sábado, junio 06, 2009

El repudio toma forma


Ante la frustración de los ciudadanos que no encuentran una oferta electoral creíble, pese a la costosísima infraestructura de los partidos y los órganos electorales, en crecientes segmentos de la sociedad –sobre todo a través del instrumento de moda, las páginas de internet– se extiende una campaña, paralela a la de los partidos, para que el 5 de julio la gente acuda a las urnas y anule su voto. Entre quienes participan en ella hay de todo: jóvenes blogueros, políticos descontentos, analistas y ciudadanos que simplemente están, y así lo dicen, hartos del sistema…

De la frustración, el resentimiento y el desprecio que concita el degradado sistema político mexicano emerge, desde vastas zonas del país, un movimiento de ciudadanos que convoca a poner un “hasta aquí” a los políticos, los partidos y la representación popular, como la Cámara de Diputados, a través de una acción insólita: ir a las urnas sólo para anular el voto.Se trata de un fenómeno espontáneo que empezó a tomar forma organizada en Puebla, en marzo pasado, y que se ha extendido con rapidez a varios estados de la República, sobre todo a través de páginas de internet y blogs y que se propone, en las elecciones del 5 de julio, lo que parece una paradoja estéril: reformar el sistema político mexicano repudiándolo.“Anulando el voto estamos diciendo que este sistema no funciona y que queremos cambiarlo, y tenemos la esperanza de que el mensaje sea de tal manera fuerte e inevitable que fuerce a los políticos a entrar en una reflexión para reformarlo”, explica Gabriel Hinojosa Rivero, dirigente del movimiento Gobierno de Segunda Generación (G2G), pionero de esta singular protesta, que ya le generó amagos de castigo en Puebla.“Rechazo a los partidos y sus candidatos, pero no a la democracia”, aclara el movimiento “Tache a todos” que encabeza Hinojosa, quien con ese nombre lanzó una página de internet que expone las razones para anular el voto, instruye cómo hacerlo e inclusive convoca a un concurso de cartel y video con premios de hasta 21 mil pesos.Primo de Felipe Calderón, jefe del Ejecutivo, y primer alcalde del Partido Acción Nacional de Puebla capital, militancia a la que renunció en 2004, y aspirante a ese mismo cargo en 2007 con el apoyo del Partido del Trabajo, Hinojosa afirma que es preciso que haya candidaturas ciudadanas, reelección de legisladores, reducción de diputados y creación de partidos municipales.En este movimiento, aclara, nada tiene que ver Calderón: “Le tengo aprecio y respeto como pariente y como presidente también, pero queda claro que yo no estoy en su proyecto y que tengo una trayectoria muy clara desde antes”.
–¿Han hablado sobre esto?
–Sí, desde luego. Desde antes de todo esto él dijo: “Tengo gran aprecio por tu capital político en Puebla. Me da mucha pena que no lo insertes en mi partido, pero respeto profundamente que sigas tus propias convicciones”. Él lo lamenta, pero lo respeta. Y yo lo aprecio y lo respeto a él.Con diversos nombres, pero con el mismo objetivo de repudio a los políticos mediante la abolición del voto en la casilla, estrategia que contrarresta al mismo tiempo la abstención –dicen sus promotores–, proliferan iniciativas en la Ciudad de México y en varios estados del país, cuyos diagnósticos, agenda de discusión y aun la creatividad para persuadir a los potenciales “anulistas”, difieren. En Jalisco, por ejemplo, el lema del movimiento que inclusive ya irrumpió en las calles de Guadalajara el viernes 22 de mayo, es categórico y ha concitado controversias: “Para políticos nulos, votos nulos”.Carlos Páez Agraz, quien junto con Gladis Martínez, Margarita Sierra, Etienne von Bertrab, Bernardo Jaén, Jaime Meade y Juan Carlos Soto comenzó el movimiento en esa entidad, no tiene duda: “La enfermedad de México es su régimen. Tenemos que cambiarlo de manera no violenta y la primera etapa es: Así no”.Con base en el artículo 39 constitucional, que establece que el pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, el grupo promotor de Jalisco comenzó a reunirse en abril para revisar datos sobre armonía, prosperidad y sustentabilidad, que “demuestran que caemos en picada”.Expone: “Conviven una crisis económica que parece devastadora, la descomposición política, los crecientes niveles de violencia, y estamos entre los tres países más corruptos y violentos del mundo. El tejido social está desgarrado, 84% de mexicanos desconfiamos mucho de otros mexicanos. Estos problemas de primer plano ya no pueden ocultar uno peor, que es el deterioro del territorio”.En entrevista por correo electrónico, Páez Agraz, ingeniero civil de 41 años de edad y consultor de organizaciones sociales, afirma que el primer paso para transformar el sistema político es el grito de “hasta aquí” que representa anular el voto en la casilla.“Existen muchas propuestas de modificaciones a las leyes tremendamente inteligentes y bien planteadas: juicios orales, revocación de mandato, candidaturas ciudadanas, el agua como derecho humano, ordenamiento territorial, control social de lo público, etcétera. Muchos ciudadanos y organizaciones están preparados para construir una agenda y empezar a deliberar. La pregunta es si debemos meterle más parches a nuestro contrato social o si tenemos que diseñar uno nuevo.” El movimiento “políticos nulos, votos nulos” ha establecido una red de comunicación con activistas de Puebla; Torreón, Coahuila; Mexicali, Baja California; y el Distrito Federal, con los que se trabaja vía electrónica, sin conocerse personalmente, cada cual con sus peculiaridades. “Ver a México como un todo es muy complejo en este momento. Cada estado de la República tiene sus particularidades, cacicazgos, pero también tiene ciudadanos interesados. Lo que está claro es que, sin distinguir colores, los políticos no tienen nada que presumir ni nada que prometer que sea creíble”, subraya el activista.Y pone el ejemplo de su propio estado: “Jalisco ha hilvanado 14 años de gobiernos estatales panistas, quienes han encontrado el camino para coexistir con los demás partidos mediante el reparto de puestos, poderes y presupuestos. Los sindicatos siguen controlados por el PRI, Francisco Ramírez Acuña tiene sometido al PAN, Raúl Padilla López, exrector de la Universidad de Guadalajara, controla brutalmente a muchos académicos, al PRD estatal y a un sector importante del PRI.” Resume: “Jalisco parece estancado políticamente en los setenta, pero con el PAN al mando. Para muestra el Chinguen a su madre que nos propinó el actual gobernador, Emilio González Márquez, el año pasado. En democracia, en cuatro horas estaría fuera y con proceso legal abierto”.En San Luis Potosí el movimiento se reduce sólo a la capital, reconoce Noel Algara, un expanista de 29 años de edad y líder de un grupo de rock, quien sin embargo prevé crecimiento de la propuesta de anular el voto por el desencanto generalizado en la política, como a él le ocurrió:“El cansancio por nuestro desigual y excluyente sistema político, la molestia de ver consolidada una partidocracia en México, un IFE al servicio de los intereses partidistas y una democracia vapuleada, prostituida y engañada por unos cuantos de siempre, fueron algunos de los motivos que reunieron a varios amigos para buscar la manera de generar una conciencia alternativa.”
–¿Con qué estados se ha establecido comunicación?
–Hemos sido visitados en internet por gente de Aguascalientes y de Chihuahua. Se animan al saber que hay muchas personas con intención de anular su voto y decir ¡ya basta! En sus respectivos estados también se escuchan las mismas voces. Esto está creciendo.
Boicot efectivo, no abstención
El llamado a anular el voto en las elecciones del 5 de julio cobra relevancia en el contexto de la guerra sucia entre los partidos políticos, el selectivo embate policiaco del gobierno de Calderón contra opositores y, sobre todo, el desastre económico del país acreditado por las propias cifras oficiales.Junto con diagnósticos y agenda consistentes para argumentar por qué es políticamente útil anular el voto, aparecen también convocatorias desenfadadas y hasta humorísticas con el mismo fin, como la del blog “Yo voto por quien quiera”, dirigido a los jóvenes y que llama a votar por un ídolo.En vez de cruzar toda la boleta, se propone escribir en el espacio en blanco de la boleta el nombre de personajes como Kurt Cobain, Pancho Villa, Jim Morrison, Tin Tan, Juan Rulfo, John Lennon, Sor Juana Inés de la Cruz, Jimi Hendrix, María Félix, Aristóteles, Frida Kahlo, Simone de Beauvoir, Che Guevara, Heath Ledger, Emiliano Zapata, Benito Juárez o Ricardo Flores Magón…“Esta es la forma como protestaremos contra la corrupción del sistema político mexicano. Queremos que nos escuchen, que nos vean, que nos lean”, subraya la convocatoria, y aclara que no se debe votar por alguien que esté vivo, y pone el ejemplo del actor Diego Luna.“Nadie nos asegura que el PAN, PRI, PRD, Verde, Convergencia, Panal, PT, PSD o el que sea, después lo contraten para que salga en un anuncio televisivo pagado por nosotros y diga: ‘Soy Diego Luna, no puedo ser tu candidato, pero te digo que votes por el X diputado…’. Es muy peligroso porque no faltará quien desvirtúe el movimiento y diga que todos los jóvenes somos de determinado partido. Por eso mejor difundir que votaremos por muertos... ¡Así no hay pierde!”Ese blog se ufana de que a esta iniciativa se han sumado otros espacios en internet, entre ellos Ciudadanos en Red, que en efecto reproduce la convocatoria. Lo paradójico es que esa iniciativa forma parte de Metrópoli 2025, cuyo consejo directivo preside Demetrio Sodi, candidato panista a delegado de Miguel Hidalgo.Los “anulistas” coinciden con los abstencionistas en que todas las opciones son inaceptables, pero no comparten su pasividad e indiferencia. “Levantarnos a anular nuestro voto nos convierte en ciudadanos ejerciendo el derecho de rechazar a los partidos y sentar las bases para construir una mejor democracia”, establece el movimiento “políticos nulos, votos nulos”.Por su parte, en su blog “Anúlalos”, Germán Petersen, estudiante de la licenciatura en Ciencias Políticas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) de Guadalajara y ganador del primer lugar del Certamen Nacional Juvenil de Ensayo Político 2007, expone las diferencias entre anular el voto y abstenerse: “Para nada es nuevo que muchos mexicanos no se presentan a votar el día de las elecciones con el pretexto más burdo que uno se pueda imaginar. El abstencionismo consciente como forma de protesta corre el riesgo de perderse entre ese grupo de personas que por flojera, desidia o cualquier otra razón sin sentido, simplemente no se presentan a votar. Además, la cifra de abstencionistas varía mucho de elección a elección; en cambio, el porcentaje de votos nulos prácticamente nunca ha rebasado el 2.5% en el estado. Vayamos a votar, pero de una forma que transmita nuestro descontento. La anulación es la mejor que podemos encontrar.”
Traición a la patria
A la discusión entre los promotores de la abolición del voto, de extendida presencia en la red –que focaliza su público clasemediero, si bien se han impreso volantes que se distribuyen en algunas ciudades–, se han sumado analistas que ponderan el fenómeno y aun políticos como la experredista Rosalbina Garavito.El más tenaz promotor del voto nulo es José Antonio Crespo, miembro del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y autor de rigurosas indagaciones electorales como Hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana, quien sostiene que anular el voto no significa apatía, sino rechazo activo y deliberado a todos los partidos.“Es lo que suele llamarse ‘abstencionismo activo, o cívico’, pero que fácilmente puede confundirse con el abstencionismo apático o indiferente si no se plasma en una boleta anulándola con claridad”, escribió Crespo en el diario Excélsior el 18 de mayo, al recordar que la legislación mexicana no considera el voto en blanco, como en varias democracias.Se trata, explicó, de un espacio en la boleta, creado como una opción legítima y especial para quien quiera votar “ninguno”. “Habrá que empujar que en adelante se incluya ese derecho (que en general, aun los ‘participacionistas’ reconocen como menos perjudicial institucionalmente que sólo abstenerse de ir a las urnas)”.Al respecto, Hinojosa afirma que, mientras no exista en México el espacio para votar por “ninguno”, es preciso anular el voto como señal de repudio al sistema actual, “que es una jaula de oro democrática, una gran simulación”, y la sociedad no tiene opciones.Al margen de militancia partidista, Hinojosa dice que ha “apostado” todo su capital político a esta iniciativa que va más allá del rechazo que se manifiesta a través de la abstención, que a los políticos no les importa. “Vamos a demostrar que habemos muchos que ya le estamos dando la espalda al jueguito, porque no está dando resultados –afirma–. Un éxito excepcional en Puebla sería que 10% de la gente anulara su voto.”Pero este viernes 29 sobrevinieron reacciones: el Partido Nueva Alianza acusó a Hinojosa de que, llamando a anular el voto, promueve acciones contra el proceso electoral previstas en el artículo 345 de la ley electoral federal, cuyo castigo es una multa de hasta 500 días de salario mínimo, y Sergio Cházaro, consejero local del IFE, afirmó que esa campaña atenta contra los fundamentos de la democracia.El político poblano dice que son señales “muy raras”, porque además se le acusa de querer ser candidato: “Es una visión muy tonta. Ya fui candidato y este no sería mi camino para volverlo a ser, ni siquiera es seguro. No conecta una cosa con la otra. Lo interesante aquí es qué va a hacer el IFE. Tiene de dos: desechar o imponer la multa. Deberían desecharla, pero ¿me van a agarrar de caso ejemplar para que no se insubordine la ciudadanía?”.También en Jalisco ha habido reacciones adversas: el presidente del órgano electoral, David Gómez, desautorizó la nulidad del voto, y la campaña fue calificada por el exgobernador Ramírez Acuña como “cobardía” y “acción contra México”, expresión semejante a la del cardenal Juan Sandoval: “No hace labor de patria”.Al respecto, el activista potosino Noel Algara dice: “¿Anular el voto convierte en un criminal democrático? No. Muy al contrario, lo convierte en un ciudadano modelo, que no rechazó sus deberes y obligaciones. Pero cuidado, hay opiniones que realmente ‘matan a la democracia’ y un cardenal que las expresa”.Páez Agraz reflexiona: “Anular es un derecho constitucional que el Estado nos debe garantizar. Estas declaraciones evidencian que los políticos y líderes formales no han desarrollado comportamientos democráticos. La democracia es un vehículo que funciona con demócratas; de izquierda, derecha o centro, pero demócratas”.
–¿No se corre el riesgo de que, luego de las elecciones, se diluya el movimiento y, después de lo que podría ser un “desahogo”, venga la frustración?
–Si esto se diluye será cierto que los ciudadanos tienen el gobierno que se merecen. Nosotros creemos que se puede tejer una red social que se convierta en escuela de ciudadanos. Los ciudadanos tenemos que preocuparnos por nuestro país.

