viernes, diciembre 24, 2010

Assange, terrorista de alta tecnología: Biden

Assange, terrorista de alta tecnología: Biden
EU persigue a Wikileaks con un objetivo violento o político... ¿quién emplea el terror?, replica su fundador

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En imagen de archivo, Joe Biden, vicepresidente de Estados Unidos, quien ayer habló sobre una posible demanda por conspiración en contra de Julian AssangeFoto Ap
Afp, Dpa y Pl

Washington, 19 de diciembre. El Departamento de Justicia de Estados Unidos explora las vías legales para demandar al fundador de Wikileaks, Julian Assange, afirmó hoy el vicepresidente estadunidense Joe Biden, quien calificó al australiano de 39 años de terrorista de alta tecnología.

Assange replicó: Según el vicepresidente estadunidense, la verdad sobre Estados Unidos es terrorismo. Terrorismo es el empleo de la violencia con fines políticos. La administración de Biden sigue ofendiéndose con nuestra organización y los miembros de la prensa, y detrás hay un objetivo violento o político, así que, ¿quién es el terrorista?, dijo en conversación telefónica con El País pasada la una de la madrugada de este lunes, informó el rotativo madrileño en su página online.

Al hablar sobre una posible demanda por conspiración contra Assange, Biden señaló en el programa Meet the Press, de NBC: estamos estudiando esto. El Departamento de Justicia trabaja sobre la cuestión. Este hombre ha hecho cosas que nos han perjudicado, han puesto en peligro la vida y la profesión de ciertas personas en el mundo. Ha complicado las relaciones con nuestro aliados y amigos, explicó.

Si conspiró con un militar de Estados Unidos para fisgonear en estos documentos secretos, sería un hecho completamente diferente a haberlos entregado a un periodista, expuso el vicepresidente en un intento por mostrar que el responsable de Wikileaks no es semejante al famoso informante conocido como Garganta profunda del escándalo Watergate, sino que se trata de un conspirador.

Biden, quien añadió que su gobierno buscará mecanismos legales para frenar la difusión de documentos secretos del Departamento de Estado, afirmó que la publicación de los cables ha afectado su trabajo. Ha supuesto un gran daño... Ha hecho más difíciles nuestras negociaciones con nuestros aliados y amigos.

La ley de espionaje, de 1917, no contempla este tipo de casos ya que debe demostrarse que Wikileaks, que el pasado 28 de noviembre comenzó con la difusión de más de 250 mil documentos diplomáticos secretos de Estados Unidos, no es un medio de comunicación tradicional.

Fiscales estadunidenses reúnen pruebas

Los fiscales estadunidenses trabajan sobre otra base jurídica: esperan poder reunir pruebas que demuestren que el fundador de Wikileaks fisgoneó, ya que según Biden, animó o ayudó al soldado Bradley Manning a sustraer información secreta y entregarla al sitio web.

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Julian Assange, fundador de Wikileaks, en la comisaría de Beccles, en Suffolk, Inglaterra, donde acude a firmar diariamente como una de las condiciones para su libertad bajo fianzaFoto Reuters

Acusar a Assange de conspiración para atentar contra la seguridad nacional permitiría al gobierno estadunidense enjuiciarlo sin afectar la libertad de expresión garantizada en la Carta Magna.

El diario The Guardian publicó documentos policiales que recogen detalles de los alegatos contra el fundador de Wikileaks de dos mujeres ante la justicia de Suecia, que piden la detención y extradición de Assange.

El rotativo británico –que junto con The New Yosk Times, Le Monde, El País y el semanario Der Spiegel comenzaron hace tres semanas la difusión de documentos–, tuvo acceso a las fichas policiales del caso que se remonta a agosto.

Según la primera acusación, Assange tuvo sexo consentido con la señora A, durante el cual el preservativo se rompió. La mujer acusa a Assange de planearlo deliberadamente y de eyacular sin protección, indicó The Guardian.

Assange niega haber roto el condón o haberse dado cuenta de que se rompió.

En el segundo caso, la señora W aseguró que durante una cita tuvo relaciones sexuales consensuadas con Assange, y utilizaron preservativo, pero que a la mañana siguiente se despertó cuando él la penetraba sin condón.

Ella le preguntó si tenía el VIH y él replicó que no. Más tarde le pidió que se sometiera a una prueba para determinar si tenía sida y él se rehusó. Su negativa fue decisiva para que las dos mujeres acudieran a la policía. Sin embargo, ninguna ha interpuesto una acusación formal, según sus abogados.

En Suecia y Gran Bretaña mantener relaciones sexuales sin preservativo, sin el consentimiento de la pareja, se considera un delito equivalente a una violación.

Assange, en libertad bajo fianza, permanece en casa de un amigo en Londres, y ha señalado que las acusaciones son un complot estadunidense.

Por lo pronto, los abogados de Assange denunciaron hoy el intento de la prensa británica de desacreditar la imagen de su defendido al publicar detalles de los cargos sexuales en su contra.

Los letrados cuestionaron a The Guardian por la publicación de pormenores de los cargos imputados a Assange en Suecia. El abogado sueco Bjorn Hurting presentará una queja formal ante las autoridades británicas y exigirá investigar cómo esa información llegó a ser de dominio público.

A todo esto, el fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, afirmó que le hubiese gustado invitar a Assange a la cumbre que reunirá en enero en Davos a los máximos responsables políticos y económicos mundiales.

Fuente: La jornada

Transparencia traicionada

Jacqueline Peschard, comisionada del IFAI.

John M. Ackerman

MÉXICO, D.F., 23 de diciembre.- La semana pasada todos fuimos testigos de un ejercicio paradigmático de apología de la opacidad por parte de la principal institución federal de defensa de la transparencia: el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI). En una sesión histórica realizada el martes 14 de diciembre, las comisionadas Sigrid Arzt y Jacqueline Peschard cerraron el paso a una solicitud de acceso a los nombres de los cargos de los más de mil funcionarios que reciben el famoso “bono de riesgo” por participar en labores relacionadas con la seguridad nacional y la seguridad pública. Sus argumentos mostraron una total falta de compromiso con el interés ciudadano, pero sobre todo un profundo desconocimiento del marco jurídico en materia del derecho a la información.

El artículo 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública es contundente: “Los sujetos obligados deberán hacer pública toda aquella información relativa a los montos y las personas a quienes entreguen, por cualquier motivo, recursos públicos”. Los bonos en cuestión se financian con recursos públicos y se entregan a servidores públicos en función de sus labores dentro del gobierno. Por la prensa nacional nos hemos enterado de que estos pagos suman hasta 1 millón de pesos por cada funcionario durante un periodo de tres años. Asimismo, es importante notar que jamás se solicitó acceso a los nombres de los funcionarios, sino exclusivamente a los cargos que ocupan. Resulta evidente la necesidad de transparentar estos sobresueldos con el fin de evitar desviaciones o abusos.

Hace apenas seis meses, la misma comisionada presidenta del IFAI ya se había pronunciado positivamente al respecto. El 9 de junio, Peschard remitió un oficio a la Secretaría de la Función Pública solicitando explícitamente que el gobierno federal divulgara toda la información sobre los bonos de riesgo. Y el pasado 1 de diciembre, cuando por vez primera se abordó el tema en el pleno del IFAI, no expresó ninguna objeción sobre la posibilidad de divulgar la información solicitada.

Pero súbitamente Peschard modificó su posición y, utilizando su voto de “calidad” como comisionada presidenta del IFAI, empujó la balanza a favor de la opacidad. Existen elementos suficientes para sospechar que este repentino cambio pudiera haber sido resultado de una presión directa por parte del gobierno de Felipe Calderón, sobre todo a la luz del importante aumento presupuestal recientemente autorizado para el instituto y por el que la comisionada Peschard pugnara tan fuerte.

Por principios éticos, Arzt se hubiera excusado de la discusión y la resolución de este polémico caso. Antes de iniciar sus labores en el IFAI, ella fungía como secretaria técnica del Consejo de Seguridad Nacional de Calderón, labor para la cual recibió más de 400 mil pesos de sobresueldo entre 2007 y 2009 precisamente por concepto de “bono de riesgo”. El evidente conflicto de intereses, al fungir como juez y parte, necesariamente afectaba su capacidad para evaluar objetivamente el caso.

