domingo, enero 09, 2011

La Corte avala entrega del petróleo a trasnacionales

Con la celebración de “contratos integrales”, Pemex entregará el control del petróleo mexicano a las trasnacionales como no sucedía desde la expropiación de 1938. Ayatzil –el único campo gigante descubierto hasta ahora– es el principal activo que el gobierno de Calderón ofrecerá a los extranjeros. Además, obsequiará el mapeo de los yacimientos petroleros del país iniciado en 2009 y que concluirá en 2012. Tan sólo este proyecto representa un costo al erario por más de 12 mil millones de dólares. El esquema –ya avalado por la Suprema Corte, aunque se duda de su constitucionalidad– no revertirá la caída de las exportaciones ni aumentará la producción de crudo, pero consumará las exigencias de Estados Unidos por privatizar el energético mexicano.

Mayela Sánchez / Nancy Flores

En el año electoral de 2012, Petróleos Mexicanos (Pemex) licitará los primeros contratos integrales de servicios para exploración y producción en aguas profundas, según los planes de su director, Juan José Suárez Coppel. Con estas contrataciones –iniciadas formalmente este año en el campo terrestre de Chicontepec, Veracruz– el gobierno federal cederá los bienes de la nación a la iniciativa privada, sobre todo de origen extranjero.

Como no ocurría desde 1938, los contratos permiten a la paraestatal asociarse con las trasnacionales para que éstas, de manera independiente, exploren y exploten los energéticos. Así, Pemex cede el control total del petróleo mexicano a las corporaciones que, a cambio, recibirán pagos de tarifas por barril localizado o extraído.

Aunque el esquema fue avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 2 de diciembre de 2010, es inconstitucional, considera el doctor en derecho Daniel Márquez Gómez.

El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explica que la Constitución Política establece con claridad el dominio directo del Estado sobre una serie de bienes y, en particular, sobre los hidrocarburos.

Márquez Gómez cita el artículo 27, que indica: “Corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales (…) tratándose del petróleo y los carburos de hidrógenos sólidos, líquidos y gaseosos no se otorgarán concesiones ni contratos ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva”.

Por ello, dice, los contratos integrales de servicios para exploración y producción de hidrocarburos son inconstitucionales. “No es porque lo diga la Ley de Pemex o porque lo diga la Suprema Corte de Justicia como se logra la constitucionalidad de esta clase de contratos”.

Agrega que “la prohibición es totalmente clara: no se pueden dar contratos ni subsistirán los que, en su caso, sean otorgados. Es decir, que si había algún contrato vigente, por disposición constitucional deja de tener efectos”.

El investigador explica que la nación, el pueblo políticamente organizado, es la única facultada para llevar a cabo la explotación de esos productos. El problema, dice, es que la Ley de Pemex –que aprobó el Congreso de la Unión en 2008– establece un régimen de excepción para la petrolera, al margen de la ley suprema.

Márquez Gómez señala que, de acuerdo con el artículo 28, Pemex debe ser autosuficiente y atender la prohibición de dar concesiones y contratos, pues sólo la paraestatal está en facultad de ejercer las labores de exploración y explotación de los hidrocarburos. “Traer empresas extranjeras o mexicanas a realizar actividades en esas áreas implica, en mi opinión, violar la Constitución”.

El doctor en derecho critica la actuación del Congreso y de la SCJN ­–que resolvió calificar como constitucional el reglamento de la Ley de Pemex, en el cual se basan los contratos integrales–, pues esta última “no puede sobrepasar” la Constitución: sólo debe interpretarla.

Ni la Ley de Pemex ni su reglamento, detalla, fundamentan el acto de autoridad: “Toda legislación debe justificar el beneficio que se genera a la nación. La explotación per se de los hidrocarburos y el otorgar esa explotación a empresas extranjeras o mexicanas incumplen con el requisito constitucional de beneficio a la población”.

Por ello, Márquez Gómez –quien imparte la cátedra Regímenes Constitucionales Contemporáneos en la Facultad de Derecho de la UNAM– considera que la Suprema Corte debió entender el carácter sustantivo del proyecto de nación, basado en el artículo 39 constitucional: “Todo poder dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”; y no avalar que en la ley se privilegien intereses privados.

La diputada petista Laura Itzel Castillo Juárez, secretaria de la Comisión de Energía, considera que la validación de la SCJN a un reglamento inconstitucional forma parte de una serie de acciones concatenadas que, desde 2008, buscan facilitar la entrega de los recursos petroleros a particulares.

Sin embargo, Miriam Grunstein Dickter, investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, señala que no hay visos de privatización en los contratos integrales de Pemex.

Según la doctora en letras hispánicas y lusobrasileñas y especialista en temas energéticos, ni la resolución de la Corte ni la Ley de Pemex, ni el reglamento ni los contratos son inconstitucionales, pues se trata sólo de una prestación de servicios, cuyo riesgo tiene que asumir la paraestatal petrolera.

Grunstein Dickter considera que estas contrataciones son insuficientes y que el gobierno mexicano debería permitir los contratos de riesgo en las áreas estratégicas que hasta ahora prohíbe la Constitución mexicana.

En su página de internet, Pemex Exploración y Producción (PEP) indica que los contratos integrales “buscan incrementar la capacidad de ejecución de Pemex para generar valor económico, a través de un esquema rentable y competitivo bajo mecanismos de contratación simples y flexibles”.

La legisladora Castillo explica que estos modelos de contrato que aprobó el Consejo de Administración de Pemex no sólo son inconstitucionales, sino que exceden la propia normatividad en la que se basan. En éstos se establece el pago a través de “tarifa por barril”, que no se establece en el reglamento.

El inventario, para las trasnacionales

Con los contratos integrales, Pemex cederá el inventario de las reservas y los mapas de los campos petroleros derivados del trabajo de exploración, realizado entre 2009 y 2012, a las trasnacionales que ganen las licitaciones.

De acuerdo con el programa de inversión de la paraestatal, en ese periodo se destinará un total de 12 mil 233 millones de dólares a la exploración en tierra y en aguas someras y profundas. Los recursos saldrán del erario y tendrán como fin restituir la tasa de reservas de hidrocarburos.

De 2001 a 2009, el trabajo exploratorio localizó en la Sonda de Campeche el yacimiento Ayatzil, el único campo gigante descubierto hasta ahora. Éste es el principal activo que el gobierno del panista Felipe Calderón ofertará a los extranjeros con los nuevos contratos de asociación. “En los últimos 10 años, sólo se ha descubierto un nuevo gigante: Ayatzil”, refiere Fabio Barbosa Cano.

Con los contratos integrales, “se privilegiaron los intereses empresariales en la norma, como sucedió cuando se aprobó la Ley de Pemex en 2008. A nadie parece importarle la nación: al Congreso de la Unión no, por aprobar una ley a todas luces contraria a la Constitución; al Ejecutivo tampoco, por impulsar esa ley y sus reglamentos. Ni siquiera a la Suprema Corte, que expide una decisión que a todas luces contraría el contenido de la norma que, como tribunal constitucional, debe tutelar: la Constitución”, señala el doctor en derecho Márquez Gómez.

Fuente: Contralínea 215 / 09 de enero de 2011

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EU, al acecho de la infraestructura vital de México

Las presas que México comparte con Estados Unidos, así como los ductos petroleros, las redes ferroviarias, centrales eléctricas y reactores nucleares están bajo rigurosa vigilancia. Mientras el gobierno federal oculta el número de las instalaciones estratégicas, los planes para prevenir ataques y qué instancias custodian esa infraestructura, Estados Unidos mantiene un estricto control sobre esa información

Nydia Egremy

La instrucción es precisa: obtener información de la infraestructura y recursos instalados y existentes en todo el mundo que sean clave para Estados Unidos. Así lo determina un despacho del Departamento de Estado que envió a sus diplomáticos el 18 de febrero de 2009, identificado con el número 192686 y dado a conocer por Wikileaks. En la lista de 2008, figuran instalaciones fronterizas, como el paso Panamericano, el cable submarino de Mazatlán, Sinaloa; así como la Presa Internacional Amistad, sobre el Río Grande (Río Bravo), entre el Río, Texas y Ciudad Acuña, Coahuila.

La infraestructura estratégica que busca documentar el gobierno estadunidense también comprende minas, empresas farmacéuticas productoras de vacunas contra distintas enfermedades virales, así como firmas productoras de químicos, puentes, puertos, aeropuertos, rutas de ferrocarril, plantas eléctricas, como la principal mina de Bauxita de Guinea, el cable submarino de la Cruz del Sur en Brookvale, Australia, o la presa hidroeléctrica de turbinas y generadores de China.

Esa información, que fluye desde las embajadas estadunidenses en todo el planeta hacia el Departamento de Estado, es sostenida por el Plan Nacional de Protección de Infraestructura (NIPP, por sus siglas en inglés), que también supervisa el Departamento de Seguridad de la Patria. El objetivo de ese Plan es que Estados Unidos “esté a salvo y sea más seguro y resistente” cuando aumente la protección de la infraestructura crítica (CI, por sus siglas en inglés) y de los recursos clave (KR, por sus siglas en inglés).

El argumento del Departamento de Seguridad de la Patria y del Departamento de Estado se sustenta en que la protección de esa infraestructura logrará prevenir, disuadir, neutralizar o mitigar cualquier efecto de los esfuerzos de los terroristas por destruir, incapacitar o explotarlos. Asimismo, fortalecerá la capacidad de preparación de ese país para tener una respuesta oportuna ante cualquier ataque y, posteriormente, una rápida recuperación ante esa agresión, desastre natural u otra emergencia.

En 2008, ambas dependencias realizaron un primer levantamiento de la CI/KR a nivel mundial, bajo la Iniciativa de Dependencias Críticas en el Extranjero, destinada a identificar la infraestructura que, bajo una situación de peligro, afectaría, directa o indirectamente, algún sistema interior de Estados Unidos.

En el despacho de 2009, se pidió a los diplomáticos estadunidenses actualizar ese inventario de forma exhaustiva y se les advirtió que tal procedimiento será anual. Los estadunidenses prestarán atención a la infraestructura que se localiza más allá de las fronteras de su país y cuya pérdida los impactaría de forma crítica en la salud pública, seguridad económica y en la seguridad nacional.


