MÉXICO, D.F., 22 de abril (apro).- En México, como antaño en los regimenes autoritarios y de facto, crece la idea de controlar el cuerpo de las mujeres a través de legislaciones que criminalizan el aborto. Actualmente, además de que 18 entidades aprobaron dar derechos jurídicos al feto, en 8 más existen iniciativas similares que están pendientes de resolución y en la Cámara de Diputados está la propuesta del gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, para modificar en ese sentido la Constitución General de la República.
Se trata de una ofensiva orquestada desde la derecha, la jerarquía católica, las direcciones del PRI y el PAN; avanzan gracias a la vergonzosa colaboración de diputados de todos los partidos, incluso de izquierda, dependiendo del Congreso local de que se trate.
Es por ello que en diciembre pasado, cuando mujeres de varias entidades del país se habían movilizado, desgarrando su piel para contener la ofensiva, se firmó un Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, con participación de grupos civiles de al menos 16 entidades del país, de mujeres feministas militantes y otras libres.
La iniciativa fue vista con buenos ojos por algunas legisladoras federales que provienen del movimiento. El 4 de febrero pasado, las mujeres del Pacto acudieron a la Cámara de Diputados a solicitar su intervención para pedir que parara la ofensiva. Esta es la tarea de las legisladoras, actuar en los congresos, donde sus similares, de todos los partidos políticos se sumaron, por ignorancia, o por militancia al embate contra los derechos de las mujeres.
Las integrantes del Pacto han investigado. Encontraron que no sólo hay la modificación constitucional retrograda, sino que muchas mujeres son perseguidas, procesadas, encarceladas y castigadas.
Ahora las legisladoras podrían averiguar, vía su investidura, entre las procuradurías y la instancia nacional de procuradores ¿cuántas mujeres están en la cárcel? ¿De qué se les acusa? ¿Cómo hacer su tarea para liberarlas? No admitir ni la injusticia, ni la muerte por omisión, debido al aborto clandestino.
No obstante las legisladoras no han podido dar una respuesta. Es como si su investidura no sirviera. Las dirigencias, como la del PRI se han tratado de justificar, incluso hablando de democracia. Olvidan que otorgar un derecho no obliga y si salvaría vidas.
Sin lugar a dudas, estas representantes populares tienen problemas con sus partidos, los grupos de sus partidos, la ignorancia de sus compañeros y muchas de sus compañeras para entender los derechos de las mujeres, la urgencia de ampliar el aborto legal o, de plano, permitirlo, como en el Distrito Federal, hasta las 12 semanas de la gestación, derecho definido por la Suprema Corte, como constitucional y apegado al artículo 4 de la Carta Magna.
Lo más curioso es que se desmarcan de su responsabilidad principal y se mimetizan como ciudadanas libres, sin reconocer sus capacidades de integrantes del gobierno y del Estado.
Por respuesta, y seguramente como acción ligada a los tiempos electorales, las mujeres del Partido de la Revolución Democrática llaman a formar una red de mujeres, “para que luchen”, como si se tratara de eso, ciudadanas demandantes. Lo grave es que esa red se llama igual que el Pacto y confunde, puede hacer invisible la demanda de las mujeres; como el otrora partido de Estado, pretenden engullir a las ciudadanas libres a sus partidos o sus programas, sobre todo electorales.
Lo más complicado es que las legisladoras que pretenden actuar como ciudadanas comunes, de acuerdo con sus usos y costumbres, invitaron al gobernador de Chiapas a atestiguar su conformación. Y llamaron a que las feministas atestigüen su sesuda solución.
Pero resulta que el gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, admitió una modificación en Chiapas que es mucho más profunda que las otras, abarca mandatos en otras leyes y reglamentos que profundizan la ofensiva contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en la entidad donde existe el mayor número de muertes maternas, entre otras razones, por abortos clandestinos, ¿Se les va a acusar? ¿Esta es la izquierda gobernante?
Lo mismo está sucediendo en Baja California Sur. Al menos una docena de legisladores de izquierda lo han aprobado, es decir, integrantes del pacto político PRD/PT/Convergencia, sin considerar las nuevas alianzas electorales del PRD con el PAN, en algunos estados, como en Oaxaca, donde las cifras de muertes maternas también rebasan nuestra inteligencia y la pobreza es enorme. ¿Cómo estar todas juntas con estos desatinos electoreros y partidarios?
Las “pactantes” llamaron a las legisladoras a hacer el trabajo que les corresponde; se niegan a ser testigos o partícipes de otro entramado de voluntades demandante que, además, lleva el mismo nombre que el Pacto.
Reconocen las pactantes que “en esta lucha podemos y necesitamos ser aliadas contra la ofensiva derechista, pero requerimos mantener también la independencia que facilite que otros sectores se pronuncien desde sus propios espacios, sin sentirse obligados a ser parte de una representación única”.
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