas con juicio sereno no tienen nada de radicales, de socialistas. No propone delirantes nacionalizaciones masivas ni políticas progresivas, ni una drástica redistribución del ingreso y la riqueza nacional más equitativa, por ejemplo. Apuesta “limarle los dientes al neoliberalismo” por medio de un sesgo keynesiano: más gasto público de bienestar y productivo para superar el estancamiento económico que vive desde 1983 y revertir, o al menos atenuar, el grave deterioro social causado por el modelo económico actual. A una mayor justicia social, el fortalecimiento del Estado y la recuperación de la política económica y la soberanía nacional, secuestrados por la derecha fundamentalista, la oligarquía y el capital foráneo. A algo parecido al estado de derecho y la democratización del sistema. La virtud de su propuesta es que podría amortiguar la descomposición social, el descontento, la inestabilidad y el riesgo de la disrupción política. Una estrategia parecida ha arrojado resultados alentadores en Argentina, por ejemplo.

Pero la oligarquía y los grupos conservadores demonizaron el movimiento de Andrés Manuel y se dejaron llevar por su visceral odio clasista. Votaron por Felipe Calderón, que les prometió seguridad. Y éste, al intensificar la terapia monetarista, al mantener el proyecto neoliberal de nación, con su despotismo y cruenta lucha contra el narco y la sociedad, la corrupción y violación sistemática del estado de derecho, en beneficio de la elite política y la oligarquía, lo único que ha logrado es la acrecentada y suicida pudrición económica y sociopolítica.

“¿Cuándo se jodió el Perú?”, se preguntaba Zavalita, personaje de la novela Conversación en la catedral, de Mario Vargas Llosa. México acabó de joderse cuando los neoliberales asaltaron el Estado y, apoyados por las familias, escapan del futuro vuelto lacerante presente. Sobre la ciénaga neoliberal, atestada de pobres y miserables sin perspectivas, de delincuentes y cadáveres, que las aterrorizan, edificaron las fortunas que, por suerte, les facilita la atropellada expatriación.

Como ratas, huyen del barco al que contribuyeron y ayudan a su hundimiento.

Hacen bien, porque no se necesita tener una bola de cristal para vaticinar las consecuencias de la “austeridad republicana” impuesta a los salarios mínimos, apenas 2.30 pesos diarios más para 2011, en aras de la disciplina fiscal y de “preservar la planta productiva, el empleo y evitar las presiones inflacionarias”. Así se conseguirá “la paz laboral y la estabilidad macroeconómica”, dijo Javier Lozano, en nombre de Calderón, los empresarios y los corrompidos dirigentes sindicales corporativos de la Confederación de Trabajadores de México y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos. Así se logrará el “crecimiento, [el] desarrollo humano y [la] seguridad pública”, añadió Ernesto Cordero, quien a finales de 2009 señaló que el mayor desafío del calderonismo eran los 51 millones de mexicanos que se ubicaban por bajo la línea de pobreza y los 6 millones más que se agregarían en 2010. Roberto Salas, de la Cámara Nacional de Comercio, remató al decir que ese ajuste sólo es un punto de referencia, ya que no hay nadie que trabaje por un salario mínimo. Con “ese un punto de referencia”, los contractuales aumentarán 4-6 pesos diarios. La misma desfachatez y las mismas mentiras desgastadas.

En el ciclo neoliberal (1982-2010), la inflación media acumulada es de 62.775 por ciento y la de la canasta básica, de 74.807 por ciento. El alza del salario mínimo nominal y el contractual es de 17.422 por ciento y 27.403 por ciento. En el panismo (2000-2010), las primeras aumentaron 57.6 por ciento y 64.1 por ciento, y los otros, 58.8 por ciento y 62.3 por ciento. Con Calderón, dichos precios, 19.6 por ciento y 22.4 por ciento; los salarios citados, 18.5 por ciento y 18.8 por ciento. En el neoliberalismo, el poder real de compra de los mínimos se desplomó 62 por ciento si se mide con la inflación, o 78 por ciento si se emplea la canasta básica. Los contractuales, 57 por ciento y 63 por ciento. Con el panismo, ambos mejoraron 1.8 por ciento y 2 por ciento con la inflación general, pero perdieron 3.5 por ciento y 1.2 por ciento, tomando la canasta básica. Con Calderón, los mínimos cayeron 2 por ciento y 3.5 por ciento con ambos indicadores, y los contractuales, 2 por ciento y 3 por ciento.