Bajo vigilancia

La instrucción es apremiante, pues hace ver que, “luego de consultar con todas las secciones y agencias –de la propia embajada en el exterior–, reconocerán inmediatamente si existen la CI/KR en el país anfitrión”. Y aunque especifica que esta solicitud “no ha sido consultada con los gobiernos”, se espera recibir respuestas a la solicitud de información cuanto antes.

Aunque el Plan Nacional de Protección de Infraestructura no define cuáles son, desde tiempo atrás se habían dado algunos pasos. Así lo hizo la Directiva Presidencial de Seguridad 7, que definía lo que se entiende por “infraestructura crítica” con base en la Ley Patriota de 2001.

Esa norma describe que se trata de los sistemas y activos, tanto físicos como virtuales, que son vitales para Estados Unidos, pues su incapacitación o destrucción causaría una debilidad en la seguridad, en la economía nacional o en la salud pública. Los llamados “recursos clave” se definen en la Ley de Seguridad de la Patria de 2002 como los recursos públicos o privados esenciales para las operaciones mínimas de la economía y el gobierno estadunidense.

El NIPP identifica 18 sectores de infraestructura crítica y de recursos clave: agricultura y alimentos, base industrial militar, energía, salud pública y asistencia sanitaria. Asimismo, comprende los monumentos e íconos nacionales, bancos y finanzas, agua potable y sistemas de tratamiento para agua; también incluye la industria química, instalaciones comerciales, presas, servicios de emergencia, reactores nucleares comerciales, materiales y desechos. Figuran también los correspondientes a tecnología de la información, comunicaciones, embarque y servicio postal, transporte, instalaciones gubernamentales y manufactura crítica.

El despacho de 2009, dirigido a los diplomáticos estadunidenses que operan en los cinco continentes, les advierte que “es obvio que algunos de estos sectores tienen más componentes internacionales que otros”. Esto significa que ahí es donde debe centrarse su atención. En uno de los 15 párrafos que pormenorizan la información que deben buscar los estadunidenses en el extranjero, se les piden “sugerencias” sobre instalaciones que deben incluirse en el listado de 2008.
Los criterios para determinar si existe infraestructura crítica o recursos clave para Estados Unidos en el “país anfitrión” se apoyan en dos categorías: 1. Ductos físicos: oleoductos, cables submarinos de comunicación y activos muy próximos a la frontera de Estados Unidos. En este caso, estarían las presas o empresas productoras de químicos, cuya eventual destrucción o daño tendría efectos transfronterizos; 2. Busca determinar si el bien o fuente es el único que prevalece en el país anfitrión. Aquí se consideran minerales o químicos críticos para la industria estadunidense o si se trata de un producto que sólo se produce en un pequeño número de países o si ahí se aloja un centro de comunicaciones cuya destrucción interrumpiría seriamente las comunicaciones globales.

De igual modo, considera los nodos críticos de aprovisionamiento (como el Estrecho de Ormuz y el Canal de Panamá), así como cualquier puerto o tierras de embarque en el país anfitrión que son críticas para el funcionamiento de la cadena global de aprovisionamiento.
El cable hace saber a sus funcionarios que el Departamento de Estado no está en busca de información relativa a efectos de segundo orden; es decir, que se relacionen con la moral pública y confianza o efectos de interdependencia que puedan producirse en cascada tras la interrupción en los servicios que prestan esas instalaciones estratégicas.

En todo caso, señala el documento, toda información que recaben los funcionarios debe considerar si cree que la CI/KR puede ser blanco activo o vulnerable. Esta lista de blancos o instalaciones estratégicas debía enviarse a Sharri R Clark, el 20 de marzo de 2009, en notas clasificadas como “secreto no para extranjeros”.


Sitios en México

Mientras la diplomacia estadunidense hace un trabajo de inteligencia efectiva en todo el mundo, en México es muy escasa y poco clara la información relativa al número de instalaciones estratégicas. Hasta 2008, se conocía –sin confirmación oficial– que el gobierno federal tenía un listado de 162; tampoco se conoce su naturaleza, ubicación y a qué instancia corresponde su custodia y resguardo: Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina (Semar) o Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Aunque hasta ahora se desconoce la cantidad de efectivos de esas dependencias destinados a esa tarea, se afirma que serían 8 mil los desplegados por tierra, aire y mar para evitar ataques contra tales instalaciones. El 17 de febrero de ese 2008, Francisco Saynez Mendoza, titular de la Semar, indicó que sus fuerzas resguardan la nucleoeléctrica de Laguna Verde, las plantas de nitrógeno de Atasta y Dos Bocas en Tabasco, la Sonda de Campeche, ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), presas y plantas industriales, entre otras.

En esa ocasión, el almirante destacó que, en caso de una emergencia, la Armada de México puede desplazar más de 40 mil elementos en menos de 48 horas. A pesar de esa capacidad de despliegue, sostuvo que el crimen organizado no ataca las instalaciones estratégicas del país, sino que está “dedicado a otros asuntos”; aún así, puntualizó, “debemos estar preparados para contrarrestar cualquier ataque del terrorismo internacional”.

El mecanismo federal para proteger las instalaciones estratégicas del país pudo observarse, luego del 11 de julio de 2007, cuando las fuerzas federales acordonaron las zonas donde se registraron tres explosiones de ductos de Pemex y cuya autoría se adjudicó el Ejército Popular Revolucionario.

Entonces, entró en acción la Dirección General de Instalaciones Estratégicas y Servicios (DGIES), que depende de la Coordinación de Fuerzas Federales de la SSP.

La DGIES genera inteligencia para que la SSP y otras autoridades puedan hacer frente a contingencias y actúen cuando se “sospeche o detecte” la ejecución de ilícitos. Ese órgano posee un banco de datos sobre delitos, personas, operaciones, delincuentes y modus operandi. Y aunque clasifica a los especialistas en robo de equipo y materiales a las instalaciones estratégicas del país, no fue capaz de anticipar los ataques a los ductos de Pemex.

Esa Dirección es parte del grupo de coordinación interinstitucional que integra a las secretarías de Gobernación, Semar, Sedena, Comunicaciones y Transportes, la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. El 15 de febrero de ese año, hubo un rumor de amenaza contra instalaciones estratégicas en territorio nacional que, supuestamente, habría lanzado el grupo islámico Al-Qaeda contra México, Canadá y Venezuela –países que surten crudo a Estados Unidos.

De acuerdo con el Reglamento Interior de la SSP (publicado el 28 de abril de 2010), a esa Secretaría le corresponde proponer al presidente de la República la constitución del Grupo Interinstitucional para las Instalaciones Estratégicas. Sin embargo, en una consulta al sitio electrónico de esa dependencia, realizada el 15 de diciembre de 2010, se observó que la DGIES no figura en la “estructura básica” de ese órgano.

En cambio, se asigna esa responsabilidad a la Subsecretaría de Planeación y Protección Institucional, cuyo titular es el general de División Diplomado de Estado Mayor, Javier del Real Magallanes. Este funcionario fue director del Colegio de la Defensa Nacional, comandante de la II Región Militar, director Ejecutivo de Políticas de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal y jefe de la Sección II de Inteligencia del Estado Mayor de la Sedena.

Entre las atribuciones de esa Subsecretaría, le corresponden proponer y evaluar los programas de seguridad y vigilancia, así como participar en la aplicación de las políticas que garanticen la seguridad y funcionamiento de las instalaciones estratégicas.

De acuerdo con el Cuarto informe de labores de la SSP, entre el 1 de septiembre de 2008 y el 31 de julio de 2009, apoyó a entidades del sector público y privado que resguardan instalaciones estratégicas. En ese marco, evaluó la seguridad en aeropuertos, centrales hidroeléctricas y termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad; refinerías, plataformas y terminales marítimas de Pemex.

Refiere que impartió el programa de capacitación Respuesta Inmediata ante Amenaza de Bomba para 571 servidores públicos que resguardan algunas instalaciones, como el Banco de México, el Sistema de Administración Tributaria, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la PGR, la Comisión Nacional del Agua y Operadora Mexicana de Aeropuertos, entre otras.


Inteligencia, contra amenaza

En el informe, no se profundiza en la calidad de la inteligencia para prevenir ataques contra las instalaciones estratégicas del país. Además del inventario de los bienes y recursos estratégicos, es fundamental determinar los factores que los califican como tales. Precisamente, ésa es la labor de inteligencia, sostiene José Luis Calderón Arózqueta, coordinador académico de la especialidad en inteligencia para la seguridad nacional del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

De igual manera, es indispensable contar con una agenda de riesgos de cada una de esas obras de infraestructura y recursos estratégicos, pues así se podrán establecer las medidas de seguridad correspondientes. Para el experto del INAP, la contrainteligencia es una de esas medidas, pues permite adelantarse para evitar o minimizar la ocurrencia de incidentes provocados por personas o grupos hostiles.

Cita Calderón que, desde 1994, se creó el Grupo de Coordinación de Instalaciones Estratégicas, que hasta ahora opera bajo la coordinación de la Policía Federal.

Desde una visión geopolítica, el inventario de sitios estratégicos mundiales, que levantan el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad de la Patria estadunidenses, obedece a la necesidad de defender los intereses de Estados Unidos, afirma Manuel Quijano, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Explica que se trata de “la aplicación del quinto elemento de la política internacional estadunidense: después de la visión geopolítica, geoestratégica, geoeconómica y geosocial, sigue la geomilitar, que es la del Pentágono”. Bajo esa perspectiva, afirma el especialista, Estados Unidos buscará tener mayor presencia en los llamados “países tapones” (como México, en América del Norte; Turquía, en el extremo europeo, o Austria, en el centro europeo), que en un momento le permitirán tener centros de inteligencia para operar desde ahí.

Para el estudioso, la información que ahora se conoce “confirma lo que ya sabíamos: que los centros de inteligencia de sus embajadas necesitan permanentemente monitorear lo que pasa en todos lados”. Este proceso es lo que los estadunidenses consideran como la seguridad global del problema. “Todos hacemos lo mismo”, sostiene el geopolitólogo.

