viernes, julio 16, 2010

Cayetano Cabrera morirá en huelga de hambre; Calderón será el culpable!

México, DF. El electricista Cayetano Cabrera es atendido por el médico del SME, tras 83 días en huelga de hambre en el campamento del Zócalo capitalino. Ap
A Cayetano, @ugaling, @sangreSME

Cayetano Cabrera morirá en huelga de hambre; Calderón será culpable, pero también líderes obreros y de izquierda

Pedro Echeverría V.

1. Después de 81 días de huelga de hambre en el Zócalo de la ciudad de México, el obrero electricista Cayetano Cabrera, él solito, nos ha demostrado –en muy valiosas declaraciones a la periodista Aristegui- que México está como está: explotado, sometido y oprimido, porque los mexicanos (¿todos?) no hemos sido consecuentes con nuestras luchas “al estar siempre dispuestos a transar o negociar cualquier movimiento o demanda dejándolo todo a medias o de plano derrotado”. Señaló categóricamente Cayetano: “en una huelga de hambre sólo hay dos salidas: o logras los objetivos propuestos o mueres, y con esta convicción estoy aquí”. Cayetano morirá como un mártir porque en México cada organización social o política –por angas o por mangas- sólo atiende sus propios intereses sectarios, gremiales o de partido. Buscan negociar, transar, “conseguir algo para avanzar”.

2. Al gobierno fascista de Calderón, por medio del secretario del Trabajo -su brazo más golpeador- le importa un bledo que mueran de miseria, por enfermedades curables, por asesinatos de cientos de miles de mexicanos, o por huelgas de hambre. Estaría dispuesto el fascista presidente ofrecerle a Cayetano una mejor situación de ingresos que la que tenía; pero el huelguista ha sido claro: “no lucho por mis intereses particulares sino por los 44 mil obreros cesados, por su organización independiente y porque se cumpla el contrato y las leyes que lo respaldan.” ¿Qué hacen los obreros del SME, los 60 exhuelguistas de hambre y sus líderes sino repetir las mismas presiones que han fracasado durante 10 meses por no haber logrado la unidad real, práctica, física, de otros trabajadores y ciudadanos? Por eso señalo que el fascista Calderón será culpable, pero quizá mucho más los líderes “de izquierda”.

3. López Obrador, con sólo levantar la mano, reuniría a por lo menos 50 mil personas en el Zócalo en posición de lucha; la UNT de telefonistas, universitarios, FAT y otros sindicatos con sólo dar una consiga podría situar en el Zócalo a varias miles de trabajadores; los pequeños organismos: trotskistas, maoístas, anarquistas, zapatistas –con una convocatoria y junto a los obreros- pronto estarían bloqueando calles y edificios para obligar a Calderón y a su faldero Lozano a dar pasos atrás. Hay muchos ejemplos concretos de poder realizar esa movilización, aunque sea iniciándola en sábado. Sin embargo en nuestro país, desde siempre, la izquierda prefiere hacer las cosas en solitario, sólo a partir de sus propias demandas, cuidando que “nadie penetre su movimiento y lo confundan”, para demostrar su fuerza particular y poder negociar también en lo oscurito.

4. Pareciera que en México siempre hay “valores entendidos” entre los políticos, los empresarios y todos. Aunque algunas veces se diga lo contrario hay principios sagrados del capitalismo, como el respeto a la propiedad privada, respeto a las reglas impuestas por la democracia burguesa, respeto a toda la institucionalidad, que son intocables porque son básicos para la conservación del sistema de explotación y dominación. Todos pueden mentarle la madre –y siempre así se hace- al PRI, al PAN, al PRD, a todos los políticos, pero nada contra el sistema. Aunque el pueblo se esté muriendo de hambre por falta de trabajo no se podrá robar un pan o una cartera, tampoco invadir un terreno, una fábrica o una casa abandonados para trabajarlo o vivirla. El ejército y la policía reprimirán con toda su fuerza a los “delincuentes invasores”. ¿Qué tal si les quitan el registro por apoyar?

5. Por eso es importante enterarse acerca de lo que sucede en otros países; porque si bien “México es México y como México no hay dos”, habría que preguntarse: ¿Por qué los cubanos pudieron hacer una revolución en 1959, a que se debe que los venezolanos han podido mantener a Chávez en el poder mientras se profundiza su proceso y cuáles son las diferencias por las que Evo Morales con la gran fuerza indígena hace transformaciones importantes en Bolivia? ¿Por qué los panameños, que apenas son 3 millones y medio de habitantes han logrado el día de hoy paralizar su país con una huelga general contra la Ley laboral y nosotros la sufrimos en la práctica desde hace más de 10 años? Sí, hay particularidades históricas muy concretas en cada país, pero también tenemos indígenas, campesinos, obreros, ciudadanos explotados, oprimidos y hambrientos que durante el último siglo no se han podido poner en movimiento.

6. Nunca las izquierda y los movimientos sociales llegamos a saber qué es lo que falla, menos lo sabremos si nada hacemos para desenmarañar las causas por las que hemos soportado la dictadura del sistema: debe recordarse que soportamos casi 30 años al dictador López Santana (1825-55), 35 años de dictadura de Díaz (1876-11), 70 años de dictadura del PRI (1929-2000) y 10 años de dictadura panista (2000-10) No son dictaduras por el número de años de dominación, sino dictaduras porque una clase social minoritaria impuso su poder a sangre y fuego a la inmensa mayoría del país. En muchos pueblos y comunidades se han registrado gobiernos de viejos honrados que han durado en el cargo 20 o 30 años, pero sus gestiones no han sido de clase sino que unidas estrechamente con la población. Más aún han sido gobiernos honoríficos que no cobran por este trabajo. El problema de los gobiernos es cuando están al servicio de una clase minoritaria que explota y oprime.

7. ¿Por qué denuncia el valeroso Cayetano Cabrera, huelguista con 81 días sin injerir alimentos sólidos, que todos los movimientos sociales en México sólo son a medias, no son consecuentes, se paralizan con una promesa y cifran esperanzas en la negociación con el gobierno, en la legalidad y sus leyes? Esto es lo que habría que estudiar, pensar, reflexionar bien. Y con ello también cabría pensar en no mandar a la gente al matadero, es decir, a que las golpeen, encarcelen o asesinan, si sabemos que la gente no está dispuesta a sacrificar nada, es decir, a llegar al fin en sus luchas. Cualquiera insulta al PRI, al PAN, al PRD, al gobierno; incluso ya es trivial, risible, como un deporte nacional. Lo importante es pensar y hacer algo serio que permita organizar batallas contundentes, suficientemente fuertes, para dejar de llorar que nos reprimieron. A no ser que sólo estemos planteándonos defendernos.

http://pedroecheverriav.wordpress.com

Cayetano nos esta hablando ¿Estas escuchando?

http://www.youtube.com/watch?v=jHVHiW197rU

Amenazan A Medico Que Atiende A Huelguista Cayetano Cabrera Esteva Del SME NOTICIS MVS


http://www.youtube.com/watch?v=oFcMLdHssYA

¿Quiénes son?

Regeneración No. 7 Julio
regeneracion07

JUICIO POLITICO CONTRA LOS MAGISTRADOS DE LA SUPREMA CORTE

ENTREVISTA AL DR RAUL CARRANCA Y RIVAS
EL DR RAUL CARRANCA Y RIVAS COMENTA SOBRE EL JUICIO POLITICO CONTRA LOS 11 MAGISTRADOS DE LA SUPREMA CORTE.
AUDIO:

El manotazo



La ultraderecha continúa apoderándose en México del aparato de Estado –y del país– y tras las elecciones constitucionales de 2010 y los cambios en el gabinete de Calderón, en que sale fortalecida, se apresta a dar el manotazo decisivo con vistas al 2012.

1. Las elecciones locales del 4 de julio para renovar ayuntamientos, legislaturas estatales y 12 gubernaturas, que se vaticinaron como un triunfo de carro completo del PRI –constituyendo por ello un desafío para los intereses del grupo de Calderón–, se saldaron finalmente por un reparto de posiciones, ya que el PRI logró quedarse con Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas y, probablemente, Veracruz, y el PAN (apoyado por sus corifeos) con Sinaloa, Puebla y Oaxaca, no obstante lo cual las fuerzas de ultraderecha que respaldan al gobierno panista han desarrollado un discurso triunfalista sin parangón.

2. Las elecciones no hicieron en realidad más que mostrar la cloaca en la que se ha convertido el sistema electoral mexicano, pues ausente en términos generales la izquierda electoral de las mismas, no constituyeron más que una confrontación entre el enorme operativo de imposición y fraude montado por el gobierno panista de Felipe Calderón y los operativos locales de fraude e imposición de los estados gobernados por el PRI, por lo que la ciudadanía no fue más que una masa de maniobra, de ahí el alto abstencionismo. Carentes de propuestas, los candidatos del PRI no hicieron más que beneficiarse del rechazo popular al antinacional y antipopular gobierno de Calderón, e incapaz de tener una alternativa para el pueblo el gobierno del PAN se escondió tras las siglas de una alianza corrupta con la cúpula perredista pretendiendo con una campaña negra ser mejor opción que la de los priístas.