El presidente de la Comisión de Salarios Mínimos, Basilio González, dijo que en 2011 el alza de 4.1 por ciento en los salarios mínimos “compensa parte” del poder adquisitivo perdido, ya que se estima una inflación de 3 por ciento. Pero en cada año del calderonato, la inflación ha superado al aumento de los mínimos y los contractuales. ¿Por qué suponer que ahora sí cumplirá la meta de precios? Sólo el alza en el precio de las tortillas lo eliminará y el del gas doméstico, la electricidad o el agua redundará en mayores retrocesos. ¿Dónde están las presiones inflacionarias de los salarios?

La ley del hierro sobre los salarios tiene varios intereses perversos: transferir el dinero de los trabajadores hacia el Estado; aumentar las ganancias de las empresas; garantizar la “competitividad” de las empresas y atraer el capital extranjero a costa de la pobreza y la miseria de los trabajadores. Por ello, Alicia Bárcena, de la Comisión Económica para América Latina, dice que “México sigue siendo uno de los países más atractivos de la región para la inversión extranjera”.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que, en 2009, el salario promedio real perdió 5 por ciento de su poder adquisitivo, el peor retroceso de América Latina y una de las peores caídas entre 114 países y territorios. Sólo fue superado por Letonia, Islandia, Lituania y Ucrania, donde la pérdida fue de 6.8 por ciento a 10.6 por ciento. En 2007-2009, con Calderón, el deterioro fue de 6.3 por ciento y sólo fue superado por Guyana (9 por ciento), Islandia (6.8 por ciento) y Corea del Sur (6.6 por ciento). En los odiados “populistas”, como Argentina, Ecuador, Brasil o Venezuela, en cambio, se recuperó 36 por ciento, 29 por ciento, 10 por ciento y 8 por ciento. La OIT calculó el salario mínimo mensual en dólares estadunidenses. El más bajo para América Latina en 2009 fue el de Guyana, con 145 dólares; luego sigue México, con 170, el peor de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, donde fue del orden de los 1 mil 200 y menor que en el modesto Haití, que fue de 209. El latinoamericano más alto fue el de Argentina, con 896 dólares; en Ecuador, 490; en Venezuela, 481; en Brasil, 286, y en Bolivia, 215 (OIT, Informe mundial sobre salarios 2010-2011).

¿Nadie acepta trabajar por un salario mínimo? De 44.8 millones de ocupados, 5.8 millones, el 13 por ciento del total, percibe ese salario. De los 29.3 millones de trabajadores subordinados y remunerados, 2.6 millones, el 5.8 por ciento. De los 3 millones de niños que trabajan (de cinco a 12 años), 759 mil, el 25 por ciento. Otros 1.4 millones, el 47 por ciento, no reciben nada.

Sin embargo, la miserable “austeridad” salarial no es para todos, sólo para 32.7 millones de ocupados, el 73 por ciento del total, que en 2011 ganarán de uno a cinco veces el salario mínimo, de 58.06 pesos diarios a 290.30; 1 mil 741.80 mensuales a 8.7 mil; 2.2 mil anuales a 105.6 mil.

Para el gobierno, será el insultante pillaje del erario. Para empezar, la mayor parte del gabinete calderonista recibirá jugosos “bonos de riesgo”. El de Calderón –el mexicano más cuidado– fue de casi 700 mil pesos en 2010 y será de casi 900 mil en 2011. La señora Marisela Escobedo arriesgó su vida para exigir justicia por el asesinato de su hija Rubí Marisol: no recibió bono. Sólo el desprecio del Estado y de Calderón que le negó audiencia, justicia y protección.