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Marisela Escobedo: indolencia asesina

Prácticamente no hay en México quien desconozca la podredumbre del aparato de justicia nacional. Cuando en las barandillas de un ministerio público o un juzgado no se impone la indiferencia, lo hace la indolencia, la corrupción… El resultado: la impunidad. Un caso emblemático que compromete la viabilidad y eficacia no sólo de ese sistema de “procuración de justicia”, sino que pone en entredicho la viabilidad del Estado mexicano mismo, es la tragedia de una joven adolescente asesinada por su novio y de su madre, Marisela Escobedo, quien tras haber tomado el asunto en sus propias manos para esclarecer el homicidio y exigir justicia, acabó igualmente asesinada. Proceso consiguió acceder en exclusiva al expediente del caso, y el resultado es un reportaje estremecedor que revela cómo los engranajes de la delincuencia y de la burocracia gubernamental parecen sincronizarse para triturar ciudadanos.

Obtenidas por Proceso en exclusiva, las actas ministeriales del caso de Marisela Escobedo Ortiz, asesinada a tiros, el jueves 16 de diciembre, a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua, revelan que ella rastreó y vigiló al asesino de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo, pero cuando pidió ayuda a las autoridades judiciales de su estado y de Zacatecas, así como a las federales, jamás obtuvo el apoyo para capturarlo.

Según documentos de la Fiscalía de Análisis, Evaluación y Control Interno de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, fechados el 3 de noviembre pasado, Escobedo se presentó a informar que el 21 de octubre a las 2:30 de la mañana, junto con su hermano Héctor Ricardo Escobedo y su hijo Juan Manuel Frayre, vigilaban la casa en la calle Veta de Zinc donde vive María del Carmen Trujillo de León, concubina de Sergio Rafael Barraza Bocanegra, y vieron que éste llegaba en una pick up Lobo negra de doble cabina y de modelo reciente, sin placas. Barraza iba con otro hombre, que manejaba el vehículo.

Marisela y sus acompañantes los observaban desde unos 50 metros de distancia con binoculares. Barraza entró al domicilio rápidamente y de cuatro a cinco minutos después salió con María del Carmen Trujillo y los hijos gemelos de ambos.

La señora Escobedo vigilaba el domicilio desde el 10 de agosto, pues se había enterado de que Barraza se presentaba todos los miércoles a altas horas de la noche. Esa vez no llamó a la policía, ya que el 13 de julio anterior habían ubicado al asesino confeso de Rubí Marisol en Privada Santa María 5-C del fraccionamiento San Javier en Fresnillo, Zacatecas, pero Barraza consiguió huir por una mala estrategia policiaca.

Marisela Escobedo notificó a la fiscalía que el 13 de octubre la visitaron elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) enviados por la Fiscalía de Investigación Contra la Violencia hacia la Mujeres (Fevimtra). Recordaba bien el nombre del agente Rigoberto Luna, quien le pidió que si veía a Barraza de inmediato se lo reportara, lo que ella hizo una madrugada después de ver en la calle al homicida confeso. Luna estaba en la Ciudad México y tardó en regresar a Fresnillo.

Para entonces, Escobedo ya había conseguido el número telefónico de Barraza y una sábana telefónica en la que comprobó que el homicida se comunicaba frecuentemente a un domicilio en Río Grande, Zacatecas. Fue allá con los agentes federales y desde un teléfono público llamó al número correspondiente, con el pretexto de que habían reportado una fuga de agua.

Así logró que una mujer, a quien para su protección llamaremos aquí “Judith N.”, le diera su dirección. Cuando Marisela, su hijo, su hermano y los agentes federales llegaron a la casa, “Judith N.” dijo no conocer a Barraza, pero al mostrarle la lista telefónica confesó que ellos tenían una relación de noviazgo, que él pertenecía a una agrupación delictiva llamada Los Zetas y que se hacía llamar El Bambino. Dio datos de sus movimientos y de quién era su jefe, información que se omitió en el acta por seguridad de “Judith N”. También confirmó que Barraza solía alojarse en el hotel Río Grande.

Los federales, que no contaban con apoyo en Zacatecas, decidieron regresar a la Ciudad de México para dar su parte informativo y saber qué procedía.

El miércoles 27 de octubre fue la última vez que Marisela vio a los agentes y nunca volvió a saber nada de ellos. Su solicitud se extendió a las corporaciones estatales y federales. Jamás recibió respuesta.

Todo en contra

El 23 de septiembre pasado, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas (Cedhzac), Marisela Escobedo interpuso una queja ante la licenciada Luz María Vallejo Pérez, directora del departamento correspondiente; contra el subprocurador estatal, Oswaldo Cerrillo Garza; el jefe de la Policía Ministerial, Miguel de Jesús Hernández; el comandante Andrés Torres y los oficiales investigadores de su caso.

Ella señaló que pese a tener un oficio de colaboración para capturar al homicida de su hija, los funcionarios lo dejaron escapar, pero el tipo seguía viviendo en Fresnillo. Se le concedió una cita con el procurador general de justicia, pero éste no la recibió y la mandó con Cerrillo, quien después de escucharla decidió no turnarla con el procurador.

Cerrillo le sugirió que ella misma se hiciera cargo de ubicar a la mujer con la que estaba Sergio Barraza, y que cuando viera a éste le avisara por teléfono. Cerrillo le preguntó todos los detalles del homicidio de su hija, de forma que a ella le pareció excesiva y morbosa y se negó a ver el oficio de colaboración. Posteriormente la llevó a repetir la misma historia con el licenciado Manuel de Jesús Hernández Aguayo, quien le dijo que no había director de la Policía Ministerial y que fuera con el comandante Andrés Torres, quien a su vez le dijo que tenían mucho trabajo.

Escobedo ya había acudido a la Cedhzac el 10 de septiembre anterior, para interponer ante el licenciado José Alfredo Espino una queja formal en contra de la Procuraduría General de Justicia de Zacatecas y los servidores públicos que resultaran responsables.

En esa ocasión declaró que había localizado a Sergio Barraza Bocanegra en enero de 2009 en la calle Isla Tasmania, de Ciudad Juárez, Chihuahua, propiedad de su madre, Leticia Bocanegra Ríos. El sujeto se dio a la fuga y se llevó a su hija Heydi, procreada con Rubí.

La señora Escobedo lo encontró de nuevo en el Callejón de la Golondrina 1, colonia Esparza, de Fresnillo, y logró que lo detuvieran por retención de menor, ya que un juez de lo familiar en Chihuahua había otorgado a la madre de Rubí la custodia provisional de Heydi.

Según Escobedo, al ser interrogado sobre la desaparición de Rubí, Sergio Rafael Barraza dijo que la había encontrado teniendo sexo con otro hombre, por lo que la había asesinado y quemado, y posteriormente llevó su cadáver a un tiradero. Las 39 piezas óseas que quedaron de Rubí fueron encontradas en el sitio indicado por él.

Barraza fue sometido a un juicio oral dentro del nuevo sistema de justicia penal de Chihuahua. Ahí confesó su crimen y pidió perdón. Los jueces –actualmente inhabilitados– lo declararon absuelto y se le dejó en libertad inmediatamente.

Escobedo interpuso el recurso de casación (anulación), se revocó la sentencia absolutoria y se declaró a Barraza culpable del homicidio con una condena de 50 años de prisión. Para entonces él ya estaba prófugo y la Policía Ministerial del estado de Chihuahua inició su búsqueda. Tomó las riendas del asunto la licenciada Edith Acevedo, coordinadora de personas ausentes y extraviadas, por una orden de la entonces procuradora Patricia González.

Al ver que no había mayor resultado y con el antecedente de que ya antes Barraza había huido a Fresnillo, Zacatecas, Marisela inició una marcha con un grupo solidario y sus familiares por las ciudades que le quedaban en camino rumbo al Distrito Federal con la intención de llamar la atención de los medios. El 13 de julio llegó a Fresnillo y se dirigió a la antigua dirección de Barraza, donde le informaron que ya no vivía ahí, sino en otra zona de la ciudad.

Entonces habló al 066 y solicitó una unidad de la Policía Municipal. Sugirió que llevaran refuerzos. Alguien cuyo nombre no se menciona en las actas la llevó hasta la calle Santa María número 5C del fraccionamiento San Javier, colonia Las Américas. Mientras tres policías tocaban la puerta, pudieron ver cómo Sergio Barraza intentaba escapar por la azotea. Cuando los policías lo buscaron en la parte de atrás, él huyó por enfrente.

A los 15 minutos llegaron policías ministeriales, elementos del Ejército y policías federales. Escobedo calculó que fueron en total cerca de 100 personas que no lograron hacer absolutamente nada para detener a Barraza. Sólo se llevaron detenidas a María del Carmen Trujillo y Refugio Aguirre Arias, que vivían ahí.

Marisela y sus acompañantes fueron a la subprocuraduría, donde permanecieron de las tres a las cinco de la mañana sin que los atendieran. El 19 de julio, ella se presentó en la Subprocuraduría de Justicia de Fresnillo y proporcionó datos clave, como los números de teléfono que utilizaba Sergio Barraza para ponerse en contacto con su familia en Ciudad Juárez. También informó que lo acompañaba en su fuga Jorge Luis Hinostroza Piña, El Bolillo, residente de Valparaíso, Zacatecas, que trabajaba en el bar El Palenque.

Como la autoridad no hacía ninguna investigación para encontrar a Barraza Bocanegra, Marisela Escobedo se empeñó en que el gobierno de Chihuahua girara solicitudes de colaboración a sus similares del resto de las entidades de la República. Lo consiguió. La procuraduría de Zacatecas recibió la solicitud el 14 de julio, pero no se le puso atención y fue el 5 de agosto, durante un encuentro feminista en el Palacio de Convenciones cuando Escobedo abordó a la entonces gobernadora Amalia García Medina y le pidió apoyo para detener al asesino de su hija.

La mandataria delegó el asunto a su hermana, la subprocuradora general María Concepción García Medina, que no estaba enterada del caso. El 7 de agosto, la señora Escobedo acudió a la cita en compañía de la abogada Lucha Castro, representante de Derechos de la Mujer A.C. de Chihuahua. García Medina nombró a dos agentes para que investigaran el caso.

