La narcoinsurgencia en México, de “alto riesgo” para EU

Diagnóstico en Washington Sin duda, México está en guerra

Los halcones estadunidenses de la guerra consideran que Al Qaeda y el Islam radical ya no son amenazas tan graves, razón por la cual están volando sobre México. Alentados por la permisividad del gobierno de Felipe Calderón, especialistas de las principales escuelas militares de Estados Unidos esgrimen el término “narcoinsurgencia” para proponer que México combata más decididamente al crimen organizado… y si es con ayuda de sus tropas, mejor. El “imperativo estratégico”, aseguran, debe cambiar de Irak y Afganistán a México, donde hay, afirman, una “delincuencia de alta intensidad” que debe combatirse con “campañas de contrainsurgencia”.

Barack Obama, presidente de E.U.

Jorge Carrasco Araizaga

El consentimiento del gobierno de Felipe Calderón para una creciente operación de agentes de Estados Unidos en México incentivó a especialistas militares de ese país a promover un cambio –de Irak y Afganistán a México– en sus prioridades estratégicas para enfrentar “la guerra multidimensional” que representa el combate al narcotráfico.

Profesores e investigadores del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos, del Comando Norte, de la Universidad Militar Americana y del Centro de Estudios Avanzados sobre Terrorismo buscan que la administración de Barack Obama sustituya la Iniciativa Mérida por uno de mayor alcance que considere al narcotráfico en México como un importante “riesgo estratégico” para la seguridad estadunidense.

Concentrados en el análisis de lo que definen como “delincuencia de alta intensidad” que se debe combatir con “campañas de contrainsurgencia” a cargo de las Fuerzas Armadas, los especialistas han publicado sus trabajos a título personal en Small Wars Journal (http://smallwarsjournal.com), “un sitio no gubernamental, oficial o corporativo” administrado por la Small Wars Foundation, creada por integrantes de los cuerpos de marina para promover la defensa de los intereses nacionales de Estados Unidos.

Desde el año pasado, pero con más frecuencia en lo que va de 2011, el sitio ha publicado análisis sobre la decisión de Calderón de incrementar la presencia de Estados Unidos en la guerra que le declaró al narcotráfico al inicio de su administración, en diciembre de 2006, y que desde entonces ha dejado más de 50 mil muertos, miles de desaparecidos y numerosos desplazados.

A diferencia de organismos internacionales que se niegan a considerar la violencia desbordada en México como resultado de un conflicto interno, los especialistas estadunidenses la refieren como producto de un conflicto armado que ha dado lugar a una “guerra no convencional” en la que participa el Estado mexicano.

Los enfrentamientos que ocurren en la frontera común, la muerte de algunos ciudadanos estadunidenses y las improvisaciones tácticas, como los “narcotanques” o “monstruos” de Los Zetas, los lleva incluso a proponer que se creen “las condiciones militares necesarias” para garantizar la seguridad y el gobierno en México.

Robert Culp, un oficial de carrera del ejército de Estados Unidos experto en operaciones especiales y conflictos de baja intensidad, propone de plano que el narcotráfico se combata con tácticas contrainsurgentes, pues el crecimiento del narco afecta la soberanía y seguridad de México, pero sobre todo los intereses vitales de Estados Unidos.

“Contrainsurgencia”

En Estrategia para la contención militar de operaciones de droga, publicado por Small Wars Journal en enero de este año, Culp critica que la Secretaría de la Defensa no aplique una misión tipo contrainsurgencia.

Dice que el gobierno mexicano debe tomar un enfoque “de gobierno completo” y combatir la amenaza de las drogas como si fuera una insurgencia activa. En términos castrenses especifica que “el terreno clave” en la lucha antidrogas es la población: “Las fuerzas de seguridad mexicanas deben separar a la población de los grupos de narcotraficantes y dar seguridad a la población, mientras los gobiernos usan todos los elementos de su poder nacional para restaurar los servicios esenciales y cumplir con sus necesidades básicas”.

Asegura que si el gobierno mexicano sostiene una “campaña contrainsurgente” efectiva contra los cárteles de la droga, las “aterrorizadas comunidades” pueden, tarde o temprano, reducir la narcopropaganda y los prospectos para el reclutamiento.

Una de las posiciones más extremas es la de Johnny M. Lairsey Jr., especialista en planes del Comando Norte, fuerza militar estadunidense encargada de la seguridad de Estados Unidos que abarca Canadá, México y parte del Caribe.

En su texto ¿Una estrategia para México?, Lairsey propone que ante las condiciones de violencia en este país, Estados Unidos “debería hacer valer sus poderes nacionales para derrotar a las organizaciones de delincuencia trasnacional y ayudar a mejorar las condiciones en México”. Las Fuerzas Armadas constituyen uno de esos “poderes nacionales”.

Explica “cuatro razones” por las que México debe ser visto como una preocupación para su país: El desborde de la violencia hacia Estados Unidos, la extensión de la corrupción en México, el impacto en el Producto Interno Bruto de los dos países y posibles ataques desde áreas sin gobierno en México. Cada una de ellas, dice, tiene “la posibilidad latente de desarrollarse y amenazar la soberanía de Estados Unidos”.

Como ejemplos menciona el asesinato de un agente de la Patrulla Fronteriza en Nogales, Arizona, en diciembre de 2010; el ataque en agosto de ese mismo año a la Universidad de Texas en El Paso desde Ciudad Juárez, las “muchas áreas” donde las organizaciones delictivas tienen más autoridad que las autoridades mexicanas y la presencia de organizaciones de la delincuencia trasnacional en 230 ciudades estadunidenses.

Ante lo que define como un “riesgo estratégico significativo” para Estados Unidos y después de lo que considera como “éxito limitado” de la Iniciativa Mérida y su ampliación hecha por el exembajador Carlos Pascual, más allá de la Iniciativa Mérida, propone “maximizar el uso de los poderes nacionales” de su país. Eso supone estrategias y no planes para “derrotar a las organizaciones de delincuencia trasnacional y ayudar a mejorar las condiciones existentes en México”.

Paul Rexton Kan, profesor asociado de Estudios de Seguridad Nacional y de la cátedra Henry L. Stimson de Estudios Militares en el Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos, es también un crítico de la Iniciativa Mérida, a la que responsabiliza de haber originado un “punto muerto” entre las autoridades del Estado mexicano y los cárteles de la droga.

“Como en cualquier guerra, un punto muerto puede ser particularmente peligroso en tanto que cada una de las partes intentará incrementar los niveles de violencia”, dice quien de acuerdo con Small Wars Journal recientemente fue asesor antinarcóticos en el cuartel general de la Fuerza de Asistencia de Seguridad Internacional de la OTAN en Kabul, Afganistán.

“La continua confianza del gobierno mexicano en los militares para objetivos no militares ha llevado a ese punto muerto estratégico” e intentar romperlo “puede tener el efecto irónico de provocar el fin de la Iniciativa Mérida y de ese modo profundizar la crisis en México y crear aún más dilemas para Estados Unidos”, escribe en el texto ¿México: el narco accidental?.

“Aunque ha detenido a jefes del narcotráfico, el gobierno mexicano no ha sido capaz de afectar sustancialmente a los cárteles para reducir sus niveles de violencia o sus operaciones de trasiego de enervantes”, afirma Rexton, quien también ha hecho investigación en la frontera común.

Advierte que en el caso de los cárteles, al intentar acabar con ese “punto muerto” incrementarán su violencia contra las autoridades, por lo que puede sobrevenir el síndrome de “narco por accidente”; es decir, que el gobierno mexicano se convierta “en un tipo de cártel de cumplimiento de la ley”.

Más aún, advierte que tentado a mostrar a Estados Unidos y a los mexicanos una disminución de la violencia puede optar por coludirse con algunos de los cárteles menos violentos para obtener inteligencia e información y usarlas contra los más violentos. En ese caso, “el gobierno se convierte en un ala armada de los cárteles al actuar contra sus rivales y detener a sus miembros”.

Para apoyar esa idea refiere el auto-bomba que explotó en Ciudad Juárez en julio de 2010 y con el que el cártel local acusó a la Policía Federal de apoyar la llegada de la mafia de Sinaloa. También cita las mantas que han aparecido en el lugar contra la DEA y el FBI por la misma razón. Prevé que si los cárteles afectados consideran que Estados Unidos apoya a México en esa posición, podrían atacar, incluso en alianza, intereses estadunidenses.

“Pax narcótica”

Aunque Calderón reconsideró su término de “guerra al narcotráfico”, Rexton sostiene que el “mosaico de la guerra de cárteles” es un proceso para que algunos o uno de ellos consolide a las varias facciones y bandas “que ahora son ineficientes para el hipercompetitivo mercado de narcóticos ilegales”.

Se adhiere al escenario de que la nueva federación de cárteles del Golfo y de Sinaloa pueden dominar a su rival, Los Zetas, y convertirse en una suerte de “concierto de cárteles de larga duración que actúe como un consejo de directores capaz de manejar las disputas del narcotráfico”.

Pero esa “pax narcótica”, dice, sería un paso en la dirección de hacer de México, de golpe, un narcoestado, lo que dificultaría las relaciones con Estados Unidos. Convencido de que se debe revisar la Iniciativa Mérida, dice que ésta será medida por contener o no la violencia de los cárteles.

El aporte de Estados Unidos a la iniciativa –mil 400 millones de dólares en cuatro años– sólo se justificará si contribuye a una mayor seguridad de los estadunidenses en su propio territorio y de aquellos que viajen a México, y si define qué tan fiable será México como socio para reducir la violencia y el tráfico de drogas. Pero su futuro inmediato, asegura, depende de lo que pase en las elecciones presidenciales de 2012 en ambos países.

En otro artículo, México: un mosaico de la guerra de los cárteles, Rexton no deja lugar a dudas al considerar que el país está en guerra: “Una situación de delincuencia de alta intensidad no significa que no esté ocurriendo una guerra en México”.

Pero es una guerra diferente, no convencional: “Es multidimensional, de múltiples partes y múltiples locaciones de conflicto armado entre grupos criminales sobre lo que son esencialmente metas delictivas”.

Precisa que se trata de una guerra económica: “La delincuencia de alta intensidad ocurre debido a una guerra motivada por empresarios violentos que buscan imponerse unos a otros y hacer del Estado un mercado ilegal hipercompetitivo, con el objeto de controlarlo todo o en parte”.

Tales “empresarios violentos”, dice, usan la fuerza como una extensión de sus ganancias, lo que explica la “limpieza delictiva” en la que los cárteles han ordenado a los habitantes de algunos poblados abandonar sus lugares bajo amenaza de muerte.

El miedo a los “monstruos”

La innovación táctica de Los Zetas, grupo fundado por desertores del Ejército mexicano, también lleva a los expertos estadunidenses a definir lo que ocurre en el país en términos de guerra. John P. Sullivan y Adam Elkus, en el texto Narcoblindaje en México, aseguran que hay una “carrera armamentista” de los narcotraficantes mexicanos.

A partir del descubrimiento de los “narcotanques” encontrados en Tamaulipas e identificados como “monstruos”, Sullivan –investigador del Centro de Estudios Avanzados sobre Terrorismo– y Elkus –analista de política exterior y seguridad– dibujan un inquietante escenario: la necesidad de “crear las condiciones militares necesarias” (en cursivas en el original) para la seguridad y el gobierno en México.

Sin abundar en qué consisten tales condiciones militares, los autores proponen que se estimulen las innovaciones necesarias para enfrentar lo que consideran una amenaza de guerra.

Aunque reconocen que tienen una capacidad limitada, los “monstruos” se ajustan a la categoría bélica de vehículos armados de batalla. Son tan flexibles que sirven en una combinación de fuego directo y transporte de tropas, como los “camiones de armas” utilizados en Vietnam contra Estados Unidos. Según los autores, en México tienen una ventaja sobre las policías municipal y estatal y las unidades federales “de bajo nivel”.

En términos de guerra, dicen: “Las tácticas de los cárteles en México, que comenzaron con el asesinato y con misiones de incursión y que cerraron la brecha entre delincuencia y guerra irregular, se parecen cada vez más y más a las misiones combinadas convencionales de armas e infantería e infantería mecanizada”.

Con la idea que han expresado diferentes funcionarios estadunidenses desde 2009 –incluida la secretaria de Estado, Hillary Clinton– de que en México hay una narcoinsurgencia, Sullivan escribió otro artículo que firma con Robert J. Bunker, especialista en seguridad y formado en el Instituto de Ley de Guerra y la Asociación del Ejército de Estados Unidos.

En el texto Insurgencia delictiva en México: Red mundial y redes sociales, los autores aseguran que la guerra e insurgencia en Irak, Afganistán, el occidente de Pakistán y otros lugares donde hay operaciones locales llamadas outside contiguous representan menos riesgo que los altos niveles de lucha, establecimiento de enclaves delictivos y zonas de seguridad despobladas por los cárteles y el incremento de “narcociudades” en México, como Nuevo Laredo.

En una connotación más amplia los especialistas dicen que los cárteles y bandas de México, Centroamérica y crecientemente de Sudamérica se han transformado de entidades únicamente apoyadas en el tráfico a unas más complejas organizaciones delictivas diversificadas.

Aseguran que se trata de una “guerra asimétrica” que se deriva de una “insurgencia delictiva evolucionada” bajo el principio no sólo de corrupción y armas, sino también de operaciones de información y de una creciente forma desviada de espiritualidad, como en el caso de La Familia Michoacana y su derivación, Los Caballeros Templarios (Proceso 1814).

En otro texto, Bunker es aún más directo sobre las prioridades de Estados Unidos: “El imperativo estratégico de Estados Unidos debe cambiar de Irak y Afganistán a México”. Las Américas y la estabilización de Europa, titula el texto que presenta como “una súplica al gobierno de Barack Obama y a las dos cámaras del Congreso”.

Según Bunker –quien ha sido asesor de los departamentos de Seguridad Interna y de Justicia– los cárteles de la droga y las bandas del narco desde hace décadas han evolucionado, mutado y crecido en capacidad lo suficiente como para desestabilizar países como México, Guatemala y Honduras.