3. No es de extrañar, por lo mismo, que la gran triunfadora de los comicios haya sido la profesora Elba Esther Gordillo, con su partido –el Panal–, cuyas brigadas surgidas del SNTE operaron ampliamente durante la jornada electoral, igual que lo hicieron en 2006, para alterar los resultados en un marco de impunidad y tratar de hacer ganar a sus aliados, que en esta ocasión fueron tanto el PAN y el gobierno federal en algunos casos (como Oaxaca) y el PRI en otros.

4. El gran derrotado de la jornada electoral fue, por lo mismo, sin darse cuenta de ello, el propio Calderón, quien utilizando todos los recursos del Estado y el cargo que materialmente ocupa para imponer al PAN, mostró al mundo que muy poco ha cambiado y que el titular del Ejecutivo federal no es antes de cualquier proceso electoral más que un jefe de facción política. El domingo 4 de julio se confirmó de esta manera que las elecciones no son en México procesos democráticos, que no hay en el país un sistema de partidos que representen a los ciudadanos, que los resultados electorales se falsifican más que nunca y que el Ejecutivo sigue siendo impune para cometer todo tipo de tropelías electorales utilizando los recursos públicos. Llegado en 2006 a Los Pinos tras un fraude descomunal, Calderón no tiene empacho para seguir prevaleciendo por el fraude.

5. El triunfalismo expresado tras las elecciones por las fuerzas de ultraderecha que respaldan al gobierno panista, en particular por algunas cúpulas empresariales y sectores de la jerarquía católica, y que se manifestó sin recato en los medios, alude sin embargo a lo que creen ilusamente fue por un lado un aniquilamiento de la izquierda, y por el otro un exitoso operativo para detener al priísta Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México, como candidato ya consensuado de las fuerzas oligárquicas, y en consecuencia festeja la casi inexistente posibilidad que tiene Calderón de imponer a un incondicional suyo en la silla presidencial en 2012 y que ahora creen ha renacido.

6. Desde esa perspectiva, Enrique Krauze ha publicado un extenso artículo en el diario madrileño El País del sábado 10, titulado Buenas nuevas desde México, en el que sostiene ilusoriamente que la democracia que según él arribó pacíficamente a México hace 10 años trajo consigo prácticas, leyes e instituciones que han arraigado (elecciones limpias, autoridades electorales confiables y una genuina división de poderes, así como una copiosa participación) y que, como consecuencia de ello, se efectuaron en México ahora elecciones democráticas que produjeron lo que celebra como un freno a la feudalización del país con las derrotas del PRI, consolidándose a su juicio la democracia, pues si el PRI hubiese triunfado más ampliamente no se le podría haber detenido en 2011 en el estado de México y en 2012 en las presidenciales, procesos para los que recomienda mantener las alianzas con el PRD.

7. Los comicios de 2010 y sobre todo sus secuelas poselectorales dejan, sin embargo, claro que tanto el gobierno de Calderón como el PRI siguen dispuestos a negociar y que, como se estableció desde los años del Chicago de la prohibición, están dispuestos a aceptar la regla de llegar a un acuerdo sobre la base de que saben que el verdadero enemigo común que tienen en su empeño de seguir haciendo prevalecer una serie de intereses espurios sobre los derechos de los mexicanos es el pueblo que se está organizando para el 2012. El propio Enrique Krauze lo recordaba en su artículo al afirmar que el PRI puede presidir un buen gobierno a partir de 2012, pero no a condición de pretender marcha atrás al reloj, es decir negándose a compartir el poder o pretendiendo adoptar otro programa o incluso negociar con los capos del narco.

8. Lo cierto es sin embargo que al margen de los procesos electorales y de las negociaciones que ofrece, la ultraderecha se sigue apoderando de enclaves estratégicos y avanzando en el control del aparato estatal. Los cambios en el gabinete anunciados el 14 de julio por un Felipe Calderón cada vez más aterrado no pueden esconder el fracaso estrepitoso de la segunda administración panista, pero tampoco su pretensión de seguir utilizando el poder como un botín entregándoselo a sus incondicionales, por más ineptos que sean, lo que una vez más demuestra el desprecio que todos ellos tienen por los intereses nacionales. Resultan un agravio al país las designaciones hechas por Calderón de su amigo Bruno Ferrari, licenciado en derecho canónico, como nuevo titular de Economía, y en Gobernación de su ex compañero el bajacaliforniano José Francisco Blake, cuya mayor prenda es ser un enemigo frontal del Grupo Atlacomulco, aunque en Mexicali haya fracasado en la encomienda de detenerlo pues como secretario del Gobierno panista perdió ahora, a pesar de la intervención oficial en los comicios, todos los municipios.

9. En todo caso, la mayor razón de regocijo de la ultraderecha para el 2012, que era su alianza con la cúpula del PRD, se estropeó muy pronto pues el miércoles 7 Andrés Manuel López Obrador anunció que iría por la Presidencia en 2012, lo que genera un escenario por completo distinto.

10. El país en tanto sigue a la deriva, y con un gobierno cada vez más pasmado y en manos de extremistas empeñados en ir en contra de los derechos de los mexicanos.


''Uribe arremete con todo su odio y falsos positivos contra Venezuela''

Nicolás Maduro señaló que Álvaro Uribe ha destruido los intentos por restablecer las relaciones diplomáticas con el Gobierno de Venezuela, congeladas desde el pasado 2009 tras el acuerdo militar de EE.UU. con Colombia con la instalción de siete bases militares estadounidense en territorio colombiano.
Maduro aseguró que Venezuela tiene la voluntad política y social para mantener las mejores relaciones con Colombia. (Foto: teleSUR)

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TeleSUR _ Hace: 03 horas

El canciller venezolano, Nicolás Maduro manifestó este viernes sus rechazo a las denuncias realizadas por el presidente saliente de Colombia, Álvaro Uribe, de la supuesta presencia de miembros de grupos rebeldes colombianos en Venezuela, al asegurar que no es más que "odio y falsos positivos" contra el Gobierno de Hugo Chávez.

"¿Qué busca el presidente (Álvaro) Uribe con esto, qué busca cuál es el objetivo por qué a pocos días de la entrega de la Presidencia de Colombia arremete con todo su odio y con sus falsos positivos contra Venezuela?", se preguntó el canciller venezolano en rueda de prensa.

Maduro denunció que el saliente Gobierno colombiano "ha creado una operación mediática desde Colombia y prácticamente no ha aportando ningún elemento que pudiera tener algún tipo de veracidad sobre todo en momentos que pareciera darse algunas señales para avanzar hacia un proceso de acercamiento con el nuevo Gobierno de Colombia".

"El proceso de acercamiento se ha ido deslumbrando porque el Gobierno de Uribe ha decidido arremeter contra el pueblo de Venezuela y dinamitar las posibilidades de un avance" en las relaciones diplomáticas, congeladas desde el 2009 tras el convenio de Estados Unidos y Colombia en la instalación de siete bases militares en territorio colombiano, señaló Maduro.

Informó en la rueda de prensa que por ordenes del presidente venezolano, Hugo Chávez, se ha sostenido una reunión con la embajadora de Colombia en Venezuela, María Luisa Chiappe, para entregarle una nota de protesta en rechazo a "las mentiras y falsos positivos y la olla podrida que ha montado Uribe".

Asimismo, indicó que el presidente Chávez mandó a llamar al embajador de Venezuela en Colombia, Gustavo Márquez para que se traslade a Caracas (capital) para incorporarse a una reunión donde se discutirán una serie de medidas que el mandatario venezolano tomará en las próximas horas, para que las acusaciones de Uribe "sean sometidas a su justo lugar".

Comentó que el Gobierno venezolano ha estado analizando el último comunicado emitido por la Casa de Nariño (Palacio de Gobierno) donde "vuelven a incurrir en la lógica permanente de seguir mintiendo".

Maduro afirmó que "solamente habría que recordar que en el transcurso de estos ocho años de Gobierno de (Álvaro) Uribe ellos han mentido y en sus oportunidades nuestro Gobierno las ha desmantelado (...) El Gobierno de Uribe ha entregado coordenadas y cada una de ellas fueron verificadas y se encontraban en lugares de Colombia o en lugares desolados de la frontera venezolana".

"Nuestras Fuerzas Amadas certificaron la falsedad (...) Esto es una campaña permanente de agresión e irrespeto a Venezuela", agregó.

El titular venezolano de la cartera de Exteriores señaló que los ataques por parte del saliente Gobierno de Colombia contra Venezuela "no son sino la repetición del mismo guión que se ha utilizado desde la ultraderecha de Venezuela y desde el Gobierno y la oligarquía colombiana contra el Gobierno" del presidente Hugo Chávez.