Táctica ineficaz



José Woldenberg, expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), advierte que el movimiento que convoca a ir a las urnas el 5 de julio para anular el voto y el creciente abstencionismo deben preocupar a los políticos y a los partidos.“Darle la espalda a la inasistencia a las urnas o a quienes van a anular su voto es suicida. Esto está expresando algo –dice el experto–: expresa malestar, desencanto y desafección a los partidos”.
Sin embargo, Woldenberg no tiene duda: este movimiento para acudir a las casillas el día de la jornada electoral y abolir el sufragio va a fracasar porque tiene enormes debilidades. La principal: dejará a los que sí votan la decisión de cómo se integrará la representación popular, como la Cámara de Diputados, o quiénes se convertirán en autoridades.“Ahí reside su mayor debilidad –señala–. Y su otra debilidad es conceptual: la única manera que se tiene para decir que hay que anular es que, para ellos, todos los partidos significan lo mismo. Y esa es una gran falacia.”Según él, los partidos en México en muchas cosas se pueden parecer, pero sin duda expresan diversidad de diagnósticos, propuestas, plataformas. Por eso, Woldenberg niega que anular el voto se equipare a la “abstención activa”, porque ésta tiene sentido sólo cuando alguna corriente político-ideológica está excluida, como ocurrió con el Partido Comunista Mexicano en 1970.En entrevista en su austero cubículo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Woldenberg afirma que “la manera de revertir la abstención es elevando el nivel de la discusión política, generando un circuito más productivo o político, es dignificando esa actividad”. –Eso es justamente a lo que apelan los anulistas…
–¿Pero van a lograrlo con eso? En esa operación hay algo que es absolutamente cierto e incontrovertible: quienes vamos a decidir somos los que votamos y hay una probabilidad de que eso genere la reflexión de los partidos para corregirse y demás. Autor de La mecánica del cambio político en México y El cambio democrático y la educación cívica en México, entre otros libros especializados, explica que normalmente, cuando ha habido reformas, no es porque la abstención haya crecido, sino que “se han dado cuando se genera un diagnóstico de algún problema y se hacen avanzar algunas propuestas, es decir, se crea un contexto de exigencia real con diagnóstico, con medidas y con horizonte”.
–Dicen los activistas que anular el voto implicará un sacudimiento a los partidos y que haya reformas que hagan más eficiente el sistema. ¿Es algo ingenuo o es producto de este estado de ánimo contra los partidos?
–Yo creo que tiene que ver, en efecto, con un estado de ánimo muy encendido que no es solamente mexicano, que lo han medido encuestas como el Latinobarómetro, en donde el aprecio por los partidos, los políticos y los congresos es muy bajo.
Las razones de la ira
De hecho, dice, la motivación profunda del desencanto no es política, sobre todo cuando se ha avanzado en el proceso democratizador: “Yo creo que los nutrientes fundamentales del desencanto vienen de otro lado, vienen del no crecimiento de la economía, del deterioro de las condiciones de vida de la gente, de una sociedad cada vez más desigual, con franjas de pobres enormes”.Explica: “Hoy cuesta trabajo pensar a México como país. Parece más bien un archipiélago de grupos, de tribus, de pandillas, escasamente integrados. Entonces, el sentido de pertenencia a una comunidad nacional está, de alguna manera, roto, trastocado. “Yo creo que de ahí viene el desencanto. Incluso, para decirlo en términos de las personas, yo creo que el desencanto se nutre mucho, al no crecer la economía, de la expectativa de cómo van a vivir los hijos, y van a vivir peor que los padres. Entonces hay un mal humor público, agrio, irritado, que se explica por eso, más que por la política en sí misma. Y dicen: todo esto es culpa de los políticos, del Congreso, de los partidos. Pero el malestar es por eso.”Pone como ejemplo el período de 1932 a 1982, cuando la economía creció en un régimen autoritario y había una especie de consenso pasivo más fuerte. “¿Y cómo se explica ese consenso? Por el crecimiento de la economía. Siempre fue un crecimiento polarizador, nunca fuimos una sociedad equitativa ni igualitaria, pero al crecer la economía las expectativas de vivir mejor se cumplían, y hoy no. Por eso también me parece que este método no va a lograr los fines que busca, por desgracia”.Woldenberg aclara también que jamás se podrá saber si el movimiento fue exitoso: “Van a aparecer los tradicionales votos por Batman y Cantinflas, los errores y los que van a anular para manifestar un malestar con los partidos. ¿Qué porcentaje de esos votos expresa cada uno de ellos? Nunca lo vamos a saber”.Lo que le preocupa de este tipo de movimientos es la “retórica antipolítica”, que “es muy efectiva pero suele ser muy mentirosa”. Consiste en que los políticos, sus partidos y el mundo institucional son un bloque llamado la clase política, que es perverso, corrupto, ineficiente; explica. “Hay también un pueblo que porta todas las virtudes: es noble, incorruptible, trabajador. Y entonces hay una contradicción entre la clase política y el pueblo. Y curiosamente siempre hay un salvador, que puede ser un movimiento, un líder carismático, alguien que, ese sí, va a romper con la dinámica autorreferencial. Yo creo que es una falacia de principio a fin.”Reflexiona: “El discurso antipolítico lo único que hace es fomentar el desencanto en muchas de las instituciones que son necesarias para la democracia. Porque no hay democracia sin partidos, sin políticos, sin Congreso. Entonces, más bien yo me orientaría a cómo vamos a reformar la vida política a través de los políticos, de los partidos y de los congresos, y no a tratar de exorcizarlos”.
–El cardenal Juan Sandoval dice que quienes llaman a anular el voto no hacen patria y que el abstencionismo va a matar a la democracia.
–Ese lenguaje tampoco ayuda en nada. Yo insisto en que reconozco como un derecho que la gente se abstenga o que la gente vaya y anule su voto. Lo que digo es que para los fines que se plantean ese no es el mejor método. “Los partidos, los políticos, la escuela, los medios deberían tener políticas permanentes para explicar qué son los principales regímenes de gobierno, cuáles son sus valores, sus principios, sus conductos de participación, por qué es mejor vivir en democracia que en un sistema autoritario. Nos hace falta, como sociedad, una enorme pedagogía para llegarle a todo ese mundo de gente que hoy está absolutamente divorciado de la política. “Me da la impresión de que cuando desde el púlpito se meten a la política, siempre lo hacen de manera muy mala. Hasta en el lenguaje, como en este caso. Acostumbrado a pensar en pecados, trasladan ese lenguaje a la vida política y desnaturalizan todo. Insisto: es un derecho no participar, no hay que anatemizar a nadie, pero no creo que sea una fórmula para cambiar las cosas.”

Suena sensato el tal Woldenberg ¿verdad? Pues es uno de esos intelectuales que le lamió la cola a Fecal y sabiendo que había habido fraude declaró lo contrario. ¡Cuidado con estos oportunistas que se quieren hacer los muy serios y son unos traidores! Por muy bien que argumente, moralmente es una gentuza.


