sábado, abril 17, 2010

El proyecto



El desastre nacional se ha agravado en este cuarto año del gobierno de facto de Felipe Calderón al carecer de un proyecto para México y querer utilizar la aplicación de los programas neoliberales, exigida desde el exterior, y la supuesta “guerra contra el narco”, que le impuso Washington, como moneda de cambio para perpetuarse en 2012.

1. La obsesión del clan calderonista por 2012, año de elección presidencial, se ha convertido en el eje de las acciones de un gobierno cuyo titular debió haber sido removido del cargo por sus actos contra México y que permanece en él por la complicidad del PRI y de otras supuestas fuerzas de oposición, que han tolerado que las acciones del gobierno panista respondan únicamente a las exigencias de Washington, que no han cambiado mucho en los últimos tiempos.

2. El gobierno demócrata de Barack H. Obama no tiene otro proyecto para México que el mismo de su predecesor republicano George W. Bush, que supone intervenir de manera cada vez más directa en nuestro país, con pretexto de la seguridad interna de Estados Unidos, controlando la frontera, las costas, las aduanas y nuestro espacio aéreo y marítimo, y para ello a las fuerzas de seguridad mexicana, sin olvidar el objetivo fundamental: el petróleo y los recursos estratégicos del país, todo lo cual le ha ido siendo garantizado por la administración de Calderón, haciéndolo posible con su supuesta guerra contra el narcotráfico.

3. Acción Nacional, que no tuvo nunca otro proyecto para el país que no fuera echar abajo la separación Estado-Iglesia alcanzada en el siglo XIX y las reformas sociales que se instauraron en los años de Lázaro Cárdenas (1934-1940), desde el reparto de la tierra y las conquistas laborales hasta la expropiación del petróleo, se ha ido de bruces ante los programas neoliberales que conducen el desmantelamiento de los estados nacionales, y ha aceptado las pretensiones de Washington. Calderón, ante su falta de legitimidad, se entregó a los gobiernos estadunidenses, sea cual fuere su signo, aunque sus preferencias por los republicanos, que financiaron al PAN en el pasado, no las escondiera al hacer abierta campaña por McCain en 2008, y ahora doblegado por completo ante Washington y sin una política propia, utilizando como pretexto esa desquiciada “guerra contra el narco” para crear un clima de miedo que le permita seguir gobernando después de 2012.

4. La colombianización de México, que ha acelerado el gobierno panista en la primavera de 2010, responde a las exigencias del Departamento de Estado, de la DEA y de la FBI, que están creando con la violencia desenfrenada las condiciones para un mayor control de Estados Unidos sobre territorio mexicano, pero también se ha tornado elemento esencial de las políticas panistas a fin de poder vender a la administración Obama la tesis de que, a pesar del fracaso escandaloso de Calderón, otro gobierno del PAN, aunque de nuevo fuese espurio, podría con su respaldo serle más funcional a Washington que el regreso del PRI, y no se diga que un gobierno de izquierda, por lo que le ha demandado más apoyo en la insensata creencia de que puede levantar su imagen con actos como la visita, bastante desairada, de Michelle Obama a México, del 14 al 15 de este mes, o el viaje de Calderón a Washington en unas semanas, que ya se sabe lo que será.

5. La demanda de ayuda de Calderón y los panistas a Obama para poder superar el año crítico de 2010 y más tarde enfrentar al movimiento popular y al PRI en 2012 parece destinada al fracaso, porque el proyecto de los think tanks de Washington de que Obama levantase en el exterior el prestigio de la institución presidencial estadunidense al proyectar una nueva imagen –y en particular por ser afroestadunidense–, se derrumbó desde los inicios de su gobierno, al constatarse en el mundo entero que la política exterior de la Casa Blanca sigue siendo la misma de los años de Bush, y de que Obama actúa, al igual que su deplorable predecesor, como empleado de las grandes corporaciones y un enemigo de la libertad de los pueblos latinoamericanos, de manera que la relación entre Obama y Calderón tiene en México otra lectura: el entreguismo del gobernante de facto mexicano.

6. La escandalosa sumisión de la soberanía nacional a Estados Unidos en función de los intereses privados del clan calderonista y de sus amigos está siendo objeto de un cuestionamiento en relación a decisiones que siendo de gravedad no son las más críticas. Medidas anunciadas a finales de marzo por el gobierno de Calderón, como la de que los turistas extranjeros poseedores de una visa para entrar a Estados Unidos serían admitidos en México, o la de que la FBI investigaría en México algunos casos delictivos fueron objeto de múltiples críticas en días recientes, y esto ha abierto el paso a que se cuestione más la entrega de sectores estratégicos del aparato estatal al control de Washington, y sobre todo el que haciendo a un lado la Constitución se claudique cada vez más en materia petrolera y de recursos básicos.

7. La violencia instaurada en México por Felipe Calderón por móviles facciosos respondiendo a un dictado del exterior, está terminando ya, por otro lado, por revertirse contra los intereses de Estados Unidos y es muy claro que existe allá un creciente disgusto contra el gobierno calderonista por su desastrosa gestión, que ha hundido aún más en la inestabilidad a la región. Washington tiene intereses y no amigos, y las actuales políticas de militarización de México, instrumentadas de manera servil, pero torpemente por el gobierno de Calderón, lejos de resultar exitosas en algún terreno, están generando enormes conflictos en los estados fronterizos de ambos lados de la línea. Para Washington su objetivo de alcanzar mayor control del país ya se logró, y tener a un México desquiciado y hundido en la pobreza, el desempleo y la ilegalidad, podría tornarse en un problema mayor.

8. El narcotráfico no se va a terminar con una guerra desenfrenada contra los sectores más indefensos del pueblo, cosa que en Estados Unidos se entendió desde hace tiempo, por lo que el Ejército no se halla en las calles de las ciudades estadunidenses y el tráfico de drogas se lleva a cabo ahí como una actividad comercial, ilegal, pero tolerada, por lo que si en México se han producido en estos años 22 mil muertos, de aquel lado de la frontera no han sido más que unos cuantos.

9. La estupidez de los panistas ha sido aún mayor cuando se ha ignorado que en muchos países la mariguana y otras drogas se han legalizado y que hay en el mundo una tendencia creciente en ese sentido, sin olvidar que en México hay cientos de miles de personas dedicadas a la producción y al comercio de las drogas y que éstas representan varios miles de millones de dólares al año para la economía mexicana, por lo que la cuestión requería otro tratamiento.

10. El desafío de los mexicanos en 2010 es, por lo mismo, muy claro: el destino de nuestro país no puede subordinarse tanto tiempo a las acciones desquiciadas de un gobierno que ha hecho de la mentira su principal instrumento de grupo, como tampoco hipotecarse su futuro por esos intereses espurios.

Rechaza Senado condena a Cuba por tema presos

El Senado de la República rechazó el exhortar al gobierno de Cuba para que pondere la liberación de los presos de conciencia y propicie canales de diálogo con los disidentes.

Con 43 votos en contra, los legisladores determinaron su rechazo a la propuesta por considerarla que de aprobarse no se respetaría el principio diplomático tradicional de México “de no intervención”.

Con excepción del perredista Graco Ramírez, PRD, PRI, PT, Convergencia y PVEM frenaron la postura del PAN, fracción legislativa que asi dejaba de manifiesto su incondicional entrega a las politicas de Washington sobre la politica imperialista contra el régimen cubano.

La Senadora Polevnsky pidió a los senadores a no debatir puntos de acuerdo con el nivel de superficialidad con que se había puesto a discusión el exhorto en el Senado. En su intervención preciso que el gobierno norteamericano asigna actualmente más de 45 millones dólares para desestabilizar al gobierno de la isla caribeña a través del apoyo económico y logístico a diversos grupos de disidentes que tanto en el exterior como al interior de Cuba trabajan con ese objetivo. Al final de su intervención la Sen. Yeidckol Polevnsky pidió a los legisladores votar en contra del exhorto y que demuestren verdadera congruencia con sus principios.
Audio de la intervención de la Senadora Polevnsky

Por su parte el Sen. Ricardo Monreal cuestionó a los senadores la incongruencia que existe con la situación de los presos politicos en México ya qué no condenan con la misma virulencia la situación de los presos de Atenco, de los indígenas de Querétaro, y les preguntó si irían a defender la huelga de hambre de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas?


Audio del Senador Monreal

Mientras tanto en las intervenciones del Sen. Camarillo del PAN y del Sen. Graco Ramírez quedó de manifiesto que a nombre de una supuesta defensa de los derechos humanos en Cuba estos Senadores tenían la encomienda de hacerle el trabajo sucio al imperialismo norteamericano.

