EL PASO, TEXAS.- “El de mi madre es un crimen de Estado. El gobernador de Chihuahua, César Duarte, está involucrado. Hubo arreglos con el criminal y le dejó libre el camino para que cometiera el asesinato. El homicida tenía la garantía de que no iba a ser detenido”, acusa Juan Manuel Frayre Escobedo, hijo mayor de la activista Marisela Escobedo Ortiz, asesinada el 16 de diciembre pasado frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua.
La entrevista se realiza el martes 11 en el Centro de Detención y Remoción de El Paso, cárcel para inmigrantes indocumentados en la cual fue recluido Juan Manuel desde el 18 de diciembre, cuando se presentó a solicitar asilo.
En la misma barraca estaba su hermano menor, Eduardo Alejandro, quien recobró su libertad un día después de la plática con Proceso, y en otra permanece su tío Héctor Ricardo. Este hermano de Marisela es el que, en el video del asesinato registrado por una cámara de seguridad pública, aparece arrojándole una silla al asesino. También considera que se trató de un asesinato de Estado y que “el gobernador César Duarte trata de lavarse las manos con el juicio político a los jueces”.
El asesinato de Marisela Escobedo provoca señalamientos contra el gobierno de Chihuahua, pero sobre todo obliga a muchos activistas de causas sociales a replantear su labor y a reforzar su seguridad, así como la de su familia. Una de las más conocidas en el estado es Cipriana Jurado, quien está convencida de que Marisela se convirtió en un personaje “incómodo” para el Estado y que ese fue el motivo para matarla. Jurado, que ha sido perseguida por el Ejército, tiene siete meses fuera del país y teme volver.
Por ahora hace un recuento de bajas. En sólo un año con cinco meses fueron asesinados ocho activistas sociales y defensores de derechos humanos, dos en las últimas tres semanas: Marisela Escobedo y Susana Chávez, ésta conocida por haber ideado el lema de la campaña contra los asesinatos de mujeres en la entidad: “Ni una más”.
Igual que los familiares de Marisela, para Cipriana Jurado existen muchos indicios de que el crimen se cometió a la sombra del Estado: el asesino persiguió y ultimó a la señora frente al Palacio de Gobierno, a unos pasos de la procuraduría estatal, de la rectoría universitaria y de la oficina de recaudación de impuestos, todos ellos recintos vigilados las 24 horas por policías.
Por si no bastara, elementos de los gobiernos estatal y federal rondan permanentemente la zona, que en estos años abunda en protestas civiles por la violencia y manifestaciones contra los asesinatos de mujeres; sin embargo, esa noche la céntrica plaza estaba descuidada. Días antes el gobernador Duarte aseguró que le había asignado escoltas a Escobedo. ¿Por qué ninguno de ellos la protegió?, pregunta Cipriana.
Lavamanos gubernamental
“Era el sábado 18 –sigue recordando Juan Manuel Frayre–. Estábamos en el velorio de mi madre cuando nos enteramos de que incendiaron el negocio de José Monge, su pareja sentimental, y de que el hermano (de José) había sido secuestrado; esa misma tarde, después del entierro, supimos que fue encontrado sin vida. Además, en el sepelio se me acercó una señora a la que, aunque se me hizo conocida, no logré identificar, y me dijo que tenía un hijo que pertenecía a Los Zetas, (añadió) que por él sabía que la consigna era matarnos a todos los de la familia.”
Cuando asesinaron a su madre, Juan Manuel solicitó al gobierno del estado que protegiera a sus familiares que viajaron desde Estados Unidos para asistir al sepelio. Se les asignaron cuatro unidades. Después del entierro, toda la familia fue a la casa de Marisela.
Ahí, prosigue el hijo mayor de la activista, “agarramos lo necesario y con el pretexto de que íbamos a acompañar a los familiares que regresaban a Estados Unidos, nos dirigimos al Puente Internacional Santa Fe, en Ciudad Juárez. Los que traían papeles entraron sin problema, y los que no, nos presentamos ante la policía fronteriza para solicitar asilo”.
Carecían de papeles Juan Manuel y Eduardo Alejandro Frayre Escobedo, así como Héctor Ricardo Escobedo Ortiz. Con ellos llevaban –igualmente sin documentos migratorios– a Heidi, la hija de la también asesinada Rubí Frayre Escobedo.