Así que no debe sorprender que en su participación en la sesión pública del martes Arzt hiciera gala de su total desapego de los principios básicos en materia de transparencia. Pidió a sus homólogos confiar ciegamente en el gobierno federal: “Me preocupa que partamos del sospechosismo con relación a que se entreguen a discrecionalidad recursos públicos”. La exempleada de Calderón afirmó que los criterios generales para la asignación de los bonos son tan “sistemáticos y metodológicos” que simplemente no podrían existir “ámbitos de discrecionalidad”. Así que en lugar de abrir la información para que los ciudadanos puedan confirmar que efectivamente se apliquen criterios prudentes, la comisionada propone que simplemente otorguemos el beneficio de la duda a un presidente de la República que no ha destacado precisamente en materia de rendición de cuentas.

Arzt también comete la pifia de invertir el sentido del “principio de máxima publicidad” plasmado en el artículo sexto de la Constitución. Este principio indica que toda la información poseída por el gobierno es pública, a menos que, de manera estricta y limitativa, se encuentre cubierta por alguna de las causales de reserva en la ley. Asimismo, el daño potencial de la apertura de la información tiene que ser “probable” y “presente”, además de ser claramente mayor al efecto negativo que ocasionaría el hecho de que la información no fuera divulgada, ya que la opacidad también genera costos al obstaculizar la rendición de cuentas. En pocas palabras, la carga de la prueba siempre se encuentra del lado de quien busque defender la opacidad.

Pero en estas cuestiones la comisionada Arzt vive en el mundo al revés. Ella parte de su muy personal presunción de que la divulgación de la información pone en riesgo la vida de los funcionarios implicados y exige a sus homólogos demostrar lo contrario. “No encuentro elementos para que tengamos suficiente evidencia de que al resolver entregar determinados puestos (...) no pongamos en riesgo la vida de las personas que están haciendo estas tareas”.

El problema es que Arzt no ofrece evidencia alguna de que vidas humanas realmente estuvieran en peligro. Como bien lo señaló la comisionada María Elena Pérez-Jaén en la sesión, una gran cantidad de información sobre estos bonos ya ha sido pública desde hace años y no ha pasado absolutamente nada a los funcionarios. En todo caso, remató Pérez-Jaén, conocer esta información no les implica mayor riesgo que las propias atribuciones que de por sí ejercen ya estos servidores públicos.

Aún peor, el colmo de este asunto es que en realidad muchas de las personas que reciben el bono de riesgo ocupan cargos que simplemente “no tienen nada que ver con alguna función que pudiera poner en riesgo su vida”, como lo confesó la propia Peschard. De acuerdo con la comisionada, estas personas recibirían el pago extraordinario no por su actividad actual, sino por la información sensible que manejan en función de los cargos que ocuparon en el pasado. Aunque en muchos casos ni siquiera existe esta justificación, ya que la lista de los “premiados” incluye cargos como el de coordinador de Opinión Pública y el de coordinador de Comunicación Social, ambos de la Presidencia de la República.

Resulta entonces que en muchos casos los “bonos de riesgo” no son justificables, y funcionan más como becas para los amigos o como jubilaciones para aquellos servidores públicos que si bien antes arriesgaban la vida hoy ya se encuentran en una suerte de retiro. Se abre de par en par el margen para el uso discrecional de estos pagos y se desmiente la idea de Arzt de que los criterios de distribución son tan “sistemáticos y metodológicos” que no existe la posibilidad de abuso.

El comisionado Ángel Trinidad Zaldívar, quien de manera congruente cuestionó duramente la decisión de la mayoría, puso el dedo en la llaga: “Los ciudadanos tienen el derecho de desconfiar (...) ya que, por desgracia (...) no hay pocos ejemplos en los cuales esta desconfianza se ha traducido en ciertas realidades”.

La transparencia existe precisamente como un contrapeso al peligro siempre presente de abuso de la autoridad gubernamental. Y el IFAI existe para defender a los ciudadanos, no para proteger al gobierno en turno. Con decisiones como la del martes pasado, el instituto de la transparencia traiciona su espíritu ciudadano original y abona precisamente al sospechosismo que supuestamente busca conjurar. l

www.johnackerman.blogspot.com /

Twitter: @JohnMAckerman

Corte de caja

San Martín Texmelucan. Apocalipsis.

José Gil Olmos

MÉXICO, D.F., 22 de diciembre (apro).- Los últimos días de este año han sido una muestra de lo que el país ha resentido en las dos últimas administraciones: una incapacidad de gobernar preocupante que tiene como saldo más de 30 mil muertos por la guerra contra el narcotráfico, miles de desaparecidos y una impunidad reinante que privilegia a quines cometen crímenes tan escandalosos como el cometido contra Marisela Escobedo, en Chihuahua.

La impudicia con la que vienen actuando los distintos grupos del crimen organizado en todo el país sólo refleja la incapacidad con la que el gobierno de Felipe Calderón, y los gobernadores y ediles de todo el país vienen actuando. Igualmente refleja que el poder de la delincuencia ha rebasado, por mucho, a todas las instituciones, al grado de convertirse en verdaderos grupos de poder cuyas acciones inciden en las decisiones del Estado.

La noche del jueves pasado Marisela Escobedo fue ejecutada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua. Durante años Marisela había buscado que se castigara al asesino de su hija Rubí Marisol, Sergio Rafael Barraza, a quien no sólo había identificado, sino que, incluso, logró que lo detuvieran y llevaran a un juicio en el que fue liberado por los encargados de impartir justicia.

Marisela sufrió un doble embate: la desilusión y rabia que le provocaron los jueces y el gobernador César Duarte, que no la escucharon para que el asesino de su hija fuera castigado con todo el peso de la ley; y el de la impunidad con la que dejaron que el mismo asesino llegara hasta su camioneta convertida en su refugio, la correteara y la ejecutara frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua.

El país aún no salía del azoro que provocó este caso de injusticia e impunidad cuando en San Martín Texmelucan, Puebla, explotó un oleoducto de combustible de Pemex que era ordeñado por saqueadores y ocasionó el siniestro que costó la vida de 29 personas, 52 heridos y daños a decenas de propiedades en un rango de 50 hectáreas.

El crimen organizado ha encontrado en la extracción ilegal de combustible un negocio millonario. Es tanto el poder de Los Zetas que ni el Ejército ha podido impedir que extraigan combustible de la Cuenca de Burgos y lo vendan en Tamaulipas y Veracruz.

La existencia de una enorme cantidad de tomas clandestinas de gasolina de los oleoductos de Pemex en todo el país, no se puede explicar sin la participación de funcionarios y trabajadores de la paraestatal, quines reciben mucho dinero por solapar a quienes durante décadas la han saqueado.

Según cifras de la paraestatal las ganancias generadas por este negocio ilegal podrían superar los 20 mil millones de pesos en lo que va del gobierno de Felipe Calderón. Sólo en 2008, el robo de combustibles ascendió a 9 mil 300 millones de pesos, ha reconocido Pemex en el boletín 149/2009, en cual señala que de esa cifra “3 mil 500 millones correspondieron a condensados, que se obtienen con la extracción de gas natural no asociado, y 5 mil 800 millones al robo de petrolíferos (gasolinas, diesel y turbosina), mediante tomas ilícitas en la red nacional de ductos”.

Fue en una de estas tomas clandestinas donde se originó la fuga de combustible que posteriormente se incendió afectando, además, al río Atoyac, una de las afluencias acuíferas más importantes de la zona.

Hasta el momento el gobierno federal no ha logrado detener este negocio del cual se aprovechan grupos del crimen organizado, funcionarios y trabajadores sindicalizados de Pemex.

Pero estos dos hechos que cobraron vidas y que pudieron haberse evitado con acciones de gobierno efectivas, fueron opacadas por un show mediático que fue diseñado desde Televisa y el gobierno federal: la liberación de Diego Fernández de Cevallos.

La liberación del panista no pudo ser más oportuna para el gobierno federal. Con ropa deportiva, la barba blanca crecida y su clásica actitud prepotente y soberbia Fernández de Cevallos apareció en su residencia de lujo afirmando que había sido liberado horas antes, como lo anuncio en exclusiva el principal conductor de Televisa, Joaquín López Dóriga.

Los telones de abrieron y el panista se presentó ante las cámaras de televisión, los micrófonos de radio y las grabadores de la prensa escrita. Desfiló por los principales programas afines a su causa y atrajo la atención de la opinión pública.

El ánimo con el que se presentó causo sospechas, pues no era el de una persona que estuvo secuestrada 220 días, desde el pasado 14 de mayo. Los comunicados de sus plagiarios reivindicando una causa social tampoco convencieron. Sin embargo, el jefe panista dio muestras de su poder; y sin que la PGR interviniera logró su libertad con la ayuda de sus amigos empresarios, obispos, cardenales, banqueros, legisladores y expresidentes de la República.