“Los cárteles de la droga y las bandas de narcos del continente, los de México como alta prioridad, ahora deben ser elevados a la categoría de amenaza estratégica número uno para Estados Unidos, en tanto que la amenaza de Al Qaeda y el islam radical, si bien aún es significativa debe ser degradada a un segundo nivel.”

Insistente en México, dice que la amenaza dominante para Estados Unidos es el potencial de corrupción de las instituciones por parte de los cárteles mexicanos y bandas de narcos, seguida por la extensión de la violencia de la frontera.

Según Bunker, mientras Estados Unidos está bien preparado para enfrentar actos directos de violencia, “la utilización de las técnicas de violencia y corrupción de los cárteles mexicanos (en Estados Unidos) trae un nuevo elemento que en la actualidad lo hace una amenaza más grande e insidiosa que la representada por Al Qaeda y sus socios islámicos radicales”.

Partes de México se han perdido y pueden o no ser recuperadas. Lo mismo se puede decir de algunas regiones de América Central y Colombia. Ante ello, propone un Plan de Defensa Hemisférica para las Américas, “una actualización de la Doctrina Monroe” que desde 1823 proclama el principio de “América para los americanos”.

Manos libres para los mercenarios

Juan Gasparini

GINEBRA.- Tras su fundación en 1945, la Organización de las Naciones Unidas creó los grupos de expertos o “relatores especiales”, que se abocaron de inmediato a documentar las violaciones a los derechos humanos en todo el mundo y a divulgar sus resultados.

La década pasada, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en esa ciudad, mandató a cinco especialistas en la materia que trabajan de manera independiente para que representaran a todos los continentes.

Presidido por el español José Gómez del Prado, el grupo de especialistas lleva años investigando la utilización de mercenarios por empresas privadas y aun paraestatales, como Petróleos Mexicanos (Pemex), para que vigilen sus instalaciones. En febrero de 2007, el consejo dio a conocer un informe de ese grupo de trabajo “sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación” (Proceso 1655).

Entrevistado por este semanario sobre el caso México, Gómez del Prado responde que su grupo aún no consigue que las autoridades colaboren en esta lucha planetaria para frenar tan grave violación de derechos humanos.

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Gobierno, con la mesa puesta para la invasión de espías

La invasión de los espías

En poco más de cuatro años el gobierno de Estados Unidos hizo lo impensable: instalar dos Oficinas Binacionales de Inteligencia en México y desplegar “en su traspatio” a personal de sus principales agencias especializados en la materia… Todo con el aval de Felipe Calderón. Desde el principio del gobierno calderonista, este semanario abordó el tema de la “cooperación binacional” (Proceso 1606). Pero hace una semana The New York Times volvió a recordar esa ominosa intromisión, y encendió los focos rojos al advertir que pronto la administración de Barack Obama enviará más espías estadunidenses a territorio mexicano.

Reforma 265. Las oficinas de inteligencia de E.U.

J. Jesús Esquivel

WASHINGTON.- La facilidad con la que se instalaron en México dos centros estadunidenses de espionaje hace evidente la dependencia del presidente Felipe Calderón respecto del gobierno de Estados Unidos en su estrategia para combatir a los cárteles de la droga.

Dentro de la corresponsabilidad en el combate al trasiego de drogas y al crimen organizado en México, Estados Unidos logró en lo que va del sexenio calderonista lo que no consiguió ni durante la Guerra Fría: tener centros de espionaje en territorio mexicano con autorización de Los Pinos.

Ambos centros de espionaje están en sitios estratégicos: uno en Paseo de la Reforma 265, en la Ciudad de México (Proceso 1776), y otro dentro de una zona militar en la región norte del país, según lo publicado por The New York Times en su edición del domingo 7, y que, de acuerdo con expertos consultados, se encuentra en Escobedo, Nuevo León. Desde esas instalaciones Washington realiza trabajos de inteligencia con toda libertad en territorio mexicano.

Cuando llegó a Los Pinos el 1 de diciembre de 2006 tras una controvertida elección, Calderón instrumentó una estrategia militarizada contra el narcotráfico que en los meses posteriores comenzó a recibir el apoyo económico y militar estadunidense.

Entre enero y julio de 2007, él y su par estadunidense George W. Bush se reunieron en Washington siete veces para delinear un acuerdo de cooperación bilateral antidrogas al que bautizaron Iniciativa Mérida (Proceso 1606).

Bajo la batuta del Departamento de Estado y de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, desde el principio el gobierno de Calderón pidió a Bush, entre otras cosas, equipo militar, tecnología y asesoría especializada en tácticas de combate antiterrorista (Proceso 1631). La Casa Blanca aceptó con la condición de que se le permitiera incrementar la presencia de agentes federales estadunidenses en territorio mexicano.

Meses más tarde, entre el 29 de enero y el 1 de febrero de 2008, el secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, solicitó formalmente al gobierno de Estados Unidos que sus agentes del Servicio Secreto impartieran cursos de adiestramiento a efectivos del Estado Mayor Presidencial. El objetivo: fortalecer la seguridad de Calderón y de los integrantes del gabinete de Seguridad Nacional (Proceso 1638).

Con un paquete de poco más de mil 357 millones de dólares para financiar la aplicación de la Iniciativa Mérida en México, Estados Unidos logró un éxito singular en materia de espionaje.

Estrategia fallida

Desde su arranque, la lucha militarizada de Calderón contra los cárteles detonó las pugnas entre las organizaciones criminales por el control de las plazas para el trasiego de las drogas.

Con la Iniciativa Mérida –acordada y aprobada por el Congreso federal estadunidense con el pretexto de apoyar a Calderón para contener la narcoviolencia–, Bush y su homólogo mexicano comenzaron a negociar el establecimiento de los centros de espionaje estadunidenses.

Consultados por Proceso, funcionarios de ambos países aseguran que desde 2007 Washington quería tener más control sobre México para evitar que grupos terroristas ingresaran de manera clandestina a su territorio, como lo hace la inmigración indocumentada.

La Casa Blanca aprovechó la lucha militarizada de Calderón y su preocupación por la espiral de violencia para posicionar a sus agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y del Pentágono en México para que coordinaran desde ahí sus acciones de espionaje.

Incluso fue el presidente Bush quien argumentó que la presencia de personal de inteligencia en México tenía la finalidad de intensificar y fortalecer el intercambio de información sobre el trasiego de drogas, puesto que México tenía carencias en ese rubro.

La idea original fue crear una Oficina Binacional de Inteligencia (OBI) en la Ciudad de México (Proceso 1693). En ella, los agentes del Pentágono, la DEA y la CIA coordinarían con sus contrapartes en México las operaciones para desmantelar los cárteles de la droga, arrestar a los capos del narcotráfico y frenar las redes de corrupción dentro de las corporaciones gubernamentales.

Y aun cuando la cancillería mexicana solicitó a Washington la ayuda en materia de inteligencia, fueron las secretarías de Marina y de Defensa Nacional, así como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, los que definieron los detalles para permitir la creación del centro de espionaje estadunidense.

Dentro de las dos OBI –oficinas de fusión, las llama The New York Times–, es el Pentágono el que tiene la presencia más significativa, pues ahí opera su personal de la Agencia de Inteligencia Militar, de la Oficina Nacional de Reconocimiento y de la Agencia Nacional de Seguridad.

Le siguen el Departamento de Justicia, con sus tres agencias: el FBI, la DEA y el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Luego, el Departamento de Seguridad Interior, con dos servicios: el de Inteligencia de Guardia Costera y la Oficina de Cumplimiento Aduanal y Migratorio; y el Departamento del Tesoro, con sus agentes de la Oficina de Inteligencia sobre Terrorismo y Asuntos Financieros.

Ante la impotencia del gobierno de Calderón para contener la narcoviolencia que se intensificó con su lucha militarizada, las agencias de inteligencia de Estados Unidos controlan todo lo que ocurre dentro del territorio nacional. Con su tecnología de punta, por ejemplo, interceptan comunicaciones confidenciales y codificadas de las distintas embajadas extranjeras ubicadas en el Distrito Federal.

Después de conseguir en menos de un sexenio lo que durante décadas no obtuvo, Estados Unidos accedió a que el gobierno de Calderón tuviera un enlace de las Fuerzas Armadas mexicanas en el Comando Norte, en el estado de Colorado, y en el Centro de Inteligencia de El Paso, Texas.

Una política más agresiva

Con Barack Obama, quien sustituyó a Bush en la Casa Blanca en enero de 2009, la política de intervención de inteligencia en México se consolidó. A finales de 2010, funcionarios de México y de Estados Unidos adelantaron a este semanario que en el norte del país se instalarían dos OBI similares a la de Paseo de la Reforma, ubicada en pleno corazón de la capital mexicana (Proceso 1776).

The New York Times volvió a tocar el asunto en un reportaje del domingo 7. Agentes de inteligencia estadunidense confirman a este semanario que además de la OBI localizada en la zona militar en el norte del país, la administración de Obama negocia la instalación de otra para la franja de la región limítrofe con Estados Unidos.

De manera oficial, el gobierno de Obama –que puso en marcha las labores de recopilación de inteligencia de las OBI ideadas por Bush– asegura que en esos centros sus agentes se dedican a fortalecer la lucha contra el narcotráfico en México.

Es factible que las negociaciones para la instalación de la tercera OBI –la segunda en la frontera norte de México– estén bastante avanzadas, aun cuando el gobierno calderonista las mantenga en secreto.

En su Estrategia nacional antinarcóticos para la frontera sur, dada a conocer el 19 de julio pasado, la Casa Blanca menciona de manera explícita su decisión de seguir utilizando el pretexto de la guerra militarizada de Calderón contra el narcotráfico para aumentar la presencia de sus agentes.

“Una expansión expedita en México de la presencia de enlaces de las agencias federales para colocar al personal estadunidense en los lugares donde operan los cárteles permitiría tener una colaboración más cercana con nuestros aliados de las agencias federales mexicanas”, establece el punto A del capítulo 5 del documento (Proceso 1812).

Dado a conocer por la Oficina Nacional de Políticas para el Control de las Drogas (ONDCP) de la Casa Blanca, el escrito puntualiza: “Las agencias estadunidenses de aplicación de la ley, con el consentimiento del gobierno de México, trabajarían para incrementar la presencia de sus enlaces en ciudades mexicanas clave a lo largo de la frontera y en otras localidades, con el propósito de apoyar las investigaciones y procesos judiciales contra las organizaciones criminales trasnacionales”.

Para justificar la otrora impensable presencia de agentes de espionaje de Estados Unidos en México, el gobierno de Calderón intenta hacer corresponsable a Washington de la narcoviolencia que azota a su país. Así lo señala The New York Times en su reportaje del domingo 7, al aludir a la OBI de la zona militar mexicana:

“Para darle la vuelta” a los impedimentos constitucionales de México, según el rotativo, Washington no ha enviado a militares en activo, aunque el Pentágono sí tiene en las dos OBI a varios agentes civiles para apoyar el combate contra el narcotráfico.

Hasta ahora se desconoce si la administración de Obama informa realmente al gobierno de Calderón sobre las operaciones de “intercambio de información de inteligencia”, así como de los decomisos de droga y de la vigilancia en territorio nacional, aun cuando ésta no esté relacionada con el combate al narcotráfico y al crimen organizado.

Tampoco existe una “carta de intención” firmada con Washington –como la que se suscribió para la creación de las OBI– en la que se garantice que ninguna de las agencias de espionaje de Estados Unidos intentará realizar espionaje político durante las campañas electorales de 2012.

Narcoinfiltración del gobierno calderonista, en la mira del embajador Anthony Wayne

El embajador Wayne: prioritario, investigar narcovínculos en el gobierno

En los pasos previos a su ratificación como embajador de Estados Unidos en México, Earl Anthony Wayne respondió a las inquietudes de miembros del Congreso de su país sobre la posible infiltración del narco en el gobierno mexicano –concretamente se mencionó a Genaro García Luna–. Las respuestas de Wayne, experto en diplomacia y seguridad, fueron claras: viene a cooperar con el gobierno de Calderón en su guerra contra el narco, pero será prioritario en su trabajo investigar los presuntos vínculos del secretario de Seguridad Pública federal con el narco y supervisar el desempeño de las Fuerzas Armadas, policías y funcionarios en materia de derechos humanos y corrupción.

Anthony Wayne, el nuevo embajador de Estados Unidos en México.

J. Jesús Esquivel

WASHINGTON.- Ratificado como embajador de Estados Unidos en México por el Senado de su país, Earl Anthony Wayne confirmó que una de sus principales tareas será investigar seriamente los señalamientos contra Genaro García Luna por sus presuntas relaciones con el narcotráfico.

En la audiencia de confirmación del cargo para el que lo propuso el presidente Barack Obama, efectuada el 20 de julio en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadunidense, el legislador republicano por Indiana, Richard Green Lugar, le preguntó por escrito a Wayne: “Por favor, explique sus puntos de vista respecto a las acusaciones de que el secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, está ligado al crimen organizado”.

Días después, el senador Lugar recibió la respuesta de Wayne, también por escrito: “El Departamento de Estado toma con seriedad todas las acusaciones sobre los lazos del crimen organizado. Si soy confirmado (como embajador en México), yo también tomaré con mucha seriedad ese tipo de acusaciones y el equipo de la embajada de Estados Unidos les dará un seguimiento apropiado”.

En este texto, del cual Proceso tiene copia, Wayne agrega: “El presidente Calderón lidera los valientes esfuerzos de México para combatir a las organizaciones criminales trasnacionales y la violencia brutal que generan. Él ha movilizado a todo su gobierno en ese esfuerzo y ha demostrado un compromiso fuerte en sus iniciativas de profesionalismo y lucha contra la corrupción”.

Lugar, el republicano de mayor rango en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, siempre se ha interesado en las sospechas sobre García Luna (Proceso 1780) y en la versión de que la lucha militarizada del presidente Calderón no está dirigida contra el cártel de Sinaloa, que encabeza Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

Por eso el legislador le planteó también al diplomático: “Explique por favor sus puntos de vista respecto de las acusaciones de que el gobierno de Calderón no ha sido tan duro con el cártel de Sinaloa como con los otros cárteles”.