Los dos hermanos y su tío fueron llevados al Centro de Detención y Remoción de El Paso, Texas, y Heidi fue entregada al cuidado de una iglesia en Houston. Actualmente Jessica, hermana de Juan Manuel y Alejandro, que reside en Estados Unidos, está desahogando un lento trámite para que le entreguen a la niña.
En su declaración ante la policía migratoria, de la cual Proceso tiene copia, Héctor Ricardo Escobedo relató sucesos previos al asesinato de su hermana que hasta hoy no habían sido divulgados:
El día 8 de diciembre (de 2010) se llevó a cabo un evento en la Rectoría de la Universidad Autónoma de Chihuahua, al que asistió el gobernador. Cuando una persona en el micrófono hablaba de inseguridad, mi hermana y yo levantamos una pancarta con la leyenda: “Justicia, privilegio para jefes de gobierno. ¿Y Rubí?”.
Al terminar el evento, un periodista le preguntó al gobernador qué tenía que decirle a mi hermana. Él contestó: “Estamos trabajando en el caso, pero la información que nos trae no es del todo confiable”. Marisela le dijo que si no le daba vergüenza que ella estaba haciendo su trabajo y aun así dudaba de los datos. Además, le reclamó: “Ya pasó casi un mes desde que me prometió una entrevista con el fiscal y no he tenido nada”. Duarte, molesto, ordenó a uno de sus subordinados que la llevara a la fiscalía.
(En la procuraduría del estado) mi hermana les dio toda la información de Río Grande, Zacatecas, y les hizo saber que a ella no le importaba nada tocante a Los Zetas, grupo delictivo al que pertenece el exesposo de Rubí, que sólo quería que Barraza fuera atrapado y pagara por su crimen. En ese cuarto estaban el fiscal, dos agentes federales y un miembro del Ejército, a quienes se les estaba pidiendo colaboración. Toda la información que proporcionó Marisela ese día quedó por escrito.
Cuando me comentó todo lo que había declarado, le dije que deberíamos irnos por un tiempo para ver qué rumbo tomaban las cosas, ya que estaba involucrando a funcionarios de la procuraduría de Zacatecas, de quienes no recuerdo los nombres. Por eso el día en que nos entregaron su cadáver mi sobrino Juan solicitó una copia de la declaración del 8 de diciembre. Se la entregaron, sólo que cuando la leí me di cuenta de que no contenía toda la información que mi hermana me comentó; tampoco estaba su firma.
En su solicitud de asilo, Héctor Ricardo expone otras anomalías que lo hacen temer por su seguridad y la de su familia:
Cuando mataron a Marisela, mi hermana Elba, la hija de Rubí y yo fuimos trasladados a la fiscalía del estado, ahí estaba el fiscal (Carlos Manuel Salas). Le dije que momentos después de que sucedió lo de mi hermana escuché, por el radio de un agente que se acercó a darnos auxilio, que un testigo reportó un auto Jetta blanco y proporcionó el número de placas. Mi sorpresa es que al leer el reporte no aparecían consignadas las placas. Vi que hicieron un retrato hablado del asesino y les dije que lo más indicado era sacar su rostro del video que se tomó desde la puerta principal de palacio de gobierno, porque seguro hay mejores imágenes, y por razones extrañas la procuraduría no lo incorporó al expediente.
Por eso estoy aquí pidiendo asilo, porque mi vida y la de mi familia corren peligro y porque estoy seguro de que las autoridades en México están siendo controladas por el crimen organizado. Todo parece indicar que el gobierno de Chihuahua también está involucrado en el asesinato de mi hermana Marisela.
En entrevista con Proceso, Héctor Ricardo especifica: “Aquí sólo hay dos posibilidades: el crimen se ideó desde el gobierno o César Duarte está controlado por la organización delictiva de Los Zetas, cártel coludido con el de Juárez y al que pertenece el exesposo y asesino de Rubí. Hubo un arreglo con esta organización para dejarles libre el camino y cometer el crimen, de otra forma hubieran agarrado al asesino. Por donde se vea, es un crimen de Estado”.
Insiste en que el gobernador César Duarte “sólo intenta lavarse las manos” al promover el juicio político en contra de Catalina Ochoa Contreras, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Boudib, los jueces que dejaron en libertad a Sergio Barraza en abril de 2010 por considerar “que la prueba era insuficiente para demostrar el delito de homicidio y la culpabilidad del enjuiciado”.
