No es fácil amar a Dios en tierra de indios, ni confesarse cristiano en grupos progresistas. En algunos grupos es hasta vergonzoso y puede arruinar un destino prometedor y esto está muy mal porque en una época tan turbulenta, donde los efectos acumulados de la codicia golpearán a todos, valdría la pena mirar hacia la última utopía que aún nos queda. Deberíamos conservar y revivir el cristianismo.
Jesús definió la quinta esencia de su doctrina al decir que había venido a anunciar la buena nueva a los pobres, la liberación de los cautivos y de los oprimidos (Luc.4:16); casi todo lo demás que dijo o hizo son variaciones sobre este mismo tema y su proclamación fundamental: la fraternidad universal.
Estas palabras deberían estar en el muro principal de todos los templos cristianos que constituyen el legado y la responsabilidad de quienes nos reconocemos como tales.
Con este punto como referencia no es difícil sostener que el dinero y el mercado están al servicio del hombre y no a la inversa, y que la desigualdad demasiado grande debe ser enérgicamente condenada. De estas dos prioridades se desprenden los pilares centrales del pensamiento social cristiano.
Cada vez que el mundo entra en crisis, y lo hace con frecuencia alarmante, se debe a la violación de estos principios y las teorías que sirven para rectificar provienen en forma conciente o inconciente de la fuente judeo-cristiana, como lo señala Eric From.
En México los cristianos progresistas no sólo son vistos como sospechosos, por ser creyentes, por lo que quieren un cambio sino también por aquellos cristianos que no quieren cambios.
Aquí la Iglesia católica, con luminosas excepciones, ha preferido asociarse con el inmovilismo. No movió un dedo para promover la democracia y hoy apoya con hipocresía al partido más descaradamente retrógrado.
La pasada Navidad un grupo importante de políticos católicos franceses convocó a una alianza con los que no comparten su fe a reactualizar el sentido que damos a la economía y a escoger el camino de la solidaridad. Valdría la pena que en nuestra sociedad atribulada hiciéramos lo mismo.
jaorpin@yahoo.com.mx
domingo, abril 12, 2009
Panistas provocadores, priístas chillones
El espectáculo que panistas y priístas están dando al país ha divertido a propios y a extraños y nos ha hecho ver cuál es el verdadero calibre del trato entre las fuerzas políticas dominantes entre nosotros. No es algo sólo para la anécdota, porque se trata de un partido que está gobernando y de otro que nos gobernó durante más de setenta años. Se supone que son pesos completos y las diatribas y los diretes entre ellos nos muestran su real catadura, aparte de enseñarnos a qué nivel nos encontramos en materia de debate político nacional y de seriedad en el análisis.
En una alianza estratégica que lleva ya un tiempo, los panistas han aprendido mucho acerca de las debilidades de los priístas y, curiosamente, los priístas parecen haber aprendido a temer la fuerza disuasiva de los panistas. Pareciera tratarse de un auténtico trastocamiento de la historia y, en efecto, de eso se trata. Para explicárselo no hay más remedio que recurrir, justamente, a la historia. No hace mucho, Manuel Bartlett afirmaba que Salinas tuvo la gran oportunidad de llevar a cabo grandes reformas estructurales que dieran al país un nuevo rumbo; en lugar de eso, dijo, prefirió aliarse con los panistas.
Entre el PRI y el PAN ha habido desde entonces una alianza estratégica que, evidentemente, fue planteada e instrumentada por Salinas. El virtual desastre en el que estuvo a punto de caer el poder priísta en las elecciones de 1988 le hizo pensar que ya no era posible ejercer el poder en exclusiva y tendría que compartirlo con quien o quienes estuvieran más cercanos a su proyecto político, que era privatizador y globalizador. El PAN era esa fuerza y la propuesta se hizo formalmente. El ascenso de ese partido en la ruta hacia el poder del Estado fue, desde entonces, en auge. Su líder, Luis H. Álvarez, lo postuló en los editoriales de La Nación. De partido de oposición, decía, el PAN pasaba a ser un partido con una responsabilidad de poder público, un partido “gobernante”.
Fue un misterio lo que el panista quería decir. De pronto, la gubernatura de un estado como Baja California que el oficialismo priísta había mantenido como un coto cerrado de poder y, además, emblemático, pasó a manos del blanquiazul. Las votaciones del PAN se dispararon y la influencia política de ese partido subió como la espuma. Muchos pensaron que en las elecciones presidenciales de 1994 el candidato panista podía triunfar. Pero fue en esa ocasión cuando pudo verse funcionar en pleno la nueva alianza histórica. En la recta final, Fernández de Cevallos se hizo el occiso y dejó de aparecer en público. Muchos panistas se pasmaron.
En el 2000 tal vez una inmensa mayoría de priístas no entendió cómo se había dado la arrolladora victoria del PAN en las elecciones presidenciales y la tranquilidad con la que Zedillo, su presidente, entregaba el poder a Fox. Muchos se dijeron traicionados y entonces pudo verse también que los priístas enterados del contenido de la alianza entre el viejo partido dominante y el nuevo partido hegemónico eran muy pocos, sólo una cúpula que entendía qué había que hacer, cuál era el acuerdo, cuál su nuevo status en el círculo central del poder y, desde luego, sus derechos en el seno de esa alianza. Desde entonces empezaron a perfilarse nombres señeros: Beltrones, Gamboa (hasta entonces un politiquillo de segunda) y unos cuántos más, a los que luego se les irían agregando los nuevos valores del viejo partido, los gobernadores.
De repente, el PAN se encontró dominando sin oposición la política nacional. Pudo verse, siendo nueva su dominación, que alrededor suyo proliferaba una enorme constelación de intereses de lo más disímbolo, políticos, empresariales, eclesiásticos, regionales y que todos aparecían en un bloque compacto que permitía al más estúpido de los presidentes que hemos tenido, gobernar a sus anchas, sin que nadie le pudiera impedir llevar a cabo sus más ridículas determinaciones. Era la nueva Alianza, dentro de la cual, lo descubrieron los priístas, ellos eran sólo una más de las fuerzas dominantes. En eso, Salinas fue previsor: ya no habría fuerzas partidarias aliadas en el gobierno de la nación, sino las fuerzas que de verdad cuentan, las que poseen el poder económico.
Los priístas, desde 2000, no han hecho otra cosa que negociar y renegociar reacomodos en las esferas de poder. Sus gobernadores fueron los primeros beneficiarios, pero su nuevo poder los fue haciendo crecientemente autónomos y autosuficientes, al grado de que ahora ellos se alían con quien mejor les parece y, a veces, en contra de su misma dirigencia nacional. De tal suerte que el viejo partido, lejos de mantener su antigua cohesión, se ha venido debilitando como fuerza nacional y hoy aparece sólo como una confederación de poderes feudales, a los que los gobiernos panistas, por su lado, alimentan muy convenientemente.
Aun cuando han sido mayoría en las cámaras del Congreso, los priístas, desde 2000, sólo han sido comparsas en el ejercicio del poder de la derecha que hoy tiene su emblema en el PAN. Los panistas se han vuelto más reaccionarios y conservadores y los priístas, para no perder totalmente el poder, se han convertido en desvergonzados derechistas que ya ni de lejos se identifican con sus antiguos idearios. Están en retirada y sus posibles triunfos electorales son meros espejismos que han llamado a los panistas a apretarles las tuercas, posiblemente, para que no se crean tanto. Los panistas saben que en los más recientes debates nacionales los priístas no han sido tan solidarios como se esperaba y, desde el poder, les están advirtiendo que ahora son sólo oposición.
Casi no tienen importancia los pleitos que hoy se dan entre ambos aliados. Los panistas tal vez saben que los priístas, por mucho que se digan ofendidos, volverán al redil y seguirán comportándose como lo que ahora son, unos derechistas que no tienen ya para dónde hacerse. Los priístas se engallaron con las encuestas electorales. Los panistas les están diciendo que tienen una alianza a la que deben fidelidad y, además, que ellos son los que hoy tienen el poder del Estado nacional y que, además, pueden muy bien maicear a sus gobernadores y hacerlos coincidir con el poder de la derecha. Admitir, como lo hizo Beltrones, que les están haciendo lo que le hicieron a López Obrador en 2006, es una confesión de su contubernio en la gran intriga de ese año y en el fraude en el que naufragó nuestra endeble democracia. Si no han aprendido a gobernar, los panistas hoy saben para qué sirve el poder del Estado.
En una alianza estratégica que lleva ya un tiempo, los panistas han aprendido mucho acerca de las debilidades de los priístas y, curiosamente, los priístas parecen haber aprendido a temer la fuerza disuasiva de los panistas. Pareciera tratarse de un auténtico trastocamiento de la historia y, en efecto, de eso se trata. Para explicárselo no hay más remedio que recurrir, justamente, a la historia. No hace mucho, Manuel Bartlett afirmaba que Salinas tuvo la gran oportunidad de llevar a cabo grandes reformas estructurales que dieran al país un nuevo rumbo; en lugar de eso, dijo, prefirió aliarse con los panistas.
Entre el PRI y el PAN ha habido desde entonces una alianza estratégica que, evidentemente, fue planteada e instrumentada por Salinas. El virtual desastre en el que estuvo a punto de caer el poder priísta en las elecciones de 1988 le hizo pensar que ya no era posible ejercer el poder en exclusiva y tendría que compartirlo con quien o quienes estuvieran más cercanos a su proyecto político, que era privatizador y globalizador. El PAN era esa fuerza y la propuesta se hizo formalmente. El ascenso de ese partido en la ruta hacia el poder del Estado fue, desde entonces, en auge. Su líder, Luis H. Álvarez, lo postuló en los editoriales de La Nación. De partido de oposición, decía, el PAN pasaba a ser un partido con una responsabilidad de poder público, un partido “gobernante”.
Fue un misterio lo que el panista quería decir. De pronto, la gubernatura de un estado como Baja California que el oficialismo priísta había mantenido como un coto cerrado de poder y, además, emblemático, pasó a manos del blanquiazul. Las votaciones del PAN se dispararon y la influencia política de ese partido subió como la espuma. Muchos pensaron que en las elecciones presidenciales de 1994 el candidato panista podía triunfar. Pero fue en esa ocasión cuando pudo verse funcionar en pleno la nueva alianza histórica. En la recta final, Fernández de Cevallos se hizo el occiso y dejó de aparecer en público. Muchos panistas se pasmaron.
En el 2000 tal vez una inmensa mayoría de priístas no entendió cómo se había dado la arrolladora victoria del PAN en las elecciones presidenciales y la tranquilidad con la que Zedillo, su presidente, entregaba el poder a Fox. Muchos se dijeron traicionados y entonces pudo verse también que los priístas enterados del contenido de la alianza entre el viejo partido dominante y el nuevo partido hegemónico eran muy pocos, sólo una cúpula que entendía qué había que hacer, cuál era el acuerdo, cuál su nuevo status en el círculo central del poder y, desde luego, sus derechos en el seno de esa alianza. Desde entonces empezaron a perfilarse nombres señeros: Beltrones, Gamboa (hasta entonces un politiquillo de segunda) y unos cuántos más, a los que luego se les irían agregando los nuevos valores del viejo partido, los gobernadores.
De repente, el PAN se encontró dominando sin oposición la política nacional. Pudo verse, siendo nueva su dominación, que alrededor suyo proliferaba una enorme constelación de intereses de lo más disímbolo, políticos, empresariales, eclesiásticos, regionales y que todos aparecían en un bloque compacto que permitía al más estúpido de los presidentes que hemos tenido, gobernar a sus anchas, sin que nadie le pudiera impedir llevar a cabo sus más ridículas determinaciones. Era la nueva Alianza, dentro de la cual, lo descubrieron los priístas, ellos eran sólo una más de las fuerzas dominantes. En eso, Salinas fue previsor: ya no habría fuerzas partidarias aliadas en el gobierno de la nación, sino las fuerzas que de verdad cuentan, las que poseen el poder económico.
Los priístas, desde 2000, no han hecho otra cosa que negociar y renegociar reacomodos en las esferas de poder. Sus gobernadores fueron los primeros beneficiarios, pero su nuevo poder los fue haciendo crecientemente autónomos y autosuficientes, al grado de que ahora ellos se alían con quien mejor les parece y, a veces, en contra de su misma dirigencia nacional. De tal suerte que el viejo partido, lejos de mantener su antigua cohesión, se ha venido debilitando como fuerza nacional y hoy aparece sólo como una confederación de poderes feudales, a los que los gobiernos panistas, por su lado, alimentan muy convenientemente.
Aun cuando han sido mayoría en las cámaras del Congreso, los priístas, desde 2000, sólo han sido comparsas en el ejercicio del poder de la derecha que hoy tiene su emblema en el PAN. Los panistas se han vuelto más reaccionarios y conservadores y los priístas, para no perder totalmente el poder, se han convertido en desvergonzados derechistas que ya ni de lejos se identifican con sus antiguos idearios. Están en retirada y sus posibles triunfos electorales son meros espejismos que han llamado a los panistas a apretarles las tuercas, posiblemente, para que no se crean tanto. Los panistas saben que en los más recientes debates nacionales los priístas no han sido tan solidarios como se esperaba y, desde el poder, les están advirtiendo que ahora son sólo oposición.