Audio del Sen. Camarillo

Audio del Sen. Graco Ramírez


Desechan propuesta contra Cuba

Senadores del PRI, PT, Convergencia y algunos del PRD rechazan iniciativa del PAN para hacer un exhorto al gobierno de la Isla / Los legisladores hacen valer el principio constitucional de no intervención en asuntos internos de otras naciones, como pretendían hacer los blanquiazules

MEXICO, D.F., 15 de abril (APRO).- El Senado de la República rechazó por 43 votos contra 42 la propuesta del Partido Acción Nacional para exhortar al gobierno de Cuba a que pondere la libración de los presos de conciencia y propicie los canales de diálogo con los disidentes.
La sesión anterior el pleno senatorial rechazó discutir el punto de acuerdo, promovido por el panista Rubén Camarillo. Sin embargo, hoy fue presentado nuevamente con el apoyo dividido del PRD, pero la mayoría de los senadores del PRI, PT y Convergencia se opusieron.
En tribuna, Camarillo tomó como ejemplo la resolución del Congreso español que instó al gobierno de Cuba a la “inmediata e incondicional liberación de todos los presos de conciencia, así como el final de la huelga de hambre” de Guillermo Fariñas.
“Eso no sería noticia si no fuera porque, por primera vez en décadas, el PSOE, se suma al Partido Popular español y a otros partidos de izquierda a condenar de manera unánime esta situación en Cuba, que nos debe de llamar la atención a todos y cada uno de los aquí presentes”, afirmó Camarillo, vicecoordinador de los temas internacionales en el PAN.
A nombre del PRI, el senador y secretario general del partido, Jesús Murillo Karam, expresó que su partido se sujetaba a la política exterior diseñada en la Constitución y al principio de no intervención en asuntos internos de otras naciones.
El senador perredista Graco Ramírez reviró la posición de Murillo Karam, reprochándole la incongruencia del PRI. En la sesión pasada, la excanciller Rosario Green se enfrascó en una discusión con otros senadores porque ella sí estaba a favor del punto de acuerdo.
En contra del punto de acuerdo, el coordinador del PT, Ricardo Monreal, le recriminó al partido en el gobierno que si en el caso de San Salvador Atenco y de otras situaciones donde se violaron derechos humanos aceptaría la opinión de un gobierno extranjero.
También subió a tribuna María Rojo, del PRD, para subrayar que lo sucedido en Cuba “es consecuencia del criminal bloqueo” de Estados Unidos.
“¿De veras queremos hablar en pro de los derechos humanos en Cuba? ¿De veras nos preocupa la vida de los cubanos? Entonces no dejemos que una campaña basada en la dispersión de los hechos, que se cuelga de casos aislados, nos haga olvidar que los cubanos, en su conjunto, han sido y son víctimas de la hipocresía internacional que permite el bloqueo económico”, afirmó la actriz y senadora.

El general desesperado

Guillermo Galván Galván, titular de la Sedena.

MÉXICO, D.F., 16 de abril (apro).- A las 6 de la tarde del pasado 7 de abril, en el salón de usos Múltiples de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván Galván, parco y directo, se dirigió a los legisladores, a los diputados que tenía frente a él y, sin más, les pidió su apoyo para aprobar una “legislación emergente” que les permita legalizar los actos que desde el año 2006, Felipe Calderón Hinojosa, los obligó a enfrentar enmarcados en la guerra contra el narcotráfico.

El diputado del PRI, Ardelio Vargas, excomisionado de la extinta Policía Federal Preventiva (PFP) y actual presidente de la Comisión de Defensa en la Cámara de Diputados, encabezo la comitiva de priistas, panistas, petistas y legisladores del Partido Verde.

Enrique Ibarra, del Partido del Trabajo, y Pablo Escudero, del PVEM, escuchaban azorados las peticione del general Galván, del secretario de la Defensa Nacional: carta abierta para legalizar los atropellos que han cometido en su lucha contra el narcotráfico, según denuncias ciudadanas promovidas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El encuentro que tuvo el general Galván con los diputados se repetiría cinco días después con los senadores de la República. Sin embargo, en esa reunión las peticiones no fueron tan claras como con los integrantes de la Cámara baja.

La petición de aquel 7 de abril ante diputados obtuvo 9 puntos centrales, los cuales forman parte de la nueva Ley de Seguridad Nacional que el próximo lunes se discutirá en comisiones en el Senado de la República. Sin embargo, la traducción de su contenido, en voz del propio general, resultó más clara y cruda ante los diputados.

Las demandas fueron:

--Uno: potestad para realizar cateos en persecuciones en flagrancia.

--Dos: poder para detener durante 24 horas a los presuntos miembros del crimen organizado, es decir retener a supuestos delincuentes para someterlos a interrogatorios durante todo un día.

--Tres: Contar con la potestad de tomar las huellas dactilares de quienes dependa.

--Cuatro: Intervenir las comunicaciones

--Cinco: Potestad para rastrear o hackear páginas de internet.

--Seis: Cancelar espectáculos públicos.

--Siete: Poder intervenir para disolver concentraciones de vehículos como los ocurridos recientemente en los estados de Nuevo León y Tamaulipas, y donde presuntos narcotraficantes bloquearon calles céntricas de diversas ciudades para impedir el paso de las policías...

Los dos aspectos más graves que generaron escozor al diputado del PVEM, Pablo Escudero, y a Enrique Ibarra, del PT, fueron la petición del general para que quedara explicito en la Ley que el Ejercito puede declarar “zonas de excepción”, es decir establecer lo que se conoce como toque de queda, donde ningún ciudadano puede estar en las calles a determinada hora y, en caso de ser sorprendió, puede ser detenido por miembros del Ejercito.

Y el más preocupante: “Eximir a las fuerzas militares de responsabilidad de sus actos, salvo que se les acrediten conductas intencionadas.”

En este aspecto habría que preguntarse cómo se acredita una intención.

Otro de los aspectos que habría que preguntarse es si la declaratoria de una “zona de excepción” incluye la autorización o legalización de los retenes militares y que hasta hoy se vienen practicando, en franca violación a la Constitución, ya que en ella se establece la libertad de tránsito para todos los mexicanos.

Todo lo que solicitó el general Galván no fue otra cosa que legalizar la guerra contra el narcotráfico ordenada por Calderón en 2006, sólo que no hay que olvidar que una de las premisas de toda guerra es que en la lucha los contrincantes se valen de todo, pues todo les está permitido para ganar.

La lógica del general Galván, expuesta ese día ante los diputados, “es que el Ejercito, incluyendo a la Marina, es el último reducto que tiene el Estado para su protección debido a que las policías locales están infiltradas y, que mientras se depuran se hacen necesaria la presencia de las fuerzas armadas en las calles por un periodo de cinco a 10 años para poder acabar con el narcotráfico”.

De aceptarse todas estas demandas del general y de Felipe Calderón en la nueva ley de Seguridad Nacional los mexicanos estarán totalmente desprotegidos y a merced de las fuerzas militares que, con la ley en la mano, podrían incurrir en vejaciones; y no es difícil que esto ocurra. Si no, sólo basta echar un ojo a los cientos de denuncias que hay en la CNDH en contra del Ejercito Mexicano por violaciones a los derechos humanos; o recordar el caso de la anciana Ernestina Ascencio, quien fue violada por militares y cuyas lesiones le provocaron la muerte, aunque para el gobierno Federal la mujer murió por una gastritis.

Pero esto no es lo único preocupante con esta nueva Ley en caso de ser aprobada tal y como lo pidió el general Galván, durante las elecciones presidenciales del 2012 México se enfrentaría a un escenario donde la represión podría estar presente y no sólo en las mentes de los mexicanos.

Como sabemos, actualmente las acciones que realiza el Ejército en contra de la lucha contra el narcotráfico son actividades que no se le están asignadas en la Constitución y que son exclusivas de la Policía Federal.

Así pues, todas las peticiones que realizó el secretario de la Defensa a diputados y senadores es que, con la ley en la mano, el Ejército realice todas las funciones que sólo se le confieren al Ministerio Público y la Policía Federal. En pocas palabras: El poder judicial estaría siendo desplazado por la Secretaría de la Defensa Nacional y por la Secretaría de la Marina.

Estas peticiones no hacen sino abrir más la puerta para que el gobierno de Felipe Calderón intensifique sus actos autoritarios que ha venido realizando desde que “tomó” el poder y entró por la puerta de atrás del Congreso de la Unión, el 1 de diciembre de 2006 custodiado por elementos de la Secretaría de la Marina.

Lo único que pretende hoy Calderón con esta nueva ley que se discutirá el lunes, es recompensar y otorgarles más poder a quienes abrieron, por la fuerza, las puertas de la Cámara de Diputados para que pudiera protestar como presidente de la República y aligerar el enorme costal de dudas que le aventó la mitad de los votantes al cuestionar su legitimidad.

Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx

UN PEDERASTA Y RATA DE DOS PATAS QUIERE GOBERNAR VERACRUZ, ¡¡LOS JAROCHOS NO PERMITIREMOS QUE ASI SEA!!


http://www.youtube.com/watch?v=7TYaONNSXns

Los PANistas no tienen moral....ni madre!

Miente la indígena que afirma fue violada por militares, dicen autoridades ante la CIDH

Hay una testigo y las pruebas físicas y sicológicas dan la razón a la víctima: abogados

Para el gobierno mexicano no es verdad que soldados en Guerrero hayan abusado sexualmente de Inés Fernández, indígena me’phaa que asegura haber sido violada por elementos castrenses en marzo de 2002.

Frente a los ministros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los representantes gubernamentales de México aseguraron que no hay elementos para afirmar que el delito realmente se cometió.

El tribunal realizó en Lima, Perú, una audiencia pública por el caso de Fernández, en el que se juzga al gobierno de México por presuntas violaciones a las garantías fundamentales de la víctima.

Esta es la primera vez que el país es investigado por la CIDH en relación a un caso de violación sexual cometida por militares.

Gisela de León, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), calificó de grave que el Estado mexicano no reconozca el delito cuando existen todos los elementos de prueba y por el que ha habido ocho años de impunidad. Se pone en duda la palabra de la víctima y se afirma que no es verdad que la violación la hayan cometido militares. Esa es una posición bastante complicada, sobre todo porque hay varios elementos que comprueban la responsabilidad estatal.