Solá, el alma de las campañas sucias, ya es “mexicano”


De las oleadas de estiércol y lodo que el PAN arroja contra sus adversarios políticos emerge un viejo conocido, experto en campañas sucias: Antonio Solá, el español que en 2006 fue el artífice de una de ellas: “AMLO, un peligro para México”… Fuentes consultadas por Proceso revelan que, para evitar eventuales reclamos por una nueva injerencia de Solá en asuntos de política interna, la Presidencia de la República dispuso todo para la naturalización del español como mexicano… Siendo así, la guerra sucia del PAN apenas comienza…

“La necesidad de mantener una alianza táctica con el PAN y su gobierno ya pasó. Entiéndelo: estamos en otra etapa”. Este fue el reclamo que los 18 gobernadores priistas hicieron a su dirigente nacional, Beatriz Paredes Rangel, quien aceptó reunirse con ellos y los coordinadores parlamentarios en las cámaras de Senadores y Diputados: Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa Patrón.“Necesitamos responder a esta guerra sucia, no podemos seguir con tibiezas”, dijo uno de los mandatarios estatales. “Queremos saber cuál es la estrategia del partido”, secundó otro.Era la tarde del 19 de mayo en Metepec, Estado de México, y lo que ellos califican como “campaña negra” emprendida en su contra por el dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, llevaba ya tres meses.El pasado 22 de febrero, Martínez fue el protagonista de un video que su partido “subió” al sitio YouTube, en internet, en el que acusa a los gobiernos del PRI de no haber frenado el narcotráfico y les pregunta a los priistas “si están o no con el presidente Calderón del lado del combate a las mafias criminales”.Beatriz Paredes se defendió. Respondió que hasta el momento les había ido bien con lo que ella considera una campaña electoral propositiva y que no era bueno enfrentarse con el presidente de la República. Y aún más: les aseguró que Calderón no forma parte de la campaña de denostación contra su partido.En la medida en que respondía Paredes Rangel, coordinadores y gobernadores se enfurecían más con ella no sólo por su tibieza, sino por defender al mandatario.A pesar de ella y contra ella, las 20 personas con las que Paredes Rangel comparte el poder en el PRI decidieron dar un giro a la campaña, para responder a cada una de las acusaciones de los panistas y, sobre todo, señalar los errores en que, desde su perspectiva, ha incurrido Calderón, como la forma en que enfrentó la contingencia sanitaria, así como la crisis económica.A esta decisión siguió un comunicado que empezó a circular en internet, con diversos remitentes, y en el cual se establece la liga para un sitio en YouTube donde figura un video en el cual se denuesta a Felipe Calderón y a Germán Martínez. En el texto que lo acompaña se anuncia que los priistas de “línea dura” se unen para hacer una contracampaña “y responder a los golpes que el PAN ha propinado con la campaña negra de Germán Martínez, asesorado por Antonio Solá y con la venia del presidente Calderón”.
Maniobras presidenciales
En marzo de 2006, el reportero Álvaro Delgado (Proceso 1531) detalló las andanzas de Solá en territorio nacional, y cómo este ciudadano español hacía política en México al asesorar a Calderón, entonces precandidato presidencial. De esta manera violaba la Constitución, que en su artículo 33 prohíbe a todo extranjero inmiscuirse en asuntos de política interna.En aquel año de elecciones presidenciales, el enemigo a vencer era Andrés Manuel López Obrador, y a Solá se le atribuye la campaña sucia en su contra, cuyo principal eslogan rezaba que AMLO era “un peligro para México”.Durante algún tiempo los panistas negaron la participación del español en estas acciones. Incluso en marzo de ese año, Germán Martínez, entonces representante del PAN ante el Instituto Federal Electoral, dijo: “Es necesario que se haga una investigación para saber qué extranjeros están laborando como asesores, consultores y cargaportafolios de los candidatos”.Hoy, a tres años de distancia, el PAN retomó la campaña sucia, y Proceso averiguó que la Presidencia de la República dispuso que se nacionalizara al español para evitarse reclamos de que un extranjero se inmiscuía en política interna.Una prueba de que en Los Pinos se maniobró para que a Solá se le otorgara la nacionalidad mexicana se encuentra en el oficio que el 5 de diciembre de 2006 el subsecretario de Población Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Lauro López Sánchez, envió a César Nava Vázquez, entonces secretario particular de Felipe Calderón.En ese documento –con copia al secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña– le informa que el trámite concluyó de manera exitosa.En el oficio se adjuntó la carta de naturalización 0029065 con expediente de referencia ASI/521.2/ESP1/0064553/06. En esa carta, Solá manifiesta que nació el 14 de enero de 1972 en Terrassa, Barcelona, Reino de España; que su padre es Antonio Matías Solá Ortigosa y su madre Josefina Reche Carricondo, y que su cónyuge es Laura Gómez Padilla.El mismo documento da cuenta de que la carta se otorgó el 4 de diciembre de 2006, aunque fue un día después cuando se le notificó del trámite concluido al secretario particular del presidente de la República, César Nava, hoy candidato a diputado federal por el XV Distrito.A Solá se le brindaron todas las facilidades para que obtuviera la nacionalidad mexicana. Fue el pago por diseñar la campaña negra contra López Obrador, la cual le ayudó a Calderón para ganar la contienda presidencial.Ahora, ningún político de oposición podrá reclamar que un extranjero interviene en política mexicana, aunque Solá se dedique a diseñar una estrategia mediática para golpear al PRI, sobre todo, así como al PRD. La situación amerita este tipo de acciones, pues se encuentra en juego la mayoría en la Cámara de Diputados.Legisladores del PRD –quienes hoy están siendo afectados por la campaña negra emprendida por el PAN en su contra– criticaron que uno de los primeros actos de gobierno de Calderón haya sido emitir una orden con el fin de que su asesor español obtuviera la nacionalidad mexicana.Este hecho prueba, asegura el diputado federal por el PRD Juan N. Guerra, que “Solá siempre estuvo de manera ilegal en el país violando las leyes, y que se le pudo haber aplicado el artículo 33 de la Constitución por haber hecho lo que está prohibido: que un extranjero participe en política interna de México”.Y añade: “Ahora con estos documentos ya no puedes cuestionar a quien está dirigiendo nuevamente la campaña negra, la guerra sucia. Esa es la política que aplican los panistas, convertir lo ilegal en legal mediante el uso del poder”.Humberto Zazueta, legislador federal perredista, no se sorprende de la carta de naturalización promovida por el gobierno federal panista: “Lo mismo hicieron con Zhenli Ye Gon. Fueron ellos quienes lo hicieron mexicano y le dieron a su vez carta para introducir grandes cantidades de metanfetaminas a través de las aduanas. A Solá lo naturalizaron para evitarse cuestionamientos y que siguiera diseñando la campaña negra”.Igual que en 2006Priistas y perredistas están convencidos de que la estrategia electoral del PAN y del gobierno federal está siendo orientada por Solá, y su único objetivo consiste en mantener el poder a toda costa.Samuel Aguilar, diputado federal del PRI y secretario adjunto del Comité Ejecutivo Nacional, explica que el PAN, desde siempre, ha usado la campaña negra como arma. Esta estrategia define un tema, en este caso la seguridad y, en segundo lugar, identifica a los adversarios: en este caso el PRI y el PRD, que disputarán la mayoría en la Cámara de Diputados.Comenta que el proceso electoral del 5 de julio de 2009 será una reedición del realizado en 2006 “que dividió al país y terminó cuestionando la legitimidad de quien hoy está en la Presidencia”.El diputado Zazueta ubica la campaña sucia panista en los acontecimientos de Zacatecas y Michoacán. Sostiene que en el primer caso, por medio de una filtración periodística al diario Reforma, se pretendió vincular con el narcotráfico al senador Ricardo Monreal, ahora del PT, pero colaborador cercano de Andrés Manuel López Obrador. Considera que la detención en Michoacán de 10 ediles en su mayoría priistas y perredistas (sólo dos son del PAN), así como de colaboradores cercanos del gobernador Leonel Godoy, es una maniobra de tipo electoral.Y precisa: “Todo esto es parte de la guerra sucia orquestada por Solá, ambos casos forman parte de una guerra sucia para fortalecer al PAN y generar la idea de que la figura presidencial está atacando el narcotráfico en serio, hacerlo aparecer como el que salva al país”. Agrega: se trata ahora de desprestigiar a los políticos de oposición. Y cita inmediatamente el supuesto documento de “inteligencia federal” que publicó Reforma, en el que se vincula con el narcotráfico a diputados federales del PRI y del PRD.La campaña de desprestigió que inició el PAN fue diseñada a principios de enero de este año. De ello dio cuenta el reportero de Reforma Ernesto Núñez, quien detalló cómo se planeó todo en las oficinas de la dirigencia nacional panista, con la anuencia del gobierno federal.Además de Solá –a quien no menciona el reportero– participaron en el diseño de la estrategia Germán Martínez; Juan Ignacio Zavala, coordinador de proyectos especiales del PAN y cuñado de Calderón; Jorge Manzanera, secretario general adjunto del CEN panista; Alejandro Villalobos, secretario de Elecciones; Rogelio Carvajal, secretario general; Roberto Gil, director general jurídico y representante ante el IFE, y Héctor Villarreal, director de Comunicación Social.Esa estrategia fue avalada por los grupos parlamentarios panistas en sus plenarias del 1 y 5 de febrero pasado. Se acordó que la primera acción consistiría en atacar al PRI por no respaldar la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio, así como la Ley de Combate al Narcomenudeo.Para esas fechas, el PRI estaba casi 10 puntos arriba del PAN en las preferencias electorales, según las encuestas publicadas. El PRI no respondió a los ataques y un mes después, en la siguiente encuesta, descendió de 39.9 a 30.3 puntos en las preferencias. Por el contrario, el PAN subió de 25 a 27 puntos lo que ocasionó que los priistas reclamaran a su dirigente nacional.El 29 de marzo pasado, durante la toma de protesta de Rodrigo Medina como candidato del PRI al gobierno de Nuevo León, los 18 gobernadores priistas y los dos coordinadores parlamentarios solicitaron la primera reunión con Beatriz Paredes. Le reclamaron su tibieza y exigieron que dijera cuál será la estrategia para responder al PAN.Acosada por sus correligionarios, la dirigente priista prometió que en un lapso de tres días les haría llegar la estrategia que contrarrestaría los ataques del panismo. El plazo se cumplió y no hubo nada. Los ataques siguieron. Los priistas aprobaron el 29 y 30 de abril las leyes que les reclamaba Germán Martínez en los videos, pero todo siguió igual.El lunes 18 apareció la nota que involucra a familiares del senador Monreal con el narcotráfico. Enfurecidos los priistas decidieron que no esperarían más y llamaron a cuentas a la dirigente nacional en el cónclave realizado en Metepec al día siguiente, 19 de mayo. Ahí decidieron que contrarrestarían la propaganda negra.El miércoles 20, cuando el senador Monreal solicitó licencia, el PRI, por medio del presidente de la Mesa Directiva, César Duarte, pidió que no se utilizara la justicia con propósitos electorales para denostar a los adversarios y reposicionarse. Por parte del PRD sólo hubo silencio. l

Operación gubernatura

Luisa María Calderón Hinojosa....la hermana del FECAL, que horror! (y con chicle verde y babas focifera)

El PRD resiente el golpe calderonista contra la administración de Leonel Godoy y denuncia que el objetivo es que el PAN gane el bastión cardenista en 2012. De paso, dirigentes perredistas acusan a la hermana del presidente de la República de operar electoralmente en estados gobernados por la izquierda con el pretexto del combate al crimen organizado.

