acto sexual criminal, intento de violación y retención ilegal de una recamareraen un lujoso hotel de Manhattan, en el que estaba hospedado.
*Strauss-Kahn permanece arrestado en una celda en Harlem
no culpablede la agresión a una recamarera
acto sexual criminal, intento de violación y retención ilegal de una recamareraen un lujoso hotel de Manhattan, en el que estaba hospedado.
no culpablede la agresión a una recamarera
¡Qué bueno que no caímos en la trampa de las alianzas!: López Obrador
un gobierno de privilegios
A pesar de las diversas ordenanzas que dictan medidas de ahorro y reducción del gasto público, en lo que va de la administración calderonista ha aumentado el presupuesto para el pago de servicios generales y de sueldos y prestaciones de los servidores públicos. Simultáneamente, ha disminuido el gasto en programas de infraestructura y desarrollo.
Tan sólo en 2009, mientras el país se encontraba sumido en la peor crisis económica desde 1995, la política de ajuste del gasto gubernamental minó principalmente los recursos destinados a los rubros de Comunicaciones y Transportes y Educación Pública, para programas de infraestructura y de desarrollo social de la población.
La afectación sólo en estos ramos fue de 15 mil 710 millones de pesos, la tercera parte del ajuste en el gasto para paliar el boquete fiscal que resintieron las arcas públicas ese año.
Pero al tiempo que se recortaban recursos en áreas prioritarias, el gasto corriente continuó en ascenso.
Por ejemplo, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el pago en servicios personales –que incluye sueldos y prestaciones de los servidores públicos– añadió 1 mil 513 millones de pesos a su presupuesto original, equivalente a 23 por ciento.
La dependencia, entonces a cargo de Juan Francisco Molinar Horcasitas, pagó ese mismo año 2 mil 653 millones de pesos no previstos en su presupuesto en servicios generales para sus oficinas.
Sin embargo, el incumplimiento en las medidas de ahorro no ha sido exclusivo del periodo más agudo de la crisis económica reciente, como lo consigna la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su Informe sobre la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009.
De 2007 a 2009, informa la ASF, los capítulos de gasto “Servicios personales” y “Materiales y útiles” aumentaron su presupuesto 60 por ciento. En el mismo lapso, el rubro de “Servicios generales” creció 175 por ciento.
Es decir, durante la primera mitad del sexenio calderonista las áreas del gasto que se abultaron fueron precisamente aquéllas que el titular del Ejecutivo propuso reducir desde el inicio de su mandato cuando publicó el Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto en la Administración Pública Federal.
A ese precepto siguieron otros, como el Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 2008-2012 y el Programa Nacional de Financiamiento de Desarrollo 2008-2012.
Ambos establecían directrices similares sobre una meta de ahorro de 20 por ciento en los rubros operativo y administrativo; el segundo proponía además que se incluyera la evaluación de los programas para mejorar la “calidad del dinero ejercido”.
Incluso la ley en la materia fue modificada en octubre de 2007 para asentar que los ejecutores del gasto debían tomar medidas para racionalizar las erogaciones administrativa y de apoyo. Y se definió que esos ahorros debían destinarse a inversión en infraestructura y a programas de desarrollo social.
Por si fuera poco, ante el deterioro de la economía derivado de la crisis mundial en 2009 se decretaron medidas presupuestarias adicionales a través de los Lineamientos de Austeridad, Racionalidad, Disciplina y Control del Ejercicio Presupuestario 2009.
Pero en la práctica, estas disposiciones son letra muerta, pues la austeridad gubernamental sencillamente “no existe ni ha existido”, sentencia la legisladora Esthela Damián Peralta, quien forma parte de la Comisión de la Función Pública en la Cámara de Diputados.
La diputada perredista considera que, más allá del discurso, no ha habido un freno en el ejercicio del gasto público ni durante la gestión calderonista ni con sus antecesoras.
Los legisladores Mario Di Costanzo Armenta, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y Pablo Escudero Morales, presidente de la Comisión de la Función Pública, coinciden en calificar como un “fracaso” la política de austeridad del gobierno actual.
Di Costanzo Armenta añade que el gasto público se ha expandido más del ciento por ciento en la última década, a pesar de lo cual las políticas de gasto orientadas a sectores de inversión productiva y social, como educación, salud, infraestructura, energía y combate a la pobreza, han mostrado “magros resultados”.
El diputado del Partido del Trabajo, quien el pasado periodo ordinario presentó una iniciativa de ley para que el gasto corriente y de operación no pueda ser mayor que la mitad del crecimiento económico estimado, considera que el “grave dispendio” que el gobierno federal hace del erario “permite asegurar que una fuerte reducción del gasto es posible y deseable”.