Ofreció una señal más de la impunidad, la corrupción y la ineficacia con la que el país sigue siendo gobernado y que al final del año sólo deja una sensación de fragilidad en toda la sociedad.

Educando para la mediocridad

MÉXICO, D.F., 22 de diciembre.- A principios de mes se hicieron públicos los resultados de la prueba educativa internacional –PISA– y nuevamente México volvió a quedar en un mal lugar. Quizás en la Secretaría de Educación Pública hay quienes se congratulen porque “por lo menos” estamos arriba de Albania, Argentina, Azerbayán, Brasil, Indonesia, Jordania, Kazajastán, Panamá, Perú y Qatar. Pero será un pobre consuelo. A pesar de algunos pequeños avances documentados por la OCDE, las mediciones mostradas en matemáticas, ciencias y lectura resaltan un sistema educativo en crisis. En lugar de educar para la prosperidad, las escuelas públicas del país están educando para la mediocridad. Para la parálisis. Para el rezago. Para que el país, en términos comparativos, pierda cada vez más terreno en la competencia internacional en lugar de irlo ganando.

La verdadera sorpresa para muchos fue la posición de Shanghai-China. En su primera medición, la ciudad ocupó el primer lugar a nivel global en las tres áreas evaluadas. Y más impresionante aún: las escuelas chinas con las peores evaluaciones quedaron a la mitad de la tabla de todos los países que participaron, incluyendo los miembros de la OCDE. China, en una generación, ha logrado transitar del atraso a la excelencia, demostrando así que es posible hacerlo. Pero en México insistimos en negar la realidad o cerrar los ojos frente a ella. En muchos otros lugares del mundo, el avance chino ha producido señales de alarma en los pasillos del poder, entre los maestros, y más aún entre los padres de familia, preocupados por escuelas que no satisfacen las necesidades educativas más básicas. En Estados Unidos, por ejemplo, Barack Obama se ha referido a los resultados chinos como un “momento Sputnik”, recordando cuando la antigua Unión Soviética lanzó un satélite al espacio, demostrando que estaba a la par con su adversario en cuanto a avances tecnológicos. China ahora le demuestra al mundo que también se está convirtiendo en una potencia educativa.

En México, sin embargo, los resultados de la prueba PISA ocuparon las primeras planas de algunos diarios durante un par de días y después el tema regresó al cajón. Al archivero. Al último lugar de las prioridades nacionales, desplazado por la boda de Enrique Peña Nieto, la elección interna del PAN y la última ronda de encuestas políticas. La pasión por mejorar la educación parece estar confinada a grupos pequeños de ciudadanos preocupados y algunas ONG como Mexicanos Primero. Como ha sugerido David Calderón, estamos tan mal educados que ni siquiera sabemos cuán importante es la educación. Pero China lo entiende y en los últimos diez años ha reformado sus escuelas y entrenado a sus maestros con el objetivo de producir alumnos de clase global. Pero en nuestro país la escuela pública se ha convertido en una fábrica para pobres; un lugar que condena a los mexicanos a quedarse en el mismo lugar en el cual nacieron, sin acceso a la movilidad social y poco preparados para la competencia global.

La mejor manera de reaccionar sería a través de una apreciación crítica y honesta de cómo llegamos a la pésima situación en la que estamos parados. Con altos índices de abandono educativo. Con un nivel de desempleo alto y con una informalidad aún mayor. Con resultados que colocan a los jóvenes en una ruta de colisión con el futuro. La economía global que surgirá de esta recesión será muy diferente: la competencia entre los mercados emergentes será mayor y sólo los países que cuenten con una fuerza de trabajo competente y capaz podrán salir del hoyo. Va a ser necesario un esfuerzo educativo nacional que enseñe no sólo lo básico. Va a ser indispensable producir mexicanos creativos, críticos, pensantes, capaces de entender problemas complejos y cómo resolverlos. Y ello requeriría comprender la urgencia de transformar nuestro sistema educativo para sustituir la mediocridad por la excelencia.

Muchos piensan que eso no será viable mientras Elba Esther Gordillo siga al frente del SNTE. Mientras los maestros puedan vender, heredar o intercambiar sus plazas por favores sexuales. Mientras los gobernadores puedan ofrecer plazas al mejor postor y hagan de ello un gran negocio. Mientras la clase política conciba a la educación como un coto político en vez de un trampolín social. Hoy el debate incipiente en torno a la educación está imbuido de un gran pesimismo frente a obstáculos que parecen insuperables. Pero como lo revela un reporte reciente de McKinsey sobre la evolución de veinte sistemas educativos en los últimos años, el cambio es posible y no habrá que esperara hasta que La Maestra se muera para instrumentarlo. En sitios donde ha habido mejoras sustanciales, el cambio ha ocurrido en periodos relativamente cortos, en países con culturas muy distintas, con niveles de ingreso muy diferentes, con divisiones étnicas muy marcadas, en sistemas federales y en sistemas descentralizados. A cada paso del viaje hacia la excelencia educativa hay estrategias comunes: México necesita dejar de mirarse el ombligo y estudiar lo que están haciendo otros países en el mundo.

Al país le urge mejorar la calidad de sus maestros, enfatizar la excelencia por encima de la cobertura, reclutar a sus mejores graduados y canalizarlos hacia la profesión educativa, otorgarle al maestro la autonomía y la dignidad perdidas. Todo ello requerirá un liderazgo para la transformación profunda que ha estado ausente hasta el momento en la SEP. El progreso modesto de los últimos años simplemente no es suficiente a pesar de la retórica oficial al respecto. México necesita un secretario de Educación Pública cuya ambición sea ascender a los primeros lugares de la prueba PISA en menos de una generación, y no personas que calientan la silla detrás del escritorio de José Vasconcelos en espera de un dedazo presidencial. La SEP ya no puede seguir perdiendo el tiempo, conformándose con avances milimétricos, congratulándose con cambios microscópicos, manteniendo a los mexicanos rehenes de una educación que los condena a la mediocridad. La ruta internacional a la excelencia es clara y con buena señalización; sólo falta la voluntad política para tomarla. En un mundo globalizado, el éxito estará definido por individuos y sociedades que logran adaptarse con velocidad y cambiar sin oponer tanta resistencia. Si no somos capaces de entender este “momento Sputnik” y los retos que implica, seguiremos atados a la tierra mientras los chinos ascienden a la estratósfera.

Diego, entrelíneas de una liberación

MÉXICO, D.F., 21 de diciembre (apro).- Paradojas y entrelíneas de una figura como Diego Fernández de Cevallos tras su liberación, después de siete meses y seis días de misterioso cautiverio:

1. En 1994, el entonces candidato presidencial del PAN desapareció de la escena pública después de ganar el debate televisivo a sus contendientes del PRI (Ernesto Zedillo) y del PRD (Cuauhtémoc Cárdenas). Fernández de Cevallos iba al frente de las encuestas. Su partido y hasta Felipe Calderón Hinojosa describieron con suspicacia la “desaparición” de Diego.

Dieciséis años después, su reaparición tras un prolongado secuestro se convierte en un acontecimiento mediático de primer orden y en una inevitable fuente de especulaciones sobre su posible postulación para el 2012. Este martes declaró: “Yo voy a apoyar al candidato del PAN”, pero todo su discurso anticipa un proyecto político para combatir la percepción de un gobierno atenazado por la impunidad, y una sociedad harta de la inseguridad y la corrupción.

Diego resurge y con él la percepción de que es el político panista más influyente, ahora con el aura de un sobreviviente, casi místico, víctima de uno de los delitos más crueles.

2. Asesorado o no, Diego se convirtió en el medio, el mensaje y el vocero de su propio caso. La PGR enmudeció, las autoridades de Querétaro también y el presidente Felipe Calderón sólo alcanzó a articular un lugar común: aplicará “toda la fuerza de la ley” para encontrar a los secuestradores del exsenador y abogado litigante.

En contraste, Fernández de Cevallos aprovecha la alta exposición mediática para redefinir su imagen y fama pública. Ante reporteros y entrevistadores televisivos reiteró: “Parte de la causa de mi secuestro es esa imagen de un hombre infinitamente rico, no lo soy. Y punto”.

Su mensaje es de perdón a los secuestradores y articula una hipótesis ante su secuestro que ninguna autoridad ha desmentido: “Un fin económico, pero con una marcadísima connotación política, supuestamente por cuestiones ideológicas”.