Para la secretaria general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Hortensia Aragón, el operativo en Michoacán, tierra natal del presidente Felipe Calderón, tiene el claro objetivo electoral de que el Partido Acción Nacional (PAN) obtenga la gubernatura en 2012.Para ello utiliza a su hermana Luisa María Calderón Hinojosa, quien “opera con listados electorales en la mano, hasta para ver qué funcionarios hay que levantar”. En entrevista con Proceso, la dirigente perredista asegura que el gobierno federal, mediante Luisa María, está tocando el mapa electoral en estados vinculados con el PRD para afectarlos con el pretexto de la lucha al crimen organizado.Incluso, aunque el “espectáculo” que se montó como operativo antinarco involucró a los tres principales partidos políticos (cayeron seis alcaldes del PRI, dos del PAN y dos del PRD), fue un golpe bajo y directo al gobierno de Leonel Godoy, ya que se detuvo a gente cercana a su administración, como Ramón Ponce Ponce, coordinador de asesores del procurador de Justicia del Estado y exsubprocurador; a Citlalli Fernández González, asesora del gobernador de Michoacán y exsecretaria de Seguridad Pública estatal; al que era procurador General de Justicia de la entidad, Miguel García Hurtado, y al ahora exsubprocurador, Ignacio Mendoza. Aragón reconoce el impacto negativo para su partido en las elecciones intermedias del próximo 5 de julio, tanto a nivel estatal como nacional, y critica que el gobierno federal realice operativos diferenciados y con tinte electoral.Además, dice, la detención de funcionarios michoacanos no sólo golpea al PRD, sino que además pretende ocultar grandes problemas nacionales, como la crisis económica o el desempleo, mediante el escándalo.“Por eso se montan estos espectáculos, porque eso son, espectáculos. Si no, ¿por qué no detuvieron a ningún capo de la droga?”, inquirió en entrevista telefónica. “Sí fue un golpe a la corrupción, pero este operativo no fue un golpe al narcotráfico como dicen las autoridades”, sostiene. De paso, cuestiona que la administración de Felipe Calderón haya “encontrado” a la delincuencia organizada en Michoacán y no en lugares como Ciudad Juárez, Chihuahua, donde la corrupción y el narco “son evidentes”.
Palo dado…
En la reunión del Consejo Político Nacional (CPN) del PRD, el martes 26, para tratar el caso Michoacán, destacó el enojo de los perredistas por el golpe, pese a que Godoy ha tenido disposición para colaborar con el gobierno federal en la lucha contra el narcotráfico.Ahí se definieron dos posiciones: Nueva Izquierda enfatizó que sería un error oponerse a la realización de un operativo de esta naturaleza y que se debía apoyar, mientras que Izquierda Unida consideró necesaria una posición más enérgica contra el manejo mediático y electoral del gobierno federal.Al final cerraron filas, reconoce Dolores Padierna, miembro del CPN que ha estado presente en las reuniones del comité, así como en el encuentro con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, el jueves 28.La también integrante de la corriente Izquierda Democrática Nacional comentó que parte de la discusión se centró en la indignación del PRD por la arbitrariedad calderonista, pues los dardos de la lucha contra el crimen van dirigidos al PRD.“Hubo un cierre de filas previniendo que nos pusiéramos muy duros, no en la defensa de quien esté involucrado en actividades ilícitas. El que la hace, que la pague. Nadie quiere impunidad. Lo que sí nos preocupa es que sea un método de la ultraderecha para perseguir gente”, indicó.Cuestionó que el gobierno federal no haya realizado ese operativo en Durango, donde un sacerdote denunció que radica Joaquín El Chapo Guzmán, o en Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa o en otras entidades. “¿Por qué tiene que ser con los perredistas? Es una actitud de la ultraderecha que quiere desaparecer los gobiernos de izquierda y pretende gobernar Michoacán a toda costa”.Padierna contó que en la reunión con Gómez Mont notó preocupado al secretario de Gobernación por el “reclamo enérgico” que le hicieron los dirigentes del PRD, encabezados por el presidente nacional, Jesús Ortega, por la actuación del gobierno federal en Michoacán.Ahí le exigieron evitar la partidización de temas como el narcotráfico y cancelar operativos facciosos, de tipo electoral. Además, reclamaron que se presenten pruebas irrefutables contra los funcionarios detenidos.Según Padierna, el gobernador Leonel Godoy “nos dijo que había varios culpables y con ellos no habría que dar marcha atrás, pero que también había inocentes entre los detenidos, según la información que él tenía. La pregunta es ¿cómo van a reivindicar a los inocentes?”.Los perredistas solicitaron a Gómez Mont celeridad en la investigación, porque sospechan que se quiere mantener arraigados a los funcionarios y exfuncionarios hasta después de la elección del 5 de julio.En el encuentro con el secretario de Gobernación, el coordinador de los diputados del PRD, Javier González Garza, expuso que el gobierno federal estaba actuando con parcialidad, pues el problema del narcotráfico era nacional y solamente se afectaba a perredistas. La queja, dijo Padierna, no es porque se opongan al combate al narcotráfico, “sino por la forma tan parcial y discrecional con la que actúan contra unos y se muestran complacientes con otros”, como el reciente operativo en Morelos, en el que sí fue avisado el gobernador panista, quien pidió la renuncia a estos funcionarios para que fueran investigados.Comentó que el mismo González Garza expuso que el procurador general de la República, Genaro Medina Mora, es un funcionario “que ha perseguido perredistas”, partidizando la lucha contra el narcotráfico y “buscando chivos expiatorios en el PRD” para que queden libres los culpables.Ortega le espetó que se está impulsando una estrategia electoral basada en la seguridad pública. “Se acusó a Felipe Calderón Hinojosa como el diseñador de estas estrategias, junto con Antonio Solá –autor de la guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador en 2006–, con fines electorales y es una cortina de humo para ocultar el problema económico. “Cuando se dio el desplome del PIB estalló lo de Zacatecas; ahora, cuando se iban a dar a conocer las cifras del desempleo, montan este operativo.”De acuerdo con Padierna, Gómez Mont no avaló la vinculación electoral del PRD respecto del operativo y aseguró que, por el contrario, tenían razones de peso para detener a los alcaldes y funcionarios. Se dijo preocupado por la forma como estaban interpretando la actitud del gobierno federal y que “no hubo intención de afectar” a su partido.El funcionario les preguntó cómo se podría amortiguar el impacto electoral. Para Padierna, la respuesta es un debate con el PRI y el PAN.Por lo pronto, “el golpe está dado”, dice Padierna, y “nos afecta muy duro en materia electoral. Deben hacer estrategias de Estado, no estrategias parciales.”El miércoles 27 se reunió la dirigencia con los gobernadores del PRD, ante el temor de que los operativos se extiendan a otras entidades gobernadas por los perredistas. El próximo 1 de junio habrá otro encuentro similar. El martes 2 de junio se efectuará otro con el Consejo de Seguridad, y el miércoles 3, el Consejo Político Nacional del PRD sesionará en Michoacán.Este conflicto se suma al pleito entre la gobernadora de Zacatecas, Amalia García, y el senador Ricardo Monreal, a quien se acusa de vínculos con presuntos narcotraficantes, así como al arraigo del candidato de Ixtapaluca, Estado de México, Mario Moreno Conrado, en marzo pasado.

Un golpe policiaco-electoral


Michoacán es territorio que controla La Familia, ?según testimonios del propio gobernador Leonel Godoy, quien a principios de su mandato se reunió con el titular de la Secretaría de la Defensa, general Guillermo Galván, y le comentó que esa organización estaba presionando a algunos alcaldes. Pero el gobierno federal se reservó la respuesta y sólo ?en vísperas de los comicios del próximo 5 de julio instrumentó el golpe contra un bien seleccionado grupo de alcaldes y funcionarios cercanos a Godoy. Poco le importó violentar la soberanía del estado.