Casi no tienen importancia los pleitos que hoy se dan entre ambos aliados. Los panistas tal vez saben que los priístas, por mucho que se digan ofendidos, volverán al redil y seguirán comportándose como lo que ahora son, unos derechistas que no tienen ya para dónde hacerse. Los priístas se engallaron con las encuestas electorales. Los panistas les están diciendo que tienen una alianza a la que deben fidelidad y, además, que ellos son los que hoy tienen el poder del Estado nacional y que, además, pueden muy bien maicear a sus gobernadores y hacerlos coincidir con el poder de la derecha. Admitir, como lo hizo Beltrones, que les están haciendo lo que le hicieron a López Obrador en 2006, es una confesión de su contubernio en la gran intriga de ese año y en el fraude en el que naufragó nuestra endeble democracia. Si no han aprendido a gobernar, los panistas hoy saben para qué sirve el poder del Estado.
Datos adicionales muestran el derroche en Chicontepec
El derroche de Chicontepec no empieza ahora con la reforma”, ya venía de antes. En una fuente de información (escrita en inglés) los contratos de Chicontepec están clasificados –a diferencia, por ejemplo, de los de Cantarell– como contratos de servicios múltiples. Éste fue el nombre usado cuando se repartió el terreno de la cuenca de Burgos para explotar el gas de la misma entre seis trasnacionales. Cada empresa tiene “su” territorio. A principios de año hubo anuncios, sobre todo del director de Pemex Exploración y Producción, de que se había dividido Chicontepec, para su explotación, en ocho sectores, áreas o tramos, según la fuente de información que leyéramos.
El primero de estos grandes contratos –en la fuente en inglés– fue el llamado Chicontepec II; se adjudicó a Dowell Schlumberger y le están pagando mil 395 millones de dólares. Como esta cantidad es aproximadamente igual a la suma de los dos siguientes contratos, de 500 pozos cada uno, se puede suponer que en éste se perforarían aproximadamente mil pozos petroleros. El fallo en su favor fue el 13 de junio de 2007 y el plazo para completar el trabajo es de cuatro años.
El Chicontepec III ya es reciente. También se adjudicó, el pasado 10 de marzo, a la Schlumberger; cubría, como dijimos, 500 pozos, y tiene un costo de 687 millones de dólares. El plazo de ejecución es de mil 187 días, para terminar el 30 de junio de 2012.
El Chicontepec IV fue adjudicado días después, el 27 de marzo, a Weatherford, también con 500 pozos, con un costo para Pemex de 646 millones de dólares. Se inicia la obra el 15 de abril y deberá terminarse el 14 de julio de 2012. El Chicontepec V está en proceso de licitación, el fallo deberá emitirse el 9 de junio.
Complementamos esto con datos de otra fuente. Chicontepec es ahora llamada oficialmente Aceite Terciario del Golfo (ATG). Weatherford recibió hace unos meses otros dos contratos, ATG1 y ATG2, cada uno por 300 pozos. El Chicontepec IV aquí se llama ATG4, y el ATG3 es el Chicontepec III de Schlumberger. En este caso no se menciona al Chicontepec II, de fecha anterior. El conjunto de ambas fuentes nos da 2 mil 600 pozos ya contratados con estas dos empresas.
Vamos a ver por qué decimos que este dineral es un derroche.
Nos vamos a basar en el documento de Pemex: Reservas de hidrocarburos al 1º de enero de 2009, fechado el 20 de marzo de este año, que forma parte de la información que debió hacerse pública en 18 de marzo, y que la otra no lo fue. Las reservas probadas de crudo en esa fecha, en Chicontepec, son 5 por ciento del total. Nos hablan con cifras astronómicas, pero no son probadas, tienen cierta probabilidad de existir, según el caso, y si existieran se tomarían años poder explotar comercialmente ese petróleo. Por ejemplo, las reservas posibles de crudo en esta zona son 11 veces mayores que las probadas; pero existe 10 por ciento de probabilidades de que existan, según publica el propio Pemex. Así que no se vale sumarlas ni revolverlas en el llamado 3P.
Como comparación, el litoral de Tabasco, en la región marina suroeste, tiene reservas probadas de 6 por ciento del total; Bejota-Jujo, 9, y Samaria-Luna, 12 por ciento, estas dos últimas en la región sur, terrestre. Entre las tres suman 27 por ciento de las reservas probadas totales del país, más de cinco veces que las de Chicontepec.
El contraste es todavía mayor con los nuevos campos descubiertos en 2008. En estos casos, las reservas probadas de petróleo crudo son de 224.8 miles de millones de barriles en el sureste, y ya. Es el ciento por ciento del total nacional, o sea que la participación de Chicontepec es de cero por ciento.
Vamos a ver la producción de crudo durante 2008. Chicontepec, uno por ciento del total. Y las otras tres regiones mencionadas, litoral de Tabasco y las dos del sur, tuvieron una producción de 6 por ciento cada una. Las tres juntas, obviamente, produjeron 18 por ciento del total nacional.
Completamos esto con datos de la Memoria de Labores 2007, dado que la de 2008 no ha sido publicada. Los pozos de desarrollo terminados en la región Poza Rica-Altamira, que incluye Chicontepec, con la absoluta mayoría de los pozos, fueron 80 en 2006 y 168 en 2007. En los mismos dos años, en el litoral de Tabasco se perforaron 16 y seis pozos. En Bellota-Jujo, nueve y nueve pozos, y en Samaria-Luna, 19 y 20 pozos.
La suma de las tres áreas fue de 44 pozos en 2006, poco más de la mitad de los 80 de la zona que incluye Chicontepec. Y esa misma suma, para 2007, fue de 35 pozos, frente a 268 del área donde está Chicontepec, en este caso siete veces más pozos que en la suma de los yacimientos mencionados del sur y sureste. Pero, como vimos, en estos tres sitios la producción en 2008 fue de 18 por ciento del total nacional y en Chicontepec sólo de uno por ciento.
Por si fuera poco, veamos la calidad del petróleo en ambos casos. El crudo pesado es el de menor calidad. De la producción de la región marina suroeste, la de crudo pesado fue de cero por ciento: no hay. De la región sur, en 2006 fue de 2.9 y en 2007 de 2.4 por ciento. En cambio, en la región norte, donde está Chicontepec, la de crudo pesado fue de 67 en 2006 y de 61 por ciento en 2007. Además, en la región sur, 22 por ciento de la producción fue de crudo extraligero en 2007, del cual no se produjo ni una gota en la región norte ni, por tanto, en Chicontepec.
Preguntas: ¿Por qué se va toda la gran inversión a Chicontepec, donde la cantidad y la calidad del crudo son peores? ¿Por qué se perforan miles de pozos en el área de donde el año recién terminado salió sólo uno por ciento de la producción nacional? O, por lo menos, eso es lo que nos dicen los pocos datos oficiales que se publicaron el 20 de marzo.
gershen@servidor.unam.mx
El primero de estos grandes contratos –en la fuente en inglés– fue el llamado Chicontepec II; se adjudicó a Dowell Schlumberger y le están pagando mil 395 millones de dólares. Como esta cantidad es aproximadamente igual a la suma de los dos siguientes contratos, de 500 pozos cada uno, se puede suponer que en éste se perforarían aproximadamente mil pozos petroleros. El fallo en su favor fue el 13 de junio de 2007 y el plazo para completar el trabajo es de cuatro años.
El Chicontepec III ya es reciente. También se adjudicó, el pasado 10 de marzo, a la Schlumberger; cubría, como dijimos, 500 pozos, y tiene un costo de 687 millones de dólares. El plazo de ejecución es de mil 187 días, para terminar el 30 de junio de 2012.
El Chicontepec IV fue adjudicado días después, el 27 de marzo, a Weatherford, también con 500 pozos, con un costo para Pemex de 646 millones de dólares. Se inicia la obra el 15 de abril y deberá terminarse el 14 de julio de 2012. El Chicontepec V está en proceso de licitación, el fallo deberá emitirse el 9 de junio.
Complementamos esto con datos de otra fuente. Chicontepec es ahora llamada oficialmente Aceite Terciario del Golfo (ATG). Weatherford recibió hace unos meses otros dos contratos, ATG1 y ATG2, cada uno por 300 pozos. El Chicontepec IV aquí se llama ATG4, y el ATG3 es el Chicontepec III de Schlumberger. En este caso no se menciona al Chicontepec II, de fecha anterior. El conjunto de ambas fuentes nos da 2 mil 600 pozos ya contratados con estas dos empresas.
Vamos a ver por qué decimos que este dineral es un derroche.
Nos vamos a basar en el documento de Pemex: Reservas de hidrocarburos al 1º de enero de 2009, fechado el 20 de marzo de este año, que forma parte de la información que debió hacerse pública en 18 de marzo, y que la otra no lo fue. Las reservas probadas de crudo en esa fecha, en Chicontepec, son 5 por ciento del total. Nos hablan con cifras astronómicas, pero no son probadas, tienen cierta probabilidad de existir, según el caso, y si existieran se tomarían años poder explotar comercialmente ese petróleo. Por ejemplo, las reservas posibles de crudo en esta zona son 11 veces mayores que las probadas; pero existe 10 por ciento de probabilidades de que existan, según publica el propio Pemex. Así que no se vale sumarlas ni revolverlas en el llamado 3P.
Como comparación, el litoral de Tabasco, en la región marina suroeste, tiene reservas probadas de 6 por ciento del total; Bejota-Jujo, 9, y Samaria-Luna, 12 por ciento, estas dos últimas en la región sur, terrestre. Entre las tres suman 27 por ciento de las reservas probadas totales del país, más de cinco veces que las de Chicontepec.
El contraste es todavía mayor con los nuevos campos descubiertos en 2008. En estos casos, las reservas probadas de petróleo crudo son de 224.8 miles de millones de barriles en el sureste, y ya. Es el ciento por ciento del total nacional, o sea que la participación de Chicontepec es de cero por ciento.
Vamos a ver la producción de crudo durante 2008. Chicontepec, uno por ciento del total. Y las otras tres regiones mencionadas, litoral de Tabasco y las dos del sur, tuvieron una producción de 6 por ciento cada una. Las tres juntas, obviamente, produjeron 18 por ciento del total nacional.
Completamos esto con datos de la Memoria de Labores 2007, dado que la de 2008 no ha sido publicada. Los pozos de desarrollo terminados en la región Poza Rica-Altamira, que incluye Chicontepec, con la absoluta mayoría de los pozos, fueron 80 en 2006 y 168 en 2007. En los mismos dos años, en el litoral de Tabasco se perforaron 16 y seis pozos. En Bellota-Jujo, nueve y nueve pozos, y en Samaria-Luna, 19 y 20 pozos.
La suma de las tres áreas fue de 44 pozos en 2006, poco más de la mitad de los 80 de la zona que incluye Chicontepec. Y esa misma suma, para 2007, fue de 35 pozos, frente a 268 del área donde está Chicontepec, en este caso siete veces más pozos que en la suma de los yacimientos mencionados del sur y sureste. Pero, como vimos, en estos tres sitios la producción en 2008 fue de 18 por ciento del total nacional y en Chicontepec sólo de uno por ciento.
Por si fuera poco, veamos la calidad del petróleo en ambos casos. El crudo pesado es el de menor calidad. De la producción de la región marina suroeste, la de crudo pesado fue de cero por ciento: no hay. De la región sur, en 2006 fue de 2.9 y en 2007 de 2.4 por ciento. En cambio, en la región norte, donde está Chicontepec, la de crudo pesado fue de 67 en 2006 y de 61 por ciento en 2007. Además, en la región sur, 22 por ciento de la producción fue de crudo extraligero en 2007, del cual no se produjo ni una gota en la región norte ni, por tanto, en Chicontepec.
Preguntas: ¿Por qué se va toda la gran inversión a Chicontepec, donde la cantidad y la calidad del crudo son peores? ¿Por qué se perforan miles de pozos en el área de donde el año recién terminado salió sólo uno por ciento de la producción nacional? O, por lo menos, eso es lo que nos dicen los pocos datos oficiales que se publicaron el 20 de marzo.
gershen@servidor.unam.mx
Fox, “responsable de la crisis”
*Debe el gobierno en turno castigar las trapacerías del guanajuatense, reclama priísta
*El Presidente no lo tocará, por el costo político para su partido: Graco Ramírez
*“Aún es posible investigar su fortuna”
*El Presidente no lo tocará, por el costo político para su partido: Graco Ramírez
*“Aún es posible investigar su fortuna”
En su sexenio se dilapidó la renta petrolera y no se hizo inversión productiva, señalanFox, corresponsable de la actual crisis nacional, dicen legisladores
*Calderón hará todo lo posible para que nada se esclarezca, advierte el senador Graco Ramírez
*El titular del Ejecutivo debe “castigar las trapacerías del ex presidente”, exige Samuel Aguilar
Roberto Garduño y Georgina Saldierna
El manejo irregular del presupuesto público y de la política económica nacional durante el gobierno del panista Vicente Fox Quesada conjuntó críticas de legisladores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI), quienes consideraron que el ex presidente es responsable en gran parte de la crisis por la que atraviesa el país.
El senador perredista Graco Ramírez aseveró que a pesar de los malos resultados del gobierno de Fox, Felipe Calderón hará todo lo posible para no tocar al ex mandatario, pues hacerlo implicaría un enorme costo político para su partido y asumir que no hay manera de distinguir entre una administración del PRI y una de Acción Nacional.
La Cámara de Diputados debe actuar frente a los resultados que arroja la revisión de la Cuenta Pública de 2006, abundó.
Refirió que durante el mandato de Fox se dilapidó la renta petrolera, que fue una de las más importantes en la historia, sin que se hubiera hecho una sola inversión de carácter productivo o en infraestructura. Todo se fue al gasto corriente y a fideicomisos que aún no se terminan de investigar, puntualizó.
Sumado a ello, mencionó que se mantuvo una economía de especulación en la banca y se careció de una estrategia para generar el crecimiento del país.
