Por Praxedis
¿Y quienes son los verdaderos ilegales de los otros estados, Texas, Nuevo México y California? La pregunta viene a cuento por las recientes declaraciones de los conservadores ignorantes de su propia historia y fanáticos políticos republicanos. Están proponiendo que los hijos de ilegales no sean reconocidos como ciudadanos aunque hayan nacido en los Estados Unidos. Se les olvida a estos políticos ignorantes que ellos son hijos o descendientes de ilegales, pues fueron sus abuelos y bisabuelos los que invadieron ilegalmente esos territorios ajenos y que le fueron arrebatados a balazos a Mexico por medio de una guerra injusta y obligado a firmar el tratado, Guadalupe Hidalgo-ilegal de acuerdo con el Derecho Internacional-, mismo que ha sido pisoteado una y otra vez por el gobierno norteamericano así como los abuelos de estos descendientes que invadieron literalmente estos territorios que sabían que eran ajenos. Así que si llegaran a aprobar dicha ley los actuales descendientes de los invasores se les deberían de quitar su ciudadanía, pues son hijos de ilegales. Al final se quedaría Arizona sin ciudadanos, exceptuando los indígenas y los descendientes de mexicanos nacidos allí antes de la invasión. No contentos con ese robo los abuelos de estos especímenes empezaron a atacar a los pobladores autóctonos mexicanos e indígenas que permanecieron allí, -ya que muchos abandonaron sus propiedades y se refugiaron en el norte del actual Mexico-, dictando leyes fiscales ajenas a su cultura para irles quitando poco a poco sus propiedades por medio de embargos usureros para que en poco tiempo los dueños de haciendas mexicanos terminaran siendo los empleados o los gatos de los nuevos colonizadores ilegales. Así que los dueños de estos territorios terminaron discriminados y en la pobreza y los invasores terminaron siendo los dueños de todo. Mucha culpa de esta ignorancia histórica la tienen los departamentos de educación a nivel nacional que se han dedicado durante décadas a enseñarles a los estudiantes puras mentiras sobre como se hicieron de estos territorios. Sería bueno que estos políticos republicanos se pusieran a estudiar la historia verdadera de sus estados y una vez enterados de la verdad, a ver si se les llena la cara de vergüenza.
Para acabarla de amolar debían de saber estos políticos ignorantes que la pobreza y el desempleo en Mexico es una consecuencia lógica de las imposiciones políticas y económicas nefastas que su gobierno, el de Estados Unidos, le impone a México por las buenas o por las malas, incluyendo los gobiernos corruptos que padece el país desde hace mucho tiempo, Incluyendo también su apoyo a los fraudes electorales; ejemplos; el de Carlos Salinas y el último el de Felipe Calderón.
¿Habrán oído estos políticos algo sobre el Consenso de Washington o sobre el famoso tratado leonino –TLC o Nafta-de libre comercio donde el tiburón tiene toda, toda la libertad para comerse a la sardina mexicana? ¿Sabrán que sus trasnacionales norteamericanas explotan, depredan y desemplean a millones al sur del río Bravo? Yo creo que no tienen la menor idea de lo que está pasando y de lo que ha pasado durante 150 años entre el tiburón y la sardina. La voracidad del tiburón no tiene límites.
Así que la migración ilegal es patrocinada indirectamente por su propio gobierno como consecuencia de las políticas económicas y comerciales convenencieras además de los gobiernos corruptos patrocinados por Washington.
Conclusión; ¡los verdaderos ilegales son ustedes! Aparte de hipócritas ignorantes.
Su verdadero enemigo no son los ilegales mexicanos; su enemigo es su propio gobierno norteamericano.
martes, junio 15, 2010
Boletín de Prensa del SME - Lozano Alarcón abucheado en Ginebra, Suiza
A todas las organizaciones sindicales, sociales y políticas,
Al pueblo mexicano,
Salud:
El día de hoy en la ciudad de Ginebra en Suiza, una delegación del Sindicato Mexicano de
Electricistas compuesta por su Secretario del Interior, José Humberto Montes de Oca Luna y por el Secretario general Martín Esparza Flores, asistieron a la 99 Conferencia de la
Integrado por Trabajadores de la Industria Eléctrica Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Bajo los propósitos de difundir la lucha de los trabajadores electricistas del SME en el plano internacional, de lograr mayor solidaridad de diversos organismos sindicales, y al
mismo tiempo, para introducir nuestra queja por violaciones al Convenio 87 de Libertad
Sindical de la propia OIT, contra el gobierno federal calderonista.
El saldo es cualitativamente favorable para el movimiento del SME, puesto que desde todas las posturas ideológicas y políticas, el Movimiento Sindical Internacional volcó su apoyo a nuestra lucha, así las Organizaciones sindicales de Canadá y los Estados Unidos (encabezados por el Consejo Laboral y la AFL-CIO respectivamente) reiteraron su adhesión a las demandas del SME y lo invitan al Congreso de la Confederación Sindical Internacional (CSI) a realizarse próximamente en Vancouver, Canadá.
Los delegados de la Federación Internacional de trabajadores de la Industria Metalúrgica (FITIM) ayudaron a nuestros camaradas dirigentes a entregar un volante sobre nuestra heroica huelga de hambre, y los camaradas delegados de Venezuela y el Peru contribuyeron con el abucheo generalizado de todos los ahí presentes, en contra de la ya conocida retahíla de mentiras contenidas en el discurso de Javier Lozano Alarcón gerente de relaciones laborales de la oligarquía y secretario de trabajo de Felipe Calderón Hinojosa.
Con el rostro desencajado, la cara perlada de sudor y la ira contenida por no poder contar con sus “muchachos” de la Policía y el Ejercito Federales, tuvo que tragarse una mala jornada el día de hoy. Sus “conceptos” sobre los “éxitos en el combate a la influenza, la crisis económica, el desempleo y el narcotráfico” de nada le sirvieron al señor Lozano, ante el repudio unánime del Movimiento Sindical Internacional.
Así se cerró una página más, en la indeclinable lucha de nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas en contra del Inconstitucional decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro y del ilegal despido de 44 mil trabajadores del SME. Pero otras batallas están por venir y ahí estará nuestra voz siempre clasista, nuestras convicciones perennemente democráticas y nuestros principios permanentemente nacionalistas.
Adelante camaradas, construyamos con mayor fuerza nuestra victoria, ésta se encuentra más cerca que lejos, y más temprano que tarde, quienes han ofendido y humillado a la clase trabajadora tendrán que morder el polvo de la derrota y la ignominia como sucedió hoy con Lozano Alarcón.
Fraternalmente
“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”
México D.F. a 14 de junio de 2010
Fernando Amezcua Castillo Secretario del Exterior
Al pueblo mexicano,
Salud:
El día de hoy en la ciudad de Ginebra en Suiza, una delegación del Sindicato Mexicano de
Electricistas compuesta por su Secretario del Interior, José Humberto Montes de Oca Luna y por el Secretario general Martín Esparza Flores, asistieron a la 99 Conferencia de la
Integrado por Trabajadores de la Industria Eléctrica Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Bajo los propósitos de difundir la lucha de los trabajadores electricistas del SME en el plano internacional, de lograr mayor solidaridad de diversos organismos sindicales, y al
mismo tiempo, para introducir nuestra queja por violaciones al Convenio 87 de Libertad
Sindical de la propia OIT, contra el gobierno federal calderonista.
El saldo es cualitativamente favorable para el movimiento del SME, puesto que desde todas las posturas ideológicas y políticas, el Movimiento Sindical Internacional volcó su apoyo a nuestra lucha, así las Organizaciones sindicales de Canadá y los Estados Unidos (encabezados por el Consejo Laboral y la AFL-CIO respectivamente) reiteraron su adhesión a las demandas del SME y lo invitan al Congreso de la Confederación Sindical Internacional (CSI) a realizarse próximamente en Vancouver, Canadá.
Los delegados de la Federación Internacional de trabajadores de la Industria Metalúrgica (FITIM) ayudaron a nuestros camaradas dirigentes a entregar un volante sobre nuestra heroica huelga de hambre, y los camaradas delegados de Venezuela y el Peru contribuyeron con el abucheo generalizado de todos los ahí presentes, en contra de la ya conocida retahíla de mentiras contenidas en el discurso de Javier Lozano Alarcón gerente de relaciones laborales de la oligarquía y secretario de trabajo de Felipe Calderón Hinojosa.
Con el rostro desencajado, la cara perlada de sudor y la ira contenida por no poder contar con sus “muchachos” de la Policía y el Ejercito Federales, tuvo que tragarse una mala jornada el día de hoy. Sus “conceptos” sobre los “éxitos en el combate a la influenza, la crisis económica, el desempleo y el narcotráfico” de nada le sirvieron al señor Lozano, ante el repudio unánime del Movimiento Sindical Internacional.
Así se cerró una página más, en la indeclinable lucha de nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas en contra del Inconstitucional decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro y del ilegal despido de 44 mil trabajadores del SME. Pero otras batallas están por venir y ahí estará nuestra voz siempre clasista, nuestras convicciones perennemente democráticas y nuestros principios permanentemente nacionalistas.
Adelante camaradas, construyamos con mayor fuerza nuestra victoria, ésta se encuentra más cerca que lejos, y más temprano que tarde, quienes han ofendido y humillado a la clase trabajadora tendrán que morder el polvo de la derrota y la ignominia como sucedió hoy con Lozano Alarcón.
Fraternalmente
“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”
México D.F. a 14 de junio de 2010
Fernando Amezcua Castillo Secretario del Exterior
La oligarquía mexicana, a cuadro
Al lanzar su Iniciativa México, los barones del dinero y la oligarquía aprovechan la falta de liderazgo del gobierno calderonista y la debilidad del Estado mexicano para incidir en la opinión pública y erigirse en actores con influencia política. La campaña auspiciada por el duopolio Televisa-TV Azteca, consorcios cuya moralidad ha quedado en duda en etapas cruciales de la vida pública, se llena la boca de México cuando dice exaltar los “valores nacionales” y promover una “nueva mentalidad” entre los mexicanos.
Jenaro Villamil En perfecta sincronía con los tiempos de transmisión y venta del Mundial de Futbol Sudáfrica 2010, en vísperas de las elecciones estatales del 4 de julio y días antes de que la SCT le otorgara a Televisa y a sus socios de Megacable y Telefónica la licitación de la fibra óptica, el lunes 7 –antiguo Día de la Libertad de Prensa– fue lanzada la Iniciativa México: una suerte de celebración de los propietarios de los grandes medios que asumieron el papel de impulsores de los “nuevos líderes naturales” con miras al 2012.
Todo el poder de la televisión se ha utilizado para impulsar esta especie de Teletón con tintes políticos que elegirá “proyectos sociales destacados”. El método de votación, vía televisiva, es parecido al que se utilizó en el reality show conocido como Big Brother.
El despliegue publicitario para promover la iniciativa no tiene precedente; tampoco el “encadenamiento voluntario” de los medios electrónicos que difunden los discursos –similares a los de una campaña política– de Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego.
El pretexto, desde el origen de la idea, fue festejar el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución mexicanas. Así lo expresó Azcárraga Jean el pasado 12 de enero, cuando fue entrevistado en Canal 2 para anunciar las tres iniciativas con que su empresa conmemoraría esas gestas.
Sin embargo, durante el último mes, Iniciativa México se convirtió en un referéndum a favor de la televisora más grande del país, cuestionada por su oposición a la reforma de la ley de medios y por la manera en que el gobierno le ha otorgado las licitaciones más importantes de telefonía móvil y fibra óptica.
Desde mediados de abril, los ejecutivos de Televisa e intelectuales cercanos al consorcio, como Héctor Aguilar Camín, se ofrecieron para transformar “las percepciones sociales” frente a la situación del país, tema que se ha convertido en obsesión reciente de Felipe Calderón.
No se trata de una ayuda desinteresada. De acuerdo con un estudio de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, en sólo tres años el gasto del gobierno federal en comunicación social se incrementó 600% al pasar de 819 millones de pesos en 2006 a 4 mil 927 millones de pesos en 2009. El 60% de esos recursos se destinó a Televisa y TV Azteca.
La premura por sumar la mayor cantidad de medios a la iniciativa de Televisa provocó errores. Algunos, como Diario de Yucatán o Grupo Radio Centro, se deslindaron.