En entrevista concedida desde la capital peruana, la abogada aseveró que además de la declaración de Fernández, se cuenta con el testimonio de una de sus hijas que estuvo presente durante los hechos, con una prueba médica que acreditó semen en su cuerpo, un examen sicológico que asegura que la mujer fue sometida a un evento traumático. Además, agregó, existen pruebas de que los militares estaban presentes en el área y fecha en que ocurrió el delito.

En la sesión participó en representación del gobierno mexicano el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Negrín, quien aseguró ante los ministros que negamos la acusación, pues no existen pruebas.

Responsabilizó a la víctima de que las investigaciones del caso no llegaran a buen término. Tocará a la CIDH pronunciarse sobre las diligencias que procuró realizar el Estado hasta en 23 ocasiones para atender (a la mujer).

La abogada del Cejil refirió que el representante estatal se refirió a la ausencia de Fernández en una diligencia en la que se realizaría un retrato hablado de los agresores.

Uno de los ministros de la CIDH cuestionó a los funcionarios mexicanos cómo podían hacer afirmaciones del caso si las investigaciones –que atiende la justicia militar– no han concluido.

Una juez se percató de una contradicción por parte de los representantes gubernamentales, porque por un lado afirmaron que no tratan de trasladar la responsabilidad de la investigación a la víctima, pero al mismo tiempo señalan que cuando ella no compareció retrasó la investigación.

La defensa de la mujer, conformada por Cejil, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y por la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa presentaron ante la CIDH un video en el que Inés Fernández pide justicia al tribunal, pues a ocho años de los hechos no la ha obtenido.

Ambas partes tendrán hasta el 24 de mayo para presentar alegatos finales por escrito. Posteriormente, la CIDH analizará los argumentos y emitirá (en alrededor de tres meses) una sentencia.

OCULTAN SUS TRANZAS..........

Documentaría pagos del STPRM

Petróleos Mexicanos (Pemex) declaró la inexistencia de documentos que prueben el depósito a la Tesorería de la Federación de más de mil 580 millones de pesos por parte del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), para restaurar daños al patrimonio de la paraestatal causados a partir del convenio 10275/04, el cual dio origen a la sanción contra el ex director de la petrolera Raúl Muñoz Leos.

Según la Ley de Fiscalización de la Federación, toda multa económica impuesta a funcionarios o a quienes hayan ejercido inadecuadamente recursos públicos, debe ser ingresada por Hacienda y Crédito Público a las tesorerías de los poderes de la Unión o a la dependencia que sufrió el quebranto.

La declaratoria de inexistencia la hizo el comité de información de Pemex, en respuesta a la solicitud de información 1857200011310. La paraestatal también declaró la reserva hasta 2011 del convenio 10275/40, suscrito entre Pemex y el STPRM, motivo de quebranto patrimonial para la paraestatal por mil 724 millones de pesos. Reservó también, hasta marzo de 2013, el oficio OAG/0329/2009 (cuyo contenido difundió La Jornada, Pemex finiquitó adeudo de sindicato petrolero por más de mil 500 millones de pesos, 2/02/2010), el cual la paraestatal envió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como el convenio de transacción de agosto de 2005, que detalla los términos del acuerdo en que el sindicato cubre el monto citado.

En el oficio CI-233/10, María Teresa González, secretaria técnica suplente del comité de información de Pemex, afirma que la difusión de los documentos puede causar serio perjuicio a la impartición de la justicia, ya que forman parte de la averiguación 084/UEIDCSPCAJ/2007 de la Procuraduría General de la República, tras denuncia de la ASF contra servidores públicos, así como del expediente de juicio de nulidad 27804/07-17-058, promovido por Raúl Muñoz Leos en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

A que le tiene tanto MIEDO la SIRVIENTA de la "First Lady"?

OPERATIVO DE SEGURIDAD, MICHELLE OBAMA Y MÁRGARA ZAVALA


http://www.youtube.com/watch?v=YJDJJSb8a0o

Frenar a toda costa plan panista de reforma laboral, acuerdan gremios

El STUNAM toma distancia de la propuesta que presentará hoy el PRD

En foro de San Lázaro insisten en la renuncia del secretario del Trabajo

Periódico La Jornada

Frenar a toda costa la iniciativa de reforma laboral del PAN, defender la Ley Federal del Trabajo y exigir la inmediata renuncia del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano, por ser factor de confrontación con el sector obrero, son algunos de los resolutivos tomados por gremios y organizaciones independientes, en el foro que para analizar dicha iniciativa coordinó el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en la Cámara de Diputados.

En tanto, Francisco Hernández Juárez, líder de la presidencia colegiada de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), informó que este miércoles se presentará en San Lázaro la propuesta perredista de reforma laboral, la cual será apoyada por diversas organizaciones de esta central sindical.

Adelantó que dicha iniciativa propone medidas como seguro de desempleo y eliminación del requisito de toma de nota que otorga la STPS a los gremios. En la mesa de la UNT, el también presidente colegiado y líder del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), Agustín Rodríguez, tomó distancia de la propuesta que presentará el PRD. Señaló que para el gremio que representa no hay condiciones para impulsar ninguna reforma progresista.

Mientras esta discusión ocurría en el seno de la UNT, en el SME se dieron a conocer los resolutivos tomados durante el foro de análisis de la propuesta panista de reforma laboral, entre los que también destaca el acuerdo de diversas organizaciones sindicales de unificarse en una gran movilización este primero de mayo, en defensa de los derechos laborales y contra la iniciativa armada y elaborada por el secretario del Trabajo; mantener la solidaridad con los mineros de Cananea, Sonora; Sombrerete, Zacatecas, y Taxco, Guerrero, así como reclamar que se solucionen los conflictos con el SME y con el sindicato minero.


Foro de Análisis de la iniciativa de Reforma Laboral



http://www.youtube.com/watch?v=i1K-8nKJang

Para “vivir mejor”, otra década perdida

México SA
Desplome del poder adquisitivo

Con FCH, peor que con MMH y CSG

Para “vivir mejor”, otra década perdida




Con la novedad, por si alguien no lo hubiera registrado, de que en medio sexenio (el de Calderón) la caída del poder adquisitivo del salario es mayor que (la observada) en la década pérdida”, es decir, la de los 80, cuando la tecnocracia se instaló en Los Pinos y comenzó la fiesta neoliberal. Y lo anterior no lo documenta un espontáneo, sino el calificado equipo universitario que integra el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, el cual adelantó a México SA su más reciente reporte de investigación, el número 86.

Así de contundente, y el citado equipo universitario documenta: “si sumamos la pérdida del poder adquisitivo del salario en alimentos y en servicios, la pérdida acumulada en el poder adquisitivo de los trabajadores es de 47.1 por ciento. La caída en el poder adquisitivo durante el gobierno de Felipe Calderón es mayor que la sufrida en todo el sexenio de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas de Gortari. En sólo tres años y cuatro meses (primero de diciembre de 2006 al primero de abril de 2010), prácticamente se ha dado una caída en las condiciones de vida de los trabajadores similar a la sufrida en la llamada década perdida, mostrando así un retroceso. De continuar la tendencia, el salario mínimo presentaría una pérdida mayor a la registrada en el sexenio de Ernesto Zedillo, que fue de 51.1 por ciento, y podría alcanzar 62 por ciento, la mayor caída desde los años 40”.

El más reciente incremento al salario mínimo de los trabajadores, a partir del primero de enero de 2010 (4.85 por ciento), se mantiene anclado al aumento esperado para la inflación. Sin embargo, los incrementos sistemáticos en los precios de productos como gasolina, electricidad, gas y otros han provocado que el mini ingreso siga acumulando pérdida del poder adquisitivo como ha sido durante los últimos decenios. “Lo anterior ha contribuido a un deterioro constante desde 1982, que a la fecha significa 82.2 por ciento de pérdida de poder adquisitivo. El precio de la canasta alimenticia recomendable (CAR)1 pasó de 80.83 a 156.76 pesos del primero de diciembre de 2006 al primero de abril de 2010, con un incremento acumulado de 93.9 por ciento sólo en alimentos. Sin tomar en cuenta el aumento en otros renglones (servicios, gas doméstico, renta, aseo personal y del hogar). En el mismo lapso el salario mínimo únicamente creció 17 por ciento, sufriendo una pérdida en su poder adquisitivo de 47.1 por ciento. Los resultados muestran claramente la política salarial que el capital ha impuesto a los trabajadores, condenándolos a enfrentar un sistemático y cada vez mayor deterioro en el nivel de vida y de trabajo. La gestión de Felipe Calderón Hinojosa, a más de tres años de iniciada, ha agravado el problema de la precarización de las condiciones laborales y de vida de los trabajadores mexicanos”.

El CAM indica que el primero de diciembre de 2006 el salario mínimo era de 48.67 pesos diarios –área geográfica A– y el precio de la canasta alimenticia recomendable de 80.83 pesos; en ese entonces se podía comprar 60.21 por ciento de la CAR. Para el primero de abril de 2010, con un salario mínimo diario de 57.46 pesos (para igual área geográfica) y un precio de 156.76 pesos de la canasta únicamente se puede adquirir 36.65 por ciento. Las familias trabajadoras en México hoy pueden adquirir 39 por ciento menos alimentos que al comienzo del actual gobierno, lo que ha implicado el incremento de la pobreza en el país.
Ante la notoria insuficiencia del poder adquisitivo del salario, señala el CAM, “¿qué alternativas han asumido las familias trabajadoras en México? El primero de diciembre de 2006 los trabajadores tenían que laborar 13 horas 17 minutos para poder adquirir la CAR. En cambio, para el primero de abril de 2010 tenían que trabajar 21 horas 50 minutos (63.25 por ciento de incremento). Actualmente para poder acceder únicamente a la canasta alimenticia recomendable con un salario mínimo el trabajador y su familia tienen necesariamente que sumar jornadas laborales de más horas. Y es que con el actual salario mínimo, 17 millones 776 mil personas, que representan 41 por ciento de las trabajadoras y trabajadores (de la población económicamente activa) en México no tienen los suficientes ingresos para adquirir la citada canasta (incluye la población trabajadora que no percibe ingresos y a los que perciben hasta dos salarios mínimos diarios)”.