Calderón se impuso y el Congreso aprobó un alza de 24 por ciento en sus percepciones. En 2010, su percepción ordinaria bruta fue por 92 mil pesos diarios, 277 mil mensuales, 3.3 millones al año. En 2011 será de 113 mil diarios, 345 mil mensuales y 4.1 millones al año. Un secretario de Estado recibirá un salario mensual por 196.8 mil mensuales, 2.4 millones anuales; un ministro de la retorcida justicia, 4 millones anuales; un magistrado del Tribunal Electoral Federal y un consejero del Instituto Federal Electoral, 5.9 millones; el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una percepción bruta por 3.8 millones; la remuneración de cada senador rondará los 2 millones, y la de un diputado, 1.4 millones. El ingreso total de la elite política se pierde entre los laberintos contables.

Vida de reyes en tierra de poco más de 70 millones de pobres y miserables.

Para las mayorías, una opulenta miseria. Para la minoría política y empresarial, una miserable opulencia.

La razón justifica a los exiliados de lujo, porque el presente inmediato es obvio y descarnado. Más estancamiento, pobreza, miseria y exclusión; mayor violencia por la delincuencia; más asesinatos, incluyendo los del Estado; más robos y extorsiones; más despotismo y terrorismo de Estado contra la oposición; más desesperación y rencor social, y más convulsión sociopolítica.

Es probable que tengan que huir definitivamente por una razón más. En 1831, el Journal des Débats, representante del gran capital francés y, por tanto, enemigo de los trabajadores –que trató con desprecio a los disconformes obreros de Lyon, Francia–, señaló: “Todo manufacturero vive en su manufactura como el propietario entre sus esclavos”. En diciembre de ese año, estalló la revuelta de los obreros de la seda de Lyon, que demandaba mejores salarios, entre otras exigencias, a la que le siguieron las de 1833 y 1848-1849. El descontento de los esclavos modernos mexicanos, sobre cuya miseria la elite política y la oligarquía han labrado sus fortunas, es un peligro latente. Las alzas salariales decretadas son verdaderas infamias que lo potencian. Y su estallido está más que fundamentado.

*Economista

Contralínea 216 / 16 de enero de 2011

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En Puente Grande, El Chapo Guzmán compró a todos

Se cumplen 10 años de la fuga de El Chapo con anuencia oficial

Con sobornos e intimidación tomó el control de Puente Grande, donde gozó lujos y beneficios

Gobernación y Policía Federal nunca se enteraron de sus planes de huir

Por lo menos 15 funcionarios cubrieron la fuga de hace 10 años

Tras su huida, reagrupó a jefes de los principales cárteles de esa época

Gustavo Castillo García

Este miércoles se cumplen 10 años de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera. El 19 de enero de 2001 se metió a un carrito de lavandería, se cubrió con una sábana y encima le colocaron un colchón. En su celda, para impedir que se pudiera observar a simple vista si permanecía en su estancia, utilizó una sábana como cortina.

Ese día, de manera directa, al menos 15 servidores públicos cuidaron que el carrito de lavandería ascendiera tres niveles, pasara al menos seis puntos de vigilancia y saliera de la zona del estacionamiento sin problema. Supuestamente, bajo el colchón iba un kilo de oro que el maestro del taller había pedido a El Chapo que lo enviara fuera del penal.

A una década de aquella evasión, la primera y única en la historia de los penales de máxima seguridad en México, Joaquín El Chapo Guzmán Loera se convirtió en una leyenda del narcotráfico mexicano y, según diagnósticos gubernamentales, su organización, el cártel de Sinaloa, opera también en Estados Unidos, y en naciones de Europa, Centro y Sudamérica.

