lunes, diciembre 26, 2011

Incursión descarada de agentes estadunidenses en México

Ante el peligro que representa el narcotráfico mexicano para la seguridad de Estados Unidos, el gobierno de Barack Obama emprendió acciones con su contraparte del sur para frenar el ingreso en territorio estadunidense de organizaciones criminales como Los Zetas, el cártel del Golfo y el de Sinaloa. Sin embargo, el precio que está pagando México es muy alto en términos de soberanía: agentes de aquel país incursionaron de manera descarada en Tamaulipas, sin que hasta ahora la administración calderonista se haya pronunciado al respecto.

Agentes de la DEA.



La mañana del jueves 15 dos camionetas suburban blindadas pasaron veloces por la avenida Sexta de Matamoros. En su camino hacia el sur de la ciudad iban escoltadas por cuatro vehículos del Ejército mexicano.

Acostumbrada a este de tipo de movilizaciones y demostraciones de fuerza en una ciudad donde se enseñorean el narcotráfico y la violencia, la prensa captó cómo la policía de tránsito de la ciudad abría paso al convoy en el que una veintena de soldados se desplazaba en estado de alerta.
La custodia especial no era para ningún jefe del narcotráfico capturado en la zona, sino para funcionarios de Estados Unidos que viajaban en las dos camionetas con placas del gobierno de ese país, y que a las 9:30 de la mañana cruzaron el puente internacional Brownsville-Matamoros.
La seguridad de los enviados de Washington­ también era vigilada por un helicóptero de la administración Obama, que desde el cielo seguía la trayectoria de los vehículos que se enfilaron por el Libramiento Emilio Portes Gil rumbo al Regimiento de Caballería Motorizada, de la Guarnición Militar con sede en Matamoros.
La custodia del Ejército y el destino de la caravana fueron motivos para que la prensa local y regional informara sobre la presencia de efectivos militares estadunidenses en territorio mexicano.
Oficialmente no fue así. Según el alcalde de Matamoros, Alfonso Sánchez Garza, los ocupantes de las potentes camionetas vigiladas por tierra y aire eran agentes de la Patrulla Fronteriza. En declaraciones a los periodistas, citó al cónsul de Estados Unidos en la ciudad, Michael Barkin, para asegurar que los agentes federales ya habían pactado esa reunión.
A la explicación del alcalde se sumó la molestia y silencio del secretario general de Gobierno de Tamaulipas, Morelos Canseco Gómez. “Pregúntale al gobierno federal. No tenemos información como gobierno estatal. No tengo ningún comentario adicional”, respondió molesto ante las insistentes preguntas acerca de la presencia de funcionarios de Estados Unidos en la guarnición militar.
Pero el gobierno federal no dijo nada de la reunión, ni del propósito ni del nivel de los militares que participaron en el encuentro. Como si éste no hubiera ocurrido, el mando territorial del Ejército en Rey­nosa, Tamaulipas, informó el sábado 17 de sus aseguramientos de personas, droga, armas, dinero y equipo de logística delictiva en esa ciudad durante la semana que terminaba. También dio cuenta de la liberación de 21 personas que estaban secuestradas en Nuevo Laredo.

Ofensiva conjunta

El general brigadier Diplomado de Estado Mayor (DEM) Rogelio Armando Patiño Canchola, jefe de la guarnición militar en Matamoros y anfitrión de los estadunidenses, fue el primer obligado a guardar silencio.
Como subordinado de la Octava Zona Militar, con sede en Reynosa, se limitó a facilitar el encuentro en las instalaciones a su cargo. Pero su jefe, el comandante de esa Zona Militar, el general de brigada DEM Miguel Gustavo González Cruz, prefirió informar sobre las bajas materiales que el Ejército ha infligido al narcotráfico.
Ambos dependen del general de División Noé Sandoval Alcázar, comandante de la IV Región Militar, con sede en Nuevo León, responsable de enfrentar al cártel de Los Zetas en esa área castrense, que además de Nuevo León y Tamaulipas comprende a San Luis Potosí. En esas tres entidades hay una fuerte presencia de la organización delictiva creada en los noventa por militares de élite, y que sigue alimentando sus filas con desertores.
Sin precedentes registrados públicamente, la presencia de la delegación estadunidense en las instalaciones del Ejército en Matamoros se enmarca en la actual ofensiva de los gobiernos de México y Estados Unidos contra Los Zetas. Es también una respuesta a las amenazas atribuidas a esa organización en contra de ambos gobiernos.
Del lado mexicano, las acciones contra esa organización delictiva han derivado en el desmantelamiento de redes de telecomunicaciones en Veracruz, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas.
En Veracruz, donde la Marina-Armada de México instaló su principal centro de operación contra Los Zetas, infantes de Marina han detenido a algunos de sus jefes regionales y desarticularon redes financieras y de telecomunicación. Esto ha dado lugar a una recomposición del narco en ese estado.
La experiencia militar de Los Zetas originales le ha permitido a ese cártel innovar en la logística de guerra. Ha adaptado vehículos para resistir los enfrentamientos y ha desarrollado técnicas para construir sus propios sistemas de radio y utilizar los sistemas de comunicación existentes de manera segura.
En septiembre pasado, la Marina desmanteló una red de telecomunicaciones Zeta que prácticamente abarcaba todo el estado e incluso llegaba a Tabasco. En noviembre, el Ejército aseguró lo que ese cártel llamaba La Central, en Torreón, Coahuila. En esa operación, los militares aseguraron equipo de telecomunicaciones por 350 mil dólares.
En diciembre el Ejército desmanteló una red de telecomunicaciones que operaba en los estados de Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas, estados donde hay presencia de Los Zetas.
Los gobiernos de Felipe Calderón y de Barack Obama se encuentran en una fase de confrontación con el cártel de origen militar, que además de su expansión hacia Centroamérica, en años recientes ha cruzado el Río Bravo y ha desplegado su violencia en Texas.