La politóloga Denise Dresser se sorprendió cuando vio que, en el primer bloque matutino del lunes 7, Televisa utilizó su imagen y palabras para incluirla entre los intelectuales que apoyan la Iniciativa México. En la emisión nocturna el consorcio suprimió el spot.
La Iniciativa México no es del todo clara ni transparente. De hecho, medios especializados en análisis publicitario han documentado que se trata de una copia de la campaña Lead India, ganadora del Festival de Publicidad de Cannes, en 2008. Incluso, el proyecto calca también la idea de premiar a “emprendedores sociales”, iniciada en 1981 en la India por la Fundación Ashoka.
Desde ahora y hasta el 7 de julio próximo, la iniciativa ocupará los espacios de la pantalla comercial. En la programación de estos días se difunden fragmentos del spot grabado por el entrenador Javier Aguirre. “Es hora de darle la vuelta a nuestra historia. Pasar del México del ‘sí se puede’ al México del ‘ya se pudo’”, se escucha insistentemente en los canales televisivos, en voz del director técnico de la Selección mexicana de futbol.
Imposición
Cinco días antes de que el 30 de mayo se difundiera en cadena nacional el primer spot de dos minutos con El Vasco Aguirre, el director de Información de Televisa, Javier Tejado Dondé, se reunió con el Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) para informarle que el consorcio lanzaría la Iniciativa México.
Detalló que el proyecto abarca cinco temas: calidad de vida; desarrollo comunitario; medio ambiente: cambio climático; justicia y derechos humanos, y buen gobierno y rendición de cuentas. “Se creará –dijo– un consejo técnico y un consejo consultivo. Esperamos que todos se sumen”.
Mediante una presentación en Power Point, el funcionario del consorcio destacó las principales bondades del proyecto que busca “lograr lo que el gobierno federal no ha podido: modificar la mala percepción que se tiene de nuestro país”, precisó.
Sin consulta previa, los temas ya estaban definidos. La mecánica ya se había fijado. También se estableció el monto del premio al proyecto ganador: 2 millones de pesos para el primer lugar y cuatro premios de 1 millón de pesos, cada uno, para los finalistas de las otras categorías.
De acuerdo con testimonios recabados por el reportero, la mayoría de los vicepresidentes del Consejo Directivo de la CIRT, encabezado por Karen Sánchez Abbott, expresó su apoyo. Otros guardaron silencio. Uno de los más entusiastas fue José Manuel Aguirre Gómez, del Grupo Radio Centro, corporativo radiofónico que finalmente no se incorporó al evento del lunes 7. Fue el único de los 10 grandes grupos radiofónicos en el Distrito Federal que se desligó de la convocatoria.
Entre los medios que no se sumaron a la iniciativa destacan MVS, Canal 22, el Canal del Congreso y las estaciones afiliadas al Instituto Mexicano de la Radio. Canal 11, cuyo director Fernando Sariñana acudió a la reunión, se adhirió al proyecto.
Sin votación de por medio, la CIRT terminó por asumir como propia la iniciativa de Televisa. Para muchos integrantes de la cámara fue una sorpresa que se sumara TV Azteca, de Ricardo Salinas, pues durante las últimas semanas sostuvo una fuerte disputa con la empresa de Azcárraga por la licitación de la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad.
Por medio de sus cabilderos, Televisa ejerció presión para que los renuentes se incorporaran al proyecto. Al final y para no pelearse con el principal consorcio de televisión abierta y televisión por cable y satelital en el país, terminaron por unirse a la Iniciativa México los siguientes grupos: Núcleo Radio Mil, Grupo Radio Fórmula, Grupo Multimedios, Grupo ACIR, Cadena Rasa, Radiorama, Radio S.A., Grupo Imagen y Organización Editorial Mexicana.
También se incorporaron a la convocatoria de Iniciativa México Radiocima, Grupo 7, Grupo Oro, Grupo SIPSE, Grupo Braca y Grupo Uniradio.
Derroche
A finales de mayo, funcionarios de Televisa se reunieron con directivos y propietarios de los 12 periódicos que forman parte de la Asociación de Editores de los Estados (AEE). Aplicaron la misma mecánica para imponer su iniciativa y sus condiciones. Luego de ese encuentro se informó que periódicos de prestigio regional se sumaban a la Iniciativa México, como Diario de Yucatán, El Imparcial de Juan Fernando Healy, la cadena AM de Guanajuato, Michoacán y Jalisco, El Siglo de Torreón de Enrique Irazoqui y los periódicos capitalinos El Universal, El Financiero, El Economista, Milenio y La Razón.
Sin embargo, el martes 8, en una carta, Carlos R. Menéndez Losa, director general del Grupo Megamedia, editor de Diario de Yucatán, puntualizó que este rotativo no forma parte de los medios que se sumaron a la iniciativa de Televisa y de TV Azteca. “La información es incorrecta en todos los sentidos”, subraya la misiva.
Consultados por Proceso, los directivos del periódico comentan que por dos razones no pueden integrarse a la iniciativa; la primera tiene que ver con la congruencia, pues este medio ha denunciado y documentado el excesivo gasto en difusión realizado por la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco y que ha beneficiado sobre todo a Televisa. La segunda razón se refiere a la tradición, “ya que el Diario de Yucatán sólo habla a través de sus páginas y desde su primer director no se ha sumado a ninguna campaña con la televisión comercial”, se indica.
El 26 de mayo, la nota principal de Diario de Yucatán denunció que el gobierno del estado pagó a Televisa 10 millones de dólares (130 millones de pesos) por un promocional del Bicentenario dedicado a las bellezas naturales de la entidad.
Además de esta suma, el gobierno priista ha destinado otras cantidades a la empresa televisiva: 20 millones de pesos por la transmisión a través de los canales abiertos y satelitales de Televisa del concierto de Plácido Domingo, en Chichén Itzá, en octubre de 2008; más de 60 millones de pesos para la difusión de Espacio 2010, grabado en Yucatán, en marzo pasado. Además, invirtió 22 millones de pesos en el Concurso Nuestra Belleza, transmitido y organizado por Televisa en septiembre de 2009, y cubrió buena parte de los gastos de producción de la telenovela Sortilegio, grabada en esta entidad en junio de 2009.
Además de estas erogaciones, el gobierno de Ortega entregó 90 millones de pesos al Teletón para la inauguración del primer Centro de Rehabilitación Integral Teletón (CRIT) de Yucatán, en noviembre de 2008, y destinará 300 millones de pesos para el mismo centro de rehabilitación en los próximos 10 años.
Programa pirata
De acuerdo con Jesús Catalán Meneses, el spot de Aguirre, así como toda la concepción de Iniciativa México, es una copia de la campaña Lead India que fue premiada en 2008 en el Festival de Publicidad de Cannes, Francia.
Esta campaña festeja los 60 años de la independencia de la India frente al imperio británico y, con imágenes de libertad y de liderazgos sociales y políticos, busca proyectar una nueva percepción del gigante asiático.
En la parte medular del promocional aparece el actor Amitabh Bachchan hablando sobre la existencia de “dos Indias”: “una India que quiere y otra India que espera”. “Es tiempo de volar, de ser líderes”, afirma Bachchan.
El fraseo y las imágenes son muy similares a dos spots que fueron prácticamente copiados por Televisa Monterrey y por Televisa México.
“Un México está volteando para abajo y el otro está mirando firmemente el cielo, pensando: es tiempo de volar”, afirma el conductor del spot de Televisa Monterrey. En este promocional se copia la idea de un actor que declama y al fondo se ven los parques industriales, los ríos y las fábricas más importantes, en blanco y negro. Igual que el spot de la India.
En el promocional de Aguirre, el director técnico de la Selección se refiere a la supuesta dicotomía entre el México “ganador” y el México “perdedor”. La imagen inicial es brumosa, casi en blanco y negro, con la columna del Ángel de la Independencia al fondo.
“Habrá que enterrar al México de los complejos y alumbrar al México seguro de sí mismo”, recita Aguirre.
Este fue el promocional que anticipó la cadena nacional del lunes 7, donde Carlos Loret de Mola, de Televisa, y Sergio Sarmiento, de TV Azteca, la hicieron de maestros de ceremonias; dieron a conocer los nombres de los integrantes del Consejo Técnico y del Consejo Consultivo de la Iniciativa México.
Loret de Mola se dio el lujo de corregir a Sarmiento cuando éste confundió a Juan Fernando Healy, de El Imparcial, con Juan Francisco Ealy Ortiz, de El Universal. Emocionados, los dos conductores celebraban su propia exaltación, como si se tratara del evento fundador de un nuevo país.
La primera sorpresa fue la presencia y el discurso del rector de la UNAM, José Narro, quien comparó la Iniciativa México con las dos celebraciones históricas y “fundacionales” de la nación mexicana:
“Lo hacemos en un marco extraordinario, el que nos brinda la oportunidad de recordar y celebrar el Bicentenario del inicio de la lucha de Independencia y el que marca el primer siglo de nuestra Revolución. Se trata de dos de las gestas fundamentales en la historia de México; de dos de las que configuran la trilogía de la República; de dos de nuestras hazañas colectivas, de hechos fundacionales de la nación.
“Al igual que en aquellos tiempos, hoy la sociedad se enfila a cruzar una frontera”, afirmó el rector y deslizó en otra parte de su discurso una crítica a quienes no creen en la política: “Para algunos lo que ha fallado es la política. Creo que, en su caso, algunos políticos no han estado a la altura; en la perspectiva de los críticos nuestra democracia incipiente se ha malogrado; no coincido con ellos. Es verdad que la democracia no resuelve todo, pero también lo es que sin ella no se solventa nada”.
También participó Armando Laborde de la Peña, director de Ashoka México, quien elogió la unión de Televisa y TV Azteca:
“Ver también a las dos televisoras más importantes del país juntas lanzando esta iniciativa nos manda un mensaje muy fuerte de que podemos y vale la pena sumar esfuerzos por México”, apuntó.
La presencia de Ashoka no fue casual. Esta organización, creada en 1980 por el estadunidense Bill Drayton, eligió en 1981 a la India como el país para impulsar el programa de “emprendedores sociales”. Esta fundación, con presencia en 70 países de todo el mundo, lleva su nombre en honor al líder que unificó al subcontinente indio en el siglo III antes de Cristo.
“En Ashoka estamos convencidos de que todos podemos cambiar el mundo, de que todos tenemos ese potencial para ser agentes del cambio, y en ese sentido compartimos plenamente los objetivos con Iniciativa México”, sentenció Laborde de la Peña.
Las dos últimas intervenciones fueron de los barones de la televisión mexicana: Emilio Azcárraga Jean, presidente de Televisa, y Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca.
Ambos coincidieron en que, a pesar de sus diferencias y de competir en varias ocasiones, “hay algo que nos une: creemos en México”. Los dos magnates saludaron la participación de los concesionarios de la radio, de los directivos de prensa y de distinguidos personajes que, como en los viejos tiempos del acarreo priista, observaban el espectáculo transmitido en cadena nacional.
“Este es un esfuerzo deliberado, de cientos de medios de comunicación para que en el retrato de la compleja realidad del país que hacemos a diario, no queden extraviados, olvidados, quienes actúan y consiguen mejorar a la nación que habitamos, que vivimos y que amamos”, afirmó Azcárraga en su discurso.
Con humildad, el presidente de Televisa remató con la siguiente perla declarativa: “Ojalá, dentro de 100 años, alguien se acuerde que un buen día, en 2010, los mexicanos supimos poner de lado nuestras diferencias, para reconocer lo mejor de nosotros mismos y para conseguir la transformación que el país aguarda”.
La convocatoria a creer en el México ganador recibió un primer revés: el empate que con apuros consiguió el equipo que dirige Javier Aguirre, el de la retórica triunfalista, en su debut en el Mundial de Futbol de Sudáfrica.
lunes, junio 14, 2010
IFE: A río revuelto..., el saqueo
Compras onerosas o ineficientes, como la de un edificio de 225 millones de pesos y un sistema de monitoreo de 25 millones de dólares, colocan al Instituto Federal Electoral en el balcón de la sospecha. De acuerdo con diversos testimonios, en la institución que preside Leonardo Valdés Zurita están ocurriendo graves y sistemáticas irregularidades; desorden administrativo e improvisación; irresponsabilidad y robos; adquisiciones que no cumplen con los procedimientos y pagos en exceso e injustificados que, pese a los reportes de la Contraloría General, se mantienen en total impunidad...