Wayne, de 61 años y diplomático de carrera, contesta: “El presidente Calderón públicamente ha establecido que el gobierno mexicano perseguirá y llevará ante la justicia a todas las organizaciones criminales que operan en México”. Y apunta que la administración de Calderón ha detenido a 29 capos y a un importante número de criminales de menor nivel.

Como ejemplos, Wayne menciona la muerte, en un operativo, de Ignacio Coronel Villarreal en julio de 2010, así como la detención, en mayo pasado, de Héctor Eduardo Guajardo Hernández, El Güicho, y de Martín Beltrán Coronel. Los tres fueron identificados con el cártel de Sinaloa.

El 26 de julio, Wayne fue ratificado como embajador en México por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y el 2 de agosto por el pleno senatorial. Está pendiente el beneplácito oficial de las autoridades mexicanas.

“Necesitamos continuar siendo buenos aliados, algunas veces proporcionándole (a México) asistencia técnica, entrenamiento y, en algunas ocasiones, equipo y aliento. Pero los verdaderos esfuerzos tienen que darse de parte de los funcionarios mexicanos para fortalecer sus prácticas y darle a esto la prioridad que merece, porque será un esfuerzo continuo”, subrayó Wayne en su audiencia pública del 20 de julio ante el comité referido.

Propósitos

Tras la revelación por parte de WikiLeaks de los cables del Departamento de Estado en que se muestran los comentarios críticos de Washington sobre la lucha militarizada de Calderón contra el narcotráfico, que provocaron la ira de éste y la renuncia del embajador Carlos Pascual, Barack Obama optó por enviar a México a un diplomático de carrera, pragmático y con 36 años de experiencia en política exterior.

El gobierno de Obama se comprometió a respaldar a Calderón por medio de la Iniciativa Mérida, recientemente rebautizada como Más Allá de Mérida, con más intercambio de información de inteligencia para ubicar a los capos y desmantelar sus cárteles. A diferencia de su antecesor George W. Bush, Obama aprovechó la ofensiva de Calderón para aumentar la presencia de las agencias estadunidenses de seguridad y del Pentágono en México y no sólo dotar de equipo militar al Ejército y la Marina (Proceso 1812).

Los congresistas de Estados Unidos han insistido en que el apoyo de Washington para combatir al narco no es un cheque en blanco, sino que está condicionado al estricto respeto de los derechos humanos por las Fuerzas Armadas de México.

En este sentido, el senador Lugar también le preguntó a Wayne cómo supervisará el uso de los recursos de la Iniciativa Mérida para que no se vean involucrados en casos de violación de derechos humanos por los militares.

En su contestación, Wayne destaca que el tema siempre estará presente en los mecanismos de cooperación bilateral de la lucha antidrogas, y comenta que además de las medidas acordadas en Mérida para preservar los derechos humanos en el contexto del tratado, el gobierno de Obama imparte entrenamiento especial en esta materia a policías, fiscales y funcionarios mexicanos.

En el caso concreto de García Luna, y en relación con la pregunta del senador de Indiana, Wayne hace énfasis en que la investigación de los señalamientos en su contra es prioritaria, pero destaca asimismo que la SSP ha sido esencial en la estrategia militarizada de Los Pinos:

“En los esfuerzos del presidente Calderón, la SSP dirigida por el secretario García Luna es una figura clave. El secretario García Luna es un oficial de carrera y bajo su liderazgo la SSP se ha convertido en una institución más efectiva y profesional.”

Wayne añade que el mando policiaco ha trabajado con el gobierno de Estados Unidos en asuntos como la actualización de los equipos de base de datos de la SSP que integran la Plataforma México, y que a la SSP se le han entregado helicópteros y equipo no letal para hacer más eficientes las acciones contra las “organizaciones criminales trasnacionales”.

“México está corrigiendo muchos sectores de su sistema judicial y agencias de la aplicación de la ley para combatir la corrupción, mejorar la transparencia, garantizar el respeto a los derechos humanos y a las leyes e incrementar la participación ciudadana”, le informa Wayne a Lugar.

En el último párrafo de su respuesta sobre García Luna, Wayne informa que en las agencias federales mexicanas se están aplicando controles internos para minimizar la corrupción y mejorar los servicios públicos.

Trayectoria diplomática

La experiencia e historial de Earl Anthony Wayne en la defensa de los intereses de Estados Unidos en el extranjero desde 1975 prácticamente le garantizó la confirmación en el Senado de su país como embajador en México.

Nacido en 1950 en la ciudad de Sacramento, California, se inició a los 25 años como analista del Buró de Inteligencia e Investigación sobre China en el Departamento de Estado. Después fue enviado a Rabat, Marruecos, como encargado de asuntos políticos de la embajada estadunidense.

En 1980, trabajó en la Secretaría Ejecutiva para los secretarios de Estado Cyrus Vance y Edmund Muskie. De 1981 a 1983, fue asesor especial de los secretarios de Estado Alexander Haig y George Shultz. De 1984 a 1987, sirvió como primer secretario de la embajada en París, Francia.

En una pausa de la diplomacia, durante dos años Wayne fue periodista de The Christian Science Monitor. Regresó al Departamento de Estado en 1989 como director de Asuntos Regionales en la oficina del enviado especial para la lucha contra el terrorismo; permaneció en el puesto hasta 1991. Desde junio de ese año hasta mediados de 1993 fue director de Asuntos de Europa Occidental en el Consejo Nacional de Seguridad.

Posteriormente, fue el jefe de cancillería en la misión de Estados Unidos ante la Unión Europea durante tres años y, de 1996 a 1997, subsecretario de Estado adjunto para Europa y Canadá. En junio de 2000 y hasta junio de 2006, Wayne se desempeñó como subsecretario de Estado adjunto para Asuntos Económicos y Empresariales, lo que en 2002 le valió su ascenso en el escalafón diplomático al rango de ministro.

En 2006, el presidente George W. Bush nominó a Wayne como embajador en Argentina, puesto que asumió el 6 de noviembre. En junio de 2009, fue designado director coordinador para Asuntos Económicos y de Desarrollo en Kabul, Afganistán.

Por este extenso historial, el 7 de diciembre de 2010 el Senado lo ratificó como embajador de carrera, a propuesta del presidente Barack Obama. En mayo de 2010 asumió como segundo embajador en Afganistán y, finalmente, el 24 de mayo pasado Obama envió al Senado la nominación de Wayne como embajador en México.

TAPETES LOS PINOS

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Estados deben 45 mil millones al Banco Mundial

La deuda de 24 estados con el Banco Mundial supera los 45 mil millones de pesos. Poco menos del 50 por ciento de ese total lo concentran cinco entidades federativas, que en conjunto adeudan más de 22 mil millones. Se trata de Coahuila, Veracruz, Jalisco, Chiapas y Nuevo León, revelan datos del organismo financiero internacional. Priístas, panistas y perredistas recurren por igual al millonario endeudamiento.

Las entidades federativas han endeudado a generaciones completas sin que los ciudadanos vean los beneficios de los multimillonarios créditos. Y, aunque hasta ahora el gobierno federal –a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores– ha mostrado preocupación por los préstamos que estados y municipios obtienen de la banca comercial, hay otros mecanismos a los que han recurrido los gobernadores de todos los partidos políticos sin que autoridad alguna los fiscalice.

Uno de esos métodos es el de los “proyectos” que se financian con dinero del Banco Mundial (BM). En la lista de los cinco estados más comprometidos con ese organismo internacional se encuentran Coahuila, gobernada por el priísta Jorge Torres; Veracruz, que encabeza otro priísta, Javier Duarte; Jalisco, del panista Emilio González Márquez; Chiapas, del perredista Juan Sabines, y Nuevo León, del priísta Rodrigo Medina de la Cruz.

Estas entidades sostienen empréstitos por 1 mil 964.87 millones de dólares (unos 22 mil 851.43 millones de pesos, al tipo de cambio de 11.63 pesos), revelan documentos del organismo financiero.

La deuda, acumulada en una década, representa el 49 por ciento de 3 mil 944.84 millones de dólares –45 mil 878 millones de pesos––, que deben 24 estados del país. Además, el gobierno federal sostiene obligaciones de pago que actualmente ascienden a más de 8 mil millones de dólares, aproximadamente 99 mil millones de pesos.

Conocidos como “proyectos activos”, los instrumentos financieros son concedidos por el organismo internacional a los estados y depositados a sus cuentas a través de la banca de desarrollo. del país. Los compromisos fueron asumidos para echar a andar “políticas de desarrollo”, en su mayoría dirigidas al sector rural, al transporte y los servicios.

Las deudas

Coahuila encabeza la lista de las entidades endeudadas con la institución financiera que dirige el estadunidense Robert Zoellick. Son 607.5 millones de dólares (7 mil 65 millones de pesos), proyectados en cinco compromisos para promover “políticas públicas” coordinadas por el gobierno federal.

Este estado posee el activo con mayor costo clasificado bajo el folio 7996-MX. El documento Apoyo a los estados, publicado por el Banco, indica que le fueron asignados 320 millones de dólares para el Proyecto de Eficiencia Energética.

El plan fue pactado el 10 de mayo de 2010, y consiste en reactivar el sector energético –colapsado después de la crisis financiera de 2008–, de acuerdo con el documento México-Iluminación y electrodomésticos eficientes Project.

La estrategia, aplicada a través de la Secretaría de Energía, tiene como objetivo “reducir los subsidios a la electricidad residencial” y promover mayores incentivos para la eficiencia en energía, con el reemplazo de fuentes de iluminación y electrodomésticos, indica el plan elaborado por el organismo. Éste es el proyecto más ambicioso de los 61 que tiene registrados el BM.

Deuda por transporte

Veracruz y Jalisco continúan en los escaños de endeudamiento. La primera entidad, que permanece gobernada por el régimen priísta, sostiene empréstitos por 557.2 millones de dólares (6 mil 480 millones de pesos). Todavía en la administración de Fidel Herrera Beltrán fue aprobado el Proyecto de Transformación del Transporte Urbano, por 150 millones de dólares (1 mil 744 millones 500 mil pesos).

El objetivo de éste, dice el documento con folio 7883-MX, pretende “contribuir a la transformación de zonas urbanas” en el país. “Esto se logrará mediante la mejora de la calidad del servicio prestado por los sistemas de transporte urbano rentable forma, y mediante la instrumentación de estrategias de equipo, infraestructura y operativos para reducir las emisiones dióxido de carbono”.

La autorización del Banco Mundial fue concedida el 25 de marzo de 2010. En esa misma fecha se dotaba del mismo plan y con la misma cantidad de dinero a la administración de Emilio González Márquez, en Jalisco.

El estado más pobre

Chiapas, uno de los estados ubicados en el llamado triángulo de la miseria, es la cuarta entidad más endeudada; no obstante, registra el segundo proyecto más costoso, por 269 millones de dólares (3 mil 128 millones de pesos). Su objetivo es desarrollar dos proyectos de educación y agricultura.

El gobierno del perredista Juan Sabines adjudicó a sus finanzas la estrategia Programa Escuelas de Calidad Fase II, por 204.5 millones de dólares (2 mil 378 millones de pesos), clasificado como lo indica el instrumento financiero 7948-MX.

El principal objetivo de este plan es “mejorar la cobertura de la educación, la participación social y los resultados educativos en México”, según el reporte AB5330, asumido por la Secretaría de Educación Pública el 25 de marzo de 2010. Dirigido a las escuelas públicas de nivel primaria, el proyecto menciona que también será cofinanciado por las aportaciones de los padres de familia, para ampliar la cobertura del Programa Escuelas con Calidad.

Nuevo León, que tiene un pasivo pendiente con el Banco Mundial por 225 millones de dólares (2 mil 623 millones de pesos), es la quinta entidad federativa con más compromisos. El “proyecto activo” que más obligaciones le genera, y que se dio bajo la administración priísta de Rodrigo Medina de la Cruz, es el mismo que se pactó con Veracruz y Jalisco.

Los que menos deben

Los últimos peldaños en el déficit monetario de endeudamiento de las entidades del país son ocupados por Sonora, Yucatán, Zacatecas, Estado de México y el Distrito Federal. Así, ni siquiera la capital del país gobernada por el perredista Marcelo Ebrard escapa a este tipo de deudas.

Con un total de 249.41 millones de dólares (2 mil 900 millones de pesos), estas cinco entidades absorben el 6 por ciento de casi 4 mil millones de dólares.

Con 21 millones de dólares (246 millones de pesos), la administración capitalina mantiene “activo”el Programa de Modernización de los Poderes Judiciales, filiado con el proyecto 7250-ME. Sonora y Yucatán mantienen sólo un proyecto activo en común, relacionado con uno de los sectores más afectados en la economía del país: el agropecuario. Cada uno, con 60 millones de dólares (697 millones de pesos 8) pactaron el Proyecto de Desarrollo Rural Sustentable, bajo el folio 7652-MX.

Éste, según los documentos publicados por el BM, se ciñe a “promover la adopción de tecnologías de eficiencia energética y/o de reducción de emisiones en las agroindustrias, y así contribuyen tanto a los objetivos de desarrollo del gobierno y los objetivos de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y los compromisos de México en virtud del Protocolo de Kyoto”.

Zacatecas, expulsor de migrantes ante la caída del sector agropecuario y la falta de empleo en la región, mantiene un déficit de 56.2 millones de dólares (653 millones de pesos), mediante el Programa de Fortalecimiento al Sector de Ahorro y Crédito Popular y Microfinanzas Rurales Segunda Extensión Fase II.

El programa fue aprobado desde el 22 de junio de 2004, con el plan de ampliar la cobertura de financiamiento, a través de infraestructura bancaria, para “un funcionamiento más eficaz, administrativamente sólido, actualizado tecnológicamente y con un mayor nivel de difusión y el acceso a servicios financieros por parte de la población mexicana marginada.

En el penúltimo sitio se encuentra el Estado de México ­–entidad gobernada actualmente por Enrique Peña Nieto–, con obligaciones de pago por 52 millones de dólares (604.76 millones de pesos).