“Se llegó al absurdo de tener un gobierno rico sin que hubiera posibilidad de crecimiento, porque no se detonó la economía nacional”, enfatizó.
Con su actuación al frente de la administración pública, el guanajuatense demostró una total falta de compromiso con el país, explicó. Ahora Calderón va a hacer todo lo posible para que lo sucedido en el sexenio foxista en materia económica no se esclarezca, subrayó.
Lo anterior se va a hacer en función de mantener intocado al ex presidente y no asumir la responsabilidad de lo que fue la primera experiencia del PAN como gobierno federal, expuso.
Investigar fortuna foxista
A su vez, el legislador perredista Humberto Zazueta expresó: “no se puede proceder legalmente contra Fox, pero sí es posible investigar a fondo su riqueza patrimonial con objeto de imputarle, si fuera el caso, delitos contemplados en el Código Penal Federal relativos al enriquecimiento ilícito”.
Recordó que no sólo en materia presupuestaria y económica falló Fox Quesada. “También fue un ejemplo paradigmático” de los políticos que, como “en los mejores años del régimen priísta”, incumplen sus promesas de campaña.
“Recordamos cómo prometió que el país crecería en un promedio de 7 por ciento anual, cuando ni en el mejor escenario nacional se había alcanzado esa cifra.”
Agregó que en caso de que Fox haya incurrido en delitos, debe aplicarse la ley, además de que enfrentará “el veredicto negativo de la sociedad y de la historia”.
Insistió Zazueta en que la ley no contempla castigo para la impunidad en que vivió Fox durante seis años en la Presidencia, pero aún es posible emprender una investigación seria y con amplias repercusiones en torno a él y sus parientes para dilucidar si se benefició del manejo de recursos públicos para acrecentar su fortuna personal y familiar.
En consonancia, el diputado priísta Samuel Aguilar advirtió que el ex mandatario panista debe ser investigado por la actual administración de Felipe Calderón, quien está obligado a dar una “muestra mínima de congruencia para castigar las trapacerías del ex presidente”.
El representante priísta responsabilizó a Fox de “haber llevado al país a la ruina, porque no sólo manejó perversamente, en beneficio de sus amigos y el propio, millonarias cantidades de dinero, sino que cobijó los manejos turbios de su esposa, Marta Sahagún; sus familiares, entre ellos los más destacados, Manuel y Jorge Bribiesca; (Calderón) tiene la palabra, y esperamos una señal mínima de congruencia en el poder, porque, en el caso contrario, el presente será un sexenio perdido”.
El manejo irregular del presupuesto público y de la política económica nacional durante el gobierno del panista Vicente Fox Quesada conjuntó críticas de legisladores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI), quienes consideraron que el ex presidente es responsable en gran parte de la crisis por la que atraviesa el país.
El senador perredista Graco Ramírez aseveró que a pesar de los malos resultados del gobierno de Fox, Felipe Calderón hará todo lo posible para no tocar al ex mandatario, pues hacerlo implicaría un enorme costo político para su partido y asumir que no hay manera de distinguir entre una administración del PRI y una de Acción Nacional.
La Cámara de Diputados debe actuar frente a los resultados que arroja la revisión de la Cuenta Pública de 2006, abundó.
Refirió que durante el mandato de Fox se dilapidó la renta petrolera, que fue una de las más importantes en la historia, sin que se hubiera hecho una sola inversión de carácter productivo o en infraestructura. Todo se fue al gasto corriente y a fideicomisos que aún no se terminan de investigar, puntualizó.
Sumado a ello, mencionó que se mantuvo una economía de especulación en la banca y se careció de una estrategia para generar el crecimiento del país.
“Se llegó al absurdo de tener un gobierno rico sin que hubiera posibilidad de crecimiento, porque no se detonó la economía nacional”, enfatizó.
Con su actuación al frente de la administración pública, el guanajuatense demostró una total falta de compromiso con el país, explicó. Ahora Calderón va a hacer todo lo posible para que lo sucedido en el sexenio foxista en materia económica no se esclarezca, subrayó.
Lo anterior se va a hacer en función de mantener intocado al ex presidente y no asumir la responsabilidad de lo que fue la primera experiencia del PAN como gobierno federal, expuso.
Investigar fortuna foxista
A su vez, el legislador perredista Humberto Zazueta expresó: “no se puede proceder legalmente contra Fox, pero sí es posible investigar a fondo su riqueza patrimonial con objeto de imputarle, si fuera el caso, delitos contemplados en el Código Penal Federal relativos al enriquecimiento ilícito”.
Recordó que no sólo en materia presupuestaria y económica falló Fox Quesada. “También fue un ejemplo paradigmático” de los políticos que, como “en los mejores años del régimen priísta”, incumplen sus promesas de campaña.
“Recordamos cómo prometió que el país crecería en un promedio de 7 por ciento anual, cuando ni en el mejor escenario nacional se había alcanzado esa cifra.”
Agregó que en caso de que Fox haya incurrido en delitos, debe aplicarse la ley, además de que enfrentará “el veredicto negativo de la sociedad y de la historia”.
Insistió Zazueta en que la ley no contempla castigo para la impunidad en que vivió Fox durante seis años en la Presidencia, pero aún es posible emprender una investigación seria y con amplias repercusiones en torno a él y sus parientes para dilucidar si se benefició del manejo de recursos públicos para acrecentar su fortuna personal y familiar.
En consonancia, el diputado priísta Samuel Aguilar advirtió que el ex mandatario panista debe ser investigado por la actual administración de Felipe Calderón, quien está obligado a dar una “muestra mínima de congruencia para castigar las trapacerías del ex presidente”.
El representante priísta responsabilizó a Fox de “haber llevado al país a la ruina, porque no sólo manejó perversamente, en beneficio de sus amigos y el propio, millonarias cantidades de dinero, sino que cobijó los manejos turbios de su esposa, Marta Sahagún; sus familiares, entre ellos los más destacados, Manuel y Jorge Bribiesca; (Calderón) tiene la palabra, y esperamos una señal mínima de congruencia en el poder, porque, en el caso contrario, el presente será un sexenio perdido”.
Han muerto 610 niños en las guerras por la droga de Calderón
*En fuego cruzado durante enfrentamientos de bandas rivales murieron 110, reporta la Sedena
*Entre las bajas hay 427 que fueron reclutados como sicarios por el crimen organizado
*Comando dispara en contra de pobladores de Arcelia, Guerrero; en Chihuahua, 5 ejecutados
*Entre las bajas hay 427 que fueron reclutados como sicarios por el crimen organizado
*Comando dispara en contra de pobladores de Arcelia, Guerrero; en Chihuahua, 5 ejecutados
Familiares de personas ejecutadas en la comunidad de Creel, Chihuahua, realizaron una protesta frente al Congreso estatal. En ese incidente, ocurrido en enero pasado, perdieron la vida 13 personas, entre ellas dos menores de edad.Desde 2006 al menos 3 mil 700 menores quedaron huérfanos
Han muerto 610 niños en las guerras por la droga: Sedena
De ese total, 427 perecieron tras ser reclutados como sicarios
Han muerto 610 niños en las guerras por la droga: Sedena
De ese total, 427 perecieron tras ser reclutados como sicarios
De diciembre de 2006 a marzo de 2009, en la guerra entre cárteles y en las batallas entre sicarios y fuerzas del Estado, existen otros saldos: 610 niños han muerto y al menos 3 mil 700 quedaron en la orfandad, revelan informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a los cuales La Jornada tuvo acceso.
De los 610 menores fallecidos, 110 cayeron víctimas del fuego cruzado durante enfrentamientos entre bandas rivales o sicarios y fuerzas del Estado; 73 fueron ejecutados en el momento en que integrantes del crimen organizado asesinaban a sus familiares; otros 427 que habían sido reclutados como sicarios han muerto en enfrentamientos entre grupos rivales, y los restos de 120 de éstos últimos, fueron enviados a la fosa común porque nadie los reclamó.
Los informes castrenses, elaborados a partir de los reportes que envían a esta dependencia las procuradurías estatales, refieren que en lo que va de la administración del presidente Felipe Calderón han muerto 610 menores, cuyas edades van desde los dos meses hasta los 16 años.
Estos son algunos ejemplos: en abril de 2007, en un rancho ganadero del municipio de Frontera Comalapa, en los límites con Guatemala, miembros de bandas dedicadas al tráfico de indocumentados, drogas y armas, asesinaron a cinco personas; dos de ellas eran menores de edad: Jesús Iván Vázquez Vega, de 17 años, y Fabiola Cárdenas Jacob, de 14.
La madrugada del 4 de mayo de 2007, durante un tiroteo en la colonia Florida, municipio de Ecatepec, estado de México, murieron los menores Fernando Cruz Ayala y Cristina Mendoza Rodríguez. Presentaban cuatro y 10 heridas de bala, respectivamente.
Un año después, en un paraje de Playas de Rosarito, Baja California, fueron localizados los cuerpos de cinco menores de edad asesinados con armas de fuego y con huellas de tortura. Las víctimas –entre ellas una joven de 17 años–, estaban apiladas en una calle del poblado Cuero de Venados, en las inmediaciones del rancho Casián, a medio kilómetro del bulevar 2000, vialidad que une a Tijuana con Playas de Rosarito.
El 14 de julio de 2008, en Sinaloa, 12 personas fueron ejecutadas, tres de ellas eran menores de edad. Los crímenes se cometieron en la esquina del bulevar Rosales y Enrique Bunant, atrás de un centro comercial. En el sitio se encontraron más de 300 casquillos de fusiles AR-15 y AK-47. Las víctimas fueron identificadas como Melina Judith Angulo Ruiz, de 12 años; Jesús Antonio Sabredica Salazar, de 17, y José Leonardo Castañeda Parra, de 17.
Ese mismo mes y año, en Jalisco, seis integrantes de una familia –tres menores de edad– fueron ejecutados con el tiro de gracia en una casa en Ciudad Guzmán, cabecera municipal de Zapotlán El Grande. Las víctimas infantiles fueron identificadas como Roberto Bernardino Campos, de 15; Magali Bautista Campos, de ocho, y Mayra Bautista Campos, de siete.
En agosto del año pasado, en la comunidad de Creel, Chihuahua, grupos de sicarios ejecutaron a 13 personas, incluyendo a un niño de cuatro años de edad y otro de meses.
El 3 de enero de este año, en Tijuana, Baja California, un menor de 14 años, identificado como Alejandro Joel Arámbula Flores, y cuatro hombres fueron ejecutados y sus cuerpos abandonados en un coche.
Según los reportes en estos estados murieron 183 menores: Chihuahua, 43; Baja California, 26; Zacatecas, 23; Tabasco, 11; Tamaulipas, nueve; Michoacán, 17; Guerrero, 19; Sinaloa, 15; Durango, siete, y Nuevo León, 13.
Los huérfanos
Los reportes castrenses señalan que durante la administración de Felipe Calderón, al menos se han contabilizado 3 mil 700 menores en la orfandad a causa de la ejecución de sus padres.
Los informes indican: “estos 3 mil 700 menores de edad han quedado marcados sicológicamente al haber observado uno de los hechos mas traumáticos de su vida, y a ello hay que agregar que han tenido que sobrellevar otro problema mayor: vivir con desconocidos o familiares para no ir a una casa hogar.
“En este contexto, las ejecuciones están provocando que los niños se vuelvan víctimas y después en victimarios por el odio con el que están creciendo”.
Los sicarios
Las estadísticas gubernamentales señalan que del total de delitos cometidos a escala nacional, 9.23 por ciento son perpetrados por menores de 12 a 15 años.
En ese contexto, el gobierno federal tiene documentado que han muerto por disputas entre cárteles rivales 427 menores de edad que actuaban como sicarios y que 30 por ciento de los cadáveres fueron enviados a la fosa común.
Según los reportes consultados, los niños fueron contratados por sumas que oscilan entre los 5 y 10 mil pesos mensuales al inicio, y “en su mayoría fueron cooptados después de haber sido liberados de los consejos tutelares mediante el pago de fianzas.
“Los cárteles también están reclutando a niños en situación de calle o en colonias donde la población enfrenta situaciones de pobreza extrema.
“En muchos de los casos, el primer paso para cooptarlos es brindarles protección jurídica, alimentaria, de vestimenta y de vivienda. Luego, son entrenados en el manejo de armas.
“Los niños sicarios son utilizados por el crimen organizado como avanzada en acciones armadas en contra de miembros de otros grupos, y como espías de las bandas rivales.
“A esos menores se les vuelve adictos, si no lo eran antes. Se ha detectado que en primera instancia son bautizados con mariguana, después ellos escogen la droga que consumirán, siempre y cuando sus ingresos se los permitan.
Además, quienes logran ascender en la estructura criminal tienen mayores ingresos, hay registro del pago de cientos de dólares por alguna acción especial.
En mayo de 2007, efectivos del Ejército detuvieron a seis adultos y a cuatro mujeres menores de edad en el municipio de Carácuaro, Michoacán, luego de que fue emboscada una partida del 12 Batallón de Infantería, con saldo de cinco muertos y tres heridos.
Las 10 personas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Morelia. Se les inició la averiguación previa AP/PGR/-MICH/M-II/283/2007, por la comisión de delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
En octubre de 2008, en Caborca, Sonora, los menores Claudio y Eduardo fueron detenidos por la policía estatal investigadora, en el ejido Morelos; el reporte oficial mencionó que portaban armas de fuego, chalecos antibalas y cientos de cartuchos útiles.
En febrero de este año en Tultitlán, estado de México, agentes federales detuvieron a 10 sicarios del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, dos de ellos eran menores de edad; la encomienda era eliminar a miembros La Familia, que opera en esa zona.