Incursiones en EU

Apenas el 23 de noviembre pasado un grupo de Zetas se enfrentó con elementos de la agencia antidrogas estadunidense (DEA) en el condado de Harris, en la zona conurbada de Houston. Se trató de una frustrada operación encubierta para capturar a integrantes de ese grupo criminal.
La agencia quería detener in fraganti a la supuesta célula del cártel e infiltró a un agente que haciéndose pasar por trailero recibiría un cargamento de más de 130 kilos de mariguana. Cuando llegó al lugar de la entrega, tres camionetas suburban emboscaron y mataron al policía.
En lo que los medios locales calificaron como una emboscada “al estilo mexicano”, los narcotraficantes se enfrentaron con agentes de la DEA que llegaron al lugar. En la refriega también resultó herido un agente.
Poco antes, el 8 de noviembre, 15 hombres armados que huían de una confrontación con el Ejército que, según testigos citados por la prensa estadunidense, incluso utilizó helicópteros artillados, se refugiaron en territorio de Estados Unidos en un rancho ubicado cerca de la población Escobares, en Texas, justo en el cruce de la frontera con México, del lado del río Bravo.
La incursión fue reportada a la 1:30 de la tarde por equipos SWAT de la policía estadunidense entrenados en armas y tácticas especiales. Ello provocó la movilización de agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y de la Oficina del Sheriff del condado rural Starr para asegurar el área. Lograron la detención de una persona herida y advirtieron al gobierno mexicano del regreso a su territorio de otro sujeto.
Robert Bunker, especialista en seguridad nacional de Estados Unidos y en guerra no convencional, de la Universidad Militar de los Estados Unidos, en Virginia, calificó esa incursión como “una amenaza enteramente diferente” a las ocurridas hasta ahora. En un análisis que publicó en el sitio de internet Small Wars Journal dijo que esos “soldados” del cártel /banda serán más proactivos en sus acciones y no reactivos como la mayoría de los delincuentes.
Aseguró que las unidades SWAT se encuentran en desventaja frente a esos “soldados” que con sus armas semiautomáticas y de asalto y la muy alta probabilidad de que usen lanzagranadas y granadas de fragmentación “crean algo parecido a un escenario militar”, que supera la capacidad de respuesta de esas fuerzas policiales.
La presencia de presuntos Zetas en Texas se suma a las bajas que ha sufrido el gobierno estadunidense en su confrontación con los cárteles mexicanos. En febrero de 2011, una célula de esa organización liderada por Julián Zapata Espinosa, El Piolín, asesinó a Jaime Zapata, agente de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en ingles) y dejó herido a su compañero en un ataque ocurrido en San Luis Potosí.
El jueves 22 el gobierno de México extraditó a Estados Unidos a El Piolín para que sea juzgado en aquel país por su presunta responsabilidad en la agresión contra los agentes estadunidenses.
El gobierno de Estados Unidos busca evitar más bajas en su propio territorio. Cinco días después de la reunión en la base militar de Matamoros, el Departamento de Defensa (Pentágono) y el Departamento de Seguridad Interna anunciaron que en los próximos meses pasarán de operaciones en terreno a la vigilancia por medio de aviones y helicópteros en la frontera sureste con México, limítrofe con Tamaulipas.
La CBP es la agencia encargada de la defensa de esa parte de la frontera de Estados Unidos con México, pero desde 2010 el Pentágono, a través de la Guardia Nacional, se sumó a la vigilancia de esa zona.
Por orden del presidente Obama fueron desplazados mil 200 elementos de la Guardia Nacional. Con el nuevo método de vigilancia sólo habrá 300, aunque se prevé su retiro total para diciembre de 2012. A partir de enero, la Patrulla Fronteriza comenzará a aplicar una plataforma aérea que le proveerá de inteligencia, vigilancia, reconocimiento y movilidad en la frontera. El gobierno estadunidense prevé tener completamente en marcha el nuevo sistema hacia marzo próximo.
A su vez, la Guardia Nacional sobrevolará la frontera con Tamaulipas con helicópteros OH-58 y UH-72 con un radio de detección de seis y 12 millas náuticas, respectivamente. Además, sus elementos volarán en aeronaves RC-26 de detección y monitoreo con capacidad de 12 millas náuticas.
De esta manera el gobierno de Obama espera responder más rápido a las crecientes acciones de violencia que le llegan desde México.

Cuarteles móviles

Por lo que corresponde al gobierno mexicano, el jueves 8 Felipe Calderón inauguró en Ciudad Mier, Tamaulipas, las instalaciones del 105 Batallón de Infantería, el primer cuartel militar “móvil” del Ejército mexicano.
Ubicada a 190 kilómetros de Matamoros, Mier representó hasta el año pasado una línea divisoria entre el cártel del Golfo (CDG) y sus antiguos aliados de Los Zetas, organización formada en la década de los noventa para actuar como brazo armado del grupo encabezado por Osiel Cárdenas Guillén.
A mediados del año pasado, la mayoría de los 6 mil 300 habitantes de Mier abandonaron la ciudad y se mudaron a municipios vecinos y a Estados Unidos obligados por la confrontación entre ambas organizaciones delictivas. Se trató del primer gran desplazamiento interno en México forzado por la delincuencia organizada.
De acuerdo con investigadores del fenómeno del narcotráfico en Tamaulipas, quienes hablaron a condición de permanecer en el anonimato, Los Zetas han ido perdiendo posiciones en la entidad y en la actualidad se disputan la capital del estado –Ciudad Victoria– y Nuevo Laredo, con el CDG, ahora asociado al cártel de Sinaloa.
El establecimiento del cuartel militar en la llamada frontera chica entre México y Estados Unidos pretende acelerar el retorno de la población que comenzó a regresar tras la llegada del Ejército a mediados de 2011.
La instalación castrense está ubicada en las afueras de Mier en una zona de 40 hectáreas; tiene capacidad para 600 efectivos y se puede desplazar a otras áreas del estado.
De acuerdo con Bunker, el cuartel “móvil” es un nuevo “componente estratégico” del gobierno mexicano contra las “insurgencias criminales”, además de ser un prototipo de ciudad fortificada que se podría aplicar en Tamaulipas, entidad dominada por la confrontación entre Los Zetas y el CDG.
En un análisis publicado este mes el especialista asegura que el gobierno mexicano intenta crear islas de autoridad federal y estabilidad en la entidad para recuperar las zonas que se han perdido a manos de esos grupos delincuenciales.
Explica que los elementos del Ejército destacados en Mier patrullarán la zona y actuarán como fuerza de despliegue rápido en apoyo de una nueva fuerza policial que se creará junto con la llegada de los soldados y se establecerá cerca de las comunidades que se quieren recuperar.
Después de Mier, el modelo de ciudades fortificadas con un cuartel militar móvil se extenderá a San Fernando, donde 72 migrantes –la mayoría centroamericanos– fueron masacrados por Los Zetas en agosto de 2010. Una tercera base de ese tipo se construye en Ciudad Mante, otra ciudad dominada por el narcotráfico.
“En esencia, las ciudades fortificadas (ciudades militares) están siendo establecidas como forma de recolonizar (y estabilizar las poblaciones existentes) en una región de México perdida de facto por el control que sobre ella ejercen insurgentes criminales”, dice el experto que ha sido consultor tanto para agencias militares como de justicia de Estados Unidos.
Historiador, antropólogo y doctor en ciencia política, Bunker compara esa medida del gobierno mexicano con lo ocurrido al final del Imperio Romano y del oscurantismo en Europa, sobre todo a la luz de la multitud de atrocidades cometidas (torturas, mutilaciones y decapitaciones).
Por otra parte, sin confirmar ni negar la presencia de soldados armados de Estados Unidos en el estado de Tamaulipas, el teniente coronel Robert Ditchey, uno de los voceros del Pentágono, dice a Proceso que “las fuerzas armadas de los dos países con mucha frecuencia” llevan a cabo operaciones específicas contra grupos criminales.
“Son operaciones enfocadas a combatir a grupos criminales en la frontera común, e integran actos de colaboración entre las fuerzas armadas de México y de Estados Unidos”, subraya.
Cuestionado sobre cuántos operativos militares a nivel bilateral se han realizado y en qué lugares, Ditchey se limita a responder que esta información debe ser proporcionada por el gobierno de México.

Minera canadiense va tras yacimiento de oro en pueblo mágico de Edomex

*En El Oro no se agotó el metal; minera canadiense detecta "enorme" potencial
*El gobierno federal apostó al turismo y lo declaró pueblo mágico

La compañía minera canadiense Candente Gold Corporation detectó un potencial enorme para extraer oro en uno de los pueblos mágicos recién nombrados por el gobierno federal: El Oro, en el estado de México.

Mientras los tres niveles de gobierno apostaron en noviembre pasado por la actividad turística para detonar la economía de la localidad, Candente Gold anunció en mayo pasado el hallazgo de oro de alta ley, por debajo de las antiguas labores. Ello confirma que la producción histórica no se paralizó debido a que se haya agotado el metal.

La minera ha hecho de El Oro su activo emblemático al realizar exploraciones en el sistema de vetas de San Rafael, localizado en esa zona del nororiente del estado de México, con resultados positivos, y perforará a una profundidad aún mayor para poner a prueba la probabilidad de que la mineralización de oro-plata resulte a una profundidad de por lo menos 600 metros.

Para Candente Gold, El Oro es uno de los mayores y más prolíficos distritos del metal de alta ley en México, con una producción histórica de más de 8 millones de onzas, realizada a unos 200 metros durante la segunda mitad del siglo XIX.