El 10 de septiembre, Marisela Escobedo intentó entrevistarse nuevamente con la subprocuradora García Medina, pero ella no la recibió. En su queja ante la Cedhzac insistió:

“No encuentro eco ni en el estado del cual procedo ni en el estado de Zacatecas, que es donde está el asesino de mi hija; ese es el motivo por el que acudo a estas instancias para solicitar guía y apoyo de los representantes de justicia del estado, ya que al aprehender a este homicida se estaría liberando a las mujeres de Zacatecas de un peligro de tener a un feminicida viviendo en su estado.”

Perro amor

Según el acta del procedimiento de casación, Marisela Escobedo narró que Rubí Marisol Frayre Escobedo, de 14 años, vivía y estudiaba en la ciudad de El Paso, Texas. Después de permanecer tres meses de vacaciones en San Antonio, en diciembre de 2005, visitó en Ciudad Juárez a su mamá, Marisela Escobedo Ortiz, comerciante y enfermera nocturna.

Debido a que el ciclo escolar ya había iniciado y los trámites ante la Secretaría de Educación Pública eran largos, no pudo inscribirse en la escuela, así que se quedó haciéndole compañía a su mamá en su negocio de carpintería y mueblería.

Ahí trabajaba como carpintero Sergio Barraza, de 22 años, quien le había comentado a su patrona que tenía una pareja sentimental de su misma edad y una hija de tres años.

A finales de febrero de 2006, una mañana que regresó de su turno como enfermera, Escobedo Ortiz se dio cuenta de que su hija no estaba en casa. La buscó en el taller, y como no la encontró le preguntó a Barraza por Rubí y si él sabía que tuviera un novio. El joven le dijo que no sabía dónde estaba, pero que al negocio acudía a visitarla un hombre blanco, alto, en un carro negro. Los demás empleados del negocio negaron haber visto a ese hombre y la señora decidió poner la denuncia.

Cuando regresó con una patrulla, Barraza ya no estaba. Fueron a buscarlo a su domicilio y su concubina les informó que podían encontrarlo a tres cuadras de ahí, en un cuarto construido con bases para apilar mercancía. Cuando Sergio y Rubí se dieron cuenta de lo que pasaba, huyeron saltando las bardas.

Al día siguiente Marisela Escobedo recibió una llamada de una mujer, quien le informó que su hija estaba con ella, sola y llorando. Ella supuso que Barraza se había espantado y había abandonado a Rubí. Fue por ella y para ayudarla a olvidar el episodio la inscribió en un curso de cosmetología; después hizo contacto con las amigas de la muchacha en El Paso, Texas, para que la pasearan, e iniciaron los preparativos para su fiesta de 15 años.

Sergio la volvió a buscar en la escuela y finalmente se la llevó el 9 de mayo de 2006. Marisela consultó a un abogado, que le explicó que la conducta de Barraza Bocanegra constituía el delito de estupro y que para comprobarlo la menor debía firmar que se la había llevado con engaños.

Pero como Marisela sabía que su hija estaba muy entusiasmada con Barraza, dedujo que no accedería. Buscó a Rubí y se enteró que estaba trabajando en la colonia Chaveta en un puesto de discos piratas. Fue allá con la intención de pedirle que regresara con ella, pero Barraza le dijo que si necesitaba hablar con Rubí lo hiciera ahí mismo. Marisela le aclaró que sólo deseaba platicar, pero él le ordenó a Rubí que se fuera a la casa de ambos.

Tiempo después Marisela se enteró de que la pareja vivía muy cerca del puesto e intentó contactar a Rubí. En una ocasión trató de seguirla, pero Barraza se dio cuenta, le ordenó a Rubí que se alejara y tomó de las muñecas a Marisela. Forcejearon, y los discos que vendía el sujeto cayeron al suelo.

Ese mismo día Sergio Barraza fue con uno de sus hermanos a casa de Marisela y rompió el parabrisas de su auto. A partir de entonces, la señora optó por mantenerse al margen, pero acudía a escondidas al puesto de discos para observar de lejos a Rubí y comprobar que estuviera bien. Su otra hija, Jéssica, intentó convivir con su hermana, pero Rubí nunca salía sola, siempre la acompañaba Barraza o la hija mayor de éste, Ashley, de cinco o seis años de edad.

La situación permaneció así hasta que Rubí quedó embarazada. Empezó entonces a aparecer por la casa de su madre en las mañanas y se quedaba hasta la noche, procurando hacer las tres comidas ahí. Un día le confesó a Marisela que Barraza no tenía empleo, debían la renta y no tenían para pagar el parto, por lo que le suplicaba que le permitiera a su pareja trabajar de nuevo en el negocio familiar.

Marisela aceptó. Contrató a Barraza por segunda vez, ofreciéndole su total apoyo para solventar el nacimiento del bebé, lo cual cumplió al cubrir los gastos de la cesárea y prestándoles un departamento que utilizaba como bodega, para que vivieran sin pagar renta.

Aparentemente todo marchaba bien. Rubí se dedicó a cuidar a los hijos de su hermano hasta que Barraza se lo prohibió. La última vez que Marisela vio a Rubí fue el 22 de agosto de 2008. Por su parte, Barraza no se presentó a trabajar a partir del 23 de agosto, el día 25 le fue a avisar que no trabajaría la semana siguiente porque su padre había sufrido un accidente vial y que él y su hermano estaban en el hospital.

Cuando Marisela preguntó por Rubí, él nada más le dijo que andaba consiguiendo “una feria”. A finales de septiembre Barraza Bocanegra fue al taller cuando no estaba Marisela y le dijo a la sirvienta que él y Rubí habían viajado a Aguascalientes, adonde pensaban regresar en unos días más.

Los meses pasaron y, aunque Marisela no sabía nada de su hija, se tranquilizaba pensando que no se comunicaba con ella porque no tenía dinero para la llamada.

En enero de 2009 buscó a Wendy Daniela Barraza, hermana de Sergio, para indagar el paradero de la pareja, pero no consiguió respuesta. Volvió a acudir con ella y Wendy le informó que Sergio ya no estaba con Rubí y que, según él, ella se había ido con otro hombre, pero que Heydi sí estaba ahí. Preocupada, Marisela buscó a la madre de Sergio, quien repitió que Rubí se había ido con otro hombre y que la niña estaba bajo su cuidado desde septiembre de 2008.

La madre de Sergio añadió que él iba ocasionalmente a llevar pañales o leche, que sufría y lloraba muchísimo por Rubí e incluso tenía un altar con fotografías de ella. Se le permitió a Marisela ver a Heydi, que andaba sucia y descuidada. Cuando Marisela consiguió, mediante la señora Bocanegra, que Sergio Barraza hablara con ella, él le contó su historia personalmente: Rubí se había ido con un hombre alto, blanco y con un auto negro desde el 20 de noviembre de 2008...

Marisela comenzó a visitar diariamente a su nieta y le entregaba dinero a la señora Bocanegra para las necesidades de la niña. Para el tercer domingo de enero, Sergio ya había desaparecido con Heydi. l

Las cinco guerras en Latinoamérica para 2011, según ICG/Foreign Policy

Bajo la Lupa
La epidemia de cólera en Haití puede ser caldo de cultivo para desestabilización política en el país caribeño.


Tras esbozar la anatomía patológica del poderoso conglomerado propagandístico George Soros/ICG/Foreign Policy (FP) /Gideon Rachman (Ver Bajo la Lupa, 2 y 5/1/11), resulta más sencillo entender los alcances de sus 16 guerras programadas para las turbulentas tensiones de 2011 y más allá, entre las cuales destacan cinco en Latinoamérica (LA): Colombia (¡supersic!), Guatemala, Haití, México y Venezuela.

Es nuestra hipótesis operativa que las 16 guerras programadas para 2011 forman parte de la agenda de la banca israelí-anglosajona para intentar, primero, resarcir sus pérdidas bursátiles, luego perpetuar la captura de las materias primas globales con enfoque multidimensional y, finalmente, abatir la demografía ajena.

Llama la atención la incrustación a la agenda nihilista global de FP/ICG de cinco países de LA que, a nuestro entender, está diseñada para detener el impulso del flamante BRICS (acrónimo renovado de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica; Bajo la Lupa, 26/12/10), controlar el Mar Caribe (ver Contralínea, Radar geopolítico, 21/2/10), y limpiar el patio trasero de EU desde México, pasando por Centroamérica –de allí la incorporación de Haití y Guatemala, tras el exitoso golpe militar, con máscara democrática, inducido por EU en Honduras contra el bloque ALBA–, hasta Colombia y Venezuela.

No es gratuito que dos días después de la proclama de sus 16 guerras (28/12/10) y dos días antes del ascenso al poder de Dilma Rousseff, la primera presidenta en la historia de Brasil, FP haya empezado a escarbar (sic) los detritos (¡supersic!) de sus secretos marxistas y guerrilleros (Taylor Barnes, 30/12/10).

Pese a la supuesta abnegación de obediencia ciega de Colombia a los dictados de EU, ¿por qué se volvió súbitamente desechable?

Pese al Plan Colombia, de matriz operativa estadunidense, algo sucedió en los caños y desagües del poder global para que la banca israelí-anglosajona amenace arrojar a Colombia que está recuperando su identidad sudamericana cuando ostenta, entre otras virtudes, un futuro brillante –si sabe explotar su calidad superestratégica de único país biocéanico del cono sur.

A juicio de FP/ICG –que exhibe su alianza nada sorprendente con Castañeda Gutman y Zedillo–, su nuevo presidente Juan Manuel Santos, quien piensa reubicar a 4 millones de desplazados, sorprendió con sus audaces reformas para desarraigar las causas de 46 años de conflicto civil contra los rebeldes izquierdistas.

Santos ha reparado (sic) las relaciones con sus vecinos Venezuela y Ecuador –motivo, a nuestro juicio, más que suficiente para desestabilizar a Colombia cuando su Suprema Corte ha puesto en tela de juicio la legalidad de la instalación de las siete bases militares de EU que han perturbado a la Unasur.

FP/ICG sobredimensiona las 8 mil tropas armadas y quizá 16 mil seguidores de las FARC que están a punto de reiniciar su terror en las grandes ciudades o adoptar un escenario opuesto: negociar con el gobierno en los meses que vienen. ¡Cómo saben tanto! ¿Pues no que Uribe había aniquilado a las FARC?