MORELIA, MICH.- Derrotado una y otra vez en las urnas de su estado, Felipe Calderón aprovechó la vulnerabilidad del gobierno de Leonel Godoy por su presunta protección al narcotráfico para hacer del combate a la delincuencia organizada bandera electoral.En apenas un año y tres meses de gobierno, Godoy está por segunda ocasión sometido a una fuerte presión por hechos relacionados con la delincuencia organizada en una crisis de inseguridad que Calderón ha administrado políticamente y lo ha llevado al extremo de considerar el estado de excepción en la entidad.A pesar de que a través de su gran aliado, el Ejército, supo desde hace más de un año de las presiones de La Familia michoacana a varios de los alcaldes ahora detenidos, Calderón se guardó la oportunidad para actuar. Lo hizo a 40 días de las elecciones federales en las que en la entidad se prefiguraba una nueva derrota para el PAN.Con una actividad narcopolítica tan intensa como en otros estados, Michoacán es desde el martes 26 escenario donde los cárteles de la droga se convirtieron en actores determinantes durante el proceso electoral que culminará el 5 de julio próximo.Los informes de inteligencia civil y militar que circulan en el estado sobre las alegadas relaciones de funcionarios federales, estatales y municipales con la delincuencia organizada que operan en el estado sustituyeron a las plataformas electorales.Encaminado hasta ese día a una nueva derrota en el que aún es bastión perredista, el PAN espera capitalizar en los comicios el operativo policiaco militar que el gobierno federal ejecutó en las primeras horas del martes 26, en forma simultánea, en distintos municipios del estado, incluida esta capital.La redada acabó con la detención de 10 presidentes municipales de distintos partidos, 17 funcionarios estatales y municipales y el juez de primera instancia Jaime Liera, coordinador de la Policía Ministerial durante el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel. Además, la entrega voluntaria del exprocurador de Justicia Miguel García Hurtado, y del exsubprocurador Ignacio Mendoza Jiménez.Los 30 están acusados por la Procuraduría General de la República (PGR) de proteger al grupo conocido como La Familia michoacana, a Los Zetas –brazo armado del cártel del Golfo– o a la organización de los hermanos Beltrán Leyva.
Junto con los cárteles de Sinaloa y del Milenio, esas organizaciones se disputan el control de la ruta michoacana para el tráfico de mariguana, cocaína y heroína entre Sur y Norteamérica y de la materia prima que llega desde Europa y Asia para la elaboración de metanfetaminas.A todos los detenidos les fue decretado el viernes 29 un arraigo por 40 días que se puede duplicar antes de que se defina su situación jurídica. El primer plazo del arraigo se vence tres días después de las elecciones.Con su hermana Luisa María como ariete, responsable de acción electoral del PAN en Michoacán, Calderón ordenó el operativo que los propios panistas en el Congreso local reconocieron como violatorio de la soberanía del estado, toda vez que elementos de la Policía Federal irrumpieron armados y encapuchados en el Palacio de Gobierno para detener a un agente de la Secretaría de Gobernación local.Desde el inicio de la campaña electoral, Luisa María Calderón –quien ejerce como estratega electoral con una ostentosa protección del Estado Mayor Presidencial– acusó al PRI y al PRD de tener candidatos apoyados por el narcotráfico.Incluso, un día antes del operativo ella buscó a la presidenta del PRD en el estado, Fabiola Alanís, para que le informara sobre las presiones de los grupos de narcotraficantes a los candidatos perredistas.Como responsable de la acción electoral en su estado, se encargó de operar la definición de los actuales candidatos del PAN, que hasta antes del operativo aparecía rezagado frente al PRD y al PRI en las preferencias electorales. Según las encuestas de Parametría y Consulta Mitofsky, elaboradas para el PRD, éste aparecía favorito en ocho de los 12 distritos electorales federales con 37% de las intenciones de voto, contra 31% del PRI y 25% de Acción Nacional.Hasta antes del operativo, el PAN tendía a repetir el fracaso en la tierra de Calderón, quien en 2006 perdió por 100 mil votos de diferencia contra Andrés Manuel López Obrador, y en 1995 sufrió su primer descalabro electoral en Michoacán al quedar en tercer lugar en las elecciones a la gubernatura que ganó el priista Víctor Manuel Tinoco Rubí.En las elecciones de 2007, cuando Godoy resultó electo, el PAN perdió con una diferencia de 72 mil votos y sólo obtuvo 12 de las 113 presidencias municipales, contra 40 del PRD y 54 del PRI. El PAN, sin embargo, se convirtió en la segunda fuerza del Congreso con 12 curules, debido al reparto plurinominal. El PRD tiene 14 diputados.
Presión de “La Familia”
Contrario a lo señalado por la PGR de que el operativo fue resultado de una investigación de medio año sobre las relaciones de funcionarios del estado con el narcotráfico, por lo menos desde febrero de 2008 el gobierno federal ya sabía de las presiones de los narcotraficantes, en particular de La Familia michoacana, a una veintena de alcaldes.Según el coordinador del PRD en el Senado, Carlos Navarrete, fue el propio Godoy quien le entregó esa información al secretario de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván.En entrevista con Proceso, el senador relata que al inicio del actual gobierno una veintena de alcaldes del PRD, el PAN y el PRI, también recién electos en ese momento, fueron levantados por La Familia y concentrados en un salón de Nueva Italia, en la cabecera del municipio de Múgica.Rodeados por gente armada y numerosas camionetas, fueron advertidos: “los dueños del territorio donde van a gobernar somos nosotros. No se confundan: los directores de Seguridad Pública nosotros los vamos a poner”. En seguida, refiere el senador, vino la amenaza: “No deben meterse en ninguno de los asuntos de La Familia”.Uno de los alcaldes amenazados –cuya identidad no fue revelada por el legislador– le contó lo sucedido al gobernador, quien le pidió al entonces presidente interino del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, que buscara una entrevista con el general Galván.El encuentro se realizó en el Campo Militar número 1 con la presencia de Godoy, Naranjo, Navarrete y el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Javier González Garza. De la Sedena, el general fue el único participante, en tanto que Godoy fue el encargado de relatar los hechos y solicitar la intervención de la secretaría.De acuerdo con Navarrete, el general aseguró que el Ejército ya sabía de esa reunión y que el reporte de Godoy reforzaba los informes que hasta entonces tenía.Acordaron que se coordinarían a través de la 43 Zona Militar, con sede en Apatzingán, y de la 21 Zona Militar, en Morelia. Nada ocurrió hasta la noche del 15 de septiembre de 2008, cuando supuestos narcotraficantes –zetas, según la PGR– arrojaron dos granadas contra la multitud que celebraba el Grito de Independencia en el Centro Histórico de esta capital.El ataque, que después de ocho meses no ha sido esclarecido por la PGR, dejó nueve muertos y más de un centenar de heridos, y colocó al gobierno de Godoy en un lugar destacado en los informes de los organismos de seguridad sobre el narcotráfico en la entidad, según constató Proceso en su edición 1664 del 21 de septiembre de 2008. El senador del PRD por Michoacán, Jesús Garibay García, asegura también en entrevista que en ese momento Calderón consideró decretar el estado de excepción en la entidad para suspender las garantías individuales y militarizar la entidad.“Pocos días después del atentado, el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, acudió al Congreso como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno y negó que el gobierno federal hubiera considerado esa opción, pero la información que tuve en ese momento era sólidamente la contraria. Aún ahora, lo sostengo”, dice el senador.Godoy, quien fue secretario de Gobierno con Cárdenas Batel, en momentos en que se recrudeció el narcotráfico en la entidad, está ahora atrapado entre las presiones del perredismo local que quiere movilizarse en contra de Calderón y la información sobre la supuesta relación de algunos de sus más cercanos colaboradores con el narcotráfico, en especial con La Familia.En unas cuantas horas, Godoy pasó de la indignación a la búsqueda de reconciliación con el gobierno federal. Inicialmente molesto porque Calderón no le informó sobre el operativo y violentó uno de los tres Poderes del estado, en menos de 48 horas pidió “dar vuelta a la página” sobre la redada.Aunque el mismo martes 26 públicamente aseguró que se trataba de un hecho ilegal que violó la soberanía del estado, el jueves 28 pidió en Guanajuato cerrar la controversia, “porque la federación y Michoacán no pueden estar confrontados”. Un día antes, ya había expresado su tibieza ante el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, al calificar el operativo como “necesario” y “un gran golpe” a la delincuencia organizada.
Vulnerabilidad
El ánimo conciliatorio del mandatario michoacano contrastó con el mensaje del encargado de la política interior del país, quien en Morelia, el miércoles 27, dejó en claro que si no habían compartido la información fue porque no confían en Godoy. “Yo sólo confío en la ley y el gobierno”, expresó Gómez Mont a la prensa al final de un breve encuentro con el gobernador. El pretexto de la reunión fue la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública.En una respuesta pública a los primeros reclamos de Godoy, Gómez Mont dijo: “Se determinó confinar la información para que la acción judicial tuviera menos riesgos” para la población. Esa actitud contrastó con lo ocurrido en Morelos, donde el gobierno panista fue avisado de la detención de dos alcaldes.En una confirmación de su ambivalencia, la tarde del viernes 29, luego de conocer el arraigo contra los detenidos, el gobernador dijo que esa acción judicial “sin duda tiene tintes electorales y levanta sospechosismo”.Godoy está en una situación vulnerable. No sólo porque siete de los detenidos fueron cercanos o estrechos colaboradores suyos, sino porque su hermano Julio César Godoy es candidato por el distrito federal I con cabecera en Lázaro Cárdenas, que abarca los municipios considerados por la PGR como focos rojos del narcotráfico en el estado.El hermano del gobernador fue detenido por el Ejército durante el operativo y, según él mismo, declaró durante una hora ante las autoridades federales. Apenas el 7 de abril pasado su compañero de fórmula, Gustavo Bucio Rodríguez, fue ejecutado en un restaurante de Nueva Italia, zona controlada por La Familia.Tres de los arraigados fueron hombres de confianza de Godoy en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), una de las dependencias más infiltradas por la delincuencia organizada: el titular, Miguel García Hurtado; el exsubprocurador en Morelia, Ignacio Mendoza Jiménez, y el coordinador de asesores, Ramón Ponce Ponce. La PGJE prácticamente quedó desmantelada con la detención también de dos primeros comandantes y dos jefas de grupo.Más cercana aún era su asesora Citlalli Fernández González, quien fue su primera secretaria de Seguridad Pública, otra de las instituciones penetradas por el narcotráfico. También, Mario Bautista Ramírez, director del Instituto Estatal de Formación Policial, que al principio de la actual administración fue director de Policía y Tránsito del estado.Otro de los detenidos del entorno del gobernador fue el empresario Ricardo Rubí Bustamante, director de Fomento Industrial de Michoacán, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial del estado y sobre quien pesan señalamientos de lavado de dinero. También fue detenido Juan Gaona Gómez, jefe de agentes de la Dirección de Gobernación estatal, para cuya aprehensión la Policía Federal entró a la fuerza al Palacio de Gobierno.De los presidentes municipales detenidos, seis son del PRI, dos del PAN y dos del PRD. Se trata de los priistas José Cortés Ramos, de Aquila; Jairo Germán Rivas Páramo, de Arteaga; Audel Méndez Chávez, de Coahuayana, y Uriel Farías Álvarez, de Tepalcatepec, hermano de El Abuelo Farías, señalado por la PGR como miembro del cártel de los Valencia y proveedor de efedrina del empresario de origen chino Zhenli Ye Gon.También del PRI está Adán Tafoya Ortiz, de Tumbiscatío; y Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, de Zitácuaro, conocido como el “Enrique Peña Nieto purépecha” por su juventud y cercanía con el gobernador mexiquense; además de ser sobrino del actual diputado federal priista Ascensión Orihuela Bárcenas.Del PRD fueron detenidos Osvaldo Esquivel Lucatero, de Buena Vista Tomatlán, y Genaro Guízar Valencia, de Apatzingán; mientras que los presidentes municipales panistas arraigados son José Luis Ávila Franco, de ciudad Hidalgo, y Antonio González Rodríguez, de Uruapan, la segunda ciudad más importante de Michoacán.

Una larga historia negra


Por lo menos desde 1985, a raíz del secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar y del piloto Alfredo Zavala, Michoacán comenzó a ser el territorio estratégico de los cárteles de la droga. Los capos supieron aprovechar esta ubicación y no sólo cultivaron enervantes, también tejieron alianzas con funcionarios locales para operar con impunidad. Y hoy, pese a que el presidente Felipe Calderón inició en esa su entidad natal su personal guerra contra el narco, Michoacán sigue en manos de las organizaciones criminales.