En junio de 1993 parecía el fin de la historia delictiva de Guzmán Loera tras ser detenido en Guatemala, trasladado a México y enviado a la prisión de máxima seguridad de La Palma, en Almoloya.

En esa cárcel permaneció hasta el 22 de noviembre de 1995. Ese día fue transferido a Puente Grande para cumplir una sentencia de siete años por delitos contra la salud, cohecho y asociación delictuosa.

Llegó al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 2, el 22 de noviembre de 1995; en 1999, con la designación de Leonardo Beltrán Santana como director, corrompió durante dos años todas las estructuras de la prisión. Tenía su propia nómina. Cada mes repartía millones de pesos a los funcionarios, custodios, aduanas, cocineros, lavandería, centros de vigilancia y de seguridad.

En Jalisco contactó, mediante Eduardo González Quirarte, a los líderes del cártel de Juárez: Amado Carrillo Fuentes, El señor de los cielos (fallecido en 1997), y su hermano Rodolfo, El niño de oro (quien según versiones de la Procuraduría General de la República –PGR– fue asesinado por órdenes de El Chapo Guzmán el 11 de septiembre de 2004, en Culiacán, Sinaloa).

Los Carrillo Fuentes financiaron a Guzmán Loera durante su encarcelamiento y posibilitaron su huida, señalan investigaciones de la PGR.

El Chapo Guzmán aprovechó la situación y generó una red de complicidad (...) en pocas palabras (compró) toda la institución carcelaria, afirmaron en febrero de 2001, el subprocurador de Procedimientos Penales B de la PGR, José Jorge Campos Murillo, y el visitador de esa institución, Carlos Javier Vega Memije.

Prácticamente se adueñaron del Cefereso de Puente Grande (...) instrumentaron una estrategia de cooptación de todo el personal del centro, basada primordialmente en el soborno y la intimidación. En los casos en que había oposición a los designios de los capos, se creó el grupo Los bateadores, quienes amenazaban a internos, custodios y directivos penitenciarios. Y cuando no entendían, eran golpeados con bates de beisbol.

Algunos custodios presentaron en enero de 2000 una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ese organismo informó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ahí quedaron las cosas.

La Subsecretaría de Seguridad Pública, responsable de las prisiones, que entonces dependía de la Secretaría de Gobernación y cuyo titular era Jorge Tello Peón (ex asesor de Calderón en materia de seguridad nacional), supuestamente no tuvo conocimiento de lo que ocurría.

La Coordinación General de Inteligencia de la Policía Federal supuestamente tampoco tuvo información de los planes de fuga, a pesar de que esa corporación estaba a cargo de la seguridad en Puente Grande. Hasta finales del año 2000, esa área estuvo a cargo de Genaro García Luna, actual secretario de Seguridad Pública federal.

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) tenía dos agentes infiltrados en Puente Grande, y a pesar de los reportes que enviaron señalando que El Chapo y sus socios ya se habían apoderado del penal, Alejandro Alegre y Eduardo Medina Mora no atendieron la información. El segundo fue secretario de Seguridad Pública en la gestión de Vicente Fox y en el gobierno de Calderón fue titular de la PGR, ahora es embajador de México en Inglaterra.

La corrupción en el Cefereso de Puente Grande fue de tal magnitud que El Chapo “podía tener mujeres en su dormitorio por varias semanas; se le enviaba el menú para que escogiera o mandaba llamar al responsable de la cocina para indicarle cual sería la comida; se le dotaba de bebidas alcohólicas y viagra. Contaba con aparatos eléctricos y teléfonos celulares.

Con base en sus indicaciones se elaboraba el rol de vigilancia y custodia para que personal de su confianza pudiera servirlo, antes que velar por el cumplimiento del reglamento.

