martes, noviembre 17, 2009

Círculos de Estudio

Ahora que el próximo 20 de Noviembre se cumplen 3 años de la creación del GOBIERNO LEGÍTIMO, no podemos dejar de recordar el espantoso fraude del que fuimos sujetos y por el cual hemos venido luchando en RESISTENCIA CIVIL PACÍFICA para cambiar el rumbo de este país.
Por eso, es importante no dejar de mencionar, de recordar y sobre todo de analizar las estrategias que utiliza la derecha para impedir el verdadero cambio.

Este jueves 19 de Noviembre en:

El Círculo de Estudio Central



Presenta el libro:


  XICO POLARIZADO
2000-2006
Estudios de psicología política


Con la presencia de su autor:

  Dr. Marco Antonio González Pérez
Dr. en Psicología  social por la Universidad Autónoma de Madrid, Dir. del Centro de Investigación en Ciencias  Sociales y Humanidades del  Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México y Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel 1).


   Jueves, 19 de Noviembre, 19 hrs.
Club de Periodistas de México A.C.
Filomeno Mata # 8, Centro Histórico

A unos pasos del Metro Allende
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"Este libro pretende ser un clavo incrustado en la pared de la memoria. Es importante siempre recordar para no olvidar lo que pasó y para tener presente las estrategias de las que se valen los grupos beneficiados del régimen para negar el derecho a elegir de manera razonada la opción política que se desee"

Marco Antonio González Pérez

"Así con la lectura de México polarizado (2000 -2006). Estudios de psicología política, tendremos mayores elementos de juicio para asegurar que los promotores de la persecución orquestada más grande de que tenga memoria el México contemporáneo supuestamente centraron este linchamiento en contra de Andrés Manuel López Obrador, pero en realidad hicieron cómplices a una parte y víctimas a la mayoría de los mexicanos"
José Guadalupe Zamarripa de la Peña

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*Adjuntamos el Boletín No. 5 y 6 de la Campaña Nacional de Información y Concientización.

¡ Favor de difundir !
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No olviden que el domingo 22 tenemos una cita pendiente, en el Zócalo capitalino, a las 10 hrs.
Conmemoremos tres años de Resistencia y trabajo.
¡ Tres años del Gobierno Legítimo !


La Brigada 21 "Círculos de Estudio y Universitarios"
así como los compañeros del Hemiciclo a Juárez (que también son parte importante de la Brigada)


Nos veremos a las 9:00 hrs. en la Plaza Manuel Tolsa (frente al Palacio de Mineria) Calle de Tacuba, cerca del Metro Bellas Artes, para de ahí partir juntos al Zócalo, a la Asamblea con Andres Manuel López Obrador, Presidente Legítimo de México.

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Informes y consulta:
Redes Universitarias y Círculos de Estudio (Brigada 21)

Y no dejen de consultar los siguientes sitios:

Atte.

Brigada 21 "Círculos de Estudio y Universitarios"

Columna Asimetrías¿Quién Legisla? ¿El Vaticano? ¿El Pueblo?

Por Fausto Fernández Ponte



17 noviembre 2009
“Como católico, el aborto para mi es un pecado, pero no un delito”.

José Blanco,

Ministro de Fomento del gobierno de España.

I

La moral cristiana –prevaleciente en Europa, Nuestra América y algunos países en otros continentes-- ha presidido durante milenios (en el caso de México, menos de 500 años) la moral del poder político y la moral social. Las más de las veces no han coincidido.

Y es que la experiencia histórica de las causales de la moral del poder político y la moral social consigna sin desvaríos ni desviaciones que incurre en confrontaciones sin desenlaces claros, por las pujas permanentes entre intereses creados.

La existencia misma de esos intereses creados depende del grado mayor o menor de dominación sobre estructuras sociales y culturales para ampliar, consolidar o incluso reproducir un poder. Ese poder se mantiene mediante el uso coactivo de símbolos.

En lo civil, esos símbolos suelen ser monumentos o estatuas, banderas, himnos, emblemas, colores –rojo o azul, principalmente, y no pocas veces también verde y blanco—, etc. Suelen ser, igual, militares o eclesiásticos, inferidos unos, subrogados otros..

En lo inferido y subrogado, esos símbolos tienen el mismo cordòn umbilical: la coerción. Las ciencias sociales –que incluirían a la historia , la sociología y la antropología— identifican también el uso subrogado del temor y hasta del terror.

Las manifestaciones del empleo subrogado del temor y hasta del terror se registran en la influencia concéntrica de un poder fáctico, como las entidades de la religión organizada para fines de poder y dominación—en el andamiaje civil, el del Estado.

El fenómeno se observa no solamente en los Estados que podrían ser percibidos como religiosoides --Irán, Israel, por ejemplo--, sino también en aquellos de estructura filosófica política e idiosincrasia jurídica laica. Esos símbolos actúan en la superestructura de la sociedad.

II

En México, tal es el caso. La superestructura –las instituciones que cohesionan a la sociedad y la cultura en torno a la base económica y asegura su reproducción-- se remonta a la Conquista y la Colonia, cuyas expresiones son el idioma, la religión, etc.

Ello conforma intereses. Algunos intereses creados son identificables; pero otros actúan en las sombras de los sofismas de la superchería metafísica y el temor –terror— de punición terrenal decretada por voluntades superiores cuyo verismo es inferido y cincela percepciones prismáticas de la realidad, como la práctica muy extendida del aborto.

Esa realidad se nos ofrece en las acciones orientadas a penalizar dicha práctica, cuyas causales no han sido estudiadas a fondo, cuya penalización ha concitado preocupación. Por el ciberespacio y la plaza pública se libra un debate intenso acerca de las acciones legislativas, en el ámbito del Estado de Veracruz, acerca de la penalización del aborto orientada a influir en el ámbito nacional.

Y, al igual que ocurrió en los últimos años en 16 de los 31 Estados Unidos Mexicanos y el Distrito Federal, en Veracruz el debate es intenso, con argumentos a favor o en contra –más de éstos que de aquellos—de la penalización de la práctica inducida o asistida.

El debate es, a ratos, civilizado, con arreglo a los imperativos de las convenciones de la discusión y discrepancias fundamentadas según las premisas y los silogismos de cada posición. Empero, a veces el debate adquiere visos de dialogos entre las Gorgonas.

El tema es enfocado prismáticamente en lo filosófico, ideológico, político, religioso, sociocultural e incluso paraelectoral, como antójase evidente en el Estado de Veracruz. El promotor político de la penalización busca plusvalía y ganancia electorales.

Esa bùsqueda, sin embargo, no responde al sentir general de un grueso –que supondríase mayoritario— de la población de ese Estado, en particular la femenina. En Veracruz, los abortos clandestinos –unos 30 mil al año— causan muchas muertes.

Esa clandestinidad se acentuará si se penaliza la práctica, la cual, desde luego, no está regulada ni mucho menos vigilada por las instancias locales –gubernamentales-- del Estado mexicano. La penalización propuesta no ofrece una estructura logística.

III

En el debate afloran, por un lado, dogmatismos, prejuicios e intolerancias que abrevan en la alfaguara de la ignorancia y las medias verdades y, desde luego, el Iguazú torrencial de la difusión manipulada de información pseudocientífica.

Por otro lado, brotan las manifestaciones antipodales a la penalización, sustentadas sobre una base de informaciones –a nuestro ver objetivas— cincelada por la razón científica para discernir un fenómeno social: el aborto es un insoslayable problema de salud pública.

Y por esa naturaleza –problema de salud pública-- el asunto adquiere un atributo que los promotores de la penalización draconiana del aborto desestiman invocando dogmas enunciados por la religión organizada para fines de poder y dominación.

Antes de proseguir, establézcanse ciertas distinciones: una cosa es el atributo de todopoderosa infalibilidad de la energía real o inferida que se representa, en todas las culturas, como un creador antropomorfo de todo lo existente, discernible o no, y…

Y otra cosa es que esa fe individual, mística, en un ser omnipoderoso –con vocablos en todas las lenguas-- sea usada por un poder político fáctico, el de las organizaciones creadas por los humanos para representar en lo terrenal al ser supremo depositario de aquella fe y dominarlos.

Por supuesto, siendo de hechura humana, esas organizaciones han logrado concentrar poder político; éste es enorme.. Ello se evidencia en la vida cotidiana en muchos paíeses, acusada y notoriamente en México. Esos entes son instrumentos de control societal.

Tal es el propósito real de la existencia de esas organizaciones –llamadas iglesias—que, en los hechos, si bien usan la fe religiosa de la gente para dominar y preservar ese dominio, se aprovechan de las necesidades espirituales que todos tenemos.

Las iglesias, pues, y sus personeros –dotados de investiduras que traslapan funciones y atributos con jerarquías simbólicas, como las de un Estado que, en el caso, es el Estado Vaticano-- actùan sobre el poder polìtico local; influyen en éste, inspirando políticas y decisiones estratégicas.