El 17 de diciembre, al día siguiente del asesinato, el fiscal general del estado, Carlos Manuel Salas, envió el oficio 282/2010 al magistrado Javier Ramírez Benítez para solicitar la suspensión temporal sin goce de sueldo para los jueces. Este fue sólo el principio.
El gobernador solicitó al Poder Judicial la separación del cargo de los tres jueces. A su vez, la Comisión Estatal de Derechos Humanos interpuso el juicio de procedencia para que el Congreso estatal aprobara su desafuero. Los juzgadores también enfrentaron la crítica del presidente de la República por dictaminar con base en “un formalismo”:
“Duele mucho que el esfuerzo que se hace por sociedad y gobierno por combatir la criminalidad se debilite finalmente en la última etapa. No son todos, ni la mayoría de ellos, (pero) llega a haber jueces que más (que) jueces son verificadores de requisitos, es decir, hacen un check list de todas las cosas que finalmente deben cumplir.”
En respuesta, los tres jueces entregaron a la legislatura local un escrito en el que argumentan que no fallaron ellos, sino la Fiscalía General del Estado y el Ministerio Público (MP) que no aportaron pruebas suficientes para condenar al acusado. De igual modo, afirman que recurrirán al amparo y solicitarán la intervención de organismos internacionales porque se están realizando “actos mediáticos e ilegales” en su contra para “diluir” la responsabilidad de otras autoridades, que no protegieron a Marisela Escobedo.
Consultados por Proceso, agentes ministeriales de Ciudad Juárez confirman que el agente del MP no aportó elementos para comprobar la responsabilidad de Barraza. Explican que si bien el acusado aceptó ser el homicida, en el nuevo sistema de justicia de Chihuahua su confesión no tiene validez, ya que por un lado la hizo sin que su abogado estuviera presente, y por el otro, no se pudo determinar la causa de la muerte de Rubí debido al estado de descomposición de sus restos y al tiempo transcurrido.
En el expediente del asesinato de Rubí se incluye un parte de la Policía Municipal del sector Aldama, en Ciudad Juárez, donde se narra que Sergio Barraza fue a confesar su crimen el mismo día que lo cometió y quiso entregarse, pero como iba drogado los policías de turno no le creyeron y lo dejaron libre.
Estado en fuga
La defensora de los derechos humanos Cipriana Jurado fue detenida en 2008 por agentes federales a raíz de una demanda del gobierno federal en su contra por participar en una manifestación en un puente internacional en 2005.
–¿Hay una cacería de activistas en Chihuahua? –se le pregunta a Jurado.
–Sí, creo que sí, y estoy muy preocupada. Hace seis meses salí de México porque la Red de Líderes Religiosos en América Latina me invitó a dar una serie de conferencias sobre violación a derechos humanos en el país. No pensaba pedir asilo político en ningún lado, pero estando fuera del país me entero de que matan a Rubén Reyes, hermano de Josefina, la activista asesinada en enero del año pasado. Me impactó porque estuvieron primero en la lucha por la tierra en el Valle de Juárez, por los servicios públicos, contra el feminicidio.
“Después hostigaron a Lidia Sandoval, de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, y después matan a Marisela, luego a Susana Chávez. Antes, asesinaron a Paz Rodríguez y a su esposa, defensores de derechos humanos en Nuevo Casas Grandes, a Flor Alicia Gómez, activista de Justicia para Nuestras Hijas, y a Benjamín Le Baron, activista social contra el secuestro.”
–¿Quién asesinó a Marisela Escobedo?
–Su caso nos preocupa mucho porque es muy emblemático. Resulta extraño que la hayan matado ante las puertas del Palacio de Gobierno, donde siempre hay policías armados. Sobre todo porque siendo un lugar en el que hay protestas, manifestaciones, siempre está lleno de gente de gobernación y de policías. Yo creo que ni a Duarte ni al gobierno federal les conviene que haya voces que se levanten para denunciar lo que pasa en Chihuahua, sobre todo en Ciudad Juárez, en temas como el feminicidio o como la violación a los derechos humanos por el Ejército o la Policía Federal.
–¿Qué es más creíble, que sea un asesinato de Estado o que a Marisela la haya mandado matar el exesposo de su hija?