Otra RATA chingao!. Valdés Zurita. Bajo sospecha
Álvaro Delgado
Irregularidades administrativas sistemáticas o recurrentes, así como la extraña compra de un edificio, han puesto al presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés, bajo sospecha de ineptitud y corrupción.
La Contraloría General del IFE, creada por el Congreso para someter a escrutinio el manejo de recursos de la institución, identificó un desorden administrativo en las áreas centrales y descentralizadas durante 2009, como robos, adquisiciones sin cumplir con los procedimientos y pagos en exceso e injustificados, lo que ya se había observado también en 2008.
Sin embargo, las auditorías y revisiones del contralor Gregorio Guerrero Pozas detectaron un caso que tiene preocupados y molestos a los consejeros y que agudizó sus pugnas: la compra, en diciembre de 2009, del edificio de Acoxpa 436, en la colonia Exhacienda de Tlalpan, por 262 millones de pesos, al que previo a la compra el IFE invirtió 31 millones de pesos en remodelación, pese a que sólo tenía autorizado medio millón de pesos.
En este contexto se produjo, el viernes 11 de junio, la renuncia del director ejecutivo de Administración del IFE, Fernando Santos Madrigal, justamente quien operó la compra del edificio y a quien Valdés sustituyó provisionalmente con Alfredo Ríos Camarena, su coordinador de asesores.
Las sospechas que recaen sobre el presidente del IFE no solamente tienen que ver con la compra del edificio –de la que Valdés, en apego a su estilo, informó a los consejeros sólo cuando ya había cerrado la operación–, sino también con un antecedente igualmente extraño.
En agosto de 2009, el aún secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Agustín Carstens, solicitó al IFE un ajuste a su presupuesto para afrontar, con austeridad, la crisis económica del país “en el marco de una de las más severas crisis financieras y económicas a nivel internacional, cuando menos en los últimos 60 años”, que estaba afectando las finanzas públicas.
En respuesta, Valdés Zurita comunicó a Carstens que sólo podían recortarse 110 millones de pesos, lo que fue avalado por los consejeros electorales e implicó cancelar programas institucionales, como la evaluación de la estrategia en la integración de mesas directivas de casilla, y aun la fiesta de fin de año para el personal de la institución.
Pero cuatro meses después, en diciembre, y ante la sorpresa de los consejeros, Valdés les comunicó que el IFE contaba con “economías” por 300 millones de pesos.
Y justamente de ahí salieron los recursos para comprar el edificio de Acoxpa 436, que el IFE arrendaba desde junio de 2008 y donde despachan la Unidad de Fiscalización y el Centro Nacional de Verificación y Monitoreo, que vigila el cumplimiento de las pautas de spots electorales y políticos.
Según consejeros consultados, Valdés les aseguró que la compra del inmueble representó un importante beneficio económico para el IFE, ya que los propietarios lo vendían inicialmente en 275 millones de pesos y el trato fue cerrado en 225 millones de pesos más impuestos y derechos.
Lo que Valdés no informó a los consejeros es lo que detectó la Contraloría General: desde que se arrendó ese inmueble de siete pisos fueron firmados cuatro contratos para remodelarlo y reacondicionarlo, por un monto de 29 millones de pesos, que luego aumentó a 31 millones 305 mil pesos.
Opacidad y dispendio
Valdés no ha explicado cuál es la lógica de remodelar un edificio que se tenía planeado comprar, pero que además, según evidencias fotográficas, ni siquiera requería de esas onerosas adecuaciones.
La millonaria inversión para remodelar y reacondicionar el inmueble no se abordó en la sesión de la Junta General Ejecutiva celebrada el 21 de enero, cuando el director ejecutivo de Administración, Fernando Santos Madrigal, fue felicitado por la adquisición.
Valdés felicitó por la compraventa a Santos Madrigal, a quien él nombró en el cargo y a quien previamente apapachó su jefe directo, el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina.
“Quiero sumarme al reconocimiento expresado por el secretario ejecutivo –señaló– porque creo, y estoy convencido, que la modernización de este instituto debe tener en las cuestiones administrativas, como consecuencia, un uso racional de los recursos; debe orientarnos a la construcción de una autoridad electoral cada vez más austera, y, además, debe permitirnos ser cada vez más eficientes en el uso de los recursos y en la rendición de cuentas del uso de dichos recursos.”
Y agregó: “Estoy seguro de que la inversión que se hace en el sistema de Administración, como producto de los ahorros del Ejercicio Presupuestal 2009, nos van a permitir caminar hacia esos objetivos”.
En esa sesión de la Junta General Ejecutiva, Santos Madrigal incurrió en un error en las cifras sobre el costo del edificio, por el que ofreció disculpas: “En la cifra de la adquisición, del concepto adquisición del inmueble ubicado en Calzada Acoxpa, dice 282 millones de pesos y debe decir 262 millones 651 mil 890 pesos”.
Informó que el 15 de diciembre de 2009 se formalizó la operación ante el notario público 11 del Distrito Federal, Carlos Alejandro Durán Loera, apenas cuatro días después de que precisamente la Junta General Ejecutiva autorizó al secretario ejecutivo formalizar, “en su momento, la compra-venta del inmueble”.
El funcionario desglosó la operación que, curiosamente, embonó a la perfección con el avalúo del inmueble: Costo del edificio: 225 millones de pesos; IVA: 25 millones 312 mil 500; impuestos y derechos de escritura: 12 millones 8 mil 130 pesos con 87 centavos; servicios notariales: 331 mil 137 pesos con 45 centavos”.
Y aclaró: “Cabe señalar que previo a la adquisición del inmueble se solicitó un avalúo a Banobras, el cual estableció que el valor comercial del mismo era de 262 millones de pesos. Eso significa entonces que la adquisición se hizo de acuerdo con lo establecido por la norma, muy por debajo del resultado del avalúo”.
Con esta exposición de Santos Madrigal se finiquitó el tema en esa sesión y no se dijo ni una sola palabra sobre la remodelación y las adecuaciones al edificio adquirido por el IFE.
En cuanto a la “Auditoría a la adecuación de espacios del inmueble ubicado en Acoxpa 436 Primera Fase”, identificada como DAOC-26/2009, los resultados relevantes son los siguientes:
Se determinó que el importe final de los trabajos realizados ascendió a $31’305,158, cantidad que se invirtió en un inmueble arrendado; así mismo, esa cantidad excedió el monto límite establecido en el acuerdo JGE-26/2008, el cual asciende a $550,187.
En el desarrollo de la auditoría de la primera etapa se detectaron pagos en exceso y pagos no sustentados por un importe que asciende a $1’779,187.
El convenio modificatorio al contrato, en la primera etapa, es producto de deficiencias en el proyecto ejecutivo, toda vez que el catálogo original de conceptos resultó escaso, lo que generó precios extraordinarios.
Estas irregularidades en el caso del edificio, como muchas otras que halló la Contraloría General del IFE, no fueron abordadas en particular por los consejeros en la sesión del Consejo General del 10 de marzo, cuando se discutió el informe de la gestión 2009.
De hecho, y en términos genéricos, hasta el propio Valdés pidió sanciones contra quienes incurran en irregularidades, una vez que se concluya el proceso para solventar las observaciones del contralor, cuyo informe deberá presentarse en los próximos días.
“Las sanciones que se lleguen a imponer, estoy seguro, se transformarán en incentivos para que el personal de la institución que tiene a su cargo el uso de los recursos públicos del IFE se aplique con mayor responsabilidad y cuidado en el correcto uso de esos recursos que los mexicanos han puesto bajo nuestra custodia.”
En la discusión, sin tampoco particularizar en el caso del edificio, el consejero Marco Antonio Baños propuso crear una comisión de miembros del Consejo General para dar seguimiento a las observaciones del contralor y evitar que éstas se repitan cada año.
“Que se cree una comisión de consejeros electorales que revise de manera puntual no solamente la administración general de la institución, sino que dé un seguimiento puntual, en coordinación con la Contraloría General, sobre todas las observaciones que se han presentado en los informes de referencia”, planteó.
La propuesta de Baños –que no se ha materializado– fue vista con simpatía por los consejeros, inclusive por Valdés, quien sin embargo insistió en que los resultados de la revisión de la Contraría General eran preliminares.
Pero el consejero Marco Antonio Gómez Alcántar advirtió:
“Este es un informe que se presentó sobre un ejercicio que establece una serie de irregularidades administrativas varias y que se parece mucho a todos los informes, o cuando menos al informe anterior que presentó el contralor, y de ahí la necesidad urgente de que estos temas se corrijan.”
Y es que Gómez Alcántar asegura, en entrevista, que las irregularidades detectadas por la Contraloría General del IFE en la revisión del gasto en 2009 son casi idénticas a las encontradas en 2008 y no ha habido decisión de Valdés Zurita de poner orden.
“El punto de fondo es que cada año, cuando menos en las auditorías de 2008 y 2009, las observaciones son exactamente las mismas y no pasa absolutamente nada. Y si revisamos las auditorías atrás realizadas por firmas y despachos externos, se da uno cuenta de que las faltas siguen siendo las mismas; de que el desorden administrativo, la improvisación y la irresponsabilidad son formas constantes como se maneja el IFE.”
Improvisación y equidad
Por eso, después de las revisiones, el que debe deslindar responsabilidades es el contralor Guerrero Pozas, quien ocupa un ente independiente del Consejo General del IFE. “Yo a eso me atengo –continúa Gómez Alcántar–, a que sea el instrumento que corrija todo este tipo de deformaciones que a través de los años se han venido generando”.
–¿En el caso del edificio de Acoxpa se puede presumir corrupción?
–No tengo elementos, ahorita, para presumir corrupción. Cuando menos sí se puede desprender que hay decisiones administrativas muy cuestionables que pudieran llegar a incurrir en responsabilidad, y eso es algo que espero que determine el contralor.
“Si el contralor determina que hay responsabilidad, que se sancione, y si no la hay, que se explique por qué estuvo bien el actuar del instituto en el tema de Acoxpa.”
Gómez Alcántar aclara que, si no hubo corrupción en el proceso de arrendamiento y compra del edificio de Acoxpa, existió al menos ineptitud. “Hay mucha improvisación, y esa improvisación y falta de capacidad se desprende desde el momento en que vemos los perfiles que han llegado al IFE a partir del arribo de Leonardo Valdés”.
Pone los ejemplos del secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo Molina, quien es filósofo, y de la directora jurídica, Rosa María Cano Melgoza, “especialista en divorcios”.
Explica: “Ellos son los responsables de resolver los procedimientos sancionadores. ¿En qué se traduce eso? Se traduce en que la equidad de la contienda está en manos de gente inexperta, que es la que determina desechar o no desechar (las quejas)”.
Pero además, agrega, el desorden administrativo implica que se haya contratado un sistema de monitoreo que, a un precio de 25 millones de dólares, no es eficaz para cumplir con el deber del IFE de verificar si se cumple o se viola el modelo de comunicación política resultado de la reforma de 2008.
“Me parece inconcebible que el monitoreo del IFE no sirva para desahogar los procedimientos especiales sancionadores, que tienen que ser resueltos en cinco días. Eso no lo digo yo, sino que lo ha puesto por escrito innumerables veces el responsable.”
En efecto, Horacio Gamboa Chabbán, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos y secretario técnico del Comité de Radio y Televisión, que Gómez presidió, reconoce inclusive que el monitoreo no sirve para detectar spots ilegales –es decir, los que no han sido pautados por el IFE– o los transmitidos desde estaciones “piratas” o desde países vecinos.
Uno de los oficios en los que reconoce, por escrito, las limitaciones del sistema de monitoreo es el DEPPP/STCTR/11450/2009: “En virtud de que el material requerido no fue presentado por ningún partido político o autoridad electoral, éste no cuenta con la huella acústica referida y, en consecuencia, el mismo no puede ser identificado por el citado sistema.
“En ese sentido, para localizar la transmisión de los promocionales referidos se requiere efectuar una revisión manual de los testigos de grabación de las transmisiones, la cual debe realizarse, en el caso de las difundidas por radio, en tiempo real, razón por la cual resulta materialmente imposible proporcionarle la información requerida en el plazo conferido para tal efecto.”
Al respecto, Gómez exclama: “¿De qué sirve que hayamos invertido casi 30 millones de dólares? Lo único que el sistema puede hacer es dar seguimiento a las pautas, pero no puede detectar spots ilegales que se contraten, por ejemplo, en Estados Unidos y que se escuchen en México a través de la radio o que se difundan a través de estaciones ilegales –hay más de 200 sólo en Oaxaca–. ¿De qué sirve si no detecta propaganda gubernamental que está violando las restricciones?”.