Perdonó a sus “misteriosos desaparecedores”, pero dejó entrever que las negociaciones fueron ríspidas y, quizá, los plagiarios no sólo obtuvieron 30 millones de dólares –la cifra más citada por el pago del rescate--, sino una fortuna invaluable: información.

Así lo dejó entrever el final del “Boletín-Epílogo” enviado por los plagiarios:

“Diego es un nudo en donde atraviesan historias turbias. Ahora conocemos de cierto los modos de los trabajos y oficios con los que se maneja, las personas con las que trata y algunas de las que han sido sus más logradas empresas.”

3. La insistencia de Diego en la fe y en la creencia religiosa, salpicada de citas de El Quijote, constituye no sólo un mensaje a las audiencias masivas que lo escucharon o vieron, sino también a las altas esferas o grupos de la ultraderecha que operan en la opacidad:

“Como hombre de fe, yo he perdonado el agravio, no quiero contra ellos ninguna venganza, y sólo le pido al Estado mexicano que trate esto como un caso más, porque no podemos olvidar tragedias superiores como la de la señora de Chihuahua (Marisela Escobedo) y muchos otros.”

El propio Diego sabe que el suyo no es un caso más. Si lo fuera, no hubiera generado el interés mediático y la respuesta y sobreexposición tan extensa que él mismo protagonizó.

¿A quién perdona específicamente el Jefe Diego? ¿A grupos de ultraderecha? ¿A una guerrilla que no alcanza a cubrir el perfil ni el discurso tradicional de la ultraizquierda? ¿A un comando de expolicías secuestradores, como han sugerido expertos en negociaciones de plagios?

Para algunos especialistas y observadores, el caso de Fernández de Cevallos coincide con varios puntos de contexto: el perfil de un grupo secuestrador de la guerrilla no coincide ni en lógica ni en discurso con los comunicados tradicionales; la revista Proceso fue utilizada en las “pruebas de vida” como vinculada al grupo criminal, algo que antes Genaro García Luna utilizó con narcotraficantes detenidos; el neopanismo no reclamó más acciones por la desaparición, y Diego reaparece después de las elecciones en el CEN del PAN y el retorno de figuras vinculadas al Yunque en posiciones clave.

4. El papel de Televisa y de su comentarista estelar, Joaquín López Dóriga, como ministerios extraoficiales de Información, fue muy claro. Una llamada telefónica de López Dóriga al noticiario Primero Noticias –sin la conducción de Carlos Loret-- confirmó la liberación de Diego. Semanas antes, El Universal y el periodista José Cárdenas, de Radio Fórmula, adelantaron una liberación que fue desmentida sin aclarar la fuente.

La liberación de Diego fue sincronizada mediáticamente. Milenio Diario, claramente vinculado a Televisa, dio a conocer el domingo 19 el “Boletín-Epílogo”. Las autoridades callaron, pero fue la propia víctima quien acreditó la exclusiva de López Dóriga dando una multitudunaria rueda de prensa, a las afueras de su domicilio.

El senador priista Francisco Labastida reveló algo, el mismo día de la liberación, que no ha sido desmentido: una empresa de origen británico fue la que negoció la liberación. Y una empresa de origen mexicano, Televisa, fue la que confirmó el fin del secuestro. Las autoridades ministeriales estuvieron al margen. No hubo héroes policiacos ni investigaciones puntuales. Al menos, públicamente.

Para otros observadores, el caso Diego confirma también una tendencia: el Estado se coloca al margen de los grandes secuestros y el impacto mediático está perfectamente sincronizado.

Email: www.jenarovillamil.wordpress.com

Salinas, nuevo intelectual orgánico del PRI

Carlos Salinas, expresidente de México.

Enrique Krauze

MÉXICO, D.F., 21 de diciembre.- Olvidando que en la política mexicana todo puede pasar, la familia priista siente que ha superado la pesadilla de 2000 y 2006: se retrata en alegres convivios alrededor de su visible precandidato, goza su predominio parlamentario y se dispone a renovar su dirigencia con una nueva generación. Pero algo falta en el cuadro, un elemento fundamental de legitimidad: un soporte ideológico. ¿Qué es el PRI? Ni ellos mismos saben. Beatriz Paredes confesó en una asamblea: “Nuestra indefinición nos coloca como un partido gelatina, porque nos amoldamos al poder en turno” (La Jornada, 2 de marzo de 2007).

En sus orígenes remotos, el PRI fue un partido “Nacional Revolucionario”, y esa ideología tuvo el consenso de varias generaciones. El consenso se rompió en 1968 y empezó a formarse otro contra el PRI y a favor de la democracia. Ser un intelectual del PRI se volvió embarazoso. Ahora el PRI se siente (se sabe) huérfano de intelectuales. Para llenar ese vacío, Carlos Salinas de Gortari se presenta con un kilo de ideas en un libro que confirma su conocido peso intelectual.

Quiere salir en la foto, y se comprende. Debe ser muy difícil ser rico e inteligente, seguir siendo relativamente joven y resignarse a la penumbra después de haber sido tan poderoso. Peor aún, resignarse al tenaz descrédito nacional. Sumándose a la cargada triunfalista de la posible vuelta al viejo régimen, ofreciéndose como ideólogo del PRI y presentándose como autor, piensa reivindicar su posición en la historia, vengarse de todos los que en su momento lo criticaron, revertir la condena pública y hacerla caer sobre su Némesis, Ernesto Zedillo. Tras haber publicado ya dos gruesos volúmenes que penosamente (quizá por la incomprensión de los lectores) no alcanzaron una segunda edición, este tercero recicla el “liberalismo social” con una portada tricolor y un título extraño: Democracia republicana. Ni Estado ni mercado: una alternativa ciudadana.

Salinas sabe que los intelectuales contribuyeron al derrumbe del viejo sistema autoritario que él representó. Por eso los ataca. (Insidiosamente, por ejemplo, se refiere a mí como “ingeniero” y “empresario”. Soy ambas cosas, a mucha honra. Desde 1977 he estado en la iniciativa privada haciendo una obra cultural.) Salinas se hace las ilusiones de ser el intelectual que contribuya al derrumbe de la transición. Hasta se ha puesto a leer a Gramsci, de quien toma la definición de los “intelectuales orgánicos”: “son aquellos cuya labor central consiste en abonar argumentos a favor de ciertas ideas y ciertos proyectos para convertirlos en dominantes...”. Esa cita define sus aspiraciones. Se apunta como aspirante a “intelectual orgánico” del PRI.

Por años, Salinas ha insistido en que su gobierno convirtió a México en una potencia económica, en que gracias a él nuestro país transitó a la democracia, en que su hermano era un hombre honesto. Millones de personas se han negado a creerle. ¿Puede presentarse como un “demócrata republicano” el hombre por quien “se cayó el sistema”, el que gestionó la quema de las boletas de la elección de 1988, el que “no veía ni oía” (pero sí reprimía) a la oposición de izquierda, el que presumía de haber hecho “laperestroika sin la glasnost”, el que sondeó seriamente la posibilidad de reelegirse, el que abandonó a Colosio? Con ese pasado a cuestas, está por verse si ahora le creen y lo leen. Y, lo más importante para él, está por verse si la familia del PRI, piadosa como es, se suicida convidándolo a la foto.

El mejor alcalde del mundo

Marcelo Ebrard, jefe de gobierno capitalino.

Miguel Ángel Granados Chapa

MÉXICO, D.F., 20 de diciembre.- Las fuerzas vivas de la Ciudad de México (y, hay que decirlo, especialmente los proveedores del gobierno capitalino, como el consorcio Línea 12 del Metro, integrado por ICA, Alstom y Carso) se emocionaron con la designación del jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, como “el mejor alcalde del mundo”, según la City Mayor Foundation, un organismo no de gobernantes municipales que juzgan a sus iguales, sino de expertos que examinan el desempeño de quienes tienen que lidiar con los problemas urbanos.

A pesar de que se notificó que Ebrard salió avante en competencia con los alcaldes de las no muy impresionantes ciudades de Oklahoma, en Estados Unidos; Riace, en Italia; Surrey, en la Columbia Británica de Canadá, y Brisbane, en Australia (que ocuparon los lugares del dos al cinco), la noticia fue recibida con algarabía sobre todo en el sector empresarial, lo que se mostró en abundancia de felicitaciones en espacio pagado en la prensa capitalina, a partir del 6 de diciembre en que se difundió la elección del jefe de Gobierno de la Ciudad de México como el mejor.

La cascada de congratulaciones al jefe de Gobierno y aspirante presidencial llegó a un punto culminante el jueves pasado, cuando un nutrido grupo de organizaciones del sector privado expresó su orgullo de contar con un Ejecutivo local de clase mundial, el mejor de todos por lo menos en 2010 (pues el cetro cambia de manos cada año).