Con el Proyecto de Servicios Ambientales, fechado al 10 de julio de 2007, se contempla “el desarrollo y la promoción de mercados de servicios ambientales, el fortalecimiento de los mecanismos existentes, nuevos instrumentos para mejorar la gestión y conservación de servicios ambientales”, indican los informes del Banco Mundial.

La administración perredista del Distrito Federal mantiene “activo” el Programa de Modernización de los Poderes Judiciales, foliado con el proyecto 7250-ME. El costo asumido en la capital del país asciende a 21 millones de dólares (246 millones de pesos). Los documentos del organismo financiero internacional indican que el principal objetivo de esta estrategia es el reducir los tiempos en los procesos judiciales.

El plan, suscrito el 28 de mayo de 2003, busca incrementar el acceso a la información pública y el número total de usuarios de los grupos vulnerables para acceder a los servicios judiciales. Así como, instrumentar mecanismos de aprendizaje y conocimientos en el sistema judicial de la capital de la República.

Para la elaboración de este trabajo, se solicitaron información y entrevistas a las 24 entidades involucradas, a través de las coordinaciones de Comunicación Social estatales, sin que hasta el cierre de la edición se hayan obtenido respuestas.

México y el Banco Mundial

Desde 2009, Contralínea ha documentado la deuda que sostiene el gobierno federal con el Banco Mundial (BM), que actualmente rebasa los 99 mil millones de pesos. Así como las supuestas irregularidades detectadas por el máximo órgano de fiscalización del país, que recientemente evidenció la falta de registro de más de 19 mil millones de pesos prestados a México por el BM.

Además de la injerencia que ha tenido el organismo financiero internacional en la creación de políticas públicas para el ejercicio del gobierno de Felipe Calderón. Mismas que se han traducido en impulsar las reformas política, económica, laboral y energética, promovidas con urgencia por secretarios de Estado y el mismo presidente.

En febrero de 2010, Contralínea tuvo acceso al reporte AB5168, elaborado por el BM, en el que se ordenaba a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una serie de acciones para “mitigar” el impacto de la crisis mundial en México.

Entre las acciones que debería realizar la segunda administración panista se encuentran aumentar en 35 por ciento el número de sucursales bancarias, con sus respectivos servicios financieros; reducir 5.3 por ciento la tarifa en las importaciones de manufacturas e incrementar a 10.3 por ciento el producto interno bruto de los ingresos tributarios no petroleros. Además, recomendaba la “felxibilización laboral” y el aumento de impuestos en artículos de consumo (Contralínea edición 166).

Hace cinco meses, Harold Bedoya, gerente de Operaciones del Banco Mundial para México y Colombia, aseguraba a Contralínea que el Banco no dicta normas o políticas al país en materia económica, financiera y social.

Aseguraba que el organismo opera con totFuente: Revista Contralínea 246 / 14 de agosto de 2011al transparencia, por lo que hacía públicos cada uno de los proyectos, informes y evaluaciones, mismas que se estaban traduciendo al español, para que todos los mexicanos tuvieran acceso a ellas. Sin embargo, cada uno de los 61 proyectos activos con los estados, se encuentran redactados en inglés.

Para el desarrollo de este artículo se solicitó, nuevamente, una entrevista con el representante del organismo en México, a través de la oficial de comunicaciones Fernanda Zavaleta, sin que hasta el momento se haya obtenido respuesta.

Fuente: Revista Contralínea 246 / 14 de agosto de 2011

La de Alejandro Luna Ramos, una elección alarmante

La forma en que Alejandro Luna Ramos conservó la magistratura en 2006 y, sobre todo, la combinación de fuerzas que lo llevó a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no son buenas señales en el ya enrarecido ambiente preelectoral con rumbo a 2012. Con amigos como Carlos Ahumada o Diego Fernández de Cevallos y un núcleo de parientes enquistados en ese poder federal, nada justifica la esperanza de que acabe con la opacidad y la parcialidad que caracterizaron la gestión de su antecesora, María del Carmen Alanís.

Alejandro Luna Ramos, presidente del TEPJF.

Álvaro Delgado

El 30 de octubre de 2006, dos meses después de convalidar la impugnada elección presidencial y declarar ganador a Felipe Calderón, fue un día clave en la vida de Alejandro Luna Ramos: el Partido Acción Nacional (PAN) aprovechó la ausencia de varios priistas y perredistas en el Senado y logró designarlo magistrado para los siguientes 10 años.

Luna Ramos tuvo suerte: el PAN sumó al Partido Verde y al único senador de Nueva Alianza, Rafael Ochoa Guzmán, allegado de Elba Esther Gordillo, y por un solo voto –59 a 58– no se quedó sin trabajo, porque se desechó el criterio de que sólo debía concluir ese día el periodo del magistrado José Luis de la Peza, al que sustituyó por su muerte un año antes.

Manuel Espino, en ese entonces presidente del PAN, niega que haya dado “línea” a los senadores para promover la designación de Luna Ramos por 10 años –“ya me había equivocado una vez, cuando les pedí aprobar la Ley Televisa a petición de Calderón”–, pero revela: “El grupo de Calderón sí cabildeó y orientó esa decisión”.

–¿Fue un premio por su postura en la elección?

–No, claro que no.

–¿Entonces?

–Por su experiencia y trayectoria, que en sí misma era un aval de su imparcialidad, la que ahora exijo no sólo para mi caso.

Y es que, desde el miércoles 10, Luna Ramos se convirtió en presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y uno de los casos inmediatos que deberá resolver es precisamente la expulsión de Espino del PAN que, según el propio expresidente panista, fue ordenada por Calderón. La propuesta del magistrado Salvador Nava Gomar es ratificarla.

Luna Ramos llegó a la presidencia del TEPJF precisamente con los votos de Nava Gomar, exsocio de Roberto Gil Zuarth, secretario particular y cabildero de Calderón, y de Constancio Carrasco Daza, primo del panista Diódoro Carrasco, exgobernador priista de Oaxaca, ambos promovidos también como magistrados por el PAN en octubre de 2006.

El chiapaneco Pedro Esteban Penagos, identificado como allegado a los priistas y quien emplea en su ponencia a Francisco Belisario Luna Ramos, y Manuel González Oropeza, allegado a la corriente perredista Nueva Izquierda, le dieron su respaldo.

Con esos cuatro votos, y el suyo propio, Luna Ramos obtuvo un voto más de los cuatro que requería para conquistar la presidencia –que desde el lunes 8 ejercía por su calidad de decano–, y frustró la reelección de María del Carmen Alanís, quien sólo obtuvo su propio sufragio, lo mismo que Flavio Galván Rivera.

Militante confeso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por lo menos hasta 1992, amigo del empresario Carlos Ahumada y de perfil jurídico más bien conservador, Luna Ramos tiene cuatro hermanos en el Poder Judicial Federal: Margarita, a quien Vicente Fox propuso como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); Carlos Hugo, presidente del Séptimo Tribunal Colegiado, quien elaboró la “sentencia de Estado” que negó el amparo a la francesa Florence Cassez; Francisco Belisario, quien colabora con Penagos López –compadre de Margarita–, y María Guadalupe, funcionaria del Consejo de la Judicatura Federal.

“Compromiso con el PAN”

Responsable de la calificación de la elección de 2012, Luna Ramos enfrenta una disyuntiva, afirma Espino: “Ya veremos si el TEPJF fortalece su autonomía jurídica o somete su cometido jurídico a la voluntad política de fuerzas ajenas a la institución”.

–Si por él votaron Nava y Carrasco, identificados con Calderón, ¿tiene el sello de Los Pinos?

–Espero que no tenga el sello de Los Pinos. Y no por mi caso, sino por el interés nacional que debe privilegiar el tribunal.

Puntualiza: “Eso sí, mi caso puede servir para advertir en qué dirección va el tribunal hacia 2012: se verá si va hacia la condescendencia con el gobierno o hacia la congruencia de un desempeño apegado a derecho en beneficio de los mexicanos”.

Sin embargo, para el constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la elección de Luna Ramos como presidente del TEPJF es “una señal alarmante” hacia las elecciones de 2012.

No sólo porque es el único magistrado que calificó la elección de 2006, con criterios que convalidaron ilegalidades, sino porque –subraya– es hermano de la ministra Margarita Luna Ramos y ese “nepotismo electoral” hace prever una “manipulación” a favor del PAN y sus aliados.

“Sabemos cómo se nombran los ministros y que hay un cordón umbilical que parte de la Constitución, con el titular del Poder Ejecutivo. Entonces ahí veo yo una señal alarmante, porque, a no ser que fuera una ingrata, la ministra Luna Ramos le debe, no dinero ni cosas sucias, sino una mínima consideración al presidente de la República.

“Ella es hermana del presidente del tribunal que va a calificar la elección presidencial de 2012. Entonces esta línea, que de ninguna manera revela algo sucio o indebido –por lo menos no tenemos prueba fehaciente de ello–, sí manifiesta la presencia de compromisos que no van con la democracia y que no van con la situación tan delicada por la que está atravesando el país.”

Si a eso se añade el criterio del magistrado Luna Ramos para no sancionar la intervención de Vicente Fox y del empresariado en la elección de 2006, dice, entonces genera sospechas de su imparcialidad hacia 2012:

“Si sumamos ambos ingredientes hay, objetivamente, un hecho que mueve a muy serias dudas, que inquieta la conciencia ciudadana y que despierta resquemores muy graves. Tiene uno el derecho de pensar, o de sospechar pensando, que hay una manipulación que está preparando un tinglado a favor de sus intereses para 2012. Y eso es alarmante.”

–¿A quién beneficia esa manipulación?

–Por supuesto que al PAN y a políticos de otros partidos que hacen pactos con el PAN. No tendría empacho en dar nombres si los tuviera, pero se benefician de sus componendas, no tienen que ser panistas.

El apoyo de Nava y Carrasco, identificados con el PAN, forma parte de lo mismo, explica: “La sospecha lleva una lógica popular que todos manejamos: si un animal tiene orejas de gato, uñas de gato y dientes de gato, ¿es un rinoceronte? No, ¿verdad? No, hay cosas que a través de las señales, de los signos, dejan mucho que ver”.

Recuerda que Julio César repudiaba a su mujer porque se decía que tenía relaciones con el poeta Catulo, y un amigo le dijo que por qué hacía caso a rumores. “César contesta: ‘porque la mujer del César no sólo debe ser honesta, sino parecerlo”.

Insiste: “Como decía Jesús Reyes Heroles, la forma es fondo: hay características de una manipulación electorera que francamente alarma muchísimo a quienes creemos o queremos creer en la democracia mexicana y en la pulcritud del proceso electoral”.

Luego de la declinación de Penagos López, a quien en el Tribunal Electoral se identifica con el PRI, el representante de ese partido ante el Instituto Federal Electoral (IFE), Sebastián Lerdo de Tejada, se declaró complacido con Luna Ramos y dijo que su “principal reto será mantener la línea de objetividad que trazó la presidenta Alanís”.

–Los priistas están contentos con él –se le hace ver a Carrancá.

–Exactamente. Son arreglos que se hacen, pero con esos arreglos no hay pulcritud democrática ni ideológica. Entonces la falta de una protesta enérgica en el PRI bien puede significar eso, porque no creo que estén ciegos.

Compañero profesor de Luna Ramos en la Facultad de Derecho de la UNAM, y a quien dice respetar como abogado, Carrancá y Rivas lo define: “Un priista empanizado. Si no está empanizado, aparenta estarlo por lo que he expuesto. No podemos saber si realmente lo es, pero tiene todo el aspecto”.

Luego de que Luna Ramos fue felicitado por Calderón mediante un comunicado emitido el miércoles 10, y por el PAN, el jurista dice que el presidente magistrado trata de desmarcarse de Calderón, como se lo dijo en entrevista a la periodista Carmen Aristegui.

“Dijo que ni conoce al presidente ni éste le ha mandado mensajes ni lo ha saludado. Pero no es necesario que conozca al panista Calderón, basta y sobra con lo que he descrito para que se manifieste la sospecha y la duda de un compromiso muy fuerte con el PAN.”

Amigos de Ahumada

Justamente gracias al apoyo conjunto del PAN y del PRI, Margarita Luna Ramos ascendió, en 2004, al máximo escalafón en el Poder Judicial: ministra de la SCJN. Propuesta por Fox, ambos partidos la avalaron, pero también los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que coordinaba Jesús Ortega.

Alejandro Luna Ramos fue clave en lograr ese propósito, porque recurrió a su amigo Carlos Ahumada, el empresario de origen argentino que en ese momento –febrero de 2004– tramaba lo que se conoció como los videoescándalos junto con Diego Fernández de Cevallos y Carlos Salinas.

El propio Ahumada cuenta en su libro Derecho de réplica que Luna Ramos le pidió interceder a favor de Margarita ante Fernández de Cevallos, en razón de la amistad y de “compartí por más de 10 años un sinfín de reuniones y fiestas en su casa y en la mía”:

En enero de 2004, un fin de semana, un sábado, llegó Alejandro a mi casa y me preguntó cómo era mi relación con Diego Fernández de Cevallos. No sé cómo, pero de algo estaba enterado. Le dije que en esos momentos creía que era buena, y entonces me comentó que su hermana Margarita había sido propuesta para ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte, como relevo de Juventino Castro.

Ahumada recuerda que, el 2 de diciembre previo, el PAN en el Senado había rechazado el nombramiento de Margarita, cuyo hermano le dijo que Fox la volvería a proponer y por eso requería su apoyo ante Diego. Habló con ella por teléfono:

La saludé, hablamos dos o tres minutos en los cuales me agradeció de antemano cualquier gestión que pudiera realizar con el llamado Jefe Diego para lo de su ratificación como ministra de la Suprema Corte.

Más tarde Ahumada se comunicó con el panista, quien lo citó en su casa y ahí le hizo la propuesta de apoyar a Margarita. “De entrada, me dijo que era una señora muy conflictiva y pagada de sí misma, pero luego añadió: ‘Bueno, dentro de la relación que estoy teniendo contigo y como una muestra más de mi apoyo hacia tu persona, la voy a apoyar’.”