Lo más relevante: Nuevos grupos armados ilegales han pululado para capturar el tráfico de drogas y sus rangos son llenados con anteriores combatientes paramilitares, quienes son ampliamente responsables de la creciente violencia urbana cuando la tasa de homicidios superó 100 por ciento en Medellín”. ¿A quién conviene resucitar la plaza de Medellín?

FP/ICG teme más a los nuevos grupos paramilitares y deja un mensaje claro para Santos, quien ha colaborado con sus homólogos de Venezuela y Ecuador para incrementar la vigilancia fronteriza (¡pecado capital!): mucho (sic) está en manos del gobierno –lo cual se interpreta en la maniquea hermenéutica bushiana : o Santos está con el Plan Colombia de EU o está contra EU y en favor de Venezuela y Ecuador. ¿Llegará a ese grado Obama, quien, según Lula, no ha cambiado nada en LA?

La fobia del israelí-venezolano Moisés Naim, editor en jefe del FP y miembro conspicuo de ICG, es incoercible hacia Chávez. En los próximos 12 meses, Chávez llevará a los extremos su marca de socialismo del siglo XXI, cuando las bandas callejeras aliadas al gobierno están dispuestas a defender su revolución con Kalashnikovs.

La nueva legislatura es irrelevante (sic) cuando Chávez ha consolidado el control sobre los militares y la policía y ha capturado más empresas privadas, mientras la violencia ha aumentado en forma dramática en las zonas urbanas. Se valen las rudezas estadísticas con piruetas per capita: casi 19 mil homicidios en 2009 en una población de 28 millones.

Ahora resulta que Venezuela “se convirtió en un corredor (sic) importante de narcotráfico y se ha vuelto hogar (sic) de cárteles domésticos y foráneos”. ¡Apareció el peine!

Al no haber podido derrocar a Chávez, quien controla las mayores reservas de hidrocarburos del planeta, ahora la banca israelí-anglosajona extiende su guerra contra las drogas desde México/Guatemala, pasando por Colombia, hasta la profundidad de la Faja del Orinoco.

Sobre México expectora (en resumido) lo mismo que Stratfor, centro de pensamiento texano-israelí –quien duda de la victoria militar de Calderón y confiesa la venta de armas por Israel a los cárteles de la droga mexicanos (lo cual oculta FP/ICG). Una perla: “Ciudad Juárez […] compite con Caracas como la ciudad más letal del mundo”. De eso se trata, ¿o no?

La guerra de las drogas de México ha enviado ondas de choque a través de LA (¡supersic!) y ha alcanzado Guatemala, prácticamente un Estado fallido, donde las elecciones presidenciales en agosto exhiben su polarización con 20 candidatos sin un puntero visible, una “incertidumbre que los cárteles explotan muy bien”. ¡Lo que le espera a Guatemala!

A Haití le llueve sobre mojado: Al borde de una explosión social y en medio de alegatos de fraude (¿será?), la segunda vuelta presidencial en enero ha excluido en forma injusta a varios candidatos. Si el terremoto aniquiló a 300 mil haitianos, ¿cuántas víctimas cobrará la violenta limpieza política un año más tarde?

En síntesis, las cinco guerras de LA son civiles, aunque más específicamente cuatro pertenezcan al género de guerra contra las drogas –el vellocino de oro de la desestabilización por EU, como lo ha sido su hollywoodense guerra contra el terror islámico–, que parece no tener solución, como confiesa cándidamente FP/ICG: “Mientras EU sea el mayor mercado de drogas en el mundo y en tanto sus consumidores soliciten su producto, los cárteles mantendrán la fluidez de su abastecimiento”. ¡Ni hablar!

Al menos que se busquen limpiezas políticas aviesas, sumadas de balcanizaciones y vulcanizaciones depredadoras con captura simultánea de los hidrocarburos y de las joyas estratégicas de LA, ¿no podría EU moderar y hacer menos violenta su patológica adicción unilateral vendiendo menos armas letales que causan tanta carnicería humana, aunque gane un poco menos la banca israelí-anglosajona, quien desconoce la compasión?

Pide Corte de EU a Twitter datos de personas ligadas a Wikileaks

*Una legisladora de Islandia, Julian Assange y un hacker holandés, entre los mencionados en la resolución

*La página web condena el "hostigamiento" y dice que Facebook y Google recibieron órdenes similares

La página de Wikileaks en la red social Twitter es seguida por más de 600 mil personas a escala mundial
Brigitta Jonsdottir, parlamentaria islandesa, denunció que Washington quiere conocer todos los tweets que ha enviado desde 2009.

Estocolmo, 8 de enero. Una corte estadunidense ordenó a la red social Twitter entregar detalles de las cuentas de la web de Wikileaks y de varios seguidores como parte de una investigación por la divulgación de 250 mil documentos confidenciales que comprometieron a la diplomacia estadunidense.

Wikileaks reveló el sábado que autoridades estadunidenses solicitaron detalles de la cuenta de Twitter, de noviembre pasado al día de hoy, de su fundador, Julian Assange, y de otras personas, entre ellas Bradley Manning, soldado a quien se culpa de haber filtrado los documentos; el hacker holandés Ron Gongrijp y la parlamentaria islandesa Birgitta Jonsdottir, así como de otras personas cercanas al sitio, con lo que se demuestra la existencia de una investigación por espionaje en Estados Unidos.

Wikileaks manifestó que dichas personas nunca han trabajado para la página web y que “el Departamento de Estado reclamó los mensajes privados, los contactos, las direcciones IP (Internet) y los datos personales de la cuenta de Julian Assange y de dichas personas que son asociadas con Wikileaks”.

La información que busca conseguir el gobierno estadunidense incluye registros de conexión, sesiones iniciadas, correos electrónicos y direcciones residenciales, así como detalles de facturación, cuentas bancarias y tarjetas de crédito.

Un tribunal del distrito de Alexandria, Virginia, dirigió el 14 de diciembre de 2010 un mandato, firmado por la juez Theresa Buchanan, a la red social Twitter pidiéndole informaciones que los jueces calificaron de pertinentes en el marco de una investigación criminal en curso, según documentos obtenidos por la agencia de prensa Afp.

Twitter, que el 5 de enero fue autorizado por el tribunal a hacer público el mandato, informó dos días más tarde a Jonsdottir.

El sitio de Internet comunicó que si en 10 días la interesada no le notificaba la apertura de un procedimiento judicial de impugnación a la demanda de Estados Unidos, tendría que entregar las informaciones solicitadas.

Twitter realmente combatió (el mandato) en nombre de sus clientes, porque tales informaciones no deberían transmitirse, declaró Jonsdottir el sábado.

“El gobierno estadunidense quiere conocer todos mis tweets (comentarios en la red social) desde el primero de noviembre de 2009. ¿Estarán conscientes de que soy miembro del parlamento islandés?”, preguntó.

En Islandia, los ministros de Relaciones Exteriores, Oessur Skarphendisson, y de Interior, Oegmundur Jonasson, calificaron de inaceptable que las autoridades estadunidenses intenten obtener la información de Twitter de Jonsdottir.

Julian Assange, fundador de Wikileaks, quien comparecerá en Londres el 11 de enero próximo por delitos sexuales imputados por Suecia, señaló en su cuenta de Twitter que si Irán hubiera tratado de obtener información de periodistas o activistas de naciones extranjeras, grupo de derechos humanos de todo el mundo se hubieran manifestado.

En tanto, el abogado de Assange, Mark Stephens, aseveró en un comunicado desde Londres que “Wikileaks condena fuertemente este hostigamiento de individuos por el gobierno de Estados Unidos”.

En un comunicado, Wikileaks dijo tener motivos para creer que (la red social) Facebook y (buscador) Google, entre otros, recibieron pedidos similares de la justicia estadunidense.

La página de Wikileaks en Facebook tienen millón y medio de seguidores y en Twitter más de 600 mil a escala mundial.

Wikileaks ya se puso en contacto con abogados estadunidenses. En su opinión, dicha solicitud confirma la existencia de una investigación secreta llevada a cabo por un gran jurado estadunidense, lo cual significa que una inculpación (de Assange) es inminente.

Reubicarán a personas en riesgo

En tanto, el Departamento de Estado estadunidense anunció que el gobierno reubicará a algunas personas nombradas en los cables divulgados por Wikileaks.

P. J. Crowley, portavoz del Departamento de Estado, enfatizó que entre las personas en riesgo están activistas de la sociedad civil, periodistas y funcionarios de gobierno, cuyas discusiones con funcionarios estadunidenses podrían enfadar a gobiernos extranjeros y algunas fuerzas políticas.

Estamos concentrados en las personas que han sido identificadas y evaluamos si hay riesgo de violencia para ellas, especialmente en sociedades represivas de todo el mundo, indicó Crowley sin citar a los involucrados o mencionar alguna amenaza específica. Agregó que Estados Unidos ha advertido a gobiernos extranjeros que no busquen represalias contra quienes aparecen nombrados en los documentos de Wikileaks.

“Hemos dejado claro a gobiernos que cualquier acción adversa contra individuos identificados por Wikileaks afectará las relaciones”, señaló.

Assange se desnuda ante la humanidad

Contra el establishment

*Wikileaks contra el mundo, título tentativo de su autobiografía, revela Random House Mondadori
*El libro saldrá a la venta en abril en España y Latinoamérica; destinará los ingresos a su defensa

La siguiente audiencia de Julian Assange será el 11 de enero; su expediente será transferido a la Corte de Belmarh, Londres, para ser tratado como caso de terrorismo.

Wikileaks contra el mundo: mi historia, será el título en español del primer libro de Julian Assange, el cual saldrá a la venta en abril en México, anunció la editorial Random House Mondadori, que distribuirá el texto en España y Latinoamerica.

Espero que se convierta en uno de los documentos que definan esta generación. En esta obra muy personal explico nuestro esfuerzo global por forzar una nueva relación entre la gente y sus gobiernos, expresó el australiano, de 39 años, sobre la autobiografía que llegará a las librerías en un lanzamiento internacional coordinado.