Así lo hicieron en los 16 de los 31 Estados Unidos Mexicanos, laicos todos, según la estructura y el marco constitucionales. Y así lo hacen en el Estado de Veracruz, cuyos personeros parecen agentes de un poder político terrenal que nada tiene de divino.

ffponte@gmail.com

http://www.faustofernandezponte.com/

Glosario:

Iguazú: nombre de las catarnas en los lìmites de Argentina, Basil y Paraguay. Su equivalente en cuanto a volumen de agua es el conjunto de cataratas de Niágara, en Canadá y Estados Unidos.

Detrás de la Noticia. Refundar la República III

Por Ricardo Rocha





17 noviembre 2009

Primero, habría que partir de la hipótesis de que hay millones que la intuyen, muchos miles que la desean; cientos que la ven como absolutamente necesaria y cada vez más que la plantean como una prioridad impostergable.

Luego, reconocer que será una labor extraordinariamente complicada e ingrata. Primero porque enfrenta y seguirá enfrentando una tenaz, obsecada e interesada resistencia de parte de todos aquellos que quieren que nada cambie. Que todo siga igual, porque siguen siendo beneficiarios del actual estado de cosas. Los mismos que presumen una congruencia histórica a toda prueba: siempre con los más poderosos. Quienes todavía no entienden que no se trata de tachar o palomear tal o cual ideología, sino de construir una vía de desarrollo propia y nueva sobre la cual pueda transitar el país en el cortísimo, mediano y muy largo plazo. En pocas palabras la construcción del futuro común.

Como ha dicho en estas mismas páginas el maestrísimo Alfonso Zárate: “El hecho de haber llegado a condiciones límite en distintas áreas reclama la adopción urgente de medidas de gran calado, no nuevos paliativos ni salidas coyunturales. Para delinear un proyecto de país es imperativo… identificar las fortalezas reales o potenciales de México en un escenario de economías globales… la ruta que nos permita avanzar en el menor tiempo posible hacia metas definidas con claridad y realismo… Pero la construcción de un acuerdo nacional reclama dotar de contenidos al discurso; definir sus grandes objetivos, convocar a los participantes, establecer tiempos y método y hacerlo ya”. Ni más ni menos.

Por desgracia, como hemos dicho, esta convocatoria ya no la puede hacer el presidente Calderón. De hecho, fracasó con aquel esperanzador mensaje del 2 de septiembre, que muchos le reclamaron que tuviera un retraso de tres años. Y apenas hace unos días cuando insistió en una convocatoria para acordar una nueva ruta económica para el país.

Para nadie es un secreto que no hubo precisamente respuestas entusiastas a ninguno de los dos llamados. En sentido contrario, hay una pugna cada vez más evidente con los señores del dinero, destinatarios naturales de estos exhortos.

La otra posibilidad de una convocatoria de gran alcance parece también descartada: un Congreso que, en lugar de elevar el nivel del debate nacional, se ha convertido en un garito de matanga dijo la changa.

Vuelvo a coincidir con Zárate: sólo nos quedan las principales instituciones generadoras de cultura y conocimiento. La cosa va por ahí.

Se le otorga a la comisión de presupuesto un cheque en blanco

El Diputado Jaime Cárdenas expone su voto en contra sobre el proyecto de presupuesto, argumentando once razones, entre las que destaca que el interés de los gobernadores esta por encima del interés público.

Al aprobarse en los términos el dictamen se le otorga a la comisión de presupuesto un cheque en blanco toda vez que se harán modificaciones.

http://www.youtube.com/watch?v=mwTFG1kg66s

El Pri y el Pan negocian en lo obscurito

En su intervención ante tribuna el Dip. DiCostanzo denuncia como el congreso año con año, le quitan recursos al campo, a las universidades, acordando en lo "obscurito" que demuestran el contubernio de dos partidos para utilizar el presupuesto con fines electorales.

http://www.youtube.com/watch?v=PBxaJPqbDr0

Los prianistas capaces de detener el tiempo

El Diputado Fernández Noroña ante tribuna denuncia que el PRI y PAN han maltratado al congreso, haciendo el rídiculo al detener el tiempo para ser aprobado un presupuesto de agresos que no es otra cosa que el raparto del botín.


http://www.youtube.com/watch?v=6jdJD9KYWXM

Con Calderón México es más corrupto, revelan datos de Trasparencia Internacional

México empeora corrupción y pierde 17 lugares: TI

Con una calificación de 3.3, se ubicó en el sitio 89, de un total de 180 países en el ranking realizado por Transparencia Internacional. El mejor calificado es Nueva Zelandia y el peor, Somalia.

Río de Janeiro. La corrupción se encuentra "gravemente extendida" en la mayoría de países de América Latina como reflejo de instituciones débiles, prácticas de gobernabilidad deficientes e ingerencia excesiva de intereses privados, anunció Transparencia Internacional.
En su Indice de Percepción de la Corrupción 2009, difundido en su sitio de Internet, el organismo dijo que de los 31 países de América incluidos, 10 obtuvieron una puntuación superior a 5, mientras que en 21 de los casos fue inferior, "lo que demuestra un serio problema de corrupción".
En esta calificación México se ubicó en el sitio 89, es decir, 17 lugares más abajo que el año anterior cuando se ubicó en el posición 72.
El índice, realizado mediante una serie de encuestas, tiene una escala de cero a 10, indicando las puntuaciones menores niveles elevados de corrupción y las mayores niveles bajos.
Canadá continuó ocupando la primera posición en América, con 8.7 puntos; seguido por Estados Unidos, que se mantuvo en 7.5 puntos, "pese a la preocupación generalizada sobre la falta de control del sector financiero por parte del Gobierno".
Entre las naciones latinoamericanas, Chile (6.7), Uruguay (6.7) y Costa Rica (5.3) fueron las únicas incluidas en el grupo con puntuación mayor a 5, aunque "inferior a la de otros países del Caribe, como Barbados y Santa Lucía", señala el informe.
Entre los países que no lograron superar la puntuación media figuraron Brasil (3.7), Colombia (3.7), Perú (3.7) y México (3.3), que tienen algunas de las mayores economías de la región y "se han visto sacudidos por escándalos sobre impunidad, pagos irregulares, corrupción política y captura del Estado".
Otros países con la más baja puntuación fueron Bolivia (2.7), Nicaragua (2.5), Honduras (2.5) y Paraguay (2.1), que presentan "altos grados de pobreza y requieren urgentemente instituciones sólidas y transparentes que puedan facilitar su más que necesario desarrollo económico", indicó el estudio.
Argentina, con 2.9 puntos, y Venezuela, 1.9, "también se ubican entre los países con desempeño más deficiente en el índice, lo que indica que los altos niveles de percepción de corrupción no están asociados exclusivamente con la pobreza", agregó.
Por su parte, Cuba tuvo una puntuación de 4.4; El Salvador 3.4 y Guatemala, que registró el único incremento en el IPC de la región, a 3.4 puntos.
Las puntuaciones bajas de la mayoría de países latinoamericanos "refleja el hecho de que las instituciones débiles, las prácticas de gobernabilidad deficientes y la excesiva ingerencia de los intereses privados continúan frustrando las iniciativas tendientes a promover un desarrollo equitativo y sostenible", dijo el estudio.
El informe indicó que los periodistas de la región enfrentan un entorno cada vez más restrictivo y varios países sancionaron o propusieron proyectos de ley destinados a silenciar al periodismo crítico, lo que atenta contra la libertad de prensa.
Aunque el contexto de cada país es diferente, los efectos de la crisis financiera y la desaceleración económica han demostrado, en general, "la importancia fundamental de la gobernabilidad en el sector público y privado", así como los vínculos entre ambos, agregó.
El estudio subrayó, en particular, ese vínculo en relación con los paquetes de medidas de estímulo adoptados y que incluyen la inyección de grandes cantidades de dinero en las economías más afectadas.
"Los estados de la región -ricos y pobres por igual- deberán responder mediante la adopción de medidas que garanticen que estos fondos públicos se administren con integridad", concluyó.
El índice completo de Transparencia Internacional establece un ranking total con 180 países. De éste, Nueva Zelandia es el país al que se le atribuye el menor índice de corrupción a nivel mundial, seguido de Dinamarca y Singapur, mientras que las naciones que reportaron el mayor índice fueron Somalia, Afganistán y Myanmar.

Calderón endeuda México con el Banco Mundial

“Preocupado por el descontento social y la potencial oposición política”, el Banco Mundial autoriza al gobierno de Felipe Calderón un endeudamiento de más de 4 mil 300 millones de dólares, cantidad que representa casi el 50 por ciento de los compromisos totales que tiene el país con el organismo financiero internacional: 9 mil 500 millones de dólares. Investigadores en la materia cuestionan la transparencia con que se utilizan dichos recursos.