El consejero, quien concluirá su encargo en octubre de este año, afirma que el IFE debe perfeccionar muchos instrumentos para afrontar una contienda electoral compleja en 2012. “El IFE tiene que llegar a principios de 2011 totalmente saneado, modernizado y con gente capaz e instrumentos totalmente óptimos para enfrentar los comicios y garantizar la equidad en la contienda.
“¿Qué significa esto? Que todas las quejas que se presenten en un proceso electoral, por un bando o por otro, tienen que ser resueltas dentro del mismo proceso electoral para que no lleguemos a otro escenario de elección cerrada y parte de las imputaciones sean que el IFE no resolvió, en tiempo, las faltas y violaciones a la ley que cometió el contrincante en una competencia electoral, sobre todo si es cerrada como la de 2006.”
Concluye: “Yo veo un IFE ineficiente, peor que el de antes, y puede haber una turbulencia innecesaria por causa del órgano electoral. Eso puede suceder si nosotros no lo arreglamos”. l
Juan Molinar ¿exsecretario?
La rata cobarde, entreguista de Francisco Molinar Horcasitas, titular de la SCT.Miguel Ángel Granados Chapa
MÉXICO, D.F., 14 de junio.- El informe preliminar entregado a fines de febrero a la Suprema Corte por los magistrados Rosario Mota y Carlos Ronzón no le mereció respeto ni probablemente infundió temor a Juan Molinar Horcasitas. Lo descalificó con aspereza, como respuesta al señalamiento que en ese documento constaba en su contra, como uno de los eventuales responsables de violar garantías individuales en los sucesos que condujeron al incendio de la guardería ABC de Hermosillo y a la muerte de 49 niños y a una vida impregnada de dolor permanente a 75 personitas más.
Tampoco en su entorno pareció importar esa mención, y siguió considerándose al secretario de Comunicaciones y Transportes como uno de los integrantes de la caballada –flaca o robusta, para estos efectos no importa ahora– con la que Acción Nacional contendería en el derby de 2012. Junto con tres o cuatro de sus compañeros de gabinete, Molinar Horcasitas figuraba como presidenciable desde que el año pasado transitó de la dirección del IMSS a la SCT.
Hoy, en cambio, en vísperas de que la Suprema Corte de Justicia discuta el proyecto de dictamen del ministro Arturo Zaldívar donde es formaliza aquella imputación, la posición de Molinar Horcasitas parece más endeble que nunca. En los círculos más altos del poder se habla en voz baja, pero audible, que sus días están contados. Y hasta se anuncia que lo sustituirá Javier Lozano Alarcón, que cumpliría de ese modo un anhelo postergado durante más de tres años, pero por cuya realización ha venido trabajando.
El ahora secretario del Trabajo iba a serlo de Comunicaciones y Transportes, pero Televisa se habría opuesto, por el talante que Lozano le mostró en sus desempeños previos en el ramo, cuando era priista y cercano al presidente Zedillo, que lo hizo subsecretario de ese ramo y presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Hoy, sin embargo, Calderón y Lozano están a partir un piñón con la familia Azcárraga y en compensación a los impulsos recibidos para que ingrese al ámbito de las telecomunicaciones y de la fibra oscura, se levantaría el veto sobre el secretario-pianista, que en la coyuntura laboral más reciente, la recuperación de Cananea por el Grupo México, actuó como un fiel gerente de ese consorcio.
Molinar se iría no por voluntad propia, sino despedido por Calderón, quien por insensible que sea no puede pasar por alto el señalamiento de la Corte a uno de sus colaboradores por incumplimiento de sus deberes constitucionales, según la ambiciosa y certera interpretación del ministro Zaldívar. Aceptar que en su gabinete actúa un secretario señalado (no inculpado porque no se trata de derecho penal, sino de ética) porque sus irresponsabilidades condujeron al terrible desenlace del 5 de junio, sería incurrir en el cinismo. Y es probable que Calderón no quiera que se le descalifique también por eso.
Molinar ha hecho una carrera breve en el servicio público. Se orientó desde el principio a tareas académicas, pero el roce de esas labores con la organización electoral, uno de sus temas de investigación, lo condujo a cambiar de orientación profesional. Nació en Chihuahua en 1955 y veinte años después era un brillante alumno en la naciente Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, de la Universidad Nacional. Fue elegido consejero técnico de la carrera de ciencia política, paso inicial a un desempeño siempre sobresaliente. Se posgraduó en El Colegio de México, a donde volvería después como profesor, tarea que realizó también en otras instituciones de enseñanza superior. Se hizo notar por su libro El tiempo de la legitimidad electoral. Autoritarismo y democracia en México, publicado en 1991.
Tres años después comenzó a salir de la vida académica. En 1994 era preciso acumular señales que dieran confianza al electorado, susceptible de retirarse de las urnas a causa del temor que infundía la violencia política, la de corte insurgente como la del zapatismo armado, o la puramente criminal como la que arrebató la vida a Colosio y Ruiz Massieu. Fue transformada con ese propósito la estructura del Instituto Federal Electoral con la elección de seis consejeros ciudadanos por la Cámara de Diputados. En esa tendencia Molinar Horcasitas fue nombrado director de Partidos Políticos, punta de lanza ciudadana en la red de intereses que regulaban la vida de esas organizaciones.
Se quedó en el IFE. Fue elegido en 1996 consejero electoral, en el primer Consejo General de ese instituto como órgano constitucional autónomo. Se hizo notoria su aproximación al PAN, aunque nadie diría nunca que sesgó su actuación por esa cercanía. Pero cuando Santiago Creel fue nombrado secretario de Gobernación por el presidente Fox, evidenció esa inclinación del consejero Molinar al hacerlo subsecretario de Desarrollo Político. Más tarde rompería con Creel pero el impulso de éste le permitió todavía entrar en la Cámara de Diputados, donde gozó de la confianza de Francisco Barrio y sobre todo de Germán Martínez, que coordinaron la fracción panista en una etapa en que la alianza del PAN con la profesora Elba Esther Gordillo permitió el desarrollo de la fracción elbiazul.
Brotó entonces la veta autoritaria de Molinar Horcasitas, que en lances parlamentarios diversos pasó de la cólera a la exhibición de sus tendencias políticas profundas. Con ese talante sobresalió en el grupo que se acercó a Felipe Calderón durante la contienda interna para la candidatura presidencial. Muy próximo a Calderón durante el proceso constitucional, lo estuvo en mayor medida en los tensos días de la calificación electoral y en la integración del equipo de transición.
Es probable que él mismo, como su entorno, quedara insatisfecho con su nombramiento como director del Instituto Mexicano del Seguro Social, que no forma parte del gabinete legal, el de la primera línea. Pero tenía allí una batalla que librar, la de restringir el gasto de la institución, para lo cual, entre otros arbitrios, multiplicó los contratos de subrogación para guarderías, evidentemente más baratos que las que el IMSS debía operar directamente, porque no consumaban la idea de servicio sino la de negocio que minimiza costos para maximizar ganancias.
En marzo del año pasado Luis Téllez quedó al descubierto y tuvo que salir de la SCT. Ciertamente no fue arrojado a las tinieblas exteriores, donde es el llanto y el crujir de dientes, sino que el complejo político empresarial que nos gobierna le halló pronto acomodo al frente de la Bolsa Mexicana de Valores. Por lo pronto, su infortunio fue la fortuna de Molinar Horcasitas, que de ser verdad lo que dice la intriga palaciega apenas cumplirá quince meses en su cargo. Y se alejará, por supuesto, de toda pretensión presidencial.
Fracasa postura de Zaldívar en caso ABC; proponía castigos a Molinar, Karam y Bours
MÉXICO, DF, 14 de junio (apro).- El ministro Arturo Zaldívar fracasó en su intento de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableciera “responsabilidad ética y política” de los funcionarios implicados en el incendio de la guardería ABC, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hermosillo, Sonora...
- Presiones contra la Corte; insiste Zaldívar en sancionar a Horcasitas
México ensangrentado
MÉXICO, D.F., 14 de junio (apro).- No hay modo de ser optimistas ante la barbarie que padece la nación por la incompetencia, la indolencia y la arrogancia de la camarilla gobernante que encabeza Felipe Calderón, quien sólo es consistente en arrastrar a México al abismo.
Luego de tres años y medio de haber sido impuesto en el cargo, que profundizó la involución de la que ahora se queja César Nava para justificar la nueva catástrofe electoral del partido oficial, Calderón ha sido empeñoso en hacer crecer el desempleo, la pobreza y la criminalidad, incluida la de cuello blanco.
Las carnicerías no dan tregua al asombro: Los muertos ya se computan en racimos y la saña es cada vez más inaudita, en una escalada que exhibe como falaz el argumento oficial --de suyo deleznable-- de que son sólo los criminales los que se matan entre sí por la disputa de territorios.
Pero a la creciente matanza de civiles a manos de criminales y fuerzas del Estado --que se denomina cínicamente “daños colaterales”--, se suma la cobardía ante los abominables asesinatos de Anastasio Hernández Rojas, el viernes 28 de mayo, en San Ysidro, California, y el niño Sergio Adrián Hernández, el lunes 7, en Ciudad Juárez, Chihuahua, a manos de criminales de la Patrulla Fronteriza que protege Barak Obama.
La vida de ambos compatriotas sólo le mereció a Calderón un boletín de prensa fechado en Los Pinos, el jueves 10, cuando ya volaba hacia Sudáfrica a hacer el ridículo junto con la selección de futbol de México y la retórica encendida sólo ratificó su carácter asustadizo ante el imperio.
Tras las carnicerías del viernes 11 --el día más sangriento de su infecunda gestión--, justo cuando el equipo mexicano apenas empató con Sudáfrica--, Calderón hizo publicar en diarios capitalinos y del interior de la República un extenso desplegado justificatorio y reiterativo sobre el reguero de sangre en el territorio nacional.
Según Calderón, de no haber iniciado su “guerra” contra el crimen organizado, “los criminales se hubieran apoderado de una gran parte del país, y habrían sometido ya a millones y millones de familias mexicanas a través del secuestro, la extorsión, el cobro de ‘piso’ o incluso el acoso directo a los integrantes de las familias.”
Lo dice para encubrir que esa es una realidad que solían padecer mexicanos de Chihuahua, Tamaulipas y Baja California, pero que desde su “guerra” se ha extendido a todo el territorio nacional, aun en estados donde los narcos solían vivir con la protección oficial, como los muy panistas Jalisco y Guanajuato.
En el desplegado, publicado a doble plana, Calderón insiste en la cantaleta de comparar un cambio de estrategia a la “retirada del gobierno” o a “cruzarse de brazos” ante el crimen. Lo único que se le exige es que deje la simulación y ataque las finanzas de los delincuentes.
Pero en los cinco puntos de su estrategia no hay una sola referencia al combate a la capacidad financiera de los criminales, particularmente el lavado de dinero, que en México, según estudios serios, asciende a entre 20 mil y 30 mil millones de dólares anuales.
Con el “blanqueo” de dinero las organizaciones criminales tienen liquidez para corromper autoridades --policías, militares, políticos, jueces, periodistas--, contar con poderoso armamento para acobardar al Estado, equipos informáticos, sistemas de comunicaciones y navegación satelital.
De manera que si no se diseña una estrategia clara para neutralizar las vías de lavado de dinero, sobre todo en el sistema financiero formal, ocurre exactamente lo que está pasando en México.
Y tal como lo advierten los especialistas en el mundo, pueden desplegarse tropas militares en todo el territorio nacional, con el aumento de asesinatos y arbitrariedades, y puede aumentarse el número de policías armados y aun aumentarse las penas de cárcel, pero mientras no se ataque la capacidad económica de los criminales, como no se ataca, entonces la barbarie continuará.
Hasta ahora, las tibias medidas en este sentido son también un fracaso: La Ley de Extinción de Dominio, que permite al Estado apoderarse de casas, hoteles, empresas, inversiones y dinero cuyo origen son actividades ilícitas, no ha operado, y las autoridades hacendarias, vía el Sistema de Administración Tributaria (SAT), son más bien tímidas.
Según el más reciente reporte de la Procuraduría General de la República (PGR), de septiembre de 2008 a julio de 2009, sólo se decomisaron 2.9 millones de dólares y 4 millones de pesos mediante procesos judiciales. Un fiasco.
