Mexicano a conveniencia

Español o mexicano,según convenga

Alejandro Gutiérrez Y Rosa Santana

Desde 1997, cuando Juan Camilo Mouriño decidió competir por una diputación local en Campeche, se ostentó como mexicano por nacimiento. Para ello recurrió a la certificación notarial de documentos y a la difusión de simples mentiras, pero no pudo acabar con las razonables dudas sobre su nacionalidad. Incluso, con base en las leyes de España, dos juristas de ese país aseguran que el secretario de Gobernación es “español de hecho”. En todo caso, el hombre más cercano al presidente Felipe Calderón usa sus dos nacionalidades, indistintamente, según convenga a sus aspiraciones académicas o políticas. MADRID.- Pese a que el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, ha insistido en su nacionalidad mexicana, el uso de sus documentos de identidad y los criterios de la Constitución y el Código Civil de España indican que sigue siendo un “español de origen”.No existe evidencia de que haya renunciado expresamente a tal nacionalidad. Lo pone en duda el hecho de que siguió utilizando su pasaporte español por lo menos siete años después de haber obtenido la nacionalidad mexicana en 1989.Así mismo, el funcionario sigue siendo “español de origen” de acuerdo con el artículo 17 del mencionado Código Civil, por ser “hijo de padre o madre españoles”, ya que se ha acreditado fehacientemente el origen español del padre, Manuel Carlos Mouriño Atanes, nacido en Vigo, Pontevedra, el 4 de marzo de 1943. El mismo artículo 17 robustece la interpretación de que Mouriño Terrazo sea “español de origen”: su nacimiento el 1 de agosto de 1971 en Madrid, donde fue inscrito en el Registro Civil de Chamberí.Aunque el Ministerio de Exteriores de España confirmó a Proceso que ese país no tiene con México un tratado de doble nacionalidad, ésta se da en los hechos porque lo permite la ley española.El artículo 24 del Código Civil establece que no pierden su calidad de españoles de origen aquellos que obtengan la nacionalidad de países “iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal”, es decir, se incluye a México.En lenguaje jurídico, esta legislación española es una ley “pasiva” que permite la doble nacionalidad de facto, sostienen dos abogados españoles que declinaron ofrecer su comentario como declaración sobre el caso de un funcionario mexicano, ya que ellos trabajan para dependencias del gobierno español. Las bases de la nacionalidad española están definidas en el artículo 11 de la Constitución, que en su numeral 2 señala: “ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad”.Y el siguiente punto abunda: “El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos últimos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen”.A decir de uno de los abogados consultados, Mouriño no perdió su nacionalidad española, aunque se haya nacionalizado mexicano. En su opinión, “es 100% español”.

Mentiras para tapar mentiras

Desde el inicio de su actividad política en Campeche hasta encumbrarse en el gobierno de Felipe Calderón, Mouriño Terrazo ha dado traspiés para sostener que es mexicano. Incluso llegó a negar su origen español.En 1997 Mouriño aceptó la candidatura del PAN a la diputación local por el V Distrito de Campeche. Ocho años antes, el 2 de octubre de 1989 –cuando ya tenía 18 años de edad cumplidos–, había recibido su certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento, con el folio 5419 y firmado por el director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Raúl Solórzano Díaz. El documento se expidió “en atención a que comprobó haber nacido en Madrid, España, el 1 de agosto de 1971, hijo de madre mexicana”. En el certificado se hace constar que desde ese día renunció “expresamente a todo derecho inherente a cualquier otra nacionalidad, así como a toda sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier gobierno extranjero, especialmente a aquellos que le han reconocido como su nacional”.Para apuntalar sus aspiraciones políticas, el 7 de abril de 1997 Mouriño hizo validar el certificado por la notaría pública del exdiputado federal Óscar Rodríguez Cabrera, hijo del exgobernador campechano Rafael Rodríguez Barrera.El 11 de junio, dos meses después de realizar ese “blindaje” notarial y uno antes de las elecciones, estalló el primer escándalo mediático sobre la nacionalidad de Mouriño. El periódico El Sur de Campeche, propiedad de Carlos Azar García, hermano del entonces gobernador Jorge Salomón Azar, exhibió dos pasaportes vigentes del panista: uno, expedido por el gobierno de España; el otro, por la SRE de México. En ambos documentos se consigna el lugar de nacimiento: Madrid.El pasaporte español, cuya copia publicó el matutino campechano, tiene el número 8800581 y fue expedido por el Consulado General de España en Miami; presenta como guía calada en sus 32 hojas útiles el folio Z953692 y tenía la firma del canciller Jesús A. Marinas. Mouriño tenía 23 años y 8 meses de edad el 20 de abril de 1994, fecha de expedición del pasaporte, que vencía el 13 de junio de 1998. Es decir, obtuvo el pasaporte español cinco años después de haber recibido el certificado de nacionalidad mexicana, donde él renuncia a “todo derecho inherente a cualquier otra nacionalidad”...Cuando aún estaba vigente su pasaporte español, Juan Camilo Mouriño tramitó el pasaporte mexicano número 97310000803, que le fue expedido por la SRE en Mérida, Yucatán, con vigencia desde el 20 de enero de 1997 hasta el 20 de enero de 2007. El 12 de junio de 1997 El Sur de Campeche informó que en agosto de 1996 Juan Camilo Mouriño había ingresado a México desde Tampa, Florida, utilizando el pasaporte español 8800581, luego de haber cursado una licenciatura en economía en la Universidad de Tampa. En esta insitución se había registrado con la nacionalidad española, aunque ya tenía la documentación que lo acreditaba como mexicano.El jurista Elisur Arteaga Nava, doctor en derecho constitucional y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, declaró en entrevista al diario La Jornada (18 enero de 2008) que Mouriño perdió la nacionalidad mexicana al ingresar al país con pasaporte español.Arteaga se refirió al artículo 37, inciso b, fracción primera de la Constitución, relativo a los supuestos en que se pierde la nacionalidad mexicana: “por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse pasar en cualquier instrumento público como extranjero, por usar un pasaporte extranjero o por aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un Estado extranjero”.Como este semanario ha informado reiteradamente, en su afán por ocultar el engaño, Mouriño Terrazo dio una entrevista radiofónica al Núcleo Comunicación del Sureste, con la periodista Amira Acero –cuyo esposo, Rafael Alcalá, es actualmente colaborador de Mouriño–; ahí aseguró que nació en México y hasta mencionó el hospital San Martín, de Campeche, como lugar de su alumbramiento.El actual secretario de Gobernación contradijo así, en aquella entrevista, los datos de su acta de nacimiento del Registro Civil de Chamberí, fechada el 7 de agosto de 1971, que registra como lugar de alumbramiento el sanatorio de la calle Modesto Lafuente 14 en Madrid, donde actualmente se encuentra la clínica La Milagrosa, de gran tradición en la capital española.Ante los micrófonos de la radiodifusora, Mouriño afirmó que sus abuelos son mexicanos, y que María de los Ángeles Terrazo Blanco, su madre, nació en la Ciudad de México el 3 de mayo de 1950, versión que sigue sosteniendo. El ya fallecido Ovidio Cárdenas, a la sazón encargado jurídico del gobierno del estado, hizo la siguiente observación ante la prensa local: “De comprobársele su doble nacionalidad se le podría aplicar el artículo 33 constitucional”. Añadió que “en fechas recientes se reformó la Constitución Política, aceptando la doble nacionalidad, pero la reforma entra en vigor en 1998, previa expedición de la ley reglamentaria”.No obstante, en esa ocasión las autoridades determinaron que no había delito y el asunto se diluyó. De esa forma, el recién estrenado secretario de Gobernación se convirtió en diputado por el V Distrito Electoral en la LVI Legislatura de Campeche.El 25 de enero, Granados Chapa planteó en su columna Plaza Pública, en el diario Reforma: “Aunque no es de esperar que Mouriño, como ocurrió con la comprobación de la nacionalidad materna, atienda los reclamos públicos sobre su condición jurídica, es de solicitarle que aclare la obtención y uso del pasaporte español número 8800581, que según un diario campechano utilizó para ingresar a México en 1989, siete años después de que había optado por la nacionalidad mexicana. La portación de ese documento obliga a suponer que su opción por la nacionalidad mexicana no excluyó que gozara también de la de su padre”.Y remata: “Esa circunstancia acaso lo coloca en la hipótesis del artículo 32, cuyo segundo párrafo podría serle aplicable: ‘El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión.’”

Español “de hecho”

La legislación española deja abierta la posibilidad de que los españoles renuncien a su nacionalidad, pero no se encontró evidencia de que el secretario de Gobernación mexicano haya recurrido a esa opción. El artículo 24 del Código Civil de España establece que “pierden” la nacionalidad española “los emancipados que, residiendo habitualmente en el extranjero, adquieran voluntariamente otra nacionalidad o utilicen exclusivamente la nacionalidad extranjera que tuvieran atribuida antes de la emancipación. La pérdida se producirá una vez que transcurran tres años, a contar, respectivamente, desde la adquisición de la nacionalidad extranjera o desde la emancipación. No obstante, los interesados podrán evitar la pérdida si dentro del plazo indicado declaran su voluntad de conservar la nacionalidad española al encargado del registro civil”.Mouriño Terrazo obtuvo la nacionalidad mexicana en 1989 y cinco años después obtuvo el pasaporte español con vigencia hasta 1998, el cual utilizó al menos en una ocasión, en agosto de 1996. Uno de los juristas consultados advierte que la evolución del actual funcionario muestra que ya se encontraba emancipado cuando regresó de Estados Unidos haciendo uso del pasaporte español, que tuvo vigencia cuando Mouriño participó en la elección de 1997 en Campeche.Añade que el numeral 2 del propio artículo 24 del código español, abunda: “En todo caso, pierden la nacionalidad española los españoles emancipados que renuncien expresamente a ella, si tienen otra nacionalidad y residen habitualmente en el extranjero”.El 11 de julio de 2007, la Presidencia de México respondió a un requerimiento del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) que Mouriño tiene nacionalidad mexicana y que, si bien nació en Madrid, no estaba impedido para desarrollar sus funciones de entonces, como jefe de la Oficina de la Presidencia, cargo que ostentó antes de llegar a Gobernación.Esto lo hizo en respuesta a una petición hecha por un ciudadano –la cual no fue respondida– quien pedía se le informara si Mouriño había renunciado a la nacionalidad española.El tema provocó un fuerte debate entre los comisionados del IFAI, Alonso Lujambio –quien como ponente pretendía que se clasificara la nacionalidad del funcionario– y Juan Pablo Guerrero, quien argumentó que no era posible ocultar información sobre la nacionalidad de un funcionario público. “Camilo Mouriño nació en España, pero sabemos que es mexicano, porque fue diputado local (por Campeche) y federal. Sin embargo, tuvo que renunciar a la nacionalidad española para acceder al cargo de legislador federal”, adujo Guerrero (Proceso 1629).El propio Mouriño tuvo que hablar del tema al presentarse ante los medios como secretario de Gobernación. Alegó: “Soy, según el artículo 30 Constitucional, mexicano por nacimiento y este es el requisito específico al que hace referencia el artículo 82 respecto a los secretarios de despacho”. No aclaró si había renunciado a la nacionalidad española.A través de los gabinetes de prensa del Ministerio del Interior y del Cuerpo Nacional de Policía, responsable del control de los pasaportes españoles, Proceso solicitó conocer si Mouriño renovó su pasaporte español o si había renunciado formalmente a esa nacionalidad, pero esas dependencias adujeron que no podían responder esas preguntas, ya que se refieren a información amparada por la Ley de Protección de Datos.A decir de uno de los abogados consultados, “no es para nada habitual” que los españoles en el extranjero renuncien expresamente a la nacionalidad española, aunque la ley deja esa rendija. Realmente “es, por decirlo así, irrenunciable. Se me hace hasta raro que pregunte eso. No es común que se renuncie”.Luego de revisar las copias fotostáticas de los documentos y datos disponibles del caso de Mouriño, el otro jurista consultado, directivo en una institución dedicada a los estudios constitucionales, refirió que es prácticamente un hecho que Mouriño sigue siendo español, sobre todo por “la expedición y el uso del pasaporte español”.

