domingo, febrero 20, 2011

Carta de Andrés Manuel López Obrador al presidente del Consejo Nacional del PRD


* Solicitud de licencia como militante del Partido de la Revolución Democrática

La Paz, estado de México, a 20 de febrero de 2011

C. Camilo Valenzuela Fierro
Presidente del Consejo Nacional
del Partido de la Revolución Democrática


Por este medio me dirijo a usted de manera respetuosa con el propósito de que ponga a consideración del Consejo que preside, mi solicitud de licencia como militante del partido por el tiempo en que se mantenga el contubernio de los dirigentes nacionales del PRD con Felipe Calderón y el Partido Acción Nacional.

Como es obvio, las posiciones adoptadas por la dirigencia del PRD son contrarias a los principios que dieron origen a nuestro partido y opuestas a mis ideales y convicciones.

En consecuencia he decidido dedicar todo mi tiempo a seguir fortaleciendo al Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), en el cual participan militantes del PRD, PT, Convergencia y ciudadanos sin partido, mujeres y hombres de buena voluntad que luchan, con autenticidad y sin engaños, por la transformación de la vida pública del país.

Sostengo que de ninguna manera podemos convalidar el proyecto de la mafia del poder, que pretende consolidar un bipartidismo de derecha con el PRI o con el PAN que, al final de cuentas, representan lo mismo; es decir, prolongar el régimen de opresión, corrupción y privilegios que está destruyendo al país y afecta cada vez más el bienestar y la tranquilidad de la mayoría de los mexicanos.

Esta licencia también me permitirá dedicarme a construir una alianza desde abajo y con la gente en el Estado de México para apoyar, en su momento, una candidatura que represente un verdadero cambio en beneficio de todos y, en particular, de los más pobres y desposeídos.


A t e n t a m e n t e .

Andrés Manuel López Obrador


Fuente: Gobierno Legítimo

AUDIO: AMLO en Texcoco 2a Gira de la Lealtad



La solución

Pemex sí es de interés público: Vega Casillas

Petróleos Mexicanos es de interés público y de interés nacional, sentencia el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas. En entrevista con Contralínea, asegura que la prensa es un aliado de los órganos de fiscalización y que la labor periodística contribuye al combate a la corrupción. Refiere que las investigaciones sobre Arrendadora Ocean Mexicana y TMM –que cobraron un sobreprecio de 47 millones de dólares a Pemex Refinación por la renta de cuatro buquestanque– permanecen abiertas. En el primer caso, también se indaga al empresario y exfuncionario Antonio Juan Marcos Issa, quien demandó a este semanario y a cuatro de sus colaboradores por daño moral.

Nancy Flores

La respuesta de Salvador Vega Casillas es inmediata: “Por supuesto que Pemex [Petróleos Mexicanos] es un tema de interés público”. Traje oscuro, presto y sin ambages, el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) sentencia:

“Pemex es un tema de interés público y de interés nacional. Cuidar que no se cometan actos de corrupción, que las empresas se comporten adecuadamente y que no generen este tipo de cosas, que los funcionarios no incurran en estos actos, no le causen daños al país, no le causen daños a la empresa petrolera es un hecho de interés público, por supuesto.”

Sentado en un sillón de piel color negro, el secretario federal abandona de pronto la parsimonia y no rehúye pronunciarse, así, respecto de la sentencia que condena a Contralínea en primera instancia por daño moral, dictada el pasado 3 de enero por la jueza 54 de lo Civil del Distrito Federal, Yassmín Alonso Tolamatl. La condena se deriva de la demanda interpuesta en 2009 por Blue Marine Technology Group, Arrendadora Ocean Mexicana, Subtec y Antonio Juan Marcos Issa en contra de este semanario y cuatro de sus colaboradores.

—En todos los actos en que hemos detectado hechos de corrupción, para nosotros, la prensa es un aliado. Muchos de estos casos en los que hemos determinado sanciones han sido primero denunciados públicamente; otros sí han sido por denuncias directas a la Secretaría, por denuncias de ciudadanos. Para nosotros, [las publicaciones de la prensa] significan un rastro a seguir. Las denuncias que se hacen en los medios son las que dan valor a la transparencia para poder combatir la corrupción. Nosotros estamos complacidos con que ustedes y los medios de comunicación denuncien este tipo de cosas, y que decidan hacerlo, para nosotros, significa también enfocar nuestro trabajo –señala, cómodo, desde su amplia oficina.

A sus 49 años de edad, el panista michoacano dice estar convencido de que la corrupción en la administración pública federal se puede erradicar por completo. Respecto de Pemex, afirma que es la empresa con mayor número de casos detectados pero que, en su mayoría, los servidores públicos son honestos.

SFP sí investiga a Marcos Issa

A Vega Casillas le gusta hablar de los casos exitosos. Asegura que entre el 90 y el 95 por ciento de los hechos que denuncia la Secretaría ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se mantienen firmes. Las sanciones económicas siempre las gana la dependencia a su cargo.

Uno de ellos, dice, será el caso que involucra a las empresas Arrendadora Ocean Mexicana –propiedad de Blue Marine Technology Group– y Transportación Marítima Mexicana [TMM] en el arrendamiento de cuatro buquestanque a un sobreprecio –considerado como daño al erario– de 47 millones de dólares; esto es, lo doble de lo que originalmente informó la Función Pública el pasado 26 de enero.

—Tenemos mucha confianza en el caso porque lo construimos minuciosamente. Hicimos un trabajo de años para poder obtener todos los elementos que nos permitieran tener la certeza de que podíamos defender sin ningún problema el caso en los tribunales.

En su auditoría, la dependencia presume que Arrendadora Ocean Mexicana y TMM “se coludieron” para obtener los contratos. Por este caso, la contraloría federal inhabilitó a 14 funcionarios que “manipularon la licitación y contrataron con sobreprecio” las embarcaciones y les fijó sanciones por más de 5 mil millones de pesos en total [Contralínea 218].