.....Y si mataran a los hijos de Felipe Calderón ?
La niñez y la violenciaDe acuerdo con informes de la Secretaría de la Defensa Nacional, a poco más de dos años de que se inició la llamada guerra contra el narcotráfico” del gobierno de Felipe Calderón, han muerto 610 niños –la mayoría de los cuales habían sido reclutados como sicarios por las organizaciones criminales– y alrededor de 3 mil 700 han quedado en la orfandad tras la ejecución de sus familiares.
Los datos que se comentan son el reflejo más devastador de cuantos ha producido hasta ahora la violencia emanada de las pugnas entre los cárteles de la droga y de las confrontaciones entre éstas y las fuerzas del Estado en el contexto de la cruzada antinarco emprendida por el calderonismo. De inicios de 2007 –cuando comenzaron los despliegues de efectivos militares en distintos puntos del territorio nacional– a la fecha, la sociedad ha sido testigo no sólo del fracaso de la política vigente de seguridad pública –que no ha logrado contener a los grupos de delincuentes–, sino también de una escalada en las manifestaciones de barbarie a niveles inusitados. Por añadidura, las cifras mencionadas dan cuenta del severo deterioro que ha alcanzado en los últimos dos años la situación de la población infantil en el país: ahora los niños no sólo padecen la explotación, el maltrato, el abuso sexual y sicológico, el hambre, la pobreza y la marginación, la falta de salud y de educación, sino que también enfrentan el riesgo de ser cooptados por el narco y el peligro de morir en acciones violentas, a manos de sicarios o soldados, o bien en el fuego cruzado entre uno y otro bandos.
Desde luego, las bandas de criminales exhiben una total falta de escrúpulos y de moral al aprovecharse de la situación personal y familiar de cientos de menores para incorporarlos a sus filas de manera cada vez más recurrente. Pero la creciente participación de niños en actividades delictivas constituye, al igual que muchos otros fenómenos sociales, la expresión epidérmica de una problemática con raíces profundas y complejas, que pasan por la ruptura del tejido social, la ausencia de oportunidades que enfrentan cientos de miles de menores y sus familias en el país y la falta de voluntad o de capacidad del Estado por remediar estas deficiencias.
Si bien es cierto que la delincuencia es de suyo condenable, también es un hecho que el deterioro social generado por el actual modelo económico ha orillado a cientos de menores a situaciones en que la incorporación a un grupo criminal constituye la única opción de supervivencia. Ante tal consideración, cabría esperar que las autoridades se preguntaran –cuando menos– si el rumbo que han elegido hasta ahora es el adecuado, o si acaso tendrían que reorientar sus esfuerzos al mejoramiento y ampliación de los ciclos de educación básica y de los servicios de salud, al combate a las adicciones y a la violencia familiar, a la corrección de los desequilibrios y los rezagos sociales provocados por la política económica vigente, entre otros elementos que alimentan el caldo de cultivo del que se nutren los grupos de delincuentes.
Durante los últimos 28 meses, la violencia ha perturbado muchos ámbitos de la vida de nuestro país, al grado de que hoy resulta impostergable un viraje en la estrategia de seguridad. Es necesario que el gobierno entienda que para combatir a la delincuencia se requiere encarar primero los factores sociales, económicos e institucionales que le dan origen. En la medida en que esto no ocurra, muy difícilmente se podrá evitar que más niños mueran en el futuro como consecuencia de la violencia. El gobierno de Felipe Calderón tiene la palabra.
POR ESTO! acusó a Posada Carriles
* El Departamento de Justicia estadounidense reconoce que el Diario de la Dignidad, Identidad y Soberanía habló con la Verdad sobre la maniobra del terrorista, que en el buque Santrina y acompañado de sus cómplices y subordinados Santiago Alvarez Magriñá y José Pujol, inició en Isla Mujeres, Quintana Roo, su travesía de México hacia Estados Unidos
* Utiliza testimonios aportados por los diarios de la Península de Yucatán para fincar cargos contra el multiasesino internacional, que en el pasado reciente gozó de la protección del Gobierno de George W. Bush
El 14 de marzo del 2005, en Isla Mujeres, México, un reportero y un fotógrafo salieron para cubrir lo que parecía un hecho de rutina: un barco camaronero había encallado en un punto de esa isla. La noticia y las fotos que aparecieron en POR ESTO!, el tercer diario de importancia en el país, revelaron que el barco no era un bote cualquiera y que sus tripulantes tampoco lo eran.En una de las fotos publicadas estaba el terrorista y fugitivo Luis Posada Carriles, el violento opositor del gobierno de Castro en Cuba, quien había cometido, entre otros hechos criminales, el atentado con explosivos a un avión de Cubana de Aviación, que cobró la vida de 73 civiles.La inesperada revelación de la presencia de Posada Carriles en el Norte del Golfo de México puso en alerta a agentes de la Ley, quienes comenzaron a seguirle la pista. El peligroso delincuente, que había sido una pieza clave de la CIA en la invasión de Bahía de Cochinos en 1961, planeada y ejecutada desde suelo norteamericano, ingresó clandestinamente a EU vía la Florida.El Gobierno de George W. Bush, orquestador de la “guerra del terror global”, en vez de entregarlo a Venezuela, país de donde escapó Posada Carriles cuando enfrentaba un juicio precisamente por su participación en el atentado contra el avión de Cubana de Aviación, prefirió otorgarle protección. POR ESTO! cubrió con amplitud estos hechos.Hoy, que existe un nuevo jefe en la Casa Blanca, el Departamento de Justicia, a cargo del Fiscal Eric Holder, ha presentado cargos criminales contra este terrorista.
Posada Carriles ha sido encausado por 11 delitos, entre ellos, perjurio, obstrucción de un proceso federal y mentir bajo juramento.Durante su entrevista para naturalizarse como ciudadano norteamericano, el terrorista declaró, en marzo del 2005, que había ingresado a EU a través de la frontera mexicana de Matamoros, ciudad vecina de Houston, Texas, con la ayuda de una persona no identificada, no obstante que, en realidad, lo había hecho por la Florida, a bordo del velero Santrina.Asimismo, había asegurado que mientras viajaba por México en su ruta a EU, nunca estuvo en Cancún o Isla Mujeres, cuando en realidad sí había estado allí, como lo evidenció POR ESTO!También había dicho que nunca había estado a bordo del Santrina, cuando en los hechos sí lo estuvo y fue a bordo de este bote que ingresó a EU.Asimismo, dijo que nunca había visto a Santiago Alvarez Magriñá, Oswaldo Mitat, Rubén López-Castro o José Pujol en México, no obstante que todos ellos fueron los que lo acompañaron en el Santrina durante su travesía de México a EU.El terrorista también mintió cuando dijo que él nunca había usado ninguna documentación, pasaporte o identificación de la República de Guatemala con los nombres de “Manuel Enrique Castillo López”, “Ramón Medina” y “Franco Rodríguez”, no obstante que le decomisaron un pasaporte con su fotografía pero con el nombre de “Manuel Enrique Castillo López”.
Esta es la primera vez que en un proceso judicial norteamericano se reconoce la participación de Posada Carriles en actos terroristas.En el expediente se citan las falsas respuestas de Posada Carriles a las preguntas del fiscal de la Corte de Inmigración norteamericana:
Pregunta del fiscal: Bien, ¿Solicitó Ud. a otras personas realizar atentados en Cuba?
Respuesta de Posada Carriles: No.
Pregunta del fiscal: Ahora, ¿Está Ud. diciéndonos que no son verdaderas sus declaraciones a (aquí el nombre de una reportera cuya identidad es conocida por el Gran Jurado), que fueron reproducidas en un artículo del New York Times, en el que claramente admite que sí le pidió a otras personas llevar a cabo esos atentados?
Respuesta de Posada Carriles: Estoy diciendo que eso no es verdad...
Pregunta del fiscal: ¿Se puso de acuerdo con Raúl Cruz León para que éste llevara explosivos a Cuba en 1977?
Respuesta de Posada Carriles: Nunca he visto ni me he reunido con Raúl Cruz y menos me he puesto de acuerdo con él para enviarlo a otro lugar...El Departamento de Justicia asienta en el expediente lo siguiente:
—La declaración del acusado Posada fue falsa, pues existen pruebas de que efectivamente envió a Cuba con explosivos a un individuo de nombre Raúl Cruz León con la consigna de llevar a cabo atentados en ese país en 1977.
El caso está actualmente en una Corte federal de El Paso, Texas, donde Posada Carriles deberá presentarse este 17 de abril, aunque lo más probable es que no comparezca y en su lugar lo haga su abogado defensor.El significativo cambio en la postura del Departamento de Justicia norteamericano para con este terrorista internacional -que gozó de la grosera protección en la era Bush para congraciarse con la facción anticastrista que reside en el Sur de la Florida- se enmarca en un nuevo intento por terminar con la desastrosa política de línea dura asumida por el Gobierno norteamericano contra el Gobierno de Cuba.
Richard Walden, que encabeza la organización de ayuda humanitaria Operación USA, ofrece vía el Huffington Post un excelente resumen de los cambios prácticos que se esperan de la Administración de Obama para relajar un tanto el bloqueo contra la Isla:“Debo admitir, después de 15 años de suministrar ayuda humanitaria a Cuba en condiciones sumamente difíciles, que soy más optimista que nunca y que las relaciones pueden mejorar”, señala.Observa que la Fundación Nacional Cubano-Norteamericana, un viejo y violento bastión que apoya el bloqueo contra la Isla, también ha flexibilizado su posición y ahora permite que cubano-norteamericanos visiten Cuba y envíen dinero a los miembros de su familia que todavía residen allí. Tales actitudes podrían extenderse a todos los norteamericanos, con base en la garantía de igualdad consignada en la Constitución estadounidense.Walden aboga por cambios en la política EU-Cuba, los cuales podrían concretarse en el corto plazo. En efecto, son cada vez más los ciudadanos que están a favor de abandonar las políticas de bloqueo, que son vestigios de Guerra Fría. Pero el proceso contra Posada Carriles también podría tener efectos positivos en el hemisferio, específicamente en las problemáticas relaciones con Venezuela.Posada Carriles, ahora de 81 años de edad, nació en Cuba pero asumió la ciudadanía venezolana. En ese país se le sigue proceso por masacrar a los pasajeros del jet de Cubana de Aviación en 1976, cuando entonces tenía 48 años. El Presidente venezolano, Hugo Chávez -quien raras veces se expresa bien de Washington-, calificó los cargos contra Posada Carriles como “buenas señales de parte de los EU”.Estos cambios y eventos pronto convergerán en la isla caribeña de Trinidad donde Chávez, Obama y presidentes de todo el hemisferio (excepto Cuba, que no ha sido invitada) se reunirán del 17 al 19 de abril para la V Cumbre de las Américas. Allí se podrían concretar las aspiraciones de la mayoría de los norteamericanos que demandan unas relaciones hemisféricas basadas en el respeto a la soberanía. El éxito o el fracaso de esa cumbre dependerán de lo que Obama y Chávez acuerden.Pero para el criminal Posada Carriles es obvio que ha llegado a su fin la prolongada protección que le dispensó el Gobierno norteamericano. Y todo comenzó cuando el barco en el que viajaba encalló en Isla Mujeres y periodistas auténticos, como los de POR ESTO!, simplemente cumplieron con su deber de informar.
* Utiliza testimonios aportados por los diarios de la Península de Yucatán para fincar cargos contra el multiasesino internacional, que en el pasado reciente gozó de la protección del Gobierno de George W. Bush
El 14 de marzo del 2005, en Isla Mujeres, México, un reportero y un fotógrafo salieron para cubrir lo que parecía un hecho de rutina: un barco camaronero había encallado en un punto de esa isla. La noticia y las fotos que aparecieron en POR ESTO!, el tercer diario de importancia en el país, revelaron que el barco no era un bote cualquiera y que sus tripulantes tampoco lo eran.En una de las fotos publicadas estaba el terrorista y fugitivo Luis Posada Carriles, el violento opositor del gobierno de Castro en Cuba, quien había cometido, entre otros hechos criminales, el atentado con explosivos a un avión de Cubana de Aviación, que cobró la vida de 73 civiles.La inesperada revelación de la presencia de Posada Carriles en el Norte del Golfo de México puso en alerta a agentes de la Ley, quienes comenzaron a seguirle la pista. El peligroso delincuente, que había sido una pieza clave de la CIA en la invasión de Bahía de Cochinos en 1961, planeada y ejecutada desde suelo norteamericano, ingresó clandestinamente a EU vía la Florida.El Gobierno de George W. Bush, orquestador de la “guerra del terror global”, en vez de entregarlo a Venezuela, país de donde escapó Posada Carriles cuando enfrentaba un juicio precisamente por su participación en el atentado contra el avión de Cubana de Aviación, prefirió otorgarle protección. POR ESTO! cubrió con amplitud estos hechos.Hoy, que existe un nuevo jefe en la Casa Blanca, el Departamento de Justicia, a cargo del Fiscal Eric Holder, ha presentado cargos criminales contra este terrorista.