Estimó que el sistema de veta es similar a otros en México, como las minas Fresnillo, Guanajuato, Pachuca y Pinos Altos, donde se presentan zonas de oro y plata a más de 600 y hasta mil 200 metros verticalmente.

La veta de San Rafael fue cerrada en los años 20 del siglo pasado debido a las inundaciones en la zona y al bajo precio del oro, según información de la empresa canadiense que está disponible en su página de Internet.

Actualmente las mineras nacionales y extranjeras están evaluando en detalle aprovechar los altos precios de los metales.

Pobladores de El Oro señalaron que a partir de los años 50 los residentes comenzaron a emigrar, tras suspenderse la explotación de las vetas, convirtiéndolo en pueblo fantasma.

Luis Bringas, habitante del lugar, comentó el proceso que enfila a El Oro como nuevo pueblo mágico, lo cual implica capacitación en materia de servicios y un eventual renacimiento de la minería con las exploraciones de Candente Gold.

México, reconocido por la actividad, compró más de 93 toneladas de oro en medio de una crisis financiera y económica de los países desarrollados, en una operación que fue calificada de la mayor de los últimos 40 años, comentó Bringas, entrevistado en un antiguo vagón de ferrocarrill, acondicionado ahora como restaurante de comida internacional y recuerdo histórico de la riqueza de la comunidad.

Candente Gold fue creada en 2009, tras la unión de Candente Resource Corp (Candente) y Canaco Resources Inc (Canaco), para centrar actividades en la exploración y desarrollo de proyectos de metales preciosos en América Latina, principalmente en Perú y México.

El Oro es uno de los distritos mineros más importantes para la actividad, de acuerdo con un documento del Servicio Geológico Mexicano y de la Coordinación General de Minería.

El estado de México reportó 271 concesiones mineras al cierre del año pasado, 52 más en comparación con las aprobadas en 2004.

Negativo saldo centroamericano de 2011

A la pobreza y la corrupción se sumaron la criminalidad y los desastres naturales. La región se mostró incapaz de hacer frente a las emergencias provocadas por fenómenos ligados al cambio climático y lo pagó con decenas de miles de damnificados. Al tiempo, el autoritarismo político podría regresa a la región.

Los desastres naturales, el incremento de la criminalidad, los escándalos por corrupción y los efectos de la crisis económica global dejaron un saldo negativo en 2011 para la región centroamericana.
El área confirmó el riesgo que representa el cambio climático cuando temporales derivados de un sistema de bajas presiones dejaron en pocos días 130 muertos y casi 2 millones de afectados, informó la Unidad Panamericana de Respuesta a Desastres de la Cruz Roja Internacional.
Lluvias intensas ocasionaron una acumulación inusual de agua que causó inundaciones y deslaves, colapsó carreteras y puentes, y anegó viviendas y plantaciones, lo que obligó a declarar estados de emergencia y a pedir ayuda internacional.
El Salvador contabilizó 34 muertos, dos desaparecidos, 24 lesionados, 150 mil damnificados, más de 50 mil evacuados, 18 mil 455 casas sumergidas, 257 escuelas dañadas y más de 1 millón de personas perjudicadas.
El presidente salvadoreño, Mauricio Funes, consideró la lucha contra la vulnerabilidad del país un asunto de vida o muerte.
La Coordinadora para Reducción de Desastres de Guatemala confirmó 38 fallecidos; cinco desaparecidos; 18 heridos; 78 mil 20 damnificados; afectaciones para más de 524 mil 480 personas; y 4 mil 768 viviendas en riesgo (22 mil 685 dañadas, severamente 617 de éstas).
La Comisión Permanente de Contingencias de Honduras registró 18 muertos, 69 mil 119 damnificados, 11 mil 868 desplazados y casi 9 mil albergados, destrozos considerables en cultivos de maíz, ajonjolí, plátanos, yuca (tubérculo), arroz, caña de azúcar y café, y pérdidas millonarias en la producción camaronera.
Nicaragua reportó 13 fallecidos, 134 mil 500 damnificados y cuantiosas pérdidas materiales, en tanto Costa Rica informó de cinco muertos, dos desaparecidos, 12 mil afectados, casi 1 millar de albergados y daños en carreteras y los sectores ganadero, cafetalero, cañero, arrocero y tomatero.
En Panamá y Belice no hubo bajas humanas pero las autoridades atendieron a miles de desplazados por las crecidas.
Paralelamente, durante 2011 Centroamérica reflejó un alza en la criminalidad y presenta la tasa regional de homicidios más elevada del mundo, ascendente a 33.3 por cada 100 mil habitantes.
Ningún país del área escapó a este flagelo, de acuerdo con el Estudio Global de Homicidios de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
En Costa Rica, promovido antes como uno de los países menos violentos, se registra una tasa de homicidios de 11.9 por cada 100 mil habitantes; mientras que Panamá sobrepasa el medio millar de asesinatos en el año.
El triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador) es considerado una de las regiones más peligrosas del mundo debido al tráfico de drogas destinadas al mayor consumidor mundial, Estados Unidos.
Honduras se ha convertido en el país más violento con 82.1 homicidios por cada 100 mil personas, de acuerdo con el informe citado.
El gubernamental comisionado nacional de Derechos Humanos, Ramón Custodio, precisa que la tasa de asesinatos en el territorio supera casi 10 veces la registrada en el mundo, equivalente a 8.8 por cada 100 mil habitantes.
La cifra prevista para finales de 2011 (8 mil) casi triplica la registrada en 2006, cuando se reconocieron 3 mil 118 homicidios, para una tasa de 46 por cada 100 mil habitantes, evocó el sitio digital www.elheraldo.hn.
En ese escenario, dos estudiantes fueron asesinados por policías; el escándalo llevó a la detención de 176 uniformados corruptos y a la remoción de jefes como parte de una depuración del cuerpo de seguridad.
El Salvador ocupa el segundo lugar de mayor violencia en el mundo, con una tasa de 66 por cada 100 mil habitantes, en tanto, Belice (41.7) y Guatemala (41.4), respectivamente, ocuparon el sexto y séptimo puesto, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
A ello contribuyen el narcotráfico, la proliferación de pandillas o maras y la existencia de más de 600 mil armas sin control dispersas en una región donde regímenes militares libraron guerras genocidas en la década de 1980.
Dichos episodios bélicos deterioraron progresivamente las condiciones de vida de la población y los gobiernos, aferrados a recetas neoliberales dictadas por el Fondo Monetario Internacional, dejaron de atender a los sectores más vulnerables, lo que incrementó progresivamente el nivel de pobreza.
En esa coyuntura incidió sobre Centroamérica la actual crisis económica global y disminuyó el comercio con Estados Unidos, que es su principal mercado, deprimiéndose más los recursos del área.
Hoy la región vive una situación límite en cuanto a violencia y ello espanta las inversiones e impacta en la economía y la débil institucionalidad estatal, indica el medio digital costarricense www.informa-tico.com.
Pese a ese complejo marco, Centroamérica vivió dos procesos electorales en el año que finaliza.
En Nicaragua fue reelecto para un nuevo mandato el sandinista Daniel Ortega, quien por el éxito de sus políticas sociales mereció un 24 por ciento más de aceptación y ganó la mayoría parlamentaria, con 56 diputados.
Ante la imposibilidad de deslegitimar el proceso, los opositores provocaron disturbios, lo que ocasionó cuatro muertos y 46 policías heridos, de acuerdo con cifras oficiales.
Paralelamente, en Guatemala hubo que celebrar segunda vuelta y retornó al poder el exmilitar Otto Pérez Molina, del conservador Partido Patriota.
De acuerdo con el Diario de Centro América, esa elección reflejó el anhelo de muchos de combatir la criminalidad, aunque recelen de su pasado castrense.
En materia de integración, la región obtuvo un gran avance al celebrar en El Salvador la cumbre del Sistema de la Integración Centroamericana y la Comunidad del Caribe (Caricom).
El encuentro definió la relación entre ambas regiones como de carácter estratégico, asentó más los nexos económicos y estableció las bases políticas para un acuerdo comercial entre ambos esquemas integracionistas.
Ambas partes manifestaron su solidaridad con Haití, devastado por un terremoto en enero de 2010, donde aún viven en tiendas de lona 580 mil personas y 6 mil murieron en 2011 por una epidemia de cólera.
Los dos bloques exigieron a la comunidad internacional cumplir sus promesas de financiar la reconstrucción de ese país y elaboraron un plan de acción conjunto para la gestión responsable de los recursos pesqueros del Caribe.
También apoyaron la idea del presidente dominicano, Leonel Fernández, de llevar ante la ONU una propuesta para frenar la especulación en los precios del petróleo y los alimentos en los mercados financieros internacionales.
Además, acordaron promover el intercambio de experiencias y la cooperación técnica entre fuerzas policiales para avanzar en el combate a la violencia, la inseguridad y el narcotráfico.
Asimismo, decidieron colocar las iniciativas ambientales como puntos fundamentales para las dos áreas, pues el cambio climático genera peligros comunes.
Caricom lo componen Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam, y Trinidad y Tobago; mientras el Sistema de la Integración Centroamericana está integrado por Honduras, Nicaragua, Panamá, El Salvador, Belice, Guatemala y Costa Rica.