La pérdida del poder adquisitivo del salario es más clara si se compara lo que se podía comprar con un salario mínimo 27 años atrás (cuando arrancó el actual modelo neoliberal en México) y lo que se puede adquirir hoy en el gobierno de Felipe Calderón; “se hace una comparación, bajo el supuesto de que un salario mínimo se dedicara íntegramente a la compra de un solo artículo de la CAR, para ver cuánto se puede adquirir del mismo y ejemplificar de forma clara la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo de los trabajadores mexicanos”.

En este contexto, el primero de diciembre de 2006 –fecha de comienzo del gobierno de Felipe Calderón– con un salario mínimo de 48.67 pesos se podían comprar 7.22 kilogramos de tortillas de maíz; al primero de abril de 2010 con el salario vigente de 57.46 pesos sólo se adquieren 6.04 kilogramos, es decir, 1.18 kilogramos menos. Históricamente, desde la aplicación del modelo neoliberal los trabajadores mexicanos han dejado de consumir 44.87 kilogramos de tortillas. El primero de enero de 1982 con el salario mínimo se compraban casi 51 kilogramos, y 9.47 kilogramos en el arranque del gobierno foxista. Ahora sólo 6.04.

El CAM define que la CAR es una canasta de alimentos recomendable ponderada para el consumo diario de una familia mexicana conformada por cinco personas (dos adultos, un joven y dos niños). Fue integrada considerando los aspectos nutritivos, de dieta, culturales, de tradición, económicos, y fue definida en su estructura, contenido y ponderación por el doctor Abelardo Ávila Curiel, investigador del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán, “pero es importante indicar que las familias trabajadoras tienen que considerar el gasto en vivienda, transporte, educación, salud, vestido y calzado, recreación, que no cubre la canasta alimenticia recomendable. Las encuestas son levantadas directamente por el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM”.

Las rebanadas del pastel

En síntesis, con los blanquiazules y “para vivir mejor”, otra década perdida.

cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx

viernes, abril 16, 2010

Viene el ama a visitar, de la mano de su sirvientita, su patio trasero.....

Qué ternura…

Viene el ama a visitar, de la mano de su sirvientita, su patio trasero y de paso le ordena que no siga convirtiendo en gordos con la comida chatarra con las que las transnacionales, que a su marido mandan también en el imperio a modo que su marido encabeza, se llenan los refrigeradores que sirven para dar de comer a los niños de la criadita. Qué ternura, una chulada ver cómo la sirvientita escucha y calla, como la lacaya, que se sabe que es, la mujer de quien usurpa el poder.
Crimen que no se resuelve en las primeras setenta y seis horas. Por no decir cuarenta y ocho por aquello de que hasta en la telebasura se sabe. Es difícil que sea resuelto. Aunque haya países con otra clase: de clase política, menos corrupta y más inteligente. Y con otra clase de gobernados: orgullosos de su pertenencia al país que es el suyo y por ende menos dejados y otra clase de ciudadanía: una ciudadanía capaz de poner candados a los, de suyo siempre, por poco que se les permita, abusivos gobernantes, en la que los investigadores se comprometen con algunos casos y aunque tarden años y años no cejan hasta dar con los asesinos. Países donde la regla impuesta por la clase política —que aquí al pueblo obliga a vivir a la deriva— no es la de que crimen cometido: crimen que impune se queda. Países donde la clase política nada tiene que ver con la que en México sufrimos de manera, por lo visto, irreversible.
Suertudos países, donde los crímenes por los cuerpos policiacos se resuelven, en lugar de que sean estos cuerpos los que, cuando no los cometen directamente, los encubren.
Aquí la regla es que todo crimen quede impune incluso aquellos que por sí mismos están resueltos desde la llegada de las autoridades al lugar del crimen. Y, claramente, hay dos crímenes, que sirven de ejemplo, curiosamente, los dos del Estado de México. El del asesinato del hermano de Salinas, que hasta el impresentable Navarrete, entonces procurador, antes abogadito de derecha encumbrado como defensor de los derechos humanos por la CNDH, luego policía en la PGR y en Gobernación, quien sabía, y así públicamente lo declaró, horas después de encontrado el cadáver dejado ex profeso en ese lugar para que él resolviera: como resolvió, es decir, encubriendo a los asesinos: “que en el asesinato de Enrique Salinas estaba la familia”. Pero… quien a cambio de la impunidad fue premiado con la patente de corso que el poder Legislativo con las curules otorga.
E igual ocurre con el caso del asesinato, muy probablemente a manos del padre, cometido en contra de Paulette, una víctima, menor de edad y con discapacidades, que debido a la exageración del drama televiso —les ganó la “necesidad” de raiting como siempre, por otro lado no saben de otra forma de hacer telebasura— se les salió de las manos el encubrimiento acordado con las autoridades.
Los que ya deberían ser indiciados por cómplices y ocultadores, por encubridores y por mierdas, funcionarios de la Procuraduría del Estado de México, seguirán en el puesto y queriendo implicar a las que coloquialmente llaman “nanas”, aunque fueran ellas las encargadas de la niña que a los padres estorbaba. E incluso, bien puede ser, como me hacía ver una psicóloga, que la madre sólo es una mujer más, abusada por el marido y víctima también de violencia intrafamiliar, en términos de la propias características que, la propia telebasura, encubridora también del pirruris cómplice del padre de la menor, que quiere imponernos la telebasura, como el objeto vendido que es, como el próximo usurpador, sucesor del actual usurpador, cuya mujer, tan poca cosa se ve: tan sirvientita, tan poco nana incluso, al lado de la mujer colonizadora, que su patio trasero revisa, aprovechando para dar la orden de que a los hijos de los criados no es sensato engordarlos, demasiado, con la comida chatarra que desde su país se envía, por aquello de que los criados deben estar en forma para cumplir raudos lo que los amos les mandan.

El plan McKinsey–Kessel



“La empresa consultora McKinsey fue contratada en enero de 2010, y está desarrollando actualmente una herramienta que sea capaz de integrar y optimizar los sistemas de refinación de petróleo, distribución de hidrocarburos y generación y transmisión de energía eléctrica para contribuir a la planeación integral del sector”.

El párrafo anterior es cita textual del documento elaborado por Georgina Kessel, secretaria de Energía del régimen de facto, mediante el cual responde a 137 preguntas parlamentarias que le formuló la Cámara de Diputados con motivo del procedimiento legislativo para ratificar, o no, la Estrategia Nacional de Energía, hoy conocida como ENE.

La ENE representa el primer ejercicio de planeación prospectiva del Estado mexicano que incluye dos variables jamás contempladas en la ley. En primer lugar la estrategia energética cuenta con una visión a 15 años. En segundo lugar, y no por ello menos importante, por primera vez corresponde al Poder Legislativo y no al Ejecutivo, otorgar la validez legal a este plan.

La importancia de este documento para los intereses de todas y todos los mexicanos contrasta con la desfachatez de quienes hoy controlan a este país. Por un lado Kessel reconoce haber contratado a McKinsey para “contribuir en la planeación integral del sector”. Por otro lado el Congreso actúa como si se tratase de un maestro corrupto.

Es el caso de la resolución del Senado en relación con la ENE. Resulta que el Senado optó por ratificar la ENE y después hacer observaciones para que una vez más corresponda toda la definición del plan al poder presidencialista. Como dijera Jaime Cárdenas: el Senado actuó como si un profesor calificara con 10 a un alumno y le diera, después de calificado, 90 días para contestar el examen. De ese tamaño es la visión republicana de Labastida.

Hoy la Cámara de Diputados, con el tiempo encima, tendrá que definir si sigue el método Labastida o el procedimiento legislativo que establece la Constitución en su artículo 72, y que recomendó el licenciado Emilio Suárez Licona, secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara, a través de un estudio que elaboró el Centro de Estudios de Derecho e Investigación Parlamentaria.

En otras palabras, la Cámara de Diputados puede ratificar la estrategia nacional de energía y pedirle a otro poder que le haga caso, o bien puede modificar y adicionar los artículos del decreto que el Senado aprobó.

Desde este espacio hago un llamado a que el Poder Legislativo actúe como tal, como todo un poder independiente.

De pasillo. Georgina Kessel desconoce cuáles son las reservas de hidrocarburos en Chicontepec. Basa la rentabilidad del proyecto en una investigación de tecnologías que desconoce. Incluso en el mundo todavía no se ha inventado la tecnología para la extracción en ese tipo de yacimientos. Lo que paradójicamente sí se conoce en otras latitudes son los llamados contratos de desempeño (mejor conocidos en México como contratos de riesgo). Dicho modelo de contrato aún no es aprobado por el Consejo de Administración de Pemex y ya está en manos de las empresas. Según dijo el secretario de Economía en Davos, son las empresas trasnacionales las que participaron en su elaboración. En él se establecen, entre otras cosas, que Pemex renuncia a los tribunales mexicanos, otorga jurisdicción a tribunales extranjeros y cede a los contratistas extranjeros el derecho exclusivo de explotar el petróleo. ¿Será esta la razón de tantas anomalías en la ratificación de la ENE?