Gasto corriente al alza
A pesar de las políticas de ahorro y austeridad en la materia, vigentes desde que inició el sexenio calderonista, datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) muestran que, en los últimos cuatro años, el gasto corriente en la administración pública federal ha aumentado 497 mil 644 millones de pesos.
El incremento –cercano al medio billón de pesos– contempla el crecimiento de 22 por ciento en el pago de servicios personales.
Es decir, que los casi 654 mil millones de pesos que se gastaron en 2007 aumentaron a alrededor de 800 mil millones de pesos para el año pasado únicamente en ese rubro, que incluye el pago de sueldos y prestaciones de los servidores públicos.
Parte de ese crecimiento se explica por el engrosamiento de la burocracia que ha tenido la administración de Felipe Calderón Hinojosa, que tan sólo durante la primera mitad de su sexenio incorporó a 15 mil 661 nuevos miembros en puestos de mando medio y alto.
Concretamente en 2009, mientras el país atravesaba una crisis económica que dejó sin empleo a alrededor de 700 mil personas, se crearon 2 mil 688 nuevas plazas para la alta burocracia, anota la ASF.
De acuerdo con la información referida por el órgano fiscalizador, al término del primer trienio calderonista el número de nuevas plazas de mando sumaba 50 mil 52, es decir 45 por ciento más que al inicio del sexenio y no obstante los lineamientos de austeridad que limitaban la creación de ese tipo de plazas.
El ramo donde más puestos de elite se crearon durante la crisis fue Gobernación, que incorporó a su plantilla a 1 mil 466 nuevos burócratas en un año.
El crecimiento del gasto en prestaciones sociales para los servidores públicos puede dar una idea del impacto que para las finanzas públicas ha tenido el robustecimiento de la burocracia.
Y es que mientras que en 2007 el gasto en prestaciones del sector Gobernación fue de 725 millones 991 mil pesos, para 2009 la cifra había aumentado a 878 millones 187 mil pesos. En 2010, el monto ascendió a 1 mil 14 millones 853 mil pesos, es decir, cerca de 300 millones de pesos más a los ya de por sí abultados presupuestos de la burocracia en sólo cuatro años.
Dentro de ese ramo, la Secretaría de Gobernación también mereció observaciones de la ASF por incrementos en su gasto corriente durante 2009: en la compra de materiales, ejerció 30 millones 974 mil pesos más de lo aprobado originalmente, mientras que en el amplio capítulo de “Inversión financiera, provisiones económicas, ayudas, otras erogaciones, y pensiones y jubilaciones y otras” gastó 78 millones 882 mil pesos de más.
Y todo ello con la venia de Hacienda, que autorizó esas ampliaciones en su presupuesto.
Los informes sobre las finanzas públicas que reporta dicha dependencia muestran que la austeridad en el gasto no llegará en lo que resta del sexenio: para este año se ha presupuestado 1 billón 976 mil 305 millones de pesos sólo para gasto corriente.
De ese monto, 846 mil 616 millones serán para servicios personales, 343 mil 326 millones se irán a gastos de operación y 326 mil millones de pesos más servirán para pagar jubilaciones y pensiones.
Mientras tanto, el gasto de capital total será de 646 mil 222 millones de pesos, la mayor parte (636 mil millones), destinada a inversión física.
Tan sólo su más reciente informe trimestral da atisbos de que el gasto corriente seguirá robusteciéndose: en los primeros tres meses de este año se desembolsaron 211 mil 471 millones de pesos, 4.4 por ciento más del dinero erogado en el mismo periodo de 2010.
Subejercicios por ahorros
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala en su artículo 61 que la racionalización del gasto no debe afectar el cumplimiento de las metas de los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos.
No obstante este precepto, fue precisamente en sus programas prioritarios que las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Comunicaciones y Transportes aplicaron sus medidas de ahorro en 2009.
Lo hicieron, además, en un año en que la crisis económica minó las finanzas públicas de tal forma que fue necesario ajustar el gasto público. Los Lineamientos de Austeridad, Racionalidad, Disciplina y Control del Ejercicio Presupuestario 2009 que ese año se pusieron en marcha debían afectar sólo el gasto administrativo y de operación.
Sin embargo, el 70 por ciento de las reducciones de la Sedesol se hizo en 24 de los 35 programas presupuestarios de la Secretaría, cuyo titular era entonces Ernesto Cordero Arroyo, ahora encargado de la hacienda nacional.