El gobierno de Felipe Calderón Hinojosa endeuda al país con 4 mil 300 millones de dólares, es decir, unos 57 mil millones de pesos. Se trata de recursos comprometidos con el organismo financiero internacional más importante del mundo: el Banco Mundial (BM), que tiene una cartera de créditos con México por 9 mil 500 millones de dólares.
Apenas en la mitad de su administración, el presidente supera en 900 por ciento los préstamos asumidos en todo el sexenio de su antecesor, Vicente Fox Quesada, revelan cifras de la institución bancaria.
Los proyectos y programas activos de México con el Banco Mundial –encabezado desde el 1 de julio de 2007 por Robert Zoellick? indican que los créditos del país en los últimos tres años suman ya 4 mil 332 millones 600 mil dólares, a través de 18 “productos”, que supuestamente fueron asumidos para contribuir al combate a la pobreza, impulsar el crecimiento en el campo y crear estrategias que mitiguen los efectos del cambio climático, en su mayoría.
La deuda se incrementó 919 por ciento respecto de los compromisos asumidos por su antecesor, el guanajuatense Vicente Fox, quien cargó 471 millones de dólares en números rojos a la economía del país. En suma, durante las administraciones panistas la deuda pública con dicha institución ascendió a 4 mil 804 millones 200 mil dólares.
En el primer sexenio administrado por el Partido Acción Nacional (PAN), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) e investigaciones de Fortuna dieron cuenta de supuestas irregularidades en el manejo de los recursos de la deuda.
México, segundo deudor del BM
Los informes de los “programas activos” del Banco Mundial indican que de los más de 4 mil 300 millones de dólares –que deberán ser pagados en un promedio de 15 años–, el proyecto más ambicioso de este periodo de gobierno tiene que ver con la “protección al medio ambiente”, por el cual la institución prestó al gobierno federal 1 mil 504 millones de dólares, el equivalente aproximado a 19 mil 897 millones de pesos.
Bajo el nombre de Framework for Green Growth Development Policy Loan (marco para un crecimiento ambientalmente adecuado), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que encabeza Agustín Carstens Carstens, obtuvo el monto millonario para echar a andar un proyecto cuyo costo total alcanzará los 2 mil 3 millones de dólares, según estimaciones hechas por las autoridades hacendarias.
Los recursos autorizados el 20 de octubre pasado, con la clave P115608, colocaron a México como el segundo país más endeudado con el organismo financiero, y su pago obligatorio está programado para 2026. El reportero Víctor Cardoso, del periódico La Jornada, precisa que la deuda de México con el organismo internacional, a la fecha, asciende a 9 mil 500 millones de pesos.
El préstamo pretexta “respaldar el programa del gobierno de México dedicado al fortalecimiento del marco normativo, financiero y de seguimiento de la reducción de emisiones en los sectores de transporte y energía. Para hacer frente a los desafíos que plantea el cambio climático, México se ha comprometido públicamente a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero”.
En tanto, la investigación Los flujos y reflujos de préstamos sociales y ambientales del Banco Mundial en México, elaborada por Jonathan Fox, académico de la Universidad de California, Estados Unidos, indica que “la estrategia del organismo en México responde a la evidente preocupación respecto del impacto del descontento social y la potencial oposición política contra las reformas que favorece.
“Específicamente, el crecimiento de la cartera del BM para cuidar del medio ambiente formó parte de un esfuerzo para mellar la oposición política doméstica contra el TLC (Tratado de Libre Comercio con América del Norte, firmado por Estados Unidos, Canadá y México) en Estados Unidos, mientras que el crecimiento de la cartera contra la pobreza se justifica como un esfuerzo por amortiguar las posibles amenazas sociales y políticas contra la estrategia macroeconómica dominante”, indica el investigador del Centro de Investigaciones Chicanos-Latinos de la Universidad de California, en Santa Cruz.
Préstamos a Calderón
Apenas habían transcurrido 12 días de la administración de Felipe Calderón cuando la Comisión Federal de Electricidad comprometía al país con 12.29 millones de dólares, que con la paridad de 13.23 pesos por dólar, la cifra podría ascender a 162.59 millones de pesos, calculada con los indicadores del Banco de México al 9 de noviembre pasado.
Nombrado México-Wind Umbrella, fue el primer proyecto autorizado por la junta de gobierno del Banco Mundial. De éste se derivaron 17 más, relacionados con el supuesto combate a la pobreza, desarrollo rural, cambio climático, entre otras. El plan gubernamental conocido en el país como La Venta fue iniciado ese mismo año en el municipio de Juchitán, Oaxaca.
El Manual de vigilancia de la fauna (aves y quirópteros) en la zona influencia de la central eólica La Venta II indica que ante el impacto potencial de la colisión de aves con los equipos aerogeneradores de electricidad, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Instituto de Ecología pretenden “instrumentar los mecanismos de interacción entre el personal de CFE (equipos de seguimiento y operación de la central eólica) y del Instituto de Ecología (equipo de vigilancia de la fauna), para evaluar las situaciones de riesgo y establecer las medidas de prevención y mitigación del impacto de la central eólica sobre la fauna”.
No obstante, información publicada en la revista Contralínea. Periodismo de Investigación, muestra el descontento social que ha provocado este proyecto federal en la zona del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. En ese lugar, los lugareños mostraron al subcomandante Marcos, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, durante su recorrido por el país en marzo de 2006, los estragos que ha dejado la estrategia gubernamental.
“En tierras de este poblado y en los de La Ventosa, los gobiernos federal y estatal han puesto en marcha el ‘Parque’ o ‘Corredor Eólico’. Sin consultar a los campesinos sobre lo que se proponían hacer, las autoridades ahora les ofrecen 13 pesos diarios a los posesionarios de las milpas donde se encuentran los generadores eléctricos. La zona es parte de la ruta de aves migratorias más importante del mundo. Los campesinos se quejan de que los trabajos de la CFE no generan empleo alguno en su comunidad, pero sí ocasionan la muerte de miles de aves y la desecación de mantos acuíferos” (Contralínea 51).
De éste y todos los compromisos adquiridos, académicos e integrantes de la sociedad civil solicitaron al organismo internacional ampliar los mecanismos de transparencia y divulgación, pues “el gobierno federal no quiere mostrar abiertamente el uso de los recursos, que recaen en una deuda para la sociedad”, dice Valeria Enríquez, investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Maestra en estudios regionales por el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, Valeria Enríquez cuestiona la eficacia y el impacto que han tenido estos préstamos. “Es necesario que la sociedad pueda tener la herramienta para evaluar si los recursos están sirviendo con el objetivo que se propone. Se supone que el Banco Mundial apoya al combate a la pobreza, pero llevamos 50 años endeudándonos para erradicar este problema y no vemos avance. ¿Por qué seguimos endeudándonos?”
Créditos a la pobreza
De las 18 estrategias deficitarias para las finanzas públicas, el segundo proyecto que mayores recursos compromete, y que llama la atención de los investigadores, es Support to Oportunidades Project (respaldo al proyecto Oportunidades), que significa un adeudo de 1 mil 503 millones 76 mil dólares ?unos 19 mil 894 millones 744 mil 800 pesos?; condicionado a su pago para el 15 de abril de 2025, y que deberá ser cubierto en una sola emisión.
La estrategia, ejecutada por la Secretaría de Desarrollo Social, que encabeza Ernesto Cordero Arroyo, pretende “mejorar los niveles de salud, nutrición y educación de las familias pobres mediante inversiones en capital humano, forjar conexiones sostenibles entre el proyecto Oportunidades y otros programas sociales del gobierno de México a fin de mejorar los resultados de salud y educación para los participantes”.
Con la clave P115067, dice la información institucional, este plan “financiará estudios y servicios de consultoría en respaldo de actividades destinadas a mejorar las conexiones entre Oportunidades y otros programas sociales e iniciativas a fin de mejorar el funcionamiento del programa, especialmente la aplicación del plan sobre pueblos indígenas”.
Paulina Monroy, reportera de Fortuna, evidenció que un préstamo por 5 mil 374 millones 665 pesos ?autorizado por el organismo internacional el 2 de marzo de 2006 para el combate a la pobreza? mostró irregularidades en el manejo de los recursos, administrados por la Secretaría de Desarrollo Social.
La investigación, publicada el 15 de mayo de 2008, dio cuenta de que “el manejo del crédito no atiende las mejores prácticas de administración de deuda que aseguren que la orientación de éste alcance los propósitos deseados. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) –según observaciones de la ASF– se sirvió del préstamo para completar las estimaciones de recursos del gobierno federal. Así, el dinero del BM no se destinó a proyectos de inversión o actividades productivas afines con la política de desarrollo económico y social ni que generaran recursos suficientes para el pago del crédito”.
En tanto, el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2006 nota que la Unidad de Crédito Público de la SHCP manifestó que el préstamo “apoyó acciones que ya habían sido realizadas por el gobierno federal antes de suscribirse el mismo”.
Los 162.59 millones de pesos que prestó a México el Banco Mundial se suman a los 243 mil 725.6 millones de pesos destinados por el gobierno federal en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, en el rubro “Superación de la pobreza”, incluido en el Tercer informe de gobierno del presidente Felipe Calderón.
Tal ha sido el fracaso de la aplicación de estos recursos, que apenas el mes pasado, el primer mandatario pedía al Congreso de la Unión la aprobación en el incremento de impuestos, para el Paquete Económico 2010, so pretexto de beneficiar a “los que menos tienen”.
Campo, un buen pretexto
De los 18 créditos otorgados a México, cuatro se encuentran enfocados a impulsar el desarrollo en el agro nacional. Éstos suman 150 millones de dólares (unos 1 mil 984 millones 500 mil pesos), que aparentemente reforzarán los mecanismos de financiamiento a este sector.
Los proyectos son: Sustainable Rural Development, clasificado con el crédito 106261, por 50 millones de dólares (661 millones 500 mil pesos, aproximadamente); le sigue Savings and Rural Finance, con el folio P111839, por la misma cantidad; Savings and Rural Finance SAGARPA Additional Financing, con el número P106682, por 21 millones de dólares (277 millones 83 mil pesos); y Savings and Rural Finance (Bansefi) Additional Financing Project, P103491, por 19 millones de dólares (251 millones 370m mil pesos).
No obstante, el capítulo “Sector rural”, incluido en el Tercer informe de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, muestra cifras nada halagüeñas respecto del incremento de la pobreza en el campo mexicano, que hasta 2008 afectaba a 27 millones de mexicanos, una cuarta parte de la población de todo el país.
El documento, presentado ante la Cámara de Diputados el 1 de septiembre pasado, indica que 12.2 millones de personas que subsisten en ese sector viven en condiciones de pobreza alimentaria. La cifra corresponde a los datos recabados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), apenas un año antes.
Para 2006, el mismo Coneval registraba 9.4 millones de personas que no contaban con ingresos suficientes para acceder a la compra de alimentos básicos.
La justificación oficial para el incremento de pobres en 2.8 millones de personas es que esta situación se debe, “en gran medida, al adverso entorno nacional e internacional en materia económica, especialmente por el alza de precios de la canasta básica”.
De la población que padece “pobreza de capacidades”, el informe presidencial dice que en hay 15 millones, contabilizadas en 2008, que dos años antes sumaban 12.6 millones de campesinos. De estos 27 millones de jornaleros, la población desprotegida de “patrimonio” asciende a 23.3 millones de mexicanos.
Para leer articulo completo y recuadros AQUI.