“Las cámaras, asociaciones, el sindicato patronal y organizaciones empresariales abajo firmantes se congratulan por el reconocimiento internacional otorgado al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Lic. Marcelo Ebrard Casaubon, como ‘El Mejor Alcalde del Mundo 2010’, por parte de la asociación internacional de alcaldes denominada Fundación City Mayors, con sede en Londres.

“Quienes vivimos y trabajamos en la Ciudad de México estamos conscientes de que las acciones desarrolladas por el jefe de Gobierno del Distrito Federal contribuyen a lograr que nuestra ciudad se convierta, día con día, en una de las mejores metrópolis del mundo.

“El galardón referido representa una enorme responsabilidad que, estamos seguros, será correspondida por el Lic. Marcelo Ebrard Casaubon.”

Calzan ese mensaje los emblemas o los nombres de 56 cámaras, asociaciones y “el sindicato patronal”, que tal es el carácter jurídico de la Coparmex. Sin poder enumerarlos por completo, enuncio que entre los sellos firmantes figuran Concamin, Canadevi (por partida doble), Canacintra, Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana; Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México; ANIERM, CIRT, Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, Asociación de Industriales Litógrafos de México, Aschoco, Ammje, Canacope, Servitur, Canaintex, Cámara Nacional de la Industria del Vestido, Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), Canirac, Canaibal, CMIC, etcétera.

Por su lado, ese mismo día pudo leerse en amplios espacios que “Roberto Gómez Barrera, presidente de los consejos de administración de Gruma y de Grupo financiero Banorte, felicita cordialmente al Lic. Marcelo Ebrard Causabon, jefe de Gobierno del Distrito Federal, por haber sido designado Mejor Alcalde del Mundo por la Fundación City Mayors”.

Mejor informado que sus compañeros empresarios, González Barrera cita exactamente a City Mayors, que solamente es una fundación y no la “asociación internacional de alcaldes”, como afirmaron los “abajo firmantes” que, por otro parte, expresan un optimismo poco frecuente entre los habitantes de la capital, pues están ciertos de que Ebrard logrará “que nuestra ciudad se convierta día con día en una de las mejores metrópolis del mundo”. En medio del refunfuño generalizado, estas voces que expresan un pensamiento positivo son de agradecer, pues dejan de lado la crítica repetitiva, seguramente auspiciada por los adversarios políticos de Ebrard, sobre la multitud de problemas que aquejan a la capital, entre los que sobresale, para los sectores medios, el que la circulación rodada esté sujeta cada día a mayores dificultades, una de las cuales no menor es la multitud de obras callejeras en curso, que se prolongan y alargan más allá de lo comprensible. Como entre los ingleses el clima, no hay conversación entre capitalinos que no comience o verse por completo sobre el infierno que es para muchos pasar de una porción a otra de la ciudad o entrar y salir de rumbos muy poblados, especialmente de automóviles.

La fundación premiadora informó que la defensa de Ebrard de los derechos de las mujeres y de las minorías era una de las razones para galardonarlo. Otra causa es que “se ha convertido en defensor de asuntos en materia ambiental, internacionalmente reconocido”.

De seguro los premiadores se refirieron al papel desempeñado por Ebrard en la cumbre de autoridades municipales a que convocó él mismo y tuvo lugar en la capital, en noviembre, reunión que comisionó al “mejor alcalde del mundo” para que entregara en Cancún, ante las cúpulas preocupadas por el calentamiento global, el proyecto de las ciudades más grandes del orbe para disminuir cada una en su ámbito la emisión de gases con efecto invernadero.

Seguramente la fama internacional de Ebrard crecerá y se consolidará si escucha de viva voz las objeciones a su proyecto carretero conocido como Supervía Poniente, denunciado por expertos y grupos vecinales como atentatorio contra la sustentabilidad de la capital de la República, más allá del daño ecológico que su sola construcción generaría.

En los mismos días en que medio mundo festejaba al mejor alcalde del mundo, un grupo de 34 diputados federales pertenecientes no sólo a la oposición (PRI y PAN), sino también a los partidos que lo llevaron al lugar donde se encuentra (PRD, Convergencia y PT), le dirigieron una carta que hasta ahora no ha tenido respuesta. Los legisladores pidieron al jefe de Gobierno que se abra al diálogo con los objetores del proyecto. Le recuerdan que con los auspicios de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se realizaron en torno a este asunto “interesantes debates” en que “especialistas de alto nivel en materia legal, ambiental y de movilidad y planeación urbana presentaron opiniones fundadas sobre los impactos que podría acarrear la Supervía en relación con la sustentabilidad de la ciudad, en especial en materia de agua, de nuevos problemas de movilidad por falta de apoyos técnicos suficientes, del riesgo para las finanzas del DF, pues en el título de concesión se pactó el rescate carretero, así como numerosas violaciones a los derechos humanos, entre los que destacan derecho a la información, a la participación, a la seguridad jurídica, a una vivienda digna, a un medio ambiente sano y al agua”.

Si Ebrard accede a recibir a la Comisión Civil de Acompañamiento del Frente Amplio contra la Supervía, y a los propios representantes de esa agrupación, es seguro que él mismo ampliará la información sobre la que han descansado los proyectos para esa carretera de cuota en el interior de la capital, y acaso opte por conocer las alternativas que los impugnadores han preparado. Si procediera de esa guisa, es seguro que no sólo un despacho de relaciones públicas de Londres lo galardone, sino que los capitalinos lo reconozcan como el mejor alcalde del mundo

Entrevista a Mario DiCostanzo sobre la liberación de Diego Fernández de Cevallos

EL DIP. ALEJANDRO ENCINAS HABLA CON AMLO, RESPECTO AL EDOMEX


http://www.youtube.com/watch?v=-esdqa6pm8w

AMLO en WRadio con Carlos Puig




Aristegui - La Via Radical Para Refundar La Republica (Porfirio Muñoz Ledo)


http://www.youtube.com/watch?v=xq-QYN2wRGw

Pagan los ciudadanos el ISR a diputados

Los diputados federales no pagarán su ISR, sino que se les pagará con los impuestos que pagan los mexicanos.

De acuerdo con Reforma, la Cámara de Diputados absorbió con recursos de los impuestos que pagan los ciudadanos el pago de 22.7 millones de pesos, o 45 mil 522 por cada diputado federal del ISR relativo al fondo de ahorro sus integrantes.

Los diputados depositaron en sus cuentas personales esa cantidad por devolución de ISR.

La entrega de los 45 mil 522 pesos ocurrió debido al artículo 20 de la Norma para Regular la Transferencia y Control de los Recursos Financieros Asignados a los Grupos Parlamentarios.

El artículo concede completa discrecionalidad a los coordinadores para el manejo de loas recursos de las bancadas.

Todo esto se respalda en un recibo entregado por un diputado federal a Reforma, en el cual se señala que los recursos manejados por los coordinadores parlamentarios corresponden a "ISR aportaciones Fondo de Ahorro", el cual se devuelve por acuerdo del comité de administración el pasado 26 de noviembre.

Es decir, fue el comité de administración el que aprobó este reembolso.

Los diputados pueden particirpar en un fondo de ahorro hasta con 12% de su dieta bruta. La Cámara de Diputados aporta una canitidad igual.

El ingreso bruta anual de un diputado es de un millón 941 mil 683 pesos, con aguinaldo de 184.5 mil pesos. También cuentan con seguri de vida y gastos médicos mayores para ellos y su familia, entre otras prestaciones.

Sólo los diputados del PT, como Gerardo Fernández Noroña y Mario Di Costanzo, han renunciado al fondo de ahorro y a las prestaciones como diputados.

Di Costanzo, Jaime Cárdenas y Fernández Noroña intervención en el dictamen art.27. fuerzas armadas


http://www.youtube.com/watch?v=uI1MWlIft-Q

http://www.youtube.com/watch?v=RfLlyaC8g44

http://www.youtube.com/watch?v=vjS3-J2frQM

Advierte Chávez sobre nuevos intentos de golpe de Estado

Hugo Chávez, presidente de Venezuela.

La redacción

MÉXICO, D.F., 23 de diciembre (apro).- El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, advirtió sobre nuevos intentos de golpe de Estado y llamó a sus seguidores a “neutralizar” cualquier amenaza de derrocamiento.

En un acto transmitido la noche de ayer por la televisión venezolana, el mandatario, quien confirmó que buscará reelegirse por tercera ocasión consecutiva, calificó de “gente loca” a sus detractores que “está llamando a golpe otra vez, a que intervenga Estados Unidos, a que desconozcan al gobierno”.