El IFE: todo estaba arreglado...

Leonardo Valdés Zurita

Foto: eduardo miranda

Álvaro Delgado

Aunque el nombramiento de Leonardo Valdés Zurita como consejero presidente del Instituto Federal Electoral no satisfizo las expectativas iniciales de ninguno de los partidos mayoritarios, sí mereció un aplauso: el presidente Felipe Calderón elogió el nombramiento de quien fuera su asesor en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el apoyo decisivo lo dio el PRD, que votó dividido, presionado por su contienda interna y atenido a una frágil promesa de priistas y panistas.
El diputado Humberto Zazueta estaba furioso en la reunión plenaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el jueves 7, en la que se convalidó por mayoría apoyar el nombramiento de Leonardo Valdés Zurita para presidir el Instituto Federal Electoral (IFE).Junto con otros cinco legisladores de su corriente, los Cívicos, y otros 20 de Izquierda Democrática Nacional, votó contra el nombramiento de Valdés Zurita, lo que hizo montar en cólera a José Guadalupe Acosta Naranjo, secretario general del PRD, quien le reclamó al legislador su posición.
Zazueta le soltó: “¡Esto fue un montaje! Mejor nos hubieran dicho que esto ya estaba negociado, en lugar de este teatro. ¡Para qué nos desgastan! ¡Para qué nos ponen a pelear! ¡Nos dicen que lo negociaron hace 15 días y ya!”
–¡Eso no te lo voy a aceptar!
–respondió Acosta, encorajinado.
–No te enojes, pero eso es lo cierto. Ustedes ya tenían negociado esto desde hace dos semanas.
El reclamo de Zazueta se refería al pacto que Nueva Izquierda, la facción hegemónica en el PRD, había establecido con priistas y panistas para asumir el veto impuesto a cada una de las propuestas para consejeros del IFE, incluida la del ministro Genaro Góngora Pimentel, y la paradójica asunción de una propuesta ajena, la de Valdés Zurita.
Y es que en la Cámara de Diputados todo mundo lo sabía: el académico Leonardo Valdés Zurita fue asesor de Felipe Calderón cuando éste coordinó, en los primeros tres años de gobierno de Vicente Fox, al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN). Beatriz Paredes, presidenta del Partido Revolucionario Institucional (PRI), recordó ese dato en una reunión con sus diputados, cuando le preguntaron quién era Valdés y lo evocó vinculado a todos los signos ideológicos. “Hasta fue asesor de Calderón”, dijo. Y sí, logró el apoyo de panistas y priistas gracias a esa amistad y a la que tiene con Jorge Alcocer, de quien fue suplente en la representación del Partido Mexicano Socialista (PMS) en la entonces Comisión Federal Electoral y que ahora es operador del senador Manlio Fabio Beltrones.
Propuesta ajena
Lo paradójico es que en el PRD Leonardo Valdés era relativamente desconocido y nunca fue inscrito entre sus propuestas para nombrar a tres miembros del Consejo General del IFE, incluido el consejero presidente.La diputada federal Valentina Batres, integrante de la Comisión de Gobernación y responsable dentro del grupo parlamentario de integrar las propuestas de aspirantes a consejeros, recuerda que el nombre de Valdés Zurita apareció sólo hasta una reunión celebrada el 30 de enero.
Eran vísperas del inicio del período ordinario y el coordinador de la bancada perredista, Javier González Garza, dijo que en las reuniones con los coordinadores del PAN, Héctor Larios, y del PRI, Emilio Gamboa, ellos le habían propuesto a Valdés. “En esa reunión se analizó quién era y se concluyó que no era una buena carta para nosotros”.Sin embargo, añade Batres, el viernes 1, en una nueva reunión de los miembros perredistas de la Comisión de Gobernación y en la que estuvo presente Acosta Naranjo, González Garza reiteró que priistas y panistas insistían en proponer a Valdés Zurita. Aunque Juan Guerra inicialmente manifestó que podían apoyarlo, porque fue esposo de Laura Itzel Castillo, la hija de Heberto Castillo, al final los miembros de la comisión de Gobernación –entre ellos Sonia Ibarra, esposa de Acosta Naranjo– se acordó que Valdés Zurita no podía ser propuesta del PRD.
Y el lunes 4, González Garza comunicó a ese grupo de diputados que todas las propuestas del PRD estaban siendo vetadas por el PAN y el PRI, salvo Alfredo Figueroa, que entraría junto con Lorenzo Córdova y Mauricio Merino. Una vez más, apareció la propuesta de apoyar a Valdés.Inclusive el jueves 7, en la madrugada, González Garza se comunicó con Batres para decirle que el PAN estaba muy insistente en Valdés Zurita y que ninguna de las propuestas del PRD era aceptada.
–El escenario está muy duro y quieren que sea Valdés Zurita.
–Sí, Güero, pero nosotros decidimos otra cosa en la comisión y nos lo van a reclamar en la bancada.
–Dame otro nombre, porque los que teníamos no pasan –le pidió González Garza.
–Miguel Ángel Eraña, el de la Universidad Iberoamericana, y José Fernández Santillán.
Fue el propio Acosta Naranjo quien, abiertamente, habló del respaldo del PRD a Valdés Zurita en la reunión plenaria celebrada después de que él, junto con el senador Carlos Navarrete, se encontraron con Beatriz Paredes en la oficina de Emilio Gamboa Patrón.“Acosta Naranjo argumentó que en realidad ganábamos, porque nos estaban dando la presidencia del IFE”, recuerda la diputada Batres, quien agrega que todavía en la reunión del grupo parlamentario, previa a la votación en el pleno, el único argumento de Nueva Izquierda era que Valdés Zurita fue yerno de Heberto Castillo y militó en el PMT y en el PMS.
El mismo día de la elección y desde la tribuna de la Cámara de Diputados, la diputada Batres manifestó su inconformidad con los nombramientos. Dijo: “Leonardo Valdés, como consejero del IEDF, tiene dos votaciones históricas que mucho le agradece el PAN: una votar en contra del registro de Andrés Manuel López Obrador y votar en contra del dictamen de fiscalización de gastos de tope de campaña de Santiago Creel”.
Zanahoria a Nueva Izquierda
De acuerdo con la negociación que Nueva Izquierda hizo con el PAN y con el PRI, dice Batres, en la siguiente elección de consejeros electorales le corresponderán dos de tres al PRD, según reveló a un grupo de legisladores el propio González Garza.“Es parte del ofrecimiento que les hizo el PRI y el PAN si aceptaban a Valdés Zurita. Es decir, el PRD va a poner en la siguiente terna a dos consejeros. Eso nos lo comentó el Güero a nosotros, pero es como confiar en el lobo siendo Caperucita Roja, y además con qué costo. Es la zanahoria que también les pusieron.”
–¿A cambio de qué más los chuchos apoyaron a Valdés?
–Andan muy preocupados por la elección interna. Pero no sé si eso se traduzca en número de pesos o se traduzca en número de votos. Pero sí hay una sospecha grandísima: ¿a cuenta de qué cambiaron esa decisión?
Con la elección de Valdés Zurita como presidente del IFE, así como de Benito Nacif –propuesto por el PAN– y Marco Antonio Baños –impulsado por el PRI–, no se modifica la composición partidista en el Consejo General integrado en octubre de 2003, cuando se eligió como presidente a Luis Carlos Ugalde.El PAN mantiene cuatro posiciones: Benito Nacif, el recién llegado; María Teresa González Luna Corvera, hermana de la directora de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, Irma Pía; Arturo Sánchez Gutiérrez, compadre de Juan Molinar Horcasitas, director del IMSS, y Andrés Albo Márquez, amigo de Calderón. Por parte del PRI, además de Marco Antonio Baños, allegado a Felipe Solís Acero, exsecretario ejecutivo del IFE con José Woldenberg, se mantienen en su cargo Lourdes López Flores, exconsejera de Coahuila; Marco Antonio Gómez Alcántar y Virgilio Andrade Martínez.En efecto, aun con el nombramiento de Valdés Zurita, atribuible al PRD, la hegemonía se divide en dos grupos, reconoce Horacio Duarte, exrepresentante perredista ante ese órgano electoral y compañero de fórmula de Jesús Ortega en la elección interna de ese partido.“No hay una modificación en la correlación de fuerzas, esa es una realidad. Yo creo que debe esperarse a renovar por completo el Consejo General”, dice Duarte, quien aclara que el voto del PRD no es un cheque en blanco para los tres nuevos consejeros.
–Pero ya están legitimados por los grupos parlamentarios, incluido el PRD –se le plantea.
–Sí, evidentemente el PRD acudió y votó como parte de un acuerdo, pero ese voto no significa, insisto, un cheque en blanco.
–Quienes repudian a los chuchos, dentro y fuera del PRD, tienen elementos para decir que esta decisión acredita otra vez su colaboracionismo con Calderón, a uno de cuyos asesores hicieron presidente del IFE…
–Cualquier decisión que se tome tiene la posibilidad de interpretarse por algún sector, ya sea del partido o fuera del partido, pero yo creo y espero que el nuevo IFE tenga la suficiente capacidad de demostrar su independencia. Las críticas son parte de una contienda interna y no necesariamente corresponden a la realidad.