Hasta el senador panista Felipe González, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, reconoce la ineptitud del gobierno de Calderón: “Se ha demostrado, y según lo que nos dicen, son más de 20 mil millones de dólares al año que se lavan en México. Entonces, ¿cómo es posible que una masa de dinero de ese tamaño no sea detectada por el SAT o por las áreas de inteligencia de las policías mexicanas?”
Apuntes
Santiago Creel cimbró a la nación: “Que quede claro. Quiero ser candidato presidencial.” ¿A quién le importa su deseo? Ni a los panistas.
Comentarios: delgado@proceso.com.mx
Luego de tres años y medio de haber sido impuesto en el cargo, que profundizó la involución de la que ahora se queja César Nava para justificar la nueva catástrofe electoral del partido oficial, Calderón ha sido empeñoso en hacer crecer el desempleo, la pobreza y la criminalidad, incluida la de cuello blanco.
Las carnicerías no dan tregua al asombro: Los muertos ya se computan en racimos y la saña es cada vez más inaudita, en una escalada que exhibe como falaz el argumento oficial --de suyo deleznable-- de que son sólo los criminales los que se matan entre sí por la disputa de territorios.
Pero a la creciente matanza de civiles a manos de criminales y fuerzas del Estado --que se denomina cínicamente “daños colaterales”--, se suma la cobardía ante los abominables asesinatos de Anastasio Hernández Rojas, el viernes 28 de mayo, en San Ysidro, California, y el niño Sergio Adrián Hernández, el lunes 7, en Ciudad Juárez, Chihuahua, a manos de criminales de la Patrulla Fronteriza que protege Barak Obama.
La vida de ambos compatriotas sólo le mereció a Calderón un boletín de prensa fechado en Los Pinos, el jueves 10, cuando ya volaba hacia Sudáfrica a hacer el ridículo junto con la selección de futbol de México y la retórica encendida sólo ratificó su carácter asustadizo ante el imperio.
Tras las carnicerías del viernes 11 --el día más sangriento de su infecunda gestión--, justo cuando el equipo mexicano apenas empató con Sudáfrica--, Calderón hizo publicar en diarios capitalinos y del interior de la República un extenso desplegado justificatorio y reiterativo sobre el reguero de sangre en el territorio nacional.
Según Calderón, de no haber iniciado su “guerra” contra el crimen organizado, “los criminales se hubieran apoderado de una gran parte del país, y habrían sometido ya a millones y millones de familias mexicanas a través del secuestro, la extorsión, el cobro de ‘piso’ o incluso el acoso directo a los integrantes de las familias.”
Lo dice para encubrir que esa es una realidad que solían padecer mexicanos de Chihuahua, Tamaulipas y Baja California, pero que desde su “guerra” se ha extendido a todo el territorio nacional, aun en estados donde los narcos solían vivir con la protección oficial, como los muy panistas Jalisco y Guanajuato.
En el desplegado, publicado a doble plana, Calderón insiste en la cantaleta de comparar un cambio de estrategia a la “retirada del gobierno” o a “cruzarse de brazos” ante el crimen. Lo único que se le exige es que deje la simulación y ataque las finanzas de los delincuentes.
Pero en los cinco puntos de su estrategia no hay una sola referencia al combate a la capacidad financiera de los criminales, particularmente el lavado de dinero, que en México, según estudios serios, asciende a entre 20 mil y 30 mil millones de dólares anuales.
Con el “blanqueo” de dinero las organizaciones criminales tienen liquidez para corromper autoridades --policías, militares, políticos, jueces, periodistas--, contar con poderoso armamento para acobardar al Estado, equipos informáticos, sistemas de comunicaciones y navegación satelital.
De manera que si no se diseña una estrategia clara para neutralizar las vías de lavado de dinero, sobre todo en el sistema financiero formal, ocurre exactamente lo que está pasando en México.
Y tal como lo advierten los especialistas en el mundo, pueden desplegarse tropas militares en todo el territorio nacional, con el aumento de asesinatos y arbitrariedades, y puede aumentarse el número de policías armados y aun aumentarse las penas de cárcel, pero mientras no se ataque la capacidad económica de los criminales, como no se ataca, entonces la barbarie continuará.
Hasta ahora, las tibias medidas en este sentido son también un fracaso: La Ley de Extinción de Dominio, que permite al Estado apoderarse de casas, hoteles, empresas, inversiones y dinero cuyo origen son actividades ilícitas, no ha operado, y las autoridades hacendarias, vía el Sistema de Administración Tributaria (SAT), son más bien tímidas.
Según el más reciente reporte de la Procuraduría General de la República (PGR), de septiembre de 2008 a julio de 2009, sólo se decomisaron 2.9 millones de dólares y 4 millones de pesos mediante procesos judiciales. Un fiasco.
Hasta el senador panista Felipe González, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, reconoce la ineptitud del gobierno de Calderón: “Se ha demostrado, y según lo que nos dicen, son más de 20 mil millones de dólares al año que se lavan en México. Entonces, ¿cómo es posible que una masa de dinero de ese tamaño no sea detectada por el SAT o por las áreas de inteligencia de las policías mexicanas?”
Apuntes
Santiago Creel cimbró a la nación: “Que quede claro. Quiero ser candidato presidencial.” ¿A quién le importa su deseo? Ni a los panistas.
Comentarios: delgado@proceso.com.mx
Campañas: dinero sin control
MÉXICO, D.F., 14 de junio.- A menos de un mes de que se realicen los comicios para elegir gobernador en 12 entidades del país, los topes de los gastos de campaña de los candidatos y sus partidos son un adorno demasiado costoso. Y aun cuando en sus informes detallen que agotaron los recursos que se les asignaron de manera oficial, los gastos totales de las campañas siempre serán diferentes y estarán muy por debajo, acaso por miles de pesos.
Ello se debe, entre otros factores, a que en los registros de los aspirantes y las organizaciones incluyen erogaciones que por lo general no coinciden con las que les fueron autorizadas para sus campañas. Además, las autoridades electorales están imposibilitadas para dar seguimiento detallado a esos gastos; mucho menos cuantificarlos y contabilizarlos como parte de las partidas autorizadas.
A pesar de que la reforma constitucional y legal 2007-2008 eliminó el principal rubro de gastos de campaña –la compra de espacios en televisión y radio, ya que a partir de su entrada en vigor se canceló la comercialización de las campañas en esos espacios mediáticos–, todos los institutos electorales, con excepción del de Chihuahua, incrementaron los montos de los topes de gastos de campaña con relación a los comicios estatales de 2004. Los concesionarios se embolsaron más de la mitad de los gastos de campaña; en varios casos fueron dos terceras o tres cuartas partes de esas sumas.
Y aun cuando los topes de gastos de campaña en los estados son altos, comparados con los federales, en 2006 se autorizaron $651’428,441.67 para los aspirantes a la Presidencia de la República. Al dividir esa cantidad entre los 71 millones 374 mil 373 electores que aparecieron en la lista nominal (aun cuando el padrón electoral siempre suele ser mayor), cada uno de los candidatos pudieron gastar en sus actos proselitistas 9 pesos con 13 centavos por cada uno de los electores, cifra inferior a la establecida en 11 de las 12 entidades, donde la excepción fue Tlaxcala.
Hoy, el mayor gasto por elector potencial, según el padrón electoral, lo tiene Zacatecas, con $40.82 –cuatro veces y media más que en la jornada federal–, mientras que el mayor monto total es el de Tamaulipas, con 71 millones 969 mil 187 pesos y 39 centavos, con sólo 2 millones y medio de votantes. Y aunque tiene poco más de la trigésima parte de los electores que había en 2006 a nivel nacional, Tamaulipas fija un tope de gastos de campaña que es superior a la décima parte de lo que se gastó a nivel nacional ese año.
Con relación el gasto por elector potencial, los topes de campaña establecidos en los 12 estados donde habrá comicios el próximo 4 de julio, es el siguiente:
Zacatecas, con un millón 111 mil 521 ciudadanos empadronados: tope de $45’370,854.40 y de $40.82 por elector; Quintana Roo, 849 mil 208 votantes, $25’321,383 de tope y $29.82 por elector; Tamaulipas, 2 millones 486 mil 10 sufragantes, $71’969,187.39 y $28.95 por voto; Oaxaca, 2 millones 582 mil 279, $62’824,708.47 y $24.33;
En Durango, los votantes son un millón 175 mil 265, disponen de $19’ 105,218.00 y $16.26 por elector; Puebla, 3 millones 870 mil 43, $61’462,676.00 y $15.88; Sinaloa, un millón 911 mil 72, $25’867,022.28 y $13.54; Aguascalientes, 792 mil 212, $10’180,225.90 y $12.85; Chihuahua, 2 millones 625 mil 601, $28’522,550.97 y $10.86; Veracruz, 5 millones 327 mil 433, $52’102,180.99 y $9.78; Hidalgo, un millón 843 mil 425, $17,277,563 y $9.37 y, finalmente, Tlaxcala, con 792 mil 120, $5’267,410.83 y $6.65.
Las legislaciones y, eventualmente, los criterios de los integrantes del órgano electoral son tan distintos que, por ejemplo, Aguascalientes cuyo padrón tiene 92 electores más que el de Tlaxcala y con condiciones muy similares, establece un tope de gastos de campaña por candidato de casi el doble que el de Tlaxcala. Además, pese a su elevado monto, esos topes no se respetan, pues partidos y candidatos reciben ingresos extras y erogan dinero que nunca reportan a las autoridades electorales.
Las principales vías para evadir el control de las autoridades electorales son tres:
Una: en el caso de productos o servicios de empresas establecidas que se preocupan por cumplir con el protocolo en las facturaciones que realizan directamente con un tercero –entidad pública o privada– al que en ocasiones entregan incluso documentos de trabajo o productos, o bien prestan servicios con sobreprecios.
Dos: los donativos en especie imposibles de detectar, que pueden ir desde el pago de salarios a colaboradores que en realidad laboran en la campaña, hasta bienes de consumo que son incuantificables.
Tres: el manejo de efectivo para la compra de productos, servicios o directamente de votos.
Para la primera vía, en ocasiones se crean empresas ad hoc; en algunos casos incluso con meses o años de anticipación para tratar de minimizar las suspicacias, como quedó constancia en el expediente de la agrupación Amigos de Fox. En otras, son firmas del candidato, su familia o sus amigos. Así, por ejemplo, las encuestas de preferencia electoral se facturan como estudios de mercado.
Además, con frecuencia se recurre a dependencias gubernamentales, particularmente por la vía de sobreprecios, a consultorías inexistentes, talleres de capacitación que nunca se realizan o a modificaciones mínimas de algún trabajo previo.
Entre los casos recurrentes destacan: los call centers, que hacen campañas telefónicas a favor de un candidato o diseñan estrategias para denostar a su opositor; los préstamos de oficinas, casas o bodegas para utilizarlas durante las campañas, sin que quede ningún registro; los préstamos de equipo, vehículos motorizados y demás bienes que se regresan una vez que concluyen los actos proselitistas, como computadoras o automóviles.
Un ejemplo que vincula las dos primeras vías es el de Zacatecas, donde el descubrimiento de una flotilla de 14 automóviles y dos autobuses en una bodega particular para fines electorales desató un escándalo en las últimas semanas. Aun si se concede que Osaka Motors arrendó los vehículos al PRI, al menos hay dos indicios de irregularidades.
El propietario de la bodega, Hugo Díaz Soto, declaró cándidamente al diario regiomontano El Norte: “En este momento mi único pecado es creer en un proyecto, creer en el proyecto del licenciado Miguel Alonso (candidato el PRI a la gubernatura de Zacatecas) y apoyarlo. Es por eso que les presté mis instalaciones para que ellos pusieran ahí sus vehículos e hicieran uso de ellos para las cuestiones de logística. Crecimos juntos, hemos sido amigos desde siempre”.
Los medios zacatecanos informaron que el inmueble es propiedad de la empresa Pisos y Azulejos y que, al prestar ese inmueble al PRI de manera gratuita, en realidad se hizo un donativo en especie a ese partido, lo que viola por partida doble la legislación electoral: primero, porque las empresas mercantiles no pueden aportar recursos a las campañas electorales; y segundo, porque no hay registro de ese donativo y, por lo mismo, no se contabiliza en los gastos de campaña del candidato priista. Es probable que, en el caso de los vehículos, también haya alguna manipulación en la tarifa.