Posada Carriles ha sido encausado por 11 delitos, entre ellos, perjurio, obstrucción de un proceso federal y mentir bajo juramento.Durante su entrevista para naturalizarse como ciudadano norteamericano, el terrorista declaró, en marzo del 2005, que había ingresado a EU a través de la frontera mexicana de Matamoros, ciudad vecina de Houston, Texas, con la ayuda de una persona no identificada, no obstante que, en realidad, lo había hecho por la Florida, a bordo del velero Santrina.Asimismo, había asegurado que mientras viajaba por México en su ruta a EU, nunca estuvo en Cancún o Isla Mujeres, cuando en realidad sí había estado allí, como lo evidenció POR ESTO!También había dicho que nunca había estado a bordo del Santrina, cuando en los hechos sí lo estuvo y fue a bordo de este bote que ingresó a EU.Asimismo, dijo que nunca había visto a Santiago Alvarez Magriñá, Oswaldo Mitat, Rubén López-Castro o José Pujol en México, no obstante que todos ellos fueron los que lo acompañaron en el Santrina durante su travesía de México a EU.El terrorista también mintió cuando dijo que él nunca había usado ninguna documentación, pasaporte o identificación de la República de Guatemala con los nombres de “Manuel Enrique Castillo López”, “Ramón Medina” y “Franco Rodríguez”, no obstante que le decomisaron un pasaporte con su fotografía pero con el nombre de “Manuel Enrique Castillo López”.
Esta es la primera vez que en un proceso judicial norteamericano se reconoce la participación de Posada Carriles en actos terroristas.En el expediente se citan las falsas respuestas de Posada Carriles a las preguntas del fiscal de la Corte de Inmigración norteamericana:
Pregunta del fiscal: Bien, ¿Solicitó Ud. a otras personas realizar atentados en Cuba?
Respuesta de Posada Carriles: No.
Pregunta del fiscal: Ahora, ¿Está Ud. diciéndonos que no son verdaderas sus declaraciones a (aquí el nombre de una reportera cuya identidad es conocida por el Gran Jurado), que fueron reproducidas en un artículo del New York Times, en el que claramente admite que sí le pidió a otras personas llevar a cabo esos atentados?
Respuesta de Posada Carriles: Estoy diciendo que eso no es verdad...
Pregunta del fiscal: ¿Se puso de acuerdo con Raúl Cruz León para que éste llevara explosivos a Cuba en 1977?
Respuesta de Posada Carriles: Nunca he visto ni me he reunido con Raúl Cruz y menos me he puesto de acuerdo con él para enviarlo a otro lugar...El Departamento de Justicia asienta en el expediente lo siguiente:
—La declaración del acusado Posada fue falsa, pues existen pruebas de que efectivamente envió a Cuba con explosivos a un individuo de nombre Raúl Cruz León con la consigna de llevar a cabo atentados en ese país en 1977.
El caso está actualmente en una Corte federal de El Paso, Texas, donde Posada Carriles deberá presentarse este 17 de abril, aunque lo más probable es que no comparezca y en su lugar lo haga su abogado defensor.El significativo cambio en la postura del Departamento de Justicia norteamericano para con este terrorista internacional -que gozó de la grosera protección en la era Bush para congraciarse con la facción anticastrista que reside en el Sur de la Florida- se enmarca en un nuevo intento por terminar con la desastrosa política de línea dura asumida por el Gobierno norteamericano contra el Gobierno de Cuba.
Richard Walden, que encabeza la organización de ayuda humanitaria Operación USA, ofrece vía el Huffington Post un excelente resumen de los cambios prácticos que se esperan de la Administración de Obama para relajar un tanto el bloqueo contra la Isla:“Debo admitir, después de 15 años de suministrar ayuda humanitaria a Cuba en condiciones sumamente difíciles, que soy más optimista que nunca y que las relaciones pueden mejorar”, señala.Observa que la Fundación Nacional Cubano-Norteamericana, un viejo y violento bastión que apoya el bloqueo contra la Isla, también ha flexibilizado su posición y ahora permite que cubano-norteamericanos visiten Cuba y envíen dinero a los miembros de su familia que todavía residen allí. Tales actitudes podrían extenderse a todos los norteamericanos, con base en la garantía de igualdad consignada en la Constitución estadounidense.Walden aboga por cambios en la política EU-Cuba, los cuales podrían concretarse en el corto plazo. En efecto, son cada vez más los ciudadanos que están a favor de abandonar las políticas de bloqueo, que son vestigios de Guerra Fría. Pero el proceso contra Posada Carriles también podría tener efectos positivos en el hemisferio, específicamente en las problemáticas relaciones con Venezuela.Posada Carriles, ahora de 81 años de edad, nació en Cuba pero asumió la ciudadanía venezolana. En ese país se le sigue proceso por masacrar a los pasajeros del jet de Cubana de Aviación en 1976, cuando entonces tenía 48 años. El Presidente venezolano, Hugo Chávez -quien raras veces se expresa bien de Washington-, calificó los cargos contra Posada Carriles como “buenas señales de parte de los EU”.Estos cambios y eventos pronto convergerán en la isla caribeña de Trinidad donde Chávez, Obama y presidentes de todo el hemisferio (excepto Cuba, que no ha sido invitada) se reunirán del 17 al 19 de abril para la V Cumbre de las Américas. Allí se podrían concretar las aspiraciones de la mayoría de los norteamericanos que demandan unas relaciones hemisféricas basadas en el respeto a la soberanía. El éxito o el fracaso de esa cumbre dependerán de lo que Obama y Chávez acuerden.Pero para el criminal Posada Carriles es obvio que ha llegado a su fin la prolongada protección que le dispensó el Gobierno norteamericano. Y todo comenzó cuando el barco en el que viajaba encalló en Isla Mujeres y periodistas auténticos, como los de POR ESTO!, simplemente cumplieron con su deber de informar.
Trampolín transparente
El salto de Alonso Lujambio a la Secretaría de Educación Pública (SEP) es simultáneamente poco ético y de cuestionable legalidad. Demuestra que lo que menos le interesa a este político es la transparencia y la institucionalidad democrática del país. El artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos prohíbe tajantemente que los servidores públicos, durante un año después de ejercer su cargo, reciban “donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones” de parte de cualquier persona física o moral que haya estado “directamente vinculada, regulada o supervisada por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo”. Como comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), Lujambio fue el responsable de regular, “revisar”, “vigilar”, y “establecer los lineamientos” para la aplicación de la ley de transparencia en la administración pública federal. Hoy, el ex regulador ha aceptado un jugoso cargo de parte del titular del ente regulado, Felipe Calderón Hinojosa. Algunos han dicho que el paso de Lujambio a la SEP es tan grave como si el consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) se incorporara al gobierno federal como secretario de Gobernación. Algo similar ya ocurrió cuando el exconsejero Juan Molinar Horcasitas aceptó ser subsecretario de Gobernación con Vicente Fox. Pero el conflicto de intereses en que incurre Lujambio es aún más burdo. Es como si Leonardo Valdés pasara del IFE a presidir un partido político nacional o como si Eduardo Pérez Motta, titular de la Comisión Federal de Competencia, aceptara dirigir una de las empresas de Carlos Slim. Este tipo de saltos provocan un daño irreparable a la institucionalidad del país. Como comisionado del IFAI, Lujambio destacó por su empeño en defender la opacidad del gobierno federal. A partir de interpretaciones exageradas de la ley, sistemáticamente buscó pretextos para negar el acceso ciudadano a la información pública. Su posición en los recientes debates con respecto a la aplicación del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, así como sobre el alcance de la reserva por motivos de seguridad nacional y el concepto de “datos personales”, son apenas algunos ejemplos de su desempeño.Como presidente del IFAI, llevó a la institución a la pérdida de legitimidad pública. Sistemáticamente se negó a realizar una declaración pública de intereses o a excusarse de casos que involucraban a su amigo Felipe Calderón. Canceló el programa Comunidades, que pretendía acercar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) y el IFAI a diversos grupos marginados. Vetó personalmente la participación de expertos y académicos “incómodos” en los eventos y actividades organizadas por el IFAI. Impulsó la reforma al artículo sexto constitucional, pero posteriormente participó en la elaboración de una contrarreforma a la LFTAIPG y dejó vencer el transitorio de la reforma constitucional sin emitir protesta alguna.Hoy, al abandonar el IFAI en un momento sumamente complicado, Lujambio traiciona la poca confianza que le quedaba entre la comunidad protransparencia. El próximo 11 de septiembre de 2009 concluirán los períodos de los comisionados Juan Pablo Guerrero y Alonso Gómez Robledo. Jacqueline Peschard llegó a la institución hace apenas dos años y ahora que probablemente encabece la institución tendrá poco tiempo para estudiar a fondo los diversos recursos de revisión.La mayor parte del peso institucional entonces caerá sobre María Marván. Cuando fungió como comisionada presidenta condujo la institución con visión y arrojo, pero recientemente se había venido plegando a la línea gubernamental que transmitía Lujambio. Habría que recordar también los propios deseos de Marván de utilizar al IFAI como trampolín, al inscribirse en el proceso de selección de los consejeros electorales del IFE hace poco más de un año.Actualmente el IFAI resuelve más de 120 recursos de revisión por semana y cada comisionado está permanentemente investigando y dictaminando entre 200 y 300 casos. Si el Poder Ejecutivo no propone rápidamente los reemplazos de Lujambio, Guerrero y Gómez Robledo, la carga de trabajo para Marván y Peschard se podría triplicar de la noche a la mañana, con la consecuente disminución de la calidad y el rigor del trabajo del instituto de transparencia.De acuerdo con la LFTAIPG, el presidente de la República es quien designa directamente a todos y cada uno de los comisionados. No se precisa ni de convocatorias públicas o de procesos de auscultación de ningún tipo. El Senado tiene derecho de objetar los nombramientos, pero si esta instancia no actúa rápido, el nombramiento automáticamente queda en firme. Los partidos de oposición tendrían que estar muy atentos para no permitir que Calderón nombre otros más de sus leales en el instituto responsable de transparentar su gestión. Una vía para lograr este fin sería que los grupos parlamentarios del PRD y el PRI en el Congreso de la Unión modificaran la forma de nombramiento de los comisionados aun antes de que el Presidente enviara su propuesta para el reemplazo de Lujambio. El Senado, no el Ejecutivo Federal, debería ser la instancia a cargo del nombramiento de los integrantes del pleno del IFAI. Tanto la reforma al artículo sexto constitucional como la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente abren la puerta para una reforma con estas características.En su posicionamiento personal en contra de la reelección de Lujambio como comisionado presidente del IFAI hace un año, el comisionado Juan Pablo Guerrero realizó una afirmación visionaria: “En las condiciones actuales, el IFAI corre el riesgo de burocratizarse, de ser una institución más en el concierto de la comunidad gubernamental obsesionada con la supervivencia armónica con el resto, por encima del servicio a la sociedad. Me parece que en la defensa de garantías fundamentales como el derecho a saber, los órganos garantes no pueden tener ni tregua, ni agenda política”. Ojalá que nuestros representantes populares eviten que el IFAI sea una baja más en la crisis generalizada que cada día más defrauda la confianza ciudadana en nuestras instituciones públicas.
Queman al Judas Carstens
La sentencia antes del juicio estaba dictada: “¡Que arda! ¡Que lo quemen!”, gritó la turba enardecida en las calles por las que “el titular espurio de Hacienda fue conducido a la plaza pública donde fue enjuiciado” / “¡Te llegó tu hora, cabrón. Te vamos a hacer chicharrón nomás!” / “Se la ha pasado inventando impuestos para joder a la mayoría; mintió al decir que la crisis económica era un simple catarrito; creó un nuevo FOBAPROA; de nuestros impuestos se pagan sus excesos de alimentación y hasta porque hizo el ridículo en un juego de béisbol”
MEXICO, D.F., 11 de abril (LA JORNADA).- La sentencia, previo al juicio, estaba dictada: “¡Que arda! ¡Que lo quemen!”, gritaba una turba enardecida en las calles por las que el titular de Hacienda, Agustín Carstens, era conducido a la plaza pública donde sería enjuiciado.“¡Te llegó tu hora, cabrón. Te vamos a hacer chicharrón nomás!”, arreciaron los gritos apenas pisar el parque Club Rotario, en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, donde se instauró el jurado popular, a un costado de la escultura de Luis Ortiz Monasterio: “Llamado a la Revolución”.
Al instante se tendieron varias sogas de lo alto de un eucalipto, en las que se ató al voluminoso personaje, representado con el cuerpo de un cochino, con ranura y manija a modo de alcancía.
– ¡Mexicanos! ¿A dónde llevan a este ciudadano? –Interrumpió el juez a la multitud que se aprestaba ya a tensar la cuerda.
– ¡A quemarlo! –respondió a coro la gente ¡Es un judas!– Pruebas, pruebas ¿Cuáles son las pruebas? –demandó su señoría.
– Se la ha pasado inventando impuestos para joder a la mayoría –acusó uno de entre la multitud, al que se fueron sumando más voces acumulando cargos: “mintió al decir que la crisis económica era un simple catarrito”; “creo un nuevo FOBAPROA con un préstamos del Fondo Monetario Internacional”; “de nuestros impuestos se pagan sus excesos de alimentación” y hasta porque “hizo el ridículo en un juego de béisbol”.
– Mexicanos –sentenció finalmente el juez– cumplan con su destino y Carstens colgó para ser despedazado, ejecución que requirió de seis detonaciones y ya en suelo, la turba hizo escarnio de los restos a tirones y patadas para no dejar más que un despojo de caña y papel.
Horas antes, en Tepito, un concepto más abstracto sufrió la misma suerte: “La Crisis”, que nos hace “sentir vulnerables y con miedo”, adquirió forma de diablo para ser enjuiciada y quemada por “judas”.
Previamente lo vecinos recorrieron calles del barrio arrastrando la imagen de seis metros de altura, que además de representar la difícil situación económica que afecta a millones de mexicanos, idealizó a las instituciones políticas y gubernamentales “derrochando el dinero del pueblo en campañas publicitarias excesivas, llenas de mentiras y pagando altos sueldos a sus funcionarios, legisladores, jueces, magistrados y ministros”.