Por sus amplias comunicaciones marítimas y terrestres que lo conectan con el Golfo de México y el océano Pacífico, así como por sus tierras fértiles para el cultivo de amapola y mariguana, Michoacán se convirtió en el territorio más codiciado por los cárteles de la droga. Sus capos, además, supieron estrechar lazos con cuerpos policiacos, alcaldes, regidores y síndicos para garantizarse impunidad.A partir del secuestro de Enrique Kiki Camarena Salazar, investigador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), en febrero de 1985 en Guadalajara, Jalisco, y cuyo cadáver fue encontrado al mes siguiente en Michoacán, el estado atrajo la atención internacional. Aquel año, desaparecieron Kiki Camarena y Alfredo Zavala, piloto mexicano adscrito a la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH). Sus restos fueron localizados el 6 de marzo en las inmediaciones del rancho El Mareño, en Michoacán. La DEA aseguró que los narcotraficantes Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo fueron los autores de las ejecuciones. Los dos cuerpos estaban enterrados y con huellas visibles de que habían sido torturados.Ese caso evidenció las debilidades del gobierno mexicano y del entonces procurador general de la República, Sergio García Ramírez: John Gavin, embajador de Estados Unidos acreditado en México, no sólo regañó a las autoridades mexicanas encargadas de la lucha contra las drogas por su “ineficacia”, sino que, violando el protocolo diplomático, dio información que se desconocía en nuestro país.“75 jefes importantes controlan el narcotráfico en México, 18 bandas lo manejan; 38% de la heroína que entra en Estados Unidos proviene de este país, operan en México 30 agentes de la DEA que desarrollan la Operación Padrino; la corrupción de funcionarios y policías impide el éxito de las campañas antinarcóticos”, dijo públicamente Gavin.Incluso aseguró que Caro Quintero logró escapar de Guadalajara por la “ineptitud” de los agentes federales y la “connivencia” de agentes de la Dirección Federal de Seguridad (Proceso 436).Esa fue la primera vez que un gobernador, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, protestó por la violación a la soberanía de su estado. Se quejó porque, dijo, el 2 de marzo de ese año 100 agentes del grupo Águila de la Policía Judicial Federal, auxiliados por elementos de la de Jalisco, irrumpieron –sin notificar a las autoridades locales– en el rancho El Mareño en busca de los dos desaparecidos. El enfrentamiento a balazos durante una hora y media con los habitantes dejó cinco muertos.Aquella ocasión, según el comandante Alfonso Velázquez Hernández, fue el capo Miguel Ángel Félix Gallardo quien les dio la pista a los agentes para la localización de los cuerpos de Camarena y Zavala. Según Velázquez Hernández, lo hizo a cambio de protección policiaca; incluso pagó 7 millones de pesos. De ese dinero, el propio Velázquez Hernández entregó 5 millones a Armando Pavón Reyes, comandante encargado del grupo Águila, consignó el reportero Miguel Cabildo en la edición 463 de Proceso.Ramiro Valdés, dirigente del Consejo Nacional Cardenista en Michoacán, aseguró que 60% de las tierras ya se dedicaba al cultivo de mariguana y amapola. De hecho, dijo en aquella ocasión, las cosechas competían ventajosamente con el aguacate, el principal cultivo local. El estado era ya una ruta estratégica en el trasiego de enervantes.
El despliegue militar
Tres años después, en abril de 1988, durante el gobierno de Luis Martínez Villicaña, el municipio de Uruapan era uno de los centros de operación más importantes de la campaña contra el narcotráfico, que supervisaban agentes de la DEA.A su vez, el Ejército puso en marcha la operación Saturno en varios estados de la República, pero con énfasis en Michoacán; desplegó a 20 mil 407 soldados. El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Juan Arévalo Gardoqui, admitió que el narcotráfico era un “problema de Estado”.El titular de la Sedena destacó también que a través del plan Canador –que sustituyó al plan Cóndor puesto en práctica durante la década de los setenta y en el que por primera ocasión los militares se involucraron en el combate al narcotráfico–, el Ejército y la Fuerza Aérea desarrollaban acciones permanentes en las 36 zonas militares del país.Así mismo, se comenzaron a realizar acciones sorpresa “de alta movilidad, contundente intensidad y económicas en fuerza” en todo el territorio nacional, a través de 19 operaciones especiales denominadas Puma, Pantera, Águila, Lechuza, Halcón, Dragón, Centauro y Hércules, esta última se centró en Michoacán.En 1988, Uruapan era un ejemplo del “reflejo fiel de la gravedad del problema de las drogas”, según las autoridades federales. En marzo de ese año, fue descubierto un hipódromo clandestino a 12 kilómetros de ese municipio michoacano. El local, propiedad del narcotraficante Armando Valencia, se ubicaba en la huerta La Tregua, donde se cruzaban millonarias apuestas, mientras una banda de música amenizaba las competencias y los asistentes consumían bebidas alcohólicas importadas. Desde la carretera Uruapan-Carapan se podían observar las camionetas pick up, autos lujosos y remolques que transportaban los equipos, así como a patrullas de la Policía Federal de Caminos que los escoltaban.Un mes después, el municipio de Aguililla, también en Michoacán, cobró fama: de sus 20 mil pobladores, 99% sustituyó la agricultura y la producción de tabique por el cultivo de la amapola y mariguana, reconoció don Francisco Valencia Gómez, del Ejido del Pino, el único que el 25 de abril de ese año se atrevió a denunciar la situación:“Soy el malo del pueblo por no sembrar mariguana, hasta los fundadores del pueblo me propusieron el cultivo, estaban arreglados con el general de la zona militar de Apatzingán… Tengo una lista de 20 muertos de quienes ni acta se levantó. Sus viudas tienen que dejarles a los narcotraficantes sus parcelas al precio que ellos quieren, declaró Valencia Gómez (Proceso 599).En ese caso se relacionó por primera vez a una mujer con el narcotráfico: En el cerro El Borrego se encontró el cuerpo de una joven y el síndico del ayuntamiento, Amador Valencia Sandoval, informó que los vecinos de Aguililla reconocieron el cadáver y aseguraban que se trataba de una narcotraficante.En 1989, ya con Genovevo Figueroa Zamudio como gobernador, el 13 y el 15 de noviembre una veintena de agentes antinarcóticos baleó las casas, golpeó, amenazó y robó las pertenencias de varios habitantes de Aguililla; también les quitaron seis vehículos y detuvieron a una docena de campesinos. Días después, el 21 de noviembre, hubo otro incidente similar en la comunidad Los Sabinos, municipio de Nuevo Trecho. Ahí, a “golpe de metralleta” los agentes detuvieron a siete campesinos y lesionaron a varias mujeres; en Cotija sucedió lo mismo.Y el 31 de octubre de 2000, al dar a conocer los resultados de la operación Milenio, desplegada en Colombia, México y Estados Unidos, la DEA informó que el principal contacto de los narcos colombianos era el michoacano Luis Valencia o Armando Valencia. Tras ese anuncio, llevaron 100 agentes de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS) y cinco fiscales federales a Michoacán. De inmediato comenzaron a investigar a 300 personas de apellido Valencia en los municipios de Uruapan, Apatzingán, Aguililla y El Aguaje. Al final, requisitaron las propiedades de Armando Valencia (Proceso 1211).Los dos primeros años del gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, quien asumió la gubernatura en 2002, quedaron marcados por más de 100 ejecuciones, producto de las disputas por el control territorial entre los cárteles del Milenio, de Juárez, de Tijuana, de Sinaloa y del Golfo.
El reparto
De acuerdo con informes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), el cártel del Milenio, comandado por los hermanos Valencia, fue perdiendo dominio en la entidad, mientras otros, como el de Tijuana, comenzaron a controlar el tráfico de cocaína, mariguana y metanfetaminas en los municipios de Lázaro Cárdenas, Coahuayana, Aguililla, Arteaga y Tumbiscatio.El grupo sinaloense de Los Cawboys cubría las demarcaciones de Tingüindín, Tocumbo, Los Reyes, Azuayo, Jiquilpan, Purépero, Peribán y La Piedad. Otras redes del cártel de Sinaloa tenían su base en Carácuaro, Tacámbaro, Nocupetaro, Villa Madero, Acuitzio y Turicato.A su vez, el de Juárez, tenía a Morelia, Zitácuaro, Huetamo, Jungapeo, Tiquicheo, Tuzantla, Benito Juárez y Susupuato; y los hermanos Amezcua Contreras, llamados Los Reyes de las Metanfetaminas, cuya base estaba en Colima, tenían aliados y operadores en Apatzingán, Tafetán, Tepalcatepec, Ario de Rosales, La Huacana, Buenavista, Tancítaro, Santa Clara del Cobre y Nuevo Trecho.Osiel Cárdenas, del cártel del Golfo, entró a la zona a través de Carlos Rosales, antiguo socio de los hermanos Valencia. La propia PGR informó por aquellas fechas que el capo le asignó a Rosales tres exmilitares del grupo de Los Zetas. Desde entonces, el Ejército y la PGR empezaron a buscar a este grupo armado en Michoacán. El primer indicio de esta alianza se conoció en enero de 2004, cuando un grupo de 50 hombres armados asaltó el penal de Apatzingán y liberó a cuatro sicarios, entre ellos a Nazario El Chayo Moreno, operador del cártel del Golfo, así como a José El Chango Méndez.En febrero de 2004, Cárdenas Batel intentó defenderse: “Yo recibí el estado con las redes del narcotráfico enquistadas desde hace varios años”, dijo a Proceso en aquella ocasión. Y agregó: Es difícil probarlo, pero resultan preocupantes los escándalos de narcopolítica en el estado, pues existen casos de alcaldes o autoridades municipales menores que están bajo sospecha por haber sido financiados con dinero del narcotráfico.Y es que desde 1998 José Antonio García Torres, entonces senador por Michoacán, era mencionado en informes de inteligencia como presunto contacto de los hermanos Valencia y del cártel de Tijuana, que comenzaron a operar en la entidad durante del gobierno de Víctor Manuel Tinoco Rubí (1996-2002). En ese entonces, García Torres era secretario general de Gobierno y fue subprocurador general de la República con Jorge Carpizo (Proceso 1422).Para noviembre de 2005, las ejecuciones se multiplicaron. En sólo 10 meses hubo 75, según la Procuraduría de Justicia del estado; organismos de derechos humanos contabilizaron 86.Y el 13 de julio de 2006 un centenar de agentes federales y elementos del Ejército tomaron las poblaciones de Apatzingán y Buenavista Tomatlán. Más de 200 policías municipales fueron concentrados, desarmados e interrogados por los federales debido a la existencia de evidencias de su cooperación con el cártel del Golfo y sus operadores El Chango Méndez y El Chayo Moreno, a través de Los Zetas (Proceso 1553).Meses después, el 26 de noviembre de ese mismo año, la violencia en Michoacán se recrudeció. Según las estadísticas, se registraron 470 ejecuciones.
La oferta de los capos
En vísperas de la toma de posesión de Felipe Calderón como presidente de la República, el 1 de diciembre de 2006, los cárteles de Sinaloa y del Golfo pretendieron “forzar” con el nuevo gobierno una negociación que les garantizara seis años más de vida impune en el negocio de las drogas, a cambio de “tranquilizarle el país”.Este dato se incluye en un informe del Grupo de Inteligencia de Zona (GIZ), que Proceso consultó. El documento señala que a cambio de “concesiones y libertades” para operar en toda la República el negocio de las drogas, el cártel de Sinaloa –privilegiado en el sexenio foxista– propuso mantener la hegemonía, mientras que el del Golfo buscaba las concesiones que el “gobierno del cambio” le había negado.La oferta del cártel del Golfo cobró fuerza en el último trimestre de 2006, cuando hizo su aparición pública La Familia Michoacana, la cual propuso “limpiar” toda la entidad de grupos de narcotraficantes.De esta manera, el cártel del Golfo y su brazo armado Los Zetas empezaron a enfrentarse con La Federación de Narcotraficantes, integrada por Juan José Esparragoza Moreno, El Azul; Ismael El Mayo Zambada; Ignacio Nacho Coronel; Joaquín El Chapo Guzmán, y los hermanos Beltrán Leyva, quienes se escindieron en abril de 2008 de la organización de El Chapo. Su propósito, según dijeron, era demostrar quién podía poner fin a la guerra entre los cárteles (Proceso 1569).Pese a ello, una de las primeras medidas del gobierno de Calderón fue el anuncio del 11 de diciembre de 2006 de la Operación Conjunta Michoacán para combatir el narco en su entidad natal. Y, en efecto, envió 5 mil elementos, 4 mil 260 eran integrantes del Ejército, así como 131 bases de operación con 30 elementos cada una para erradicar plantíos de enervantes; también se establecieron 24 puntos de control para acotar el tráfico de drogas en territorio michoacano. El equipo contaba con 17 aeronaves de ala fija, 29 helicópteros, 19 binomios calófilos y 246 vehículos terrestres.Pero los resultados fueron magros. En mayo de 2007, el Ejército había acumulado decenas de quejas en la Comisión de Derechos Humanos local. A las tropas se les acusaba de abusos contra la población civil: cateos indiscriminados, torturas, levantones y robos (Proceso 1593).En vísperas de las elecciones del 11 de noviembre de 2007, cuando se renovaron la gubernatura y 113 presidencias municipales, los cárteles del Golfo y de Sinaloa desarrollaron una estrategia para lograr “aceptación social” y ser vistos como grupos benefactores. La medida iba desde la persuasión, hasta el soborno y las amenazas de muerte para quien se negara a colaborar.Un informe de inteligencia elaborado por la PGR, la Sedena y la SSP federal establece que los dos cárteles incorporaron a sus redes criminales a presidentes municipales, síndicos, regidores y tesoreros en por lo menos una veintena de municipios michoacanos, la mayoría colindantes con Guerrero, Colima y Jalisco. Por si fuera poco, ambos grupos financiaron las campañas políticas de al menos 10 candidatos a presidentes municipales, tanto del PRI, como del PAN y del PRD.Debido a sus alianzas, el cártel del Golfo es visto por autoridades civiles y militares como la organización más poderosa en Michoacán. Tiene varias ramificaciones. La Familia, también conocida como La Empresa, controla, entre otros, los municipios de Lázaro Cárdenas, Apatzingán y Buena Vista Tomatlán, vía de entrada a Jalisco y Colima. Justamente en Buenavista Tomatlán llevó al poder al alcalde Fernando Chávez y terminó por ejecutarlo cuando se negó a obedecer las órdenes de la organización.El cártel de Sinaloa, relacionado con el del Milenio, tiene su red de operadores en Turicato, Aguililla y Tepalcatepec. En este último se identifica como cabecilla a Juan Farías, El Abuelo, jefe del grupo conocido como Los Antizetas. El Abuelo, según el informe citado, era el principal enlace del empresario de origen chino Zhenli Ye Gon en la distribución de seudoefedrina y drogas en Michoacán.Esta célula también evidenció aspiraciones políticas: Uriel, hermano de Juan, fue precandidato del PRI a la presidencia municipal de Tepalcatepec, uno de los feudos del grupo. Además, en vísperas de los comicios de 2007, varios candidatos y precandidatos a alcaldes y diputados de todos los partidos eran investigados por la SIEDO por sus presuntas ligas con el narcotráfico y por disponer de dinero sucio, según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEDIC/2006-04. La lista incluía a Antonio Cruz Lucatero, alcalde de Apatzingán y aspirante a la diputación local, por sus presuntos vínculos con el cártel del Golfo (Proceso 1608).