Lo tuvo que decir Sabina

Ricardo Monreal Avila

Joaquín Sabina, quien se encuentra en México para promover su nuevo disco “Vinagre y rosas”, avinagró la visión rosa del gobierno mexicano en su cruzada contra el narcotráfico.
“Calderón fue muy ingenuo, por decirlo de buena manera, cuando planteó esta batalla. Pareciera mentira que no supiera que la Policía estaba completamente infiltrada y a sueldo, y parece mentira que esa guerra no la puede ganar él ni la puede ganar nadie… Creo que todos los gobernantes y los centros del poder del mundo, antes o después, tendrán que hacer una cosa, que es la legalización, porque con la legalización no se acaba ciertamente con las drogas, pero sí con la corrupción, con las muertes, con los asesinatos y con la infiltración en el poder”.
A diferencia de los especialistas, académicos y críticos de la oposición que hemos cuestionado la estrategia contra el crimen y el narcotráfico, Sabina recibió en esta ocasión una respuesta empática del gobierno mexicano, por parte del secretario de Gobernación. “Respecto a Don Joaquín Sabina, toda crítica respetuosa que haga cualquier persona sobre un dilema universal como es la seguridad, el narcotráfico, todo eso debe ser aquilatado. Yo sé que el Presidente Calderón tiene especial gusto por la música de Don Joaquín Sabina y se encontrarán y ahí se dirán lo suyo. Como español, lo veo como hermano y es bienvenido a México”, declaró Fernando Gómez Mont.
Acerca de la posibilidad de aplicar el artículo 33 constitucional al cantante y autor español por inmiscuirse en los asuntos políticos del país, el secretario de Gobernación descartó tal posibilidad porque Sabina, apuntó, “no busca ser candidato o líder en nuestro país”. Candidato a un cargo de elección popular ciertamente no lo es, pero líder de opinión sí, a través de sus canciones, como lo muestra el gran número de seguidores que Sabina tiene en México, entre otros, al propio Felipe Calderón, según lo consigna la página personal del titular del Ejecutivo federal en Facebook.
A ver si ahora que lo dice Sabina, un mensajero con credibilidad y confianza para las cabezas del actual gobierno mexicano, se pasa de la ingenuidad a la asertividad, de la fantasía a la realidad y de la propaganda a la efectividad en la guerra contra el crimen, en su modalidad de tráfico de drogas.
Hace tres años era un tabú social en el país hablar de “legalización de las drogas”. Hoy es una expresión de uso corriente. Hace tres años era un tabú político hablar de retirar el fuero militar a los soldados que incurrieran en “daños colaterales”, hoy hasta una iniciativa de ley en ese sentido se prepara en el Senado.
El lado positivo de la guerra del gobierno mexicano contra las drogas es que ha ido derribando tabúes, pero en su lugar busca construir otros. Por ejemplo, que el combate al crimen es esencialmente policiaco y militar; que con penas más severas y un mayor número de cárceles de alta seguridad disminuirá la delincuencia; que el problema de la violencia es una cuestión de percepción y no de estructura y una realidad social.
Ahora que Sabina, con la agudeza de su prosa y los acordes de su música, resume el curso errático de la guerra al narcotráfico, cabe preguntarse qué es necesario hacer para que esta cruzada se gane y no sucumba el Estado y la sociedad ante su enemigo común número uno: el crimen organizado.
Retomo las sugerencias de una de las ONG que han destinado tiempo, recursos e ideas al tema de cómo emprender un combate eficaz en la guerra al narcotráfico, el Colectivo de Análisis de Seguridad con Democracia A.C. (CASEDE).
“Para que esta guerra se vuelque a favor del gobierno hay que tomar en cuenta cinco variables principales. En primer término, debe ser integral, no sólo militar o de inteligencia, y el Estado debe desplegar coordinadamente, con un fin compartido y sin rivalidades, burocracias o ineficiencias, los recursos de todas sus estructuras, incluyendo las de salud, educación, de comunicación o de infraestructura. Se debe comenzar por limpiar la casa para no estar durmiendo con el enemigo”. Es decir, un Estado desorganizado y minado por la corrupción, no podrá combatir al crimen organizado y corruptor.
La segunda característica es que el gobierno debe atacar por igual a todos los cárteles. “Si el gobierno no actúa simétricamente contra todos y en todos los frentes –no sólo tratando de desarmar las células de sicarios-, se beneficiará a quienes menos puedan atacar las fuerzas del Estado, o en otras palabras, se producirá un efecto de concentración de poder entre los cárteles. Este es el debate sobre la falta de energía contra la organización criminal de El Chapo Guzmán”, quien además de llevar 10 años colgando el título de “el narcotraficante más buscado”, su lugarteniente -el segundo capo más buscado en México- ofrece una entrevista al semanario político más importante del país.
En tercer término, “se deben respetar los derechos humanos. Contra el narcotráfico y en todos los frentes, el Estado es un ente superior, no puede emplear los mismos recursos que los cárteles y la población se debe sentir apoyada por su gobierno, sus Fuerzas Armadas y policiacas”. La muerte de personas inocentes, “los cateos, los retenes, las detenciones extrajudiciales, los interrogatorios in situ y la posibilidad de confundir ciudadanos con criminales podrían llevar a la población a no verse representada ni confiar en las fuerzas del Estado”.
Como cuarta característica, “esta guerra es global, por lo que la cooperación internacional es fundamental. Argumentar soberanía es vivir creyendo que esta guerra es como las guerras del siglo XX. Se dé en otros países, con medios nuevos, como el internet, las transferencias electrónicas e, incluso, beneficiándose de leyes permisivas como las de posesión y compra libre de armas en Estados Unidos”.
Por último, como quinto factor, “no se deben rechazar a priori otras formas de acción estatal, como la liberalización de algunas drogas ligeras para adictos, despenalizar el consumo para no mezclar enfermos con delincuentes, y abrirse a opciones como las que han aparecido en algunos países europeos o en algunos estados de Estados Unidos” (Raúl Benítez Manaut, “La encrucijada de la guerra y la inseguridad”, Enfoque, suplemento dominical del diario Reforma, 11 de abril de 2010, p.7).
En virtud de la eficacia de Sabina para ser escuchado, atendido y respetado por los altos mandos del actual gobierno mexicano, habría que pedirle el favor completo: que produzca una buena “rola” musical para acompañar y vestir estas cinco propuestas en materia de seguridad y democracia.
ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx

Calderón es ingenuo con su guerra contra el narco: Sabina

http://www.youtube.com/watch?v=np2JBJlbPqI

Sabina y Felipe


“Con la legalización no se acaba con las drogas, pero sí con la corrupción, con las muertes… y con la infiltración en el poder.”
Joaquín Sabina

El presidente Felipe Calderón no puede decirse sorprendido. Conoce bien a Joaquín Sabina, ese cantante y compositor español del que se ha confesado admirador. El bardo de Úbeda no es precisamente alguien que cuide sus declaraciones o se incline por las causas conservadoras. Más que liberal, Sabina es libertario. Es autor de “19 días y 500 noches”, ese canto de un hombre abandonado: “Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas… pagando las cuentas de gente sin alma, que pierde la calma con la cocaína.”
Este lunes 12 de abril Sabina ofreció una conferencia de prensa previa a su gira de conciertos “Vinagre y rosas” en México en la que dijo en referencia a la guerra contra las drogas: “Calderón fue muy ingenuo, por decirlo de buena manera, cuando planteó esa batalla… Parece mentira que no supiera que la policía estaba infiltrada y a sueldo, y parece mentira que no supiera que esa guerra no la puede ganar él ni la puede ganar nadie”. Sabina se pronunció, como en otras ocasiones, por la legalización de las drogas.
La declaración pudo haber quedado ahí, en un simple dicho de un músico bohemio, pero el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, le dio otra dimensión. En una conferencia de prensa el 13 de abril descartó que pudieran tomarse medidas contra el cantante español por haber cuestionado la política mexicana y dijo que los puntos de vista se habían expresado de forma respetuosa. Añadió: “Yo sé que el presidente Calderón tiene un gusto especial por la música de don Joaquín Sabina y se encontrarán y ahí se dirán lo suyo”. Más tarde la propia Secretaría de Gobernación emitió un comunicado en el que señaló que lo verdaderamente ingenuo es suponer que los delitos del crimen organizado “se van a resolver si el gobierno federal no hace nada”.
La información disponible señala que el presidente regresó de Washington en la tarde del martes para asistir al primer concierto de Sabina en el Auditorio Nacional. Yo no lo vi, pero me preguntó si coreó al final, junto con los casi 10 mil asistentes, las palabras de la canción “Crisis” con la que Sabina cerró el concierto: “Crisis en la escuela, quien no corre vuela; sexo, drogas, rock and roll.”
Sabina no es el único personaje importante que está pidiendo la legalización de las drogas. Recientemente el escritor Carlos Fuentes se pronunció por la despenalización. Antes, el ex presidente de México Ernesto Zedillo, con los ex presidentes de Colombia, César Gaviria, y Brasil, Fernando Henrique Cardoso, firmaron un estudio de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia que hacía la misma recomendación. Me imagino que Barack Obama habría asumido la misma posición en el pasado, ya que ha confesado haber utilizado drogas en su juventud.
El propio presidente Calderón ha tocado este tema antes tabú en una entrevista para Fareed Zakaria de CNN. Dijo ahí que él en lo personal no está de acuerdo con la legalización, pero que en todo caso, si ésta se hace, tendría que empezar en Estados Unidos.
Me pregunto, por lo pronto, si el presidente Calderón se encontró con Sabina al terminar su concierto del martes. ¿Se habrán dicho lo suyo?, como sugirió el secretario de Gobernación. ¿Habrán conversado acerca de la posible legalización de la droga al calor de un buen tequila, estimulante que sí es legal hasta este momento?