Relaciones bilaterales presentes y futuras

El encargado de la cartera de Exteriores de Venezuela afirmó que "el respeto absoluto de nuestro país, de nuestro Gobierno, es un elemento central para el restablecimiento de las relaciones bilaterales que ha vuelto a violar la administración de Uribe" justo en momentos en que se estaba vislumbrando un posible acercamiento entre ambas naciones.

Maduro recordó que esta no es la primera vez que se echan por tierra los intentos de una normalización en las relaciones bilaterales, puesto que el pasado año Venezuela tenía previsto la realización de la Comisión Binacional de Alto Nivel, "ya habíamos avanzado en convenios que iban a reempulsar las relaciones, que beneficiaría a los inversionistas. En términos energéticos teníamos todo listo y esos documentos se congelaron, fueron heridos a muerte por la instalación de las bases militares de EE.UU. en Colombia", subrayó el encargado de la diplomacia venezolana.

Agregó que "nosotros hemos tenido que resistir a decenas de agresiones y mentiras por parte del Gobierno saliente de Colombia (...) Pareciera que Uribe quisiera cerrar su labor de destrucción".

El canciller venezolano expresó sus aspiraciones a "una profunda rectificación de quienes conforman y conformarán el Gobierno de Colombia", y agregó que "toda relación futura que se pudiera dar, tiene necesariamente que basarse en el respeto a al pueblo y a las autoridades venezolanas".

"Ha sido absolutamente lamentable la actitud de la oposición ultraderecha venezolana al apoyar esa infamia que la oligarquía colombiana lanza contra nuestra patria y que pretenden crear condiciones para otros escenarios", comentó.

Maduro reiteró la "voluntad política, la buena fe y el concepto de unión del presidente Chávez, quien siempre ha puesto como prioridad las mejores relaciones con Colombia, empezando por aquellos (colombianos) que viven en el país, producto del conflicto interno" de la nación vecina.


GUERRA CONTRA EL NARCOTRAFICO, FARSA GUBERNAMENTAL

Gobierno, sometido al cártel de Sinaloa
El gobierno de Calderón no ha recuperado un solo territorio controlado por los cárteles de la droga. Además de propiciar los más de 24 mil civiles ejecutados y unas 982 zonas de terror, la “guerra” antinarcóticos consolida el poderío del cártel de Sinaloa. En esta última entrega, Contralínea publica la radiografía de un país en manos de la delincuencia organizada
Nancy Flores / Octava parte y última

Sumido en la violencia, México pierde a diario el control de su territorio y de sus instituciones. A pesar del despliegue de 94 mil 540 efectivos del Ejército –en nombre de la “guerra” del panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa–, los criminales afianzan su poder.

En la actualidad, siete cárteles de la droga controlan dos terceras partes del país y se disputan el resto, se desprende del reporte Mexican drug cartels: two wars and a look southward, elaborado por el centro de inteligencia Stratfor. Éstos son Sinaloa, Los Zetas, Golfo, Beltrán Leyva, Tijuana, La Familia y Juárez.

En entrevista, el doctor Edgardo Buscaglia explica que unos 982 bolsones territoriales están bajo el mando de grupos criminales, que imponen su ley y sus impuestos a la sociedad. Se trata de poco menos de 1 mil regiones de Estado fallido en toda la república mexicana. El caso más dramático es Ciudad Juárez, Chihuahua.

La “farsa mediática” –como Buscaglia califica a la “guerra” de Calderón– no sólo ha sido incapaz de recuperar las zonas de influencia del narcotráfico, sino que ha cedido más del doble de espacios a los criminales.

De acuerdo con el experto en seguridad, asesor de la Organización de las Naciones Unidas y académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el control territorial de los delincuentes ha ido en aumento: mientras que en 2007 había 353 áreas con una ausencia total del Estado, ahora hay 982.

El crimen organizado manda lo mismo en el Norte, que en el Centro y en el Sur de este país. Según Stratfor, todas las entidades federativas han sido tocadas por algún cártel. La disputa es ahora por las regiones y rutas “sin dueño”, localizadas en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Querétaro, Oaxaca, Chiapas, Campeche.

Los territorios cedidos a la criminalidad carecen de autoridades civiles, policiales y militares. En esas zonas, los cárteles mantienen una estructura operativa permanente, indican datos de consultoras en materia de seguridad e inteligencia.

Al frente se encuentra un pequeño grupo de expertos o dirección que negocia y hace trabajo de elite (interviene comunicaciones de empresarios, autoridades y delincuentes para su toma de decisiones).

En el siguiente peldaño se ubican los informantes: civiles encargados de recabar información de primera mano relacionada con la zona, los negocios y las personas que ahí se ubican (por residencia o por estancia).

En un tercer escalón, y con una relación endeble en la estructura, se localizan los jóvenes que vigilan puntos de venta de drogas o casas de seguridad. La cadena operativa culmina con los sicarios.

Bolsillos de los capos, intactos

La “guerra” antidrogas tampoco ha dado resultados en el ámbito económico. De diciembre de 2006 a junio de 2010, los narcotraficantes han lavado 1.3 billones de pesos, que representan 80.7 veces la ayuda económica de la Iniciativa Mérida.

La tercera parte de ese dinero se habría legalizado en el circuito financiero, según “sospecha” la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No obstante, el delito se encuentra totalmente impune: sólo 112 miembros de siete cárteles han sido consignados y 53 personas sentenciadas por blanquear capitales sucios. Al tiempo, los bancos han sido sancionados por apenas 1 millón 560 mil pesos.

Pese a que el dinero es lo que le da capacidad de operación, de fuego y de corrupción a los cárteles de la droga, las incautaciones hechas por el gobierno federal representan el 0.39 por ciento de los recursos lavados.

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De bloque socialista a colonia militar estadunidense

Como nunca antes, Estados Unidos coloniza militarmente los países de Europa del Este. A través de la OTAN, las naciones del antiguo bloque socialista (y de los “no alineados”) se han sometido sin mayor resistencia a las exigencias de sus antiguos antagonistas. La corrupción de las elites políticas de los países empobrecidos facilita el expansionismo bélico estadunidense.

Hace 11 años, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se hallaba inmersa en su séptima semana de bombardeos contra la República Federal de Yugoslavia, la república que vio cómo 1 mil aviones de los ejércitos de Occidente volaban sobre ella en 38 mil misiones de combate, arrojando bombas desde el cielo y lanzando misiles de crucero Tomahawk desde el Mar Mediterráneo.

Como agotaron velozmente los objetivos militares, los aviones de combate de la OTAN decidieron bombardear los denominados blancos de oportunidad, incluidos puentes sobre el Río Danubio, fábricas, la sede en la capital de la radiotelevisión de Serbia (donde murieron 16 de sus trabajadores), una columna de refugiados en Kosovo, las oficinas de los partidos políticos y las residencias de los dirigentes del gobierno y de los embajadores extranjeros; un tren de pasajeros, una procesión religiosa, hospitales, patios de apartamentos, hoteles, las embajadas suiza y sueca, y la red de transporte de la energía eléctrica del país.

Se desplegaron los aviones Apache estadunidenses y los Harrier británicos en los ataques sobre el terreno, y se inundó Yugoslavia de fragmentos de bombas de racimo sin detonar, y de contaminación de uranio empobrecido.

Washington y otras capitales occidentales promovieron la campaña de bombardeos de 68 días de duración, que la OTAN denominó Operación Fuerza Aliada, y Estados Unidos, Operación Yunque Noble, la primera “guerra humanitaria” de la historia.

Estados Unidos y la OTAN incrementaron de forma espectacular el temerario ataque con una incursión nocturna el 7 de mayo contra la embajada de China en Belgrado, en la que cinco bombas estadunidenses impactaron a la vez contra el edificio de la misma, matando a tres ciudadanos chinos e hiriendo a 20 más.

El gobierno de China denunció la acción como lo que era: un “crimen de guerra”, un “ataque brutal y una grave violación de la soberanía china”, y un “acto de barbarie de la OTAN”.

Durante la larga Guerra Fría, se había asumido que las acciones militares del bloque de la OTAN causarían muertos y heridos entre los soldados y civiles de los Estados miembros del Pacto de Varsovia. Pero las primeras víctimas de la OTAN fueron las serbias y las chinas.

Cuando la guerra terminó el 11 de junio, Occidente había conseguido todo lo que se había propuesto: 50 mil soldados, bajo el mando de la OTAN, entraron en la provincia de Kosovo, donde 12 mil permanecen aún después de 11 años.

El Pentágono encargó a Kellogg, Brown & Root que construyera en Kosovo el Campo Bondsteel, de casi 400 hectáreas de extensión, y su base hermana, el Campo Monteith, donde continúan operando hasta este mismo momento.