De la Madrid-Salinas: tapaderas mutuas


Bastaron sólo 11 días para que Miguel de la Madrid Hurtado recuperara la lucidez mental que había perdido por la vía epistolar, y detrás de la milagrosa rehabilitación está nuevamente la mano de Carlos Salinas de Gortari.La presencia del expresidente Salinas en la vida política del país ha sido permanente en las últimas fechas. Siempre en medio del escándalo y casi siempre sin responder a sus detractores.En una grabación telefónica revelada el 12 de febrero pasado en Primera Emisión, el noticiario radiofónico de Carmen Aristegui, el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, dijo que Salinas se había quedado con la mitad de la partida secreta de la Presidencia de la República.

Salinas guardó silencio, pero Téllez dio una conferencia de prensa en la que aceptó la veracidad de las grabaciones entregadas por Diana Pando –presumiblemente su compañera sentimental–, aunque matizó: “Lo dije de manera indebida ya que carecía de sustento alguno. Nunca tuve ni he tenido evidencia alguna sobre acciones ilícitas del expresidente Carlos Salinas de Gortari”. Pese a la disculpa pública, Téllez tuvo que renunciar por este escándalo.Apenas se había apagado la batahola, el 7 de mayo apareció el libro de Carlos Ahumada Derecho de réplica, en el que señala a Salinas como el orquestador de la difusión de los videos de corrupción de los perredistas René Bejarano y Carlos Ímaz, entre otros, por los que ofreció 400 millones de pesos, de los cuales al final sólo pagó 35 millones, según el empresario de origen argentino. Pese a ser responsabilizado por el “complot” operado por panistas contra Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos, Salinas de Gortari tampoco contestó a las acusaciones.Una semana después, el 13 de mayo, en el mismo noticiario de Aristegui, Salinas fue nuevamente objeto de escándalo a raíz de la entrevista que le dio Miguel de la Madrid a la periodista como parte del proyecto de un libro. Ahí el expresidente Miguel de la Madrid rompió la supuesta regla de oro de los expresidentes: no hablar de su sucesor en Los Pinos, y confirmó que Carlos Salinas se había quedado con parte de la partida secreta y reveló, además, los presuntos nexos de sus hermanos Raúl y Enrique con el narcotráfico.Salinas no aguantó más y reaccionó operando con sus seguidores para desmentir a De la Madrid y acusar a la periodista de abuso en una carta firmada por él mismo.De acuerdo con diversas versiones (entre ellas la de Porfirio Muñoz Ledo, en Proceso 1698), ese mismo miércoles al mediodía, al difundirse la entrevista de Miguel de la Madrid en el noticiario de MVS Multivisión, el expresidente Salinas comenzó a maniobrar desde Inglaterra, donde vive desde hace años, para desacreditar las palabras de su antecesor.Según el embajador Muñoz Ledo, un grupo de priistas fue enviado por Salinas a la casa de De la Madrid (entre ellos el exdirector de Pemex, el diputado Carlos Rojas; el exsecretario de Comunicaciones y actual líder de la bancada en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa, y el exregente capitalino Ramón Aguirre Velázquez) para preparar la rectificación del exmandatario colimense. Los personeros de Salinas se reunieron con la familia de Miguel de la Madrid y fue Federico, su hijo, quien apareció públicamente para declarar incapacitado mentalmente a su padre y de esa manera invalidar lo que dijo en la entrevista con Aristegui.Presuntamente, Miguel de la Madrid escribió una carta dirigida a MVS Noticias y a la opinión pública, en la que sostuvo:“Actualmente me encuentro convaleciendo en un estado de salud que no me permite procesar adecuadamente diálogos o cuestionamientos, tal como constan las grabaciones presentadas por la Sra. Aristegui en las que mi tono de voz se escucha débil y confuso, por lo que después de haber escuchado la entrevista, mis respuestas carecen de validez y exactitud.”Al día siguiente, 14 de mayo, se atribuyó a Salinas la autoría intelectual de la carta enviada a Carmen Aristegui por el expresidente Miguel de la Madrid en el que se retractó de la entrevista que le dio a la periodista. En la víspera, cerca de las 10 de la noche, Carlos Salinas envió él mismo una carta a Carmen Aristegui en la que manifestaba su “dolor e indignación” porque, según él, se había aprovechado de la mala salud y del “deterioro de sus facultades” de De la Madrid para hacerle la entrevista.En la carta, de una cuartilla y media, Salinas también defendió a sus hermanos –sobre todo a Raúl– con el argumento de que las autoridades mexicanas, francesas y suizas ya habían investigado y concluido que las imputaciones fueron falsas y fabricadas. Sobre la partida secreta, citándose a sí mismo en su libro La década perdida 1995-2006, dijo que ya se habían auditado las cuentas públicas de su gobierno y descartó que se hubieran cometido desvíos hacia cuentas particulares o personales. Pero la carta no tuvo la aceptación social ni mediática que él deseaba.Quizá por eso, y a pesar de que ya había advertido que no estaba en condiciones para expresarse con “validez” y “exactitud”, el 26 de mayo De la Madrid envió otra carta a Aristegui en la que dio un nuevo giro a su posición. Ahora, con toda lucidez, resaltó la “modernización” que impulsó su sucesor Carlos Salinas de Gortari y le sugirió a la periodista tomar en cuenta los “logros de su gobierno” para la realización de su libro:

Señora Carmen Aristegui
Presente

Señora Aristegui:
Para ponderar el gobierno del licenciado Carlos Salinas de Gortari es necesario tomar en cuenta la importante modernización que promovió en distintas áreas de la vida del país: la promoción de reformas estructurales, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte destacan, entre otros, los logros que obtuvo su gobierno.Considero que usted debería de tomar en cuenta estos hechos en su estudio sobre el periodo presidencial del licenciado Carlos Salinas de Gortari.Agradezco la atención que le preste a la presente comunicación.De acuerdo con varias versiones, el domingo 24 de mayo Salinas fue a visitar a De la Madrid a su casa de Coyoacán. El periódico Reforma publicó el martes 26 una de estas versiones.“Por lo visto Carlos Salinas de Gortari sigue siendo el villano favorito que provoca soponcios y escalofríos a la tutifruti clase política. Y es que si ayer había quienes aseguraban que estuvo en Veracruz, ahora ya quedó claro que no fue por allá ni se reunió con Carlos Hermosillo, Miguel Ángel Yúnes o Fidel Herrera. “Donde estuvo fue en la Ciudad de México. ¿Y para qué? Quesque para visitar al convaleciente Miguel de la Madrid. Ahora sólo falta que Salinas y De la Madrid hayan departido alegremente con un cafecito y galletitas para recordar los viejos buenos tiempos.”
Gobiernos corruptos
Ahora, De la Madrid y Salinas vuelven a estar unidos en el escándalo.Dolia Estévez, corresponsal de la publicación financiera El Semanario, informó el jueves 28 de mayo que, según documentos secretos desclasificados en Washington, el gobierno estadunidense dio protección a Miguel de la Madrid y Carlos Salinas con un objetivo: impedir que México cayera en la inestabilidad, a pesar de que sus investigaciones concluían que altos funcionarios de sus gobiernos tenían vínculos con el narcotráfico y habían incurrido en actos de corrupción.En su nota, la corresponsal en Washington señala que, de acuerdo con un memorándum del 26 de enero de 1988, el secretario de Estado George Shultz le advirtió al presidente Ronald Reagan sobre la situación en México.“Mi gran preocupación está en el área de drogas. Algunos en la administración buscarán negarle a México la certificación de ‘país cooperante’. Si no manejamos esto con acierto, estaremos minando todos los avances que hemos alcanzado en otras áreas y debilitando los esfuerzos de De la Madrid y Salinas para preservar la estabilidad interna. De hecho, México ha hecho un gran esfuerzo contra las drogas. Es comprensible que resientan declaraciones de funcionarios de EU menospreciando esos esfuerzos o alegando complicidades delictivas por parte de altos funcionarios del Gobierno de México. Sugiero que el tema de las drogas sea el centro de sus discusiones privadas con De la Madrid, a diferencia de las sesiones abiertas que deberán resaltar los logros”, señala el documento, fechado 18 días antes de una reunión que sostuvieron Reagan y De la Madrid.Otro documento desclasificado citado por la corresponsal, que también lo es del noticiario de Aristegui, es una carta sin fecha de Elliot Abrams, quien era subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, en la que le advierte a Shultz que las políticas de austeridad estaban afectando la imagen de Salinas en plena campaña por la Presidencia, a pesar de que tenía asegurado su triunfo, “pero quizá con abstencionismo y fraude electoral”.Abrams toca también el tema del narcotráfico, previendo lo que hoy vive el país:“Muchos consideran que los programas para combatir el narcotráfico son insuficientes. Los traficantes y productores de drogas están ganando terreno. Algunos temen que México se vuelva otra Colombia; el programa está siendo socavado por los malos manejos, corrupción y una aparente falta de voluntad política para tomar medidas duras y arriesgadas para reducir el tráfico y la producción de drogas; (aún así) el estigma de negarle la certificación desataría una tormenta política en México. Haría de EU tema de la campaña electoral y reduciría el campo de maniobra de Salinas para cooperar con EU.”Para cerrar, la corresponsal recuerda que ese año México recibió la certificación, Salinas “ganó con fraude” y Washington lo promovió como “ejemplo de buen gobierno”, algo que años después Miguel de la Madrid pondría en duda al aceptar que se equivocó al nombrarlo candidato: “Me siento decepcionado, me equivoqué”. l

Desapariciones, como en los tiempos priistas


Decenas de desapariciones forzadas de personas se cometen cada año en Nuevo León, pero como sucede en otras entidades y también en el nivel federal, las autoridades se las atribuyen al crimen organizado para justificar los nulos avances o el abandono de la investigación. Además, familiares de los desaparecidos aseguran que policías estatales y municipales inhiben las denuncias, y la senadora Rosario Ibarra añade que, frente a estos delitos, lo único que ofrece el régimen panista es la indiferencia y ?la soberbia.