El 13 de enero de 2001 puso en marcha la última fase de su fuga. Ese día “llamó a su celda a Miguel Ángel Amador, a Jaime Sánchez Flores y a otros miembros del personal de vigilancia, les dijo que deseaba ayudar al maestro del taller para sacar del centro un kilo de oro, el cual había reunido con los residuos que recuperaba de los trabajos realizados por los internos, pero que no tenía confianza en el personal de seguridad y por eso acudió a él (El Chapo), porque sabía que él tenía mucho dinero y no le robaría”, señala la averiguación previa PGR/UEDO/ 001/2001.

Para el 19 de enero de 2001, El Chapo determinó que en el turno nocturno estuvieran en puntos estratégicos custodios acostumbrados al relajamiento de la disciplina penitenciaria, permitiendo el ingreso y egreso sin control de personas y objetos; todos de su confianza.

Sin embargo, al filo de las 13:00 horas, el subsecretario de Seguridad Pública, Jorge Tello Peón, visitó el Cefereso y supuestamente al detectar anomalías y el peso que tenían El Chapo, El Güero Palma y El Texas, ordenó su trasladado a un área de mayor seguridad. Instrucción que el director Leonardo Beltrán Santana no cumplió.

A las 14:00 horas, Guzmán Loera es informado de la orden de Tello Peón. A las 15:00, El Chapo y sus socios se entrevistaron con Beltrán Santana.

A las 16:00 horas comenzó la fuga con la frase: Van a sacar la basura que tú ya sabes. La operación fue realizada de manera directa por los custodios Jaime Valencia Fontes, Miguel Ángel Leal Amador, Francisco Javier Camberos El Chito, Jaime Sánchez Flores y Mario Vázquez Méndez.

Poco después de las 20:30 horas, El Chito empujaba el carrito de lavandería. Las cámaras de vigilancia no funcionaban, las puertas de control electrónico se abrían a su paso hasta llegar a la Aduana de Vehículos. Allí Valencia Fontes le dijo a Leal Amador: Es el oro del maestro.

Siguió hasta el estacionamiento. Salió del carrito y se ocultó en el auto de El Chito, en el que abandonó el penal

A medianoche inició la búsqueda. Tras descubrirse la evasión, 74 personas fueron detenidas: funcionarios, custodios y colaboradores de El Chapo, entre ellos su cocinera.

Guzmán Loera aprovechó muy bien sus primeros meses de libertad; en el mismo 2001 hizo alianzas con capos considerados históricos, como Ismael El Mayo Zambada; Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, e Ignacio Nacho Coronel Villarreal, del cártel de Juárez.

Así reinició la historia de lo que se conoce como el cártel de Sinaloa, y se transformó el mapa de las organizaciones criminales, ya que El Chapo rompió con Juárez, amplió su territorio y la revista Forbes lo considera uno de los hombres más influyentes del planeta, con una fortuna mayor a mil millones de dólares.

Sus rivales han colocado narcomantas en los pasados tres años con mensajes como el que pusieron en ciudades de 14 estados en agosto de 2008: “Señor presidente, cómo quiere que acabe la inseguridad en el país si usted y su gabinete le dan protección a El Chapo Guzmán y al cártel de Sinaloa, y al Mayo Zambada. Se llevan buenos millones del narcotráfico”.

De los 71 acusados de la fuga, 59 fueron condenados y en prisión solamente quedan cinco, entre ellos Javier Camberos, El Chito, sentenciado a 25 años. El director del penal fue liberado en junio de 2010.

http://www.youtube.com/watch?v=7mfC4lFfIaM

Incrusta Elba Esther Gordillo al Panal en escuelas

*Pone en sus manos cuadernillos, loncheras y mochilas; el 6 de febrero habrá elecciones en ese estado
*En BCS, el Panal reparte a escolares propaganda política

"Queremos saber más de ti y de tu familia", les dicen; se incluye un cupón para ser llenado

En la imagen se muestra el cuaderno Los derechos de los niños, que ostenta el logotipo de Nueva Alianza.
En los cuadernillos que elaboró el Partido Nueva Alianza (Panal) para estudiantes de enseñanza básica se incluye una hoja con una petición: Queremos saber más de ti y de tu familia. Si tienes alguna duda o comentario, llena el cupón que se encuentra al final de libro y háznoslo llegar
Uno de los contenidos en los cuadernillos que el Partido Nueva Alianza distribuyó en escuelas sudcalifornianas de educación básica.