Se desgajó Kosovo de Serbia, y el 17 de febrero de 2008, Kosovo se declaró nación independiente, reconocida por Estados Unidos y por la mayoría de sus aliados de la OTAN, aunque no así por las dos terceras partes de las naciones del mundo.

En 1999, el secretario general de la OTAN, Javier Solana, se mudó de sede al otro lado de la calle en Bruselas, convirtiéndose en el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, en cuyo puesto supervisó un “procedimiento de separación” de lo que quedaba de Yugoslavia, borrando del mapa hasta el mismo nombre, mientras aparecía en 2003 la Unión de Estados de Serbia y Montenegro, patrocinada por Occidente.

Tres años después, Montenegro, con una población menor que la de la ciudad estadunidense de Menphis, se convirtió en la nación más reciente del mundo.

Para demostrar después que ese hecho estuvo planificado con anterioridad, un crucero de misiles guiados visitó la ciudad costera de Tivat en pocos meses y un submarino estadunidense, el USS Emory Land, llegó allí en 2007 para celebrar el primer aniversario de independencia nominal de Montenegro.

Al año siguiente, tras la aparición de la Unión de Estados de Serbia y Montenegro, este último se incorporó al programa de aprendizaje de los Socios para la Paz de la OTAN y al año siguiente se le concedió un plan de acción como socio individual, firmando un estatuto de acuerdos de fuerzas con la OTAN, del que Estados Unidos es el gobierno depositario.

A finales de 2009, recibió un Plan de Acción para Socios, el paso final antes de ser socio de pleno derecho de la OTAN. El pasado mes de marzo, Montenegro se convirtió en la 44 nación en contribuir con tropas a la guerra de la OTAN en Afganistán. Todos estos acontecimientos se han producido en un plazo de cuatro años.

Desde que en 1999 comenzó la expansión de la OTAN tras el fin de la Guerra Fría, las naciones del extinto Pacto de Varsovia y de la antigua República Federal Socialista de Yugoslavia se han convertido en colonias militares occidentales, recibiendo visitas y abriendo bases a las tropas y para el equipamiento militar de la OTAN y sus miembros individuales, especialmente Estados Unidos. Hasta este año, países del anterior Pacto de Varsovia, como Polonia, Rumania, Bulgaria, y más recientemente Albania, han anunciado su disposición a acceder a las peticiones de Estados Unidos y la OTAN para albergar en sus territorios instalaciones de interceptores de misiles.

Estados Unidos ha adquirido cuatro bases militares en Rumania y tres en Bulgaria en los últimos cuatro años, y pronto pondrá en activo una instalación de interceptores de misiles Patriot Advanced Capability-3 en el Este de Polonia, a 35 millas de la frontera rusa. Según las autoridades polacas, les seguirán interceptores de misiles antibalísticos de largo alcance.

La OTAN tiene un importante centro de entrenamiento en Polonia, la primera operación de puente aéreo estratégico multinacional del mundo en la Base Aérea Papa, en Hungría, y la posesión de facto de una antigua base aérea soviética en Lituania. Después de reunirse con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert Gates, a inicios de mes, la ministra de Defensa lituana, Rasa Jukneviciene, anunció que el jefe del Pentágono había confirmado el apoyo estadunidense a una base militar permanente en la región del Mar Báltico, donde los aviones de combate de la OTAN han estado llevando a cabo patrullajes aéreos desde que empezó el periodo de iniciación en el bloque de Estonia, Letonia y Lituania, en 2004.

La jefa de defensa lituana dijo también que el Pentágono quiere ampliar las patrullas aéreas de la OTAN en la zona “hasta 2018 y más allá”.

Washington planea establecer un centro de comunicaciones y escudo contra misiles en la República Checa, donde Gran Bretaña dirige actualmente ejercicios de combate aéreos multinacionales, la Operación Rinoceronte Volador 2010, con 2 mil soldados extranjeros y 1 mil checos.

Se utilizaron las bases aéreas en Bulgaria y Rumania para el ataque e invasión de Irak en 2003, y se han estado usando de forma regular durante los casi nueve años de guerra de Estados Unidos y la OTAN contra Afganistán.

Tras la invasión de Irak, los nuevos miembros de la OTAN, la República Checa, Hungría y Polonia, enviaron tropas a ese país, y después lo hicieron los candidatos y socios de la OTAN, Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia, Bulgaria, Croacia, Estonia, Georgia, Kazajistán, Letonia, Lituania, Macedonia, Moldavia, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia y Ucrania.

Ofrecerle a Washington tropas para la guerra en Irak era el requisito previo para convertirse en socios avanzados de la OTAN y, finalmente, en miembros de pleno derecho. A nueve de las naciones mencionadas, con anterioridad se las premió con la segunda condición a cambio de sus servicios. A Bosnia, Macedonia, y el pasado año a Montenegro, se les concedieron planes de acción para socios, se les presentó en la cumbre del 50 aniversario de la OTAN en 1999, celebrada en Washington, DC, en la penúltima etapa para la integración total. La OTAN presentó para Georgia y Ucrania programas nacionales anuales especiales poco después de la guerra de Georgia con Rusia de agosto de 2008.

Todos esos 12 nuevos miembros de la OTAN, procedentes de la Europa del Este, tienen tropas en Afganistán, como también los miembros que hay en perspectiva: Armenia, Azerbaiyán, Bosnia, Georgia, Macedonia y Montenegro.

La OTAN se ha apoderado del extinto Pacto de Varsovia y de la antigua Yugoslavia. En el primer caso, sin disparar ni un solo tiro; en el segundo, mediante dos campañas de bombardeos (Bosnia en 1995 y Serbia en 1999) y tres despliegues de tropas por tierra (Bosnia en 1995, Kosovo en 1999 y Macedonia en 2001).

Todas las antiguas naciones del Pacto de Varsovia que estaban fuera de la extinta Unión Soviética tienen soldados matando y muriendo bajo el mando de la OTAN en Afganistán, y todas, excepto la antigua Alemania del Este, los tuvieron en Irak, aunque ninguna de ellas los tuvo en función de sus obligaciones hacia el Pacto de Varsovia durante los 10 años de implicación soviética en la nación surasiática. Siete de las 15 antiguas repúblicas soviéticas tienen también tropas sirviendo bajo la OTAN en la zona bélica afgana.

Estados Unidos y otras potencias importantes de la alianza dirigen de forma regular maniobras militares multinacionales de los Socios para la Paz en las tres antiguas repúblicas soviéticas del Sur del Cáucaso –Armenia, Azerbaiyán y Georgia– y han llevado a cabo ejercicios similares en Ucrania y Kazajstán.

El principal objetivo de las maniobras de guerra y otros ejercicios es preparar a los ejércitos de las naciones anfitrionas y participantes para la interoperatividad entre los ejércitos, incluyendo combates y misiones en el exterior, en su mayoría en Afganistán, y en Irak durante los últimos años.

Georgia tuvo 2 mil soldados en Irak en 2008, el tercer mayor contingente extranjero, aunque su población es ligeramente superior a 4 millones, una fracción de la de Estados Unidos, Gran Bretaña y otros importantes proveedores de tropas.

La mayoría de esas tropas voló de regreso a Georgia en aviones de transporte militar estadunidenses durante la guerra de cinco días con Osetia del Sur y Rusia, en agosto de 2008. Georgia tendrá pronto casi 900 soldados en Afganistán, la mayor contribución per cápita de cualquiera de las 50 naciones que está aportando soldados a la OTAN.

Durante los 36 años del Pacto de Varsovia, los Estados miembros, aparte de la Unión Soviética, raramente desplegaron unidades militares fuera de sus fronteras y nunca allende los mares.

En la pasada década, todos los miembros no soviéticos y las exrepúblicas yugoslavas, excepto Serbia, han tenido a sus hijos e hijas desplegados, con la OTAN, frecuentemente en guerras y zonas de conflicto lejanas como los Balcanes, Afganistán e Irak, y en países colindantes, como Kirguizistán, Uzbekistán (Alemania) y Kuwait. Alrededor de 100 soldados polacos, rumanos, búlgaros, checos, estonios, letones, húngaros, lituanos y eslovacos han vuelto en ataúd a sus países desde Afganistán e Irak.

Cuando el Ejército Rojo soviético salió de Bulgaria en 1947, en esa nación no se estacionó ningún soldado extranjero hasta que la secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleeza Rice, fue allí de visita dos años después de que entrara en la OTAN para firmar un acuerdo sobre tres bases militares: la Base Aérea de Bezmer, la Base Aérea de Graf Ignatievo (a la que recientemente se le ha dado el certificado de cumplir en un ciento por ciento con los requerimientos de la OTAN) y el Campo de Entrenamiento de Novo Selo.

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Grupos de odio en EU, armados y en auge

En Estados Unidos operan cientos de grupos armados con miles de afiliados. Todos se alimentan de una ideología de odio que atenta contra la seguridad de sus propios conciudadanos y de los extranjeros. Tras la aprobación de la Ley SB1070 en Arizona, que para algunos constituye una amenaza racista contra los inmigrantes, está la violencia de esas organizaciones extremistas y el fracaso de un sistema económico.