Adolfo Yáñez Rodríguez, coordinador de la campaña del candidato priista Miguel Alonso Reyes, declaró que la empresa Pisos y Azulejos y la coalición Primero Zacatecas firmaron un contrato de arrendamiento el 28 de abril. Además, el secretario general del Comité Directivo Estatal del PRI, Esaú Hernández, aseguró que se pagaron aproximadamente 3 mil pesos de renta por cada vehículo para utilizarlo durante dos meses. Ese precio es ridículo, señaló Eugenio Garza Rivapalacio, apoderado legal de Osaka Motors, sobre todo porque se trata de 60 unidades nuevas.
Un vehículo de ese tipo se cotiza en aproximadamente 7 mil pesos por mes, cantidad que comparada con la que admite el dirigente priista es notoriamente superior. Este tipo de argucias a las que recurren los candidatos y los partidos se inscriben en la primera vía.
Por lo que respecta a la tercera vía, ésta se utiliza por lo general en la promoción del voto o en las campañas terrestres. De ella no queda ninguna constancia del dinero líquido que manejan los candidatos y los partidos que los promueven. Y aun cuando distribuyan productos –despensas, electrodomésticos y demás–, si éstos se compran en efectivo no queda constancia de cuándo y cuánto se invirtió; además, los partidos políticos tampoco reportan estas erogaciones en los informes oficiales que presentan ante las instancias electorales.
El dinero en efectivo se usa directamente para comprar la voluntad popular, en particular la de los votantes más desprotegidos. En 2009, durante el proceso electoral para la gubernatura en Nuevo León, se dijo que en algunas zonas marginadas el voto costó hasta mil 500 pesos. El caso más evidente de esta práctica es el Pemexgate, instrumentado en los comicios presidenciales de 2000.
Las tres vías enumeradas no son las únicas, sino sólo las más utilizadas. Como puede colegirse, la autoridad electoral está imposibilitada para cuantificar los montos de esas erogaciones de partidos y candidatos, mucho menos para sumarlas a los montos de gastos de campaña.
Por otra parte, es evidente que el dinero público, el del crimen organizado o el de empresas mercantiles (impedidas legalmente para canalizar recursos para fines electorales) puede fluir por cualquiera de las tres vías. Eso es evidente por la propaganda y la promoción electoral desplegada en las entidades donde habrá elecciones el próximo 4 de julio. La paradoja es que eso no se refleja en los estados financieros ni en los reportes de partidos y candidatos.
Las últimas reformas electorales se limitaron a cerrar el paso a las formas tradicionales del fraude electoral, que pasaban por el padrón y las urnas, las casillas, las boletas y las actas, pero no instrumentaron ningún mecanismo para acotar las nuevas formas de violentar la voluntad popular. La realidad, hoy, es que las autoridades electorales administrativas carecen de instrumentos para combatirlas; y cuando avanzan en esa dirección, las autoridades jurisdiccionales las frenan.
Por eso, contrario a las declaraciones de las autoridades electorales, existe vía libre para que el dinero fluya libremente a las campañas electorales e incida en los resultados, sin importar su calidad u origen: lícito o ilícito; público o privado; de empresas mercantiles o del crimen organizado.
Ello se debe, entre otros factores, a que en los registros de los aspirantes y las organizaciones incluyen erogaciones que por lo general no coinciden con las que les fueron autorizadas para sus campañas. Además, las autoridades electorales están imposibilitadas para dar seguimiento detallado a esos gastos; mucho menos cuantificarlos y contabilizarlos como parte de las partidas autorizadas.
A pesar de que la reforma constitucional y legal 2007-2008 eliminó el principal rubro de gastos de campaña –la compra de espacios en televisión y radio, ya que a partir de su entrada en vigor se canceló la comercialización de las campañas en esos espacios mediáticos–, todos los institutos electorales, con excepción del de Chihuahua, incrementaron los montos de los topes de gastos de campaña con relación a los comicios estatales de 2004. Los concesionarios se embolsaron más de la mitad de los gastos de campaña; en varios casos fueron dos terceras o tres cuartas partes de esas sumas.
Y aun cuando los topes de gastos de campaña en los estados son altos, comparados con los federales, en 2006 se autorizaron $651’428,441.67 para los aspirantes a la Presidencia de la República. Al dividir esa cantidad entre los 71 millones 374 mil 373 electores que aparecieron en la lista nominal (aun cuando el padrón electoral siempre suele ser mayor), cada uno de los candidatos pudieron gastar en sus actos proselitistas 9 pesos con 13 centavos por cada uno de los electores, cifra inferior a la establecida en 11 de las 12 entidades, donde la excepción fue Tlaxcala.
Hoy, el mayor gasto por elector potencial, según el padrón electoral, lo tiene Zacatecas, con $40.82 –cuatro veces y media más que en la jornada federal–, mientras que el mayor monto total es el de Tamaulipas, con 71 millones 969 mil 187 pesos y 39 centavos, con sólo 2 millones y medio de votantes. Y aunque tiene poco más de la trigésima parte de los electores que había en 2006 a nivel nacional, Tamaulipas fija un tope de gastos de campaña que es superior a la décima parte de lo que se gastó a nivel nacional ese año.
Con relación el gasto por elector potencial, los topes de campaña establecidos en los 12 estados donde habrá comicios el próximo 4 de julio, es el siguiente:
Zacatecas, con un millón 111 mil 521 ciudadanos empadronados: tope de $45’370,854.40 y de $40.82 por elector; Quintana Roo, 849 mil 208 votantes, $25’321,383 de tope y $29.82 por elector; Tamaulipas, 2 millones 486 mil 10 sufragantes, $71’969,187.39 y $28.95 por voto; Oaxaca, 2 millones 582 mil 279, $62’824,708.47 y $24.33;
En Durango, los votantes son un millón 175 mil 265, disponen de $19’ 105,218.00 y $16.26 por elector; Puebla, 3 millones 870 mil 43, $61’462,676.00 y $15.88; Sinaloa, un millón 911 mil 72, $25’867,022.28 y $13.54; Aguascalientes, 792 mil 212, $10’180,225.90 y $12.85; Chihuahua, 2 millones 625 mil 601, $28’522,550.97 y $10.86; Veracruz, 5 millones 327 mil 433, $52’102,180.99 y $9.78; Hidalgo, un millón 843 mil 425, $17,277,563 y $9.37 y, finalmente, Tlaxcala, con 792 mil 120, $5’267,410.83 y $6.65.
Las legislaciones y, eventualmente, los criterios de los integrantes del órgano electoral son tan distintos que, por ejemplo, Aguascalientes cuyo padrón tiene 92 electores más que el de Tlaxcala y con condiciones muy similares, establece un tope de gastos de campaña por candidato de casi el doble que el de Tlaxcala. Además, pese a su elevado monto, esos topes no se respetan, pues partidos y candidatos reciben ingresos extras y erogan dinero que nunca reportan a las autoridades electorales.
Las principales vías para evadir el control de las autoridades electorales son tres:
Una: en el caso de productos o servicios de empresas establecidas que se preocupan por cumplir con el protocolo en las facturaciones que realizan directamente con un tercero –entidad pública o privada– al que en ocasiones entregan incluso documentos de trabajo o productos, o bien prestan servicios con sobreprecios.
Dos: los donativos en especie imposibles de detectar, que pueden ir desde el pago de salarios a colaboradores que en realidad laboran en la campaña, hasta bienes de consumo que son incuantificables.
Tres: el manejo de efectivo para la compra de productos, servicios o directamente de votos.
Para la primera vía, en ocasiones se crean empresas ad hoc; en algunos casos incluso con meses o años de anticipación para tratar de minimizar las suspicacias, como quedó constancia en el expediente de la agrupación Amigos de Fox. En otras, son firmas del candidato, su familia o sus amigos. Así, por ejemplo, las encuestas de preferencia electoral se facturan como estudios de mercado.
Además, con frecuencia se recurre a dependencias gubernamentales, particularmente por la vía de sobreprecios, a consultorías inexistentes, talleres de capacitación que nunca se realizan o a modificaciones mínimas de algún trabajo previo.
Entre los casos recurrentes destacan: los call centers, que hacen campañas telefónicas a favor de un candidato o diseñan estrategias para denostar a su opositor; los préstamos de oficinas, casas o bodegas para utilizarlas durante las campañas, sin que quede ningún registro; los préstamos de equipo, vehículos motorizados y demás bienes que se regresan una vez que concluyen los actos proselitistas, como computadoras o automóviles.
Un ejemplo que vincula las dos primeras vías es el de Zacatecas, donde el descubrimiento de una flotilla de 14 automóviles y dos autobuses en una bodega particular para fines electorales desató un escándalo en las últimas semanas. Aun si se concede que Osaka Motors arrendó los vehículos al PRI, al menos hay dos indicios de irregularidades.
El propietario de la bodega, Hugo Díaz Soto, declaró cándidamente al diario regiomontano El Norte: “En este momento mi único pecado es creer en un proyecto, creer en el proyecto del licenciado Miguel Alonso (candidato el PRI a la gubernatura de Zacatecas) y apoyarlo. Es por eso que les presté mis instalaciones para que ellos pusieran ahí sus vehículos e hicieran uso de ellos para las cuestiones de logística. Crecimos juntos, hemos sido amigos desde siempre”.
Los medios zacatecanos informaron que el inmueble es propiedad de la empresa Pisos y Azulejos y que, al prestar ese inmueble al PRI de manera gratuita, en realidad se hizo un donativo en especie a ese partido, lo que viola por partida doble la legislación electoral: primero, porque las empresas mercantiles no pueden aportar recursos a las campañas electorales; y segundo, porque no hay registro de ese donativo y, por lo mismo, no se contabiliza en los gastos de campaña del candidato priista. Es probable que, en el caso de los vehículos, también haya alguna manipulación en la tarifa.
Adolfo Yáñez Rodríguez, coordinador de la campaña del candidato priista Miguel Alonso Reyes, declaró que la empresa Pisos y Azulejos y la coalición Primero Zacatecas firmaron un contrato de arrendamiento el 28 de abril. Además, el secretario general del Comité Directivo Estatal del PRI, Esaú Hernández, aseguró que se pagaron aproximadamente 3 mil pesos de renta por cada vehículo para utilizarlo durante dos meses. Ese precio es ridículo, señaló Eugenio Garza Rivapalacio, apoderado legal de Osaka Motors, sobre todo porque se trata de 60 unidades nuevas.
Un vehículo de ese tipo se cotiza en aproximadamente 7 mil pesos por mes, cantidad que comparada con la que admite el dirigente priista es notoriamente superior. Este tipo de argucias a las que recurren los candidatos y los partidos se inscriben en la primera vía.
Por lo que respecta a la tercera vía, ésta se utiliza por lo general en la promoción del voto o en las campañas terrestres. De ella no queda ninguna constancia del dinero líquido que manejan los candidatos y los partidos que los promueven. Y aun cuando distribuyan productos –despensas, electrodomésticos y demás–, si éstos se compran en efectivo no queda constancia de cuándo y cuánto se invirtió; además, los partidos políticos tampoco reportan estas erogaciones en los informes oficiales que presentan ante las instancias electorales.
El dinero en efectivo se usa directamente para comprar la voluntad popular, en particular la de los votantes más desprotegidos. En 2009, durante el proceso electoral para la gubernatura en Nuevo León, se dijo que en algunas zonas marginadas el voto costó hasta mil 500 pesos. El caso más evidente de esta práctica es el Pemexgate, instrumentado en los comicios presidenciales de 2000.
Las tres vías enumeradas no son las únicas, sino sólo las más utilizadas. Como puede colegirse, la autoridad electoral está imposibilitada para cuantificar los montos de esas erogaciones de partidos y candidatos, mucho menos para sumarlas a los montos de gastos de campaña.
Por otra parte, es evidente que el dinero público, el del crimen organizado o el de empresas mercantiles (impedidas legalmente para canalizar recursos para fines electorales) puede fluir por cualquiera de las tres vías. Eso es evidente por la propaganda y la promoción electoral desplegada en las entidades donde habrá elecciones el próximo 4 de julio. La paradoja es que eso no se refleja en los estados financieros ni en los reportes de partidos y candidatos.
Las últimas reformas electorales se limitaron a cerrar el paso a las formas tradicionales del fraude electoral, que pasaban por el padrón y las urnas, las casillas, las boletas y las actas, pero no instrumentaron ningún mecanismo para acotar las nuevas formas de violentar la voluntad popular. La realidad, hoy, es que las autoridades electorales administrativas carecen de instrumentos para combatirlas; y cuando avanzan en esa dirección, las autoridades jurisdiccionales las frenan.