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Los desaparecidos

Rebeca Rodríguez

Foto: archivo

Proceso

El narcotráfico no sólo deja una estela de asesinatos, sino también levantones y desapariciones que ninguna autoridad investiga. En la frontera norte, muchas familias tamaulipecas y texanas padecen la incertidumbre más cruel sobre el destino de sus seres queridos. “Ya no somos familias completas, esto es más duro que enfrentar la muerte”...

NUEVO LAREDO, TAMPS.- Cientos de familias en Tamaulipas viven el drama de la desaparición de uno o a más de sus integrantes. Ignoran si aún viven o, acaso, dónde quedaron sus restos. Es parte del saldo que ha dejado la violencia del narcotráfico en la última década, sobre todo en Nuevo Laredo, escenario de cruentas batallas entre el cártel del Golfo y el de Sinaloa.De acuerdo con estadísticas del Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de Derechos Humanos, A.C. (Cefprodhac), con sede en Reynosa, que monitorea los medios de comunicación de las ciudades fronterizas del estado, de 2002 a la fecha se ha difundido información sobre el secuestro de 899 personas, de las cuales 399 continúan en calidad de desaparecidas. La presidenta del Cefprodhac, Rebeca Rodríguez, afirma que esta cifra puede ser mayor, si se toma en cuenta que muchos de los secuestros o “levantones” no se denuncian por temor a represalias, y que a partir de 2006, cuando las mafias recrudecieron la violencia contra los medios de comunicación locales, éstos omiten la mayoría de la información sobre este tipo de delitos.De 452 casos de personas que según testimonios fueron levantadas por grupos armados, el centro de estudios reporta que 54 desaparecieron tras ser detenidas por policías, y en 284 casos se desconocen las circunstancias. Aunque se ha establecido que muchas estaban involucradas en actividades ilícitas, otras fueron víctimas inocentes, lo que ha provocado que cientos de familias vivan la angustia de sentirse incompletas, como dice la señora Sanjuana Sánchez de Olivo, cuyo nieto Andrés Martínez Olivos fue secuestrado por encapuchados el 30 de julio de 2003, cuando tenía sólo 13 años de edad. Si bien las familias que padecen esta situación suelen estrechar sus vínculos, al mismo tiempo se sumen en una depresión colectiva por la incertidumbre sobre el paradero de su ser querido, señala Francisco Montoya Moreno, siquiatra del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Nuevo Laredo.La vida cambia al enterarse de que un familiar fue privado de su libertad. Algunos, que ya sospechaban de la participación del desaparecido en actividades “sospechosas” o simplemente tienen miedo de verse involucrados en alguna venganza, huyen de la ciudad. Por eso muchas casas de Nuevo Laredo están abandonadas. Las puertas tienen candados y adentro aún hay muebles, porque en la huida sus habitantes sólo se llevaron las pertenencias indispensables.
Solos e inermes
Una trabajadora social que pide no publicar su nombre estima que al menos la mitad de los niños refugiados en las casas hogar son víctimas de la violencia. Los padres de algunos de esos menores fueron ejecutados o levantados, mientras los de otros tuvieron que huir y los dejaron “encargados”. La fuente dice que en la casa hogar donde trabaja hay cuatro niños cuya madre desapareció hace ya cuatro años; ellos aún esperan que ella regrese para llevárselos. Agrega que otro menor se niega a irse a vivir con un familiar debido al trauma que le causó haber presenciado cómo sus padres fueron violentamente secuestrados por unos tipos vestidos de negro.Otro habitante de Nuevo Laredo, que también pide omitir su nombre, reconoce en entrevista que su familia ha pagado cantidades que van desde 15 mil a 40 mil pesos a brujas, clarividentes y hasta a sujetos que le han ofrecido hablar directamente con hampones para obtener informes sobre un consanguíneo desaparecido.No existen indicios de que la víctima estuviera ligada al narcotráfico, pero la familia ha sido señalada como si ese fuera el caso. “Nos hemos enfermado, sufrimos de depresión, estamos atemorizados y hemos gastado mucho dinero, pero no queremos dejar de buscar. No nos importa saber quién fue, ni siquiera cómo ocurrió, mucho menos buscamos castigo –dice el entrevistado–; lo único es acabar con esta incertidumbre y recuperarlo vivo o muerto”. Sólo unos cuantos familiares de secuestrados se sobreponen al miedo y aparecen en los medios de comunicación, reparten volantes en las calles, distribuyen correos electrónicos, abren páginas en internet y hasta ofrecen recompensas por cualquier información que los ayude a localizar a los suyos, como hizo una familia en Reynosa mediante espectaculares en la vía pública. El obstáculo más grave para que estas familias desintegradas encuentren a los desaparecidos es el desinterés de las autoridades por investigar. Al respecto, el director de la Policía Ministerial del Estado, Amarante Miranda Morato, asegura en entrevista que su corporación hace todo lo que está a su alcance para localizar a las personas reportadas como desaparecidas, pero reconoce que prácticamente no han esclarecido ninguno de los casos registrados desde que la delincuencia organizada adoptó los levantones como un medio para ajustar cuentas. El comandante admite que si bien ese delito se ha mantenido constante en los últimos años en Tamaulipas, la policía local no cuenta con un grupo especializado para combatirla.
“Es sólo un niño”
De nada sirvieron las desgarradoras cartas que la señora Sanjuana Sánchez de Olivo publicó en los medios de comunicación de esta ciudad para suplicar por la liberación de su nieto. “Es sólo un niño –insistió–, yo les agradezco que me lo dejen en cualquier monte o camino para que vuelva a casa”. Andrés Martínez Olivos, de 13 años, vivía con sus abuelos porque sus padres se divorciaron. Pero el 29 de julio de 2003 quiso quedarse a dormir en la casa de su madre porque tenían planeado ir el día siguiente a Laredo, Texas, para comprar ropa.Para su mala fortuna, como a las ocho de la mañana del día 30, unos encapuchados irrumpieron en la casa, ubicada en la colonia Encinos. Se ha establecido que iban por José Tamez y Manuel Solorio Gámez, quienes aparentemente sí estaban involucrados en actividades ilícitas, pero también se llevaron a Andrés. Lo mismo sucedió con Ángel Moreno Gámez, de 18 años.Ese día empezó el calvario de los Olivo, que presentaron la denuncia ante Juan Manuel Muñoz Morales, coordinador del Ministerio Público Federal en la ciudad. A los dos días, Muñoz Morales, que les había ofrecido ayuda, fue detenido junto con otras siete personas que supuestamente formaban parte de Los Negros, un grupo de sicarios al servicio de El Chapo Guzmán. Desde entonces las investigaciones quedaron a cargo de la Policía Ministerial del Estado, que ya no hizo prácticamente nada. Ni siquiera interrogó a los detenidos que, se aseguraba, estaban relacionados con el secuestro de José Tamez y podrían haber aportado información sobre el paradero de Andrés. La familia se abocó a buscar pistas para llevarlas a la policía. Seis meses después de su desaparición, el niño habló por teléfono a la casa de Sanjuana Sánchez. “Abuelita, abuelita”, le dijo. Ella dice que a su vez gritó: “¿Dónde estás, m’hijo?, dime dónde”. Enseguida se oyó una voz que maldecía y la llamada se cortó. “Pero era su voz”, dice la angustiada mujer. De inmediato los Olivo reportaron el hecho a la policía, que intervino el teléfono de la casa. Al día siguiente el niño volvió a llamar, pero las autoridades dijeron que era imposible ubicar el aparato del que salió la llamada porque Telmex no les daba esa información. Con súplicas, los Olivo lograron que un empleado de la empresa ubicara el aparato. El padre del niño y otros familiares recorrieron el área y dieron con una casa sospechosa. Informaron a la policía, que esta vez arguyó que no podía actuar sin una orden de cateo. El padre de Andrés decidió entrar a la casa aunque la policía lo amenazó con apresarlo, pero cuando lo hizo ya no encontró a nadie; sólo botellas de agua vacías, vasos y otros indicios de que ahí estuvo un grupo de personas. Posteriormente alguien llamó a los Olivo para informarles que había dos cuerpos enterrados en una casa. Con el permiso del propietario y maquinaria de excavación, sacaron una osamenta que no correspondía al niño. La familia incluso envió cartas a Marta Sahagún, la esposa del entonces presidente Vicente Fox. La Presidencia envió un funcionario a Nuevo Laredo para entrevistarse con varias familias en circunstancias similares, pero después lo más que obtuvieron fue que un especialista en secuestros de la PGR se negara a participar en las investigaciones porque nadie había pedido rescate. Ahogada en llanto, Sanjuana Sánchez de Olivo relata: “Somos tantas las personas inocentes que estamos sufriendo por esto, tantas las familias desintegradas, gente que ya no tiene paz, que vivimos una angustia diaria, que ya no somos familias completas, esto es más duro que enfrentar la muerte de un ser querido. “Yo les hubiera agradecido que a donde se lo hubieran llevado, mejor lo hubieran dejado muerto, porque al menos sabría yo dónde quedó, dónde llorarle, dónde rezar. A lo mejor ya me hubiera resignado.”Los Olivo también han sido estafados. Personas que aseguraban tener secuestrado a Andrés les pidieron 80 mil pesos en una ocasión, y en otra 15 mil.Doña Sanjuana ni siquiera puede recurrir a los medios de comunicación locales para pedir la ayuda de la gente o al menos para que el caso de su nieto y el de muchos otros no quede en el olvido: “Ya nada se publica aquí de esto que pasa, porque los periodistas también tienen miedo”. No obstante, mantiene la esperanza de que su nieto siga vivo, porque algunas personas le han dicho que los jóvenes desaparecidos son utilizados por las mafias para sus actividades en otros lugares. Por ahora, dice, su único consuelo es rezar.
Peligro en la frontera
En 2004, los padres de Brenda Cisneros, Ivette Martínez, Gerardo y Samuel Martínez, sumaron esfuerzos con las familias de otros 20 jóvenes nacidos en Laredo, Texas, que ese año desaparecieron en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Juntos enviaron cartas al embajador de Estados Unidos en México, Tony Garza, a los presidentes George Bush y Vicente Fox, así como a los gobernadores de Texas y de Tamaulipas. Recurrieron al FBI, lo mismo que a las policías federales estadunidense y mexicana, así como a las de los estados fronterizos. Abrieron una página en internet, colocaron espectaculares y ofrecieron numerosas entrevistas con la esperanza de hallar a sus seres queridos.Brenda e Ivette, de 23 y 27 años, fueron secuestradas el 17 de septiembre de 2004, cuando cruzaron la frontera para acudir a la feria de Nuevo Laredo.Pablo Cisneros, padre de Brenda, dice que ya no quieren ni dar entrevistas. “¿Para qué? De nada ha servido para encontrarla, que es lo que nosotros queremos”, explica.Desde aquel año estas familias radicadas en Laredo se quejaron de que las autoridades mexicanas no hacían ninguna investigación. “Se lavan las manos diciendo que los casos están vinculados con el narcotráfico, porque así asumen que ya no tienen que investigar”, declaró a la prensa William Slemaker, el padrastro de Ivette, quien aseguró que las dos jóvenes son víctimas inocentes de la violencia que se vive en la frontera. Otros casos de desaparición que se expusieron a los medios fueron el de Salvador Medina Barrientos, médico del PRI, y el de Ricardo Oceguera Espinoza, comandante de Guardias Rurales del Ejército, secuestrado en Reynosa el 19 de enero de 2002.Rebeca Rodríguez, directora del Cefprodhac, recuerda que la familia de Medina mantuvo su búsqueda por más de un año, hasta que ya no pudo más y decidió irse de Reynosa.La madre de Oceguera Espinoza, Luz Espinoza de Oceguera, luchó durante más de dos años por localizar a su hijo, quien supuestamente había sido informante de la entonces Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO). “Yo la acompañé en su vía crucis –recuerda Rodríguez–, que fue desde acudir a identificar cadáveres cada vez que aparecía algún muerto, hasta apelar ante la Justicia Militar porque había sospechas de que estaban militares involucrados.” Nada sirvió. Ni siquiera surtió efecto que estas dos familias ofrecieran una recompensa a quien aportara información para localizarlos vivos o muertos. l