Por eso es que, como desde hace ya 16 años, el grupo multidisciplinario Los Olvidados, repitió en ambos barrios, con un jurado popular, la tradicional quema del Judas. Desde antes del medio día de este sábado de Gloria, unas 20 personas caminaron por las calles de Toltecas y Jesús Carranza llevando a cuestas la figura de cartón, color rojo, que llevaba tatuadas las siglas de organismos como el IFE y partidos políticos como el PRI.Entre gritos de ¡lo vamos a quemar!, llegaron hasta la calle de Fray Bartolomé de las Casas, para el juicio, donde se acusó a la clase política del país, de no cumplir con sus promesas de más empleos y crecimiento económico, y de llevar “al pueblo a los juegos de azar o la fe fanatizada, como única esperanza para salir de la crisis”.Rodeados por decenas de comerciantes y vecinos que se acercaron a observar la escena, el jurado popular dio su veredicto “a quemarlo”, y de esta manera la crisis voló en mil pedazos, en medio de fuertes estruendos y el humo de la pólvora quemada. “Es una manera de manifestar nuestra inconformidad y al mismo tiempo de rescatar nuestra tradiciones”, dijo Everardo Pillado, dirigente del colectivo Los Olvidados, que en esta ocasión hecho mano de una veintena de artesanos, durante 2 semanas, para dar forma a los judas de La Crisis y Carstens y al final despedazarlos en un instante, escenas que ayer se repitieron por varios barrios y pueblos de la ciudad.
MEXICO, D.F., 11 de abril (LA JORNADA).- La sentencia, previo al juicio, estaba dictada: “¡Que arda! ¡Que lo quemen!”, gritaba una turba enardecida en las calles por las que el titular de Hacienda, Agustín Carstens, era conducido a la plaza pública donde sería enjuiciado.“¡Te llegó tu hora, cabrón. Te vamos a hacer chicharrón nomás!”, arreciaron los gritos apenas pisar el parque Club Rotario, en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, donde se instauró el jurado popular, a un costado de la escultura de Luis Ortiz Monasterio: “Llamado a la Revolución”.Al instante se tendieron varias sogas de lo alto de un eucalipto, en las que se ató al voluminoso personaje, representado con el cuerpo de un cochino, con ranura y manija a modo de alcancía.
– ¡Mexicanos! ¿A dónde llevan a este ciudadano? –Interrumpió el juez a la multitud que se aprestaba ya a tensar la cuerda.
– ¡A quemarlo! –respondió a coro la gente ¡Es un judas!– Pruebas, pruebas ¿Cuáles son las pruebas? –demandó su señoría.
– Se la ha pasado inventando impuestos para joder a la mayoría –acusó uno de entre la multitud, al que se fueron sumando más voces acumulando cargos: “mintió al decir que la crisis económica era un simple catarrito”; “creo un nuevo FOBAPROA con un préstamos del Fondo Monetario Internacional”; “de nuestros impuestos se pagan sus excesos de alimentación” y hasta porque “hizo el ridículo en un juego de béisbol”.
– Mexicanos –sentenció finalmente el juez– cumplan con su destino y Carstens colgó para ser despedazado, ejecución que requirió de seis detonaciones y ya en suelo, la turba hizo escarnio de los restos a tirones y patadas para no dejar más que un despojo de caña y papel.
Horas antes, en Tepito, un concepto más abstracto sufrió la misma suerte: “La Crisis”, que nos hace “sentir vulnerables y con miedo”, adquirió forma de diablo para ser enjuiciada y quemada por “judas”.
Previamente lo vecinos recorrieron calles del barrio arrastrando la imagen de seis metros de altura, que además de representar la difícil situación económica que afecta a millones de mexicanos, idealizó a las instituciones políticas y gubernamentales “derrochando el dinero del pueblo en campañas publicitarias excesivas, llenas de mentiras y pagando altos sueldos a sus funcionarios, legisladores, jueces, magistrados y ministros”.
Por eso es que, como desde hace ya 16 años, el grupo multidisciplinario Los Olvidados, repitió en ambos barrios, con un jurado popular, la tradicional quema del Judas. Desde antes del medio día de este sábado de Gloria, unas 20 personas caminaron por las calles de Toltecas y Jesús Carranza llevando a cuestas la figura de cartón, color rojo, que llevaba tatuadas las siglas de organismos como el IFE y partidos políticos como el PRI.Entre gritos de ¡lo vamos a quemar!, llegaron hasta la calle de Fray Bartolomé de las Casas, para el juicio, donde se acusó a la clase política del país, de no cumplir con sus promesas de más empleos y crecimiento económico, y de llevar “al pueblo a los juegos de azar o la fe fanatizada, como única esperanza para salir de la crisis”.Rodeados por decenas de comerciantes y vecinos que se acercaron a observar la escena, el jurado popular dio su veredicto “a quemarlo”, y de esta manera la crisis voló en mil pedazos, en medio de fuertes estruendos y el humo de la pólvora quemada. “Es una manera de manifestar nuestra inconformidad y al mismo tiempo de rescatar nuestra tradiciones”, dijo Everardo Pillado, dirigente del colectivo Los Olvidados, que en esta ocasión hecho mano de una veintena de artesanos, durante 2 semanas, para dar forma a los judas de La Crisis y Carstens y al final despedazarlos en un instante, escenas que ayer se repitieron por varios barrios y pueblos de la ciudad.
Editorial. Ayer: Irak 9 muertos, México 11.
Año 6, número 2571
Domingo 12, abril del año 2009
Si el éxito se mide por los resultados, la guerra que hace poco más de dos años iniciara unilateralmente el señor Calderón en contra del narcotráfico (sin pedir autorización al Congreso) ha causado más de 600 defunciones en menores de edad; la mayoría de ellas, de jóvenes que han sido contratados por el narco.
Lo que entre líneas habla de la falta de oportunidades a la juventud, que no solo tiene que enfrentar el maltrato y la explotación, sin tomar en cuenta el abuso sexual y el hambre que hace su presencia en todos lados.
Viéndose orillados a colaborar con el narco (con la deformación mental que ello implica) donde los decapitados y demás venganzas personales, son cosa de todos los días.
El caso es que la cifra recabada apenas ayer de que en Irak hay menos muertos que en nuestro México (o lo que queda de él) habla por sí sola del rotundo fracaso que el señor de Michoacán, Felipe del Sagrado corazón de Jesús Calderón Hinojosa (donde la delincuencia está hasta el tope) no quiere aceptar y que seguramente lo vendrá reconociendo cuando ya sea demasiado tarde; como ya lo es. Pues más de 600 niños en dos años, ni en Somalia-
sábado, abril 11, 2009
Alerta, alerta, hay fraude en puerta
Desfiladero
*Alerta, alerta, hay fraude en puerta
*El PAN es la única alternativa al PAN
*Zapata vive 90 años después
*Alerta, alerta, hay fraude en puerta
*El PAN es la única alternativa al PAN
*Zapata vive 90 años después
Recuerdos con la imagen de Emiliano Zapata, en Chinameca, Morelos, donde hace 90 años fue asesinado el Caudillo del Sur Francisco Olvera.Ayer, el tiempo cumplió 90 años desde que el general Emiliano Zapata, en medio de una feroz balacera, escapó a galope tendido de la hacienda de Chinameca, hacia la sierra de Puebla donde, afirman quienes lo vieron hace poco, no cambia, no envejece, es el mismo de siempre. Por eso no tienen sentido las ceremonias luctuosas que organiza el oficialismo para celebrar su muerte, es decir, la supuesta derrota de uno de los héroes más populares y trascendentes en la historia de nuestro país. Desde su refugio, Zapata observó cómo el motivo de su levantamiento en armas fue clave para el desarrollo del México del siglo XX. Hoy, mientras contempla la agonía del sistema que él mismo y de la manera más humilde ayudó a construir, espera la llegada de 2010 con renovadas esperanzas. Sabe que tras el fracaso de los comicios del 5 de julio, el Legislativo se sumará a la lista de los poderes ilegítimos, como hoy por hoy lo son el Ejecutivo y el Judicial. Sabe también que entonces el pueblo tendrá el inalienable derecho de invocar el artículo 39 de la Constitución, que lo autoriza, en todo momento, a cambiar la forma de su gobierno”, para iniciar ahora la nueva revolución pacífica que habrá de fundar la cuarta república.
El fraude que viene
En efecto, una vez más, el partido de la ultraderecha católica, mejor conocido como PAN, se alista para robarse las elecciones de julio, que renovarán los 500 asientos de la Cámara de Diputados, varias gubernaturas y numerosas presidencias municipales. Esta columna, sábados atrás, habló de la alianza que existe, y que nadie ha desmentido, entre Elba Esther Gordillo, líder vitalicia del mayor sindicato de América Latina (más de un millón de afiliados) y el “gobierno” (o lo que sea) de Felipe Calderón, para darle al PAN la mayoría legislativa que requieren los que aún pretenden consumar la privatización de Petróleos Mexicanos.
El acuerdo consiste, se dijo aquí, en que Gordillo obtendrá de los gobernadores priístas que le deben favores todos los votos que necesita Calderón; éste, a cambio, le permitirá designar a los nuevos jueces del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con lo que ella terminará controlando, con ese filtro, todos los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado a lo ancho y largo del país. Claro está que para hacer posible esta tragedia, el público tiene que presenciar una comedia, y ésta ha comenzado a actuarla Germán Martínez, el bulldog que funge como líder del PAN.
Su estrategia es más que obvia: ha lanzado incesantes acusaciones en contra de figuras del PRI –sobre todo Manlio Fabio Beltrones–, con un doble propósito: negar la existencia del movimiento y de los partidos que apoyan a Andrés Manuel López Obrador, y permitir que entren a la pista los conocidos payasos del circo, o sea, los expertos en encuestas.
“...desde finales de 2008 y durante enero y febrero de 2009, la gran mayoría de las encuestas de opinión daban puntero al PRI en rangos que estaban entre 40 y 44 por ciento de la intención de voto; asimismo, el PAN se ubicaba en una segunda posición con números entre 25 y 33 por ciento, mientras que el PRD estaba entre 15 y 16 por ciento”, escribe Alberto Aziz Nassif en El Universal del martes 7 de abril. Y añade:
“En marzo, dos mediciones han modificado el escenario (...) GEA-ISA reportó una diferencia (de) 39 al PAN y 41 al PRI. Después, Berumen reportó una caída del PRI de casi 10 puntos, por lo cual pasó de 39.9 que tenía en febrero a sólo 30.3 hacia finales de marzo. En esta encuesta el PAN sólo logró avanzar dos puntos, de 25.1 a 27.4, en tanto que el PRD perdió tres puntos y pasó de 15.4 a 12.2. Si el PRI y el PRD perdieron votantes y el PAN sólo avanzó en forma marginal, ¿al PRI le pasa hoy lo que sucedió con López Obrador en marzo de 2006?”, se pregunta el analista.
Esta columna recuerda que, en efecto, después de ir muy arriba en todas las mediciones, López Obrador cayó y Calderón empezó a subir, en marzo de 2006, no porque ello ocurriera en la realidad sino porque así lo dijo la agencia GEA-ISA, que pronosticó desde ese momento la “victoria” del panista. Aquel desplante fue un banderazo de salida, o una orden a la que se plegaron el resto de los encuestadores, avalados, claro está, por la televisión. Pero nada de eso era cierto y mucho menos gratuito.
En su edición de ayer, La Jornada reveló que en 2006, el gobierno de Vicente Fox, a través de la Secretaría de Gobernación que dirigía Carlos Abascal Carranza, contrató los servicios de GEA-ISA para que favoreciera a Calderón en las encuestas para la Presidencia. Mediante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), escribe la reportera Elizabeth Velasco, “se localizó el contrato 6800000268, celebrado en febrero de 2006”. En los próximos días, el IFAI tendrá que hacerlo público. Lo que salga a flote explicará por qué el entonces director de GEA-ISA, Guillermo Valdés, hoy es titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen, la KGB mexicana), o por qué uno de los principales accionistas de GEA-ISA, Jesús Reyes Heroles, es hoy director general de Pemex.
La torpeza del dúo que forman Martínez y Calderón es palpable. Quieren hacernos creer que durante los dos primeros meses de 2009, mientras el dólar se iba a las nubes y se perdían 6 mil empleos cada 24 horas; el diesel subía de precio cada semana y la inflación batía sus propios récords, la gente, gracias a los ladridos del bulldog, comprendió que el PAN era la única fuerza política que podía salvarla del PAN, y por lo tanto decidió darle la espalda al PRI y mandar al sótano a López Obrador. Ajá. Suena ridículo, ¿no es cierto? Pues cuidado, porque la televisión no tardará en proclamar a toda hora la patraña del “milagroso” repunte del PAN, que arrasará el 5 de julio, aunque ese día nadie vaya a las urnas.
¿Para qué quiere Calderón votantes si ya tiene a la señora Gordillo? A principios de esta santa semana, la temible dirigente del magisterio recibió en una bandeja la cabeza de Josefina Vázquez Mota, ahora ex secretaria de Educación Pública, su enemiga más aborrecida. Esta, al entregar el cargo, en una ceremonia acompañada por Calderón, empezó a temblar como maraca y debieron llevarle una silla para que se sentara. ¿Era un ataque de pánico? ¿Tan indefensa se sintió, ya sin poder, a merced de doña Elba Estéril? Ay, nanita.