—Fue una investigación bastante larga. Pemex tiene, además de la cantidad de recursos que maneja, una complejidad técnica mayor que la que tiene el resto del gobierno. Eso es lo que hace, primero, más difíciles las investigaciones: tienen que ser más concienzudas; y, segundo, los temas de corrupción, de manipulación de las licitaciones, se escudan muchas veces en cuestiones técnicas; entonces, descubrir estas cosas y documentarlas requiere de un trabajo muy largo.

—Antonio Juan Marcos Issa, accionista del Grupo Blue Marine, fue coordinador de asesores de dos directores generales de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy y Raúl Muñoz Leos. Cuando entra Luis Ramírez Corzo a la Dirección General acuerdan que Marcos Issa se separe del cargo, porque también había trabajado en Turbina Solar. Entonces se piensa que podría demostrarse un conflicto de intereses. Él se separa, pero sus empresas privadas siguen brindando servicios a Pemex. ¿Hay responsabilidad en esto? ¿Hay algún indicio de que el principal asesor de los dos directores generales y socio del tercer director general tuviera su empresa y sea ésa exactamente la que estaba cometiendo los actos ilícitos que ustedes documentan? ¿Eso también está dentro del marco de la investigación?

—No necesariamente. Nosotros nos enfocamos mucho a la construcción de este caso. Por supuesto que, cuando empiezas a construir un caso, empiezan a salir algunos otros cabos que te conducen a otras investigaciones. Eso nos lleva a tomar la decisión o la estrategia de decir: “Cerremos, concluyamos este proceso de esta parte”, porque si no nunca acabaríamos. Cerramos uno, y después, con los indicios que tenemos, abrimos otros. Hay muchos temas que estamos todavía investigando a partir de este caso y que además nos prenden los focos de alerta del comportamiento de las empresas, del comportamiento de los funcionarios.

­—Pero ¿el caso de Marcos Issa les llama la atención?

—Por supuesto.

—¿Es un foco por revisar?

—Por supuesto que sí.

—En este caso, él era asesor de los directores generales y las empresas a las que representaba obtenían contratos. Habría entonces un conflicto de intereses. ¿Esto lo sanciona la Ley de Responsabilidades?

—Sí. Lo que pasa es que hay que documentarlo.

Vega Casillas admite que es difícil probar los conflictos de intereses y el tráfico de influencias. Además, justifica que en la mayoría de casos de exfuncionarios que se emplean en la iniciativa privada no constituyen por sí tráfico de influencias: “Porque lo hacen un año después de haber salido o en áreas distintas a las que ellos habían atendido. En la mayoría de las ocasiones, hay que decirlo, los trabajadores de Pemex trabajan con la propia empresa de manera limpia y en beneficio de la paraestatal, porque mantiene la experiencia de estos trabajadores ahora como externos; pero no siempre todos lo hacen así: hay algunos que se benefician de los conocimientos para hacer y cometer actos de corrupción”.

El secretario agrega que sí han encontrado que “en muchas de las empresas que hemos sancionado están involucrados exfuncionarios de Pemex con claros nexos con los funcionarios que siguen adentro, con las áreas en las que estaban trabajando. Ahí sí se configura y de hecho les hemos presentado denuncias penales a varios como parte de la empresa”.

El caso de Arrendadora y TMM no ha terminado

—En cuanto a las empresas, que son las beneficiadas, hay una sensación de impunidad porque permanecen a salvo: no tienen problemas, siguen concursando, tienen contratos, siguen cobrando, no están inhabilitadas. Parece que hay una protección del secretario de la Función Pública a las dos compañías.

—Es que todavía estamos en el proceso. Es parte de los procesos que todavía no culminan. La parte penal y la parte de las empresas aún no las terminamos.

—¿La investigación administrativa respecto de las empresas tampoco?

—Exacto. No hemos cerrado el caso en esas áreas: ni en lo penal ni en lo administrativo de las empresas. Es decir, esto es solamente la parte administrativa que le corresponde a los funcionarios públicos. En todos los casos, nosotros buscamos, siempre, si hay involucramiento de las empresas, inhabilitarlas y cobrarles la máxima multa que nos permita la ley, presentarles denuncia penal. Si hay involucramiento de servidores públicos, inhabilitarlos, separarlos del cargo, ponerles la máxima sanción que nos permita la ley, pedirles el resarcimiento del daño, presentarles denuncia penal. Cada uno de estos actos significa un procedimiento distinto. Nos cuidamos mucho en no mandarle a la PGR [Procuraduría General de la República], por un tema mediático, una papa caliente con la cual no se pueda hacer nada. Estamos ganando el 95 por ciento de los casos en los tribunales. El mensaje que le quiero mandar a todo mundo es claro: no doy tiritos.

—En este caso, no hay funcionarios importantes.

—No son solamente [mandos] medios, hay varios de nivel de gerencia, varios funcionarios importantes que fueron los que participaron. Durante muchos años, las grandes decisiones se les dejaban a los mandos medios, y eso es lo que ha provocado muchos casos de corrupción, porque es en el nivel medio donde se deciden cantidades impresionantes de dinero y licitaciones, y como ahí se quedan las decisiones, ahí también se quedan las responsabilidades. Eso ya se está cambiando con el nuevo esquema de Pemex, que ha propiciado que muchos de estos casos de corrupción en realidad se hayan fraguado en los niveles medios de Pemex. Antes no existía un estatuto interno en la paraestatal, por lo tanto fincar responsabilidades se dificultaba mucho porque podías hacerlo prácticamente sólo contra quienes firmaban. Entonces no se podían armar casos si solamente supones que alguien estuvo enterado o que ordenó. Una de las cosas que estamos haciendo es asegurarnos que las responsabilidades que fincamos son efectivamente las que podemos sostener en los tribunales.