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Pemex-Repsol: un tropezón que huele mal

La empresa española Sacyr envolvió en una complicada trampa a Pemex, instancias ambas que poseen acciones en la petrolera hispana Repsol. En sus planes estaba unirse accionariamente para tomar el control de la entidad española de hidrocarburos, pero los empresarios españoles, agobiados por las deudas, simplemente vendieron la mitad de sus acciones y dieron por terminado el acuerdo con Petróleos Mexicanos… y ésta quedó metida en un doble predicamento: falló su gran maniobra internacional y aquí se hizo evidente que el director de la paraestatal firmó contratos sin avisarle a su Consejo de Administración.
La torre de Pemex.


Sin beneficios para México y con un injustificado endeudamiento de mil 120 millones de dólares por la innecesaria compra de acciones de Repsol YPF concluyó el fugaz acuerdo de “voto sindicado” firmado entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y la inmobiliaria española Sacyr Vallehermoso, que entre otras cosas inició una guerra por el control de la trasnacional.
El “hostil” acuerdo –así calificado por Rogelio Gasca Neri, consejero independiente de Pemex– se dio en sigilo, sin el permiso del Consejo de Administración de la paraestatal el pasado 29 de agosto.
De la misma forma, sin previo aviso al gobierno mexicano, a las autoridades de Pemex o a sus consejeros independientes, la inmobiliaria se deshizo de la paraestatal al vender la mitad del 20% de acciones que tenía en Repsol YPF, cancelando con ello el acuerdo.
Y mientras el equipo de funcionarios mexicanos impulsor del acuerdo con Sacyr ofrece explicaciones imprecisas y no da la cara públicamente, se fortalece ingresando a la nómina del gobierno federal a uno más de sus hombres: Antonio Murrieta Cummings, recién colocado en la gerencia de Administración Financiera del Corporativo Pemex.
Antonio Murrieta Cummings es hermano del secretario de Finanzas del Estado de México, Raúl Murrieta, y de Carlos Rafael, director Corporativo de Operaciones de Pemex, así como primo del subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Fausto Barajas Cummings, quien participa en los consejos de Administración de Pemex Petroquímica, Pemex Exploración, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica.
Raúl Murrieta sustituyó a Luis Videgaray en la Secretaría de Finanzas del Estado de México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y aún permanece en ese puesto. Raúl Murrieta y Videgaray fueron compañeros de Ernesto Cordero en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, donde Felipe Calderón estudió una maestría.

Rompimiento anunciado

Luego de que en México los consejeros independientes de Pemex y el resto de la población se enteró por la prensa española de que la paraestatal firmó el 29 de agosto con Sacyr un acuerdo que la obligaba a comprar 4.6% de acciones de Repsol, para luego de manera “sindicada” ejercerlos conjuntamente y hacer valer su fuerza en el consejo de administración, el director de la paraestatal, Juan José Suárez Coppel hubo de dar la cara y afirmar que su actuar fue “legal” y que no estaba obligado a pedir autorización al consejo.
Explicó que el costo para el gobierno mexicano fue de mil 600 millones de dólares; 480 millones los tomó de la caja de Pemex y el resto, mil 120 millones, lo obtuvo con la contratación de créditos con cuatro bancos: Inbursa, Crédit Agricole CIB de Francia, Natixis y HSBC de Inglaterra.
El 18 de octubre, a petición de los consejeros independientes Fluvio Ruiz Alarcón, Héctor Moreira Rodríguez y Fortunato Álvarez, se reunió de manera extraordinaria el Consejo de Administración de Pemex. Suárez Coppel dio una breve explicación de la relación Pemex-Repsol y el abogado de la petrolera, Marco Antonio de la Peña dijo que no se requería la autorización de ellos para firmar el convenio.
En privado Gasca Neri recriminó a Suárez Coppel que ni siquiera les entregara copia del acuerdo, que alegara que no requería de permiso y calificó de “ilegal” la compra de acciones y de “hostil” el acuerdo. En general, sostuvo, el acuerdo hace que se “perciba un ambiente negativo y de desaprobación en los medios financieros, empresariales y políticos”.
Reclamó que el voto de Pemex en Repsol se estuviera atando, mediante el acuerdo, a los intereses de Sacyr.
Antes de este acuerdo Pemex tenía 4.8% de acciones de la petrolera española; La Caixa (caja e ahorro española) 13%, Sacyr 20% y el restante 62% estaba fraccionado entre una serie de empresas y bancos, cada uno con menos de 1%.
Con la compra de acciones de Pemex por mil 600 millones de dólares llegó a 9.9% que sumado al 20% de Sacyr, debido al acuerdo, alcanzaba 29.9% lo que les daba supremacía sobre el resto, derecho a tomar las principales decisiones en Repsol e incluso se buscaba impulsar, según el acuerdo, que Antonio Brufau dejara de ser director de la petrolera española y presidente de su Consejo de Administración.
En la reunión extraordinaria del 18 de octubre Gasca Neri fue más allá: dijo que no se podía atar el voto de Pemex al de Sacyr por 10 años –como establece el acuerdo– y develó los motivos de Sacyr para buscar el respaldo de Pemex: “Obtener dinero fresco para pagar sus deudas a través de la obtención de mayores dividendos en contubernio con Pemex”. El acuerdo previó también nuevas formas de distribución de dividendos entre los accionistas.
En 2006, cuando Sacyr adquirió 20% de Repsol, obtuvo créditos con 39 bancos por cinco mil millones de euros con vencimiento al 21 de diciembre de 2011. “Esta situación”, dijo Gasca, “implica la necesidad apremiante de Sacyr por aumentar dividendos, ordinarios y extraordinarios, mediante la venta de activos de Repsol”.
Recordó que luego del anuncio del acuerdo Sacyr-Pemex, Crédit Agricole informó que la inmobiliaria tiene una deuda impagable e incluso le recomendó que venda “activos, entre ellos una parte importante de sus acciones en Repsol”.
Ante la recomendación, el consejero independiente sugirió desde el 18 de octubre cancelar el convenio Sacyr-Repsol, pues seguramente ya no podría alcanzarse el objetivo de tener 29.9% de acciones de Repsol en forma conjunta.
Suárez Coppel y el director de Finanzas de la paraestatal, Carlos Rafael Murrieta Cummings, no hicieron caso a Gasca y el pasado martes 20, a un día de que se venciera el plazo de Sacyr para restructurar su deuda, la inmobiliaria vendió 10% de sus acciones a los bancos acreedores para pagar parte de su deuda. Las instituciones bancarias a su vez ofrecieron esas acciones a Repsol, que las adquirió de nuevo.
Lo anterior, sin avisarle a su contraparte mexicana.