Vázquez Mota condenó al hambre a más de 80 trabajadoras de la Dirección Nacional de Educación Indígena, que llevan más de dos años sin cobrar un peso. ¿Temblaba quizá de arrepentimiento por su crueldad? Quién sabe. Lo cierto es que ahora que la tiene de patitas en la calle, el bulldog asegura que Josefina será número uno en las listas del PAN y líder del Congreso. El feroz cánido olvida que eso mismo le prometió a César Nada (o Nava), cuando el pálido abogado de Calderón salió de Los Pinos a “levantar” la campaña panista, sin que hasta la fecha haya producido una sola frase polémica, una idea defendible o algo más que su deprimente fotografía colgada en mantas de plástico por toda la ciudad.
Ojalá que Guillermo Zapata, el caudillo del son, componga una pieza titulada “alerta, alerta, hay fraude en puerta”, para que la bailemos en las marchas contra el fraude que viene.
jamastu@gmail.com
Obama en México Hacia la militarización de la frontera
Apenas unos días antes de su visita a México, programada para el 16 y 17 de abril, Barack Obama hizo amarres al menos en dos ejes importantes: solicitó al Congreso recursos adicionales para reforzar la lucha contra el narcotráfico en México desde el Pentágono, lo que fortalece la posibilidad del envío de tropas a la frontera sur, y apresuró a definir la dinámica de funcionamiento del Centro Conjunto de Implementación, instancia bilateral que operará en México para verificar la eficacia de la estrategia antinarco impulsada por el presidente Felipe Calderón.
WASHINGTON.- Con la visita a México del presidente estadunidense Barack Obama comenzará a tomar forma la nueva estrategia bilateral de combate al narcotráfico y al crimen organizado, que tendrá como columna vertebral al llamado Centro Conjunto de Implementación (CCI, que se ubicará en la capital mexicana), en el que trabajarán funcionarios de ocho agencias federales y de dos secretarías de Estado de los dos países.El CCI, cuya creación confirmó la secretaria de Estado Hillary Clinton en su visita a México el 25 y 26 de marzo pasado, tendrá “nueve equipos” de trabajo binacional que “verificarán” la eficacia de la lucha militar contra el narcotráfico impulsada por el presidente Felipe Calderón y respaldada con dinero, tecnología, adiestramiento y equipo bélico proporcionado por Estados Unidos.Exactamente una semana antes de su viaje a México, el jueves 9 Obama solicitó al Congreso de su país fondos adicionales que involucran directamente al Pentágono en la lucha contra los narcotraficantes mexicanos en la frontera común. La suma global que Obama pide al Capitolio alcanza 83 mil 400 millones de dólares, monto que se integraría al fondo presupuestal del Departamento de Defensa para financiar operaciones militares y diplomáticas en Irak y Afganistán. Una pequeña parte de esa cantidad, 350 millones de dólares, se sumaría al presupuesto del Pentágono para “afrontar la amenaza de los cárteles de la droga de México y para realizar operaciones (bélicas) que garanticen la seguridad a lo largo y ancho de la frontera sur”.La solicitud presupuestal de Obama podría ser la primera señal de que su gobierno sí está considerando militarizar la frontera con México, como medida estratégica para evitar el contagio de la narcoviolencia que azota a casi todo el territorio mexicano, aunque con mayor grado en la frontera norte.
Los amarres
La Casa Blanca –que “por razones de seguridad” se reservó el itinerario del presidente Obama para la visita que realizará a México este jueves 16 y viernes 17 de abril– adelantó a Proceso que ambos mandatarios buscarán “poner a trabajar lo antes posible” el CCI, cuya creación está prevista en la Iniciativa Mérida. El CCI es una suerte de mecanismo de rendición de cuentas impuesto por Washington para garantizar el buen uso de los recursos que aporta al gobierno mexicano para combatir al narcotráfico.Según la Casa Blanca, la visita a México de Obama y su encuentro en Los Pinos con Calderón es “una demostración del compromiso que tiene Estados Unidos con México” de combatir “hombro con hombro” al narcotráfico y la violencia que genera.Un funcionario del gobierno de Obama que habló con Proceso sobre el CCI bajo la condición del anonimato, por tratarse de un proyecto con implicaciones de seguridad nacional para los dos países, explicó que la coordinación directa del CCI será compartida por el Departamento de Estado y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).En Washington confían en que, para cuando se realice en Los Pinos el encuentro entre Calderón y Obama, ya estarán resueltos y aceptados los términos legales de operación del CCI, “que deberán ser aceptables y compatibles con las legislaciones de los dos países”, señaló el funcionario estadunidense. En febrero pasado ya hubo una reunión en la Ciudad de México para analizar el tema.Este proyecto implica que, por primera vez en la historia de México, la vigilancia, supervisión y calificación del trabajo contra el crimen organizado de agencias federales y del Ejército mexicano recaerá, en parte, en funcionarios extranjeros que físicamente estarán ubicados dentro del territorio nacional.Estipulado en la legislación de la Iniciativa Mérida que aprobó el Congreso de Estados Unidos para proporcionar mil 400 millones de dólares en respaldo a la lucha contra el narcotráfico de México y Centro América, el CCI es un instrumento esencial para “respaldar los esfuerzos de seguridad y construcción de instituciones efectivas y confiables del gobierno mexicano”.En el documento legal que dio a conocer la Casa Blanca el pasado 24 de marzo se destaca que el CCI se encargará de vigilar el buen uso de los 700 millones de dólares aprobados por el Capitolio para los primeros dos años de aplicación de la Iniciativa Mérida.“El gobierno (de Obama) está comprometido a trabajar con el Congreso para garantizar el cumplimiento total de nuestros compromisos bajo la Iniciativa Mérida”, subraya el documento.“También estaremos coordinando regularmente nuestros esfuerzos con el gobierno de México por medio del Grupo de Contacto de Alto Nivel, que a su vez se relacionará con los nueve grupos de trabajo que se encargarán de supervisar la implementación de la Iniciativa Mérida”.De acuerdo con el funcionario estadunidense que habló con este semanario, ya se tiene ubicado el inmueble donde se instalará el CCI, aunque por razones de seguridad nacional no se dará a conocer al público su punto exacto de ubicación en la capital mexicana.“En enero pasado, durante los últimos días de la presidencia de George W. Bush, funcionarios de los dos países hicieron una primera visita al inmueble”, según dijo el funcionario estadunidense.Cada gobierno seleccionará a cuatro agencias federales para integrar ocho grupos que operarán dentro del CCI, los cuales serán coordinados por un noveno grupo formado por funcionarios del Departamento de Estado y de la SRE.De manera extraoficial, Proceso pudo confirmar tres de las cuatro agencias que representarían a Estados Unidos en el CCI: Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF); la Administración Federal Antidrogas (DEA), y la Oficina de Cumplimiento Aduanal y Migratorio (ICE). La cuarta podría ser la Oficina de Protección Fronteriza y Aduanas (CBP), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) o la Agencia Central de Inteligencia (CIA).Del lado mexicano se pondera la inclusión del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y de tres instancias más que deberán designar la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de la República (PGR).El CCI podría comenzar a “operar de manera parcial” en junio o julio, ya que el acondicionamiento del inmueble donde se instalará quedará terminado durante el último trimestre de este año.
Diferencias
En una reunión bilateral celebrada hace unos días en Washington para hablar de los métodos de operación del CCI, el Departamento de Estado propuso que “sea un mecanismo de seguimiento que se enfoque en la construcción de capacidades y diseño de políticas conjuntas”, según reveló otro funcionario estadunidense que pidió el anonimato.El gobierno de México, dijo, no está convencido de que esa deba ser la tarea del CCI, si bien lo considera como la “columna vertebral” de la nueva etapa en la lucha común contra los cárteles del narcotráfico.Existen también diferencias entre el Departamento de Estado y el gobierno de Calderón sobre el apartado legal relacionado con los derechos humanos. Estados Unidos “no quiere” que los recursos materiales y humanos definidos en la Iniciativa Mérida para este rubro “vayan a parar directamente a las manos del gobierno mexicano”.La contrapropuesta de Washington, según el funcionario estadunidense, es que “los fondos sean canalizados a través de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas”.
Adiós a las armas… ¡nunca!
En teoría, a través del discurso de sus funcionarios, el gobierno estadunidense reconoce el tráfico ilegal de armas que abastece a los cárteles y alimenta la narcoviolencia en México, y hasta se ha comprometido a tratar de contenerlo. En vísperas de la visita de Barak Obama a México, nadie ve posible en el país vecino un cambio legislativo que resuelva el problema. Para algunos, las presiones de Calderón resultan "ridículas" ante el poder económico de quienes cabildean para preservar el derecho a exportar la muerte.
WASHINGTON.- La exigencia de Felipe Calderón de que Estados Unidos asuma la parte de responsabilidad que le toca en la lucha contra el narcotráfico enfrenta serios problemas en el Capitolio, donde algunos legisladores consideran “casi imposible” cambiar la Constitución para detener el tráfico ilegal de armas de fuego a México.“En estos momentos, y en un futuro cercano, yo no veo ninguna posibilidad de que hagamos un cambio constitucional sobre la venta de armas, simplemente porque nos lo pide el gobierno mexicano”, dice a Proceso el demócrata neoyorquino Eliot Engel, presidente del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes. “Es lamentable, pero es la realidad”, sostiene.
Calderón culpa a la laxitud en la venta de armas de fuego y municiones en Estados Unidos de ser el motor de la narcoviolencia que priva en gran parte del territorio mexicano. De hecho, la secretaria de Estado Hillary Clinton reconoció en su reciente visita a México que el 90% de las armas de fuego que usan los cárteles del narcotráfico mexicano son de manufactura estadunidense.
En Washington, tanto el presidente Barack Obama como el Congreso federal admiten el problema, pero aunque públicamente se dicen dispuestos a contener el flujo ilegal de armas, políticamente están sometidos a los intereses que alimentan la cultura armamentista estadunidense.Engel, uno de los pocos líderes del Congreso estadunidense que aboga por “hacer todo lo que se pueda” para detener el tráfico ilegal de armas de fuego a México, resume: “Hay muchos millones de dólares detrás de la defensa constitucional para poseer y portar armas en este país, y está demostrado en nuestra historia reciente que quien se atreve a promover un cambio constitucional en este sentido está destinado al fracaso y a la pérdida de su puesto como funcionario público. Aunque el presidente Obama quiera ayudar a México en este sentido, no se va a atrever a hacerlo, ni nosotros (los demócratas) en el Congreso y mucho menos los republicanos”.El debate sobre la venta de armas y municiones en Estados Unidos está centrado en la llamada Segunda Enmienda de la Constitución, que protege y garantiza el derecho de las personas a poseer y portar armas de fuego. Esta enmienda, que divide a la sociedad estadunidense cada vez que se registra alguna masacre o casos de asesinatos violentos en cualquier punto del país, permite a la industria de las armas y municiones obtener ganancias anuales de miles de millones de dólares. Una parte de este dinero financia el cabildeo legislativo para “asegurar” la eliminación de cualquier legislación federal que amenace a esta industria, que sólo entre el 1 de julio y el 30 de septiembre del año pasado incrementó la venta de pistolas y revólveres en Estados Unidos en 23.6%, respecto al trimestre anterior, mientras que la compra de municiones subió 8.4% y la de rifles 4.1%.Esto significó ingresos por 834.2 millones de dólares, de acuerdo con el más reciente reporte del Departamento del Tesoro sobre los pagos tributarios de las empresas manufactureras y vendedores de armas de fuego y municiones de Estados Unidos.
Pero en este negocio no sólo ganan los fabricantes y los distribuidores particulares de armas: el propio gobierno estadunidense tiene aquí una buena fuente de ingresos fiscales, al punto que en el tercer trimestre del año pasado captó 321.9 millones de dólares en impuestos.Estas cifras corresponden únicamente a la venta de armas y municiones a civiles en Estados Unidos, “no incluye a militares, policías o demás agencias de la aplicación de la ley”, aclara el Departamento del Tesoro.La Segunda Enmienda permite a todo ciudadano estadunidense –sin antecedentes penales– comprar cualquier tipo de armas y municiones. Las armas automáticas o semiautomáticas, que para el caso de México son de uso exclusivo del Ejército, en varias partes de Estados Unidos pueden ser adquiridas por cualquier persona mayor de 18 años.Algunas organizaciones civiles consideran que la Segunda Enmienda no debería otorgar a la ciudadanía el derecho de adquirir armas de asalto. En cambio, grupos encabezados por la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés, a la que pertenecen decenas de legisladores y funcionarios federales, gobernadores y autoridades locales) sostienen que limitar la venta de armas infringiría sus derechos constitucionales. La NRA incluso alega que el veto a la venta de cierto tipo de armas no reduciría la criminalidad ni los llamados crímenes violentos.No obstante, el presidente del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental, Eliot Engel, y otros 50 integrantes de la Cámara de Representantes trabajan en un proyecto de ley para “prohibir” la importación de armas de fuego a Estados Unidos. La medida que patrocina Engel pretende contener la adquisición de armas de fuego automáticas y semiautomáticas europeas que, de acuerdo con el legislador demócrata, terminan en manos de los narcotraficantes mexicanos.
Sostiene Engel: “Con una ley para prohibir la importación de armas podremos dar un paso importante para ayudar a México a contener el problema de la narcoviolencia, en la que están involucradas armas de uso militar como granadas, rifles y pistolas de alto calibre fabricadas en Europa y exportadas a Estados Unidos.”
–Y qué pasa con las armas que se fabrican aquí, en Estados Unidos, y que cruzan la frontera de México. ¿Habrá una ley para modificar la Segunda Enmienda?