De acuerdo con un cable de la agencia Efe, Hugo Chávez, a quien la semana pasada la Asamblea Nacional le concedió poderes plenos para los próximos 18 meses, dijo a sus simpatizantes que “no le paren” y dejen solos a los “escuálidos”, como él llama a sus opositores.

Déjenlos solos, dijo Chávez, “con sus gritos, con sus televisoras, mientras que los revolucionarios se dedican a construir el país”.

Chávez consideró que sus adversarios políticos quieren aprovechar las críticas a la Ley Habilitante, que le confiere poderes plenos, para generar violencia en el país.

“Es la excusa que ellos tienen para tratar de llevarnos a la violencia de nuevo, para tratar de justificar un golpe, un asesinato".

Detrás de este movimiento, aseguró el presidente venezolano, “está la extrema derecha enloquecida; está el imperio yanqui”.

Ayer, la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), acusó a Chávez y a la Asamblea Nacional, aún bajo control del chavismo, de estar promoviendo en el país un “golpe de Estado desde el Estado” para implantar “un régimen comunista”.

En un comunicado, los diputados opositores electos a la Asamblea hicieron un "llamado al pueblo a unirse y a activarse pacífica pero enérgicamente" para juntos "rechazar el golpe de Estado desde el Estado".

Calderón ordena desaparecer la UIF

Calderón ordena desaparecer la UIF
Investigaban a los políticos corruptos
Miles de expedientes serán destruidos

Como regalo de fin de año para millones de mexicanos, Felipe Calderón prepara la desaparición de la Unidad de Inteligencia Financiera(UIF), el único órgano de la Secretaría de Hacienda encargado de investigar las fortunas de funcionario y políticos corruptos, y en sus archivos reúne miles de expedientes de servidores públicos, legisladores y militantes de partidos políticos que se han enriquecido con dinero público y con negocios que realizan con el crimen organizado y cárteles de la droga.
Incómoda para políticos, legisladores, burócratas, lavadores de dinero y defraudadores financieros, la UIF de la Secretaría de Hacienda desaparecerá por presiones políticas y sus funciones las asumirá una área de la cuestionada Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada (SIEDO), dependiente de la Procuraduría General de la República, y tentativamente se llamaría Unidad Especializada en Análisis Financiero en Contra de la Delincuencia Organizada.

El gobierno de Felipe Calderón tomó tal determinación ante la quejas de senadores, diputados, políticos y funcionarios que han sido investigados por la UIF y cuyos expedientes financieros han sido utilizados políticamente, es decir para ejercer presión en contra de algunos, otros han sido “perdonados” y sus expedientes archivados a pesar de haber pruebas contundentes en su contra, y los menos han sido procesados penalmente y están presos en cárceles de máxima seguridad, sobre todo aquellos que pertenecen a partidos opositores al del gobierno panista.

En los archivos de la UIF hay información tan valiosa, que a un gobierno interesado en impartir justicia le sería fácil combatir la corrupción oficial, el abuso del poder, el tráfico de influencias, el enriquecimiento inexplicable de burócratas y el desvío de recursos del erario federal, sin embargo a Calderón no le preocupa ni le interesa y prefiere deshacerse de una área de inteligencia molesto por las filtraciones que de allí han salido y han puesto en evidencia su forma interesada de gobernar.

Entre las irregularidades encontradas en esos expedientes destacan cuantiosos depósitos y retiros en efectivo de prominentes políticos, legisladores y militantes de todos los partidos políticos; transferencias millonarias a instituciones extranjeras sin que se conozca el origen del dinero; evasión del pago de impuestos; blanqueo de capitales producto del narcotráfico y crimen organizado, entre otros muchos delitos.

Por eso Felipe Calderón, un presidente sin credibilidad y debilitado políticamente, a quien critican lo mismo miembros de su gabinete que sus correligionarios panistas, cedió a las presiones legislativas para eliminar ese órgano de inteligencia y desaparecer sus funciones que hasta ahora desempeñaba desde las oficinas de la Secretaría de Hacienda, para darle más juego a una corrupta Procuraduría General de la República fácilmente manipulable y que no hará nada sin su consentimiento, como ocultar y desaparecer cualquier evidencia que pueda poner en riesgo a su equipo de gobierno.
Cede Calderón ante Manlio Fabio

Nos enteramos la semana pasada por la reportera Leticia Robles de El Universal, en una pequeña nota perdida en páginas interiores del diario, que la petición de eliminar la UIF de la Secretaría de Hacienda habría provenido de senadores del PRI y el PRD, ante lo cual el gobierno de Calderón de inmediato se aplicó para atender la queja de los legisladores y enviar una propuesta al Congreso.

El trabajo de la reportera explica que la UIF sería eliminada y sus funciones, a medio gas, serían ahora asumidas por una unidad creada en la SIEDO: “auxiliará directamente a la unidad especializada encargada de la persecución e investigación de los delitos (…) contará con oficiales ministeriales y personal especializado en las materias relacionadas con el objeto de la presente ley y estará adscrita a la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada”, señala el documento.
El líder del Senado, el priista Manlio Fabio Beltrones y a quien la UIF también le abrió un expediente en busca de dinero mal habido, de inmediato se pronunció al respecto y dijo que la bancada priista “está buscando que nos garanticen que esta será una fiscalía especial que se encargue del combate a la corrupción y que dentro de la misma existan las facultades para abatir el lavado de dinero”.

Antes de su extinción, la UIF logró reunir cientos de expedientes de políticos clasificados como “Personas Políticamente Expuestas”, que no es otra cosa más que evitar que en las campañas políticas se utilice dinero sucio proveniente del narcotráfico y otros delitos cometidos por la delincuencia organizada.
Ahora el gobierno federal deja de lado la investigación financiera en contra de aspirantes de todos los partidos políticos a puestos de elección popular, en momentos en que las campañas electorales empiezan a tomar fuerza para culminar en 2011 y 2012 cuando se designe presidente de la República.
En esta columna hemos dado cuenta de algunos de esos expedientes financieros confidenciales y en donde aparecen militantes de las principales fuerzas políticas (PRI, PAN, PRD y PT) que no han podido comprobar el origen de sus fortunas y el movimiento de dinero en efectivo en sus cuentas bancarias personales y de familiares.

Porqué entonces ha Calderón se le ocurre –en su tercer y último periodo de gobierno– que la UIF es un órgano de inteligencia inservible que debe desaparecer en Hacienda y propone la creación de otro que esté controlado por la corrupta Procuraduría General de la República.

La UIF
Dicha UIF fue creada como un órgano de seguridad nacional responsable de combatir el financiamiento al terrorismo, al crimen organizado y narcotráfico, lavado de dinero, fraudes empresariales y, en los últimos años, prevenir el ingreso de dinero sucio a campañas políticas y procesos electorales.
En el portal de la propia Secretaría de Hacienda explica que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2004, el gobierno mexicano constituyó la Unidad de Inteligencia Financiera en la Secretaría de Hacienda “como una instancia central nacional para la recepción, análisis y difusión de reportes de operaciones y otra información financiera que puede ser útil para detectar operaciones posiblemente relacionadas con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo (LD/FT)”.
Las principales tareas de la UIF consisten en instrumentar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 o 148 bis del Código Penal Federal, o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 bis del mismo Código, referentes a LD/FT.

El objetivo de estas tareas es evitar que el sistema financiero mexicano sea utilizado en la realización de actos u operaciones vinculados con dichos delitos, con lo que se procura preservar su integridad y, por ende, la de la economía nacional.
En esa Unidad se reúnen expertos en la lucha contra el lavado de dinero, financieros, contadores, abogados y especialistas en seguir las huellas del dinero sucio, pero su futuro será incierto porque simplemente podrían ser despedidos.
Sin intereses políticos, estos técnicos sólo hacen su trabajo de investigación y de acumulación de pruebas para que desde Los Pinos decidan a quién se acusa penalmente, a quien se chantajea políticamente y a quien se le perdona el uso de millones de pesos producto del crimen organizado.
Godoy sí, Patrón Laviada no

Sin fuero de por medio, el exdiputado Julio César Godoy, hermano del gobernador perredista de Michoacán, Leonel Godoy, es ya buscado por la Interpol en todo el mundo bajo los cargos de vínculos con el narcotráfico, delito que según las grabaciones filtradas de la PGR no dan lugar a duda y por ello se ha desatado una feroz persecución para llevarlo ante la justicia, sobre todo porque se trata de un militante de oposición al gobierno federal panista, esa es la justicia que sí le gusta practicar a Calderón, siempre y cuando no se trate de miembros de su gabinete que cometen corruptelas o militantes del PAN que violen la ley.
Escribía hace unas semanas que si hubiera justicia en México, los últimos tres procuradores generales de la República, todos de extracción panista, deberían ser procesados penalmente por encubrimiento, complicidad, negligencia y omisión ante delitos cometidos por el crimen organizado.