“Era previsible”

En entrevista con Proceso el consejero independiente que llegó a dicha posición a propuesta del PRD, Fluvio Ruiz Alarcón, reconoció que Sacyr nunca les informó nada de la venta de sus acciones y mucho menos que pretendiera acabar con el acuerdo.
Sin embargo aclaró: “Se jugó con esa posibilidad (de que vendiera y por lo tanto, que el contrato quedara sin efecto); era claro que iba a ser difícil que pudiera restructurar su deuda sin deshacerse de esas acciones. Desde hacía 10 días circulaba entre nosotros esa versión”.
Repitió lo que Pemex dijo a través de un impreciso comunicado: que Sacyr avisó a Pemex de la venta “una vez que se hizo la operación” y no antes.
El 20 de diciembre Pemex también estableció en su comunicado que “mantiene canales abiertos de comunicación y negociación con los distintos accionistas de Repsol y su administración. Repsol ha ofrecido realizar un convenio industrial para maximizar las oportunidades de colaboración conjunta, además de ciertas medidas que le darían un mayor peso en el consejo de la empresa. Pemex y Repsol mantienen pláticas acerca de las características y condiciones de estos acuerdos”.
Pero nunca precisó cuáles serían esas “ciertas medidas” que darían mayor peso en el consejo.
El consejero de Pemex explicó que la paraestatal perdió de facto el derecho de tanto, es decir que le ofrecieran antes que a nadie el 10% de acciones que vendió a los bancos.
Esto, detalló Ruiz Alarcón, porque Sacyr se acogió al punto 8 del acuerdo que define las salvedades para la aplicación de esa medida. Ese punto pone como salvedad que “cualquiera de los instrumentos derivados de cobertura contratados por cada una de las partes en relación con su participación en Repsol hiciera recomendable dicha transmisión…”, como fue el caso, pues Crédit Agricole así lo hizo.
Y por último, comenta, para evitar la obligación de ofertar de manera pública ese 10% de las acciones.
Incluso Repsol en el comunicado que emitió para justificar la compra inmediata del 10% de las acciones dijo: “La falta de acuerdo entre los bancos y Sacyr Vallehermoso habría producido un escenario de incertidumbre prolongada en esa compañía, lo que resultaría dañino para la cotización de Repsol y tendría efectos negativos adicionales sobre el proyecto de crecimiento de la empresa. Además, dado el gran número de bancos involucrados y la heterogeneidad de sus planes e intereses era previsible una venta masiva y desordenada de títulos”.
Repsol anunció que el jueves 22 realizaría sesión de consejo para determinar qué hacer con ese 10% de acciones que adquirió. Entre las opciones está: “Analizar la venta a inversores institucionales y/o inversores estratégicos, que contribuirán al cumplimiento de los objetivos a largo plazo de Repsol. Adicionalmente, parte de estas acciones podrían ser utilizadas como fórmula de remuneración al accionista”.
Sin embargo dicha reunión no se realizó o por lo menos no fue notificada a través de ningún medio oficial.
El consejero Alarcón dijo que al presentarse las salvedades del punto ocho del acuerdo Pemex perdió automáticamente su derecho de tanto, es decir a que se le ofreciera primero ese 10%.
Además, dijo, “al hacerse la venta también se anuló de manera automática el acuerdo entre Sacyr y Pemex pues el punto 10.1 del acuerdo establece que si una de las partes vende 50% de sus acciones, el convenio concluye de manera inmediata”.
Fluvio Alarcón rechazó que la paraestatal haya perdido con todos estos movimientos: “Pemex no necesariamente pierde pues el plan estrictamente financiero, a raíz de los importantes yacimientos existentes en Argentina y en donde Repsol es socio, incrementa el valor de la acción. Y por la situación económica, del día de la compra al de hoy Pemex ya recuperó 200 millones de dólares”.
Lo que se deberá definir ahora, continuó, es ver cuál será la relación o peso que tendrían los accionistas principales pues con la venta ahora Sacyr tiene 10%, Pemex 9.9% y La Caixa 13%. Están casi igual. “Relevado el acuerdo que generó tanto encono, ahora se abre la posibilidad de que las relaciones se establezcan sobre otras bases y existe la posibilidad de un convenio industrial, como por ejemplo que Pemex se asocie con Repsol para trabajar en aguas someras en otras partes del mundo o un intercambio de tecnología, pues Repsol tiene un sistema de análisis sísmico muy avanzado”.
Y defendió el acuerdo: con esa firma y esta nueva venta Pemex dejará esa actitud pasiva que tuvo durante 30 años en Repsol “y es posible que tenga mayor peso, quizá otro consejero más, pero no sabemos”.
Como resultado del fiasco con Sacyr, en enero el Consejo de Administración de Pemex sesionará de manera extraordinaria para definir una estrategia de internacionalización, aclarar qué tiene que pasar por la aprobación del consejo y qué no, y qué se hará en función de lo que decida hacer Repsol con ese 10%.

Los operadores callan

El 30 de octubre de 2011 el corresponsal de Proceso en Madrid reveló que un consultor español, que estuvo al tanto de la relación Pemex-Repsol-Sacyr, se enteró de que el acuerdo Sacyr-Pemex tuvo “el visto bueno del presidente Felipe Calderón y agilizaron los preparativos antes de la salida de Ernesto Cordero de la Secretaría de Hacienda”, para que autorizara los mil 600 millones de dólares que se necesitaron para la compra de las acciones, condición establecida en el acuerdo.
Y añadió: “En esa operación fue clave la gestión de Ignacio Quesada, director de Finanzas de Pemex y hombre cercano a Ernesto Cordero, para que Hacienda agilizara los recursos públicos con el propósito de comprar acciones”.
Ignacio Quesada Morales, a quien hace referencia el consultor español, es el director financiero de Corporativo Pemex y fue quien firmó el acuerdo con Sacyr Vallehermoso, junto con José Manuel Carrera Panizzo, representante de PMI Holdings BV, una filial de Pemex.
Apenas el 25 de octubre pasado, bajo las órdenes de Quesada Morales, se nombró a Antonio Murrieta Cummings gerente de Administración Financiera del Corporativo. Entre sus funciones está la de autorizar y delinear la distribución, integración y difusión de techos presupuestales en las direcciones corporativas, la coordinación e instrumentación de fondos revolventes y la cancelación y apertura de cuentas bancarias de las unidades administrativas del corporativo, entre otras.
Pemex y los involucrados en la operación del acuerdo no han dado una explicación pública, pero la paraestatal anunció algunos cambios: entre ellos que en PMI Internacional se nombró como director a Luis Felipe Luna Melo; de esta área forma parte PMI Holdings BV que fue otra instancia que firmó el acuerdo con Sacyr.

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“El Azul”, otro capo protegido

El Azul”, otro capo bajo cobijo

Un legajo que permanece “enterrado” en la Procuraduría General de la República contiene información clave sobre uno de los principales capos del narco en México: Juan José Esparragoza Moreno, El Azul. Agentes de esta dependencia realizaron indagaciones desde 2002 y lograron ubicar domicilios y personas que pudieron darle refugio a ese mando del cártel de Sinaloa; pero de pronto algún alto funcionario federal ordenó suspender la investigación…

Juan José Esparragoza Moreno, El Azul.