–No, eso no ocurrirá. En 1994, la última vez que un Congreso dominado por el Partido Demócrata intentó cambiar la ley, perdimos las elecciones ante los republicanos. No ocurrirá ni creo que el presidente Obama –aun con sus buenas intenciones de apoyar a México– se vaya atrever a promover una iniciativa de ley tan peligrosa.
En 1994, el entonces presidente Bill Clinton consiguió la aprobación de una ley que prohibió la venta de 19 modelos específicos de armas semiautomáticas y otras con componentes de armas de asalto. La prohibición expiró el 13 de septiembre de 2004 y cabilderos pagados por organizaciones como la NRA convencieron al Congreso para no renovar dicha ley.Aunque no existen estadísticas oficiales sobre el gasto en cabildeo profesional que realizan grupos como el NRA y la industria de las armas de Estados Unidos, algunos expertos en la materia estiman que de 1989 a la fecha han aportado alrededor de 17 millones de dólares a campañas políticas. De ese total, 15 millones de dólares beneficiaron a candidatos del Partido Republicano.Por su parte, las organizaciones que abogan por la prohibición o control de la venta de armas en Estados Unidos, liderados por la Brady Campaing to Prevent Gun Violence (BCPGV), durante el mismo período pagaron a cabilderos solamente 1.7 millones de dólares para tratar de modificar la Segunda Enmienda.Para David Rittgers, exfuncionario del Pentágono y especialista en temas legales de la Organización Cato (dedicada al análisis y estudio de las políticas federales del gobierno de Estados Unidos), la presión de Calderón para que la Casa Blanca prohíba la venta de armas de cualquier tipo es “ridícula”, sobre todo si implica la más mínima modificación a la Constitución estadunidense.“Aun en el caso extremo de que ocurriera una prohibición a la venta de armas, la medida no funcionaría para contener la narcoviolencia en México, porque los narcotraficantes de ese país van a conseguir las armas en otro lado. Si dejan de llegar por la frontera sur de Estados Unidos, entonces el flujo de armas será por Centroamérica”, asegura Rittgers.
El especialista de Cato apunta que si el gobierno de Calderón quiere detener la entrada de armas por el norte de su frontera, debería entonces limpiar de corrupción a su propio sistema aduanal en la frontera con Estados Unidos.“Un cambio a nuestras leyes por pedido de México sería ridículo, no serviría de nada; los narcotraficantes han demostrado tener una gran habilidad para hacer lo que quieren. Y si no les llegan las armas de Estados Unidos, son capaces de construirlas ellos mismos; ya lo vimos con el submarino que armaron los narcotraficantes colombianos”, apunta Rittgers.
“Bowling for Mexico”
La danza de los millones de dólares en el Congreso de Estados Unidos, y en general en el ámbito político de este país, no tiene fin. Por ejemplo, la NRA cuenta con unos 4 millones de afiliados que donan recursos a su Comité de Acción Política, que se encarga de contratar firmas de cabildeo y de apoyar o atacar campañas políticas, según les convenga.Proceso obtuvo los registros de gastos de cabildeo de grupos que están a favor y en contra de la venta de armas, recopilados por el Departamento de Justicia, los cuales identifican actualmente a unas 42 mil personas involucradas en el cabildeo profesional ante el Congreso.Las estadísticas muestran que en los últimos tres años estos grupos han tenido un promedio de 35 mil empleados. En 2004, cuando expiró la prohibición de la venta de armas de fuego automáticas y semiautomáticas, las agrupaciones a favor y en contra de ese asunto emplearon a casi 50 mil cabilderos.Los informes del Departamento de Justicia muestran que la NRA tiene contratadas a 16 firmas de cabildeo profesional; el Club Internacional Safari a ocho, y la agrupación civil Heckler and Koch Defense a seis. Con cuatro firmas de cabildeo a su servicio están la Asociación Nacional de Dueños de Armas, la Orden Fraternal de Policías, la Fundación Nacional de Deportes de Tiro y el Comité Ciudadano por el Derecho de Poseer y Portar Armas, entre otras organizaciones.Del otro lado, entre los grupos que piden la prohibición de la venta de armas de fuego destaca la BCPGV por disponer de cuatro firmas de cabildeo profesional, seguida de la Coalición para Detener la Violencia con Armas de Fuego y la Sociedad Humana de Estados Unidos, cada cual con una.La diferencia en los gastos de cabildeo legislativo entre los que apoyan la venta de armas resulta gigantesca cuando se le compara con los fondos que emplean los grupos que exigen la reforma a la Segunda Enmienda.Los documentos más recientes sobre cabildeo, correspondientes a 2008, indican que la NRA gastó un millón 665 mil dólares el año pasado, mientras que la Asociación Nacional de Dueños de Armas usó un millón 158 mil 63 dólares para el mismo rubro.En contraste, la BCPGV dispuso el año pasado de apenas 75 mil dólares para cabildeo, mientras que la Coalición para Detener la Violencia con Armas de Fuego solamente pagó 10 mil dólares.El Departamento de Justicia sostiene que, entre 1989 y 2004, la NRA gastó 22 millones 141 mil 694 dólares para apoyar y contrarrestar las campañas a favor y en contra de la venta de armas, respectivamente, a todos los niveles gubernamentales en Estados Unidos.En el mismo período, la BCPGV destinó nada más un millón 603 mil 782 dólares con el mismo fin, pero en sentido inverso.El ejemplo más claro del apoyo a la venta de armas de fuego en la sociedad estadunidense ocurrió el 20 de abril de 1989, cuando en la escuela secundaria de Columbine, Colorado, los estudiantes Eric Harris y Dyland Klebold, usando armas automáticas de distinto calibre, asesinaron a 12 estudiantes y a un maestro, e hirieron a otros 23, antes de suicidarse.La indignación nacional por esta masacre se reflejó en el documental Bowling for Columbine, de Michael Moore, que incluso ganó un Óscar. Pero ni eso bastó para poner freno a la venta casi indiscriminada de armas de fuego en este país.Semanas después de la masacre de estudiantes en Columbine, y obligado por la presión pública, el entonces líder de la mayoría republicana en el Senado, Trent Lott, representante por el estado de Mississippi, logró la aprobación de la “consideración legislativa” S 254, conocida como Acta de Justicia Juvenil, que contemplaba prohibir la venta de armas –o por lo menos restringirla en algunos casos–, pero fue obstaculizada en la Cámara de Representantes, que terminó con cualquier posibilidad de una regulación.En esa ocasión, la NRA gastó un millón 449 mil 949 dólares en cabildeo con cada uno de los 435 miembros de la Cámara de Representantes, y 548 mil 335 dólares en el caso de los 100 integrantes de la Cámara de Senadores.Otra legislación promovida en 1999 tampoco llegó a ningún lado y fue eliminada debido a las diferencias entre el Senado y la Cámara de Representantes, que nunca pudieron conciliarse durante las reuniones de la Comisión Bicameral.Con estos antecedentes, las cada vez más frecuentes presiones de la administración de Felipe Calderón sólo encuentran un eco retórico en la Casa Blanca, pero el costo por la narcoviolencia asociada al tráfico ilegal de armas lo seguirá pagando México.
Obama en México
MÉXICO, D.F., 10 de abril (apro).- El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llegará a México con un planteamiento directo a Felipe Calderón: su "estrategia" contra el narcotráfico no sirve. Por más que saque a miles de militares a las calles, que capture a lugartenientes o narcojuniors, que "limpie" la PGR, que militarice las policías locales y sature aún más las cárceles con narcomenudistas, no va a disminuir el poder de los grupos mexicanos de la droga, actores centrales de la economía ilegal en el mundo.
Distintos funcionarios civiles y militares de Estados Unidos lo han dicho de uno u otro modo: desde la polémica caracterización de "Estado fallido" hasta la pérdida de territorios a manos de los cárteles, pasando por los señalamientos de ingobernabilidad y la extendida corrupción policial.Conscientes de que el presidente mexicano hizo del combate al narcotráfico su principal medio de legitimidad, las diferentes dependencias estadunidenses involucradas en la relación con México, coinciden en que el tema era ineludible, incluso reconocen las capturas de algunos mandos medios y, sobre todo, aplauden la extradición de personajes acusados de traficar drogas hacia Estados Unidos.Pero saben que eso no conduce a nada si en verdad se trata de un combate al narcotráfico, que "ponga orden" en la actividad del narcotráfico y, por ende, en el mercado ilegal de las drogas en México. Pero sobre todo, que baje significativamente los niveles de violencia que padece la sociedad.La información que salga del encuentro de Calderón con Obama, el próximo jueves, así como en las declaraciones públicas, dirá que Estados Unidos reconoce su parte de responsabilidad por el extendido consumo de drogas en su sociedad y por ser proveedor del 90% de las armas que utilizan los narcotraficantes mexicanos.Ya lo hizo la secretaria de Estado, Hillary Clinton, en su visita del mes pasado y seguro lo hará Obama, para quien la Iniciativa Mérida es apenas una mínima parte de lo que Estados Unidos quiere hacer en relación con el narcotráfico en México.El gobierno estadunidense sabe que aun tomando medidas para controlar la venta de armas a mexicanos –lo cual enfrenta el fuerte rechazo de la Asociación Nacional del Rifle, que revindica la comercialización de armas como una garantía constitucional–, el gobierno mexicano carece de capacidad para vigilar lo que entra por sus aduanas; es más, en la Dirección General de Aduanas, que depende de la Secretaría de Hacienda, es histórica la corrupción. El caso Zhenli Ye Gon es la muestra más reciente y escandalosa del contubernio de funcionarios mexicanos con la delincuencia organizada.En el más optimista de los escenarios, de un control de las armas provenientes de Estados Unidos, los narcos mexicanos buscarían mercados subterráneos alternos para abastecerse, ya sea en Europa, Asia o África, incluso en América Latina.Según las estimaciones estadunidenses, Aduanas sólo tiene capacidad para monitorear, al azar, el 8% de lo que entra a los recintos fiscales.De ahí que el programa anunciado recientemente por el procurador Eduardo Medina Mora y la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, para detener el contrabando de armas desde aquel país, esté condenado a ser una medida publicitaria más.La tarea principal del Estado es la seguridad pública, garantizando a los ciudadanos la posesión de sus bienes y, por supuesto, su integridad física. Los cárteles del narcotráfico en México han puesto en jaque al Estado en esa función primordial, además de arrebatarle el control territorial en varias zonas del país.Calderón se enfureció cuando desde Washington, en el Congreso de ese país, se habló de esa parte de la realidad mexicana. Criticó a los estadunidenses por su corrupción y a quienes vienen a hacer "turismo académico", y los retó a ir a cualquier parte del país.Envalentonado como es, Calderón debería llevarse a Obama a la sierra de Sinaloa, Guerrero o Michoacán, a zonas turísticas como Cancún y Zihuatanejo, a destinos coloniales como Zacatecas, Morelia o Durango, o a los barrios de Tijuana y Villahermosa, Tabasco.Así, sin el aparato del Servicio Secreto estadunidense o del Estado Mayor Presidencial, podrían comprobar que ni Los Zetas, La Familia, El Chapo, La Línea, Los Pelones o los Beltrán Leyva tienen control territorial.Es más, según dice Medina Mora, "lento, pero seguro, los cárteles están entrando en un estado de fragmentación y autodestrucción", gracias –dice– a las medidas del gobierno de Calderón. Lástima que ni su principal aliado, Estados Unidos, se la crea.
jcarrasco@proceso.com.mx
Ocupa México último lugar de OCDE en gasto en educación por alumno
MÉXICO, D.F., 10 de abril (apro).- México ocupa el último sitio en gasto por alumno de los 30 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Al dar a conocer los indicadores educativos de este año, el organismo precisa que, a pesar de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, el rubro que más gasto representa para el gobierno es el de la educación, el desembolso para ese ramo es insuficiente.Y menciona que por cada uno de los 27 millones de estudiantes que hay en el país, el Estado destina al año sólo 37 mil pesos, cuando la media de las naciones que integran la organización es de 117 mil pesos.
El estudio de la OCDE, con sede en París, Francia –país con el mayor número de miembros del continente europeo, además de Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Canadá y México–, indica que en cuanto al número de egresados de secundaria, México también ocupa la última posición, ya que sólo 41% de los inscritos concluye sus estudios. Además, sólo 39% de los mexicanos de entre 25 y 34 años ha terminado la preparatoria, lo que representa el segundo nivel más bajo de las naciones afiliadas a esta entidad de cooperación internacional.
México, agrega, exhibe una gran disparidad entre la cantidad destinada a la educación superior y a la básica, ya que esta última recibe tres veces más y, a diferencia de las naciones que asignan montos similares a ambos rubros, este desequilibrio cierra las puertas a muchos jóvenes que desean cursar estudios profesionales.
A la fecha, la Secretaría de Educación Pública no ha logrado aumentar la cobertura de jóvenes inscritos en el nivel superior, que apenas alcanza 23.7%, pese a que el presidente Felipe Calderón prometió cubrir por lo menos 30% de esta demanda, subraya la OCDE.
La organización sostiene que los niveles requeridos para el gasto en educación, según los estándares internacionales, debe ubicarse al menos en 8% del PIB, pero en los últimos cinco México ha invertido en el rubro apenas el equivalente a 4% de este indicador.
Más aún, revela que en el país hay 4 millones 100 mil niños sin educación básica –primaria y secundaria–, lo que representa 14.4% de la población de entre 6 y 15 años.
En lo que respecta a educación media superior, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos puntualiza que el sistema educativo mexicano sólo atiende a 55.7% de la población en edad de cursar ese nivel.
Para ver todas la graficas AQUI.
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