La sombra del extremismo y el odio se proyecta sobre todo el territorio estadunidense. Vigilantes fronterizos, supremacistas blancos, afroamericanos separatistas, neonazis, neoconfederados –a favor de la esclavitud y el separatismo del sur– homófobos y católicos radicales enfilan su encono contra quienes son diferentes a ellos. Los militantes de esos grupos ya no se limitan a participar en marchas, discursos y volanteos, sino que amenazan y atacan a sus víctimas abiertamente, queman banderas mexicanas y atizan el odio racial en todo el país, advierte el Informe de inteligencia 2010, del Centro de Leyes para la Pobreza en el Sur (SPLC, por sus siglas en inglés).

Sólo en 2009, el número de los llamados “grupos de odio” en Estados Unidos aumentó 54 por ciento respecto de 2000-2008; y oscilan entre las tendencias de violencia contra los negros y la inmigración no blanca. En 2009, operaron ese país no menos de 932 grupos de odio, siendo los principales el Movimiento Nacional Socialista (NSM, por sus siglas en inglés), el Imperial Klans de América (IKA), el Vinlander Social Club (que agrupa a neonazis) y el Consejo de Ciudadanos Conservadores (CCC).

Para Mark Potok, responsable del Informe de inteligencia 2010, esto se atribuye a los efectos en la población por la crisis económica y la llegada del primer afroamericano a la presidencia de Estados Unidos. Detrás de ese “enojo” que prevalece en el escenario político estadunidense, Potok señala los cambios raciales entre la población, el aumento en la deuda pública y la “terrible” situación económica por los apoyos que el gobierno destinó a “los banqueros y otras elites”.

Esas medidas se consideran “socialistas” e incluso “fascistas” por la derecha radical que se nutre de las teorías de la conspiración y el racismo. Por esa razón, el periodista y experto en el movimiento de la derecha radical, John Foster, Chip, Berlet ha expresado: “Estamos en medio de una de las rebeliones de la derecha más significativas en la historia de Estados Unidos”.

Chip Berlet, también analista de Asociados de Investigación Política, advierte cómo se mezclan los movimientos populares, sociales y políticos con personas “enojadas” contra el sistema de la burocracia federal. Los llama “resentidos”, por los programas y políticas sobre la inmigración, el trabajo, el aborto y los matrimonios homosexuales.

Tal escenario sirve de fermento para que se fortalezcan grupos como el NSM, originado en Minnesota y que mantiene una red de 81 organizaciones en 36 estados. Esa fortaleza territorial lo mantuvo en 2009 como el grupo más numeroso del escenario neonazi. Por su parte, entre los principales grupos supremacistas figuran: IKA, con base en Kentucky, y el CCC.

El Informe de inteligencia 2010 muestra que sólo Washington alberga a 15 organizaciones extremistas. Ahí militan la neonazi Nación Aria, activa en la ciudad de Tacoma; la Hermandad de Klanes de los Caballeros del Ku Klux Klan, y la organización de cabezas rapadas racistas Volksfront de Seattle.


Las expresiones del odio

Armados con fusiles, pistolas, radios, binoculares, incluso con varias avionetas de las que disponen a su arbitrio, grupos de civiles son la nueva expresión de la xenofobia y el racismo estadunidense. Por esa tendencia a la alza, en 2008 la Oficina Federal de Investigaciones admitió que los crímenes de odio contra los latinos subieron 40 por ciento de 2003 a 2007.

En medio de ese clima de desprecio, antipatía y rencor, los inmigrantes construyen casas, edificios gubernamentales y escuelas, cocinan en los restaurantes, sirven en las casas, entregan mercancías, barren las calles de las ciudades, podan los jardines públicos y cultivan los alimentos que consumen millones de estadunidenses. Constituyen la mano de obra más barata que criminalizan los gobiernos estatales y el blanco del odio racista; son imprescindibles para la economía y víctimas de la intolerancia.

Para los inmigrantes mexicanos, el recuento de las acciones de los militantes de la agrupación Minutemen American Defense (MAS) es penoso. Este grupo, fundado en 2005, busca “proteger la frontera sur de la contaminación a su cultura por parte de los inmigrantes” que “roban” sus empleos a los estadunidenses.

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Desafían Pemex y contratistas defraudadoras a la Función Pública

Con base en investigaciones periodísticas de Contralínea que revelaron el fraude en el saneamiento al Río Nanchital, la Secretaría de la Función Pública inició una averiguación que, según su titular, Salvador Vega, le llevó a confirmar uno de los fraudes más cuantiosos en contra de Pemex; dictó multas e inhabilitaciones y dio a la indagatoria cauce penal; pero la dirección de la petrolera estaría protegiendo a los involucrados.

Para funcionarios y contratistas de Petróleos Mexicanos (Pemex), defraudar a la paraestatal sigue siendo un negocio redituable, aun cuando el ilícito sea investigado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y ésta sancione o inhabilite a los involucrados. Tal es el caso de las siete compañías y los siete funcionarios inhabilitados por el fraude en la remediación del Río Coatzacoalcos, calificado por el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casilla, como otro Pemexgate, aunque en monto superado: 1 mil 623 millones de pesos, de los cuales 1 mil 64 se pagaron ilegalmente, bajo la dirección general de Luis Ramírez Corzo, y Juan Bueno Torio en Pemex Refinación (PR).

La indagación de la SFP confirmó las investigaciones de Contralínea sobre el fraude maquinado por las compañías Saint Martín Construcciones (SMC), Garner Servicios Ambientales, Aquapress, Construcciones y Reparaciones del Sur, ADT Petroservicios, Grupo Preservare y Lico Ambiental, en el proceso para biorremediar el desastre ecológico provocado por la industria petrolera al verter más de 5 mil barriles de crudo en el Río Coatzacoalcos tras la ruptura de oleoducto Nuevo Teapa-Poza Rica, en el municipio de Nanchital, Veracruz, en diciembre de 2004.

La SFP comprobó que el fraude no es un hecho aislado, sino que fue ejecutado por una red de funcionarios de alto nivel de Pemex (jefes de departamento, superintendentes y subgerentes, varios de ellos inhabilitados), cuyos salarios van de los 44 mil a los 99 mil pesos.


La SFP comprobó que Pemex contrató a empresas de portafolio; otras, que usan prestanombres; también, que la petrolera dio por buenas pruebas y dictámenes de remediación falsas; que el área contable validó pagos cobrados con facturas apócrifas, y que los funcionarios acreditaron y validaron los costos de los precios unitarios inflados estratosféricamente.

De 558 millones 755 mil 469 pesos, que según la SFP debió pagar Pemex, se infló a 1 mil 623 millones 725 mil 81 pesos, es decir, un sobreprecio de 1 mil 64 millones 969 mil 629 pesos, cantidad de la que difiere la aseguradora de la paraestatal, GNP Charles Taylor Energy. Ésta sostiene que el costo real de los trabajos es de 293 millones 275 mil pesos, por lo que el quebranto asciende a 1 mil 330 millones de pesos, y le notificó a la petrolera que sólo cubrirá el costo real del accidente.

En consecuencia, la SFP ordenó a la paraestatal iniciar los juicios civil y mercantil para recuperar el pago en demasía, lo cual no se ha hecho. A través de su área de prensa, Pemex se negó a explicar a Contralínea la inmovilidad en el caso, que involucra por lo menos a un exfuncionario de su área jurídica, Jorge Humberto Castañeda Solís, representante legal de una de las compañías implicadas.

En las investigaciones realizadas por este semanario, diversas fuentes detallaron la supuesta implicación del exdirector de PR, Juan Bueno Torio, y su vinculación directa por lo menos con dos de las siete firmas: SMC y Aquapress. Algunos documentos prueban la reticencia de los supervisores a dar visto bueno a los trabajos de SMC y las peticiones de los directivos de dicha compañía para que destrabara los pagos. La firma obtuvo 450 millones de pesos, casi el 30 por ciento del monto defraudado.

Hasta ahora, la SFP ha fincado responsabilidades a los subalternos de Bueno Torio: José Fernando Algarra Muñoz, subgerente de Transporte por Ducto en la región Sureste; Jorge Manuel Fragoso Sarabia, superintendente general de Mantenimiento; Arturo Díaz Arzola, superintendente del Sector Minatitlán; Celedonio Hernández García, jefe del Departamento de Seguridad Industrial del Sector Minatitlán; Pedro Calzada Juárez, tecnólogo de Contratos, Obras y Servicios; Octavio Rodolfo Soto Castillo, de la Superintendencia de Transporte por Ducto Sureste; Jorge Federico Reyes Guerrero, superintendente del Sector Minatitlán. Y dos más, aún bajo investigación por su posible implicación: Luis Roberto García Blas y Enrique Colorado Acosta, ambos residentes de obra.