En 2002, 15 meses después de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del penal federal de Puente Grande, Jalisco, la Procuraduría General de la República (PGR) emprendió la búsqueda de varios exintegrantes del cártel de Juárez que se habían aglutinado bajo el liderazgo del capo sinaloense.
Por aquellos años la PGR había confirmado que El Chapo pretendía conformar una gran organización criminal con el objetivo de monopolizar el negocio del tráfico de drogas en el país. Más tarde se confirmó que dicha agrupación se llamaría La Federación de Narcotraficantes y que estaría formada por varios cárteles.
Se supo también que el artífice de esa estrategia era nada menos que Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, un capo de bajo perfil y con amplia capacidad para negociar conflictos entre organizaciones rivales, quien fue una pieza clave para proteger al recién fugado Guzmán Loera en aquellos azarosos días.
Al confirmarse que El Azul era el estratega del plan, en la PGR se conformó un grupo especial con policías de la Agencia Federal de Investigación (AFI), quienes comenzaron a seguir los pasos de Esparragoza Moreno en varios estados a fin de ubicarlo, desarticular sus redes y detenerlo.
Sin embargo, cuando la investigación estaba casi concluida, una orden superior frenó la indagación y el expediente fue celosamente archivado en la PGR. Nadie más siguió las indagaciones y el documento se mantiene bajo resguardo hasta la fecha.

Tras los pasos de “El Azul”

Proceso tuvo acceso a los pormenores del expediente, que contiene tarjetas informativas, rutas de trasiego y zonas de seguridad donde suele refugiarse Esparragoza Moreno; domicilios relacionados con amigos y familiares del capo, así como datos del Registro Público de la Propiedad sobre residencias a nombre de amigos y socios de El Azul, muchos de los cuales son señalados como parte de la red protectora y de lavado de dinero al servicio de Esparragoza y del cártel de Sinaloa.
El documento que contiene el minucioso seguimiento que la PGR le hizo a El Azul y a sus socios abre con el reporte de uno de los agentes responsables de la investigación. Dice textualmente:
“No omitimos informar que por mención de un informante, el domicilio ubicado en calle L. Van Beethoven No. 5689 esquina con Tchaikovski, colonia La Estancia, Zapopan, Jalisco, es frecuentado por la persona denominada El Azul.
“Al dirigirnos a las oficinas del catastro del estado de Jalisco nos informaron que, al mostrarnos el mapa de la zona de la casa con número 5689 y 5691 por el lado de la calle L. Van Beethoven, así como casa marcada con el número 375 y 373 sobre la calle Tchaikovski corresponden al mismo predio.
“Cabe hacer mención que el personal de catastro señaló que esta persona pudo haber realizado algunas irregularidades respecto al predio para que éste solo apareciera registrado por la calle de Félix Mendelson sin número, refiriendo que la calle en mención se encuentra en la parte posterior del predio, ya que nuestra señalización del predio en el mapa que el personal nos mostró no corresponde a la calle de Félix Mendelson…”
La investigación, que requirió varios meses, continuó por parte de los agentes de la PGR. El 17 de junio de 2002 se incluyó en el expediente una tarjeta informativa que refiere:
“Continuando con la línea de investigación, se informa lo siguiente: en relación al domicilio ubicado en calle Sierra de Cuale 2015 colonia Las Águilas, en Zapopan, Jalisco, conocimos por dicho de un informante que la residencia es habitada por una persona de confianza de Juan José Esparragoza Moreno, El Azul.
“El informante nos dijo que algunas veces dicho domicilio es frecuentado por El Azul. Al realizar una vigilancia móvil nos percatamos que en el interior de este se encontraba una persona del sexo femenino de aproximadamente 35 años de edad, y un vehículo marca Rambler tipo América color café con placas de circulación HZL9113 del estado de Jalisco.”
El 3 de junio, los agentes investigadores reportaron las tareas que realizarían para ubicar los domicilios donde suele refugiarse Esparragoza Moreno:
“…en relación a la investigación relacionada con El Azul me permito informar que se acudió a las oficinas del Registro Público de la Propiedad, así como a las de catastro, para poder verificar si el domicilio ubicado en calle Beethoven esquina Tchaikovski es propiedad de Rosario Esparragoza Moreno, hermana de la persona denominada El Azul, así como también el domicilio ubicado en la calle Sierra de Cuale.”
En otra tarjeta los agentes federales dicen que en uno de los domicilios que vigilaban en el estado de Morelos pudieron observar a Cristian (Esparragoza Gastélum), hijo de El Azul y a quien también le seguían los pasos, cuando abordaba una camioneta Grand Cherokee negra y de modelo reciente.
No pudieron detenerlo, afirman en el documento, pero confirmaron que el hijo de El Azul se reuniría con unos amigos en una discoteca. Y continúan:
“No fue posible distinguir las placas de circulación por la cantidad de personas que había en ese lugar. El agente no tuvo posibilidad de dar aviso a los compañeros que se encontraban en espera de la salida de Cristian, esto debido a que junto a él se encontraban otros amigos de Cristian y podían percatarse o descubrir la identidad del agente. Cabe hacer mención que Cristian no entregó su vehículo al personal del estacionamiento porque lo estaban esperando a bordo de la camioneta.”
Provistos de fotografías, domicilios e informes sobre los sitios frecuentados por Juan José Esparragoza Moreno, viajaron a la ciudad de Guadalajara, aparentemente con el fin de aprehenderlo. No obstante, reportaron a la PGR:
“…dos casetas antes de llegar a la ciudad de Guadalajara fuimos interceptados por una patrulla de la Policía Federal de Caminos. Al preguntarles a los oficiales por qué motivos nos habían parado nos respondieron que en ese tramo carretero existe un índice elevado de robo a autotransportes, motivo por cual teníamos que ser revisados los tripulantes y el vehículo,­ para lo que fue necesario identificarnos como elementos de la PGR.
“De inmediato nos solicitaron que les mostráramos nuestro oficio de comisión. Después de leerlo nos indicaron que no nos podíamos retirar”. Los agentes solicitaron a la PGR que les giraran oficios de comisión para investigar a Esparragoza Moreno en todo el estado de Jalisco, así como en Quintana Roo, “ya que nuestra investigación así lo requiere”.
En otra tarjeta informativa, los federales reportaron a sus jefes que continuaban las investigaciones sobre el paradero de Esparragoza Moreno e informaron que ya habían localizado el domicilio de Rosario Esparragoza, hermano del presunto narcotraficante:
“Continuando con la línea de investigación nos permitimos informar a usted que el día 15 de mayo del año en curso (2002) nos trasladamos a la ciudad de Guadalajara con la finalidad de ubicar el domicilio que se encuentra localizado en calle L. Van Beethoven 5689 esquina con Tchaikovski,­ colonia La Estancia, ya que por dicho del informante está habitado por una persona de nombre Rosario Esparragoza Moreno y a ese lugar llega con frecuencia Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, ya que en el lugar establecido un agente encubierto se entrevistó con una persona del sexo femenino de aproximadamente 25 años de edad, al parecer del servicio doméstico.”
De acuerdo con la ficha informativa, dicha persona se encontraba barriendo la calle y limpiando el jardín. Al verla trabajando, el agente encubierto se le acercó y le preguntó si ahí vivía la señora Rosario y si estaba. La persona –prosiguen los agentes– se mostró nerviosa y contestó que sí era la casa de la señora Rosario, pero que en esos momentos no se encontraba.
El reporte dice que los agentes se enteraron por su informante de que el domicilio ubicado en la calle Jorge Bravo sin número está habitado por una persona de confianza de Esparragoza Moreno, “sin poder obtener por el momento información alguna, ya que al parecer no se encontraba nadie en el domicilio”.
Y añaden: “…la persona que nos está proporcionando información nos pidió que omitiéramos su identidad, ya que nos dijo que no quería salir perjudicada”.