Por eso, contrario a las declaraciones de las autoridades electorales, existe vía libre para que el dinero fluya libremente a las campañas electorales e incida en los resultados, sin importar su calidad u origen: lícito o ilícito; público o privado; de empresas mercantiles o del crimen organizado.
Anuncian huelga general en España
MADRID, 14 de junio (apro).- La central sindical Comisiones Obreras (CCOO) anunció hoy la convocatoria a una huelga general contra la reforma laboral que el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero aprobada este miércoles en el consejo de Ministros de este miércoles, anunció el responsable de comunicación del sindicato, Fernando Lezcano.
La huelga general anunciada por Comisiones Obreras será secundada por la Unión General de Trabajadores (UGT), confirmaron fuentes sindicales al periódico El País.
Ante el fracaso en el diálogo social para llegar a un acuerdo en la reforma laboral, hoy mismo el gobierno de Zapatero anunció que el miércoles la aprobará el Consejo de Ministros, como proyecto de ley y no como decreto, lo que le dará carácter provisional y abrirá la puerta a que continúen las pláticas entre gobierno, grupos políticos, sindicatos y patronal.
El punto más polémico de la discusión es el abaratamiento del despido, la cual es secundada por la Confederación Española de organizaciones Empresariales (CEOE), y que ahora impulsa el gobierno socialista, a raíz de las presiones que sufre de otros gobiernos europeos, principalmente desde Bruselas, y de los mercados.
Con esta huelga, Zapatero se une a los períodos de la democracia, con Felipe González y con el derechista José María Aznar, quienes también padecieron huelgas generales. Recientemente, Grecia es el otro país con severas dificultades que enfrentó una huelga general.
El periodista político de El País, Fernando Garea, señaló que “a Zapatero está a punto de caerle ya su parte de la maldición de todos los presidentes de Gobierno: una huelga general”.
En su blog, Garea, quien tiene diez años en la cobertura de asuntos políticos, señaló que Felipe González enfrentó la huelga por el plan de empleo juvenil y Aznar por el decretazo de reforma laboral.
“Los dos tuvieron que dar marcha atrás luego en sus pretensiones iniciales. A los dos les hizo daño político la huelga, que tuvo un seguimiento distinto.
“Y eso que los dos tenían mayorías absolutas para hacer frente a las protestas en la calle. A Zapatero le llega en situación de debilidad parlamentaria, presionado por Europa y los mercados y en medio de una crisis económica sin precedentes, ni perspectivas de salida”.
Este martes por la tarde, Ignacio Fernández Toxo por parte de CCOO y Cándida Méndez por UGT harán el anuncio oficial de la convocatoria de la huelga general y anunciarán el día en que la llevarán a cabo.
No se prevé que la huelga general sea convocada para este mes, incluso, Apro pudo saber que una de las posibilidades que se barajan es para después de las vacaciones de verano, debido a que este tipo de movilizaciones requieren de tiempo para organizarlos.
El responsable de comunicación de Comisiones Obreras, Fernando Lezcano, dijo que se anunciará mañana la fecha para no dar pie a “intenciones interesadas”, ya que hay quienes pretenden “cuestionar el papel de los sindicatos” echando mano de su discurso de buscar la paz social al principio de la crisis.
Hace una semana, el gobierno español enfrentó la primera huelga de funcionarios en contra del recorte salarial del 5 por ciento de media aprobado por el ejecutivo.
El dirigente de la confederación española de organizaciones empresariales (CEOE), Gerardo Díaz Ferrán criticó la huelga general, pues consideró que el país no está para huelgas, sino para que “todos arrimemos el hombro en la dirección adecuada”, según un despacho de la agencia EFE del día de hoy.
El expresidente Felipe González, quien hace unos días ofreció su apoyo a Zapatero en un evento del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) dijo hoy en la Cadena Ser que ve a Zapatero golpeado por la realidad de la crisis.
“Le ha golpeado la realidad de la crisis y se le nota el peso de la crisis y del ejercicio del poder”, dijo.
En la Moncloa, el gobierno anunció que el miércoles se aprobará el proyecto de ley de la reforma laboral, que no decreto. Este camino de aprobación permite al gobierno negociar con las fuerzas políticas, esto de cara a las propuestas hechas por el Partido Popular (PP) y Convergencia i Unió (CIU).
Aunque se aprueba el miércoles su entrada en vigor será provisional, y definitivamente lo hará en noviembre, según los cálculos parlamentarios, por lo cual podría ser sujeto a que se deroguen aspectos que sean consensuados.
El zarpazo al acecho
El martes 8 de junio, escribí la Reflexión “En los umbrales de la tragedia” en horas del mediodía, más tarde vi el programa televisivo “Mesa Redonda” de Randy Alonso, que se divulga como norma a las 6 y 30 p.m.
Ese día, destacados y prestigiosos intelectuales cubanos que participaban en la Mesa, ante las agudas preguntas del director, respondieron con elocuentes palabras que respetaban grandemente mis opiniones, pero que ellos no creían que habría razón para que Irán rechazara la posible decisión -ya conocida- que adoptaría el Consejo de Seguridad la mañana del 9 de junio, en Nueva York -sin duda alguna acordada entre los líderes de las cinco potencias con derecho al veto: Estados Unidos, Inglaterra y Francia, con los de Rusia y China.
En ese instante, expresé a personas cercanas que me suelen acompañar: “¡Cómo lamento no haber finalizado mi Reflexión expresando que nadie deseaba más que yo estar equivocado!”, pero era ya tarde, no podía retrasar su envío al sitio Web CubaDebate y al diario Granma.
El día siguiente, a las 10 a.m., conociendo que esa era la hora de la reunión, se me ocurrió sintonizar la CNN en español, que con seguridad daría noticias del debate en el Consejo de Seguridad. Pude así escuchar las palabras con que el Presidente del Consejo presentaba un Proyecto de Resolución, promovido días antes por Estados Unidos, apoyado por Francia, Gran Bretaña y Alemania.
Hablaron también varios representantes de los principales miembros implicados en el proyecto. La representante de Estados Unidos explicó por qué su país lo aprobaba, con el consabido pretexto de sancionar a Irán por haber violado los principios del Tratado de No Proliferación Nuclear. A su vez, el representante de Turquía, una de cuyas naves fue víctima del brutal ataque de las fuerzas élites de Israel, que transportadas en helicópteros asaltaron en la madrugada del 31 de mayo la flotilla que llevaba alimentos para el millón y medio de palestinos sitiados en un fragmento de su propia Patria, manifestó la intención de su gobierno de oponerse a nuevas sanciones a Irán.
La CNN, en el espacio que disponía para noticias, presentó varias imágenes de manos levantadas a medida que expresaban con gestos visibles su posición, entre ellas, la del representante del Líbano, país que se abstendría durante la votación.
La presencia serena de los miembros del Consejo de Seguridad que votaron en contra de la Resolución se expresó con la derecha firme de una mano de mujer, la representante de Brasil, que antes había expuesto con tono seguro las razones por las que su Patria se oponía al acuerdo.
Faltaba todavía un mundo de noticias sobre el tema; sintonicé Telesur, que durante horas satisfizo la incontable necesidad de información.
El Presidente Lula da Silva expresó en la ciudad de Natal, al nordeste del país, dos frases lapidarias: que las sanciones aprobadas eran impuestas por “quienes creen en la fuerza y no en el diálogo”, y que la reunión del Consejo de Seguridad “podría haber servido para discutir el desarme de los que tienen armas atómicas”.
Nada de extraño tendría que tanto Israel como Estados Unidos y sus estrechos aliados con derecho al veto en el Consejo de Seguridad, Francia y Gran Bretaña, quieran aprovechar el enorme interés que despierta el Mundial de Fútbol para tranquilizar a la opinión internacional, indignada por la criminal conducta de las tropas élites israelitas frente a la Franja de Gaza.
Es por tanto muy probable que el zarpazo se dilate algunas semanas, e incluso, se olvide por la mayoría de las personas en los días más cálidos del verano boreal. Habría que observar el cinismo con que los líderes israelitas respondan las entrevistas de prensa en los próximos días, donde serán bombardeados con preguntas. Oportunamente, ellos irán elevando el rigor de sus exigencias antes de apretar el gatillo. Ansían repetir la historia de Mossadegh en 1953, o llevar a Irán a la edad de piedra, una amenaza que gusta al poderoso imperio en sus tratos con Paquistán.
El odio del Estado de Israel contra los palestinos es tal, que no vacilarían en enviar al millón y medio de hombres, mujeres y niños de ese país a los crematorios en los que fueron exterminados por los nazis millones de judíos de todas las edades.
La cruz gamada del Führer, pareciera ser la bandera hoy de Israel. No nace del odio esta opinión, sino del sentimiento de un país que se solidarizó y prestó albergue a los judíos cuando en los días duros de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno proyanki de Batista trató de enviar de regreso desde Cuba un buque cargado de ellos, que escapaban de Francia, Bélgica y Holanda, a causa de la persecución nazi.
Conocí muchos miembros de la numerosa comunidad judía radicada en Cuba, cuando triunfó la Revolución; los visité y hablé con ellos en varias ocasiones. Nunca los expulsamos de nuestro país. Las diferencias con muchos de ellos surgieron con motivo de las leyes revolucionarias que afectaron intereses económicos y, por otro lado, la sociedad de consumo atraía a muchos, frente a los sacrificios que implicaba la Revolución. Otros permanecieron en nuestra Patria, y prestaron valiosos servicios a Cuba.
Una etapa nueva y tenebrosa se abre para el mundo.
Ayer, a las 12 y 44 p.m. habló Obama sobre el acuerdo del Consejo de Seguridad.
He aquí algunas notas de lo que expresó el Presidente, tomadas de CNN en español.
“Hoy, el Consejo de Seguridad de la ONU votó por mayoría a favor de una sanción contra Irán por sus repetidos incumplimientos…”
“Esta resolución es la sanción más fuerte que enfrenta el gobierno iraní y envía un mensaje inequívoco sobre el compromiso de la comunidad internacional por frenar la expansión de armas nucleares.”
“Por años, el gobierno iraní ha incumplido sus obligaciones recogidas bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear.”
“Mientras los líderes iraníes se esconden detrás de retórica, sus acciones los han comprometido.”
“De hecho, cuando asumí hace 16 meses, la intransigencia iraní era fuerte.”
“Le ofrecimos perspectivas de un mejor futuro si cumplía sus obligaciones internacionales.”
“Aquí no hay doble standard.”
“Irán violó sus obligaciones bajo las resoluciones del Consejo de Seguridad para suspender el enriquecimiento de uranio.”
“Por eso, estas medidas tan severas.”
“Son las más rigurosas que haya enfrentado Irán.”
“Esto demuestra visión compartida de que en Oriente Medio no conviene a nadie desarrollar estas armas.”
Estas frases que he seleccionado de su breve discurso son más que suficientes para demostrar cuán endeble, débil e injustificable es la política del poderoso imperio.
El propio Obama admitió en su discurso de la Universidad Islámica de Al-Azhar en El Cairo que “En medio de la Guerra Fría, Estados Unidos desempeñó un papel en el derrocamiento de un gobierno iraní elegido democráticamente”, aunque no dijo cuándo ni con qué propósitos. Es posible que ni siquiera se recordara cómo lo llevó a cabo contra Mossadegh en 1953, para instalar en el gobierno la dinastía de Reza Pahlevi, el Sha de Irán, al que armó hasta los dientes, como su principal gendarme en esa región del Medio Oriente, donde el sátrapa acumuló una inmensa fortuna, derivada de las riquezas petroleras de ese país.
En aquel entonces el Estado de Israel no poseía una sola arma nuclear. El imperio tenía un enorme e incontrastable poder nuclear. Fue entonces que a Estados Unidos se le ocurrió la aventurera idea de crear en Israel un gendarme en el Medio Oriente, que hoy amenaza a una parte considerable de la población mundial y es capaz de actuar con la independencia y el fanatismo que lo caracterizan.
Fidel Castro Ruz
Junio 10 de 2010
11 y 59 a.m.
Afganistán: Estados Unidos descubre minerales por valor de un billón de dólares
Estados Unidos descubrió en Afganistán yacimientos minerales por valor de casi un billón de dólares, lo suficiente para cambiar de raíz la economía afgana devastada por varias décadas de hostilidades y dependiente hoy del narcotráfico y la ayuda internacional, escribe el diario The New York Times citando a altos funcionarios del Gobierno estadounidense.