La razón es la discrecional forma de impartir justicia. En los últimos meses de la administración federal del malogrado Vicente Fox, el entonces procurador general Daniel Cabeza de Vaca Hernández recibió una denuncia penal de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en contra de varios miembros de la familia yucateca Patron Laviada, incluido el actual procurador federal de Protección al Ambiente, Patricio Patrón Laviada, por los delitos de vínculos con el narcotráfico, lavado de dinero y desvío de recursos públicos cuando este último se desempeñó como gobernador de Yucatán.
A pesar de la contundencia de las pruebas aportadas por la UIF, como cuentas bancarias en donde se acumulan millonarios depósitos, en pesos y en dólares, presuntamente procedentes del tráfico de drogas, la PGR se negó a iniciar la averiguación previa correspondiente y le heredó el problema al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, a quien lo menos que le preocupa es que se haga justicia y utiliza los órganos judiciales y de inteligencia para revanchas personales y ajuste de cuentas en contra de quienes piensan distinto a él.
Hace unas semanas el procurador Chávez Chávez se comprometió en el Congreso a iniciar una averiguación previa en contra de Patrón Laviada por vínculos con cárteles de la droga, pero hasta el momento eso no ocurre y en cambio persigue hasta en la misma Cámara de Diputados a un legislador perredista relacionado con el cártel apodado La Familia. Justicia a secas contra la oposición e impunidad al gabinete y a los panistas.

La Corte legaliza el pillaje contra Pemex

Juan José Suárez Coppel, director de Petróleos Mexicanos (Pemex), tenía prisa por satisfacer uno de los más caros anhelos de Felipe Calderón: iniciar las operaciones de los llamados “contratos de servicios integrados” o “contratos incentivados” con los que se profundizará la reprivatización de la industria, ante la eventual posibilidad de que los supremos cortesanos de la Corte los declararan ilegales.

Por ello, un día antes de la reunión de la Corte, Suárez Coppel balbuceó la peregrina idea de crear de una nueva empresa que se encargue de la emisión de los contratos, en la cual los futuros contratistas participarían en santa hermandad con el gobierno y en la que la presencia de Pemex sería minoritaria. Quizá para garantizar la opacidad jurídica de las operaciones y que el control de las actividades de inversión, exploración y explotación de los yacimientos petroleros sea avasallado por los caprichos de los “socios” mayoritarios.

Se sabe que a los inversionistas les fascinan los negocios con el gobierno, porque éstos les otorgan privilegios excepcionales, les aseguran la privatización de las jugosas ganancias, al margen de los resultados alcanzados y los métodos empleados, sean legales o ilegales, o ambos al mismo tiempo, y cuando las asociaciones arrojan pérdidas, ellas son socializadas, convertidas en deuda pública que, por décadas, pagarán las mayorías. Así, salvaguardan sus capitales. El actual rescate empresarial provocado por el colapso mundial neoliberal ha costado billones de dólares. El fracaso de los banqueros mexicanos se convirtió en un débito estatal por 765 mil millones de pesos (MMDP) y el de los constructores de carreteras en otro por 139 MMDP. En total, 904 MMDP, casi el 20 por ciento de la deuda total, por los cuales, además, a los nuevos banqueros les hemos pagado más de 200 MMDP por concepto de intereses. Pero los “socios” son volubles. Les irrita que las autoridades quieran dirigir las asociaciones para velar por el interés nacional y montan en cólera cuando algún regulador tiene el pésimo gusto de tratar de hurgar las hojas de balance y supervisar las actividades, ya que, dicen, atentan en contra del “libre mercado” e inhiben la “creatividad” empresarial.

Suárez Coppel también aventuró que PMI Comercio Internacional podría encargarse de los contratos, pues esos empleados son expertos en crear empresas ubicadas en el limbo legal; aunque en ellas participe Pemex, son manejadas como si fueran privadas. Así se evita el infame e incómodo escrutinio de la Auditoría Superior de la Federación y de la sociedad, y por añadidura, la rendición de cuentas y las posibles sanciones ante el corrompido tufo que emana desde sus cloacas. De Miguel de la Madrid a Calderón, con esos fines, Pemex ha inventado, al menos, 16 subsidiarias asociadas o figuras financieras que manejan miles de millones de dólares y se dedican a la compra-venta de crudo y sus derivados, la especulación, al oficio de asesoría o cuanto servicio se requiera. Se ubican en al menos nueve países de Europa, América del Norte y el Caribe, varias de ellas, en paraísos fiscales. Cuando se les ha demandado información sobre las actas constitutivas, su participación accionaria, el patrimonio, sus actividades y las utilidades obtenidas, siempre la han negado rotundamente bajo el argumento de que las empresas “no cuentan con presupuesto de recursos federales” o están sujetas a “leyes y normas de confidencialidad” (Israel Rodríguez y Elizabeth Velasco, La Jornada, 13 de julio y 20 de octubre de 2010). A decir de la periodista Nancy Flores, desde finales de la década de 1980 se han creado 25 empresas “privadas”, ciento por ciento propiedad de Pemex y sus subsidiarias, que operan en México y en el extranjero. La mayoría es sociedad instrumental o de papel: carece de personal y de oficinas. En 2007-2009, cuatro de ellas, manejadas por PMI, ocultaron el manejo de un presupuesto por más de 75 MMDP. Pemex ha sido seducido por los paraísos fiscales: Luxemburgo, Irlanda, Suiza, Islas Caimán, Delaware (Estados Unidos), Holanda y Las Bahamas (Contralínea 167). Curiosamente, a los gobernantes corruptos, los narcos o quienes tienen cuentas de origen oscuro, también les fascina el discreto encanto de esos lugares por la facilidad que otorgan para limpiar el dinero turbio. Allí pierden su origen y su tufo.

Suárez Coppel divagó sobre la opción de ampliar la participación de Pemex en refinerías estadunidenses, porque “es más conveniente y rentable que construir una refinería en México”. Pese a que por ley, desde 2009, Calderón y sus empleados de Pemex fueron obligados a edificar una nueva, que se dijo se ubicaría en Tula, Hidalgo, y que empezaría a funcionar en 2015 para reducir las importaciones de gasolinas, cuyos onerosos precios aumenta Hacienda mes con mes para saquear los bolsillos de los consumidores. A la fecha, con gran desprecio a la ley, no han hecho absolutamente nada, burlándose de la población, de los congresistas y los cortesanos. La edificación de la refinaría implicaría que, quizá, Pemex se vería obligado a dejar de manipular las divisas usadas para importar gasolina, diésel y otros petrolíferos, cuyo monto en el calderonismo ha ascendido a más de 690 MMDP, equivalente a cinco veces la inversión requerida para construir la refinería en Tula, según Nancy Flores (Contralínea 212); transacciones que son realizadas en las penumbras de los turbios paraísos fiscales por las empresas “privadas” de la paraestatal (Contralínea 164). ¿Con qué objeto?

Y Felipe de Jesús le confesó a José María Aznar que calculó mal la profundidad y la magnitud de la corrupción heredada por los priistas, secreto que, raudo, el boquiflojo engendro de Francisco Franco transmitió al Baby Bush, de acuerdo con los documentos publicados por Julian Assange en Wikileaks.

Ésa es nuestra democracia y estado de derecho bárbaros. Es el reino de la impunidad de las elites dominantes que se regodea esplendorosamente y que, según Calderón, retornará si la derecha priista recupera la Presidencia, una vez que se consume el estrepitoso derrumbe de la derecha clerical panista.

Ya sea que Calderón y Suárez Coppel hayan querido presionar a los ministros o adelantárseles por la vía de los hechos consumados, como lo hizo con Juan Molinar con la concesión de Televisa-Nextel, sus tribulaciones eran infundadas. Porque la docta Corte nuevamente demostró que está a la altura de las circunstancias. Por unanimidad, validaron dichos acuerdos, cuya naturaleza es similar a los contratos de riesgo emitidos por Miguel Alemán, por encima de la Carta Magna, los cuales permitieron una temporal trasnacionalización de la industria. El rechazo social que enfrentaron en su momento, empero, obligó a Adolfo López Mateos, en 1960, a modificar el artículo 27 constitucional para terminarlos anticipadamente, prohibir esa clase de concesiones desnacionalizadoras y restaurar la mancillada rectoría estatal en materia de hidrocarburos.