—En la reglamentación, los que firman son los responsables, pero ¿no hay alguna omisión o negligencia del director de Pemex Refinación o de algún subdirector?

—Nosotros analizamos las responsabilidades que existen. En muchos de los casos, lo que falla es la labor de supervisión, pero éste no es el caso. Si delegan las responsabilidades, de acuerdo con el reglamento o las disposiciones, están obligados a supervisarlos, pero hay casos en los que ni siquiera están obligados a eso y es cuando no podemos vincular los actos. Nosotros tenemos que sancionar a quien tengamos la certeza, por lo menos la presunción, y cuando hemos reunido las pruebas suficientes para poder sostener la acusación en los tribunales. Esta investigación todavía no concluye, es decir todavía tenemos varios caminos pendientes por terminar: estamos acumulando pruebas, estamos trabajando en ese asunto, que es complejo y que ya tenía mucho tiempo.

—¿Habrá acusaciones penales?

—En eso estamos trabajando. Los expedientes y los delitos penales comparados con los administrativos son distintos; es decir, las pruebas que se reúnen para comprobar lo penal son distintas a las pruebas que se reúnen para lo administrativo. Entonces, no necesariamente lo que te da una sanción administrativa te puede dar para una sanción penal. Por supuesto que estamos analizando la vertiente penal y el tema de las empresas. Sin embargo, en muchas ocasiones tenemos que hacer una serie de estrategias para combatir este tipo de casos. En algunos, vamos sólo con lo penal si lo administrativo tiene debilidades. En esta ocasión, hemos presentado primero lo administrativo, pero no descartamos y seguimos estudiando los otros aspectos.

—En la parte penal, de acuerdo con el análisis, se ve la afectación patrimonial por el sobreprecio de 23.5 millones de dólares.

—El corte que se dio de los 23.5 millones de dólares fue a la auditoría. Cuando nosotros terminamos las responsabilidades, cerramos con 47 millones de dólares, es el doble. Éste fue el daño que fincamos. Por eso la multa de 500 millones de pesos a los funcionarios, porque es para resarcir ese daño de los 47 millones. Dimos un dato parcial. Ya lo cerramos en 47 millones de dólares y por eso son las multas por 500 millones de pesos a los funcionarios que participaron en todo el proceso.

—Alguien es responsable de ese daño patrimonial y debe ser juzgado por el delito cometido.

—Efectivamente. Ésa es la parte que tenemos en estudio, porque, por política, cuando presentamos una denuncia penal no es para dar una simple noticia del asunto, sino integrar todo en una investigación que le permita al Ministerio Público proceder.

—¿Cuántos meses necesitarían para eso?

—No lo sabemos. Es un tema de revisión, de acopio de pruebas, de confrontas, de discusiones internas de si da o no da el caso y estamos en el proceso todavía. Por eso no me gusta ponerle plazos a los casos porque a veces se complican; otras veces, salen muy rápido.

—Pero es febrero. ¿Sería este año?

—Nosotros esperaríamos que sí.

Credibilidad en la SFP, la apuesta

Las palabras de Vega Casillas fluyen cautelosas. Mide sus respuestas. Nunca pierde la seriedad ni hace ademanes que molesten su blanco cabello.

—Es muy difícil construir credibilidad. Cuando investigamos algo, nos importa conocer la verdad. No le damos la vuelta a nada. Muchas veces se construye una historia y a la hora de que la vas a documentar, nos damos cuenta que no hay elementos y la gente nos critica porque ya se había creído la historia. Hay otras en las que se han construido historias que se han quedado cortas. Lo que queremos es conocer la verdad y si encontramos esto, sancionamos a quien esté. Evidentemente sí tenemos que cuidar los aspectos legales: no podemos acusar a nadie sin tener elementos. Estoy seguro que la credibilidad de la lucha contra la corrupción, que además tiene muchos detractores porque inmediatamente que sacamos un caso alguien empieza a decir que es una persecución política, la confiabilidad y la confianza solamente las vamos a poder construir si el trabajo que hacemos lo hacemos con toda seriedad. Si alguien no es responsable, pues que lo digamos también; pero si alguien es responsable, nos vayamos hasta el fondo. Es la única manera de construir toda esta confianza.

—¿El 95 por ciento que ganan se refiere también a los recursos penales? ¿En más del 90 por ciento de los casos se logra sancionar penalmente?

—Son dos vías. En la parte penal, presentamos la denuncia ante el Ministerio Público y ellos llevan su propio procedimiento ante el tribunal que les corresponda y ante los jueces. Nosotros llevamos el procedimiento ante el Tribunal Fiscal y Administrativo y es ahí, cuando defendemos nuestros casos frente al Tribunal, donde estamos siempre entre el 90 y 95 por ciento de las instancias ganadas cada mes, que son las sanciones administrativas como las multas de los 5 mil millones de pesos.

—¿Y qué pasa en el ámbito penal?

—De esa parte no llevamos el control y no tenemos los porcentajes porque nosotros no somos quienes litigamos el asunto. Tenemos un equipo de penalistas que auxilia cuando se lo solicitan al Ministerio Público para poder armar los expedientes, pero es a solicitud.

—¿No coadyuvan en todo el proceso?

—No, porque no tenemos legalmente esa participación.

—En lo que sí les toca, ¿tienen idea de cuánto dinero se resarce a las finanzas públicas respecto de las sanciones económicas impuestas?