El “ahorro” de 3 mil 14 millones de pesos impactó principalmente a proyectos como el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades –estandarte del gobierno federal en materia de apoyo social–, al que se le redujeron 635 millones de pesos.
Otros proyectos afectados fueron el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (412 millones), el 70 y Más (606 millones) y el Hábitat (224 millones). Tan sólo en estos cuatro programas recayó el 62 por ciento de las reducciones.
También se registraron “ahorros” en los capítulos de Abasto Social de Leche y de Apoyo Alimentario.
Por si fuera poco, los recursos obtenidos por esas medidas de ahorro no se aplicaron a programas de desarrollo social, aun cuando así lo dispone la ley.
En Comunicaciones y Transportes ocurrió lo mismo, pues los ahorros tampoco se canalizaron a programas prioritarios de la dependencia, además de que las reducciones de gasto se aplicaron en 36 de los 47 programas de servicios e infraestructura que operó la dependencia ese año.
Además, los rubros de servicios personales y de servicios generales no se redujeron; por el contrario, el gasto en servicios personales aumentó 23 por ciento (1 mil 512 millones 983 mil pesos), la mayor parte a razón de incrementos al sueldo base de los servidores públicos de la dependencia y para cubrir gastos operativos.
En el caso de servicios generales, se gastó 50 por ciento más del presupuesto autorizado. La erogación adicional (de 2 mil 653 millones 539 mil pesos) sirvió para cubrir principalmente “gastos por concepto de responsabilidades, resoluciones judiciales y pago de liquidaciones, los cuales no forman parte de la operación de la SCT”, refiere la ASF.
Al gasto en obra pública le adelgazaron 15 mil 765 millones de pesos, más del doble de lo que la Secretaría reportó como reducciones al gasto ese año. Dicho recorte sirvió para ampliar los presupuestos para servicios personales, servicios generales y el capítulo “Participaciones de ingresos, aportaciones federales, aportaciones y gasto reasignado”, que comprende las aportaciones a estados y municipios.
Tras detectar estas acciones, la ASF dictaminó que, durante 2009, las medidas de austeridad “no generaron los beneficios previstos para las dependencias en sus programas de desarrollo social y de infraestructura”.
Sumado al incumplimiento de la ley que supone el haber ejercido reducciones en el gasto de programas prioritarios, el diputado Escudero Morales apunta que esos ahorros podrían tratarse de subejercicios.
El presidente de la Comisión de la Función Pública recuerda que ha sido precisamente la SCT la que mayores subejercicios ha presentado en los últimos años de entre todas las dependencias de la administración pública central.
De acuerdo con datos de la SHCP, entre enero y septiembre de 2009 la dependencia acumulaba 1 mil 250 millones de pesos sin ejercer. Aunque en el último informe de ese año Hacienda reportó el subejercicio como “subsanado”, en ese periodo el monto de su “ahorro” fue de 1 mil 639 millones 846 mil pesos.
A decir del legislador del Partido Verde Ecologista de México, ello evidencia la ineficacia del trabajo de las dependencias responsables de ejercer el gasto y de las secretarías de Hacienda y de la Función Pública para vigilar su correcto cumplimiento.
Durante el año pasado, la SCT tuvo un subejercicio de 2 mil 517 millones de pesos, prácticamente el doble que el año anterior, con lo que de nueva cuenta figuró como la dependencia con el mayor subejercicio. La cifra corresponde sólo a los primeros nueve meses del año, pues al final de 2010 la SHCP reporta todos los recursos no ejercidos como “subsanados”.
Juan José Suárez Coppel –quien fuera cuestionado en septiembre de 2009 cuando Felipe Calderón lo hizo director de Petróleos Mexicanos (Pemex)– enfrenta graves problemas de corrupción en una de las principales subsidiarias de la paraestatal.
No es la primera vez que a Suárez Coppel se le implica en escándalos de este tipo: a principios de 2009, cuando Francisco Gil Díaz quiso hacerlo consejero externo de la empresa, el Congreso lo vetó, entre otras razones, por la protección que supuestamente brindó a los negocios ilícitos de los hijos de Marta Sahagún durante el sexenio del esposo de ésta, Vicente Fox, precisamente en Pemex (Proceso 1715).
Ahora la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados investigan un caso de presunto tráfico de influencias: el subdirector de Pemex Refinación, Bernardo de la Garza Hesles, otorgó un contrato de 42 millones de dólares a la empresa estadunidense KBC Advanced Technologies, sin licitación de por medio.