Testimonios del horror

Ocho años en el penal de máxima seguridad de El Altiplano

Traicionado y torturado

José Gil Olmos

Entre los casos de tortura recibidos por la alta comisionada de las Naciones Unidas en su reciente visita, está el de Jacobo Silva, líder del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). Detenido en 1999 a raíz de una infiltración gubernamental, el llamado Comandante Antonio ofrece ahora, en exclusiva para Proceso, testimonios de cómo fue brutalmente torturado por policías federales y por militares al punto de que hoy, preso en condiciones inhumanas en el penal del Altiplano, padece intensos dolores y casi no puede caminar. Después de ocho años en el penal de máxima seguridad de El Altiplano –antes “La Palma” y “Almoloya”–, el exguerrillero Jacobo Silva Nogales comienza a sufrir las más graves consecuencias de las torturas que le infligieron militares y policías tras ser detenido el 19 de octubre de 1999, en medio de una trampa que le armó una supuesta estudiante infiltrada por el gobierno en la guerrilla. En su celda del Módulo Número 1, el Comandante Antonio, exlíder del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), tiene hoy serias dificultades para caminar y mover los brazos; a veces las rodillas no le responden, debido a los golpes y las descargas eléctricas que le aplicaron; el dolor en las coyunturas es insoportable porque durante sus tormentos lo esposaban con las manos a la espalda, lo alzaban en vilo de sus brazos y luego alguien se colgaba de su cintura para provocarle un efecto similar al causado por “el potro” que, siglos atrás, inventó la Inquisición.El 7 de marzo de 2003, Jacobo Silva, quien actualmente tiene 51 años de edad, fue sentenciado a 46 años y tres meses de prisión por los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio y daños a propiedad, así como a otros cinco años por asociación delictuosa. Pero desde el 24 de octubre de 1999 se encuentra en las zonas más vigiladas del penal junto con jefes del narcotráfico y bandas de secuestradores. Primero estuvo en la zona de máxima seguridad y ahora se halla en el Módulo Número 1, en una celda de cuatro metros cuadrados, donde es vigilado día y noche por un custodio, con un foco encendido las 24 horas. Allí se le obliga a dormir boca arriba, bajo la amenaza de que será castigado si se voltea hacia la pared.Esa “es otra forma de tortura”, dicen al respecto su hermana Elizabeth y su sobrino David Sánchez Silva, en entrevista con Proceso, y aseguran que, para obstaculizar la defensa legal de Jacobo, las autoridades del penal impidieron el ingreso de un ejemplar de la Constitución.
La trampa
El martes 5 de febrero, durante una reu-nión con organizaciones sociales, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Arbour, recibió un paquete que documenta 50 casos de tortura en México, uno de ellos el de Jacobo Silva Nogales, el Comandante Antonio, quien fue capturado en el café Pekín del barrio de San Cosme, cerca del centro del Distrito Federal.El operativo lo realizó un grupo de agentes policiacos disfrazados de pordioseros y albañiles el 19 de octubre de 1999, después de que la joven que acompañaba aquella tarde a Jacobo había sido infiltrada en el grupo guerrillero haciéndose pasar como activista de uno de los movimientos estudiantiles de la UNAM. De acuerdo con información proporcionada entonces al reportero por los propios grupos guerrilleros, se trata de una joven de tez morena y pelo negro llamada Ruth Judith Ortega Orozco, la cual “entregó” al Comandante Antonio y, tras ser detenida junto con él, quedó libre de inmediato. Testigos de los hechos declararon que la habían visto en el lugar en varias ocasiones con Jacobo Silva. Según la información de los guerrilleros, Ruth había prometido al Comandante Antonio que lo pondría en contacto con otra agrupación armada para formar alianzas, ya que, después de su ruptura con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el ERPI necesitaba fortalecerse. Pero, afirman los familiares de Jacobo, todo era parte de una celada.El hecho es que, al ser capturado el Comandante Antonio, también Ruth fue aprehendida y aparentemente golpeada… sólo que unas cuantas horas después la dejaron en libertad.Esto llamó la atención del grupo armado, pues sus miembros no han sabido de ningún otro caso en que una persona detenida junto con algún guerrillero haya sido liberada de inmediato. La joven dijo a organizaciones de derechos humanos que había sido presionada por agentes del gobierno que la secuestraron y torturaron para que cooperara, además de que plagiaron a su hija y le advirtieron que la matarían. Por eso, aseveró, había entregado al Comandante Antonio. Con ese argumento logró que, el 18 de noviembre de 1996, Amnistía Internacional emitiera una recomendación dirigida al entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, para brindar protección a Ruth. Posteriormente, ella viajó a Canadá, donde vivió un año en calidad de “exiliada política” luego de manifestar que recibió amenazas de muerte del ERPI porque su acción fue considerada como una traición.“En su momento se aclarará esto”, ha dicho Jacobo Silva. Por lo pronto, se desconoce el paradero de esta joven que se hacía pasar como sobrina de un exsenador perredista.
Tormento
Desde que Jacobo fue detenido, las autoridades han caído en varias contradicciones. Una de ellas, que a él lo capturaron en Chilpancingo, Guerrero, junto con su esposa Gloria Arenas AGIP (Coronela Aurora) y otros dos presuntos guerrilleros, Fernando Gatica (alias Carlos) y Felícitas Padilla (alias Ofelia), también cónyuges. Sin embargo, no hay duda de que a Jacobo se le aprehendió en el Distrito Federal; a su pareja, en San Luis Potosí, mientras que Fernando y Felícitas, efectivamente, fueron capturados en la capital de Guerrero.Y mientras que las autoridades negaron que Jacobo haya sido torturado, en el testimonio que éste entregó a Proceso detalla los tormentos y vejaciones a que fue sometido a lo largo de cuatro días seguidos por agentes policiacos y militares.
En un documento manuscrito, Jacobo Silva manifiesta:
“El 19 de octubre de 1999, en la Ciudad de México, DF, a las 4:30 o 4:35 pm, al acudir a una cita, a la entrada de un restaurante denominado Pekín, ubicado en la calzada México-Tacuba, me detuvieron agentes vestidos de civil. Algunos iban disfrazados de indigentes. Me inmovilizaron entre seis aparentando un asalto. Se hizo un alboroto y mucha gente se acercó a ver. El tráfico se detuvo. Algunos jalaban a mis agresores y gritaban: ‘¡Suéltenlo!’. Entonces uno de los agentes disfrazados sacó unas esposas, y mientras me las ponía gritó: ‘¡No se metan, somos federales!’.“Me subieron a una Combi. Me tendieron boca abajo, me aplicaron una llave de lucha libre a las piernas y se sentaron sobre mí. La gente gritaba: ‘¡Se llevan al muchacho!’. Un grupo de Zorros (policías del DF) se acercó y uno de los agentes que me tenía dijo: ‘¡Dile que somos federales! ¡Dile que hable con su comandante!’. Los Zorros ya no intervinieron y la Combi finalmente arrancó y tomó la vía rápida. Me habían vendado los ojos y puesto unos tapones en mis oídos. Noté que llegamos al aeropuerto. Me llevaron por una de las pistas y me introdujeron a un lugar. Se trataba de un hangar.”
Allí empezó una parte de la tortura mientras lo interrogaban:
“Me golpeaban la cabeza cada dos o tres segundos, contestara lo que contestara a sus preguntas. Me siguieron golpeando, alternando con golpes al estómago y en el pecho. Salieron unas horas y regresaron. Al día siguiente, además de los golpes, casi me asfixiaban. Además, empezó la tortura psicológica diciéndome que ya habían capturado a mi hermano mayor y a mi madre, que ella se había puesto mal del corazón, que me iban a matar despedazándome vivo y que me tirarían en algún lugar para que el ERPI culpara al EPR y se mataran entre ellos. “En la noche llegaron otros y durante unos minutos no me torturaron, pero de repente entraron… eran otras voces, y dijeron: ‘¡Ah, este es el guerrillero! ¡Ahora vas a saber lo que es bueno! Nos lo vamos a llevar nosotros. ¡Prepárenlo!’. Hicieron que me pusieran unos pantalones y una camisa y me sacaron, me subieron a una camioneta. Luego de un trayecto, se detuvieron ante un puesto de vigilancia. Se identificaron como Policía Militar, y entonces alguien dijo: ‘¡Tápenle los oídos!’. Y me los apretaron fuertemente.”