Vínculos mafiosos

La investigación de los agentes de la PGR arrojó datos relevadores sobre los vínculos que tejió Juan José Esparragoza Moreno en el estado de Morelos. Según la información, El Azul es compadre de Jorge Luis Rodríguez Mier, conocido como El Capi o Capitán y que, de acuerdo con la base de datos del Registro Público de la Propiedad, consultada por los investigadores de la PGR, es propietario de la empresa Aerolíneas Internacionales.
En el informe se añade que Rodríguez Mier es propietario del predio denominado Cuatapaxco, localizado en el poblado de Santa María Ahuacatitlán, así como sus datos generales: nació el 8 de agosto de 1960, es piloto aviador de profesión y vive en Morelos.
El expediente incluye datos sobre otras propiedades relacionadas con Esparragoza Moreno, un mapa de las presuntas rutas de trasiego de droga que utiliza y un itinerario de vuelos que supuestamente realizó mediante Aerolíneas Internacionales a diversos destinos, entre los que destacan Monterrey, Tijuana, León, Cuernavaca, el Distrito Federal, Reynosa, Guadalajara, Veracruz, Hermosillo, Cancún, Aguascalientes y Culiacán.
El capo, nacido en la localidad de Huixiopa, municipio de Badiraguato, Sinaloa, en 1949, no ha vuelto a pisar la cárcel después de su aprehensión a finales de los ochenta y su liberación en 1993, cuando fue beneficiado por una preliberación autorizada por la Secretaría de Gobernación.
Un testigo de aquel momento, quien pidió no revelar su identidad, dijo a este semanario: “Cuando le otorgaron la libertad, El Azul salió caminando de la prisión. Tomó sus cosas y caminó unos dos kilómetros hasta la carretera, donde tomó un taxi”.
A pesar de la turbulencia generalizada que ha generado el narcotráfico en México, Esparragoza Moreno se ha mantenido a salvo. Los nombres de Joaquín Guzmán Loera, Ismael Zambada, Eduardo Costilla y otros narcotraficantes se mencionan a cada momento en los medios de comunicación, pero no el de Juan José Esparragoza Moreno, lo que confirma el sigilo con el que se mueve.
En febrero del año que termina, autoridades federales catearon una propiedad en la colonia Jardines del Pedregal, en la delegación Álvaro Obregón del Distrito Federal. El operativo, se dijo entonces, era para buscar a Esparragoza Moreno, pero los agentes de la PGR se fueron con las manos vacías.
El operativo, efectuado bajo la orden 622011, se inició a las 17:45 y concluyó tres horas después, pero los policías se equivocaron y entraron en el domicilio de la actriz Marga López, quien se indignó por el equívoco.
Esparragoza Moreno tiene 62 años y en 2005 la PGR ofreció 5 millones de pesos a quien proporcionara información para capturarlo, mientras que la Drug Enforcement Administration (DEA), la agencia antidrogas de Estados Unidos, ofrece 5 millones de dólares.
Para la PGR, El Azul es uno de los capos más buscados del narcotráfico mexicano. De acuerdo con su ficha criminal, se le ubica en Morelos, Querétaro, Cancún y la Ciudad de México, pero nadie ha podido dar con su paradero.
El año pasado, la PGR hizo pública una lista de delincuentes peligrosos por quienes ofrece recompensas de hasta 30 millones de pesos. La lista incluye a Esparragoza Moreno, cuyo nombre aparece en el apartado “B”, al lado de Joaquín Guzmán Loera, Ignacio Coronel (finado) y Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, actualmente preso en Estados Unidos.
Esparragoza Moreno es, junto con Zambada García, uno de los capos de la vieja guardia del narco. Se formó en el desaparecido cártel de Guadalajara, que en los años ochenta encabezaban Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo.
Luego fue aprehendido y a finales de los ochenta compartió celda con Félix Gallardo y Amado Carrillo Fuentes en el Reclusorio Sur, de la Ciudad de México, donde tejieron una alianza. Esparragoza fue una de las piezas importantes de Félix Gallardo para efectuar la cumbre de capos de 1993, en Cuernavaca, donde se repartieron los territorios más codiciados como rutas de trasiego.
Actualmente la PGR lo considera un estratega de las alianzas entre cárteles. De las 10 organizaciones criminales que operan en México, al menos unas cinco forman parte del cártel de Sinaloa, lo que convirtió a este cártel en el más poderoso de América Latina.
Con todo, la investigación realizada por la PGR para localizar y detener a Esparragoza fue archivada, según se pudo indagar, por una orden superior. No se sabe si provino de un alto funcionario de la PGR o de la Presidencia de la República.
Lo cierto es que el expediente que incluye información sobre las propiedades y refugios de El Azul sigue guardado.
–¿Qué creen ustedes que pasó con la investigación? –se le pregunta a uno de los participantes en ella.
–No lo sabemos, suponemos que negociaron con El Azul igual que negociaron con El Mayo Zambada, a quien presuntamente detuvieron en 2009 y lo dejaron ir sin mayores explicaciones.
–¿Lo dejaron ir también por una orden superior?
–Sin duda.

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Calderón se negó a investigar a Fox

• Impunidad promovida en Los Pinos
• Desvíos en millonaria remodelación
• Calderón se negó a investigar a Fox

Sin duda que uno de los principales problemas históricos del país es la corrupción gubernamental. Es ésta la que ocasiona el desvío de recursos públicos y que éstos dejen de llegar a las comunidades más apartadas y más pobres del país; también permite la complicidad de funcionarios con el crimen organizado, con su consecuente expansión y florecimiento como ahora sucede; perturba el orden social y provoca la crisis económica y política que hoy vivimos.

Sin embargo, aunque la corrupción se ha desarrollado a niveles de escándalo en los sectores público y privado, sin que alguien haga algo para detenerla, es la impunidad promovida en los poderes Ejecutivo y Judicial la que ha incentivado el crecimiento de ese cáncer social.

Es tan grave la corrupción, que su combate fue el lema de campaña que llevó a Vicente Fox a la Presidencia de la República y motivó la alternancia en el poder, aunque una vez que éste se instaló en Los Pinos, Fox fue omiso y negligente para atacarla y, por el contrario, hasta fue parte de ella y envolvió a familiares, amigos y panistas que antes la repudiaban.

Un escandaloso caso de corrupción en el que Vicente Fox estuvo involucrado y Felipe Calderón se negó a sancionar, ha vuelto a salir a los medios 10 años después de ocurrido y por eso vale la pena hacer el recuento y probar como una vez que los políticos llegan al poder, como es el caso de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, se olvidan no sólo de las promesas hechas en campaña, sino hacen a un lado sus principios, su moral y la ética profesional con tal de enriquecerse brutalmente.

Hace unos días se publicó en la prensa un informe de la Unidad de Transparencia de su sesión del 14 de septiembre de 2011, en donde se da cuenta del gasto que hizo la Presidencia de la República a principios del gobierno de Vicente Fox (2001), en la remodelación de las cabañas de la residencia oficial de Los Pinos y que ascendió a más de 30 millones de pesos.

Pero lo que no dice en su informe dicha Unidad de Transparencia, es que la operación financiera se hizo sin autorización, sin transparencia y sin vigilar el gasto desmedido, lo que permitió el desvío de recursos públicos sin que hubiera sancionados penalmente, más allá del despido de funcionarios menores. Nuevamente es la impunidad emanada desde la Presidencia de la República la que impide sancionar un hecho de corrupción promovido y ejecutado por el propio Vicente Fox, antecesor, amigo y miembro del mismo partido que el de Felipe Calderón.

Esta es la historia precisa que la Secretaría de la Función Pública aún guarda en sus archivos como un asunto confidencial, por tratarse de un hecho de impunidad presidencial.

La auditoría 2015

Un grueso expediente mantiene bajo reserva la Secretaría de la Función Pública (SFP), con el argumento de “confidencialidad y seguridad nacional”, en donde se comprueban actos de corrupción cometidos en Los Pinos para favorecer con contratos de obras, servicios y adquisición de bienes a empresas y particulares recomendados directamente por el entonces presidente Vicente Fox y su hermano José, según declararon los propios contratistas, quienes cobraron por las obras 66 millones de pesos y de los cuales se estima daños patrimoniales por más de 30 millones.