Le pregunté que si me podía comunicar con Alejandro para comentarle su respuesta, y aceptó. Llamé a Alejandro, le dio mucha alegría, me dijo que jamás en la vida me lo podía pagar y me dio el número de celular de Margarita para comunicar a Diego con ella.

Acto seguido los comuniqué, quedaron de desayunar el lunes siguiente, y lo último que supe, por los medios de comunicación, fue que el 19 de febrero de 2004, Margarita Beatriz Luna Ramos fue nombrada ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el apoyo del jefe Diego y la mayoría de los senadores del PAN, a pesar de que al interior de la bancada se le cuestionó a Fernández de Cevallos por qué el PAN tenía que apoyar a Luna Ramos, cuando en diciembre no lo había hecho.

Ahumada recuerda que después, cuando ya estaba preso, su esposa Cecilia buscó a los hermanos Luna Ramos:

Lo único que consiguió Ceci de su parte fue un trato muy frío y cortante. Alejandro le dijo cínicamente que un vaso de agua y una orden de aprehensión no se le negaban a nadie, que veía mi situación muy difícil y que no había nada que él pudiera hacer. Por su parte, Margarita se negó a recibir a Ceci personalmente.

“Sentencia de Estado”

Luna Ramos ha minimizado su amistad con Ahumada, como en la entrevista publicada en Reforma el viernes 12: “Era yo juez de distrito, allá por los años setenta y tantos… nos conocimos en un juego de futbol”.

Pero conforme a su semblanza oficial, fue juez de distrito a partir de 1980, año en el que Ahumada ingresó al Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur, a los 17 años.

Luna Ramos, quien recién se divorció, ha minimizado también su priismo. En la entrevista con Aristegui aceptó que llegó a ser enrolado en el PRI sólo para participar en un concurso de oratoria en su natal Chiapas y que en la Ciudad de México fue mecanógrafo “propinero” en ese partido.

Pero el Diccionario biográfico del gobierno de México consigna, en su edición de 1992, cuando era ya magistrado de circuito, un dato relevante: “Pertenece al PRI, donde ha desempeñado el cargo de asesor de la Dirección de Capacitación Electoral del CEN en el DF, 1968-1970”.

Es el mismo caso de su hermano Carlos Hugo Luna Ramos, quien en el mismo documento de ese año se anota que “pertenece al PRI desde 1960”. Apenas en febrero pasado elaboró el proyecto del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal que negó el amparo a la francesa Florence Cassez, luego de que el secretario particular de Calderón, Gil Zuarth, cabildeó con ministros de la SCJN.

Tal como lo publicó Proceso, Gil Zuarth comenzó su labor de convencimiento ante el presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, en diciembre de 2010, cuando era aún subsecretario de Gobernación, y alegó que si los magistrados del Tribunal Colegiado declaraban inocente a Cassez “no sólo se caía el secretario de Seguridad Pública (Genaro García Luna), sino la lucha del gobierno contra la delincuencia organizada”.

El jueves 10 de febrero, horas antes de que se hiciera pública la negativa del amparo, Gil Zuarth desayunó en el comedor de la SCJN con su nuevo presidente, Silva Meza, Ortiz Mayagotia y los tres magistrados, entre ellos Luna Ramos, para agradecer el apoyo del Poder Judicial, porque se trataba de una “sentencia de Estado”.

Obtenida la información por dos vías, la diplomática y la jurisdiccional, los ministros Silva Meza y Ortiz Mayagoitia negaron haber participado en “cualquier tipo de reuniones” con miembros del gobierno de Calderón, como Gil Zuarth, para tratar el caso.

Gil Zuarth, quien con Calderón ha sido subsecretario de Gobernación, diputado federal, candidato derrotado a la presidencia del PAN y secretario particular, es identificado por Espino como el encargado de presionar a los magistrados para que ratifiquen su expulsión.

Y, según testigos, fue Gil Zuarth quien coordinó desde Los Pinos el ascenso de Luna Ramos a la presidencia del TEPJF a través de Constancio Carrasco y Nava Gomar, quien fue su socio y es amigo íntimo: apenas el 22 de mayo asistieron juntos a la final del futbol mexicano entre los Pumas de la UNAM y los Monarcas de Morelia, en el estadio olímpico de Ciudad Universitaria…

Felipe Calderón puede ser juzgado "por traición a la patria"......

El ESPURIO de Los Pinos, TRAIDOR a la patria y VIOLADOR sistematico de la Constitucion Mexicana.

Eficacia-Hernández

• Advierte que priístas van a despilfarrar recursos en las elecciones de Michoacán

Pide AMLO acabar con la minoría rapaz que se adueña del presupuesto

Zacapu, Mich., 13 de agosto. Andrés Manuel López Obrador llamó a los mexicanos a derrotar por la vía pacífica y electoral a la mafia del poder, que es la responsable de la crisis económica, política, social y de valores, así como de la ola de violencia e inseguridad en todo el país.

Por la imposición de una política económica de corte neoliberal, que es contraria al interés nacional, la mayoría de los habitantes se encuentran en condiciones de pobreza y marginación, explicó. El político destacó la necesidad de acabar con una minoría rapaz que se adueña del presupuesto nacional, el cual es de todos los mexicanos.

El ex candidato presidencial subrayó la necesidad de hacer a un lado a la mafia que detenta el poder y la oportunidad será en la contienda presidencial de 2012. El candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dijo, derrotará nuevamente en las urnas a ese grupo y a su abanderado presidencial, el gobernador priísta Enrique Peña Nieto.

En asambleas informativas efectuadas en Puruándiro, Zacapu y Zamora, en las que reunió a por lo menos 11 mil personas, López Obrador estuvo acompañado por Silvano Aureoles Conejo, candidato a la gubernatura de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia.

El ex jefe de Gobierno de la capital del país sostuvo que el dinero y el poder no deben ser el fiel de la balanza, que defina los comicios del 13 de noviembre en Michoacán, como pretenden los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional.

Recalcó que los priístas pretenden reditar el derroche de recursos que hicieron en la elección del 3 de julio en el estado de México. Ya los conocemos bien. Estuvieron comprando votos al por mayor, y en Michoacán van a querer repetir la misma estrategia, advirtió.

Sostuvo que Felipe Calderón Hinojosa trata de imponer a su hermana Luisa María como gobernadora de esta entidad a través de la manipulación de los programas Oportunidades, Setenta y Más y Procampo.

Luisa María Calderón no ganará los comicios, porque históricamente han prevalecido en Michoacán la conciencia y el voto razonado, pero sí me parece que el simple hecho de que Calderón postule a su hermana los pinta como son, han enseñado el cobre. El michoacano debería predicar con el ejemplo y no hablar de honestidad, comentó.

Este domingo López Obrador encabezará asambleas informativas en Jiquilpan, Michoacán; Ciudad Guzmán, Jalisco, y Manzanillo, Colima.

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La izquierda debe elegir unidad al candidato a jefe de Gobierno

• Las encuestas, engañosas, buscan colocar al PRI por encima del PRD, afirma
• Dice que es el mejor posicionado de los aspirantes del Dia
• El GDF no es premio de consolación, señala

Roberto Garduño

Los partidos PRD, PT y Convergencia que integran el Diálogo para la Reconstrucción Nacional (Dia) están obligados a definir el método y el tiempo para la selección de su candidato a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal con objeto de no convertir el proceso en el reparto de saldos entre las distintas tribus que operan en la capital.

Si a nivel de la Presidencia de la República se insiste en que (el candidato) será el mejor posicionado, yo no veo cual sea la razón lógica de que en la ciudad no sea igual: o todos coludos o todos rabones, aduce Porfirio Muñoz Ledo, quien asegura gozar de la mejor calificación entre los militantes de la izquierda para ser el candidato a jefe de Gobierno.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados refiere que tan sólo en una semana se diluyó la falsa impresión de que el PRI iba en primer lugar en las preferencias electorales al gobierno capitalino.

“El resultado de las encuestas en la ciudad de México son claras. Las izquierdas están adelante si se toman en cuenta los tres partidos del Dia. El PRI ha subido sus preferencias, ya está cerca de 25 por ciento, el PRD tiene 28 o 29 por ciento, y están en condiciones muy semejantes si se coloca una candidata como Beatriz Paredes. Así se da la impresión de que el PRI está por encima de la izquierda.

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CDHDF: hubo más de 3 cateos graves de la policía mexiquense

Los agentes también robaron diversos artículos y agredieron a moradores durante el operativo

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) tiene documentado que fueron más de tres las casas cateadas en la ciudad de México durante el operativo realizado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) para capturar a Óscar García Montoya, La mano con ojos, que resultaron ser más graves y violentos que los efectuados en la colonia Torres de Padierna, informó el primer visitador del organismo, Mario Patrón Sánchez.

Todavía no llegamos a 10, pero son bastantes más, expresó el integrante de la comisión, quien se negó a dar detalles sobre lo ocurrido a petición de los afectados, aunque, apuntó, se trata de familias en situación de vulnerabilidad, que no han tenido el trato dado al poeta Efraín Bartolomé, la investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México Patricia Magaña y la madre de esta última, Victoria Rueda.

En entrevista, manifestó que todas las acciones policiacas se efectuaron la madrugada del jueves pasado en varias delegaciones de la ciudad de México y que en algunos casos también hubo robo de diversos objetos e incluso agresiones contra los habitantes de esos domicilios, por lo que se han interpuesto más de cuatro denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF)

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Reprueban en la UNAM y ONG irrupción de policía mexiquense

• Autoridades del CCH sur exigen al GDF indagar asesinato de joven

Estudiantes y académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y defensores de los derechos humanos censuraron el allanamiento suscitado la madrugada del jueves pasado de las casas del poeta Efraín Bartolomé, la profesora universitaria Patricia Magaña y los padres de la académica en la colonia Héroes de Padierna, en la ciudad de México, por agentes del estado de México.

José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, afirmó que los cateos recientes demuestran una vez más que policías y fuerzas armadas recurren a dicha práctica en todo el país.

Se constata una realidad a la que hemos estado muy atentos: se carece totalmente de regulación en los allanamientos, pese a que la ley es muy clara al señalar que se necesita una orden judicial para ello. Ello choca frontalmente con lo que dijo Felipe Calderón sobre (la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos) Navi Pillay, de que todos los esfuerzos de seguridad del Estado se han realizado dentro de lo ordinario".

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• Exige enjuiciar a funcionarios que han asumido compromisos a espaldas del Congreso

Calderón, traidor a la patria por avalar intervención extranjera en México: Bartlett

El presidente Felipe Calderón puede ser juzgado por traición a la patria, por haber permitido la presencia de militares extranjeros en territorio nacional y avalar que el gobierno de Estados Unidos tome el control del espionaje mexicano y de todo el sistema de información y comunicaciones con el pretexto de combatir el narcotráfico, advirtió Manuel Bartlett Díaz, ex secretario de Gobernación.

Eso es gravísimo, recalcó el también ex legislador, porque los agentes y militares estadunidenses pueden interferir en materia política. ¿Por qué no, si están utilizando los sistemas más adelantados de espionaje?, insistió.

Agregó que la debilidad ha llevado al gobierno de Calderón a posibilitar una intervención cada vez mayor de Estados Unidos, con el riesgo de que ese país asuma también la conducción política nacional.

Demandó que el Senado actué de manera firme para detener esa entrega de México a los intereses de la nación vecina.

El político priísta consideró que el hecho de que Calderón haya firmado una carta de entendimiento secreta con el presidente Barak Obama, en la que se pacta la operación directa en México de agentes de la DEA, la CIA, la FBI y el Pentágono viola la Constitución, ya que no tiene facultades para hacerlo.

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• Señalan que PRI y PAN han erosionado la soberanía nacional

Hipócritas, políticos a quienes sorprende la presencia de agentes de EU: expertos

La decisión del gobierno del presidente Felipe Calderón de darle carta abierta a agentes de seguridad estadunidenses para que actúen en operativos en el país no sólo erosiona aún más la soberanía nacional, sino también pone en evidencia la hipocresía con que actúa la clase política, que hoy se dice sorprendida, aunque es responsable de aprobar esos acuerdos a espaldas de los ciudadanos, aseguraron especialistas en seguridad nacional y sociología política.

Guillermo Garduño Valero y Telésforo Nava Vázquez, investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, señalaron que si bien no es nueva la presencia de agentes estadunidenses en el país, es muy preocupante que el gobierno federal facilite aún más las condiciones para que operen en territorio nacional.

Garduño Valero, experto en seguridad pública y fuerzas armadas, indicó que desde hace décadas los presidentes de México han colaborado activamente con las agencias de seguridad estadunidenses, y más aún, se ha permitido una creciente dependencia tecnológica en tareas de capacitación de policías y miembros del Ejército, así como el establecimiento de modelos de seguridad pública diseñados por expertos estadunidenses.

Es evidente, agregó, que carecemos de una doctrina que refuerce una visión propia de lo que debe ser la seguridad nacional, con acceso a nuestro propio abastecimiento de tecnología y equipamiento.

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Paren esta guerra absurda, pide el padre de Jethro R. Sánchez

• Que el crimen no quede impune; hay que juzgar a mandos implicados

Cuernavaca, Mor., 13 de agosto. El cadáver de Jethro Ramsés Sánchez Santana fue inhumado a las 15:45 horas de hoy por segunda ocasión. La primera fue de manera clandestina por elementos del 21 batallón de infantería adscritos a la 24 zona militar para ocultar su terrible e injustificable crimen, dijo Héctor Sánchez, padre de la víctima en el cementerio municipal de Jiutepec.

Héctor Sánchez exigió que las autoridades civiles juzguen no sólo a los dos militares detenidos por el crimen de Jethro, de 26 años, sino a todos los implicados en la detención, tortura, desaparición forzada, homicidio e inhumación clandestina de su hijo.

Que el asesinato no quede impune porque los militares y policías federales abusaron de su autoridad, dijo en el panteón de Jiutepec, igual que lo hizo la noche del viernes, una hora antes de que llegara el cuerpo de Jethro a la funeraria Hispano Mexicana, en Cuernavaca.