MORALISMO SEXUAL
“Los problemas de la pederastia se deben a varios factores. La sociedad ha tendido a ser muy liberal en ética sexual y se ha promovido la no prohibición (sic), sino la tolerancia a todo desorden”. Esto dice Víctor Rodríguez Gómez, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Pero si la pederastia fuera producto del libertinaje, no se entendería porqué hay tantos casos de pederastia entre sacerdotes que viven en un ambiente de moralismo y no de libertinaje.
www.sergiosarmiento.com

Columna Asimetrías ¿Desobediencia Castrense?





16 abril 2010


“¿Sabra el Presidente Calderón las consecuencias de sus acciones para los mexicanos? Ayer yo dudada; hoy, ya no; parece que él vive en otro país”

Francisco Reyes Arjona.

I

Anticípase sospechosa la afirmación de Fernando Gómez Mont, secretario del despacho de Gobernación del titular de facto del Poder Ejecutivo federal, Felipe Calderón en el sentido de que los generales ofrecen resistencia a cumplir órdenes.

El señor Gómez Mont –cuya rotundez retórica va a la par de su rotundez abdominal y su prominente papada en la sobarba-- desmintió de esa guisa un reiterado aserto del general Guillermo Galván, secreario del despacho de la Defensa Nacional.

En el curso de la semana pasada, el mílite había dicho en dos ocasiones a diputados y, luego, a senadores que enfrentaba resistencias de sus generales a combatir a los cárteles del tráfico ilícito de estupefacientes y psicotrópicos.

¿Cuáles son los motivos de esa resistencia de los generales en el frente de guerra a cumplir las órdenes giradas por el comandante supremo, el señor Calderón, y por su segundo en la línea de mando, el general Galván?

Don Guillermo fue breve, contuendente y explícito en ambas ocasiones: los generales se sienten desprotegidos jurídicamente, pues actúan en un limbo de franca inconstitucionalidad que puede traducirse, llegado el caso, a riesgos enormes.

¿Y cuáles serían –si no es que ya son— esos riesgos? Ser acusados de la comisión de un delito my grave, de lesa humanidad: crímenes de guerra. El Ejército está mal distinguiéndose por sus atropellos y homicidios de civiles desarmados e inocentes.

II

El Ejército y, en menor medida, la Armada de México, libran una guerra cuyos planificadores políticos subestimaron la capacidad de organización de los cárteles y desestimaron el poder de fuego de éstos.

Ignoraron, además, la incapacidad estructural y orgánica y hasta superestructural del Ejército Mexicano y la Armada de México para realizar tareas muy ajenas a las que realizaban hasta entonces. Carecen de la filosofía y la doctrina para ese tipo de guerra.

El enemigo no es uno convencional, aunque tampoco es una insurgencia atípica ni mucho menos una guerrilla urbana y/o rural. Es una guerra sui generis que escapa, hoy, a la definición taxonómica. “Den la cara”, les grita el señor Gómez Mont.

Para ese tipo de guerra, el Ejército Mexicano y la Armada de México no están preparados. Su doctrina se inspira en la filosofía de un conflicto entre ejércitos en un campo de batalla dado. Ello configura la génesis de un error tan grave por fatal.

Y es que cuando el comandante supremo, el señor Calderón, dio la orden de atacar a los cárteles, ni el Ejército ni la Armada estaban preparados logísticamente, ni mucho menos en lo operativo y ni siquiera en lo psicológico. Han tratado de cumplir la orden.

Pero no lo han logrado; cae en lo posible que tampoco lo logren en los diez años que, al decir del general Galván, el Ejército debe estar en las calles y zócalos e incluso en zonas rurales –otrora ejidos-- del país, y no replegarse a los cuarteles.

Ello es causal de enorme frustración en los jefes militares, vigilados por añadidura por el monitoreo celoso y puntual de los organismos no gubernamentales por los derechos humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ente del Estado.

Esos organismos han documentado actuaciones sangrientas atroces y han compilado una larga relación de víctimas civiles y desarmados del Ejército y la Armada y presentadas ante la CNDH; ésta ha originado cientos de recomendaciones.

III

Las recomendaciones de la CNDH y las quejas y denuncias de los ONG no son atendidas por las Fuerzas Armadas, aunque algunos generales –entre ellos el propio señor Galván— tengan o no tienen conciencia de la importancia del monitoreo civil.

Pocos minutos después de la segunda declaración del general Galván, el señor Gómez Mont afirmó que los generales no se resisten a marchar al frente de batalla, acatando y cumpliendo las órdenes del comandante supremo, don Felipe.

El general Galván no es un político; es un soldado. Pero ninguno de sus generales es suicida. El señor Gómez Mont es un político, no un soldado, que también acata y cumple órdenes sin chistar del mismo comandante supremo.

Por ello, su declaración opuesta a la del señor Galván obedece a un propósito de controlar daños, pues el aserto del mílite mueve a suponer, informadamente, que se han dado y tal vez continúen dándose casos de desobediencia castrense.

¿Qué hará el comandante supremo ante esas manifestaciones que pueden rayar en indisciplina --o desobediencia--, negativa e incluso motín y hasta rebelión? ¿Cuántos generales apoyan a ese comandante supremo al parecer inepto y sin autoridad moral?

¿Qué lectura nos merecen esas palabras, las del general Galván y las del secretario del despacho de Gobernación? Entre líneas, esos mensajes contradictorios tienen varios significados, el principal de los cuales es que nadie, en realidad, está al mando del país.

ffponte@gmail.com

EDITORIAL. De entre lo malo.

Año 8, número 3321
Viernes 16, abril del año 2010

Sin negar que la decisión que tomaron los senadores priístas de no condenar a Cuba por los presos políticos. Por haber dejado morir de hambre al activista Zapata quien falleció a los 85 días de haber suspendido su alimentación. Y por no hacer nada para evitar que Guillermo Fardiñas, quien se encuentra en una extraña huelga de hambre, pues lo alimentan vía endovenosa y así pudiera seguir vivo mucho tiempo, corra la misma suerte.

Puede obedecer a que mal nos veríamos pidiendo la liberación de presos políticos a otros gobiernos. Además de que correríamos el riesgo de que nos dijeran lo mismo. O peor, que primero liberáramos a los que tenemos nosotros, antes de andar abogando por los demás.

Sin embargo, como la decisión se tomó respaldada en la Doctrina Estrada, que establece el respeto por la autodeterminación de los pueblos. Basada por supuesto en el principio juarista del respeto al derecho ajeno, se puede decir que es lo mejor que se pudo haber hecho.

Siendo una lástima que en otros asuntos de tanto a más interés social, los honorables senadores no sean tan aplicados.


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Diario Libertad
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Reunión secreta de los titulares de Defensa y Marina con altos mandos del Pentágono

Galván Galván y Saynez Mendoza.

J. Jesús Esquivel

WASHINGTON, 15 de abril (apro).- Bajo el más estricto hermetismo por parte de las autoridades militares y civiles de México, el secretario de Defensa Nacional (Sedena), general Guillermo Galván Galván, y el secretario de Marina (Semar), Mariano Francisco Saynez Mendoza, realizaron una visita al Pentágono, para abordar con los mandos militares estadunidenses el tema de la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico, entre otros asuntos.
“El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, almirante Mike Mullen, se reunió hoy en el Pentágono con el secretario de la Defensa Nacional de México, general Guillermo Galván Galván; el secretario de la Marina mexicana, almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, y con el Comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, general Freddy Padilla de Leon”, informó, en un comunicado de 4 párrafos, la oficina de prensa de Mullen.
Como ya es común en los viajes secretos a Washington de los titulares de la Sedema y la Semar, las autoridades mexicanas mantuvieron en el más estricto secreto la presencia en esta ciudad de los mandos militares mexicanos.
“Durante el largo curso de la sesión de todo el día, los cuatro lideres hablaron de una amplia rama de retos de seguridad mutua, incluyendo los esfuerzos para combatir al crimen transnacional de las drogas y sus asociaciones con la violencia”, subraya el comunicado.
En Washington aumentan las voces en el Congreso federal de Estados Unidos que piden al presidente Barack Obama enviar a la Guardia Nacional a vigilar la frontera sur, para evitar un contagio de la narcoviolencia ante la falta de éxitos de la lucha militarizada contra los carteles de la droga que emprendió hace tres años el presidente Felipe Calderón.
Al mismo tiempo, aumentan las denuncias, en el sentido de que el Ejercito mexicano comete graves violaciones a los derechos humanos bajo la bandera de la lucha contra el narcotráfico, argumento que también sustentó este año el Departamento de Estado en su informe anual sobre la situación de los Derechos Humanos en el Mundo durante 2009 y que dio a conocer en marzo pasado.
Esta fue la primera ocasión en que líderes militares de estos tres países (Estados Unidos, México y Colombia) se reúnen en Washington para hablar de los retos comunes. El almirante Mullen destacó “la utilidad y candor de las conversaciones”, informó la oficina del Estado Mayor Conjunto, aunque no dio a conocer ningún detalle de los temas abordados ni de acuerdos.
Como parte de la llamada Iniciativa Mérida, el gobierno de Estados Unidos ofrece a México asistencia militar en materia de inteligencia, además de que especialistas del Pentágono entrenan a grupos especiales del Ejercito y la Marina mexicana para fortalecer la lucha contra el narcotráfico.
También, bajo la Iniciativa Mérida, está pendiente la entrega a las autoridades militares mexicanas por parte del Pentágono, de equipo militar, como helicópteros y aviones Casa, que son la parte esencial de la cooperación bilateral antidrogas.
“Todos tenemos algo que aprender de cada uno, y creo que el hecho de haber compartido nuestra experiencia positiva en los últimos años, tanto con el Ejercito mexicano como con las fuerzas de Colombia, nos ha instruido sobre como afrontar la amenaza regional que representa el crimen relacionado con las drogas”, señaló el almirante Mullen.