MONTERREY, N.L.- Las desapariciones de personas durante el gobierno de Felipe Calderón ocurren con las mismas características que bajo el régimen priista, pero se atribuyen al narcotráfico aunque son perpetradas por los cuerpos de seguridad que fueron lanzados a las calles junto con el Ejército, sostiene en entrevista la senadora Rosario Ibarra de Piedra.Las autoridades federales consideran a la gran cantidad de desaparecidos de los últimos tres años como víctimas de levantones, y los gobiernos estatales hacen lo propio. Sin embargo, en Nuevo León y Oaxaca, igual que en Chiapas y Guerrero, familiares de las víctimas señalan como responsables a los gobiernos emanados del PRI y del PRD.Ibarra de Piedra señala que las desapariciones forzadas, el encarcelamiento ilegal y la tortura continúan vigentes en todo el país, sin que haya variado la situación en los últimos 40 años, y afirma que en la mayoría de los casos la responsabilidad por autoría o por omisión es de las autoridades.Fundadora del Comité Eureka y actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, explica que en el pasado las víctimas de las desapariciones eran guerrilleros, líderes sociales o personas cercanas a ellos, pero ahora cualquier ciudadano puede desaparecer. La diferencia, dice, es que al menos con los gobiernos del PRI había interlocución, aunque entonces como hoy los resultados eran escasos.Para ella, los priistas “tenían la hipocresía a flor de piel. ‘Sabían’ hacer las cosas, por eso duraron tantos años en el poder. Los priistas no cerraban las calles, nos dejaban entrar a la Secretaría de Gobernación; ahora nos ponen unas vallas horribles”.Según los datos de Eureka, en el gobierno de Luis Echeverría hubo 336 desapariciones que no se esclarecieron; con José López Portillo, 150. Pero este presidente, al decretar la amnistía a “los extremistas con vocación de justicia”, benefició a mil 500 presos políticos, 2 mil exiliados y 57 perseguidos, además de que al abrir las cárceles clandestinas del Campo Militar Número 1, el de Icacos en Acapulco y el de La Joya en Torreón, recuperaron su libertad 153 personas desaparecidas en 1978.Así mismo, en el sexenio de Miguel de la Madrid se conocieron los casos de 36 desaparecidos y el régimen liberó a 370 presos políticos; y el gobierno de Carlos Salinas de Gortari dejó un saldo de sólo 12 desaparecidos, pero la lista de muertos por causas políticas llegó a 603. Desde Ernesto Zedillo ya no hubo interlocución, establece la entrevistada.“Los priistas atendían, aunque no hicieran nada. Era demagogia pura, en grado superlativo, muy bien hecha. Estos (los panistas) tienen la soberbia en grado superlativo, cierran calles, no reciben, nos dan con la puerta en la nariz a todos y no hacen caso absolutamente de nada. Pero las tácticas son las mismas: desaparecen gente.”Como ejemplo pone la participación del actual secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, frente a la comisión de intermediación para esclarecer los casos de los miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR) Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, desaparecidos el 24 de mayo de 2007:“Luego de cambiar las audiencias a su antojo, cuando se celebraron acudimos a un monólogo, un discurso solitario en el que (Gómez Mont) presumía la integridad del gobierno; (era) una alocución sobre su rectitud, pero no resolvía nada, nunca hizo nada y convirtió el reclamo en un proceso espeluznante.”Ibarra también sostiene que el gobierno atribuye otras desapariciones recientes a la delincuencia organizada con el fin de justificar la ausencia de resultados en la investigación, como ocurrió con la desa-parición de trabajadores petroleros de Cadereyta en mayo de 2007, a la que la senadora le atribuye un móvil político. “Yo creo que estamos muy mal, estuvimos muy mal entonces, con Madera, Chihuahua, y los ferrocarrileros, los doctores, los maestros, el encarcelamiento de Vallejo y Campa... Pero ahora están las cárceles repletas de presos comunes, de los cuales muchos no han cometido delitos mayores. La situación es que no hay a cuál (gobierno) irle.“Se avientan la pelota entre el PRI y el PAN, del municipio al estado, del estado a la federación, de la federación al municipio. Es estarse lavando las manos, pero todos violentan el estado de derecho y violentan los derechos humanos más elementales.”
Peligro: policías
En el sitio YouTube se pueden bajar varios videos de El Vaquero Galáctico, un mimo pintado totalmente de color plata que en las plazas públicas realiza movimientos robóticos y se toma fotos con quienes arrojan monedas en su bote, también plateado.Originario del Estado de México, el mimo Melchor Flores Hernández dio vida al personaje durante varios meses afuera del Museo de Historia Mexicana, en la explanada regiomontana que fue sede de muchas actividades del Fórum Universal de las Culturas en 2007. La fama de El Vaquero Galáctico creció pronto, sobre todo después de que elementos de la Policía Regia lo detuvieron varias ocasiones porque supuestamente alteraba el orden público. En una entrevista para la televisión, que se puede ver también en el conocido canal de videos en internet, se le pregunta a Flores Hernández por esas detenciones. El mimo responde:“Tengo derecho a hacer mi trabajo y los policías también. Lo que yo hago, como no tengo dinero para pagar la multa, es que me espero las 36 horas de arresto, voy a mi casa, me baño y me regreso a trabajar.”El pasado 25 de febrero, Melchor fue detenido nuevamente por policías de Monterrey sin su disfraz y cerca de su departamento, en la colonia Deportivo Obispado. Ya no regresó.Sus compañeros de departamento dicen que desde noches anteriores habían detectado movimientos de patrullas afuera del inmueble, que ellos utilizan también como oficina.Refieren que a las 8:00 de la mañana de ese 25 de febrero, uno de ellos, Andrés Batres, exagente de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y quien estaba iniciando un negocio de construcción, salió en su vehículo a comprar comida. Melchor Flores salió horas después en su motocicleta. Ninguno de los dos volvió.A eso de las 13:00 horas, Gustavo Castañeda Puentes, un analista de sistemas que Batres contrató para trabajar en los aspectos técnicos de sus proyectos, hablaba por teléfono con su padre afuera del departamento de Deportivo Obispado. De repente la comunicación se cortó.Desde ese día los padres del analista, Gustavo Castañeda y Amada Puentes, fueron a la Procuraduría General de Justicia del Estado a denunciar la desaparición, pero agentes ministeriales les advirtieron que en esa dependencia se filtraba la información a “los malos” –es decir, a los narcos–, y eso amedrentó a la pareja.Sin embargo, los padres de Gustavo iniciaron sus propias investigaciones entre los vecinos de la última zona donde se reportó su hijo. Días después regresaron a la procuraduría con nuevos datos y denunciaron la desaparición (expediente 039/2009/III-3).Gracias a esos informes, la fiscalía estableció que Gustavo Castañeda Puentes fue detenido por los oficiales Refugio Dávila Sánchez y Misael Mendoza, a bordo de la patrulla 5038 de la Policía Regia.Además se averiguó que la patrulla 5040, a bordo de la cual iban Efraín López y Dante Damián, y la 5034, tripulada por el oficial Romel García Canto, se llevaron a Flores Hernández y a Batres, respectivamente.Pese a ello, los policías negaron su participación en los hechos y el expediente no ha avanzado. Para colmo, los testigos que los padres de Gustavo habían encontrado se retractaron luego de ser amenazados por policías.El mencionado expediente incluye un oficio mediante el cual el área de Asuntos Internos de la Policía Regia declina su competencia y afirma al Ministerio Público que no tiene datos relacionados con el caso, aunque Amador Medina, que entonces encabezaba la corporación, se comprometió públicamente a realizar una investigación.Lo mismo ocurre en más de una decena de averiguaciones: policías municipales o ministeriales les transmiten a los familiares de las personas desaparecidas supuestas amenazas de los cárteles de Sinaloa y del Golfo para disuadirlos de interponer sus denuncias.
Aquí no hay levantones
A través de una solicitud de acceso a la información, este semanario obtuvo la estadística oficial de desapariciones de 2007. Según la procuraduría estatal, ese año no se denunciaron delitos contra la libertad de las personas, tipificados en el código penal de la entidad en sus modalidades de secuestro y privación ilegal de la libertad.Otra es la realidad que se ha hecho pública. Los diarios locales publicaron al menos 88 casos de levantones durante 2007, mientras que según el dirigente de la Cámara Nacional de Comercio en Monterrey, Carlos Campos, 30 de sus agremiados sufrieron secuestros exprés. Por su parte el Comité Eureka contó 42 desaparecidos ese año.En el último trienio, esta organización registra en Nuevo León más de 60 desapariciones forzadas en las que pudieron participar autoridades. La lista incluye a los 38 trabajadores petroleros de Cadereyta, ya mencionados.El gobernador y sus colaboradores dijeron a los medios de comunicación que se trataba de un asunto de delincuencia organizada. Incluso el procurador, Luis Carlos Treviño Berchleman, presionó a los familiares del líder sindical Hilario Vega Zamarripa, y a su hijo Josué lo amenazó personalmente con perseguirlo por actividades ilícitas si insistía en sus denuncias (Proceso 1651). La versión de familiares y trabajadores del sindicato petrolero indica que Vega Zamarripa pretendía relevar a Carlos Romero Deschamps, el líder del gremio que meses después de las desapariciones se reeligió. Hasta la fecha la dirigencia nacional del sindicato petrolero no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto.“Las desapariciones de Cadereyta tienen que ver con la política sindical y la defensa del petróleo”, asegura Ibarra, ya que Vega Zamarripa se opuso a la privatización de Pemex y denunció que empresas privadas incurrían en corrupción en sus negocios con la paraestatal.En 2008, al cumplirse un año de las desapariciones, Ibarra de Piedra se reunió con el gobernador Natividad González Parás. La senadora acompañaba a los familiares de las víctimas en una manifestación frente al palacio de gobierno y el mandatario mandó invitarla a su despacho.Ibarra accedió, pero llevó consigo a los familiares. Lo que dijeron ahí para el mandatario estatal “fue como si escuchara una canción lejana” y no hizo caso, dice la legisladora.
Disuasión y amenazas
También está pendiente la desaparición, el 2 de mayo de 2007, de José Everardo Lara Hernández, quien fuera guardaespaldas del alcalde panista de Santa Catarina, Dionisio Herrera Duque. La investigación de su caso no registra avances oficialmente.Al contrario, su madre, Maximina Hernández, fue amenazada por el comandante ministerial Manuel González en las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI):
–Por tu culpa están matando más policías –le gritó el oficial.
–Pero yo nada más estoy buscando a mi hijo.
–¿Es que no entiendes que soy de Sinaloa? Otro caso sin aclarar es el del reportero Gamaliel López Candanosa y el camarógrafo Gerardo Paredes Pérez, de Televisión Azteca, desaparecidos el 10 de mayo de 2007. Paredes regresaba de reportear los efectos de un tornado en Piedras Negras y de inmediato se le encargó que supliera al camarógrafo de López Candanosa, pero ya no volvió. Su hermano, Juan Paredes, no ha dejado de exigir que se investigue a fondo para hallar a Gerardo y recibió amenazas telefónicas de alguien que dijo ser integrante del cártel del Golfo.Juan respondió que no dejaría de denunciar: “Si es la voluntad de Dios que ustedes me maten, así será”.Ni siquiera se salvan de este riesgo los integrantes de los cuerpos de seguridad pública. Giovany Urbina Aguilera, Julián Eduy Aguilera y Julián Urbina Torres, agentes de tránsito de Monterrey, están desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2008. En la misma situación está el comandante de la Policía Municipal en Apodaca, Juan Manuel Ortiz Rodríguez, desaparecido el 26 de febrero pasado.Además, están pendientes de resolverse las desapariciones de los civiles Marco Antonio Zúñiga Solís (ausente desde el 19 de junio de 2007) y Mario Jorge Tovar Martínez (registrada el 14 de mayo de 2008).Todas estas personas desaparecieron con sus vehículos y las familias no recibieron llamadas para pedir rescate. Además, cuando sus allegados investigan, resulta que fueron detenidos por la Policía Regia, la Policía Ministerial o la AFI, y las instancias competentes no han seguido ninguna línea de investigación. Al pedir información en las corporaciones, éstas niegan que existan registros. Finalmente, los testigos que logran conseguir son amedrentados y dejan de declarar, en tanto que funcionarios y policías intentan disuadir a los familiares de interponer las denuncias correspondientes.“Se lavan las manos diciendo que son de delincuencia organizada, que fue un comando armado y que no tienen línea de investigación. Aunque haya testigos, nadie quiere decir nada”, dice Amada Puentes, madre de Gerardo Paredes.“Las autoridades nos ven que hacemos plantones, que pedimos esclarecer los casos, que pedimos seguimiento, pero los casos están turnados a delitos en general, cuando deberían estar en el Ministerio Público especializado en delitos contra la libertad de las personas”, señala.