Solicitó a los gobiernos federal y estatal que paren esta esta guerra absurda, porque a su vástago lo detuvieron, torturaron y asesinaron porque, según ellos, era sicario, algo completamente falso.

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Suspenden procesión de indocumentados

• Vecinos de Tultitlán intentan cerrar la casa del migrante

Tultitlán, Méx., 11 de agosto. Vecinos de este municipio intentaron desalojar y cerrar la Casa del Migrante San Juan Diego, lo que obligó a suspender la procesión que indocumentados, activistas de derechos humanos y de la caravana Paso a paso por la paz pretendían realizar para exigir el esclarecimiento del homicidio del indígena guatemalteco Julio Fernando Cardona Agustín, ocurrido el 8 de agosto en la colonia Lechería, donde se ubica el albergue.

Jorge Rodríguez Juárez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana (Copaci), y Víctor Adrián Gómez, delegado de la colonia Lechería, plantearon que la casa del migrante está rebasada en capacidad para atender a cientos de indocumentados que llegan a la comunidad.

Los migrantes se han adueñado de nuestra calles, ahí pernoctan, defecan al aire libre, algunos roban y piden dinero; otros, no todos, se drogan, emborrachan y faltan el respeto a nuestras mujeres y niños, expuso Justino Espinosa Cruz, residente de la calle cerrada de la Cruz, colonia Lechería donde se ubica la Casa del Migrante San Juan Diego, fundada el 19 de enero de 2009.

Los vecinos dijeron estar temerosos por la inseguridad que traen los enganchadores, quienes contactan a los migrantes con la promesa de llevarlos a Estados Unidos, además de los traficantes de indocumentados, que portan armas de alto poder y alquilan casas de la colonia para realizar sus actividades.

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Piden centroamericanos a México eliminar la visa

San Cristóbal de Las Casas, Chis., 13 de agosto. Alrededor de 100 personas, entre activistas y migrantes centroamericanos, marcharon en la ciudad de Arriaga para exigir castigo a los responsables de la muerte del guatemalteco Julio Fernando Cardona Agustín, ocurrida el 8 agosto presuntamente a manos de policías de Tultitlán, estado de México.

El sacerdote Heyman Vázquez Medina, director del albergue Hogar de la Misericordia, dijo que la protesta fue también para solidarizarse con los directivos del albergue situado en Tultitlán, que la mañana de este sábado fue rodeado por habitantes de la colonia Lechería para exigir su cierre.

La marcha se realizó a partir de las 11 horas y partió de las oficinas del albergue a las vías del tren que pasa por el centro de la ciudad, y en el que diariamente suben más de 200 indocumentados que buscan llegar a Estados Unidos para trabajar.

Vázquez Medina afirmó que la marcha fue también para exigir al gobierno de México la supresión de la visa para centroamericanos. “El gobierno federal tiene que hacer algo y dar señales de que quiere proteger los derechos de los migrantes.

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Rechazan ONG reformas a ley de seguridad nacional

Organizaciones defensoras de los derechos humanos rechazaron en Chihuahua las reformas a la ley de seguridad nacional que se pretenden aprobar en la Cámara de Diputados, y dijeron que la acción militar en Ciudad Juárez prueba lo que puede suceder en el país cuando se criminaliza la protesta social.

El sacerdote Óscar Enríquez, director del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, dijo que de aprobarse las reformas legales habría luz verde a la presencia militar en las calles, y el Poder Ejecutivo podría incrementarla o mantenerla cuando lo considere necesario, según las condiciones sociales.

En conferencia de prensa realizada en Ciudad Juárez, representantes de los organismos no gubernamentales demandaron a legisladores federales de Chihuahua rechazar las reformas a la ley vigente desde febrero de 2005, por considerarlas anticonstitucionales, y pidieron a los ciudadanos enviarles correos electrónicos para que no voten a favor.

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Grave retroceso en derechos humanos: ONG

La defensa de los derechos humanos en México es una labor cada vez más riesgosa para los activistas y sus familiares, no sólo por las amenazas, asesinatos y desapariciones a que se ven expuestos por la delincuencia organizada, sino también por la criminalización que ha hecho el gobierno de esta tarea.

Advirtieron lo anterior colectivos participantes en el cuarto Encuentro Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Periodistas –que finalizó ayer–, quienes llamaron a las autoridades a concretar de inmediato un mecanismo de protección, como es su responsabilidad institucional.

En una declaración firmada por una treintena de organizaciones, los activistas lamentaron que la situación de los derechos humanos en México ha sufrido un grave retroceso, y pusieron como ejemplo los temas de la ley de seguridad nacional, la militarización, la persistencia del fuero militar y el incumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

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Culpan a Gordillo de riña entre docentes

San Cristóbal de Las Casas, Chis. La dirección del Bloque Democrático del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) culpó a la lideresa Elba Esther Gordillo de la riña del viernes entre grupos opuestos donde hubo 16 docentes lesionados. "Los responsables fueron los charros encabezados por Rosendo Galíndez Ramírez, líder espurio de la sección 7”, dijo Rosendo Morales, uno de los denunciantes, en la rueda de prensa donde también se anunciaron bloqueos carreteros y movilizaciones a partir de la próxima semana en diversas regiones del estado para demandar que se expida la convocatoria de escalafón en educación indígena.

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Prohibirá el gobierno chileno presencia de encapuchados durante mítines de protesta

Santiago, 13 de agosto. El ministro del Interior de Chile, Rodrigo Hinzpeter, anunció este sábado que el gobierno derechista del presidente Sebastián Piñera prohibirá la presencia de personas que se cubran el rostro en las manifestaciones de protesta y aumentará las penas por desórdenes públicos, para evitar desmanes como los que se produjeron durante la última marcha de los estudiantes.

A las marchas se concurre con las manos limpias y con el rostro descubierto. Vamos a poner término a los encapuchados. Se acabó el tiempo de gente que oculta su rostro para que no sea presa de la justicia, dijo Hinzpeter, quien anunció un proyecto de ley que modificará el decreto 1086, que regula las movilizaciones, y prohibirá la concurrencia a marchas de personas encapuchadas, con pañuelos o cualquier otro elemento que cubra el rostro.

Asimismo, el funcionario aseguró que mediante otro proyecto de ley, se aumentarán las penas por desórdenes en la vía pública, al incrementar la condena de 341 días a tres años.

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El Despertar

Capital sin Constitución

José Agustín Ortiz Pinchetti

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, reclamó en el Senado la voluntad política para dotar a la ciudad de México de su Constitución, anhelo de los políticos capitalinos desde 1826. Fue una petición justa en el momento apropiado: La inauguración del Museo de las Constituciones. Infortunadamente, los obstáculos para esa reforma, frustrada muchas veces, son enormes, porque los dirigentes políticos prefieren mantener la capital bajo una tutela indebida, grotesca y peligrosa.

En 2001, cuando despuntaba el régimen de Fox y de AMLO, todos los partidos estuvieron de acuerdo en impulsar una reforma que incluía las bases para una Constitución local. El proyecto fue aprobado en la Asamblea del DF por unanimidad y en la Cámara de Diputados por 96 por ciento. En el Senado, el proyecto se empantanó porque los legisladores del estado de México (con ellos el PRI) se opusieron. Exigían a cambio que se cediera una parte sustancial de los recursos que le asignaba la Federación.

La reforma es necesaria, porque la capital tiene un régimen político lleno de contradicciones. Es un sistema peligroso, como demostraron las continuas intervenciones de Fox para utilizar a partir de 2004 los mecanismos de control en el intento por eliminar políticamente a AMLO, quien por su gestión se había convertido en fuerte contendiente por la Presidencia. Las maniobras de Fox para impedir el endeudamiento del DF, destituir al jefe de la policía, bloquear los recursos e incluso su intentona por desaforar al jefe de Gobierno se derivan de las contrahechuras del artículo 122 constitucional.

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Avisos de crisis: cambiar el rumbo

Son cada vez más claras y contundentes las advertencias de especialistas en temas económicos sobre el inicio de una etapa de desaceleración en el ritmo de crecimiento mundial, en el mejor de los casos, o de una nueva recesión, en el peor: desde las declaraciones del historiador Carlos Marichal, quien afirmó en entrevista con este diario que el mundo asiste a una crisis enorme y global que es infrecuente, hasta las advertencias del presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, en el sentido de que estamos en los primeros momentos de una tormenta nueva y diferente, (que) no es la misma de 2008.

También son diversos y preocupantes los indicadores de que los distintos gobiernos nacionales tendrán, ante el previsible escenario de renovadas dificultades económicas, un menor margen de maniobra respecto del que dispusieron durante el desbarajuste financiero y económico de hace casi tres años: la recesión de 2008 y 2009 terminó por dejar a varios países sin recursos, implicó el desmantelamiento de mecanismos de bienestar en algunas naciones y, como ha advertido el propio Zoellick, implicó que la mayoría de los países desarrollados agotaran su margen fiscal y su política monetaria. Por añadidura, en momentos en que las economías del mundo pudieran cifrar sus esperanzas en el consumo interno, el nivel de endeudamiento de buena parte de la población y la necesidad de ésta por reducir sus débitos ante la posibilidad de un incremento generalizado de las tasas de interés desalienta las perspectivas de una recuperación.

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La gran (des)ilusión

Rolando Cordera Campos

En los años 90 acometimos una gran transformación sin hacernos cargo de sus riesgos, y ni de nuestras capacidades para lidiar con ellos. La magia del mercado que iluminaba a Reagan, se transfirió a nuestras tierras sin pasar aduana y fue adoptada con un extraño sentido de pertenencia, como dijera el economista colombiano José Antonio Ocampo, por las elites económicas y financieras y, desde luego, por los seguidores de los jóvenes turcos que habían traído la buena nueva desde Chicago o Stanford. Luego seguiría la gran mistificación con que se inaugurara la alternancia política.

Con la mitomanía de Fox y su séquito pos panista, como hubiera dicho Simone de Beauvoir, la cosa se puso grave y el país y sus grupos dirigentes entraron al mundo raro de la fantasía económica y política. Fue la era de los bonos que no podían sino traernos felicidad sin límites: bono demográfico para trabajar más y mejor, bono democrático para acabar con el autoritarismo y la corrupción, bono de la competitividad para ser siempre mejores.

Sintonizada férreamente a la de Estados Unidos, nuestra economía siguió su pauta recesiva de fin de siglo pero no la de su recuperación de los inicios del nuevo milenio. Nos fuimos de largo bajo la (im)prudente conducción de los magos de la economía de los mercados eficientes.

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¿Hacia otra crisis?

Antonio Gershenson

Un hecho que llamó mucho la atención y motivó que la principales bolsas de valores del mundo, que ya estaban bajando, cayeran más, fue que una de las tres evaluadoras de deudas en Estados Unidos, Standard and Poor, degradó la calificación del gobierno de ese país. De AAA, la degradó al siguiente nivel, AA+.

Poco antes otra evaluadora, Dagong, de China, ya había devaluado mucho más a ese mismo gobierno. Un antecedente muy importante fue el acuerdo entre el Partido Republicano estadunidense, el más derechista y con mayoría en la cámara de diputados (literalmente, representantes), y el gobierno, del Partido Demócrata. Este gobierno, a cambio de que le aprobaran el presupuesto del año próximo, y condiciones para aumentar el tope de endeudamiento, aceptó una política económica neoliberal, reduciendo drásticamente la intervención en la economía y también el gasto social, comprometiéndose a no aplicar o aumentar impuestos a los multimillonarios.

Esta política económica es muy importante, porque está renunciando a las medidas que se aplicaron ante la crisis que se dio a partir de 2008 en ese país. Se renuncia a posibles medidas defensivas en el posible caso de que se venga una crisis. Y la mayor parte de Europa ya está debilitada en lo económico, y se han estado aplicando políticas también neoliberales.

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La ultraderecha y la inmigración

Jorge Durand

Durante buena parte del siglo XX el comunismo fue considerado la principal amenaza de Europa, Estados Unidos y el mundo libre.

Con la caída del muro de Berlín se derrumbó el principal enemigo de la ultra derecha y le tocó al presidente Ronald Reagan asumir el derrumbe del comunismo. Al no tener un enemigo a quién echarle las culpas, se tuvo que contentar con definir al narcotráfico como el nuevo objetivo a combatir.

Recordemos la época en que México tenía que ser evaluado, certificado, cada año por su participación en la lucha contra los cárteles. Si Calderón hubiera sido presidente en aquella época habría sido un paladín de fama mundial.

Pero la lucha contra el narco no cuajó como modelo antagónico. Hasta los políticos más puritanos en Estados Unidos tuvieron que confesar que en algún momento de sus vidas, especialmente en sus años juveniles, tuvieron algún contacto con las drogas.

Entonces la inmigración se convirtió en la nueva amenaza que necesitaba la derecha. La lucha contra los migrantes: extranjeros, pobres y diferentes podía acoger a múltiples grupos y tendencias. Es el enemigo, el pretexto perfecto, que cumple con todos los requisitos: los extranjeros son una amenaza a la identidad, un peligro para la cultura y las tradiciones, acaparaban puestos de trabajo y son ilegales, no respetan la ley. A todo esto se sumó la catástrofe de septiembre 11, que vinculó de manera definitiva el asunto migratorio a la seguridad nacional.

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Para su tranquilidad-Fisgón

• El presidente del tribunal, uno de los que aprobaron el fraude en 2006

Luna Ramos está en el TEPJF para servir a la mafia: AMLO

• Participará en espots del PRD, si son iguales a los de PT y Convergencia, dice

León, Gto., 12 de agosto. El nuevo presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Alejandro Luna Ramos, pertenece a la mafia del poder y no garantiza imparcialidad en los procesos que se generen en la elección presidencial de 2012, acusó Andrés Manuel López Obrador.

Luna Ramos no es confiable porque fue uno de los que aprobaron el fraude electoral de 2006, y está ahí al servicio de la mafia en el poder, sostuvo el ex candidato presidencial en el centro histórico de León, cuna del Partido Acción Nacional, en el contexto de una concentración de seguidores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Lo que hay que hacer es organizarnos para defender los votos abajo, en cada una de las casillas, pero tanto el consejo del IFE (Instituto Federal Electoral) como el tribunal están al servicio de la mafia en el poder; de eso no tengo la menor duda, reiteró.