El procedimiento, una vez que queda firme la sanción, es que se convierte en un crédito fiscal y es la Secretaría de Hacienda quien lo cobra. De acuerdo con el Código Fiscal, Hacienda es la que hace los cobros y ellos son los que llevan todo el asunto de las recuperaciones. ¿Por qué se fincan multas tan altas? Lo que la ley prevé es que a cada uno de los funcionarios se le cargue todo el daño que causó, porque los funcionarios cuando hacen este tipo de cosas tienen más capacidad de daño que capacidad de pago. Entonces la ley dice que se les finque todo el daño que causaron porque lo que se busca es que entre todos se recupere el mayor dinero que se pueda, hasta donde les den sus bienes. Esto se vuelve un asunto ejemplar para los demás funcionarios: si cometes un acto de corrupción, no sólo vas a perder el dinero mal habido, vas a perder todo lo que tienes. Ése es el castigo y la ley lo que trata es que el Estado mexicano pueda recuperar la mayor cantidad del daño. Por supuesto que no sería aceptable que la ley dijera que sólo regresaran lo que se llevaran; eso sería un aliciente para que todos los funcionarios cometieran actos de corrupción. Se trata de que sea un asunto ejemplar.

—Pemex es la empresa más grande de México. ¿Ustedes han estimado como ente auditor cuánto o qué porcentaje de todo su presupuesto representa la corrupción o este tipo de sobreprecios que se van pagando?

—No, es muy difícil de estimar. La corrupción es un acto que se comete en secreto. La verdad es que nosotros hemos tratado de estimarlo. Hemos visto las estimaciones que se hacen en otros lados, pero no nos parece que tengan demasiada solidez. Es demasiado aventurado dar un dato de esa naturaleza, simplemente porque son actos que se cometen en secreto. Es muy difícil hacerlo. Hemos explorado algunos métodos para poder estimarlo, pero no le vemos ninguna solidez.

—¿Pemex sí es la entidad con mayores actos de corrupción?

—Por lo menos es de la que más hemos descubierto, porque también tenemos un foco especial en Pemex. Justamente por la complejidad técnica, por la cantidad de recursos que se maneja, por el tipo de operaciones, por la historia que se tiene de estos actos [de corrupción] en Pemex, por supuesto que le hemos metido un foco especial.

—En su experiencia, ¿han encontrado un modus operandi similar para cometer daños al erario?

—Sí. Sobre todo manipulación de las licitaciones. Mucha de la normatividad que se hizo para combatir la corrupción se convirtió en un instrumento de la corrupción; es decir, la Administración Pública se modernizó y la corrupción se modernizó más. Ésa es una de las cosas que estamos revisando y atacando. En el gobierno federal, ya hicimos toda una desregulación de estos temas y pusimos todo mucho más claro para poderlo revisar con más facilidad y evitar que haya oportunidades de corrupción. Además de la manipulación de licitaciones, como fue el caso [de Arrendadora y TMM], está la colusión, también manipulando las licitaciones, con las empresas. Hemos encontrado muchas empresas fantasma, de fachada, para poder hacer este tipo de cosas. Es ahí donde hemos encontrado el mayor número de actos de corrupción.

—¿El foco de atención de la Secretaría está en todas las subsidiarias y en el Corporativo de Pemex o hay alguna que se haya descuidado?

—No. Hay en todos lados. Sin embargo, cada vez que encontramos actos de corrupción lo que hacemos es ajustarnos. Lo que estamos revisando ahora: cuando vemos cómo se cometieron los actos de corrupción, las estadísticas, cómo funcionan [los esquemas de corrupción], vamos haciendo nuestros propios ajustes. Eso es lo que ha podido hacer que estemos incrementando los casos de corrupción que descubrimos, porque además estamos trabajando mucho con los órganos internos de Control para capacitarlos técnicamente. Es decir, la complejidad del tema lo que exige es que los órganos internos de control entiendan el funcionamiento perfecto de Pemex. Les damos desde cursos de capacitación en el Instituto Mexicano del Petróleo, de cómo funciona una planta, una plataforma, cómo se transporta el crudo, el tema naviero. Todos estos conocimientos técnicos que les permita detectar este tipo de actos.

—¿Cuál es la respuesta del director de Pemex ante este interés de la Secretaría?

—Este tipo de casos han sido con el apoyo total de la Dirección General de Pemex. De hecho, eso nos ha ayudado mucho para detectar este tipo de casos. Cuando tenemos sólo indicios, pero no tenemos todos los elementos probatorios de los hechos de corrupción, la propia administración de Pemex toma medidas: hay casos en que han separado de sus cargos a los funcionarios sólo por los indicios. Mucho de este trabajo se hace con la colaboración de la Dirección General de Pemex.

—¿Es directamente la relación del secretario con el director?

—Sí. Nos hemos reunido en muchos de los casos para ver cómo están. Explicamos el caso, los elementos, y él toma las medidas en esas áreas. Muchos de estos casos no hubieran podido salir sin su colaboración.

—¿En este caso de Arrendadora Ocean y TMM también?

—Sí. En este caso tuvimos mucha ayuda del director general.

Fuente: Contralínea 221 / 20 de febrero de 2011

Film Noir


Film Noir

Prohibido Protestar...........


Prohibido Protestar

Para ampliar imagen AQUI.

Posible: a juicio por los inocentes muertos

Historias de muerte y corrupción

De la contraportada del nuevo libro de Julio Scherer García:

Estas historias de muerte y corrupción tienen como protagonistas, además de los narcos, a los gobernantes, los policías, los políticos, los jueces, los soldados, los niños sicarios y los civiles caídos en la guerra –que no lucha– contra la delincuencia organizada. Estos últimos forman parte de las descarnadas estadísticas, enlistados como “daños colaterales” y, según registra fehacientemente el autor, de ellos se responsabiliza el comandante supremo de nuestras Fuerzas Armadas. Así, como primera conclusión, la respuesta a la pregunta que aquí se plantea resulta clave: ¿podría juzgarse al presidente por los inocentes muertos?


Calderón y Galván. En el agua helada.

Julio Scherer García

“Detrás de cada víctima –apunta Scherer– hay un nombre, un apellido, una historia, pero llegará el día del rendimiento de cuentas por parte de quienes se vieron envueltos en esta tragedia que no cesa.”