Europa cede ante nuevo plan belicista estadunidense

Los aliados europeos dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte cedieron ante la nueva estrategia de escudo antimisiles que propone el presidente Barack Obama. La presencia militar de Estados Unidos en Europa está garantizada por varias décadas.


El apoyo al plan belicista anunciado como defensa balística por Obama en septiembre pasado estuvo contenido entre las declaraciones emitidas durante la reciente cumbre extraordinaria de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), celebrada en Brastislava.
A diferencia de las tímidas posturas asumidas ante el proyecto anterior auspiciado por George W Bush para instalar en Europa hacia 2011 lo que llamó escudo, parece que todos los socios del bloque asumen hoy la propuesta de Obama como “tarea de la OTAN”, expresó el secretario general, Anders Fogh Rasmussen.
Junto a pesos pesados como Alemania, Francia y Gran Bretaña, España dio su beneplácito al despliegue balístico estadunidense, en la figura de la ministra de Defensa, Carme Chacón, quien no especificó de qué manera Madrid participaría en esa arquitectura.
El respaldo de la alianza noratlántica afloró en medio de una gira europea iniciada por el vicepresidente estadunidense, Joseph Biden, del 20 al 24 de octubre, con el propósito de ganar respaldo para la Casa Blanca en Europa del Este.
Polonia, Rumania y República Checa –los tres puntos del periplo– extendieron el publicitado apoyo con la seguridad a Biden de que participarían en los planes conjuntos del Pentágono. Ni Varsovia ni Praga dejaron entrever esta vez los resquemores expresados en septiembre, cuando Obama anunció su retirada del proyecto de Bush consistente en instalar una base de 10 cohetes interceptores en territorio polaco y un radar en Chequia.
Rusia concibió ese esquema como una amenaza deliberada a su potencial disuasivo nuclear y pidió compartir un diseño colectivo para garantizar realmente la seguridad regional en pie de igualdad, llamado que no ha cuajado con acciones concretas.
Con grandes titulares, la gran prensa estadunidense hizo ver que Obama abandonaba la estrategia balística de Bush, mientras el propio presidente y su secretario de Defensa, Robert Gates, hablaban de sistemas antimisiles más “sofisticados, baratos e inteligentes”, que se ubicarían en plataformas móviles, primero en buques de guerra y luego, en tierra.
A juzgar por medios periodísticos estadunidenses, otros países como Ucrania y Georgia podrían acoger en territorio nacional elementos del nuevo escudo. De hecho, en una lista de ofertas aparece el radar de la estación radiológica de Gabalá, en Azerbaiyán, arrendada por Rusia.
También el Kremlin propuso a Washington el empleo del radar de Armavir, en el sur de la Federación, para repeler de manera conjunta eventuales ataques coheteriles.
El viceministro de Exteriores ruso, Serguei Riabkov, confirmó que la administración de Obama lleva a cabo pláticas con sus socios sobre los nuevos planes, y no sólo dentro de la OTAN.
Al mostrar preocupación ante los contactos bilaterales con Kiev, el canciller Serguei Lavrov defendió la postura de Rusia de exigir a las partes negociadoras una actitud responsable durante esos contactos, así como en las declaraciones.
Los entretelones del escudo de Obama
Tanto Obama como los halcones de la guerra en Estados Unidos han tenido cuidado en hacer pública la nueva estrategia del escudo anticoheteril y la han ofrecido como mera revisión técnica de las supuestas amenazas de Irán y una valoración de costos y beneficios.
El elemento tecnológico, en el cual ha trabajado el Pentágono todos estos años, ha quedado soslayado.
Por largo tiempo, la Agencia de Defensa Balística (Missile Defense Agency) amparó el proyecto de Bush con el pretextado axioma de que Irán desarrollaba cohetes portadores de largo alcance con perspectivas para 2015 y que amenazaban a Europa. Sin embargo, un estudio del Instituto Oriente-Occidente (East-West Institute) de expertos rusos y estadunidenses, que salió a la luz en mayo último, indica que las capacidades de Teherán y Pyongyang de armarse con misiles de largo alcance son muy lejanas todavía.
Cierto o no, las nuevas tesis avalaron el giro de la administración de Obama.
La primera potencia nuclear del planeta cuenta ya con dos sistemas antimisiles terrestres en Alaska y en el centro de California.
Según la publicación digital Enkidiu Magazine, Estados Unidos no renunció a los planes de desplegar en Europa elementos terrestres de su escudo, sino que los postergó para 2015, con modernos sistemas SM-3 para impactar misiles de corto y mediano alcance.
La primera fase del programa, al que Obama dio luz verde, comenzará a operar en 2011 con ayuda del sistema de detección basado en la tecnología AEGIS, que acompaña a los buques de guerra con un sofisticado equipamiento de última generación.
Por ahora, dentro de la OTAN sólo España y Noruega disponen de ese sistema de radiolocalización.
Al disertar ante ministros de Defensa del bloque en una reunión en septiembre último, Gates aseguró que el nuevo esquema responderá “con mayor flexibilidad y capacidad” ante amenazas de un supuesto uso iraní de misiles de corto y mediano alcance.
Las baterías de cohetes Patriot entrarán también en el teatro de operaciones, añadió a su vez el Pentágono.
Para una segunda etapa, prevista en 2015, el sistema incluirá instalaciones terrestres móviles ubicadas en territorios del sur de Europa, próximos al Cáucaso, con bases presumiblemente en Turquía, Rumania y Bulgaria, además de Israel, en Oriente Medio.
La tercera fase (a ejecutar en 2018) cubrirá por el norte del Viejo Continente lo que estrategas del Pentágono siguen llamando “cortina de hierro”, término reminiscencia de la Guerra Fría.
El peso del escudo en la estrategia militar diseñada por Obama aflora por sí solo en los gastos de que dispone la Oficina Oval para 2010, cuyo monto, según la propia prensa estadunidense, supera al del gobierno de Bush.
A petición del Poder Ejecutivo, el Congreso de Estados Unidos aprobó un gasto para presupuesto militar de 680 mil millones de dólares.
La votación en el Senado, el 24 de octubre, coincidió con las conclusiones de la gira de Biden por Europa Central.
Al visitar Polonia y Chequia durante un reciente periplo europeo, el vicepresidente estadunidense, Joseph Biden, extendió a esos dos socios de la OTAN la invitación a participar en sus nuevos planes de escudo balístico.
Biden, ante todo, quiso tranquilizar a los aliados en el Este del Viejo Continente al mostrar que el presidente Barack Obama mantiene el compromiso de ayuda militar de la anterior administración de George W. Bush, y que considera clave a Varsovia y Praga para su estrategia regional.
La República Checa está preparada para participar en la estructura del proyectado sistema antimisiles europeo como miembro de la OTAN, aseguró el primer ministro, Jan Fischer, luego de reunirse con el funcionario estadunidense.
El nuevo sistema de escudo, puntualizó Fischer, será en primer lugar un proyecto de la OTAN y su país quiere “buscar y concretar su lugar” en él, acotó.
Sin una propuesta en su portafolio de viaje, Biden anunció que en noviembre próximo viajará a República Checa una comisión de expertos estadunidenses para conciliar detalles de cooperación bilateral en lo que medios periodísticos checos denominan “el escudo de hierro”.
Chequia, Polonia y Lituania habían manifestado anteriormente un abierto desagrado ante la decisión de Obama de suspender presuntamente el despliegue de la tercera región del sistema de defensa antimisiles, que negoció Bush con esos gobiernos en 2008.
Los ministros de Asuntos Exteriores y Defensa de República Checa viajaron a fines de septiembre a Washington para entrevistarse con sus respectivos homólogos, Hillary Clinton y Robert Gates, con la pretensión de reafirmar el interés de participar en la nueva arquitectura balística.
El jefe de gabinete polaco, Wladyslaw Stasiak, reveló a fines de septiembre que existía una oferta general de la Casa Blanca, pero Varsovia quería contenidos concretos sobre un programa alternativo.