–Ella había hecho enojar mucho a Duarte. Se nos hace muy aventurado que haya sido una venganza del esposo, porque se supone, como dijo el gobernador, que tenía vigilancia para proteger a Marisela. Si era verdad, que explique a dónde se fue esa gente que estaba cuidando a Marisela cuando la asesinaron. Claro que es un asesinato de Estado. Después de que matan a Marisela sale a flote que pudo ser el exesposo de su hija… Si tienen esa seguridad, ¿por qué no lo han detenido?
En su propio caso, recuerda Jurado, “después de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Amnistía Internacional pidieron seguridad para mí, tuvimos varias reuniones con la gente de los tres gobiernos y la seguridad que me dieron fue un teléfono celular y que la Policía Federal hiciera rondines por mi casa. Les pregunté: ¿qué hago con el celular? ¿Si atentan contra mí les aviento el aparato?”.
No existe una estructura para garantizar la seguridad de los defensores de derechos humanos que sufren amenazas, asegura.
–¿Regresa a Juárez?
–No, cada vez está más peligroso. En estos días meteré mi solicitud de asilo.
Los parientes de Marisela Escobedo no lo saben, pero a unos cuantos pasos de su barraca, en el área para mujeres del centro de detención, también espera una resolución del gobierno estadunidense Leticia Bocanegra, madre de Sergio Rafael Barraza. La señora también solicitó asilo.
Al cierre de esta edición, el menor de los jóvenes Frayre Escobedo, Eduardo Alejandro, ya había sido liberado. Y el jueves 13 una fuente del gobierno de Chihuahua confió a la reportera que la Fiscalía General acaba de comprobar que Sergio Barraza permanece refugiado en Río Grande, Zacatecas; sin embargo, no se le ha capturado.
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Today is a global day to defend freedom of speech, according to the call for action from Anonymous, an online protest group dedicated to internet freedom. The group feels threatened by government interference and the failure of corporate media to fulfill their vital role in checking the abuse of authority. The outcry is sparked by the intensified government crackdown on WikiLeaks. In an open letter to the Department of Justice, posted to its blog, Anonymous writes:
The letter was posted last week as it came to light that the Department of Justice had issued a secret subpoena on Twitter to obtain the accounts and private messages of former WikiLeaks volunteer and member of the Icelandic Parliament, Birgitta Jonsdottir, and Dutch hacker Rop Gongrijp in addition to Julian Assange and Bradley Manning. The subpoena came with a gag order preventing Twitter from notifying the interrogated and was meet by hard criticism. The Icelandic interior minister Ogmundur Jonasson told Icelandic broadcaster RUV that:
And the subpoena is indeed very general. It targets not only the investigated individuals, but also requests all records and other information relating to Twitter accounts associated with WikiLeaks "including non-content information associated with the contents of any communication or file stored by or for the account(s).” This includes WikiLeaks followers on Twitter. A recent article on Bloomsberg News cites Assange’s lawyer Mark Stephens as saying:
Sadly, the request for private information is not unique. According to the New York Times, the subpoena issued on Twitter is noteworthy, not because of its content, but because it has been unsealed. In fact more than 50,000 of these orders, known as national security letters, are sent every year, but they come with a seal of secrecy that prevents the company from revealing its existence to the investigated. By challenging the order legally, Twitter shines as a positive example of a private company that sticks to its ethical policies and stands up for the rights of its users.
It leaves one question lingering in the air: What happens to the remaining unsealed national security letters? Do the recipients simply succumb to government pressure and abide by the requests? WikiLeaks, suspecting the subpoena is a tactic in a larger effort by the Department of Justice to prosecute the organization, speculates that similar subpoenas have been filed to Facebook and Google. Both have refused to comment on the case.
One might ask what legitimizes the national security letters in the first place?
Interviewed by Bloomsberg News, Mark Stephens said that WikiLeaks is nothing but an organization that publishes leaked documents on its Web site and that the subpoena violates the U.S. Constitution’s Fourth Amendment, which prohibits unreasonable government searches. FBI, however, holds that the subpoenas, issued on the basis of a clause in the U.S. Patriot Act, are necessary for "obtaining such records [that] will make the process of identifying computer criminals and tracing their internet communications faster and easier."
To read the article HERE.