Por la mañana, en una entrevista radiofónica, López Obrador se refirió a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de indemnizar a los dueños del predio El Encino, en el Distrito Federal, ciudad que él gobernó a partir de 2000.

La decisión –dijo– corrobora que carecía de fundamento el juicio político mediante el cual se le depuso de su cargo en 2005 por pretender construir ahí un camino que comunicaría a un hospital.

El juez que se encargó del expediente del desafuero, Álvaro Tobilla, es el mismo sobre el que pesan señalamientos de corrupción e inconsistencias en su evaluación patrimonial, comentó el dirigente de Morena.

En San Francisco del Rincón, el político tabasqueño respondió a una petición que le formuló el PRD mediante una carta, de que aparezca en sus espots difundidos en los tiempos oficiales del partido. Anunció que sí participará, siempre y cuando los contenidos sean los mismos que se transmiten actualmente en la radio y televisión bajo las siglas de los partidos del Trabajo (PT) y Convergencia.

Destacó la importancia de que se difundan los puntos del proyecto alternativo de nación, así como de la construcción y fortalecimiento del Morena en toda la geografía nacional, entre otros asuntos.

En entrevista que concedió al término de una asamblea informativa en en San Francisco del Rincón, donde la principal queja ciudadana fue el abandono en que se encuentran el campo y los fabricantes de zapatos, el ex jefe de gobierno del Distrito Federal aseguró: nos va a ir bien a todas las fuerzas progresistas y de izquierda en la contienda presidencial de 2012.

En relación con la crisis de la industria del calzado, sostuvo que es producto de la política neoliberal de abrir las fronteras a la importación de zapatos chinos y de otras naciones, en detrimento de los productores nacionales.

En particular, unas 40 mil familias de esta entidad resultan afectadas con la apertura de las fronteras, si se considera que en Guanajuato se elaboran cuatro de cada 10 pares de calzado en el país. Los gobernantes de los regímenes neoliberales son unos reverendos mentirosos y corruptos, y dejaron sin apoyo a los productores nacionales, subrayó.

Seguramente, los políticos, o gente cercana a ellos, están detrás del millonario negocio de calzado proveniente de Asia, comentó.

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• En junio el número de personas en esa condición superó en 60% los contabilizados en 2006

Más 2.5 millones de mexicanos no laboraron ni una hora a la semana

• Se ocupan en actividades informales y sin prestaciones 13 millones 400 mil, informa el Inegi

El universo de personas que no logró trabajar siquiera una hora a la semana se disparó a 2 millones 564 mil 100 en junio de este año, un registro que supera en 60 por ciento al contabilizado al inicio de la actual administración federal, reveló este viernes información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El mismo reporte dio cuenta de que el número de mexicanos que se desempeña en actividades informales, sin prestaciones ni acceso a la seguridad social, superó a los que tienen una ocupación permanente en el sector formal.

A la par del aumento en la la desocupación a lo largo del actual gobierno, el número de mexicanos que obtiene su ingreso de la economía informal –sector que genera más empleo que las actividades formales– creció en junio de este año a 13 millones 400 mil personas, 2 millones más que en diciembre de 2006, lo que representó un incremento de 17.4 por ciento respecto del periodo de referencia, de acuerdo con la información del Inegi.

En junio de este año una de cada tres personas que trabajan y obtienen una remuneración percibe menos de dos salarios mínimos, es decir, 119 pesos diarios. Solamente 8.9 de cada 100 trabajadores remunerados tiene un ingreso mayor a cinco salarios mínimos, esto es, más de 299 pesos por día.

La población desocupada en el segundo trimestre de este año llegó a 2 millones 564 mil 100, universo mayor en 30 mil 172 personas al registrado en el mismo periodo de 2010, de acuerdo con los resultados de la Encuesta nacional de ocupación y empleo, cuyos resultados fueron divulgados ayer por el organismo.

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EU sí "capacita" a funcionarios

Sólo se da asistencia técnica, señala el encargado de negocios

Feeley: se han impartido más cursos

El encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en México, John D. Feeley, admitió que en los pasados dos años se ha incrementado el número de cursos impartidos a agentes del Ministerio Público, policías, jueces y funcionarios, a quienes sólo se ofrece capacitación.

Luego de la denuncia publicada por La Jornada, de que altos mandos de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública federal son sometidos a exámenes de confianza por agencias de seguridad estadunidenses que participan en operativos contra el narcotráfico, insistió: Sólo se proporciona asistencia técnica.

Sin embargo, reconoció que como parte del Plan Mérida su gobierno apoya el combate a la delincuencia organizada en México, pues consideró que al ser una problemática internacional y trasnacional, como los sindicatos del crimen, la solución no puede ser estrictamente nacional en ningún país. Ni en el mío.

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Inseguridad y crisis ahuyentan a extranjeros

Maquillan funcionarios el desplome del turismo, denuncian empresarios

• Violencia entre cárteles causó la caída de la actividad, apuntan
• La ocupación hotelera en Veracruz durante esta temporada es 52 por ciento
• Otros años llegó a 100%, aseguran
• En Acapulco se han perpetrado por lo menos cien asesinatos en este periodo vacacional
• En Puerto Vallarta cierran negocios del sector

La violencia entre cárteles de la droga en los principales destinos turísticos de Veracruz ha sido factor para que la llegada de nacionales y extranjeros decreciera, mientras en Acapulco, Guerrero, aunque hubo un ligero repunte –a pesar de que se han cometido al menos 100 asesinatos durante esta temporada vacacional–, el sector no se ha recuperado en relación con años anteriores, de acuerdo con hoteleros y otros empresarios del ramo; en Puerto Vallarta, Jalisco, consideraron que se vive entre luces y sombras, debido también a la inseguridad y la crisis global.

Para los prestadores de servicios del puerto de Veracruz, las cifras doradas de la llegada de un millón de turistas en cada periodo vacacional quedaron en el pasado, pues la actividad se desplomó como consecuencia del combate al narcotráfico, a pesar de que funcionarios del gobierno estatal han rechazado tal apreciación.

Empresarios cuyas ventas repuntaban durante este periodo reconocieron que la ocupación en hoteles y el consumo en restaurantes no rebasa 60 por ciento de la capacidad instalada, lo que menguará la derrama económica calculada en otros años hasta en mil 500 millones de pesos.

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Calderón ya no debe ocultar acuerdos con EU: legisladores

• Para Pablo Gómez, el convenio de seguridad que signó el Presidente con Obama es ilegal

Si el presidente Felipe Calderón firmó una carta de entendimiento con el gobierno de Barack Obama para permitir la actuación directa de agentes de Estados Unidos en México en el combate al crimen organizado, violó la ley y la Constitución, advirtieron el senador del PRD Pablo Gómez y el coordinador priísta Manlio Fabio Beltrones.

El perredista manifestó que, en México, los pactos secretos de Estado son ilegales y el gobierno de Estados Unidos debe saber que eso no está permitido en el marco jurídico y que todos los compromisos que ahí se hubieran establecido son nulos de pleno derecho.

En entrevista por separado, Beltrones expresó que en el Senado no se conoce de un acuerdo de esa naturaleza y no podría existir, porque tendería a ser ilegal.

El también presidente del Senado resaltó que espera que los secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores, Francisco Blake y Patricia Espinosa, respectivamente, quienes en la sesión pasada de la Comisión Permanente fueron citados a comparecer, puedan aclarar todo lo relativo a la supuesta carta de entendimiento con Obama.

Beltrones recalcó que espera que los funcionarios puedan ampliar esa información y darnos una explicación satisfactoria sobre esto que se comenta, se dice y se ha escrito en distintos medios de comunicación, sobre el acuerdo para la operación de agentes de la DEA, la CIA y el Pentágono en tareas de inteligencia y en operativos contra los cárteles de la droga.

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Persisten en el país los cateos ilegales, alerta la CNDH en una recomendación

• Las acciones contra la delincuencia deben realizarse con apego al marco constitucional, señala

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer ayer su recomendación general número 19, en la que alerta sobre la persistencia de los allanamientos ilegales en el país, y subraya que dichas prácticas son contrarias a los artículos 14 y 16 de la Constitución.

Al mismo tiempo, abrió una queja de oficio en el caso de las familias que fueron víctimas de un cateo de este tipo durante la madrugada del jueves a cargo de elementos de Procuraduría General de Justicia del estado de México, entre ellas la del poeta Efraín Bartolomé y la investigadora universitaria Patricia Magaña.

El organismo informó mediante un comunicado que su personal ya le ofreció acompañamiento legal y sicológico a las personas afectadas por el operativo, realizado supuestamente en busca de armas, y subrayó que la acción de los cuerpos de seguridad contra el crimen no pueden realizarse vulnerando los derechos de las personas.

Un día después de las vejaciones cometidas contra Bartolomé y Magaña, la CNDH manifestó su preocupación por el alarmante número de allanamientos ilegales que ocurren en el país.

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Inicia investigación la CDHDF

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) inició una investigación de oficio por la irrupción de policías del estado de México en tres casas de la colonia Torres de Padierna, la madrugada del jueves, como parte del operativo para detener a Óscar García Montoya. El organismo investiga la posible intervención de policías capitalinos en los hechos, así como si se cumplieron las formalidades para el ingreso de los agentes estatales en el DF. La CDHDF manifestó su preocupación por el robo de que fue objeto el escritor, así como los daños a su casa y las de la bióloga Patricia Magaña y Victoria Rueda. El organismo dejó entrever que otros domicilios también fueron allanados en otras zonas del DF, por lo que hizo un llamado a quienes hayan sufrido estas situaciiones para que lo denuncien.

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Todas las policías violan la ley en el combate al narco: senadores

• Peña Nieto debe dar la cara; inaceptable el usted perdone: Navarrete

Senadores de PRI, PRD y PAN advirtieron que todos los cuerpos policiacos, federales y estatales, violan la ley y las garantías de los ciudadanos con el pretexto de combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada.

Los coordinadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y del PRD, Carlos Navarrete, así como el perredista Pablo Gómez y los senadores del PAN, Felipe González y Adriana González Carrillo, se pronunciaron por aplicar todo el rigor de la ley y fincar responsabilidades a las autoridades del estado de México que ordenaron la irrupción policiaca en la casa del poeta Efraín Bartolomé y otros ciudadanos.

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Demandan que juez civil procese a militares

Cuernavaca, Mor., 12 de agosto. Héctor Sánchez exigió que autoridades civiles juzguen no sólo a los dos militares detenidos por la muerte de su hijo, Jethro Ramsés Sánchez Santana, sino a todos los implicados enn la detención arbitraria, tortura, desaparición forzada y homicidio del joven.

Sánchez leyó un pronunciamiento en la funeraria Hispano Mexicana, donde la noche de este viernes recibió el cuerpo de su hijo, quien el pasado primero de mayo fue aprehendido en la feria de la ciudad por policías municipales, los cuales lo entregaron a agentes federales y éstos a militares de la 24 Zona Militar.

Tres meses y 11 días después de que desapareció su hijo, Héctor Sánchez demandó que se limpien el nombre y la memoria de Jethro, porque los policías locales y federales, además de los soldados, lo acusaron sin fundamento de pertenecer a un grupo delictivo para justificar su abuso de autoridad.

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Exigen esclarecer asesinato de joven guatemalteco

La caravana Paso a Paso por la Paz exigió el esclarecimiento inmediato del homicidio del migrante Julio Fernando Cardona Agustín, ocurrido el pasado día 7 en las vías del tren de la colonia Lechería, en el municipio de Tultitlán, estado de México. Asimismo, demandó al ayuntamiento garantías y protección a los derechos humanos de indocumentados que cruzan por esta jurisdicción.

En un comunicado, la caravana que encabezó el sacerdote Alejandro Solalinde deplora el asesinato de Cardona Agustín; detalla que el activista –de 19 años– era un indígena mam de San Marcos, Guatemala, que el pasado 2 de agosto llegó con la caravana a la Casa del Migrante San Juan Diego.

Detalla que la tarde del 6 de agosto fue visto por última vez dentro de la patrulla 203 de la Dirección de Seguridad Pública de Tultitlán, ya que había sido detenido como presunto responsable de robo. Horas después, su cuerpo fue encontrado en la zona aledaña a la Casa del Migrante.

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• No tiene presupuesto ni se ha publicado en el DOF, señalan ONG

El mecanismo de SG en pro de activistas, posible plan para lavar la cara al gobierno

El mecanismo de protección a defensores de derechos humanos dado a conocer el pasado 7 de julio por la Secretaría de Gobernación todavía no cuenta con presupuesto, criterios ni funciones definidas, señalaron varios de los participantes en el cuarto Encuentro Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, que se realizó los días 12 y 13 de agosto en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).

Además –dijeron–, en la elaboración de dicho mecanismo no fueron tomados en cuenta los propios beneficiarios y ni siquiera se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que podría ser una simple estrategia del gobierno mexicano para lavar su imagen en el extranjero.

En el encuentro realizado en el centro Prodh se analizaron –en talleres, mesas de discusión y conferencias magistrales– algunos de los principales retos que enfrentan tanto los promotores de las garantías individuales como los periodistas.

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• Expresa solidaridad a víctimas de la violencia en la región triqui

Solalinde visita campamento de desplazados de San Juan Copala

Oaxaca, Oax., 12 de agosto. Alejandro Solalinde Guerra –coordinador de la Pastoral de la Movilidad Humana de la Zona Pacífico Sur del Episcopado Mexicano– visitó el campamento de desplazados del municipio autónomo de San Juan Copala, establecido en el portal del palacio de gobierno, para manifestar su solidaridad con los manifestantes.

Esta situación me impacta muchísimo, me da mucha pena; es parte del México fragmentado y me duele doblemente, pues por ser indígenas y mujeres no se les escucha, afirmó durante su visita efectuada la noche del jueves.

Ante mujeres y niños de esa comunidad, quienes cumplieron un año acampados allí, el religioso sostuvo que si en las manos de las mujeres, y sobre todo de las indígenas, estuviera la solución de los problemas de Oaxaca y México se avanzaría más rápido.