Aquí reproducimos fragmentos de Historias de muerte y corrupción,
el título de Grijalbo que ya está en librerías.

Fox, en su desventurada frivolidad, ofreció que llevaría a la cárcel a peces grandes que habían engordado a costa de todos. Nombró contralor a un norteño fuerte, alto, el ceño severo, estampa de la autoridad implacable. El último dato de su biografía –la de Francisco Barrio– lo describe: embajador en Canadá, sin compromiso, sin riesgo el buen sueldo, la posibilidad de ahorrar para lo que fuera. Su paseo por la cancillería negaría un episodio memorable a su favor.

Calderón, en su turno, desalentó desde el principio las expectativas que muchos tuvieron acerca de que él, él sí, emprendería un camino distinto al de Fox y combatiría a fondo la corrupción y su punto de apoyo, la impunidad, el cáncer más doloroso en el organismo de la nación. En un lenguaje sin explicaciones advirtió que su régimen no actuaría contra el ex presidente ni contra su esposa, ni contra los hijos de la señora Sahagún, insistentemente señalados como corruptos; tampoco actuaría contra el saqueo a Pemex. No se ocuparía de los dispendios en el aeropuerto internacional, ni de la megabiblioteca, ni de los derroches nacidos de la irracionalidad, en suma, de ninguno de los escándalos mayores o menores en los que el sexenio foxista se había visto comprometido.

Uno al lado del otro en la historia azul, Fox y Calderón han mantenido posiciones opuestas frente al crimen organizado. Uno dejó en paz a los capos y el otro ha fundado con ellos una galería de notables que, sin duda alguna, seguirá creciendo. Uno, Fox, cubrió al país con el delgado manto de una paz que no se ve por lado alguno, y el otro, Calderón, lleva al país a una guerra desdichada.

Sólo por fuera, pintados del mismo color, los mandatarios guardan un parecido. Pero de su relación política, inmensa su responsabilidad, poco a poco se va sabiendo más y más acerca de sus desacuerdos. Se habla ya, unidos los tiempos de ambos en Los Pinos, de la “decena perdida” y de un país que no encuentra su rumbo.

Sin medir la magnitud del problema que enfrentaba, Calderón se metió entero en el agua helada de un océano sin orillas. Ignoró o no fue consciente de que el narco se había infiltrado en las capas altas, medias y bajas de la sociedad a lo largo de cincuenta años de priísmo complaciente y durante el periodo del foxismo cómplice. Si Calderón había tramado una alianza emergente con las Fuerzas Armadas, los narcos habían tejido sus redes, lenta, pacientemente, que el tiempo estaba de su parte. Los narcos habían adquirido cartas de ciudadanía, visibles en la geografía de la República pueblos enteros cuya respiración la debían a la droga.

Además, cerrado a una creciente inconformidad, Calderón decidió que la guerra al narco sería su guerra y él sabría de qué manera conducirla, apoyado en las Fuerzas Armadas. En su desmedido protagonismo, vistió a sus hijos, Luis Felipe y Juan Pablo, de cuatro y ocho años de edad, con el uniforme de campaña, el verde olivo del Ejército que formó el general Joaquín Amaro allá por la década de 1920. En una foto se ve a los niños en la misma línea horizontal que su papá, flanqueado el presidente de la República por los secretarios de la Defensa y la Marina, presente también el jefe de la Fuerza Aérea.

“Son los menos”

Al dejar abiertos los cuarteles para que las Fuerzas Armadas se lanzaran contra el crimen organizado, Felipe Calderón declaró que asumiría en su integridad las consecuencias de la batalla que iniciaba. Resuelto, general de cinco estrellas, habló a la nación sobre su compromiso total en la magna batida.

Inequívoco el lenguaje, afirmó que asumiría como propios los daños colaterales de la batalla que libraba en el territorio de la nación. Los daños colaterales no podrían ser otros que las muertes de inocentes, las desapariciones, los secuestros, las mutilaciones y las mil calamidades sin remedio que trae consigo el vendaval de la violencia.

Avanzado su gobierno, en abril de 2010, afirmó que “más de noventa por ciento de las ejecuciones asociadas a la guerra contra la delincuencia obedecía al choque entre grupos del crimen”. A continuación, y al referirse a los inocentes caídos en la estrategia militar para abatir el narco, acudió a palabras difíciles de aceptar:

“Son los menos”, expresó en una frase desdeñosa. “Los menos” pueden ser miles, cientos, y aunque fueran unos cuantos, o sólo uno, “alguien” tendría que decirle a la nación qué fue de ellos. Los muertos sin culpa alguna, los inocentes, no dejaron la vida por un incendio propagado por el viento, un terremoto, el desgajamiento de un cerro o una tormenta tropical. Cayeron como resultado de una estrategia militar diseñada por el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Tocará a él, por tanto, rendir cuentas “hasta sus últimas consecuencias” de lo acaecido en los frentes abiertos en la lucha contra el narco. Porque los muertos están ahí y ahí siguen angustiosa y paradójicamente vivos.

No existe el daño abstracto en el Estado de derecho. Simplemente, no hay daño sin su correspondiente autor, así como no hay causa sin efecto ni homicidio sin homicida. En el tiempo bélico de Calderón, de “los menos” se sabe apenas que un día desdichado y sin saber por qué, la maldad los apartó del mundo.

“Al primer paso sobre el mar, me hundí”

Coordinador de los diputados panistas en la LVIII Legislatura, Felipe Calderón iba y venía por los pasillos de la Cámara, subía y bajaba de la tribuna, rebatía con encono a sus adversarios y se hacía seguir con manifiesto interés por sus correligionarios. Se le notaba desenvuelto, seguro, estampa de un joven líder.