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Colombia, el nuevo portaaviones de Estados Unidos

La amenaza a la paz en Suramérica fue consumada la madrugada del pasado viernes 30 de octubre, a espaldas del pueblo colombiano y de toda la comunidad internacional, mediante la firma del acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos.


El documento, firmado en la ciudad de Bogotá por el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Jaime Bermúdez y el embajador de Estados Unidos, William Brownfield, en un acto a puerta cerrada en la sede de la cancillería a las 7:00 horas local, trastoca el delicado equilibrio construido por los países de la región en los últimos años. Para muchos analistas políticos, con la firma de ese acuerdo, el Ejecutivo colombiano cede la soberanía de su país, ya que se instalarán siete bases estadunidenses en territorio colombiano, cuyo personal militar y civil gozará de inmunidad diplomática, entre otras muchas concesiones.
Es difícil no hablar de capitulación de la soberanía colombiana, pues a pesar de que el documento firmado deberá pasar por el Congreso estadunidense, éste no fue enviado a los congresistas colombianos para su debate y eventual aprobación. Ante esta situación, el senador Gustavo Petro, candidato a la presidencia para las próximas elecciones de mayo de 2010, del partido de oposición Polo Democrático Alternativo, ha solicitado al presidente Álvaro Uribe renunciar a él, por carecer de legalidad.
Por otra parte, la amenaza a la paz regional es real, pues el expresidente colombiano Ernesto Samper ha definido esta situación como un estado de preguerra con Venezuela y considera que esto equivale a que Colombia se convierta en una especie de portaaviones para efectuar operaciones de vigilancia electrónica a toda la región suramericana.
La amenaza es real
En el preámbulo del acuerdo se justifica su creación para “promover y facilitar la cooperación regional para contrarrestar las amenazas persistentes a la paz y la estabilidad, como el terrorismo”. Éste ha sido precisamente el argumento utilizado por Estados Unidos para desatar las guerras contra Irak y Afganistán, con el pretexto de preservar “la seguridad nacional” y desmantelar a “grupos sospechosos de terroristas”.
El documento firmado en la madrugada confirma el uso por parte de tropas estadunidenses de siete bases colombianas en Palanquero, Malambo, Tolemaida, Larandia y Apíay, así como las bases navales ubicadas en Cartagena y Málaga. El equipo americano será altamente sofisticado: aviones C-17 y Orión C-3, especiales para el espionaje electrónico y considerados como poco funcionales para combatir a la guerrilla o al narcoterrorismo.
No habrá restricción alguna para las fuerzas estadunidenses en territorio colombiano, pues un aspecto poco conocido hasta ahora de este convenio militar, es que en él se estipula que las aeronaves estadunidenses no sólo tendrán acceso a las siete bases militares colombianas, sino también a igual número de terminales aéreas comerciales. Adicionalmente, se establece que se permite a Estados Unidos la utilización de las instalaciones y sitios que requieran los funcionarios de la Casa Blanca, sin especificarlos. Colombia debe permitir “el acceso y uso de las demás instalaciones y ubicaciones en que convengan las partes o sus partes operativas”. Para que no quede duda de los términos leoninos de este acuerdo, reproducimos aquí sólo algunos de ellos:
1) Artículo IV, del “Acceso, uso y propiedad de las instalaciones y ubicaciones convenidas”: “Las autoridades de Colombia, sin cobro de alquiler ni costos parecidos, permitirán a Estados Unidos el acceso y uso de las instalaciones y ubicaciones convenidas y a las servidumbres y derechos de paso sobre bienes de propiedad de Colombia que sean necesarios para llevar a cabo las actividades dentro del marco del presente Acuerdo, incluida la construcción convenida”.
2) Artículo VI, del “Pago de tarifas y otros cargos”: “Las aeronaves de Estado de Estados Unidos, cuando se encuentren en el territorio de Colombia, no estarán sujetas al pago de derechos, incluidos los de navegación aérea, sobrevuelo, aterrizaje y parqueo en rampa”. “Los buques de Estado de Estados Unidos recibirán el mismo tratamiento y privilegios que los buques de guerra, y en consecuencia no estarán sujetos al pago de tasas de señalización marítima y fondeo. Estados Unidos pagará las tarifas establecidas en los puertos concesionados por los servicios solicitados y recibidos de las empresas comerciales”. Por si fuera poco, este artículo explicita que “de conformidad con el derecho consuetudinario internacional y la práctica, las aeronaves y buques de Estado de Estados Unidos no se someterán a abordaje e inspección”.
3) Artículo X, de la “Importación, exportación adquisición y utilización de bienes y fondos”: “Colombia exonerará a Estados Unidos y a los contratistas de EU de todas la tarifas aranceles impuestos y demás tributos”.
Tampoco serán objeto de inspección por parte de las aduanas colombianas aquellos bienes importados o exportados que estén destinados a las actividades que se llevan a cabo en el marco del acuerdo.
En este sentido, en el artículo XVII del convenio, referido a las “Licencias de conducción, matrículas, seguros de vehículos y licencias profesionales”, se le da plena libertad a los funcionarios estadunidenses en Colombia para conducir vehículos, buques y aeronaves sin supervisión.
Algunas consideraciones de los países de la región
Desde que las naciones del sur del continente conocieron de la amenaza estadunidense en la región, manifestaron sus inquietudes a través de diversas declaraciones. No sólo eso, pues además efectuaron una reunión extraordinaria de la Unión de Naciones del Sur en Bariloche, Argentina, el 28 de agosto pasado para analizar y formar un frente común ante la virtual amenaza de guerra. A pesar de ello, los gobiernos regionales no conocieron el texto del acuerdo hasta varios días después de que fue firmado por las partes.
Los países suramericanos consideran que uno de los peligros de las instalaciones militares radica en que en Colombia habrá permanentemente por lo menos 1 mil 400 soldados estadunidenses, 800 de manera directa y otros 600 bajo condición de contratistas con absoluta inmunidad, lo que les permitiría cometer cualquier delito sin ser enjuiciados.
Aunado a lo anterior, existe un documento del Departamento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, dado a conocer por la abogada estadunidense Eva Golinger, el cual revela que “entre las intensiones del pacto está realizar operaciones militares continentales, y también para neutralizar gobiernos considerados “antiestadunidenses”. En él se señala que la base militar de Palanquero “garantiza la oportunidad para conducir operaciones de espectro completo por toda América del Sur”. Este documento, señala la abogada, fue redactado en mayo de 2009 como parte de la justificación del presupuesto para 2010 enviado por el Pentágono al Congreso estadunidense.
Para Hugo Chávez, presidente de Venezuela, “Colombia decidió entregarle su soberanía a Estados Unidos. El gobierno de Colombia se encuentra en el Pentágono (…) Ya Colombia no tiene gobierno en su territorio”. El presidente venezolano señaló además a la prensa local e internacional que uno de los objetivos de la presencia militar estadunidense es intentar vincular a Venezuela y a su gobierno con el narcotráfico. Chávez no es el único en considerarlo así, pues el expresidente colombiano Ernesto Samper afirma: “No hay que engañarnos, lo que vamos a hacer es como prestarle el balcón a una persona que no vive en un edificio para que venga a colocar reflectores y videocámaras sobre los vecinos”. En efecto, los vecinos se encuentran muy inquietos con la justa razón que les otorga la inminente llegada de aeronaves y armamento militar en el nuevo portaaviones “Colombia”.
*Doctor en derecho de la cooperación internacional por la Universidad de Toulouse I, Francia

Gobierno hostiga a defensores de derechos humanos

En Chiapas se recrudece el hostigamiento gubernamental contra el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Diego Cadenas –su presidente– denuncia agresiones físicas, amenazas y una campaña mediática de desprestigio, que se inserta en “la lógica de la criminalización social y la estrategia contrainsurgente”. Con la andanada –explica–, los gobiernos de Felipe Calderón y Juan Sabines estarían protegiendo proyectos de “desarrollo” que despojan territorios a los pueblos indios.