El pasado 9 de marzo, la SFP presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) denuncias penales contra las siete empresas y los funcionarios señalados, por delitos que según el Código Penal alcanzan de dos a 12 años de prisión. Corresponde a Pemex presentar también las denuncias penales, además requerir por la vía civil y mercantil la recuperación del monto quebrantado, lo que tampoco se ha hecho.

Contra la disposición de la SFP, Pemex permitió a algunas de las firmas inhabilitadas seguir concursando en licitaciones y se les incluyó en el padrón oficial de proveedores vigentes elaborado en mayo. Hasta hoy, cuatro empresas obtuvieron un amparo que les permite seguir recibiendo contratos del gobierno federal, lo que echa por tierra dos años de trabajo de la SFP, comprendidos en 20 tomos.

Los funcionarios que para la SFP están inhabilitados, en Pemex están en calidad de “comisionados”, conservan sus oficinas y las secretarias a su mando. A través de su área de prensa, la dirección de la paraestatal se negó a explicar a Contralínea el estatus de dichos funcionarios.

El caso Nanchital generó no sólo el millonario quebranto a Pemex, sino afectaciones ambientales y sociales irreparables, pues las compañías no biorremediaron la zona, sólo aplicaron “maquillaje verde”, según la organización ambientalista Greenpeace. Degradaron el hábitat de numerosas especies animales y vegetales, y afectaron a cientos de comuneros, campesinos y pescadores. El caso se denunció incluso ante el Tribunal Latinoamericano del Agua, espejo de lo que hoy ocurre en el Golfo de México del lado texano, que tiene a la British Petroleum de rodillas, y aquí, a las compañías enriquecidas con el oro negro.



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La estructura financiera del narco, intocada

Para el investigador Edgardo Buscaglia, es “inaudito” que las instituciones responsables del combate al crimen organizado carezcan de instrumentos para desmantelar las redes patrimoniales y financieras de los cárteles de la droga; máxime que, sostiene, casi el ochenta por ciento de los sectores económicos del país están infiltrados por el narco. En estas condiciones, afirma el asesor del Instituto de Entrenamiento para el Mantenimiento de la Paz de la ONU, el gobierno de Felipe Calderón no tiene con qué sostener, con posibilidades reales de éxito, el combate al narcotráfico.

Buscaglia. Diagnóstico

Ricardo Ravelo

Los cárteles de la droga y sus redes patrimoniales y financieras, que son base de su expansión y su capacidad de respuesta frente a los embates del gobierno federal, permanecen intocadas, y mientras no se destruyan las cadenas de testaferros y complicidades entre políticos y capos, “la guerra contra el narcotráfico puede darse por perdida desde este momento”.

Quien sustenta esta tesis es Edgardo Buscaglia, profesor visitante y coordinador del Programa Internacional de Justicia y Desarrollo del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

El también catedrático de la Universidad de Columbia y asesor del Instituto de Entrenamiento para el Mantenimiento de la Paz de la ONU puntualiza: El gobierno de Felipe Calderón no se preparó para enfrentar la guerra contra el narcotráfico. Y considera inaudito que las instituciones responsables del combate criminal no cuenten con instrumentos para desmantelar las redes patrimoniales y financieras extendidas dentro y fuera de México.

Esa es la razón, explica el investigador, de que más de la mitad de los casi 2 mil municipios del país estén “completamente feudalizados” por el crimen organizado y de que sus figuras simbólicas –Joaquín El Chapo Guzmán Loera, Ismael El Mayo Zambada, Ignacio Coronel, Eduardo Costilla, El Coss, entre otros– ejerzan no sólo el poder criminal, sino que hayan construido andamiajes muy sólidos para que sus cómplices se posicionen en las estructuras del poder político y empresarial del país.

Especialista en el estudio del crimen organizado a escala internacional, Buscaglia señala que la banca mexicana está infiltrada por el dinero de la delincuencia y es cómplice de los grupos delincuenciales “por omisión”; el motivo: no cumple con las recomendaciones del Grupo Financiero Internacional (Gafi) para prevenir el lavado de dinero, ni utiliza el instrumental técnico y legal del que dispone para impedir que el dinero sucio circule por las arterias del sistema financiero”, pues en muchos casos –dice Buscaglia– los banqueros argumentan que estas medidas les elevan los costos de operación.

–¿La pasividad de la banca mexicana para actuar en materia de lavado de dinero y otros delitos financieros se traduce entonces en una abierta complicidad? –se le inquiere.

–El sector financiero debe transformarse en un partícipe activo que apoye al gobierno federal. Lamentablemente no vemos este apoyo operativo hasta hoy. Lo veo paralizado, pasivo, se arrastra de los pies. Debería de haber mucho más activismo en ese sentido.

Explica: “Cuando por omisión o porque estás arrastrando los pies no estás implementando las mejores prácticas internacionales que la banca de la Unión Europea está aplicando de manera efectiva, pues no hay duda de que (quiérase o no) se está siendo cómplice de una situación catastrófica de delincuencia organizada y de corrupción política que le cuesta al país miles de muertos al año y deriva en una ingobernabilidad que ya parece irreversible”.

A poco más de tres años y medio de que el presidente Felipe Calderón lanzó su cruzada contra el narcotráfico, es evidente que la política criminal del régimen carece de instrumentos eficaces para desarticular los esquemas financieros del crimen organizado. Según Buscaglia, esta tarea es muy importante porque se trata de “quitarle el dinero a los narcos” para descapitalizarlos y vencerlos. Pero “eso no se ha hecho, por desgracia”, afirma.

En consecuencia, reitera, los cárteles de la droga se desplazan impunes por todo el territorio nacional, desde Tijuana hasta Quintana Roo; incluso en Centroamérica, Sudamérica, Europa, Asia y África. Por todos lados corre el dinero sucio de las drogas, y muchas de esas fortunas están en manos de políticos, empresarios y de una red de testaferros que, dice Buscaglia, “son actores intocados en México”.

Políticas fallidas

Cuando se le pregunta si el gobierno federal cuenta con instrumentos para investigar las redes patrimoniales y financieras de las organizaciones criminales, Buscaglia afirma: “Sí los hay, pero no se utilizan en forma adecuada.”

Y se explaya: “Ahí están los registros públicos de la propiedad mercantil, que contienen una mina de oro donde se puede comenzar a implementar lo que se llama una ‘minería de datos’ para poder vincular patrimonios con testaferros, patrimonios con personajes políticos o accionistas que están ligados a la delincuencia organizada.”

Dice Buscaglia que lo grave de todo es que el gobierno ni siquiera ha comenzado a recabar esa información para analizarla y así respaldar la Ley de Extinción de Dominio, aprobada por el Senado de la República el 2 de abril de 2009.

Además, insiste, esa ley, básica para despojar al narcotráfico de sus bienes y mermar su fuerza, carece de un instrumento clave: el insumo de la información sobre los personajes que administran, desde la política o desde el sector empresarial, el patrimonio de la delincuencia.

Para explicar cómo funciona una Ley de Extinción de Dominio en forma eficaz el especialista alude al caso colombiano, tan exitoso como cuestionado. En la década pasada ese país, como ocurre ahora en México, fue devorado por el narcotráfico; incluso la campaña de un candidato a la presidencia, Ernesto Samper, fue financiada por el cártel de Cali, según denunció el periodista Alberto Giraldo en su libro Mi verdad (Planeta 2005).

El reportero, ya fallecido, fue amigo y publirrelacionista de los hermanos Rodríguez Orejuela. Dice en su texto: “Desde 1979 los hermanos Rodríguez, con el apoyo financiero de (sus socios) José Santa Cruz Londoño y Hélmer Herrera participaron financieramente en las elecciones presidenciales”.

Buscaglia sostiene que, a diferencia de México –donde la Ley de Extinción de Dominio carece de respaldos informativos–, en Colombia los fiscales tenían el mapa patrimonial y criminal cuando decidieron enderezar una causa penal.

“Cuando el fiscal quiere impulsar una causa penal en contra de una persona, le solicita a las unidades de inteligencia o le solicita (a lo que en México sería la Secretaría de Hacienda) los insumos del mapa patrimonial para que se puedan seguir líneas de investigación que vayan más allá de la persona física que están deteniendo”, explica el investigador.

–¿Se actúa de oficio? –le pregunta el reportero.

–Lo más interesante es que en Colombia la Ley de Extinción de Dominio no es un instrumento reactivo, sino proactivo: se actúa de oficio para poder desmantelar el mapa patrimonial, el cual debe ser delineado previamente al impulso de la causa penal.

“En México, por el contrario, no hay mapas patrimoniales o no se quiere investigar al respecto. Esa ley tiene sus ventajas porque las investigaciones se pueden encauzar incluso por la vía no penal y se le baja la carga de la prueba al Estado. Pero insisto: en México esos mapas (financieros y patrimoniales del narcotráfico o de la delincuencia en general) todavía no están delineados.”