Dicen que con los hombres se solucionan las cosas, pero pienso que no, desgraciadamente intervienen muchos intereses, señaló.

Expuso que la estadía de las indígenas triquis en el campamento resulta indigna porque estando en el cemento no puede haber vida ordinaria, no pueden atender sus animales, sus plantas, hacer su comida y en general su vida en comunidad.

¿Que necesidad hay de que estén lejos de sus tierras y de su vida?; desde la mirada de Dios me duele mucho ver esto. No es un lugar digno para ellas, asentó y demandó a los gobiernos federal y estatal tener mayor voluntad para solucionar lo más rápido el conflicto en la zona triqui, a partir de un diálogo entre las partes porque solamente así se acabará con la violencia y se alcanzará la paz.

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Los de abajo

Justicia para Ebulá

Gloria Muñoz Ramírez

¿Por qué nos quitan nuestras tierras para dárselas al rico? Se pregunta una señora de edad avanzada, integrante de una de las 70 familias que el 13 de agosto de 2009 fueron desalojadas con violencia del pueblo de San Antonio Ebulá, en Campeche. Dos años después, el agravio, la destrucción de sus viviendas y todas sus propiedades continúan impunes. La orden, denunciaron entonces, vino del empresario Eduardo Escalante, quien se dice dueño de las tierras que ellos habitan desde hace 40 años.

Ninguno olvida el día en que más de 100 personas protegidas por la Secretaría de Seguridad Pública del estado entraron por la fuerza al predio, lo destruyeron todo y agredieron a la gente, sin tomar en cuenta que las tierras se encuentran en litigio.

El Equipo Indignación, organización independiente de defensa de los derechos humanos, ha demostrado que más de 26 pruebas acreditan formalmente ante el Ministerio Público de Campeche que San Antonio Ebulá había sido reconocido como pueblo por distintas instancias oficiales, e incriminan directamente a los dueños de cons- tructora Escalante en el violento e ilegal desalojo. Existen fotografías, recortes periodísticos, resolución de un amparo sobre el juico agrario que prueban que éste se encontraba aún en litigio, así como documentación de la escuela del Conafe que funcionaba en el poblado y el registro ante programas oficiales como Oportnunidades

La destrucción y el desalojo fueron realizados por elementos de seguridad privada al servicio de constructora Escalante, hecho que incluso ha sido admitido públicamente por los representantes legales de la empresa, y que implica la comisión de flagrantes delitos marcados en el Código Penal de la entidad, pues ninguna persona puede hacerse justicia por propia mano ni sustituir a las autoridades encargadas de administrar justicia. El expediente contiene, desde hace algunos meses, la declaración del dueño de la empresa que realizó el desalojo, conocido como El Potoco, quien declaró que el señor Escalante lo contrató; admite que en el lugar había viviendas habitadas y, a pregunta expresa, señaló que si bien no le mostraron orden de desalojo, el señor Escalante le mostró un papel que acreditaba la propiedad de la tierra.

Ante la impunidad que encubre y protege al empresario responsable, el Equipo Indignación convoca a sumarse y acompañar la exigencia de justicia para Ebulá a través de una ciberacción este 13 de agosto. Más información en http://indignacion.org.mx/ebula/

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México SA

• FC y sus fundamentales
• Las maravillas de Alicio
• Octavo gasolinazo al hilo

Carlos Fernández-Vega

Andaba el tristemente célebre inquilino de Los Pinos con su desgastado pregón, el mismo de hace casi cinco años, repite y repite que la economía mexicana es un portento, que su gobierno es la mamá de todas las maravillas habidas y por haber, que nuestros fundamentales económicos son sólidos como el acero y que la crisis es externa, cuando alguien le dijo al oído: “pero Jelipe, qué cara más dura tienes, porque tu paso por la residencia oficial ha sido un verdadero desastre precisamente en lo que todos los días presumes en el discurso; si bien te va, la tasa anual promedio de ‘crecimiento’ económico en tu sexenio a duras penas llegará a 1.9 por ciento, en línea con la (primera) década perdida, la de los años 80”.

El tal Jelipe ni se enteró del reclamo, y siguió con su discurso de chile, de dulce y de manteca (de la guerra fría a la seguridad nacional; de su paso por la Secretaría de Energía al Colegio de Defensa Nacional; del crimen organizado a las tecnologías de la información; todo cabe en un pregón, aunque no lo sepa acomodar): 30 años atrás, dijo el ínclito personaje, el modelo de crecimiento era a partir del gasto del gobierno, en un contexto de economía cerrada, que finalmente terminó por agotarse y llevar al país a severísimas crisis, señaladamente, una crisis que llevó a una moratoria de deuda a nuestra patria y a México (sic y recontra sic), y a toda América Latina o casi toda, a la llamada década pérdida de nuestro continente (en realidad de Latinoamérica. Por cierto, en ese entonces se crecía a tasas superiores a 6 por ciento anual; ahora a 1.9 por ciento, en el mejor de los casos).

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El Correo Ilustrado

Critican reacción de Ebrard ante cateos

La supuesta indignación de Marcelo Ebrard por el cateo que autoridades policiacas realizaron en el domicilio del poeta Efraín Bartolomé, no solo debe quedar en eso. Debe ordenar, instruir de inmediato al procurador capitalino una estricta y profunda investigación para que los policías del estado de México sean detenidos y consignados, pues en esta entidad, no son autoridad, por lo que deberán ser procesados por usurpación de funciones, allanamiento de morada, robo en casa-habitación (delito grave). Enviar una protesta formal al gobernador Enrique Peña Nieto para que se haga de inmediato una reparación del daño integral al escritor victimizado y se comprometa públicamente a la no repetición de hechos semejantes. De igual manera, Ebrard deberá ordenar investigar al jefe de la policía capitalina por no haber actuado de inmediato por la seguridad de un habitante capitalino y por no haber hecho ninguna detención de los policías agresores del estado de México. Eso, mejor, que sólo indignarse.

José Lavanderos, por Abogados por la Justicia y los Derechos Humanos

Exigen investigar ingreso a domicilio de maestra

La comunidad universitaria ha sido agredida y, con ella, nuevamente la sociedad mexicana. El 11 de agosto pasado, alrededor de las 3 de la madrugada, la casa de la M. en C. Patricia Magaña Rueda fue allanada por entre 10 y 12 hombres armados, vestidos con uniformes negros, los rostros cubiertos, y portando chalecos con logotipos de la PFP, quienes nunca mostraron una orden emitida por un juez. Ingresaron ilegalmente y con lujo de violencia, ordenando a Patricia y a su hija tirarse al suelo.

Simultáneamente fueron allanadas las casas de los padres de Patricia y la del poeta Efraín Bartolomé y su esposa, ambas contiguas a la de nuestra querida compañera. Patricia es directora de la revista Ciencias y profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, Efraín Bartolomé es poeta, miembro de la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad.

Los abajo firmantes, miembros de la comunidad universitaria y de la sociedad en general, repudiamos este nuevo acto de violencia e intimidación, así como todos los actos de violencia que van destrozando nuestro país. Hacemos un llamado al Estado Mexicano a investigar, castigar a los responsables, hayan sido o no de la PFP, y a comprometerse a actuar con irrestricto apego a la ley.

Jorge Humberto Arce Rincón, Julio Muñoz Rubio, Laura González Guerrero, Rosaura Ruiz Gutiérrez, José Ramón Sánchez Casteñeda, Marcos Ley Koo, Alfredo Martínez Peñaloza, Javier Bracho Carpizo, Ana Irene Ramírez Galarza, Alejandro Frank Hoeflich, Ana María Cetto, Dr. Manuel Peimbert, Carlos Pellicer, Rosa María Velázquez y 530 firmas más.

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Estado policial y desprotección ciudadana

Los cateos realizados la madrugada del jueves en varias residencias del sur del Distrito Federal –entre ellas la del poeta Efraín Bartolomé– confirman la situación de pesadilla que enfrenta el conjunto de la población en el país: ésta no sólo se encuentra sometida al acoso de la criminalidad –cada vez más extendida a pesar de la supuesta estrategia gubernamental para contenerla– sino también a la violación cotidiana de los derechos humanos por parte de las autoridades y a la indiferencia oficial constante a ese respecto.

El hecho registrado en al menos tres domicilios de la delegación Tlalpan dista de ser aislado, si se atiende a la recomendación emitida ayer por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que el organismo observa con suma preocupación que los cateos ilegales constituyen una práctica común de los elementos que integran los diversos cuerpos policiales y las fuerzas armadas en auxilio a las labores de seguridad pública, y considera alarmante la cifra de violaciones a las garantías individuales –3 mil 786 entre 2006 y el presente año– cometidas durante los cateos.

En efecto, más allá de que este atropello haya sido cometido por una dependencia estatal –en este caso, la policía ministerial mexiquense–, el episodio refleja una deficiencia estructural de la estrategia de seguridad pública vigente a escala nacional: la ausencia, como correlato de las acciones policiales y militares puestas en marcha por el gobierno federal y los estatales –estos últimos en el contexto del operativo Conago I– de una política de derechos humanos que garantice la protección de los principios de libertad de tránsito y reunión; la inviolabilidad del domicilio y los documentos y datos personales; la presunción de inocencia y otros preceptos enumerados en la Constitución que han sido recurrentemente violados en el marco de la actual guerra contra la delincuencia.

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¿Por qué tantas deportaciones?

Ana María Aragonés

El gobierno de Barack Obama ha endurecido la política migratoria en contra de los indocumentados al promover la deportación de gran cantidad de trabajadores, muchos de los cuales son mexicanos, sin importar que lleven años en Estados Unidos, que hayan pagado impuestos y tengan hijos nacidos en aquel país y, por tanto, sean ciudadanos estadunidenses.

Se trata de expulsiones que por supuesto están violando los más elementales derechos humanos pues, además, muchos fueron detenidos en compañía de sus familiares, pero devueltos a México sin ellos. Esta estrategia se encuentra en medio de un gravísimo problema económico en el que los partidos Demócrata y Republicano se enfrascaron en un terrible debate, que al final llevó a la calificadora Standard & Poor’s (S&P) a rebajar la calificación crediticia de Estados Unidos de AAA a AA+, poniendo en duda su capacidad para el pago de su deuda. De acuerdo con Paul Krugman, lo que demostró es que Barack Obama se rindió y el resultado será que dañará aún más una economía deprimida, así como que la extorsión cruda de los republicanos funciona y no lleva ningún costo político.

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Trata de personas y participación ciudadana

Miguel Concha

La participación de la ciudadanía en la construcción de políticas públicas puede atravesar por diferentes retos, entre otros que la misma crítica, e inclusive el disenso con las autoridades, sean respetados, y que se considere la concurrencia de la sociedad en su debida dimensión como un acto valioso y consecuente. Que su intervención se acompañe también de la garantía de que pueda manifestar sus diferencias y elaborar propuestas desde su experiencia, y que efectivamente tengan peso en las discusiones de los espacios y en las decisiones que se tomen. Otro reto es que se respeten las diversas formas de participación; esto es, la posibilidad que tiene la sociedad, por su pluralidad, de participar en mesas de trabajo, y además llevar a cabo marchas, jornadas culturales, etcétera. Expresiones no sólo legitimas, sino que no se excluyen, y por el contrario se refuerzan entre sí. De otra forma se caería en dinámicas de simulación en espacios oficiales en los que se pretendiera otorgar, como una especie de concesión graciosa, la presencia de la sociedad, aunque limitada a asentir con docilidad bovina.

En ese escenario, lo que se estaría incentivando es la suplantación de la ciudadanía por siervos y lacayos. El 19 de julio pasado representantes de varias organizaciones civiles, que forman parte de la Iniciativa Popular contra la Trata de Personas, marcharon pacíficamente en la ciudad de Tlaxcala. El motivo de su movilización era acudir a la sede del Consejo Estatal contra la Trata de Personas, que se encontraba en esos momentos sesionando, para entregar una propuesta ciudadana acerca de la estrategia para prevenir, atender y sancionar dicho delito en ese estado.

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Sandak, regreso al siglo XIX

Arturo Alcalde Justiniani

De un día para otro, la empresa Calzado Sandak despidió a sus más de 300 trabajadores de la planta Calpulalpan, Tlaxcala. No hubo aviso previo ni justificación alguna, existe materia de trabajo y han ampliado su mercado. Al despedirlos, les informaba que ahora podrían laborar en sus domicilios o establecer una maquila; para ello les proporcionaría maquinaria y materia prima; eso sí, no tendrían salario fijo, pues ganarían según la producción; tampoco seguridad social, prestaciones ni sindicato. La conducta de esta empresa es representativa de la impunidad con la que se conducen las trasnacionales en nuestro país. Ignoran que, conforme a la ley, un cierre de esta naturaleza debe ser justificado ante la autoridad laboral a través de un conflicto colectivo de naturaleza económica; sin embargo, confían en que esta autoridad se convierta en su cómplice para abaratar el costo y las condiciones de trabajo, al crear una cadena productiva a domicilio, que consiste en encargar a ex empleados o a maquilas caseras distintas etapas del proceso, como costura y corte, recoger la producción, obteniendo así el producto terminado. Una auténtica cadena de explotación supuestamente superada por nuestra legislación social. Todo es una simulación: en realidad estamos regresando al pasado.

Sandak pertenece a la trasnacional Bata Internacional, cuyo origen se remonta a 1894 en Checoslovaquia. A principios de los años 40, traslada su centro de operaciones a Canadá. Actualmente se ostenta como la más grande productora de calzado del mundo, con operaciones en 70 países, en los cuales establece una planta matriz y centros de trabajo que califica de satélites. Cuenta con 5 mil tiendas de distribución. En México inicia operaciones en julio de 1958, estableciendo distintas plantas y una amplia red de maquila a domicilio. Con el cierre en Calpulalpan pretende concentrar operaciones en una planta en Iztapalapa, Distrito Federal, y otra ubicada en Chalco, estado de México, con la denominación Coscorsa SA de CV; con esta razón social tiene registrada la maquinaria y el equipo para protegerse de cualquier conflicto laboral.

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