A partir de entonces, en el nuevo sitio, aparentemente una instalación castrense, la tortura fue mayor.
“Me metieron a un lugar –al parecer una base militar–, me sentaron en una silla y comenzaron a golpear más fuerte que en el hangar. ‘¡Hijo de tu puta madre, así que no entiendes! ¡Prepárenlo! Hicieron que me desnudara y me echaron una cubetada de agua helada. Se burlaban. Me envolvieron en algo como una colcha de pies a cabeza, me amarraron todo alrededor, y más cubetadas de agua. Me obligaron a sentar en una cubeta metálica. Me pusieron la primera descarga eléctrica en las rodillas y entonces sentí lo que nunca había sentido, y no sé cómo describirlo. Otras preguntas y otras descargas. ¿Cuántas? No recuerdo, imposible llevar la cuenta. Lo peor era cuando ponían los alambres en la cabeza, uno en cada sien. Es uno de los dolores más intensos, que puede ser comparable al de (…) los testículos. “Les di el domicilio de una casa en Cuernavaca que yo sabía que se había deso-cupado unos meses atrás. Me dejaron descansar de los toques y, ya sin colcha, me condujeron para seguir solamente con golpes. Digo ‘solamente’ porque para mí era un descanso. Al rato, otra vez los baños, la colcha, los toques, dolor sobre dolor.”Al día siguiente, añade Jacobo en su escrito, “tal vez en la madrugada del 21 de octubre, me regresaron al hangar. Hubiera querido tener varios cerebros: uno para aguantar (…) los golpes que ya me habían dado en la cabeza y los mil por hora que me seguían dando y que desde la noche del 19 de octubre habían hecho que la cabeza me doliera mucho y que a partir de ese momento todo me diera vueltas. Otro cerebro lo hubiera querido para coordinar mis pensamientos y evitar contradicciones. Pero sólo era uno, y los torturadores se turnaban para golpearme (…) A veces venía un alto jefe al que una vez le dijeron ‘coronel’, y que me dijo: ‘Me conoces, ¿verdad?’. Debía ser un personaje político muy conocido para que supusiera que lo conocía”.
Pero en seguida modificaron las formas de tortura:
“Esposado con las manos en la espalda como estaba, me alzaban de los brazos en vilo. Tal vez estaban parados en un escalón o desnivel. Luego, alguien se colgaba de mi cintura en tanto que otro me asfixiaba con sus manos. Después introdujeron una variante peor, que ya fue la rutinaria: primero me daban tres o cuatro puñetazos en el estómago, inmediatamente tres o cuatro rodillazos en los testículos, y luego todo lo demás. No podría definir qué me dolía más, si los testículos, las articulaciones de los hombros o la sensación de asfixia. Lo hacían una y otra vez.”Jacobo no podía describir esta experiencia hasta que pintó un cuadro que titula Crucifixión tridimensional. Allí, dice, “me autorretrato en una cruz de la que salen como brazos que me agarran y alguien se cuelga de mi cintura. Ese cuadro me dolió mucho”.Un nuevo tormento le fue infligido cuando sus captores descubrieron que había mentido sobre la casa de seguridad de Cuernavaca.“Por la tarde, luego de una sesión normal, es decir, sin levantones, trajeron un vaso con líquido. Como no quise tomar, me dijeron: ‘No te estamos preguntando si quieres. ¡Tómatela!’. Y me hicieron beber sosteniéndome la cabeza. Continuó el interrogatorio, pero ahora solamente a golpes en la cabeza. Iban de un tema a otro sin secuencia. Tocaban todos los temas, desde mis inicios como guerrillero en el Partido de los Pobres, luego en el EPR y en el ERPI. “La velocidad de las preguntas aumentó, y muchas veces no terminaba de contestar cuando ya tenía la otra (pregunta). Había trampas como decir que yo ya había dicho algo, y no era cierto. A veces me zarandeaban y me daban una cachetada diciéndome: ‘¡Despierta, cabrón, te estás durmiendo!’. A ratos repetían los levantones y yo me esforzaba por coordinar bien todo, pero no recordaba bien lo que había contestado poco antes o la pregunta que me habían hecho. Días después llegué a la conclusión de que me habían dado alguna droga.”Cuenta Jacobo que el 22 de octubre por la madrugada lo trasladaron a San Luis Potosí en una avioneta, y gente de “Inteligencia Militar” –así se identificaron ellos mismos ante policías del estado en el trayecto– lo llevó a la casa de su esposa Gloria Arenas. De inmediato los transportaron a ambos en la misma avioneta a la base militar y los encerraron por separado. La tortura se prolongó un día más, y no fue sino hasta el 24 de octubre cuando los presentaron ante los medios de comunicación en el penal de alta seguridad que entonces era conocido como “La Palma”. Los pusieron detrás de unos cristales gruesos para que no se escuchara nada. Jacobo aún mostraba huellas de tortura y se quedó petrificado ante las cámaras, con las manos detrás aunque para entonces ya le habían quitado las esposas. Pero Gloria levantó el puño izquierdo y lanzó un grito que del otro lado del cristal los reporteros no alcanzaron a escuchar: “¡No estamos vencidos!”.
El amparo
Jacobo Silva es un hombre culto. Sus referencias literarias son amplias, lo mismo que las políticas. Antes de enero de 2005 había realizado 300 cuadros al óleo y en 2002 ganó el segundo lugar en un concurso nacional convocado por el INBA. El cuadro fue expuesto en el Poliforum Cultural Siqueiros. Hoy se le prohíbe pintar, tiene vigilancia extrema día y noche, y le recogieron sus libros, al igual que las copias de su expediente. “Desde las acciones del EPR el año pasado aumentaron las medidas de seguridad”, refieren Elizabeth Silva y su hijo David Sánchez, quienes además denuncian que las amenazas telefónicas que han tenido desde 1999 están ahora subiendo de tono y de frecuencia.En septiembre de 2007, el propio exguerrillero solicitó un amparo en un documento que él mismo preparó a lo largo de todo un año en la cárcel, exigiendo su libertad y la de Gloria Arenas, bajo los argumentos de que las pruebas son falsas y contradictorias, de que las acusaciones no se sostienen y de que sus declaraciones fueron arrancadas con tortura.Por ejemplo, la acusación por homicidio calificado y tentativa de homicidio que se le hizo a Jacobo por la muerte de un soldado en un enfrentamiento entre el EPR y el Ejército en Guerrero, el 16 de julio de 1996, se sustentó en una “prueba” que consistió en un comunicado del EPR firmado por el Comandante Antonio.El alegato de Jacobo puntualiza que la acción del EPR es considerada militarmente como “combate”, además de que los testimonios de dos soldados, Óscar Bautista y Fidel Cortés, tampoco tienen validez porque nunca aceptaron haber visto a quienes disparaban, pues en su declaración asentaron que “las personas que disparaban se hallaban escondidas en el monte”.El exguerrillero explica que desde que fueron detenidos y luego sentenciados, el Ministerio Público y los jueces consideraron “rebeldes” tanto a Gloria como Jacobo –se les condenó por el delito de “rebelión”–, y el segundo párrafo del artículo 137 del Código Penal Federal señala: “…los rebeldes no serán responsables de los homicidios ni de las lesiones inferidas en el acto de un combate”.Una evidencia más de la falsificación de pruebas que presenta Jacobo se refiere a las circunstancias de la detención, ya que, de acuerdo con las autoridades, fue realizada en Chilpancingo, en tanto que una resolución publicada por el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) en 2005 para el recurso de revisión 145/05, contra la Secretaría de Gobernación, revela la falsedad de esa versión. La Secretaría de Gobernación señala que, de acuerdo con el Cisen (documento 0410000018905, correspondiente a un expediente del ERPI), “en octubre de 1999 fueron detenidos el Comandante Antonio en el Distrito Federal, la Coronela Aurora en San Luis Potosí, así como dos personas con los alias ‘Carlos’ y ‘Ofelia’, estos dos últimos en un operativo realizado en una ‘casa de seguridad’ del ERPI en Chilpancingo, Gro.”.