Estudioso del fenómeno de la delincuencia en 150 países, Buscaglia sostiene: “Un insumo para apoyar la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio es precisamente intervenir el Registro Público de la Propiedad, sacar escrituras, analizar la información que existe. Ese trabajo debe hacerse en cada una de las entidades para identificar el mapa patrimonial y criminal que obviamente se extiende mucho más allá del país.”

Y añade: “Honduras y Guatemala tendrían que hacer lo mismo, para después cruzar información a nivel regional. El poder de la delincuencia organizada mexicana llega a esos países, a pesar de la supuesta guerra, y más allá de esos territorios. Sin embargo, es muy importante comenzar por casa e identificar ese mapa patrimonial en la economía legal.”

Dice Buscaglia que esta labor serviría para neutralizar la corrupción que existe tanto en el Distrito Federal como en los estados: “Lo ideal sería una colaboración operativa entre la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera, así como entre las unidades de investigación patrimonial del Distrito Federal (que existen desde hace dos años) y la PGR.”

Sostiene que es difícil saber a cuánto ascienden las ganancias anuales generadas por el tráfico de drogas, pero, con base en la información que posee sobre el modus operandi de los cárteles, él calcula que el 78% de los sectores económicos del país están infiltrados.

Por eso lamenta que la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) “caricaturice” a la delincuencia organizada y la considere una actividad ilegal dedicada exclusivamente al narcotráfico.

Según Buscaglia, a las fuentes de ingreso de los grupos criminales se suman actividades delictivas como la trata de blancas y la piratería, que generan altas sumas de dinero.

Una propuesta

Edgardo Buscaglia refiere que la información publicada en marzo de 2009 pasado por la revista Forbes sobre la fortuna de El Chapo Guzmán, jefe del cártel de Sinaloa, calculada en mil millones de dólares, fue un golpe mediático que se halla muy lejos de la realidad.

“No tiene un fundamento técnico porque no se tomaron en cuenta otros tipos de delitos, enormemente importantes, que no están considerados como fuentes de ingreso”, sostiene.

El dinero del narcotráfico florece en México, y aunque no se puede todavía acreditar, es “muy visible” en la economía legal: en empresas y sindicatos, así como en giros que sirven para lavar dinero, como los bienes raíces (uno de los más boyantes) y la compra de tierras, agrega el investigador.

Además de la violencia, que cada vez es más exacerbada, el gobierno de Felipe Calderón enfrenta otro problema: el lavado de dinero, quizá el delito más difícil de acreditar, pues son pocos casos en los que la Procuraduría General de la República ha logrado sentencias en firme, dice Buscaglia.

Lo anterior se agrava debido a un hecho: desde hace varios meses la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR tiene problemas para sostener un fiscal a la cabeza.

En esta área se ha observado un manejo irregular al menos desde el año pasado y ejemplo de ello es que hasta el 15 de junio de 2008 José Luis Marmolejo fue responsable de investigar el lavado de dinero. Tras su salida, la dependencia se quedó sin titular durante tres meses y 15 días. Luego fue nombrado César Augusto Peniche, quien posteriormente dejó el cargo, pero el entonces procurador Eduardo Medina Mora, quien decía preocuparle el problema del blanqueo de capitales en el país, no designó un nuevo titular en esa unidad investigadora.

Esto explica en buena medida por qué las investigaciones más serias relacionadas con el lavado de dinero del narcotráfico en México derivan de indagatorias realizadas en Estados Unidos.

Por ejemplo, el pasado 12 de junio la Oficina de Control de Bienes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló bienes y activos de 15 empresas y nueve personas en México, Colombia y el Caribe presuntamente relacionadas con el capo colombiano Fabio Enrique Ochoa Vasco, quien inició su carrera delictiva en el cártel de Medellín.

La investigación puso al descubierto –según la OFAC, por sus siglas en inglés– una red de empresas afincadas en Guadalajara, Jalisco, que eran manejadas por Luis Pacheco Mejía, presunto prestanombres de Ochoa Vasco. Las compañías operan en dos ramas de la economía mexicana: el campo y la industria de la construcción; de hecho, ésta última ha sido la más socorrida por los narcotraficantes para lavar dinero en México.

Las empresas cuyos activos fueron congelados por la OFAC son Granoproductos Agrícolas, SA de CV, Grupo GLP Constructora, SA de CV, Grupo Constructor Inmobiliario Pacar, SA de CV, y Cimientos La Torre, SA de CV.

El pasado 15 de junio, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero, reconoció que la banca en México capta más de 10 mil millones de dólares “excedentes”, es decir, cuyo origen no se explica dentro de la dinámica de la actividad económica del país, por lo que presumiblemente tienen un origen ilícito.

Por ello, el funcionario llamó a la banca mexicana y a las instituciones financieras en general a frenar la entrada masiva de dólares en efectivo al sistema bancario nacional.

La medida ya se puso en marcha: los bancos restringieron las operaciones con esa moneda en las ventanillas, aunque sólo las relativas a la compra de dólares. La venta de esta divisa no fue restringida, así que cualquier persona o empresa puede comprar los dólares que quiera en el momento en que lo desee.

Pero ante el flagelo del lavado de dinero, que según Buscaglia goza de impunidad en México, la PGR carece de instrumentos legales eficaces, si bien en septiembre de 2008 un grupo de expertos presentó a esa dependencia el proyecto Mejoramiento en el marco jurídico y su implementación contra la delincuencia organizada. Muchas de las reformas en la materia aún no se discuten en el Congreso pese a la emergencia que enfrenta el país en materia de seguridad y en su economía formal, que se ve perforada por los llamados narcocapitales.

De acuerdo con ese estudio, el país no cumple con sus compromisos internacionales. En el proyecto referido se expone: “México ha promulgado instrumentos jurídicos cumpliendo con el 87% de las cláusulas de la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada (Palermo) y con el 46% de las cláusulas de la Convención contra la Corrupción (Mérida).

“Sin embargo, a través del análisis de expedientes judiciales se observa que, en la implementación práctica de estos instrumentos, México cumple sólo con el 64% de las cláusulas de la Convención de Palermo y con el 23% de las de la Convención de Mérida contra la Corrupción. A diferencia de México, Colombia ha alcanzado a implementar un 100% de las cláusulas de ambas convenciones de la ONU en sus instrumentos jurídicos e implementan activamente el 94% de ellos.”

En el caso de México, la ineficacia para combatir a la delincuencia organizada y el lavado de dinero es crítica: en las instituciones responsables del combate criminal existe “desempeño heterogéneo e incertidumbre jurídica en la aplicación de las normas legales a la Convención de la ONU de Palermo”, según el estudio.

Según el estudio, la atrofia institucional es más aún más crítica. En los organismos que “luchan” contra el crimen organizado hay “ausencia de programas de prevención de la delincuencia y asociaciones delictuosas”.

Para enfrentar con efectividad al narcotráfico y a la delincuencia en general, los investigadores proponen a la PGR, entre otras, las siguientes medidas: reformar el artículo 400 bis del Código de Procedimientos Federales para tipificar la “conversión de activos patrimoniales en lavado de dinero.

Tipificar la manipulación de mercados por parte de accionistas o empresarios en posesión de información confidencial; que la Unidad de Inteligencia Financiera, la Unidad de Investigación Patrimonial y una unidad específica dentro de la PGR coordinen y compartan sus bases de datos con la Secretaría de la Función Pública y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) para cruzar información con mayor efectividad y abrir líneas adicionales de investigación patrimonial.

Otra propuesta, que al igual que las anteriores no se aplica –lo que demuestra la atrofia institucional frente al narcotráfico–, es la expansión y cruce de información a través de una mayor “minería de datos” patrimoniales ligados a indiciados y personas jurídicas vinculadas que involucra las bases de datos de los entes reguladores del sistema financiero como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y el Banco de México.

–Si existe todo este arsenal contra del crimen organizado, ¿por qué no se usa? –se le pregunta a Buscaglia.

–Hace falta voluntad política y, en mayor medida, compromiso con el país. Si no se implementan estas y otras medidas, México puede ser devorado por el crimen junto con todo su sistema político infiltrado; y algo peor: el país seguirá exportando violencia e ingobernabilidad al resto del mundo.

Columna Asimetrías. AMLO ¿Peligroso? ¿Para quiénes?

Por Fausto Fernández Ponte



16 julio 2010
ffponte@gmail.com

“Por supuesto que AMLO es un honbre con muchos y grandes defectos, pero son peores los de Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo, De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, pero y llegaron a ser Presidentes de México”.

Austreberto Arano.

I

El alud de misivas de los caros leyentes de éstos pergeños en los que se abordó la decisión de Andrés Manuel López Obrador de intentar ser candidato a la Presidencia de México en 2012, indican que nuestro personaje polariza. O se le odia o se le ama.