El fundador del controvertido sitio Wikileaks, calificado por el gobierno estadunidense como terrorista de alta tecnología, en esta ocasión no revelará documentos filtrados, ni información secreta gubernamental, sino detalles de su vida y sobre la filosofía que inspira la organización que nació en 2006, redefinió nuestro concepto de periodismo de investigación y que ha obligado a repensar cuestiones como la transparencia, la democracia y el poder.

En diciembre pasado, días antes de que finalizara el año, como consignó La Jornada, Julian Assange vendió los derechos de su autobiografía en más de 1.5 millones de dólares. La prensa difundió los datos de la transacción con la editorial estadunidense Knopf por 800 mil dólares, y 350 mil libras (casi medio millón de dólares) con la firma escocesa Canongate.

Assange, fundador y director del sitio que puso a temblar a gobiernos con sus filtraciones, se dijo obligado a vender la historia de su vida, pues siempre se había mostrado reticente a dar detalles. No quiero escribir este libro, pero tengo que hacerlo, y argumentó que los recursos serían para su defensa legal y para mantener con vida el proyecto en Internet.

“He gastado hasta ahora 200 mil libras (más de 300 mil dólares) en asuntos legales: necesito defenderme y mantener a flote Wikileaks”, expresó desde el pequeño poblado inglés de Ellingham Kingdom, recién liberado bajo fianza de una cárcel británica, con la petición de ser extraditado a Suecia acusado de delitos sexuales y con el temor de ser trasladado a Estados Unidos por cargos de espionaje.

Sin embargo, la fecha de publicación era indefinida y sólo se habló de algún momento de 2011. El día de hoy se informó que será en abril, primero en un comunicado por la editorial Canongate, y horas después por la editorial Random House Mondadori, que adquirió los derechos mundiales en español de las memorias.

Canongate también vendió los derechos a la editorial italiana Feltrinelli, la alemana Kiepenheuerund Witsch, la francesa Laffont, la australiana Text, la holandesa De Geus, la portuguesa Objectiva, la noruega Font, la sueca Norstedts, la catalana Ara y la brasileña Companhiadas Letras.

En noviembre de 2010, el nombre de Julian Assange saltó a la luz pública cuando el sitio Wikileaks comenzó a hacer públicos millones de cables clasificados, incluyendo un paquete de 250 mil documentos del Departamento de Estado de Estados Unidos. La información que implicaba a los gobiernos de todo el mundo rápidamente se extendió en los medios y en Internet, provocando incontables reacciones.

Poco a poco se comenzó a indagar sobre un entonces desconocido Julian Assange, de quien se desconocía su paradero. Se dice que nació en Australia en Townsville, al norte del país, en 1971. Su vida es digna de guión de película de acción, pues desde su infancia ha sido la de un nómada, viajando de un lugar a otro, cambiando de residencia frecuentemente. Quienes ha colaborado con él lo describen como intenso, muy inteligente y con una agilidad excepcional para descifrar códigos cibernéticos.

Assange ha sido acusado anteriormente de realizar actividades de piratería cibernética o de hacker. En contraparte, fue reconocido por Amnistía Internacional en 2009 por el informe sobre los asesinatos en Kenia. La publicación francesa Le Monde Diplomatique lo nombró el hombre del año, le dedicó la portada y un artículo biográfico en su edición semanal.

Después de la controversia que causaron las revelaciones de Wikileaks, incluso Assange fue etiquetado como terrorista de alta tecnología por Joe Biden, vicepresidente de Estados Unidos. También patrocinadores de Wikileaks decidieron retirar su apoyo financiero a la organización, como fue el caso de MasterCard, Visa, PayPal y el Banco de América.

La siguiente audiencia de Assange será el próximo 11 de enero y su expediente será transferido a la Corte de Belmarh, al sureste de Londres, para ser tratado como caso de terrorismo, después de que la justicia británica adoptó tal decisión.

Aunado a la expectación que ha causado la autobiografía de Assange, días atrás se dio a conocer que el ex vocero de Wikileaks, Daniel Domscheit-Berg, también ha escrito un libro acerca de su participación en la organización, el cual se publicará en febrero por Random House en Estados Unidos, con el título Inside Wikileaks: my time with Julian Assange at the world’s most dangerous web site, (Wikiliaks al interior: mi tiempo con Julian Assange en el sitio de Internet más peligroso del mundo).

Hasta el momento no se conocen detalles del libro de Assange, ni del título en inglés. Representantes de la editorial Random House sólo señalaron que, en forma tentativa, en español será Wikileaks contra el mundo: mi historia, con el sello de Debate. Algunos lo han calificado como un paladín defensor de la verdad y la justicia, mientras otros lo han criticado duramente y lo persiguen. En abril se sabrá el veredicto en voz del implicado.

Ebrard: la ignorancia del "mejor" alcalde no disculpa


Un diagnóstico de la Comisión de Población y Desa-rrollo de la Asamblea Le-gislativa del Distrito Federal (ALDF) señala que cuatro de cada 10 capitalinos carecen de acceso a la seguridad social. En dos delegaciones: Iztapalapa y Gustavo A. Madero, se concentra cerca de 40 por ciento de esa ciudadanía en condiciones de desamparo social.

De los 8 millones 800 mil habitantes de la ciudad de México, 3 millones 700 mil carecen de IMSS, ISSSTE, servicios sociales del Gobierno del Distrito Federal (GDF) o algún otro sistema de protección. El universo descubierto alcanza 43 por ciento; 900 mil personas en Iztapalapa y 500 mil en Gustavo A. Madero.

El diagnóstico de la comisión concluye que el derecho a la salud es un derecho social y su consagración constitucional se convierte en un enunciado retórico si el Estado no cuenta con los recursos suficientes para hacer frente a esta obligación.

El propio secretario de Salud, Armando Ahued, asegura que la crisis económica ha incrementado, hasta 30 por ciento, la demanda de servicios sanitarios. Ha sido preciso, reconoce, levantar tres hospitales y ampliar los horarios de atención: Tenemos sobrecarga de trabajo. Mucha gente que antes recurría a los hospitales privados ahora, con los costos de la atención médica, acude al sector público. Y a pesar del esfuerzo de los médicos no se puede dar atención expedita. Ahued solicitó a la ALDF recursos adicionales (2011) por 5 mil 500 millones de pesos para mantener y desarrollar la infraestructura.

En riesgos de trabajo, el cuadro es asaz sombrío. Descontando la cifra negra del no registro, en el Distrito Federal pueden ocurrir hasta siete muertes mensuales. La falta de cobertura pesa sobre estos dramas. Fallecimientos por hipertensión, diabetes, cánceres vinculados a químicos tóxicos e infartos por estrés, acompañados de padecimientos frecuentes por contacto con diversos agentes del ambiente laboral. Los pequeños establecimientos con maquinaria que demanda grandes tomas de energía se cuentan entre los más expuestos. La higiene y la seguridad en el trabajo es un gran pendiente. Se han relajado las normas, mientras cunde el outsourcing.

Así que –en los 13 años perredistas al frente del GDF– los servicios de salud de Marcelo Ebrard no están, precisamente, ni en el mejor momento ni a la altura de los derechos ciudadanos. Incluso ha ganado presencia el incoherente Seguro Popular (que le atrae recursos a cambio de afiliaciones), aún disponiendo del programa de gratuidad diseñado en la era AMLO.

Ante los retos sanitarios capitalinos, Ebrard ubicó su visión en posiciones abiertamente proempresariales, optando por la ruta menos adecuada: elogiar el diagnóstico de Funsalud y premiar en el Día del Médico a un ¡biomédico!: Guillermo Soberón.

Justo el diagnóstico que impuso, con Fox y Frenk, ese Seguro Popular sumiendo al sector –incluyendo al DF– en la peor situación sanitaria del México moderno. Mismo Seguro que usa abusivamente Calderón para presumir sus compromisos en salud y autocalificar su desempeño como titular del Poder Ejecutivo pregonando la fantástica cobertura universal.

Ebrard cree entender que el sistema de salud está fragmentado y pareciera estar en proceso de extinción para los servidores públicos. Y, sin embargo, se atreve a pontificar que se debe retomar la iniciativa del Dr. Soberón para tener un sistema unitario de salud pública (?)

¿Retomar? Como si esa mendaz iniciativa no hubiera ya engendrado el fraudulento Seguro Popular. Y todavía agregó Ebrard: Hay 12 millones sin acceso a servicios y por ello no debe posponerse una reforma al sector. ¿Doce millones? ¿De qué fuente? ¿A qué reforma se refiere?

Sus declaraciones calzan exactamente con la propuesta calderonista del autocuidado de la salud: En un sistema integral de protección social, sostuvo Ebrard, debemos ubicar a cada persona, saber su edad, de qué ha estado enferma, de qué puede enfermar y conducir a nuestra población hacia el cambio de hábitos alimenticios, al cambio de hábito respecto de su propia salud. Ese es el objetivo.

¡No! Después de diseñar modernas políticas preventivas –que brillan por su ausencia en el DF– el propósito es muy otro. Se trata de brindarle a nuestra población atención médica oportuna resolutiva y de calidad cuando la requiriera. Meta que, ciertamente, hoy por hoy no puede presumir Ebrard.

Hasta los encargados de la Casa del Adolescente del Hospital Materno Infantil Inguarán denunciaron que –en esa misma deslucida conmemoración– Ebrard ignoró olímpicamente ¡sus 20 años de existencia!, cuando anunció la construcción de una clínica para jóvenes, la primera especializada para dicho segmento en la ciudad.

Según Ebrard, México es un país muy desigual en salud. Si la izquierda mexicana quiere llegar por primera vez a la Presidencia debe dejar las amenazas e incorporar a su proyecto a las clases medias. Necesitamos una agenda para este siglo.

Como ya lo hicieron antes –muy cómodamente– los panistas de la alternancia (Fox y Calderón) comprando la agenda soberonista para la reforma de la salud y la seguridad social, ¿ahora también Ebrard la presentará como suya para no tener que esforzarse mayormente en el asunto?

Lo que constituye una auténtica amenaza para la salud de los capitalinos (y del país) es el programa soberonista de Funsalud que Ebrard enarbola cómodamente frente al reto de erguir su agenda. Justamente, la que necesitamos para este siglo y a la altura del reformista pragmático reconocido como el alcalde del mundo.

Pero su ignorancia no admite disculpa. Será oportunamente penalizada en la liza electoral.

*Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco

El tiradero de Molinar y los nuevos inexpertos...

A dos años de dejar Los Pinos Felipe Calderón mueve piezas en su gabinete: nombra a dos nuevos titulares en secretarías que no manejan asuntos urgentes ni prioritarios y cambia a su secretario particular. En los relevos al frente de Energía y Comunicaciones se aprecia un claro espaldarazo a Ernesto Cordero, como si Calderón lo perfilara hacia 2012, al mismo tiempo que se desembaraza de un personaje conflictivo que dejó un tiradero de escándalo en la SCT: Juan Molinar Horcasitas.

Al entrar al último tercio de su sexenio, en pleno ocaso de su gobierno y frente a un proceso de sucesión adelantado en el PRI y el PRD, Felipe Calderón Hinojosa anunció el vigesimoquinto cambio en su gabinete con un aparente mensaje entre líneas para fortalecer a su secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, quien pone a dos de sus subalternos al frente de las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de Energía (SE), sin que tengan ninguna experiencia en esos sectores.

Dionisio Pérez Jácome, subsecretario de Egresos desde enero de 2008, expresidente de la Comisión Reguladora de Energía y exjefe de la Unidad de Promoción de Inversiones de la Secretaría de Energía, dejó su cargo no para sustituir a Georgina Kessel sino a Juan Molinar Horcasitas en la dependencia más conflictiva y con mayor número de demandas.

Pérez Jácome enfrentará en la SCT más de 60 procesos judiciales, 42 de ellos de Iusacell, y una demanda penal contra su extitular por la Licitación 21.

Molinar deja varios flancos abiertos: la crisis de aviación por la quiebra de Mexicana y el cierre de Aviacsa; el riesgo de que el país pierda soberanía por la deuda de más de 400 millones de dólares de Satélites Mexicanos; el anuncio de una asignación directa por mil millones de dólares a Boeing para la construcción de tres satélites; el rezago en carreteras y puertos en el país y un sector de telecomunicaciones plagado de conflictos.

“Continuaremos impulsando el programa de infraestructura más grande del país”, prometió Pérez Jácome en la conferencia de prensa del viernes 7, al asumir el cargo, pero no aclaró cómo enfrentará el atraso en la materia.

La Secretaría de Hacienda –donde trabajó Pérez Jácome– acreditó el pasado lunes 3 que la SCT, con Molinar al frente, tuvo un subejercicio presupuestal de 27.63% en 2010. El comunicado de Hacienda recordó que aquella dependencia tuvo una asignación de 80 mil 211 millones de pesos, de los que sólo ejerció 58 mil 51 millones a diciembre de 2010.

Por su parte Georgina Kessel, alguna vez profesora de Felipe Calderón y responsable de una frustrada reforma petrolera este sexenio, dejó Energía para tomar la dirección de Banobras. En su lugar fue designado otro colaborador de Cordero: el subsecretario José Antonio Meade.

Integrante de la nueva generación de funcionarios del gobierno calderonista que puede estar en una dependencia o en otra, Meade tampoco tiene experiencia en el sector energético. Es licenciado en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Su trayectoria ha transcurrido en el sector financiero: director general de Planeación Financiera de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), secretario Adjunto de Protección al Ahorro dentro del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), director general de Banca y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y director general de Banrural.

El reacomodo en el círculo cercano de Calderón incluyó la renuncia de Luis Felipe Bravo Mena, exdirigente nacional del PAN, como secretario particular de la Presidencia de la República.

En su lugar, el joven diputado federal Roberto Gil Zuarth, excandidato a presidente nacional de ese partido, se incorpora al equipo de Los Pinos, reforzando desde esta posición la estrategia electoral para 2011 y 2012.

Contra Molinar, ola de denuncias

Ni las denuncias por su presunta responsabilidad en la tragedia de la guardería ABC, ni los amagos del Congreso para llevarlo a juicio político, ni la demanda penal en su contra y de su equipo por el desacato de medidas cautelares ordenadas por dos jueces en el caso de la Licitación 21, ni el conflicto de interés por la presencia de su “hermano incómodo”, Javier Molinar Horcasitas, en el consejo de administración que llevó a la quiebra a Mexicana de Aviación, provocaron antes la salida de Molinar.

Consejero electoral del IFE de 1996 a 2000, vocero del PAN en 2003 y director general del Instituto Mexicano del Seguro Social de 2006 a 2009, Molinar asumió la titularidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en medio de una crisis.

Luis Téllez dejó la dependencia con 45 litigios pendientes en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión, con una confrontación abierta con el entonces presidente de la Cofetel, Héctor Osuna, y en medio del escándalo generado por la filtración de ocho llamadas telefónicas y su enfrentamiento con la subsecretaria Purificación Carpinteyro (Proceso 1685).

Con casi el mismo tiempo al frente de la SCT, Molinar deja una herencia de litigios más grande que la de Téllez y un conflicto con legisladores del PRI y el PRD, así como con algunos del PAN.

Están en curso más de 60 procesos legales por los resultados de la Licitación 21 que favoreció abiertamente a la sociedad Nextel-Televisa. Molinar negó una y otra vez que se tratara de una “ganga” a favor de esta sociedad, pero decidió otorgar el título de concesión aun cuando existían dos medidas cautelares ordenadas por jueces de distrito de Acapulco y Tamaulipas.

Por esta razón el abogado Salvador Rocha Díaz, de Iusacell, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, entabló una demanda penal en su contra por “colusión en el ejercicio indebido del servicio público y desobediencia jurídica”.

En agosto de 2010, en medio de la polémica por la Licitación 21, el diputado perredista Emilio Serrano Jiménez, presidente de la comisión encargada de analizar el caso ABC, ratificó una denuncia penal contra Molinar Horcasitas por actos de omisión relacionados con el caso de los 49 niños muertos en el incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 (como titular del IMSS Molinar, que lo fue antes de ser secretario de Estado, le corresponde responsabilidad por la aprobación de contratos de subrogación).

Unas semanas antes los padres integrantes del Movimiento Ciudadano 5 de Junio exigieron ante el Congreso y Calderón la renuncia de Molinar y de Daniel Karam, director general del Seguro Social.

Un mes después, el 28 de septiembre, trabajadores de tierra de Mexicana de Aviación presentaron otra denuncia ante la PGR contra Molinar “por presuntos hechos ilícitos en agravio de la soberanía nacional, de 100 mil trabajadores de la aviación así como del patrimonio del país”.

Miguel Ángel Yúdico Colín, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares, argumentó que el aval de Molinar a la declaración de “quiebra” de Mexicana de Aviación constituye una violación a la Constitución.

Yúdico insistió en que al permitir que se suspendiera la prestación de servicios de Mexicana de Aviación, Molinar avaló que cesara el flujo de ingresos que había sido protegido por el juez 11 del Distrito Federal en materia civil.

También los representantes legales y trabajadores de Aviacsa acusaron a Molinar de aplicar un “hostigamiento insólito” a la compañía que dejó de prestar servicios el 2 de junio de 2009 (Proceso 1708).

Las sospechas sobre posibles conflictos de interés de Molinar en el caso de la aviación comercial se incrementaron cuando IXE Banco confirmó que su director general, Javier Molinar Horcasitas, hermano del secretario, es integrante del consejo de administración de Mexicana.

“La actividad puede ser legítima, pero genera suspicacias. El que aparezca ahí el hermano de Molinar no es lo ideal”, afirmó el senador priista Rogelio Rueda.

Licitación 21 y subejercicio

Si algo marcó el paso de Molinar en la SCT fue la Licitación 21 para otorgar bloques en la banda de 1.7 Mhz en telefonía móvil convergente con internet.

Desde la discusión de la Ley Federal de Derechos, en noviembre de 2009, Molinar se implicó en una licitación marcada por el presunto favoritismo a las empresas interesadas en esa banda, especialmente Televisa.

El 3 de noviembre de ese año Molinar Horcasitas se reunió en privado con la mayoría de los senadores del PAN para convencerlos de que apoyaran la exención fiscal durante dos años a los nuevos competidores de telefonía móvil. “Esta no es una propuesta del PRI. Es una iniciativa del presidente Felipe Calderón”, dijo Molinar a los senadores del blanquiazul (Proceso 1724).

El 19 de enero de 2010 la Cofetel lanzó la convocatoria y en febrero del mismo año Televisa anunció una sociedad con Nextel para ir en busca del espectro de mayor valor, el bloque nacional de 30 Mhz, siendo ambas las únicas compañías que podían licitar por ese espectro.

Al asociarse Televisa y Nextel se eliminó la posibilidad de competencia por ese bloque. Pagaron sólo 180.3 millones de pesos, mientras Telcel pagó 3 mil 739 millones de pesos y Telefónica mil 273 millones de pesos por los otros bloques regionales de 10 Mhz.

De ahí surgieron las críticas por la “ganga” a favor de Nextel-Televisa. Una y otra vez, en sendas comparecencias ante la Cámara de Diputados y el Senado, Molinar negó que hubiera favoritismo o que se violaran las medidas cautelares ordenadas por dos jueces.

Tanto Molinar como el presidente de la Cofetel, Mony de Swaan, insistieron en que los 180.3 millones de pesos eran sólo “el guante” o el adelanto que pagarían ambas compañías, pero que a lo largo de 10 años tendrían que invertir más de 18 mil millones de pesos por ser “jugadores entrantes”.

El 1 de octubre de 2010 el diputado panista Javier Corral anunció que interpondría recursos penales, políticos y administrativos contra Molinar por haber beneficiado a Televisa con la Licitación 21.

En esa misma fecha los diputados priistas Javier Gil Ortiz y Adán Rubí Salazar denunciaron un subejercicio de 18 mil millones de pesos en la SCT.

Molinar se defendió y afirmó que la SCT había ejercido 90% de su presupuesto. Incluso invitó a los diputados a revisar los documentos y aclarar las diferencias “por el método de medición”.

No fue necesario. El pasado lunes 3 Hacienda acreditó que hubo un subejercicio de más de 20 mil millones de pesos en la administración de Molinar. De una asignación de 80 mil 211 millones de pesos en su presupuesto de 2010 sólo llevaba ejercidos 58 mil 51 millones.