La misma gata, pero revolcada: abrir o privatizar Pemex

Mario Di Costanzo*

La renta petrolera se define como la diferencia que existe entre el precio de venta del petróleo y su costo de extracción: si en promedio extraer un barril de petróleo en nuestro país tiene un costo de cuatro a ocho dólares y en los mercados internacionales se vende en aproximadamente 80 dólares, la renta petrolera equivale a 72 dólares por barril.
Luego entonces, esta renta petrolera es la que hasta ahora se ha utilizado como una de las principales fuentes de ingreso de las finanzas públicas y no como una de las principales fuentes de ingreso para la expansión del sector energético o, en todo caso, del sector petrolero nacional.
A lo anterior hay que agregar que en virtud de que el petróleo es un recurso natural no renovable, en la medida en que no se invierta esa misma renta petrolera en el sector energético le seguiremos robando a las futuras generaciones de mexicanos esa riqueza.
Por ello, a pesar de que tanto Felipe Calderón como los legisladores del PRI y del PAN han señalado que la “reforma energética” que se presentará no buscará la privatización de Petróleos Mexicanos, el simple hecho de permitir la inversión privada en los procesos de refinación, exploración, distribución y comercialización del petróleo implicaría la “transferencia o cesión” de buena parte de la renta petrolera, que es de todos los mexicanos, a compañías privadas nacionales o extranjeras.
Más aún si el principal argumento que se ha dado por parte de los grupos que quieren abrir el sector consiste en señalar que el país no cuenta con recursos para financiar la expansión de la industria.
Y para corroborar lo anterior, sólo basta señalar lo siguiente:
De acuerdo con el último informe financiero de Pemex, al 30 de septiembre de 2007 la paraestatal reportó ventas totales por 808 mil 128 millones de pesos (73 mil 927 millones de dólares) y un costo de ventas más gastos generales de 375 mil 339 millones de pesos (34 mil 336 millones de dólares); es decir, que la renta petrolera fue de 432 mil 789 millones de pesos.
Sin embargo, el mismo informe señala que al 30 de septiembre la paraestatal entregó o pagó al fisco (entre impuestos, derechos y aprovechamientos) 457 mil 341 millones de pesos; es decir, tuvo que entregar “la totalidad de la renta petrolera” más 25 mil millones de pesos aproximadamente.
Es obvio que esta situación muestra, entre otras cosas, la elevada carga fiscal que tiene Pemex y que sin lugar a dudas no se mantendría para las empresas privadas que pudieran entrar al negocio del petróleo, en virtud de que ninguna compañía del mundo aceptaría o sería rentable con esa carga fiscal.
De hecho, la inversión o empresas del sector privado que pudieran entrar al “nuevo negocio” no aceptarían hacerlo ante tal carga fiscal, por lo que necesariamente a ellos se les aplicaría una tasa fiscal diferente y más reducida que la que actualmente enfrenta Pemex, lo que les permitiría adueñarse de la renta petrolera.
Cabe señalar que por lo menos sin la apertura se está garantizando que dicha renta petrolera tenga como destino “las arcas nacionales”, pero con la apertura a la inversión privada –aunque esto no implique de fondo una privatización total– se estaría cediendo una buena parte de esa renta petrolera a empresas privadas, que la utilizarían para construir más infraestructura petrolera, lo que les permitiría cada vez más adueñarse de una porción mayor de la renta petrolera nacional.
Por ello, si bien es cierto que aun cuando en el discurso de Calderón y de los legisladores del PRI y del PAN se niega que la “reforma energética” busque la “privatización del petróleo”, la poca o nula inversión gubernamental en Pemex combinada con una apertura al capital privado permitiría que los nuevos inversionistas se adueñaran paulatinamente de la renta petrolera de la nación, que es equivalente a privatizar a la industria del petróleo.
De hecho, esto es lo que ha venido sucediendo, sólo que esta inversión privada se ha dado a través del esquema conocido como Pidiregas, lo que ha evitado –al menos parcialmente– que la renta petrolera nacional se haya privatizado, ya que si revisamos qué ha sucedido durante los últimos 25 años nos damos cuenta de que la inversión pública en Pemex pasó de casi 18 mil millones de dólares en 1981 a sólo 1.6 mil millones de dólares en 2007, mientras la inversión privada a través de Pidiregas pasó de 2 mil millones de dólares en 1998 a 11 mil 440 millones en 2007, lo que significó un crecimiento de 484 por ciento.
Por ello, el verdadero fondo de la discusión es y deber ser quién o quiénes van a controlar la renta petrolera del país. Y en este sentido, para que la nación pueda conservar la renta petrolera como un patrimonio de los mexicanos, tiene que y debe de realizar las inversiones de manera directa, ya que en el contexto actual, privatizar o abrir resultaría ser la misma gata, pero revolcada.
*Secretario de la hacienda pública del gobierno legítimo

La ley contra la Constitución

Arnaldo Córdova

Durante los días de la represión del movimiento ferrocarrilero en el primer año de gobierno de López Mateos, Manuel Moreno Sánchez, líder priísta del Senado, acuñó una frase célebre: “La ley es legal aunque sea anticonstitucional”, ante la evidencia de que el gobierno estaba violando la Constitución en la represión indiscriminada de los trabajadores. El concepto es lo que hoy interesa, aunque la frase haya sido dicha en otras circunstancias. Ningún constitucionalista ni ningún otro jurista afirmarían que la ley puede estar por encima de nuestra Carta Magna. Pero, ante la embestida derechista orquestada desde el gobierno para privatizar los hidrocarburos, el espectáculo que estamos viendo es una virtual derogación de la Constitución mediante leyes secundarias.
Es un dogma constitucional inexcusable que toda ley deriva de la Constitución y que ninguna legislación puede estar en su contra y, menos aún, derogarla en sus principios. Que la ley es legal es una tautología tan idiota como sería también que la Constitución es constitucional. Lo que Moreno Sánchez quiso decir fue que la ley se imponía sobre la Constitución, lo aclaró él mismo, “por la fuerza de las circunstancias”. La misma frase era una monstruosidad jurídica. Pero es algo que se ha venido haciendo: poner una ley, generalmente cocinada al vapor, por encima de la Constitución. Toño Gershenson, en su artículo del domingo anterior, citó un caso que nos viene desde el salinismo: el de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que en su artículo tercero permite la generación de energía eléctrica por particulares para su “autoabastecimiento”.
Gershenson pone en evidencia lo que ya es evidente por sí mismo: que la generación de energía es un servicio público según el artículo 27 constitucional, pero señala, con acierto, que el resto de lo generado va, de todas formas, al servicio público pues lo compra la CFE y ésta lo usa para venderlo a los usuarios. El hecho es que la misma generación de energía para el “autoabastecimiento” es, ya de por sí, un servicio público que se deja en manos de particulares. Yo no podría alegar que extraigo petróleo en el patio de mi casa (si lo hubiera) sólo “para autoconsumo”. Es todo un hallazgo: mediante una ley secundaria se pueden establecer excepciones a la letra de la Carta Magna que ésta, en su propio espíritu, jamás admitiría. Así, se puede burlar cualquier institución constitucional, basta una ley que marque una excepción.
Que el Legislativo haya aprobado semejante clase de leyes absolutamente contrarias al espíritu y, sobre todo, a la letra de la Constitución, es un baldón en su cuenta. Y no se puede acusar al Poder Judicial de la Federación de responsabilidad alguna al respecto, al menos que haya habido un caso de particulares puesto a su consideración, cosa que ignoro. Y no se trata sólo de la reforma energética. El viernes pasado, el presidente de la Unión de Juristas de México, Eduardo Miranda Esquivel, en carta a El Correo Ilustrado, denuncia el cinismo de la Secretaría del Trabajo que sostiene que no se tocará el 123 en materia laboral, cuando en los hechos se promueven y aprueban leyes contrarias a la Constitución.
Las derechas panista (en el gobierno) y priísta están convirtiendo a la Constitución en un miserable cascarón que cada vez nos dice menos. Creo que están pensando que cerca de cien millones de mexicanos somos unos perfectos asnos. Cuando Beltrones y Gamboa se lavan la cara diciéndonos que la Constitución no se tocará, que queda inviolada y que todas las reformas se harán mediante leyes secundarias, pretenden decirnos que están haciendo un juego totalmente inocente y que no nos preocupemos. Ellos juran que sólo desean modernizar nuestro sector energético y, tan inocentes y castos que son, alegan que sólo tratan de agregar los dineritos de los privados (extranjeros, sobre todo) para ayudar a nuestras pobres industrias energéticas que ya no pueden con el paquete.
Se ha dicho, por ejemplo, que 49 por ciento de la propiedad de Pemex, convertido en acciones, se pondrá a la venta en el mercado bursátil. Los economistas y los juristas financieros lo dirían de otra manera, pero yo lo quiero hacer comprensible. Ese porcentaje de una propiedad fundamental de la nación pasará a manos de privados (extranjeros, en especial), vía la propiedad privada de acciones. Y tan sólo por una ley secundaria que violaría el espíritu y la letra de la Constitución que establecen que esos bienes son propiedad exclusiva de la nación. Es increíble, pero los que están cocinando estas propuestas no son los panistas en el gobierno, que en la materia son unos ignaros sin remedio. No.
Son los priístas los que han inventado el método, desde Salinas. Y ahora la Constitución está siendo violada, anulada o derogada y abrogada, mediante leyes cuyo fin es imponer excepciones a los mandatos constitucionales. Ahora ya ni se necesita justificar esas leyes. Basta con señalar la urgencia de la excepción. Por eso Calderón llamó a su gabinete al experto en este oficio: Luis Téllez, que era el geniecillo que le organizaba a Salinas todos los equipos de expertos que le hacían ese tipo de leyes. Él fue el que organizó el grupo que cambió el artículo 27 en materia de propiedad agraria y que elaboró su legislación secundaria. Que ni Beltrones ni Gamboa nos vengan con el cuento de que sólo se trata de cambiar la legislación secundaria pues nuestra Carta Magna permanecerá incólume.
Ellos son los verdaderos orquestadores de este nuevo despojo a la nación y a su pueblo. Los panistas en el gobierno no han dicho nada, ante todo, porque no tienen nada más que decir sino que la industria petrolera y energética debe privatizarse (es su credo inconmovible). Son los priístas los que pueden remover ese punto fijo que es la propiedad nacional sobre el subsuelo, porque tienen experiencia en el asunto (lo vienen haciendo desde la época de Alemán) y, también, porque ya se saben el juego estratégico de la nueva política nacional: poner toda la riqueza de la nación y de su pueblo en manos de la oligarquía.
Gamboa Patrón no es más que un inescrupuloso palero de la derecha de todos los signos. El que quiere hacerla de chico genial y malilla es Beltrones. Él nos está queriendo dar gato por liebre: una reforma política que todavía deberemos ver si funciona bien, a cambio de que todos podamos aceptar tranquilamente que lo más importante, el destino de la propiedad de la nación, que la derecha desea ardientemente poner a subasta a disposición de los privados, desaparezca mediante leyes fraudulentas y anticonstitucionales. ¡Ay de nosotros si permitimos este colosal atraco!