En detrimento de las comunidades y pueblos indios, los gobiernos federal y de Chiapas imponen proyectos de inversión minera, turística, bioenergética y de construcciones modulares. Tan sólo en 2008, la administración de Juan Sabines Guerrero “consiguió” que la minera Black Fire Exploration, de origen canadiense, invirtiera más de 5 millones de dólares en la entidad.
Además, entre los ocho proyectos mineros no metálicos que en la actualidad promueve la Secretaría de Economía federal se encuentra el del Cerro de la Campana, cuya mina de mármol y caliza afectará al ejido Efraín A Gutiérrez, localizado en el municipio Berriozabal, consta en la página de internet de la dependencia.
Aunque los llamados proyectos de “desarrollo” supuestamente se justifican con la creación de empleos, defensores de derechos humanos advierten que el impulso a la iniciativa privada extranjera también conlleva criminalización, asesinatos, encarcelamientos, hostigamiento, despojo de tierras y saqueo indiscriminado de recursos.
Ése es el caso de Chiapas, cuyo mandatario se describe como “el mejor aliado de la inversión” y que ahora está marcado por ambos temas: la imposición de proyectos y al menos una decena de conflictos sociales relevantes, además del todavía no resuelto levantamiento armado que encabeza el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
En su mayoría, los problemas sociales han sucedido en lo que va de la administración de Sabines Guerrero y se derivan del tema territorial. Por ejemplo, los despojos de tierras que llevan a cabo presuntos paramilitares de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic); la criminalización de la lucha por la gestión autónoma de las cascadas de Agua Azul; las resistencias a la actividad minera en ocho municipios y a la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque.
A ello se suman las incursiones del Ejército Mexicano, la Policía Federal, la Policía Estatal Preventiva y la Procuraduría General de la República (PGR) en comunidades en resistencia y la criminalización de los defensores de derechos humanos que acompañan las quejas y brindan asesorías jurídicas y sicológicas a los agraviados.
En este último caso, en 2009 se han registrado al menos cuatro tipos de agresiones reiteradas contra los integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba): vigilancia (atribuida por el Frayba al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Cisen); persecución (orquestada por miembros asociados al gobierno estatal); hostigamiento (por parte de la Opddic) y descalificación (por los medios de comunicación locales).
Al igual que el hostigamiento a los pueblos, en meses recientes el acoso gubernamental contra los defensores se ha incrementado. El 7 de agosto pasado, Esdras Alonso González, dirigente de la iglesia evangélica Alas de Águila, del Ejército de Dios y vinculado al gobierno estatal, demandó penalmente ante la PGR a Diego Cadenas, presidente del Frayba, a ejidatarios de la comunidad de Mitzitón y al periodista Hermann Bellinghausen.
Según el propio dicho del demandante, la PGR inició la averiguación previa APPR6/CHIS/SC/III/075/2009 por los supuestos delitos de “ataques a las vías de comunicación, contra la paz y la seguridad de las personas, la biodiversidad y el allanamiento de morada”.
Otro hecho relevante aconteció el pasado 18 de septiembre, cuando Ricardo Lagunes Gasca fue emboscado y golpeado por integrantes de la Opddic, organización identificada por el Frayba como de corte paramilitar. El ataque ocurrió cuando el abogado, integrante del centro, concluyó una visita al ejido Jotolá, municipio de Chilón, donde informó los avances del proceso jurídico que lleva a favor de los presos políticos de San Sebastián Bachajón.
Proyectos de inversión, detrás del acoso
En entrevista con Contralínea, Diego Cadenas identifica que los gobiernos federal y estatal están detrás del acoso, pues ambos pretenden imponer “proyectos de desarrollo” en Chiapas.
Explica que, como los derechos de los pueblos indígenas y en particular la defensa del territorio son ejes estratégicos del Frayba, éste desarrolla un método de defensa social integral que procura que las comunidades y las organizaciones protagonicen, en lo posible, su defensa.
Este método, indica, coincide con la nueva etapa en la consumación de “distintos ‘proyectos de desarrollo’, entre comillas, de empresas trasnacionales que tienen el apoyo, el servilismo del gobierno federal y del gobierno del estado”.
Detalla que hasta con modificaciones legislativas se dan facilidades a las trasnacionales para sustraer los recursos naturales que se encuentran en territorios indígenas. Subraya, además, que en Chiapas estos proyectos son sobre todo mineros y turísticos.
Conflictos mineros
De acuerdo con el Segundo informe de gobierno de Juan Sabines, hecho público en diciembre de 2008, el gobierno chiapaneco no sólo ha “fortalecido” relaciones con empresas españolas –Grupo Arpa, Prointec, Isolux Corsán, Mall y Ecofuel–, sino que éstas invertirán “en los sectores bioenergéticos, construcciones modulares y turísticas (sic)”.
El mismo documento expone: “Como resultado de las relaciones con el gobierno de Canadá, logramos que la empresa Black Fire Exploration México invirtiera en la industria minera más de 5 millones de dólares, generando 250 empleos directos y mil indirectos”.
Parte de esa inversión –garantizada jurídicamente por una de cuatro concesiones que le otorgó la Secretaría de Economía federal para operar proyectos en esa entidad– le permite poseer en Chicomuselo, Chiapas, la mayor mina de barita en el mundo, con una producción de 360 mil toneladas al año y con ingresos calculados en 45 millones 500 mil dólares anuales, informó la agencia de noticias Efe en agosto de 2008.
Chicomuselo es uno de los ocho municipios chiapanecos con conflictos sociales derivados de la actividad minera. Allí, en la comunidad de Grecia, se han documentado graves afectaciones al medio ambiente, señala Diego Cadenas.
Los problemas, sin embargo, no son sólo ecológicos: desde antes de que se instalara la mina, en 2006, los residentes denunciaron el despojo ilegal de sus tierras. Los otros siete municipios con problemáticas similares son: Siltepec, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Porvenir, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero y Motozintla.
Según estimaciones, la mina a cielo abierto en Chicomuselo tendrá una vida útil de 100 años y, una vez agotado el mineral que ahora explota, Blackfire Exploration extraerá titanio.
“Hay ya permisos de exploración a distintas empresas mineras en el estado, principalmente en el municipio Venustiano Carranza, en donde acompañamos a una comunidad”, denuncia Cadenas.
Información de la Secretaría de Economía federal indica que en Chiapas existen nueve proyectos mineros operados por compañías de capital extranjero, cuatro de ellos concesionados a Black Fire Exploration, Ltd: La Cristiana (exploración), Siete Mulas y La Mulita (exploración), Pijijiapan (exploración) y La Revancha (producción).
Otras cuatro concesiones de exploración están en manos de la también canadiense Linear Gold Corp: Los Olivos, Motozintla, Niquivel e Ixhuatan; mientras que el noveno proyecto ­­–llamado Amatista, La Fruta y El Mole y reportado como suspendido– fue concesionado a Radius Gold, Inc, empresa también proveniente de Canadá.
Criminalización de la protesta
A la par de los incentivos a las inversiones empresariales, el Estado mexicano endurece las leyes, sobre todo penales, para sancionar cualquier oposición a los proyectos, critica Diego Cadenas.
Indica que la criminalización de la protesta social no sólo afecta a esa entidad. “Hoy en Chiapas existe, por ejemplo, la figura de instigación a la violencia, destinada a la gente que está en movimientos sociales; pero también la Constitución (mexicana) se ha reformado con la justificación de la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico, y se le han dado más facultades al Ministerio Público para arraigar, en perjuicio de los derechos y las garantías de los ciudadanos”.
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A construir el poder popular: Jacobo Silva y Gloria Arenas