Brzezinski delinea plan de paz para el Medio Oriente

Bajo la Lupa
Fotografía oficial de la cumbre de seguridad nuclear realizada en WashingtonFoto Ap


En su fase acelerada de decadencia pareciera que con Obama Estados Unidos desea otorgar su oportunidad a la diplomacia cuando fracasó su fuerza bélica con la dupla Cheney-Bush y sus controladores neoconservadores straussianos.

Pareciera que Obama se ha inclinado por “contener” a Irán (más que a Norcorea), a quien pretende cercar mediante el despliegue de su cosmogonía nuclear (la nueva “doctrina Obama” de revisión de postura nuclear, el Start II, la Cumbre de Seguridad Nuclear y la próxima revisión en la ONU del Tratado de no Proliferación de Armas Nucleares) hasta el esbozo de un desgarrador reajuste en el Medio Oriente.

Tres días después a la trascendental firma de la segunda versión del Start (siglas en inglés del Tratado de Reducción de Armas Nucleares), y en vísperas de la relevante Cumbre de Seguridad Nuclear de 47 países convocada por Obama en Washington (ver Bajo la Lupa, 11/4/10) –ya no se diga a tres días de la notable cumbre del BRIC en Brasil– Zbigniew Brzezinski –muy influyente geoestratega, ex asesor de seguridad nacional de Carter e íntimo de Obama–, delineó un “audaz (sic)” plan de paz para el Medio Oriente en The Washington Post (11/4/10), rotativo del establishment estadunidense.

Brzezinski compartió los créditos de su artículo con el muy controvertido anterior congresista por Nueva York Stephen Joshua Solarz, muy cercano a los intereses de Israel, quien quizá fue requerido para seducir al poderoso “lobby israelí” (ver libro de John J.Mearsheimer y Stephen M.Walt) que desde el Congreso puede torpedear la agenda de paz –local, regional y global– de Obama.

Cabe señalar que Joshua Solarz, personaje menor en la política, se presenta ahora como “miembro del consejo” de International Crisis Group, entidad filo-sionista donde figuran, como era de esperarse, el megaespeculador George Soros y el cordobista Zedillo (encargado en sepultar la otrora banca nacional de México y confeso admirador del etnocida Henry Kissinger).

¡Por piedad!: ¿Qué sabe Zedillo de “crisis internacionales”?

Brzezinski sintetiza ahora su previo ensayo en la muy influyente revista Foreign Affairs (enero-febrero 2010): “Por qué la política exterior de EU debe moverse de la esperanza a la audacia (sic)” –en alusión al conocido libro de Obama La audacia (sic) de la esperanza– en el que explaya persuasivamente los obstáculos, en particular al interior de la presente administración que cuenta con muchos operadores que anteponen los intereses unilaterales de Israel a los de EU.

Pareciera que el inapelable tiempo venció el gran diseño de la política exterior de Obama cuando, después del desastre bushiano en Iraq –sin contar la caída de Kirguizistán en Asia Central que beneficia a Rusia– se empieza a desmoronar el andamiaje de la intervención militar de casi nueve años en Afganistán, donde hasta el presidente Karzai se ha percatado de la notoria vulnerabilidad estadunidense y se ha acercado tanto a Irán como a Turquía (lo que valió un vuelo dramáticamente intempestivo de Obama a Kabul por unas cuantas horas).

En la misma línea de pensamiento del general Petraus (ver Bajo la Lupa, 21/3/10), Brzezinski considera que el plan de paz “es del interés nacional (sic) de EU, debido a que la ocupación del Margen Occidental palestino y el aislamiento forzado de la franja de Gaza aumentan el resentimiento (sic) a EU, y obstaculiza los objetivos diplomáticos y militares en la región”. Nótese el orden secuencial entre “diplomático” y “militar”.

No hay que perder de vista lo que hemos denominado la “línea Brzezinski”: la concatenación de los contenciosos palestino-israelí, Iraq, Irán y Af/Pak (Bajo la Lupa,19/7/09).
A juicio de Brzezinski, la inminente exhumación de un plan de paz para el Medio Oriente por Obama “no será suficiente” y requiere un gesto audaz (sic) y dramático”.

El plan de Brzezinski se centra en dos aspectos: la parte coreográfica, con mucha pirotecnia, y la otra parte sustancial.

La coreografía pirotécnica, nada desdeñable, consta de un viaje espectacular de Obama –prácticamente a suplicar por la paz mediante su vibrante retórica– tanto al Knesset (Parlamento) de Jerusalén, en imitación del viaje histórico del asesinado presidente egipcio Anuar Sadat, como a Ramala (hoy la capital de facto de la Autoridad Nacional Palestina), donde “deberá (sic) ser acompañado por los “líderes árabes” y el llamado Cuarteto (el grupo diplomático conformado por EU, Rusia, la Unión Europea y la ONU).

¿Aceptará el belicoso premier israelí Bibi Netanyahu, quien padece ostensiblemente el “complejo Massada” (la masiva muerte fundamentalista) y acaba de boicotear la relevante Cumbre de Seguridad Nuclear en Washington, recibir a Obama para ser solemnemente pontificado en Jerusalén?

Basta leer la apreciación autista de Debka (12/4/10), presunto portal del Mossad (el vilipendiado servicio de espionaje israelí), que desecha el plan de Brzezinski, “repleto de falacias”.

En caso de la esperada intransigencia del belicoso primer ministro israelí, entonces “EU deberá buscar el apoyo del Consejo de Seguridad” al plan de paz de Obama.

Brzezinski expone que las cuatro líneas generales básicas del inminente Plan Obama “son conocidas por todos”, cuya “mayoría de parámetros ha sido endosada (sic) por el plan árabe de paz de 2002 y el Cuarteto”, así como por dos ex-primer ministros israelíes, el general Barak y Olmert:

1. Una “píldora amarga” para los refugiados palestinos a quienes se les prohibiría su “principio sagrado: el derecho de retorno” a Israel del que “no se puede esperar se suicide (sic) en aras de buscar la paz”.

2. “Reparto de Jerusalén como capital de cada Estado”. El este de Jerusalem sería la capital palestina.

3. “Arreglo territorial basado en las fronteras de 1967”.

Y 4.“Estado palestino desmilitarizado (¡súper sic!) con soldados de EU o la OTAN a lo largo del río Jordán para proporcionar mayor (¡súper sic!) seguridad a Israel”. Brzezinski no aborda la dotación clandestina de alrededor 400 bombas nucleares de Israel.

Nos detendremos sucintamente en el muy polémico primer punto, que expone obscenamente las dos pesas y dos medidas sobre el mismo tema.

Mientras prohíbe el “retorno sagrado” de los refugiados palestinos a su tierra de origen, EU ha permitido que en Israel el mismo principio haya sido erigido en ley, la Ley del Retorno de 1950, que le “confiere a los judíos, de origen judío, y a sus esposas el derecho de emigrar y asentarse en Israel y obtener la ciudadanía”.

No nos adentraremos en el más polémico asunto de la multiplicidad de definiciones entre judío, israelí, hebreo, semita y “khazar”, lo cual expone lúcidamente Shlomo Sand, insigne historiador de la Universidad de Tel Aviv en su libro imprescindible La invención (sic) del pueblo judío.

Sin el ánimo de aguar la fiesta de Brzezinski, pero suena absurdo prohibir el retorno de palestinos –de raza árabe semita– cuando se ha permitido y alentado la emigración y colonización a Israel de alrededor un millón de “khazares” –de raza mongol no semita y conversos a la religión judía– de Rusia y otros países de la antigua URSS de Europa oriental.

¿Por qué nadie logra frenar a Israel?

MÉXICO, D.F., 15 de abril (apro).- En contra de todas las disposiciones internacionales, de los exhortos de sus aliados y de los reclamos de sus opositores, en su reciente visita a Washington el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que continuará la construcción de asentamientos judíos en la zona este de Jerusalén, asignada en 1948 por Naciones Unidas a los palestinos y que Israel se anexó en 1980.

“El pueblo judío construyó Jerusalén hace 3000 años y lo sigue construyendo hoy. Jerusalén no es una colonia, es nuestra capital”, sostuvo Bibi, como se conoce popularmente a Netanyahu, entre atronadores aplausos de los miembros del Comité de Asuntos Públicos Estadunidense-Israelí (AIPAC, por sus siglas en inglés), el principal grupo de presión proisraelí de Estados Unidos.

La construcción de asentamientos continúa, pues en Jerusalén y los territorios ocupados, las relaciones entre palestinos e israelíes han vuelto a tensarse hasta la violencia, y el riesgo de una nueva incursión militar en Gaza, desde donde milicianos de Hamas han lanzado cohetes en las últimas semanas, gravita en el aire. Ni hablar de retomar las pláticas entre unos y otros para llegar a un acuerdo.

A nadie sorprende realmente esta situación con un gobierno israelí integrado por el ala más belicosa del Likud, encarnada en Netanyahu; los ultranacionalistas del canciller Avigdor Lieberman, quien se ha pronunciado por “limpiar a Israel de los árabes”, y un conjunto de partidos religiosos, la mayoría ultraortodoxos, cuyo principal motor es recuperar el “Gran Israel”.