En sus afirmaciones ante los auditores responsables de la investigación al manejo financiero de Los Pinos, los representantes de las compañías beneficiadas responsabilizan a Fox de las contrataciones irregulares por 66 millones 540 mil 795.07 pesos, pues según declararon, fue directamente el presidente de la República quien ordenó asignarles los contratos sin licitar y esto ocasionó fraudes, daños patrimoniales, subcontrataciones e incumplimientos en perjuicio del erario público.

La Auditoria 2015 revela que en el primer semestre del gobierno de Vicente Fox se adjudicaron de manera directa cuatro contratos de obra y dos convenios adicionales para la remodelación de Los Pinos, lo que ocasionó daños patrimoniales, desvío de recursos públicos, subcontrataciones, sobreprecios, pago de anticipos irregulares, omisiones, negligencias y violaciones a normas, reglamentos y leyes de Obras Públicas y de Responsabilidades.

Guardada con gran sigilo en los archivos confidenciales de la SFP, la Auditoría 2015 se realizó a la Oficina Ejecutiva de la Presidencia por órdenes de la Dirección General de Auditoría Gubernamental.

La remodelación de las cabañas en Los Pinos

La remodelación de las cabañas 1 y 2, así como la adquisición de mobiliario, equipo y enseres para las mismas, fueron las obras que en 2001 sirvieron como pretexto a Fox para iniciar la asignación de contratos directos y que ocasionaron diversas irregularidades que se detallan en ocho observaciones de la SFP.

En el informe general de resultados de dicha investigación, con fecha del 28 de junio de 2001, se hacen señalamientos directos y recomendaciones al entonces director general de Administración de la Presidencia de la República, ingeniero Joaquín José Cortina y López Negrete, en los rubros de obra pública y adquisiciones.

La auditoría a la Oficina Ejecutiva de la Presidencia de la República se llevó a cabo en sólo un semana, entre el 20 y 28 de junio de 2001, y se analizaron selectivamente las operaciones realizadas en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2000, cuando arranca el gobierno de Vicente Fox, al 31 de mayo de 2001.

El resultado fue que se violaron de manera consistente las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios, así como la Ley Federal de Responsabilidades. Los auditores encontraron irregularidades en el procedimiento de adjudicación de contratos y pagos de los mismos.

El principal responsable y beneficiado de todas esas anomalías fue el contratista Humberto Artigas, quien según Lino Korrodi (exdirigente de Amigos de Fox) fue recomendado a Vicente Fox por su hermano José, y cuya constructora del mismo nombre fue sometida a una minuciosa compulsa luego de descubrir serias anomalías en la asignación de contratos y en el cumplimiento de los mismos, por ejemplo para la remodelación de las cabañas 1 y 2 se gastaron 8 millones 521 mil 487.44 pesos; para la residencia Miguel Alemán se pagaron 30 millones 88 mil 782.99 pesos; las obras exteriores de Los Pinos fueron por 14 millones 667 mil 631.10 pesos, y la remodelación de la casa anexa de la residencia oficial por 8 millones 617 mil 997.34 pesos.

Vulnerada la Seguridad Nacional

El carácter de “confidencial” que le ha dado el gobierno federal a ese caso de corrupción para mantenerlo en el anonimato, es un contrasentido, pues la realidad es que la seguridad de Los Pinos fue vulnerada en el momento en que fueron asignados dichas obras sin licitación de por medio y los contratos se otorgaron de manera directa para beneficiar al amigo de Fox, el arquitecto Humberto Artigas.

La Dirección General de Auditoría Gubernamental concluyó que los contratistas beneficiados por el presidente subcontrataron a sus vez las obras, los bienes y servicios a otras empresas particulares, lo que vulneró la secrecía y la seguridad nacional con la que según la administración de Los Pinos y el Estado Mayor Presidencial debían ejecutar este tipo de obras en la residencia oficial de Los Pinos.

Paradójicamente, para adjudicar de manera directa estos contratos, Vicente Fox esgrimió la confidencialidad y la seguridad nacional, objetivo que “se desvirtúa por la subcontratación”, pues la remodelación de Los Pinos se asignó a la empresa Humberto Artigas y Asociados, Sociedad Civil, por un monto de 61 millones 895 mil 898.87 pesos, “debiendo realizar licitación pública, de acuerdo con los montos de actuación, sin la debida justificación y fundamentación de acuerdo con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados”.

El director general adjunto de Auditorías Directas de la entonces llamada Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (ahora Secretaría de la Función Pública), contador Javier Cervantes Martínez, dice de los contratos asignados a Humberto Artigas: “se adjudicaron directamente al contratista sin la debida justificación y fundamentación de acuerdo con la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma, ya que el argumento esgrimido de confidencialidad y seguridad se desvirtúa por la subcontratación de las obras, por lo que debió efectuarse licitación pública o cuando menos invitación a tres contratistas en los términos del artículo 134 constitucional y 27, fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas”.

El amplio expediente confidencial de la Contraloría, en poder de esta columna desde hace 10 años, precisa que “el contratista Humberto Artigas y Asociados subcontrató las cuatro obras que le adjudicó la Presidencia de la República, conforme al resultado de la compulsa que se realizó con dicho contratista, quien declaró que efectuó la subcontratación con las empresas: Técnicas Avanzadas de Promoción Inmobiliaria S.A. de C.V.; Construcciones y Destajos Especiales S.A. de C.V.; Aicon S.A. de C.V.; Arq. Jorge Conde Guzmán; Grupo Valerio S.A. de C.V.; Aurelio Rojas; MYO S.A. de C.V.; BM Arquitectos, y GBI.”

Pero dichas empresas subcontratadas sólo cobraron por las obras 23 millones 833 mil pesos, cuyas facturas que entregó Artigas a los auditores de la Contraloría así lo comprueban, por lo cual según los auditores se contravino el artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios, que en el penúltimo y último párrafo establece que no se podrán ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones que deriven de los contratos.

Es decir que mientras Humberto Artigas cobró a la Presidencia de la República casi 62 millones de pesos, sólo presentó facturas por obras y servicios por 23.8 millones, lo que podría significar un daño patrimonial y desvíos por otros 39 millones de pesos.

Además, los montos asignados por la Presidencia de la República en las obras a Los Pinos rebasan los rangos de adjudicación para efectuar una licitación pública de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Investiga el fisco a Humberto Artigas

Pero como el hilo siempre se rompe por lo más delgado, en aquel momento el arquitecto Humberto Artigas y su socio Jorge Conde Guzmán, quienes fueron los responsables de remodelar Los Pinos y el rancho San Cristóbal de la familia Fox, fueron sujeto de investigación por la Procuraduría General de la República y por la Procuraduría Fiscal de la Federación, como una medida para obligarlos a guardar silencio sobre el destino del dinero, pues había la presunción de que fue devuelto al ocupante de Los Pinos.

Pero contrario a lo que se pueda creer, la investigación no es por el delito de corrupción por los daños causados al erario público en la remodelación de Los Pinos, según confirmó la propia Secretaría de la Función Pública, sino por delitos fiscales. Es decir, que la Secretaría de Hacienda encontró tres defraudación fiscales por un monto total de 18.9 millones de pesos por adeudos del IVA y del ISR, lo que significa que no sólo se robaron dinero público, sino que además no pagaron los impuestos que les correspondían por esos recursos y tuvo que ser el fisco el que descubriera transferencia de millones de pesos del arquitecto Artigas a las cuentas bancarias de su cómplice Conde Guzmán. De dicha investigación nunca se supo más, pero lo que si fue un hecho, es que todo quedó en la impunidad presidencial.

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