ExxonMobil declara la guerra a Venezuela

La trasnacional ExxonMobil confiscó activos foráneos de la PDVSA y exige indemnización millonaria Foto: Reuters

Alfredo Jalife-Rahme

ExxonMobil, primera trasnacional de Estados Unidos, no se iba a quedar imperturbable frente a la audaz nacionalización de junio pasado en la que se vieron afectados sus intereses en la franja del Orinoco, considerada la mayor reserva de petróleo no convencional del mundo.
Como en los tiempos coloniales del siglo XIX, cuando las potencias europeas embargaban a los países de Noráfrica, ahora la pirata trasnacional texana ExxonMobil confiscó precautoriamente los activos foráneos de la estatal PDVSA mediante fallos judiciales controvertidos en las plazas anglosajonas y holandesas de Manhattan, Londres, Holanda y las Antillas Holandesas (¡super sic!); exige una indemnización al elevadísimo precio del “mercado” y el gobierno venezolano desea pagar al valor contable de sus libros.
Tal congelamiento de bienes recuerda los actos similares contra los activos de Irak e Irán en Estados Unidos, pero tampoco se puede soslayar la venganza cruel del viejo amo hacia el esclavo liberado: Venezuela era el “rancho” (literal) de los Rockefeller, los fundadores de ExxonMobil, hasta que llegó su aguafiestas.
¿Se trata de los estertores de las trasnacionales petroleras anglosajonas frente al auge de las empresas estatales de Rusia y la OPEP? ¿O es el inicio de una regionalización geoenergética de los condominios geopolíticos y geoeconómicos de grandes potencias, como Estados Unidos, que persiste en ultrajar a Canadá, México y Venezuela como vulgares súbditos en su pretendida esfera de influencia hemisférica desde el Comando Sur hasta el Comando Norte (el ASPAN), cuando la Doctrina Monroe añeja de casi dos siglos ha sido hecha añicos a raíz de la derrota del unilateralismo bushiano?
A nuestro juicio, la trasnacional texana participa en una guerra multidimensional de Estados Unidos (y de su palafrenero español, quien le ayudó en el fallido golpe de estado de 2002 contra Chávez ) para apoderarse de las mayores reservas de petróleo del planeta (cuando se suma el convencional y el no convencional) que detenta Venezuela.
La “guerra financiera” desatada ha golpeado el precio de los bonos venezolanos en los “mercados”, debido al “riesgo de una quiebra de PDVSA ahogada en deudas”, según Russell Hotten, del The Daily Telegraph (09/02/08), quien califica de “sin precedente” la acción judicial en varios países por ExxonMobil y ubica la verdadera dimensión de la jugada que “está siendo observada estrechamente por las empresas de energía en el mundo que enfrentan la presión creciente de los gobiernos para renunciar al control de sus proyectos y renegociar sus contratos”.
La depredadora texana ExxonMobil pega donde más duele, ya que Venezuela depende enormemente de sus ingresos petroleros: 90 por ciento de sus ganancias por exportaciones, más de 50 por ciento de sus ingresos fiscales, y alrededor de 30 por ciento de su PIB.
La batalla es desigual. El gobierno venezolano, que no sabemos si se transmutará en un David, se enfrenta a un “Goliat”: la primera transnacional petrolera mundial, con una capitalización de mercado de más de 517 mil millones de dólares (¡más de tres veces el PIB nominal de Caracas!) y con ingresos el año pasado por más de 400 mil millones de dólares frente a los más de 110 mil millones de dólares de Venezuela.
La reputación de ExxonMobil es de las peores del mundo; su historial ha sido macabro desde su fundación como Standard & Oil y se ha refocilado en depredar y devastar: sexto lugar entre las 100 empresas más contaminantes de Estados Unidos, según Political Economy Research Institute. Con tales antecedentes se perfila como el caballo de Troya para descuartizar a Venezuela y lubricar una nada improbable invasión militar estadunidense, mientras azuza en la retaguardia al régimen títere de Álvaro Uribe en Colombia.
De las varias empresas afectadas por las medidas de nacionalización, únicamente ExxonMobil se ha rebelado y ha pasado a una feroz contraofensiva judicial que no presagia nada bondadoso. En realidad, la nacionalización no fue total, sino parcial, ya que las trasnacionales solamente se vieron obligadas a devolver 60 por ciento de su capital en sus operaciones con PDVSA.
Los activos europeos de PDVSA corren peligro en Alemania, Finlandia, Gran Bretaña incluso en Estados Unidos, pero, más que nada, en la misma Venezuela, donde el régimen torturador bushiano puede optar por una invasión militar con el pretexto de defender los intereses de su principal trasnacional global.
Stratfor (8/2/08), centro de propaganda texano-israelí, corrige que la orden judicial de embargo precautorio arroja en realidad un total de 36 mil millones de dólares (12 mil millones por plaza judicial), lo que pone en la mira a Citgo, la subsidiaria de PDVSA en Estados Unidos; “predice” que el recurso judicial en las “cortes internacionales” será imitado por otras trasnacionales (v.gr ConoccoPhillips) que “se sienten engañadas (¡super sic!)”.
¡Para que aprendan los entreguistas “mexicanos” del epílogo que les espera en sus transacciones con las grandes potencias!
Stratfor recalca que, “a diferencia de varias empresas estatales de energía, PDVSA posee numerosos activos foráneos”, siendo la mayor Citgo, la cuarta refinería en Estados Unidos, que refina aproximadamente 1.1 millones de barriles al día. De facto, ExxonMobil embarga esta cuantiosa cantidad de crudo refinado.
También se encuentran en la mira las refinerías de las Islas Vírgenes (EU) y las Antillas Holandesas, donde PDVSA posee fuertes intereses y que se han vuelto “vulnerables a los actos legales” de ExxonMobil.
El asombroso desempeño económico de Venezuela (con sus normales “disonancias”) ha exasperado al régimen torturador bushiano, al haber puesto en ridículo los “logros” del régimen pinochetista-neoliberal con máscara social demócrata de Chile: un peón, desde el punto de vista militar y financiero, de la dupla anglosajona en Sudamérica, que ha sido inventada como “paradigma” a seguir, amén de los fundamentalistas monetaristas de los Chicago Boys (hoy en plena ruina intelectual), por la revista Letras Libres del desinformado y desinformador Enrique Krauze Kleinbort, así como por el eterno ignaro Emilio Gamboa Patrón, un operador de los caños del desagüe del putrefacto “viejo régimen” mexicano.
Con poblaciones y territorios semejantes, Venezuela (25 millones de habitantes y 882 mil 50 km) supera a Chile (16 millones de habitantes y 748 mil 800 kms) en el PIB “nominal” en 60 por ciente: 166 mil millones frente a 107 mil 700 millones de dólares; también prevalece por encima de Chile en 30 por ciento en el “poder de paridad de compra”: 335 mil millones frente a 234 mil 400 millones.
El crecimiento anual de Venezuela ha rebasado los dos dígitos en el último trimestre y representa más del doble de Chile que con sus fondos de pensiones desplomándose anda en 5 por ciento. En reservas de divisas, Venezuela cuenta con 31 mil 630 millones frente a 22 mil 240 de millones de dólares de Chile.
Más aún: Venezuela exhibe un mejor “índice Gini” (que mide la distribución del ingreso familiar) que el ranking patético de Chile, el cual se ubica en niveles africanos, con cifras del año 2003 –que Caracas seguramente habrá mejorado en los pasado cuarto años debido a su fenomenal despegue.
La existencia misma de Venezuela desmiente el modelo neoliberal impuesto por Estados Unidos en Latinoamérica. De allí la necedad y la necesidad de destruir a Venezuela, donde Estados Unidos pretende adueñarse del petróleo que no pudo capturar en Irak.

Uniones incestuosas y pleitos de familia

Iniciativa con cabeza de Medusa

Lodo al otro lado del espejo

Meones de agua bendita

León García Soler

Jesús Reyes Heroles fue designado director de Pemex por el panista Felipe Calderón, quien presuntamente lo sustituiría por su paisano, el perredista Lázaro Cárdenas Batel

Foto: Cristina Rodríguez

Los del dinero son poder real. Apoyan el ensayo de invertir en obras de infraestructura, pero fijan con insolente soberbia los linderos entre el poder privado y la impotencia pública.