Las condiciones que los llevaron a levantarse en armas “se han agudizado” bajo el calderonismo, dicen Jacobo Silva y Gloria Arenas al alcanzar la libertad luego de 10 años de prisión. En entrevista con Contralínea, el excomandante Antonio y la excoronela Aurora, antiguos integrantes de la Dirección Nacional del ERPI, señalan que ahora su lugar está en la lucha social. Consideran que el movimiento de López Obrador “es limitado” y, de ganar la Presidencia, sería como el triunfo de Fox sobre el PRI. El cambio, aseguran, no será por la vía institucional. Llaman a construir “poder popular”, autonomías y a romper de manera radical con la clase política mediante “esfuerzos” como La Otra Campaña.
Zósimo Camacho
“Valió la pena la cárcel. No tenemos por qué avergonzarnos; por el contrario, todo lo que pasamos antes y en ella nos hace sentir orgullosos”, dice sereno pero con firmeza Jacobo Silva Nogales. Su esposa, Gloria Arenas Agís, asiente y sonríe.
Antes de la cárcel, fue la lucha social y la lucha armada. Nunca negaron que, al momento de su detención, pertenecían al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), uno de los movimientos guerrilleros más importantes del país. Él tenía el grado de comandante. Ella, de coronela. Ambos formaban parte de la Dirección Nacional de la guerrilla más fuerte en el estado de Guerrero, escindida en 1998 del Ejército Popular Revolucionario (EPR). Antonio era el nombre de guerra de Jacobo. Aurora, el de Gloria. La detención de los insurgentes fue calificada por el ERPI como “el más fuerte golpe que el enemigo ha propinado a nuestro proyecto revolucionario después de la masacre de El Charco”.
—Después de 10 años de máxima seguridad, salir a un patio más grande ya hubiera sido quizás libertad para mí –dice Jacobo: playera azul tipo polo, chamarra negra, aún casquete corto de un cabello que empieza a encanecer.
Seis días después de su aprehensión, ocurrida el 19 de octubre de 1999 en un restaurante de comida china en la ciudad de México, fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 1, entonces conocido como Almoloya, más tarde como La Palma y después como El Altiplano. Fueron nueve años con siete meses bajo el más estricto régimen carcelario de México. A partir del 24 de mayo y hasta su liberación, estuvo recluido en el Cefereso 4 Noroeste, ubicado en El Rincón, Tepic, Nayarit, donde pudo “tocar el pasto y ver algunos niños”.
El México que encuentra “es muy diferente”. Considera que las condiciones de pobreza, desigualdad y represión son “más extremas” que cuando decidió levantarse en armas. “La situación de la gente ha cambiado, pero para empeorar”.
Ataja: “Nosotros actualmente nos encontramos en la lucha social. Es nuestro campo ahora. Antes fue la lucha armada”.
En la conferencia de prensa realizada el 30 de octubre en el Club de Periodistas de la ciudad de México, Jacobo había dicho: “Estoy en la lucha social, pero mi corazón está con la guerrilla, con el ERPI, con el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional)”.
—Es válida cualquier vía o forma de lucha porque no depende de nuestra voluntad; no depende de lo que yo prefiera, sino de las condiciones que existan –dice Gloria Arenas, de chamarra afelpada cerrada hasta el cuello, aretes discretos, cabello recogido.
Agrega: “Quien favorece el paso de la lucha pacífica a la lucha armada es el mismo Estado y la represión. Entonces no depende de nuestra voluntad; depende de las condiciones del país el que se dé una u otra o todas las formas de lucha de manera simultánea”.
Gloria fue detenida el 22 de octubre de 1999 en San Luis Potosí, en su domicilio particular. Fue recluida en el Cefereso 1 por dos años. Luego de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue trasladada al estatal Centro de Readaptación Social (Cereso) Neza Bordo, en el Estado de México, prisión en la que permaneció tres años. Finalmente, estuvo recluida en el Centro Preventivo y de Readaptación Social Sergio García Ramírez, de Chiconautla, Estado de México, desde 2004 y hasta el pasado 28 de octubre.
Tampoco tiene dudas: “Entramos a la cárcel ya cuando el país estaba en crisis; había represión, y existía el narcotráfico, los cárteles y la violencia. Pero todo se ha agudizado. Y además, ahora esta violencia es utilizada para reprimir al movimiento social”.
Al momento de su detención, en el sexenio de Ernesto Zedillo, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) cumplía 70 años ininterrumpidos en la Presidencia de la República. Y no sólo controlaba el Poder Ejecutivo: su dominio en el Legislativo era casi absoluto.
Jacobo concede: “Antes había un monopartidismo y ahora hay competencia electoral. Y el pueblo se hizo ilusiones. Pero ahora hay desencanto. Ya sabe que esperar un cambio por la vía electoral o por las instituciones es una ilusión más”.
Gloria sonríe. Cruza los brazos. Comienza a hablar en voz baja.
­—Hay quienes creen que la democracia es poder ir a las urnas cada tres años, o cada seis, y votar por un partido, cuando la democracia sería que los que estamos abajo tomemos las decisiones importantes de este país, las que nos afectan y las que afectan a la nación.
Agrega que mientras las personas no puedan decidir sobre sus destinos no habrá democracia. No es un asunto de si gobierna el Partido Acción Nacional (PAN) o vuelve a ganar el PRI. “O podría ganar el PRD (Partido de la Revolución Democrática). Es una clase política parásita. No puede ser que la democracia sea elegir entre estos miembros de la clase política tan corruptos y desprestigiados. No puede ser que la democracia sea elegir forzosamente de ellos a nuestros gobernantes”.
Jacobo arruga la frente hasta formar dos caños entre sus cejas. Mantiene sus puños sobre la mesa. Va más allá: “No debe haber esperanza en las instituciones; el cambio va a ser incluso a contrapelo del movimiento que sí crea en la instituciones”.
—¿Un movimiento como el de López Obrador? –se le pregunta.
—Ése es un movimiento muy limitado que puede llegar, en un momento dado, al poder. Pero no va a hacer el cambio. Sería una situación bastante parecida a la que ocurrió con la llegada del PAN al poder: una gran alegría, una gran esperanza; pero que se derrumba en menos de 15 minutos. Así ocurriría con un gobierno perredista.
—De qué manera se garantiza que la gente incida en los destinos del país.
Ahora quien responde es Gloria.
—Necesitamos romper completamente con la clase política y con las instituciones. Son un engaño. Tenemos que construir desde abajo algo nuevo: autonomías, poder popular. Necesitamos construir lo que va a sustituir a lo que rompemos: cuando las comunidades hacen radios comunitarias están construyendo lo que sustituirá a Televisa y Tv Azteca, y cuando los zapatistas construyen caracoles están haciendo gobiernos distintos a los que estaban. El reto es que toda esa construcción se haga a nivel nacional. Todavía no se tiene la receta de cómo hacerlo.
—¿La propuesta de La Otra Campaña?
—Es un esfuerzo que da en el clavo de las necesidades del país en este momento. Que la gente y las organizaciones de izquierda, pero la izquierda de abajo, nos conozcamos, nos reconozcamos, nos relacionemos y nos coordinemos; pero respetando las formas y los modos de cada quien.
Por su parte, Jacobo reconoce como uno de los méritos de La Otra Campaña el lograr unificar movimientos sociales y sectores que parecía que no podían conciliarse.
—Nosotros mismos, en otro momento, pudimos haber pensado que no teníamos por qué incorporarnos a una iniciativa de esta naturaleza; pero lo hicimos desde prisión. Este movimiento ha logrado avances importantes sin que implique la generación de expectativas de tipo partidista tradicional.
Agrega que una de las lecciones del zapatismo es que, “cuando parece que todo está en calma, hay una corriente subterránea que puede irrumpir en cualquier momento.
La otra “gran lección”, señala, la dio Atenco, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, porque demostró que “se puede generar una fuerza tan explosiva que puede llegar a contraponerse exitosamente a un proyecto internacional; y basado en qué: en la fuerza del pueblo, ese pueblo al que el día anterior podría habérsele golpeado, humillado”.
Gloria destaca el ejemplo de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, “de la gente que tal vez sintió miedo cuando escuchaba que venían escuadrones de la muerte; pero que salían a proteger las antenas de las radiodifusoras”.
Jacobo, puesto en libertad un día después que Gloria, confiesa que luego del sometimiento por 10 años a las condiciones de los penales de máxima seguridad, no sabía ni usar el dinero ni hablar por teléfono. Al momento de salir de prisión le preocupó cómo se desenvolvería en un ambiente donde las personas no fueran o presos o custodios.
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Comisión Federal de Electricidad a la caza de deudores

En medio de la aguda crisis económica por la que atraviesa el país, la Comisión Federal de Electricidad comenzó la “cacería” de deudores, en la que promueve que se encarcele a jefes de familia por no pagar el consumo de energía, y que en diversas entidades se criminalice la protesta social en contra de los altos precios del servicio.