Por lo demás, salvo algunas excepciones como la del asesinado premier Yitzak Rabin, todos los gobiernos israelíes, independientemente de su color político, han continuado la construcción de asentamientos judíos en las zonas ocupadas y no han vacilado en utilizar la fuerza militar contra quien se oponga a sus políticas expansionistas. El mejor ejemplo es la última incursión en Gaza, dispuesta por los partidos Kadima y Laborista, que se declaran como de centro y socialdemócrata.

Lo novedoso es el choque diplomático entre los gobiernos de Netanyahu y Barack Obama, que tanto la prensa de Estados Unidos como de Israel han coincidido en señalar como la mayor crisis entre los dos países desde hace 37 años. Y es que Bibi optó por anunciar la construcción de mil 600 viviendas más en Jerusalén Este, justo cuando el vicepresidente estadunidense, Joe Biden, aterrizaba en Tel Aviv para intentar reanudar las conversaciones de paz con los palestinos.

Biden fue duro al señalar la inoportunidad del anuncio, y la secretaria de Estado, Hillary Clinton, fue más allá al afirmar que se trataba no sólo de un insulto al vicepresidente, sino a Estados Unidos, porque socavaba la confianza entre ambas naciones y lanzaba un mensaje negativo a la comunidad internacional. “Por fin estalló la crisis”, publicó el diario centroizquierdista Haaretz, habiendo previsto con anterioridad que la relación Obama-Netanyahu no fluiría sin roces.

Y es que después de ocho años de coincidencia del gobierno neoconservador de George Bush con los activos grupos de cabildeo proisraelíes en Estados Unidos, el replanteamiento del conflicto en Medio Oriente y de la relación con las naciones árabes y musulmanas por parte de Obama, necesariamente en algún punto colisionaría con la postura de Israel, particularmente con un gobierno como el de Netanyahu.

El daño estaba hecho, pero algo ocurrió para que, por lo menos a nivel discursivo, los duros conceptos estadunidenses fueran rápidamente matizados.

Netanyahu, quien participó en la reunión anual del AIPAC, fue convocado a la Casa Blanca y, aunque no hubo fotografía ni comunicado conjunto, el vocero Robert Gibbs, Biden y Clinton se apresuraron a declarar en diferentes foros que, pese a las divergencias, los lazos con Israel eran “indestructibles”. En el mismo sentido se expresaron también numerosos congresistas, republicanos y demócratas.

¿Qué pasa que cada vez que alguien intenta poner en su lugar a los gobiernos de Israel da marcha atrás y encima pide disculpas, cuando debería ser al revés?

Es cierto que los fantasmas del antisemitismo y el Holocausto meordean siempre por ahí, y que nadie quiere ser su cómplice. Pero se requiere de algo más, de una acción concertada para que eso surta efecto. En marzo de 2006, con el estudio El lobby israelí y la política exterior de Estados Unidos, los profesores John J. Mearshimer, de la Universidad de Chicago, y Stephen M. Walt, de la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard, develaron parte de esta mecánica.

En su documento de 82 páginas, los profesores plantean que el eje de la política de Washington en Medio Oriente ha sido su inquebrantable apoyo a Israel, no siempre en beneficio de Estados Unidos. Su extraordinaria generosidad –3 mil millones de dólares anuales en asistencia externa, armas de última generación como cazas F-16, 32 resoluciones vetadas desde 1982 en el Consejo de Seguridad y una laxitud en el manejo de los territorios ocupados– podría ser comprensible si Israel tuviera un valor estratégico o moral para Estados Unidos; pero no es el caso, sobre todo con el fin de la Guerra Fría.

¿Entonces? Mearshimer y Walt no tienen duda, se trata del poder incontestado del lobby proisraelí, del que AIPAC sólo es la cabeza más visible, pero que cuenta con otros grupos como la Liga Antidifamación y está además asociado con cristianos evangélicos, neoconservadores (tanto judíos como gentiles), centros de reflexión como los institutos para la Política del Cercano Oriente, American Enterprise y Hudson, y hasta un comité que supervisa la “precisión” de los informes de prensa sobre esta región en conflicto que se distribuyen en Estados Unidos.

El lobby proisraelí por supuesto no es el único que condiciona políticas públicas en Estados Unidos. Por encima de él se ubica la poderosa Asociación Nacional del Rifle y le siguen otros grupos de presión, como el de las petroleras árabes del Golfo o el conjunto de instituciones y congresistas cubanos que desde la Florida busca derrocar al régimen de los Castro.

“Pero ninguno como el lobby pro Israel ha logrado convencer a Estados Unidos de que sus intereses son básicamente idénticos”, dicen los profesores universitarios, al grado de llevarlo a una guerra como la de Irak y al riesgo de otra igual con Irán.

Aunque el trabajo de Mearshimer y Walt fue criticado desde diferentes posiciones por “falta de rigor académico”, su mérito fue probar la real existencia de este lobby proisraelí, que reaccionó con virulencia poniendo en marcha los mecanismos de descrédito que los universitarios describían en su investigación. Muchos políticos estadunidenses han sido destruidos de esta manera, mientras que otros reciben jugosas aportaciones para sus campañas y proyectos, siempre y cuando coincidan con “la causa”.

Uno de los mejores ejemplos de cómo puede operar el lobby, se da nada menos que en la pareja de los Clinton. En 1993, cuando Rabin y Arafat firmaron los Acuerdos de Oslo, AIPAC los apoyó públicamente, pero buscó una manera sutil de socavarlos, y la encontró en el asunto de dónde debía estar ubicada la embajada de Estados Unidos en Israel.

A diferencia de la mayoría de los países, Washington tenía su embajada en Tel Aviv y no en Jerusalén, respetando su condición en disputa. Según los acuerdos, el estatuto final de la ciudad se empezaría a discutir en 1996, pero los activistas proisraelíes en el Congreso introdujeron en 1995 una iniciativa que proponía trasladar la embajada estadunidense a Jerusalén en menor tiempo. Rabin y Bill Clinton estaban en desacuerdo, porque sabían que esto irritaría a los árabes y entorpecería el proceso de paz; pero de eso se trataba. Con mayoría republicana, ambas Cámaras aprobaron la iniciativa.

Atrapado entre árabes e israelíes, Bill optó por la cláusula de exención, que impedía el traslado físico de la embajada, pero que lo obligaba a una revisión de la iniciativa cada seis meses. La presión sobre los Acuerdos de Oslo se volvió intensa y fue peor, cuando Hillary decidió buscar una curul en el Senado por Nueva York. Ansiosa por cortejar el importante voto judío, declaró a Jerusalén “la eterna e indivisible capital de Israel” e inclusive discutió con su oponente, Rick Lazio, sobre quién sería el más rápido en trasladar la embajada.

Al final, ésta nunca fue trasladada, pero “metió mucho ruido”, según dijo Dennis Ross, el principal negociador de Bill en los acuerdos, que a la postre quedaron estancados. Hillary, por su parte, llegó al Senado y, aunque declarativamente, apoyó la creación de un Estado palestino. A la hora de votar siempre lo hizo en consonancia con AIPAC. Se calcula que en su campaña recibió unos 80 mil dólares en dinero proisraelí. Otros conspicuos demócratas también se han visto beneficiados con estos fondos, entre ellos Nancy Pelosi, la actual presidenta de la Cámara de Representantes.

En cuanto a la relación de este poderoso lobby con Obama, los datos son contradictorios. Algunos señalan a AIPAC como la fuente de donde provino la insidiosa campaña que lo señalaba como “un musulman encubierto”, debido a su segundo nombre, Hussein, y a que se crió en Indonesia, el país con mayor población musulmana en el mundo. Pero otros aseguran que Barack habría sido captado desde años atrás por “cazatalentos” proisraelíes, y que una evidencia de ello sería la inclusión de Rahm Emmanuel y David Axelrod como su jefe de gabinete y de campaña, respectivamente.

Esto no prueba nada. Casi 80% de los poco más de 5 millones de judíos que viven en Estados Unidos votó por Obama y la mayoría no comulga con las posiciones de AIPAC. El político afroamericano, en cambio, ya ha sentido los embates de los activistas proisraelíes en varias ocasiones. Durante su campaña, fueron ellos los que más presionaron para que se distanciara de su pastor, Jeremiah Wright, por supuestamente apoyar terroristas, y le exigieron que condenara al “Islam radical” como la causa de los conflictos en Medio Oriente.

Ya como presidente, Obama tuvo que prescindir en 2009 de Charles Freeman, a quien había nombrado al frente del Consejo Nacional de Inteligencia. Diplomático, con amplia experiencia en Medio Oriente y en asuntos de seguridad, Freeman siempre criticó la agresiva política expansionista israelí, ya fuera vía asentamientos o campañas militares, y se pronunció contra la invasión de Irak, las amenazas a Irán y, en general, el manejo de toda la guerra contra el terrorismo. Las presiones en su contra fueron tales, que acabó por renunciar.

En la relación directa con Netanyahu, el saldo para Obama ha sido hasta ahora negativo. Tanto en la reunión de mayo del año pasado como en la que acaba de ocurrir, el israelí no dio un solo paso atrás en sus posturas y, al contrario, se dio el lujo de desafiar al gobierno estadunidense en pleno. Dado el recule declarativo de éste, es de inferirse que el activismo de las fuerzas duras que apoyan a Bibi en casa y en Estados Unidos, volvió a imponerse sobre la mayoría silenciosa.