Pero ésas eran las épocas del nacionalismo y la soberanía rampante. Ahora priva el retorno al capitalismo salvaje, la “moderna” contrarrevolución neoliberal, desnacionalizadora, destructora de la rectoría del Estado, restauradora del reprivatizador pillaje y la destrucción empresarial de los recursos naturales, antaño propiedad de la nación. Amparada y fomentada por la derecha priista-panista neoliberal que desde 1982 asaltó el gobierno; legalizada por leguleyos al estilo Calderón y Javier Lozano.

Con acicalada perorata, los ministros de anteojeras se dijeron preocupados por el riesgo de que los contratos pongan en entredicho la rectoría estatal petrolera y el control público de los hidrocarburos; que el consejo administrativo de Pemex actúe a su libre arbitrio e interprete los convenios perversamente, ante una normatividad relajada; que se afecten las “actividades sustantivas” de la paraestatal (su capacidad productiva, la recuperación del nivel de las reservas, los costos, el valor de las ventas, las utilidades) o que los empresarios suplanten a Pemex, lo que comprometería el patrimonio del país.

Si no los hubieran aprobado, no tendrían que recurrir a esa figura retórica. ¿Ingenuidad o suprema desvergüenza?

Es obvio que los émulos del cachorro de la Revolución –como Vicente Lombardo Toledano calificó a Alemán, el míster amigou–, De la Madrid a Calderón, los legisladores citados y los hombres de presa, hubieran preferido reprivatizar a la industria petrolera de una vez por todas y para siempre, como ha sucedido con otros sectores estratégicos. Pero los contratos aprobados por los faltos de justicia y exceso de injusticia no son despreciables: ofrecen protección legal a la rapiña. Entregarán las áreas donde existen reservas explotables que garantizarán las ganancias en efectivo y más si se aplican, con un precio por barril extraído que no podrán rechazarse, con altas compensaciones respecto de los costos (70 por ciento-80 por ciento), y durante un plazo suficiente como para agotar los yacimientos (50 años, la mitad de tiempo con los contratos de riesgo y la otra, sin necesidad de un nuevo concurso). Al cabo, todo contrato siempre es ajustable para justificar el alza en los costos (inflación, precio del crédito o de los insumos) o el incumplimiento de las metas, en demérito de Pemex y la nación. Y se puede esconder. Se les considera como si fueran secreto de Estado y se les reserva por años.

El cachorro se quedó corto. Fuenteovejuna neoliberal rivaliza con Porfirio Díaz.

Leer articulo completo AQUI.

Julian Assange interview

The WikiLeaks founder speaks to David Frost about secrets, leaks and why he will not go back to Sweden.

Julian Assange, the co-founder of the whistleblowing website WikiLeaks - which is currently releasing over 250,000 confidential American diplomatic cables - is in the UK fighting extradition to Sweden where he is wanted on charges for sexual assault.

He joins Sir David to talk about a host of issues, from his personal situation to the role of WikiLeaks as a bastion of transparency, championing the right to reveal government secrets, when it is in the publics' interest.

When he co-founded WikiLeaks he saw that he could encourage, through successful examples, people to step forward to reveal abuses by governments - to produce more justice. Subscribing to the motto that "courage is contagious", Assange claims not to be an anarchist; rather his modus operandi is to promote responsible governance.

Now his lawyers are concerned that he will end up in an American jail, either directly through extradition from the UK, or through extradition from Sweden.

Assange heavily implies that receiving a fair trial in Sweden is doubtful. Why was the most senior prosecutor in Sweden removed (and replaced) after he said there was "no evidence or even suspicion" of rape? Why do Swedish authorities refuse to provide British officials with any evidence of crimes Assange allegedly commited - including witholding the statements of the victims?

He is hesitant to blame his two accusers for their allegations against him, suggesting they could be innocently caught up in a greater political scheme.

http://www.youtube.com/watch?v=MBJOBl1G3Kc

US: WikiLeaks Publishers Should Not Face Prosecution

Letter to President Barack Obama

Dear President Obama:

We write to express our concern at the prospect that the US government would employ espionage laws against WikiLeaks or its founder for the release of US State Department cables. Regardless of how one views the intentions, wisdom or strict legality of the WikiLeaks release, we believe that resorting to prosecution will degrade freedom of expression for all media, researchers and reporters, and set a terrible precedent that will be eagerly grasped by other governments, particularly those with a record of trying to muzzle legitimate political reporting.

Both international law and the US Constitution prohibit criminal punishment of those who report matters of public interest except in fairly narrow circumstances. One such situation would be the release of official secrets with the effect and intent of harming the security of a nation, in the sense of genuine threats to use force against the government or territorial integrity of a country. Diplomatic embarrassment, though potentially detrimental to the interests of the government, is not itself a threat to national security. Indeed, the secretary of defense, Robert Gates, rejected "overwrought" descriptions of the release's impact and described the effect on foreign policy as "fairly modest,"[1] a characterization that finds support in Secretary of State Hillary Clinton's remarks that "I have not had any concerns expressed about whether any nation will not continue to work with, and discuss matters of importance to us both, going forward."[2]

Even if some cognizable security threat were to be presented by a cable (only half of which are classified, and of those, most classified at low levels of sensitivity), it would be both unwise and of questionable legality to use the 1917 Espionage Act against WikiLeaks or other media who receive or republish information leaked by government employees. A distinguishing characteristic of the United States has always been its high standard of protection for speech. This leadership would be lost if the administration were to reverse the usual practice of pursuing only those who leak information and not those who receive it.

For the same reason, we urge you to reject legislative proposals that would broaden the scope of criminal sanction beyond that permitted by the Constitution and international human rights law to which the US is party. Instead, we urge you to pursue the declassification of information that is of public interest and not essential to national security, rather than to expand the scope of information subject to classification.

Once classified information is released to the public, particularly through means of mass circulation such as the Internet, a very strong presumption should attach that further restriction is unwarranted. Indeed, efforts to remove WikiLeaks and other websites from global accessibility have largely backfired by promoting mirror sites and further circulation. We note with concern government agency directives, such as that issued by the Department of Defense and the Office of Management and Budget, warning employees from accessing the classified materials that have already been published to the world on numerous websites,[3] and reports that the Library of Congress has consequently blocked access to the WikiLeaks site.[4] By asking people to ignore what has become widely known, such directives look ridiculous, invite widespread disobedience, and place federal employees at risk of arbitrary discipline and prosecution. Over-interpreting the 1917 Espionage Act to authorize prosecution of non-government agents who simply receive and publish leaked classified information could have similar chilling results. By that token, not only could the news media who republish the disclosed information be prosecuted, but so could all who download and read the material.[5]

The United States government and the Department of State in particular, has been an outspoken champion of Internet freedom globally, and condemned national "firewalls" and censorship of Internet sites. To maintain its credibility, we urge you to affirm that your administration will not seek to bar services to Internet publishers, or take down websites, merely because they have published material that the government believes should not be publicly available. We also believe it is important for the administration to affirm that it will not seek to pressure or influence any private enterprise to block or undermine any such website in the absence of a legal judgment. Human Rights Watch is very concerned by private companies' denial of services to WikiLeaks in the absence of any showing that any of its publications can legitimately be restricted consistent with the international right to freedom of expression.

This is a signature moment for freedom of expression, a value that the United States has defended vigorously throughout its history, at home and abroad. Human Rights Watch urges your administration to act positively to secure the rights of the media in a democratic society, and the record of the United States as a champion of speech.

Yours sincerely,

Kenneth Roth

Executive Director

Human Rights Watch

[1]"Gates: WikiLeaks ‘Embarassing, Awkward,'" Associated Press video, November 30, 2010, available at http://www.youtube.com/watch?v=5FnIhYBJmiM

[2] "US Condemns Release of WikiLeaks Documents," VOANews.com, December 3, 2010, http://www.voanews.com/learningenglish/home/usa/US-Condemns-WikiLeaks-Re...

[3] Ed O'Keefe, "WikiLeaks off-limits to federal workers without clearance, memo says," Washington Post, December 5, 2010, available at http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/12/05/AR201012...

[4] Matt Raymond, "Why the Library of Congress is blocking WikiLeaks" Library of Congress Blog, December 3, 2010, available at http://blogs.loc.gov/loc/2010/12/why-the-library-of-congress-is-blocking...

[5] Cf 18 USC. §793(e).