Los pobladores de Candelaria, en el estado de Campeche, dedicados en su mayoría a la agricultura, silvicultura, pesca, crianza de animales y pequeño comercio, se manifestaron por los altos cobros de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); de 50 pesos bimestrales en un periodo de seis meses, pasó a 4 mil y 5 mil pesos en promedio bimestral, enteramente desproporcional a sus ingresos familiares y al salario mínimo en la región que es de 49.50 pesos diarios.
Para cubrir el consumo, echaron mano del dinero destinado a los alimentos, el agua, gas y medicamentos, pero al poco tiempo no hubo dinero que alcanzara a cubrir los graduales aumentos en las tarifas, así que ante la CFE se declararon en mora de pagos, por lo cual fueron procesados y encarcelados.
En agosto de 2006, las familias de 30 comunidades se agruparon en el frente denominado “Resistencia Civil Contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica”. Primero, expusieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno su problemática, y demandaron un reajuste a las tarifas, problemática que en el Congreso de la Unión han planteado en diversas ocasiones diputados federales de entidades del norte del país.
Con el lema “¡No a la privatización de la energía eléctrica!” y en demanda de “tarifas justas”, las familias de Candelaria organizaron manifestaciones, plantones, mítines, encuentros y foros en otras entidades. Infructuosamente esperaron una solución del gobierno.
La respuesta fue la represión y el encarcelamiento de varios de ellos, las primeras presas de una “cacería” de deudores que la CFE hoy extiende a, por lo menos, sietes estados: Campeche, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Querétaro y Chihuahua, que a excepción de Querétaro, se trata de las entidades que, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Desarrollo Social, concentran los municipios y comunidades en mayor depauperación de todo el país.
Pobreza criminal
Ubicado a 239 kilómetros al sureste de la capital de Campeche, Candelaria es el segundo municipio con el Índice de Desarrollo Humano más bajo de la entidad, sólo por debajo de Calakmul, su vecino del Este. Con cerca del 20 por ciento de su población analfabeta, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el municipio encabeza también los índices de desempleo en la región.
Antaño terruño de fincas chicleras que sucumbieron junto con su principal activo, en Candelaria, la mayoría de sus 37 mil residentes –herencia del emporio que creó la The Campeche Timber & Fruit Company– cohabita en cobachas, hacinados en dos o tres habitaciones que hacen las veces de dormitorio, cocina, comedor y estancia para familias de seis a ocho integrantes. Las mejores están construidas con block y piso de cemento o firme, aunque más del 20 por ciento aún tiene piso de tierra.
El principal bien con el que cuentan algunas familias es una televisión, un refrigerador, un ventilador y un radio. No hay lavadoras ni hornos. El consumo de energía eléctrica es relativamente bajo. Dos o tres focos son suficientes para alumbrar la vivienda, de hecho, sólo 4 mil 272 casas de las 6 mil 194 que hay en Candelaria dispone de energía eléctrica, según cifras oficiales del gobierno de Campeche.
En ese empobrecido municipio se registran los primeros casos de jefes de familia encarcelados por no poder pagar las altas tarifas de energía eléctrica de la CFE, las cuales, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se ubican entre las más caras del mundo.
A partir del 2004, millones de familias en todo el país vieron incrementados sus cobros en el consumo de electricidad sin un aumento significativo del consumo real, a raíz de las modificaciones a las tarifas zonales y a la reducción de los subsidios del gobierno federal. El ingeniero José Luis Apodaca, del Frente de Trabajadores de la Energía, aduce este incremento a una mera política gubernamental “de encarecimiento”.
Las detenciones
Amnistía Internacional y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) acreditaron que en un operativo violento, el 9 de julio de 2008, personal de CFE inició los primeros cortes masivos de energía eléctrica en Candelaria: dejó sin luz a 12 familias. La comunidad se agrupó para exigir la reinstalación.
En septiembre, la CFE ordenó suspender la energía a los morosos, particularmente a los integrantes del movimiento “Resistencia civil contra las altas tarifas de energía eléctrica”. Los cortes iniciaron a las nueve de la mañana del 25 de septiembre, en un operativo en el que participaron 20 camionetas de la CFE y tres patrullas de la policía municipal. Se cortó el suministro a 60 familias.
Los colonos iniciaron protestas pacíficas ante las oficinas de la CFE, quejándose de que su condición económica les impedía cubrir los adeudos, que, según los cálculos de la CFE, llegaban en algunos casos a 30 mil pesos. Sara López y Joaquín Aguilar, voceros del movimiento, se reunieron con el jefe del Departamento Comercial de la CFE, Leovigildo Domínguez López, quién se comprometió a respetar al grupo e informar a las instancias correspondientes sobre la situación.
Sin embargo, ese mismo día el representante legal de la paraestatal, Joel Rafael Baeza Manzanero, presentó una demanda penal ante la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Escárcega, en contra los colonos, por el delito de “obstrucción de obra o servicio público y otros que resulten contra funcionarios federales”. Se integró en la averiguación previa AP/PGR/CAMP/ESC-I/103/2008 bajo los cargos de violación al artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y al artículo 185 del Código Penal Federal, “por oposición a que se ejecute una obra o trabajo determinado”.
El pasado 25 de junio se consignó la averiguación. Con los elementos aportados por el ministerio público federal, en la causa penal 45/2009, el Juez Segundo de Distrito en Campeche, Mario Toraya, liberó órdenes de aprehensión en contra de 33 personas: Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez, Andrés Aguilar López, Guadalupe Borjas Contreras, Filiberto Reyes y/o Rigoberto Reyes Aguayo, José Alberto Villafuerte García, Víctor Díaz Andrade, Octavio Solís Cortés, Elmer Castellanos Velazquez, Guadalupe Lizcano Gómez, Miguel Félix Acopa, Salatiel Concepción de la Cruz, Emilio García de la cruz, Eduardo Pérez Oy, María del Carmen Domínguez Guzmán.
Además de Turi Ramírez Domínguez, Nicolás Arcos Guzmán, Humberto Arcos Díaz, Abigail Canal López, Héctor Alejos Jiménez, Domingo Álvarez Silvano, Ricardo Uc Canal, José Cambranis, Luis Domínguez Bautista, Miguel Domínguez Martínez, Julia Baeza Cruz, María Elena Rosario Muñoz, Rodrigo Reyes Aguayo, Manuel Aguilar Compán, Miss Salas Rosas, Manuel Rodríguez, Juana Pech y Lourdes Félix Alejo.
La madrugada del 10 de julio se cumplieron cinco aprehensiones. La Policía Ministerial Federal detuvo en sus domicilios a Sara López, Joaquín Aguilar, Elmer Castellanos, Guadalupe Borjas y Guadalupe Lizcano.
Amnistía Internacional acreditó numerosas irregularidades durante las detenciones:
Al filo de las 5 de la mañana, Sara López escuchó fuertes golpes en la puerta de su casa. Minutos después, policías ministeriales rompieron las puertas e ingresaron a la vivienda. No se identificaron ni presentaron orden judicial alguna.
?¡Hijo de tu puta madre, cómo te llamas!” –increparon a Joaquín.
?¿A quién buscan? –preguntó Sara. Nosotros tenemos un abogado.
?¡A tu abogado también se lo va a llevar la chingada!
Sara fue obligada a cambiarse de ropa frente a los agentes. Luego encañonaron a su hijo y esposaron a Joaquín. En tanto, en los domicilios de Guadalupe Lizcano, Elmer Castellanos y Guadalupe Borja, ocurrían detenciones similares con violencia e insultos.
Sin informar a los familiares dónde los trasladarían, a Sara y Joaquín los metieron a una camioneta. El trayecto fue aderezado con golpes en la cabeza y cuello, amenazas, y el terror perenne de sentir el cañón de las armas en la cabeza.
Los cinco detenidos fueron trasladados a la delegación de la PGR en Campeche. Hasta las once de la mañana, a Sara le permitieron telefonear a sus hijos para informarles que los ingresarían al Centro de Readaptación Social (Cereso) de San Francisco Kobén. Seis días después se les dictó auto de formal prisión por los delitos de “privación ilegal de la libertad en su modalidad de retener una persona como rehén y obstrucción o impedimento de una obra o servicio público”.
La averiguación previa PGR/CAMP/ESC-I/103/2008, a la que tuvo acceso Contralínea, integra la declaración de los ocho testigos de la CFE, todos ellos trabajadores de la paraestatal. En su testimonio, cada uno simplemente ratifica lo que dijo el testigo que le precedió en su declaración.
Una declaración ilustrativa es la de Kermitt Leonardo Bacelis Patrón, jefe de oficina de la CFE en Candelaria, quien el 15 de octubre de 2008, dijo estar “de acuerdo con la denuncia y querella interpuesta por el licenciado Joel Baeza Manzanero (apoderado legal de CFE), y con el contenido de la comparecencia del licenciado Leovigildo Domínguez López, jefe del Departamento Comercial de la CFE en Candelaria”.
Ninguno de los testigos se refirió a hechos propios, sino a los declarados por su jefe directo y por el apoderado legal de la CFE. Al respecto, David Peña Rodríguez, de la Asociación de Abogados Democráticos, representante de los inculpados, denuncia que “los testigos indebidamente fueron orientados y aleccionados por el Ministerio Público de la Federación para encuadrar las denuncias y posteriormente liberar las órdenes de aprehensión”.
Ello, explica Peña, “es una acción irregular, violatoria y dolosa por parte del representante social federal, y constituye una grave violación a los principios procesales que rigen la integración de toda averiguación previa, y constituyen una violación procesal grave que vulnera los derechos humanos de los procesados”.
Al estilo Cisen
El 7 de noviembre de 2008, cuando se integraba la averiguación previa, el Ministerio Público giró un oficio al representante de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Jorge Adalberto Sánchez Aparicio, para que sus agentes investigaran “el nombre o los nombres de las personas que aparecen en las placas fotográficas que obran en la presente indagatoria, emitidas por la perito K. Paloma Sánchez Cadena”, y también “el modus vivendi y modus operandi de dichas personas”.

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