A la velocidad del rumor y al paso solemne de un cortejo de notables, circuló la noticia del fin del pasado; el acuerdo campechano del centro tomista y la diáspora del nacionalismo revolucionario. Jesús Reyes Heroles, hijo del tuxpeño que engendró la reforma del Estado, dejaría Pemex y a la dirección de la gran empresa nacionalizada llegaría Lázaro Cárdenas Batel, nieto del gran expropiador, hijo de Cuauhtémoc, quien fuera punta de lanza de la democratización electoral en marcha.
Gobernadores de Michoacán, los tres Cárdenas. Cosas de la aristocracia desechada y de los apellidos que se hacen dinastías en el poder republicano. Hasta en la hora del reparto de poder efectivo; la alternancia que fue mero cambio de hombres y de nombres en el Ejecutivo de la Unión; el retorno de los espacios de poder real en las entidades federales, y el esquizoide acotamiento del presidencialismo, a cargo de la pluralidad parlamentaria y el incestuoso legislar de la Corte: división de poderes y centralismo, como fetiche de la democracia sin adjetivos: las ranas que piden rey en el charco de la transición.
Jesús Reyes Heroles y González Garza fue designado director de Pemex por el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, el mismo michoacano que presuntamente lo sustituiría con su paisano, el perredista Lázaro Cárdenas Batel. Gobernador electo, Leonel Godoy se dice partidario de modernizar Pemex, pero no de privatizarlo. Vuelve a la palestra la reforma energética, la iniciativa con cabeza de Medusa que paraliza a quien la mira de frente. En el basurero de la historia, el engendro de Ernesto Zedillo, congelado por los priístas en la última legislatura de la insana distancia. Padres, hijos y nietos del antiguo régimen coinciden en la urgencia de liberar a Pemex del esquilmo de Hacienda. Nadie ha encontrado el cómo. “Es indispensable que se le dé la autonomía a Pemex”, afirma Cuauhtémoc Cárdenas; Hacienda retiene los recursos “autorizados por el Congreso”. “Hasta ahora no conozco ninguna propuesta de privatización.”
Pero al otro lado del espejo, desde la presidencia legítima y peregrina, Andrés Manuel López Obrador reta al mundo entero y pone en marcha un movimiento en contra de la privatización del petróleo. Claro como el lodo. Los huérfanos del PRI adoptados por el PRD le hacen pa’León y le hacen pa’Lagos. El gobernador de Acapulco, Zeferino Torreblanca, llama a rebato y asegura que no apoyará la protesta del movimiento obradorista. En Campeche se pospuso la reunión de la Conago; murió el padre del anfitrión Jorge Carlos Hurtado y los gobernadores fueron a misa. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. La persistencia de todo antiguo régimen hermanó a los de abajo y a los de rancio abolengo, desde los súbditos de Agustín I, de Su Alteza serenísima, del rubio Maximiliano y doña Carlotita.
La República laica no admite títulos de nobleza, pero los patronímicos quedan. En medio siglo se consolidaron la oligarquía y los dueños del dinero; los de la muerte por decreto de la lucha de clases hicieron suya la transición y dejaron que Carlos Salinas y Ernesto Zedillo dieran paso a la clerigalla que exige religión y fueros, juicios del derecho canónico para los de sotanas, morado obispo y rojo cardenalicio. La tecnocracia emprendió la apertura y la mano invisible de los intereses creados vendó los ojos de la razón de Estado. Los del dinero son poder real. Apoyan el ensayo de invertir en obras de infraestructura, pero fijan con insolente soberbia los linderos entre el poder privado y la impotencia pública: “Varios presidentes y varios políticos se han robado mucho dinero... en Televisa, a nosotros no nos regalaron nada”, dice Emilio Azcárraga Jean. Y Roberto Hernández, el de la venta de Banamex a Citigroup: “Estamos viviendo en una mediocridad... (necesitamos) menos gobierno, menos regulación, menos monopolios.”
Se fue el gerente y llegó un hijo del fundador del PAN. Pero pésames de Bucareli a la Legión por la muerte del “padre Maciel” aparte, Valentín Díez Morodo, del Grupo Modelo y de Aeroméxico, da voz a los temores del capital laico ante el costo político de una reforma a fondo del sector energético. En El vicio y la virtud, Paul Lombard cita a Montesquieu, quien dice en El espíritu de las leyes: “Cuando el tesoro público se vuelve patrimonio de particulares, la República es un botín y su fuerza no es más que el poder de algunos ciudadanos y el libertinaje de todos.”
Para sobrevivirse a sí misma e instaurar el Estado mexicano moderno, la revolución constitucionalista, federalista y jacobina, en suprema paradoja, hizo suyo el poder del centralismo. Llegaron los relevos generacionales; con el desplome de 1982 se cerró el ciclo del partido hegemónico y volvió el poder a la periferia del todo que nunca es igual a la suma de sus partes. Por eso se desgajó el viejo tronco del priato y quienes exigían sucesión democrática al sistema anquilosado buscaron espacio para su condición de “nostálgicos del nacionalismo revolucionario.” Por eso ha de ser que después de la victoria cultural y frente al reto de la ultraderecha, panistas del centro ilusorio volvieron a citar al Manuel Gómez Morín que reconoció a los fundamentalistas y los llamó: “meones de agua bendita.”
Parto de los montes en San Lázaro: Héctor Larios, Emilio Gamboa y Javier González Garza engendraron el ratoncito del IFE. El PRD propuso a Leonardo Valdés para presidirlo, y López Obrador grita su desconfianza: “Todos tienen que ver con el PRI y el PAN”. Ayunos de lógica parlamentaria, los diputados empuñan pancartas mal escritas para protestar al pie de la tribuna. En Xicoténcatl, Carlos Navarrete pone una vela a Jesús y otra al Peje; Santiago Creel alza la voz y lo calla Germán Martínez. Y Manlio Fabio Beltrones, al frente de la reforma del Estado, se deja querer por los innumerables personajes en busca de autor. Queda, sin embargo, el poder acotado del cesarismo sexenal, poder recibido sorpresivamente por los gobernadores de la transición, auténticos mandatarios en espacios de poder real.
En los prolegómenos de la Conago, llamó Juan Camilo Mouriño a cónclave de gobernadores panistas: Marco Adame, de Morelos; Marcelo de los Santos, de San Luis Potosí; José Guadalupe Osuna, de Baja California; Juan Manuel Oliva, de Guanajuato, y Héctor Ortiz, de Tlaxcala, nadie más. En Campeche, el delfín de la expectativa invitó a la Quinta Geli a Enrique Peña Nieto, Natividad González Parás, Silverio Cavazos, Eugenio Hernández y Juan Sabines, gobernadores y priístas todos, sin excluir al de Chiapas que llegó con registro del PRD. ¿Futurismo surrealista? Quizá, pero los arúspices de la corte calderoniana escudriñan encuestas y dan seguimiento a las reacciones que su discreta divulgación provoca.
Cuando se iniciaba en el quehacer de la vocación política, Fidel Herrera Beltrán fue enlistado por el semanario Time entre los “líderes del futuro”. Ahora, según la Encuesta Nacional Gobierno, Sociedad y Política 2007, elaborada por la empresa que preside Liébano Sáenz, el de Veracruz “es el mandatario estatal en quien más confían los ciudadanos.” Con calificación de 9.2, obtuvo el primer lugar entre los 31 estados y el Distrito Federal.
Buenos cielos a sotavento. Pero Fidel Herrera no se marea: sabe que la puerta del despacho presidencial, como dijo Oscar Flores, sólo se abre desde dentro.

Hasta donde alcanza la vista

José Agustín Ortiz Pinchetti

Para divertirme y preparar un nuevo libro sobre la historia de nuestros años, he imaginado cómo veremos dentro de 20 años, desde 2029: el arco de medio siglo que va desde la consolidación del PRI, gobierno desde 1950 hasta la turbia primera década del siglo XXI. Imaginen: un grupo de ancianos nacidos en los años cuarenta, instalados en un retiro insular gozando de buen clima, libaciones y amenas pláticas, revisitan lo que han vivido y disputan para interpretar. Unos nostálgicos, asocian su juventud vivida en el “desarrollo estabilizador” (1950-1977) a un auge continuo. Crecimiento de 6% por décadas. Gobiernos estables, apoyo popular implícito al presidente monarca, un poder con halo legendario. Los críticos replicarán: los vicios eran profundos. El ímpetu de la revolución se había extinguido, la desigualdad social crecía, la estabilidad política olía a establo (Gabriel Zaid, 1968), el PRI, gobierno, era corrupto y corrompía.
Nostálgicos y críticos estarían de acuerdo: 1) Que el sistema se quebró. A partir de la reunión juvenil de 1968, inició un deterioro agravado por el despilfarro del auge petrolero y el endeudamiento (1976-1982). Que el proyecto regresivo (neoliberalismo) no llevó a México al prometido primer mundo, sino a un estancamiento peligroso en el que nos encontramos.
2) Que las decisiones políticas que llevaron a este desastre eran enemigas de algunas más sanas, que técnicos y pensadores progresistas proponían. 3) Que a pesar del poder que se atribuía al Ejecutivo, ninguno de los presidentes pudo aprovechar el excelente impulso de los años de las vacas gordas para modernizar la economía y la sociedad. Ninguno impulsó las reformas necesarias, empezando por la fiscal progresiva que proponía Antonio Ortiz Mena. 4) Que se retrasó el proceso democrático.
A pesar de algunas buenas intenciones de los gobiernos, los monopolios empresariales, los sindicales y burocráticos se opusieron con éxito a los cambios. Durante la época “democrática” (2000-hasta hoy) no sólo la desigualdad, la violencia, la corrupción y la impunidad se han ahondado, sino que las instituciones y la clase política padecen de una descomposición alarmante.
Sin embargo, hay una diferencia formidable entre la época de la abundancia autoritaria y ésta la nuestra tan pecadora. Pablo González Casanova escribió en 1965, entre 50 y 70% de la población estaba desorganizada y tranquila. La elite no tenía por qué preocuparse, la fuerza popular no se manifestaba y la estructura del poder seguía funcionando.
Nostálgicos y críticos seguramente aceptarían además que, vistos estos pecadores años nuestros a la distancia de 2029, las oligarquías se han fortalecido, pero más de la mitad de la población está en un proceso de agitación y de organización impensables 30 años antes. Hacia 1965 la esperanza del cambio se cifraba en la voluntad del presidente-monarca la palanca de la historia. Hoy a nadie se le ocurriría peregrina idea. La esperanza está cifrada en que el pueblo, el segmento participativo y consciente de la sociedad pueda mover al país y construir un proyecto nacional y una democracia de a de veras. El desplazamiento de la responsabilidad histórica del rey al pueblo es un mayor cambio en nuestros años.

El despertar
José Agustín Ortiz Pinchetti jaorpin@yahoo.com.mx

Rayuela
En el mar de los tiburones corporativos, sobrevivir es un milagro posible sólo cuando también se es escualo.

Editorial

Distorsiones en torno al campo

El gobierno de Felipe Calderón ha mostrado un autismo inaceptable

Prácticamente a la par de la entrada en vigor del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el primero de enero de este año, el gobierno federal puso en marcha una campaña mediática que destaca los supuestos beneficios que ha traído el acuerdo de comercio trilateral para los sectores agrícolas del país.
La aparición de esos anuncios ha generado descontento e inconformidad en diversas organizaciones campesinas y en amplios sectores de la sociedad mexicana. No es para menos: se trata de una campaña que miente abiertamente a la población, al presentar al campo mexicano como “ganador” y al TLCAN como el principal motor de esa prosperidad, una imagen que no se corresponde con la situación ruinosa que impera en la mayoría de los entornos rurales del país ni con la realidad exasperante que enfrentan día a día decenas de miles de campesinos depauperados. Por elementales razones de sensibilidad política, dichos anuncios debieran ser retirados; sobre todo si se pretende –como lo ha afirmado el gobierno– establecer un diálogo con las organizaciones campesinas en torno al TLCAN, es necesario que se esclarezca si éste girará en torno a una situación real o a una imagen cosmética del campo.
Ciertamente, el TLCAN ha aportado al campo mexicano algunos beneficios económicos, pero éstos, al igual que los apoyos gubernamentales, han sido recibidos sólo por un puñado de agroexportadores, en tanto que millones de agricultores en pequeña escala han sido conducidos a la ruina. Ni siquiera los altos precios que han mantenido a escala internacional los productos alimentarios –en particular los granos, por su alta demanda para el desarrollo de biocombustibles– ha representado un factor benéfico para los productores agrícolas. Esto se debe principalmente a que las ganancias son acaparadas en su mayoría por las empresas comercializadoras –que pagan precios sumamente injustos a los campesinos– y por los grandes productores, que son los únicos que cuentan con la infraestructura y los recursos necesarios para competir en el inequitativo mercado internacional.
Al respecto, la postura del grupo gobernante ha dejado mucho que desear. Ante las crecientes muestras de descontento social por la acuciante situación que vive el campo –como la movilización de miles de campesinos el pasado 31 de enero en esta capital– el gobierno de Felipe Calderón ha mostrado un autismo inaceptable, ha mantenido la misma línea discursiva sobre los imperceptibles beneficios del TLCAN para el campo y se ha empeñado en mantener en representación del gobierno federal a Alberto Cárdenas, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, desconocido como interlocutor por parte de las organizaciones campesinas y quien además ha descartado de antemano, una y otra vez, la renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN, principal demanda de los inconformes.
El abandono que acusa actualmente el campo mexicano es el resultado de más de dos décadas de políticas neoliberales, adoptadas y continuadas a pie juntillas por el actual gobierno. Un paso fundamental y primario para revertir esa problemática es, justamente, su reconocimiento como tal por parte de todos los actores involucrados, no la presentación de un paisaje idílico y ajeno a la realidad, como el de los promocionales del gobierno.