Por esa época nos reunimos en la parte alta del restaurante La Casserole, sobre la avenida Insurgentes. No recuerdo el motivo de la cita, pero sí que yo mantenía una relación cordial con buen número de militantes de Acción Nacional. Había conocido a su fundador, que me atraía sobremanera por sus maneras exquisitas y sus ojos incendiarios.

El restaurante se encontraba semivacío y bajo una penumbra que propiciaba la conversación que atañe a los asuntos personales, Calderón y yo nos confiábamos uno al otro.

Me dijo que la parábola de Jesús bajo la tormenta, aterrorizados los apóstoles en una barca que zozobraba, la llevaba en el alma como una oración. Pensaba en los apóstoles, hombres comunes y corrientes, tanto o más que en el hijo de Dios, y a los doce los relacionaba con amigos muy queridos, complicados en problemas serios.

Palabras más, palabras menos, culminó su relato entre un fino humor y el esbozo de un drama que hiere. Recuerdo el final de su relato, visión de una imagen del pasado que en mí perdura:

“Yo también –me dijo–, resuelto a salvar a los míos, a ‘mis apóstoles’, me dispuse a dejar el lanchón y caminar sobre el agua. Sin embargo, al primer paso sobre el mar, me hundí y desperté”.

A mi vez, esbocé a Calderón mi propia crisis de fe. Educado en el Colegio Alemán Alexander von Humboldt, en el Instituto Bachilleratos, dirigido por jesuitas, y en facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), inconstante y al fin autodidacta tardío, mantenía revuelto el mundo de adentro. Ciertamente no se llevaban la dureza germana con la seducción jesuítica y la liberalidad de estudios elementales de filosofía y letras, en la UNAM. No podía creer ni dejar de creer en Dios. No me atraía el cielo ni temía al infierno, me gustaba vivir y la vida llegaba a sentirla como un inmenso vacío.

Años después, reunidos por Josefina Vázquez Mota, desayunamos en el Centro Libanés. Calderón estaba en plena campaña por la Presidencia de la República.

Hablé sin parar y conté mis agravios con Acción Nacional. El partido había olvidado a los hombres que lo formaron y a los mejores de sus seguidores. Para Manuel Gómez Morín no había una frase reciente que valiera la pena, como tampoco la había para Efraín González Luna y Miguel Estrada Iturbide, sus contemporáneos en la naciente organización política. Tampoco había una línea para los primeros diputados federales, cinco estoicos en su resistencia frente al ejército priísta que no logró aplastarlos, y al primer senador azul, histórico en su curul solitaria, habría que rastrearlo con lupa. Los diputados de partido, una innovación en el escenario camaral, pasaban inadvertidos en los órganos doctrinarios y de circulación azul, y al propio Adolfo Christlieb, en buena medida autor de la iniciativa y muchos méritos más, se le mantenía en algún escondrijo. Rafael Preciado Hernández, ideólogo, filósofo y maestro de generaciones, pasaba como figura secundaria en los hechos cotidianos del tiempo incesante. De Carlos Castillo Peraza, menospreciado por tantos, hablé largamente y con dolor.

Llegó la hora de la despedida. El monólogo me había dejado sentimientos de frustración. Quizá lo advirtió Calderón y me anunció una carta inminente.

La recibí el 17 de enero de 2006. Me llamó la atención el color del pliego, negro y anaranjado, apenas diferente del negro y amarillo del PRD. En el margen superior izquierdo de la carta se leía “Felipe Calderón”, y al lado, su figura en color naranja. En la parte superior derecha destacaba el lema de campaña: “Mano firme, pasión por México”.

El documento acusaba una falta de ortografía, mi apellido paterno sin la “c”; y mi apellido materno, que siempre me acompaña, había sido suprimido.

Sr. Julio Sherer.

Presente.

Muy querido don Julio:

Gratamente impresionado por sus convicciones y por el valor de su franqueza, le escribo estas líneas para decirle cuánto valoro su presencia en la vida pública de México a través de su trabajo diario.

Discrepo desde luego en diversos temas y percepciones, sin embargo la hondura de sus reflexiones enriquece mi visión de México y seguramente contribuirá en beneficio de la meta que me he propuesto: una vida mejor y más digna para todos.

Lo saludo con admiración y con gratitud por compartir tan generosamente su pasión sobre el destino de México.

Atentamente,

Felipe Calderón Hinojosa

Leí la carta. Lamenté su oquedad.

lll

Luis Garfias Magaña

El trámite se ventila con helada naturalidad: abatido un inocente por militares, la Secretaría de la Defensa Nacional cubre la indemnización a los deudos y se hace cargo de los gastos inherentes a la tragedia, esto es, la atención a las víctimas colaterales, los recursos para el funeral y la restitución de los bienes dañados en la trifulca.

El alcance de la indemnización lo determina la Defensa en una decisión sin réplica posible. Pero no sólo eso: del drama se apodera de manera íntegra, sin intervención alguna del Ministerio Público, inexistente la ley civil frente al fuero militar. Por lo que hace a los militares homicidas, sometidos al cuartel, resulta claro que carecen de voz al exterior.

Conversaba sobre el tema con el general de división Luis Garfias Magaña. Nos obligaban a la franqueza las imponderables razones de la vida. Estuvimos juntos en el Instituto Bachilleratos, dirigido por jesuitas, y habíamos compartido las vivencias de una juventud temprana. No me sorprendió su crítica al presidente de la República, tampoco oírle decir que podría juzgársele por su desempeño en la campaña contra el narcotráfico. Sus palabras respondían al peso de los inocentes caídos sin cargo ni cuentas con persona alguna.

Atenido al tiempo, el general, en el tono lento de una reflexión muy trabajada, dijo:

–Alguien tendrá que hablar por ellos.

–Ellos, dices. ¿Hablas de los inocentes muertos?

–Sí, de ellos hablo.