La Secretaría de Hacienda advirtió que si no se corregían estas irregularidades se aplicarían sanciones a la SCT. Ahora, el exsubsecretario de Egresos, Dionisio Pérez Jácome, sustituye a Molinar Horcasitas.

Calderón ajusta su equipo; quita a Molinar, Kessel y Bravo Mena

*Pérez Jácome y Meade dejan Hacienda; se van a SCT y Energía; Gil Zuarth, a la secretaría particular

*Instruye a los nuevos secretarios a impulsar reformas

*Falta aval del Congreso al cambio en Los Pinos

Al anunciar ayer los cambios en su equipo de trabajo, el presidente Felipe Calderón dio a conocer que aceptó la renuncia de Juan Molinar Horcasitas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Los nuevos secretarios de Energía, José Antonio Meade, y de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome, flanquean al presidente Felipe Calderón durante el anuncio de los cambios en el gabinete

El presidente Felipe Calderón Hinojosa confirmó anoche nuevos cambios en su gabinete y equipo de colaboradores, con los cuales suman 16 en secretarías de Estado en cuatro años de gobierno.

Desde temprano circularon versiones sobre la salida de los titulares de las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT), Juan Molinar Horcasitas, y de Energía (Sener), Georgina Kessel, a los que sustituyen Dionisio Pérez Jácome y José Antonio Meade, respectivamente, quienes eran subsecretarios de Egresos e Ingresos –en ese orden–, de la Secretaría de Hacienda.

A estos relevos se sumó –en el transcurso de la tarde– la versión sobre el cambio en la secretaría particular de la Presidencia, cargo que deja Luis Felipe Bravo Mena, a quien sustituirá Roberto Gil Zuarth, siempre que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión autorice la solicitud de licencia que ya presentó el todavía diputado federal, como aclaró Calderón.

En un mensaje emitido en el salón Manuel Ávila Camacho de Los Pinos, con casi una hora de retraso en relación con la convocatoria hecha por el área de Comunicación Social, Calderón informó que aceptó las renuncias de Molinar Horcasitas y Bravo Mena, así como su decisión de nombrar a Meade al frente de la Sener y a Kessel como nueva titular del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

De Molinar Horcasitas, dijo que tuvo un desempeño eficaz al frente de la SCT, pero ahora ha decidido participar intensamente en tareas político-partidistas importantes para la vida del país. El mismo ex funcionario quiso dejar claro que él presentó su renuncia e incluso leyó el texto enviado al Presidente.

Dijo que colaborará con el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, dejándole a éste que posteriormente informe sobre las tareas que le asignará en el partido.

A su vez, Calderón resaltó que el talento y la capacidad de Molinar fueron determinantes para que México avanzara en la construcción de más y mejores obras de infraestructura. Dijo que su liderazgo fue fundamental para emprender una reforma de fondo en el sector de las telecomunicaciones, que permita a México incrementar la cobertura de servicios, la convergencia de tecnologías y mayor competencia en el sector.

Indicó que ya dio instrucciones a Pérez Jácome para continuar y profundizar las reformas en el sector de telecomunicaciones.

Entre sus tareas –dijo– deberá hacer lo necesario para ampliar el acceso de los mexicanos a los servicios de radio, televisión, Internet y telefonía, instrumentos fundamentales para detonar el desarrollo del país.

Asimismo, resaltó la importancia de promover un ambiente de verdadera competencia en el sector, a fin de lograr servicios de telecomunicaciones modernos, de buena calidad y a precios accesibles. También lo instruyó a ejecutar el Programa Nacional de Infraestructura, en particular en carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles.

Calderón hizo énfasis en la importancia de consolidar su sexenio como el de la infraestructura. En la misma ruta se desempeñará Kessel al frente de Banobras.

De la ex secretaria de Energía, el mandatario reconoció su participación para lograr la reforma del sector, que fortaleció a Pemex, y la liquidación con éxito de Luz y Fuerza del Centro. También mencionó las acciones realizadas para transitar hacia el uso de energías limpias, entre otros.

Como directora de Banobras, tiene el encargo de impulsar las obras de infraestructura que permitan llevar bienestar, desarrollo y empleo a todas las regiones del país, así como cumplir la meta de destinar hasta 5 por ciento del producto interno bruto al rubro.

A José Antonio Meade, nuevo titular de la Sener, le ordenó profundizar la transformación de las empresas públicas del sector, eliminando privilegios y con garantía de transparencia y rendición de cuentas en todas sus operaciones y actividades.

De Luis Felipe Bravo Mena, el Presidente señaló que en adelante se dedicará a actividades profesionales de consultoría, análisis político y social de la realidad del país.

Antes de tomar protesta a los nuevos funcionarios, Calderón señaló que los cambios permitirán continuar el esfuerzo de transformación que realiza el gobierno federal. Se trata de que las políticas públicas beneficien a los mexicanos sin distinción y permitan tener una patria justa, ordenada y generosa, que provea a los ciudadanos una mucho mejor calidad de vida.

El “look” de Diego

Diego Fernández de Cevallos, exsenador.

Javier Sicilia

MÉXICO, D.F, 10 de enero.- Hacia el final de su vida, Iván Illich definió nuestra época como “la era del show”. Nada, bajo la mirada de los medios, escapa a él y, en consecuencia, nada escapa al look. Show y look van de la mano en un mundo económico. Si quieres ser consumido, si quieres tener éxito, fabrícate una imagen y monta un espectáculo, sobre todo en televisión. No en vano este aparato, puesto en circulación por Estados Unidos durante la depresión económica de los años treinta, tenía y continúa teniendo la función de aumentar el consumo. La vida política, como alguna vez lo escribí (El fetiche político), se ha vuelto eso. De allí la proliferación en ese terreno de la industria de la imagen. Se trata –como en los table-dance, donde las mujeres, ataviadas con todo tipo de fetiches, manifiestan un poder fálico– de capturar la mirada, de excitar el interés y provocar el deseo.

Cada vez que se acerca el proceso electoral esta maquinaria se pone en marcha para exaltar el fetiche del poder. Allí está Peña Nieto, prototipo del look y del show político: la sonrisa afable y seductora, el traje impecable, el peinado exquisito, la palabra exacta –siempre una promesa– y la mirada lejana, dominadora que, al igual que las bailarinas del table-dance, no se posa sobre nada, como una afirmación encubierta de la castración del espectador al mismo tiempo que ofrenda amorosa del hombre que domina todo: una mirada vacía de Medusa que quiere seducir sin mirar a nadie y sin abrirse sobre nada, y que se exalta con su propia fascinación y con la seducción de su onanismo: el hombre perfecto cuya fuerza fálica, que ha conquistado a una estrella de TV, quiere mostrarse desprovista de terror y capaz de llenar el profundo hueco de nuestro deseo de completud, de nuestra profunda castración social.

Sin embargo, la reciente aparición de Diego Fernández de Cevallos –de la que todos nos alegramos: siempre hay que alegrarse de una vida salvada por más siniestra que sea y condenar en todos los sentidos el secuestro– ha impuesto en medio del desastre que vivimos un nuevo look político, acorde con la miseria de los tiempos y poblado de todas las suspicacias que un PAN en plena debacle y necesitado de una imagen puede provocar: Diego, el bronco, el atrabiliario, el violentador de las leyes para su provecho, secuestrado el viernes 14 de mayo por un grupo de izquierda radical, reaparece frente a los medios de comunicación unos días antes de Navidad y unas horas después de ser liberado.

Su look no ha cambiado; se ha dinamizado. El hombre que días antes de su secuestro parecía, con su barba recortada, un encomendero moderno, resurge repentinamente de entre las densas sombras del país como un profeta que, llevado contra su voluntad –como todo profeta– al desierto, se ha enfrentado con los demonios más terribles del país –cierta izquierda radical que, en el uso del secuestro, se acerca al crimen organizado– y ha vuelto, vencedor, para traer una buena nueva: “Sólo quiero decirles que me encuentro bien, gracias a Dios, y que estoy fuerte (…) Uno de los temas que será capital, y lo hablé con mis plagiarios (en las muchas y fuertes discusiones que dijo haber sostenido con ellos), está el compromiso con ellos de pensar y de luchar por grandes causas que reclama México, su pobreza, su injusticia y su impunidad. Creo que tenemos que hacer de México un país de leyes, de instituciones, no de secuestradores, de asesinos, de ningún nivel, ni de ricos ni de pobres (…) Como hombre de fe, ya perdoné; y como ciudadano creo que las autoridades tienen una tarea pendiente, pero sin abuso, sin atropello, sin flagelaciones” (Proceso 1782).

Sus palabras son conmovedoras –quien, atacado por el alzheimer social, olvidó al anterior Diego, sucumbe–, también su look, la barba larga de profeta pero –acorde con el show mediático que lo preserva del terror bíblico– bien peinada y con el cabello recortado, la mirada severa, dominante, una chamarra y unos pants luidos, zarrapastrosos –ropa que le dieron sus plagiarios y que recuerda el atuendo de piel de camello del precursor de Cristo–. No lleva báculo. Trae, en cambio, un signo moderno de la realeza que lo sostiene, un Mercedes. Todo en el “nuevo” Diego, trabajado por los poderes del Espíritu en el desierto aciago que rodea al país, respira una humilde grandeza. Los fetiches de su nuevo look nos hablan de una perfección moral acrisolada bajo siete meses de sufrimiento. Un hombre fuerte que ha cargado con los pecados de su pueblo y ha vuelto triunfante del mal.

Con su aparición, el show de la política ha tomado un nuevo giro. Hay que crear nuevos looks y nuevos espectáculos, un gigantesco trabajo de simulación fálica que permita levantar el deseo castrado del país. Contra el look hollywoodense de Peña Nieto, contra el de hombre de izquierda europeo de Ebrard, contra el juarista de AMLO, contra el de Mario Puzzo del crimen organizado, contra el indefinido de la izquierda radical, surge el del profeta hebreo trasplantado a tierras mexicas que, habiendo cargado el sufrimiento del pueblo, ha vuelto del desierto y sus demonios para señalarnos el camino; y tras ellos, una vez más, la puesta en escena de la castración y la inmadurez de nuestra sociedad.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar todos los presos de la APPO y hacerle juicio político a Ulises Ruiz.