Karina Avilés

El Partido Nueva Alianza (Panal), de Elba Esther Gordillo, aprovecha el espacio público en el interior de las escuelas para repartir, con la complicidad de directivos, maestros y la estructura sindical del magisterio, miles de cuadernillos, loncheras y mochilas con propaganda electoral de ese organismo político, los cuales son entregados a niños desde tres años de edad, en prescolar, hasta adolescentes de 15, en secundaria. Así, los escolares son utilizados como vehículo para llevar el mensaje político de los candidatos y obtener los datos confidenciales de sus padres.

Lo anterior es constitutivo de varios delitos de carácter electoral y penal, cuyas sanciones van desde el retiro del registro al organismo político, hasta la pena de uno a nueve años de prisión a los responsables, advierte el especialista en derecho electoral e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), John Ackerman.

Al conocer el contenido de dicha propaganda –en poder de La Jornada–, pedagogos y politólogos coinciden en un llamado a terminar con la impunidad en este tipo de acciones, mismas que consideran un abuso y un atentado educativo por parte de la estructura de Gordillo.

El reparto se realiza con la probable complicidad de la Secretaría de Educación Pública (SEP), dicen. “Sería ingenuo pensar que (la dependencia) no lo sabe… Y si no fuera así, es muy grave, porque es la autoridad y debe estar enterada; pero si lo sabe es aún más grave, porque hay complicidad. Por otra parte, todos sabemos quién está al frente de la Subsecretaría de Educación Básica (Fernando González Sánchez, yerno de la maestra) y quién es la dueña del Panal”, expresa la investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Etelvina Sandoval.

El Panal imprimió diferentes tipos de cuadernillos –incluso hay uno que lleva por título Los derechos de los niños– para repartir a cerca de 30 mil infantes y adolescentes en mil 100 escuelas de enseñanza básica en Baja California Sur, donde el próximo 6 de febrero los ciudadanos elegirán gobernador, diputados y presidentes municipales, afirma Esteban Ojeda Ramírez, secretario del comité democrático de la sección 3 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en aquella entidad.

La propaganda, destinada a los niños más pequeños, es un cuaderno para colorear que consta de 29 páginas. El libro introduce a Nueva Alianza como un nuevo partido político y nuestro trabajo consiste en apoyar las aspiraciones y deseos de los jóvenes. Así, se invita a los niños a que conozcan un poquito más de cómo vemos las cosas y qué es lo que proponemos. Pero desde las primeras páginas, el Panal les hace una sola petición: Queremos saber más de ti y de tu familia. Si tienes alguna duda o comentario, llena el cupón que se encuentra al final del libro y háznoslo llegar.

En efecto, al final de las ilustraciones viene un cupón donde se les solicita nombres, apellidos, calle, número exterior e interior, colonia, estado, delegación, lada, teléfono 1 y 2 y hasta e-mail, de ellos o de alguno de tus papás. El instructivo les dice que después de llenar el cupón lo entreguen en las oficinas de Nueva Alianza en tu estado.

Esto indica que se trata de un cuaderno cuyo formato puede ser utilizable en cualquier entidad. De hecho, en su portada hay una pegatina con los nombres de los candidatos del Panal. Sin embargo, las denominaciones cambian de acuerdo con el distrito electoral en donde se ubica la escuela; de tal modo, algunos promocionan al aspirante a la alcaldía de La Paz, Jorge Miguel Cota Katzenstein –ex secretario de la sección 3 del SNTE–; al candidato a diputado por el quinto distrito, Guillermo Aguilar Villavicencio –actual secretario general de la sección 3 del SNTE–, o a la candidata a gobernadora, la profesora Blanca Meza Torres, entre otros.