En su casa, apenas en noviembre, recordábamos Luis y yo el día aquel en que el prefecto del instituto, el padre Meza, lo había llamado a su oficina casi en secreto. Era importante el asunto que debía tratar con su discípulo. En la voz susurrante de la confidencia, el sacerdote le dijo que advertía en él los signos claros del llamado de Dios y lo invitaba a que ingresara en la Compañía de Jesús. Había que cumplir, eso sí, con el triple y sagrado compromiso que imponía la orden fundada por Ignacio de Loyola: voto de pobreza, voto de obediencia y voto de castidad.

Posesionado de su historia, platicaba Garfias:

“Me vio fijo, Julio, ya sabes cómo era Meza. No me quitaba los ojos, igual que si me hurgara. Yo tuve un momento de turbación sin saber qué hacer ni qué decir. Sin embargo, me sobrepuse y pude responderle: ‘No tengo inconveniente, padre, en cumplir con el voto de obediencia, tampoco con el voto de pobreza, pero el voto de castidad es otra cosa’”.

Conversábamos en la estancia de su casa, en la sección militar de la Segunda Colonia del Periodista, rodeado el divisionario de diplomas, condecoraciones y señaladamente dos fotografías de su padre, oficial de veras, al lado de Francisco I. Madero. Sensible, me condujo por sus memorias del Colegio Militar, libros y más libros, códigos y más códigos. Señaló a Napoleón y a los grandes generales de la historia, también a Miramón. “No se le ha hecho justicia”, comentó. En los pasos lentos del recorrido, sentí en Garfias la añoranza de una vida que se aproxima a los ochenta años.

De vuelta a la comodidad de dos sillones, volví al tema que me había llevado con el amigo de una época difícil de olvidar. Se trataba de las víctimas inocentes de la guerra que perturba al país.

“No es guerra, es campaña –me corrigió–, dolorosa, amarga”.

Pasé por alto su momentánea contrariedad e inquirí directamente por el trato que debería dársele a los deudos de crímenes infames y, en particular, las indemnizaciones otorgadas al arbitrio de la Defensa.

Grave su rostro, dijo sin ambages:

“El tema es delicado y no hay una línea en el lenguaje militar que se ocupe de asunto tan sensible. Los muertos de que hablamos, casi siempre debidos a accidentes, ocurren sobre todo entre personas humildes. A ellas habría que ofrecerles un alivio y la garantía de un derecho que no podría ser discutido”.

¿Cómo valorar una vida? No hay manera, nos decíamos, la vida es el cielo y la tierra unidos en un instante que será para siempre. Pero el problema podría aliviarse con una pensión vitalicia y digna, ajena a cualquier traba burocrática. “Expedito”, debería anotarse en el legajo que correspondiera a una muerte inicua.

Sin soltar el tema, el general Garfias siguió con el recuento de los más de treinta mil muertos que ya ha dejado la campaña en nuestro país y los relacionó con otros escenarios. La comparación resulta sencillamente brutal.

Dijo Garfias:

“En España, todas las muertes provocadas por grupos terroristas en los últimos cincuenta años, sumadas, son menos de las que ha habido en México durante los cuatro años pasados. Increíble. Si contamos todos los muertos de la ETA en España, el ERI en Irlanda, el Baader-Meinhof en Alemania, las Brigadas Rojas que mataron a Aldo Moro, Sendero Luminoso, los tupamaros, los montoneros, suman menos que los treinta mil en México”.

Visto el panorama que describía, le pregunté si se asumía como partidario de la suspensión de las garantías individuales en el territorio nacional.

“Absolutamente”, respondió, el adverbio emitido con la fuerza de una exclamación.

Sigue el general:

“No tendría sentido pensar en una suspensión de garantías que afectara a la República entera. La suspensión de garantías podría decretarse en un municipio o localidad pequeña que perdió hasta el hábito de vivir. Si el crimen se impone en la vida cotidiana o imprime hasta modos de ser y de conducta, algo hay que hacer para enfrentar semejante terror. Correspondería al presidente de la República asumir decisiones drásticas”.

–O sea, la suspensión de garantías.

–Cubiertos la letra y el espíritu de la Constitución, movilizados los poderes en un solo propósito, aprobada la iniciativa por el Congreso o, en su defecto, la Comisión Permanente, el Ejecutivo cumpliría con su deber en la época difícil que vivimos.

–En tu lógica, ¿por qué no se aplica la medida?

–Debilidad o miedo.

–Sería lo mismo. Pero ¿miedo o debilidad a qué?

–A la exhibición de una imagen negativa del país en el mundo.

–La mala imagen ya existe.

–Eso creo y no entiendo por qué estando la Constitución ahí, explícito el veintinueve constitucional*, éste no se aplica.

–Al iniciar la campaña contra el narcotráfico, el presidente declaró que sería responsable de los daños colaterales que su decisión pudiera desencadenar.

¿Qué opinión te merece el compromiso presidencial? –le pregunté.

–De haber aplicado el artículo veintinueve constitucional, que contempla la suspensión de garantías individuales, habría aliviado su responsabilidad.

–Volvamos, Luis, a los inocentes muertos. A causa de ellos, ¿podría juzgarse al presidente de la República?

–Debería juzgársele –reflexivo en el futuro el general agrega–: el asunto es muy grave, muy serio.

–Y al secretario de la Defensa, ¿debería juzgársele?

–Él recibe órdenes. Sin embargo, en el código te dicen que el militar no debe cumplir órdenes que configuren un delito.

–Luego, el secretario es cómplice.

–De alguna manera, sí.

–O sea, también debería juzgársele, como al presidente.

–Ya te dije. Sí.

* En el artículo veintinueve de la carta magna se lee: “En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo. Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso para que las acuerde”.

El Diario: periodismo entre sangre

La escena de un jóven ejecutado a principios de febrero.