Y es que, en efecto, para muchos leyentes don AMLO es el hombre que, nos dicen reiteradamente, México necesita para arrancarlo de la postración ignominiosa en la que se encuentra al proponer transformar a fondo estructuras y superestructuras de opresión.

Para otros –no pocos--, el tabasqueño sería, si llevado a Los Pinos, un peligro para México, acusación que se repite desde 2006, cuando se realizaron campañas de difusión para atemorizar al electorado e inducirlo a no votar por el ex jefe de Gobierno del D. F.

Como sabríase documentadamente hoy, esa campaña mediática fue financiada por algunos de los personeros de la élite oligárquica y adjutores en el poder político plutocrático del Estado que el propio don AMLO identifica como la mafia del poder.

En ese entorno de polarización es difícil –más no imposible-- situar a éste hombre en una dimensión despojada de subjetividades y objetivamente discernida, v.gr., aséptica e inodora, incolora e incluso insípida. Pero ello implica sustraerlo de su contexto.

II

Su contexto es la realidad social mexicana. Ésta es lacerante, consecuencia de la instrumentación de políticas diseñadas y aplicadas por el poder político del Estado que se inspira desde 1982 en una filosofía francamente antisocial.

Por su naturaleza antisocial, esa filosofía es antipueblo y, por inferencia válida, antiMéxico. Esa filosofía fue adoptada por el Partido Revolucionario Institucional y llevada a sus graves consecuencias actuales por el de Acción Nacional.

Al hacer suya esa filosofía, el PRI la estableció por fiat presidencial –es decir, sin consultarla con la ciudadanía— una forma de organización económica congruente con las premisas y silogismos de aquella, a la cual se le denomina neoliberal.

Así, la filosofía neoliberal devino forma de organización económica –o modelo económico— identificada como neoliberalismo, que es, en realidad, una guisa aviesa y perversa cuyo objetivo ha sido el de saquear al país y expoliar su recurso hunano.

La expoliación de éste recurso humano –la población económicamente activa y, en general, todo el universo demográfico y sociocultural mexicano— es brutal: desempleo, empleos de mala calidad, inseguridad laboral, más impuestos, alto costo de la vida, etc.

III

La consecuencia es dramática: más de la mitad de la población de nuestro país vive en pobreza, además de que otro grueso poblacional vive en la mayor indefensión en términos de seguridad social. A ello súmanse otros indicios ominosos de incertidumbre.

Y de desesperanza, la cual corre pareja, según discerniría un observador acucioso, con la irritación, el descontento y la toma de conciencia es imposponible modificar ese statu quo tan opresivo y sin salidas por las vías digamos convencionales.

En ese contexto, éste controvertidísimo personaje –don AMLO-- ha propuesto, a diferencia de otros aspirantes a la Presidencia de México, transformar a éste país, para lo que no le bastaría sólo ser elegido mandatario, sino también tener un Congreso afín.

Tan sólo la propuesta de don AMLO y la mera intención de intentar ser elegido Presidente inquieta a la mafia del poder, pues esa posibilidad –en éste momento dista de ser una probabilidad-- es vista, por dicha élite, un peligro para ella y sus intereses.

Más, aclárese, don AMLO no es un peligro para México, sino para esa mafia del poder que, recursiva, usa los enseres del control social, como los medios difusores de su mismo genoma, para trasladar la noción de peligro a sus intereses a otros mexicanos.

ffponte@gmail.com

Plaza Pública. Presidente desinformado - 16 de julio de 2010

Por Miguel Angel Granados Chapa





La conseja según la cual el presidente de la República es el hombre mejor informado del país, si alguna vez correspondió con la realidad, ha dejado de tener vigencia. Al presentar ayer a su cuarto secretario de Gobernación, uno por año en promedio, Felipe Calderón dijo que José Francisco Blake Mora es “un operador político leal, práctico eficaz cuyo perfil servirá también en la tarea de intensificar y dignificar la actividad política de mi gobierno en esta segunda mitad de la administración”.

Pero el acontecimiento más reciente en la vida pública del suplente de Fernando Gómez Mont es la estrepitosa derrota del PAN en Baja California, de donde viene el nuevo funcionario. Ese partido, que ha llegado a tenerlo todo, lo perdió todo el 4 de julio. Y uno de los responsables de esa estruendosa caída es ese “operador práctico eficaz” que cree Calderón.

Adela Navarro, directora del semanario Zeta de Tijuana, conocedora como pocos de los entresijos de la política local escribió con Sergio Haro Cordero, su corresponsal en Mexicali, este juicio sobre Blake Mora, considerado como el segundo responsable de la derrota, después del gobernador Osuna Millan. O hasta el primero, porque “desde la secretaría de gobierno se ha convertido en el poder tras el trono tanto en ese gobierno como en el Partido Acción Nacional. Por debajo de la mesa, con bajo perfil, ha movido los hilos de la política panista hasta imponer candidatos, negociar con los partidos de oposición y utilizar el presupuesto, el de finanzas y el desarrollo social en busca de votos. La lógica indica que luego de la derrota debería ser el primero en renunciar, pero el gobernador actúa más por capricho al mantenerlo que en dignidad al despedirlo” (Zeta, 9 de julio).

Al llevarlo a su gabinete, Calderón redondeó la incongruencia expresada siempre que remueve a un colaborador. Tras la apariencia de una falsa amabilidad, el Ejecutivo alaba al personal al que echa, como si su buen desempeño fuera la causa de su remoción. Y en los casos de las dos suplencias anunciadas el miércoles, se les designa en territorios donde sus fallas han sido ostensibles, pues tampoco Bruno Ferrari, el nuevo secretario de Economía, viene de una gestión muy exitosa en Proméxico.

En términos profesionales, Blake Mora sólo ha estado fuera de Baja California en el trienio 2000-2003, cuando fue diputado federal en la bancada dirigida por Felipe Calderón. Allí trabaron o consolidaron una estrecha amistad personal, tal como la que surgió en ese mismo tiempo entre el entonces líder legislativo y el diputado Juan Camilo Mouriño. De esa suerte, de tal bancada han surgido dos de los cuatro secretarios de Gobernación de este sexenio que Televisa ha dado ya por terminado, en voz de Claudio X. González Guajardo, presidente de la Fundación de ese consorcio.

Salvo pues, ese breve lapso de vida federal, la trayectoria del nuevo secretario de Gobernación ha transcurrido en su península natal. Ha sido secretario de gobierno de la cuarta administración panista bajacaliforniana desde 2007. Como tal, si bien hay un órgano electoral autónomo, y los comités estatal y municipales de su partido tienen su propia esfera de acción, Blake Mora intervino activamente en el proceso electoral que concluyó el cuatro de julio en el peor desastre panista en la historia de Baja California, tercamente panista desde que en 1989 Ernesto Ruffo ganó la gubernatura. En los 21 años transcurridos desde entonces, tiempos hubo en que el PAN lo controlaba todo, los ayuntamientos y la legislatura, amén del gobierno del estado. Gracias, entre otros, a la actuación de Blake Mora, esa situación mudó radicalmente ahora: el PRI ganó las cinco alcaldías y la mayoría en la legislatura, algo impensable cuando ese partido había llegado a niveles tan bajos que presentó hace tres años a Jorge Hank Rohn como candidato a gobernador.

Se atribuye a Blake Mora, en cambio, ser uno de los gestores de la relativa tranquilidad que los tijuanenses viven después de las tempestades levantadas por el crimen organizado con la complicidad de autoridades locales. Si ese es su mérito principal, y no el de la operación política, debió ser nombrado secretario de Seguridad Pública federal. Pero eso significaría la remoción de Genaro García Luna, y no estamos ya para hacernos ilusiones. Se le instruyó, sin embargo, para que encare “con responsabilidad y compromiso la lucha en contra del crimen organizado y por la seguridad pública, la lucha en contra de ese principal enemigo de nuestra sociedad y de nuestras instituciones”, tareas para las cuales el huésped de Bucareli carece de facultades.

Bruno Ferrari fue compañero de escuela, la Libre de derecho, de Calderón, con lo que se confirma la propensión a convertir la amistad en mérito para el desempeño público. Tras su grado inicial, obtuvo una licenciatura en derecho canónico, hizo estudios en ciencias del matrimonio y la familia y se doctoró en el Centro Académico Romano de la Santa Cruz. Muy su vocación, por supuesto, aunque difícilmente esas disciplinas preparan para la gestión pública de la economía, como lo ha probado su paso por Promexico, el artificio utilizado por Calderón para deshacerse del Banco Nacional de Comercio Exterior, que ya realizaba tareas de promoción. Si se piensa en la liquidación de Luz y Fuerza y el asedio a Bancomext, adosado por lo pronto a Nacional Financiera, parecería que no fue Andrés Manuel López Obrador sino Calderón mismo el que profirió la célebre proclama “!al diablo con las instituciones!”.— México, D.F. karina_md2003@yahoo.com.mx ————— *) Periodista