Estos depósitos, desconocidos hasta ahora, incluyen tales cantidades de hierro, cobre, oro, cobalto y metales industriales que Afganistán podría transformarse en uno de los centros más importantes de la minería global. Un memo que circula en el Pentágono señala que Afganistán podría ser "la Arabia Saudí del litio", materia prima que es clave a la hora de producir pilas para portátiles y celulares.
El general David H. Petraeus, jefe del Comando Central de EEUU, manifestó que "allí hay un potencial espectacular". Jalil Jumriany, asesor del ministro afgano de Minería, señaló que esas reservas serán "la espina dorsal de la economía afgana".
El producto interno bruto (PIB) de Afganistán no rebasa 12 mil millones de dólares a día de hoy.
Sin embargo, funcionarios estadounidenses reconocen que las recién descubiertas riquezas minerales constituyen un arma de doble filo. En vez de aportar la paz, podrían endurecer la lucha de los talibanes por recuperar el control del país y ampliar la de por sí rampante corrupción en el Gobierno afgano. También temen que China, ávida de recursos, intente dominar el desarrollo de la minería afgana para disgusto de EEUU, que ya realizó grandes inversiones en esta región.
Otra dificultad radica en que Afganistán tiene muy poca experiencia en lo que se refiere a la industria minera y la protección medioambiental. Tardará décadas en explotar a pleno sus riquezas y hay dudas de que sepa hacerlo de una manera responsable en plano social y ecológico.
Estos depósitos, desconocidos hasta ahora, incluyen tales cantidades de hierro, cobre, oro, cobalto y metales industriales que Afganistán podría transformarse en uno de los centros más importantes de la minería global. Un memo que circula en el Pentágono señala que Afganistán podría ser "la Arabia Saudí del litio", materia prima que es clave a la hora de producir pilas para portátiles y celulares.
El general David H. Petraeus, jefe del Comando Central de EEUU, manifestó que "allí hay un potencial espectacular". Jalil Jumriany, asesor del ministro afgano de Minería, señaló que esas reservas serán "la espina dorsal de la economía afgana".
El producto interno bruto (PIB) de Afganistán no rebasa 12 mil millones de dólares a día de hoy.
Sin embargo, funcionarios estadounidenses reconocen que las recién descubiertas riquezas minerales constituyen un arma de doble filo. En vez de aportar la paz, podrían endurecer la lucha de los talibanes por recuperar el control del país y ampliar la de por sí rampante corrupción en el Gobierno afgano. También temen que China, ávida de recursos, intente dominar el desarrollo de la minería afgana para disgusto de EEUU, que ya realizó grandes inversiones en esta región.
Otra dificultad radica en que Afganistán tiene muy poca experiencia en lo que se refiere a la industria minera y la protección medioambiental. Tardará décadas en explotar a pleno sus riquezas y hay dudas de que sepa hacerlo de una manera responsable en plano social y ecológico.
Irán anuncia el envío de dos barcos con ayuda humanitaria a Gaza
*El régimen de los ayatolás sopesa escoltar la misión con fuerzas de la Guardia Revolucionaria
*Netanyahu supera tres mociones de censura en el Parlamento en plena crisis por el asalto a la flotilla
Un policía palestino llora junto al cadáver de uno de los milicianos muertos ayer frente a la costa de Gaza. AP / LEFTERIS PITARAKIS
RICARDO MIR DE FRANCIA / Jerusalén
*Netanyahu supera tres mociones de censura en el Parlamento en plena crisis por el asalto a la flotilla
Un policía palestino llora junto al cadáver de uno de los milicianos muertos ayer frente a la costa de Gaza. AP / LEFTERIS PITARAKISRICARDO MIR DE FRANCIA / Jerusalén
Una fiesta de pirómanos en el bosque difícilmente puede acabar bien, y ese es el escenario que se avecina si nadie lo remedia. La Media Luna Roja iraní anunció ayer que enviará dos barcos con ayuda humanitaria y voluntarios a Gaza antes de que acabe esta semana. La iniciativa cuenta con el apoyo de la República Islámica y podría incluir una escolta naval de las fuerzas de élite de la Guardia Revolucionaria. En Israel, por ahora, apenas ha habido reacciones. La bronca interna es mayúscula y se ha abierto la veda a los navajazos políticos. La unidad en tiempos de crisis, esta vez hace aguas.
No es la primera vez que Irán envía una flotilla con ayuda humanitaria a la franja desde el inicio del embargo hace cuatro años. Ya ocurrió en enero del 2009, en plena invasión de Gaza. El barco iraní fue entonces interceptado por la Marina israelí después de que Egipto le prohibiera atracar en sus puertos para transportar la ayuda por tierra hasta la franja. El incidente apenas tuvo resonancia, pero esta vez el contexto es más propicio para las aventuras.
Israel no tiene un frente bélico abierto y sí muchos problemas diplomáticos, mientras que Irán espera pronto una nueva ronda de sanciones internacionales por su programa nuclear. El grado del desafío dependerá de la decisión que adopte el régimen de Teherán. Alí Shirazi, uno de los principales asesores del ayatolá Alí Jamenei, aseguró ayer que si «el líder supremo lo aprueba» las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria escoltarán a la flotilla.
VEDA ABIERTA / Mientras, las críticas por la gestión del problema de la flotilla se han desatado en Israel. No es habitual que el apoyo interno al Gobierno se resquebraje en plena crisis, pero esta vez la veda se ha abierto antes de que logre capear la tormenta diplomática. La oposición presentó ayer sin éxito tres mociones de censura en el Parlamento. La iniciativa partió de Kadima, el partido de la exministra de Exteriores Tzipi Livi y fue secundada por el izquierdista Meretz y los partidos árabes.
Livni acusó al Ejecutivo de «evadir su responsabilidad» y «ahondar el aislamiento de Israel». El creciente distanciamiento de EEUU y la comunidad internacional, vino a decir, afectará a la capacidad de maniobra del Ejército israelí en la región. Pero la postura de Livni se antoja tremendamente oportunista.
Como le recordó Netanyahu, durante la guerra de Gaza, cuando él era jefe de la oposición y ella cancillera, su partido apoyó al Gobierno en todo momento. Por entonces, la indignación internacional no tenía nada que desmerecer a la actual y, aun así, Netanyahu se pasó la guerra haciendo de portavoz en las televisiones de EEUU. «Exijo contención y responsabilidad teniendo en cuenta que la próxima flotilla está en el horizonte», dijo como respuesta.
EL BLOQUEO / Hasta ahora el Ejecutivo no había mostrado un ápice de autocrítica por lo ocurrido, pero las críticas de la prensa, los reservistas y parte del Parlamento dieron ayer frutos. «La frustración es comprensible, esto no es lo que buscábamos», dijo el ministro de Defensa, Ehud Barak, durante el debate parlamentario. Pero se mostró inflexible respecto al bloqueo de Gaza, un bloqueo que cada vez cuenta con más detractores en Israel. Barak dijo que el embargo se mantendrá para «prevenir que Hamás gane más poder en Gaza», maniobrar en las negociaciones del soldado cautivo Gilad Shalit e impedir la llegada de armas a la franja.
A falta de anuncio oficial, el diario Haaretz sostenía ayer que Israel se decantará por investigar el asalto a la flotilla mediante una comisión interna. La comisión estaría formada por juristas israelís y supervisada por observadores de EEUU. Esta formula, negociada con Washington, está muy lejos de la comisión externa exigida por la comunidad internacional. Parece un blanqueo de la justicia y, más, después de que Barak dijera que el comité debe dejar claro que el bloqueo de Gaza es legal.
Audio: Entrevista al Presidente Legítimo de México Lic. Andrés M. López Obrador por Radio Bemba sobre la visita a Cananea
Los medios mienten sobre Cananea, haremos una investigación: López Obrador.
En entrevista para nuestro espacio informativo CENIT, Andrés Manuel López Obrador, ex candidato del PRD a la presidencia de México, nos comentó acerca de su visita a Cananea para respaldar al movimiento obrero e invitarlos a no ceder a las presiones de Grupo México y del Gobierno Federal.
Columna Asimetrías. El Estallido: Haciéndonos Astillas
Por Fausto Fernández Ponte
14 junio 2010
“Si seguimos acumulando presiones habrá un estallido social para el largo plazo”.
Salomón Presburger.
I
El señor Presburger, connotado empresario quien, como sabríase, preside la Confederación de Cámaras Industriales de México externó su parecer el jueves pasado (10/VI/, pero éste antójase no muy realista al hablar como algo posible y a largo plazo.
Las presiones sociales aludidas por don Salomón son el bajo crecimiento de la economía de México, el cierre de empresas, que mucha gente se ha quedado sin trabajo y el dramático acrecer de la informalidad económica. Pero éste personaje es optimista.
¿Por qué? Por que el jefe de los concamines, como muchos otros hombres y mujeres de pro en la industria, el comercio, la construcción, las finanzas y, obvio adviértese, también en la política el “estallido social” es una vaga noción de algo remoto.
De hecho, en esos círculos –que son el basamento del poder real, el del dinero, que deviene de la apropiación privada de plusvalía (que, citando a Marx, deviene de la industria) y de los medios de producción, el concepto del estallido es inasible.
Incluso, el propio ex Presidente Luis Echeverría, de triste memoria por la Matanza del Jueves de Corpus, en 1971, y la “guerra sucia”, con 557 desaparecidos, dijo en febrero pasado en Tijuana, que México se encamnina a un estallido social.
II
Echeverría vaticinó además: “Vienen días negros…” Pero el estallido social, señaló, “la política bien orientada debe evitarlo”. Su papel en los hechos señalados atrás, así como en la Matanza de Tlatelolco, exhiben su brutal método de evitar estallido social.
Pero, ¿qué es un estallido social, definición traída hoy a un primer plano de atención pública en virtud de los correlatos causa-efecto? ¿Es insurgencia social? ¿Un movimiento societal de protesta y cambio reivindicatorio? ¿Una revolución?
¿O un brote de descontento e irritación general que bien puede ser, una de dos, espontáneo de furia y venganza social –justiciero-- contra el poder político del Estado y el statu quo, u organizado con objetivos políticos estratégicos claros por un cambio?
Las ciencias políticas no consignan tratamiento alguno del fenómeno que suponemos prospectivo y futuro que llamamos estallido social, siendo el más aproximado el de “revolución” atendidos por Bobbio, Borja y sus predecesores, los Lacouture.
La semántica nos guía: estallido es la acción y efecto de estallar, que es un verbo devenido de una metátesis de un antiguo vocablo latino, “astillare”, o hacer astillas. En su morfología actual es hender o reventar de golpe algo, con chasquido o estruendo.
Otra acepción de estallar es restallar: sobrevenir u ocurrir violentamente. Dicho también de una persona que estalla con violencia en ira o en alegría, en pasión o afecto..
Otros lo entendemos como explosión.
Esto nos lleva a “estallido”, una de cuyas acepciones es lo dicho, por lo común, de algo que se rompe con estrépito; causar ruido extraordinario; temer algún daño inminente y grave. El concepto “estallido social” es retórico y, a la vez, fidedigno. ,
III
Estas precisiones nos conducen inevitablemente a la connotación del concepto y su naturaleza en el tiempo y, sin duda, en el espacio, y a su sentido filosófico-ideológico-político del concepto. Un estallido social es ruptura estruendosa.
Ante esas definiciones, el estallido social en México ya está ocurriendo. Y ocurre estrepitosa, estruendosa, espectacularmente: 77 “ejecutados” el viernes, 77 cuerpos en una fosa común, la toma de Monterrey por Los Zetas, el desalojo de Cananea, etc.
Ante ello, el orden establecido está definitivamente roto. El estallido social no tiene que ser necesariamente político ni reivindicatorio. Las manifestaciones de una anomia objetivamente discernida nos confirman, precisamente, que el país se ha quebrado.
País quebrantado, un fallido poder político del Estado que padece inequívoca descomposición (y ya en el umbral de la desintegración). En Monterrey, Juárez, Culiacán y muchas ciudades más el gobierno simplemente no existe.
Esto ya ha estallado, pues: se está haciendo astillas. Los estallidos sociales no son tales sin la concurrencia activa y/o pasiva de la gente –ergo lo social, distinto de lo societal--, como nos lo consigna la historia. El estallido social es sólo un prolegómeno.
ffponte@gmail.com
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