Miguel Ángel Granados Chapa

Hace un año se instituyó el programa “Todos somos Juárez”, una amplia movilización administrativa y social destinada a paliar las atroces condiciones de inseguridad que prevalecen en la ciudad de ese nombre, donde el año pasado fueron asesinadas 3 mil 100 personas, la quinta parte del total de muertes atribuibles al crimen organizado en todo el país.

El 31 de enero de 2010 fueron asesinadas 15 personas, casi todos muchachos estudiantes, en un barrio popular de aquella población, Lomas de Salvárcar. Ligero en su juicio, no obstante que carecía de información puntual puesto que se hallaba en Japón, el presidente Felipe Calderón lanzó una admonición contra las víctimas, creyéndolas delincuentes que perecieron en un ajuste de cuentas. Cuando se le enrostró su error, que añadió vituperio al agravio de la muerte misma, el presidente se vio obligado a encarar no sólo el desliz, sino la abominable realidad en que se había producido esa matanza. Viajó a Juárez el 17 de febrero para instaurar aquel programa; ha vuelto otras veces, y este jueves hizo un balance de lo realizado en este año. A pesar de que, medidas con criterios de productividad administrativa, las acciones han avanzado (¿y cómo no si el plan es invertir 3 mil 300 millones de pesos), lo cierto es que en el corto plazo la inseguridad permanece y empeora.

Para sólo citar casos aislados, ocurridos en la víspera de esta visita presidencial, en el centro de la ciudad fue atacado un vehículo sobre cuyo tripulante y su hijo de ocho años se lanzaron 39 disparos. Y en seguida el vehículo fue incendiado y las víctimas, ya muertas a balazos, quedaron calcinadas. No lejos de allí, en un enfrentamiento entre policías y matones, tres agentes quedaron heridos y dos delincuentes murieron.

Pero hubo acontecimientos más graves. En el término de 24 horas fueron incendiadas las casas de dos mujeres participantes en acciones y protestas contra la violencia. El domicilio de Malú García Andrade fue quemado, en obvia intimidación por su trabajo en la organización civil justiciera “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”. Un atentado semejante había ocurrido poco antes en la casa de la señora Sara Salazar, como brutal respuesta a su pedido público de libertad para sus hijos Elías y Malena Reyes, así como para su nuera Luisa Ornelas, quienes hace dos semanas fueron levantados sin que se sepa de ellos desde entonces. La quemazón de la casa ocurrió mientras doña Sara y su hija Marisela protestaban no sólo por la desaparición de sus parientes, sino también por el asesinato de Josefina Reyes Salazar y su hermano Rubén, hijos de doña Sara, y de su nieto Juan Manuel.

El prolongado infortunio de esta familia ha ocurrido a despecho de las estrategias para hacer segura a Ciudad Juárez. Sean militares los responsables de esa misión, sean policías federales, sean operaciones que combinan la presencia de una y otra fuerza, sea que se incluya o se excluya a la policía municipal, no hay modo de contener la violencia, que genera secuelas destructivas, como el éxodo de quienes pueden pasarse al otro lado de la frontera y la disminución de las fuentes productivas, que son a su vez causa de desempleo que propiciará la búsqueda de la supervivencia por cualquier medio.

De esta realidad material, visible, medible, y del miedo que no se ve pero se siente, da cuenta cotidianamente El Diario, un periódico fundado en 1976 que ha tenido que adaptarse a las crueles condiciones en que hoy se ejerce el oficio de informar. A sus 35 años de edad, El Diario recibió el jueves pasado la buena nueva de que el prestigiado Pen Club Internacional le ha otorgado el premio a la excelencia periodística, por practicar esa profesión en un entorno adverso.

El galardón ha de significar para los periodistas y otros trabajadores de El Diario una mínima compensación ante la desgracia que los ha dañado. En noviembre de 2009 fue asesinado su reportero Armando Rodríguez, y en septiembre siguiente el joven fotógrafo Luis Carlos Santiago, de apenas 21 años de edad, padeció la misma suerte. Hace menos de tres semanas una distribuidora de ejemplares del periódico, Maribel Fernández, fue muerta a tiros en el céntrico crucero donde entregaba a voceadores y puestos fijos la dotación de periódicos que, pese a todo, siguen siendo reclamados por los lectores. El Diario ha tenido que intensificar su esfuerzo por colocar suscripciones porque la peligrosidad callejera dificulta la venta del modo tradicional. Y ha tenido que ajustar sus finanzas porque la colocación de anuncios ha decrecido en la medida en que el pánico achica la economía, por el cierre de negocios y el enclaustramiento de la gente en sus domicilios.

Tras el asesinato de su joven fotógrafo, El Diario imprimió un estrujante llamado a quienes mandan en Ciudad Juárez, los jefes de las bandas que contienden entre sí y arrastran a la autoridad y a la gente en sus agresivas querellas. El 19 de septiembre, un editorial de primera plana preguntó a los matones: “¿qué quieren de nosotros?”, para al menos conocer las causas de que el periódico tuviera que pagar su cuota creciente de sangre. No se trató de una capitulación, sino al contrario, de una postura gallarda que buscaba entender el entorno para no deponer los instrumentos de su oficio, de nuestro oficio.

Dos meses más tarde, el personal de El Diario pudo beneficiarse de un momento de satisfacción en medio de la desdicha. Las reporteras Sandra Rodríguez y Luz Soria recibieron en Madrid el premio Reporteros del Mundo, entregado por el diario El Mundo, debido a su cobertura valiente y certera de la violencia criminal en Ciudad Juárez. Alguien tiene que hacerlo. Y hacerlo bien. Esa es la tarea de El Diario.

Enhorabuena, pese a todo.

Asesinatos En Villas De Salvacar En Ciudad Juarez 10-02-11 DEBATE DIPUTADOS


http://www.youtube.com/watch?v=NQFhFi8uSGo


http://www.youtube.com/watch?v=-USmuVvDlYA