Esteban Ojeda Ramírez sostiene que dicha propaganda es y ha sido repartida a los menores de edad por dos vías: en los propios salones de clase, por medio de maestros y directivos de escuelas afines al charrismo sindical, y en el interior de los planteles, mediante un contingente de comisionados del sindicato y de un grupo de jóvenes a quienes les pagan de 100 a 300 pesos diarios por realizar esa tarea.

El especialista John Ackerman explica que los maestros que se han prestado para entregar esta propaganda electoral son, ante todo, funcionarios públicos –y no actúan como integrantes del SNTE–, por lo que tienen prohibido utilizar un cargo y un espacio público para hacer proselitismo en favor de un partido o candidato en horas laborables.

El artículo 407 del Código Penal establece que se se impondrán de 200 a 400 días de multa, y prisión de uno a nueve años, al servidor público que, entre otras acciones, destine de manera ilegal fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo, tales como vehículos, inmuebles y equipos, al apoyo de un partido político o de un candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado o proporcione apoyo o preste algún servicio a los partidos políticos o a sus candidatos, a través de sus subordinados, usando del tiempo correspondiente a sus labores de manera ilegal.

Afiliación corporativa

Por otro lado, añade, el artículo 41 constitucional señala que quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa, de tal forma que las organizaciones gremiales, como el SNTE, no pueden afiliarse o hacer trabajo para los partidos.

Esta es una evidencia más, apunta Ackerman, de la relación orgánica, íntima, entre el SNTE y el Panal. Sin embargo, el Instituto Federal Electoral (IFE) se ha hecho de la vista gorda al respecto, pero de comprobarse esta vinculación lo que procede es el retiro del registro de ese partido.

También existe una violación a los artículos 134 y tercero de la Constitución. Con respecto al primero, porque los servidores públicos tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos y, por otra parte, el artículo tercero habla de una educación democrática e imparcial, principios que se violan en tanto el docente aprovecha la relación con el alumno para difundir una determinada ideología y hacer propaganda.

Asimismo, para la coordinadora de Investigación del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Martha Singer, este caso revela una estrategia de adoctrinamiento que se ha utilizado en regímenes autoritarios para obligar a un compromiso de manera irracional, ya que no pasa por una actividad crítica de quien lo lee, porque el Panal aprovecha la ingenuidad de los destinatarios de esa información.

Es el equivalente a la repartición de tortas para llevar a la gente a un mitin, con la diferencia de que aquí se meten con una población que no se puede defender, que no tiene la capacidad de decidir qué hacer con lo que se le está distribuyendo.

Rosa María Torres, docente de la UPN, considera que lo cuestionable es el procedimiento que utiliza el SNTE-Panal para repartir estos materiales. El buen sentido que pudiera existir para que los niños conozcan –como ocurre en otros países– sobre la función de los partidos políticos, se pierde porque la estructura escolar actúa en paralelo a una organización sindical. Y no es lo mismo que cualquier persona entregue a los estudiantes este tipo de cuadernos a que lo haga un maestro; este último tiene un peso moral.

Desde la óptica pedagógica, apunta por su parte Etelvina Sandoval, los niños confían en la escuela, creen que lo que les dicen y entregan sus maestros como materiales es positivo y forma parte de sus obligaciones. Aprovecharse de los menores de edad para difundir propaganda es una traición a la confianza de los estudiantes, es un abuso hacia los niños y hacia la escuela.

“¡Ya basta. Esto es indignante. Se deben tomar, ya, medidas muy fuertes contra quienes han participado en estas acciones… No es posible que el SNTE se aproveche de los niños y de la educación para adoctrinarlos hacia un partido. Es un atentado educativo!”, concluyó.

http://www.youtube.com/watch?v=vbR7W4eqiiw