Además de su inexperiencia en el ramo –es un abogado que ha mantenido en el estancamiento el Sistema Nacional de Refinación, según datos de un informe interno de Pemex–, De la Garza creó la estrategia ideal para otorgar contratos sin licitación con el argumento de que son “urgentes”.
El 27 de agosto de 2010, mediante el oficio CAAOS/REF/015/2010, Iván García Díaz, secretario del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de Pemex Refinación, le informó de los nuevos lineamientos para resolver las urgencias de la empresa a Miguel Tame Domínguez, director general de la subsidiaria.
Entre otros puntos el oficio precisa:
“Se aprueba la creación de un Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios temporal para que atienda los asuntos urgentes de la administración de Pemex Refinación, el cual se regirá en términos similares al subcomité temporal creado por el CAAOS de Pemex Exploración y Producción.
“El subcomité únicamente estará encargado de dictaminar sobre la procedencia de no celebrar licitaciones públicas y definir los procedimientos de contratación a seguir entre la invitación restringida y la adjudicación directa, respecto de los 51 casos urgentes que tiene relacionados Pemex-Refinación.”
Dicho subcomité quedó integrado, según el acuerdo del 27 de agosto de 2010, por el subdirector de Finanzas y Administración, la gerencia de Recursos Materiales, la Subdirección de Producción, ocho áreas más de Pemex y un invitado, si se considera necesario.
Ese mismo día, De la Garza asignó un contrato de 42 millones de dólares –que fue dividido en tres fases para amortiguar el impacto de la suma– a KBC Advanced Technologies para realizar trabajos de mejoría en el desempeño del Sistema Nacional de Refinación. La vigencia del contrato es de dos años, de diciembre de 2010 a diciembre de 2012, aunque diversas denuncias de trabajadores sostienen que esa compañía comenzó a operar en octubre de 2010.
El contrato centra sus objetivos en el mejoramiento de la producción de las seis refinerías de Pemex. Pese a que desde 1997 comenzaron a ser reconfiguradas, hasta la fecha no se ha podido abatir la importación de combustibles: la paraestatal compra en el exterior más de la mitad de los 790 mil barriles diarios que se necesitan para el abasto nacional.
El presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Felipe de Jesús Cantú, confirmó públicamente que ese órgano ya investiga el presunto acto de corrupción de De la Garza y pidió a la ASF que inicie una auditoría contra el funcionario.
Por su parte el vicecoordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Agustín Guerrero, reconoció ante los medios que la Comisión Especial que investiga actos de corrupción en Pemex ahora indaga irregularidades presuntamente cometidas por De la Garza.
Expuso: “El caso del subdirector de Pemex Refinación, Bernardo de la Garza, es uno de los asuntos que están dentro de la agenda de la comisión y que se agrega justamente a las investigaciones que viene realizando la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación.
“También hemos convenido en citar a varios funcionarios y exfuncionarios de Pemex justamente para que se puedan transparentar todas las denuncias en materia de asignación de contratos en forma ilegal y fraudulenta. El caso de Bernardo de la Garza constituye uno de los asuntos de presuntos actos de corrupción en el que la comisión ya ha tomado cartas.”
La Comisión de Energía indaga además una red de funcionarios dedicada al cobro de comisiones a las empresas beneficiadas con contratos millonarios asignados en diversas áreas de Pemex, pero particularmente los que se han otorgado en el último año en Pemex Refinación.
Según numerosas denuncias que trabajadores de las refinerías han hecho llegar a la Cámara de Diputados, y cuyas copias tiene este semanario, Luis Morales Galicia, jefe de Recursos Humanos de la refinería Francisco I. Madero el sexenio pasado –el director de Pemex Refinación entonces era Juan Bueno Torio–, encabeza la lista de funcionarios ligados a la venta de plazas y al cobro de comisiones a las compañías beneficiadas con contratos de obra.
Morales Galicia es amigo de Carlos Riquelme Cacho, secretario particular de Bernardo de la Garza. De acuerdo con las denuncias “dicha persona se ha encargado de girar instrucciones a los superintendentes de rehabilitaciones y modificaciones para que asignen contratos a las empresas que él designa, todo esto con el apoyo del subdirector de Pemex Refinación”.
Según dichas denuncias Riquelme Cacho es responsable de tramitar asignaciones, contratos y adquisiciones de diversa índole; colocó en las refinerías de Madero y Cadereyta a dos superintendentes de su confianza –Eduardo Gaytán Moreno y Rodolfo Castillo Bújaros–, “quienes otorgan contratos a la empresas relacionadas con el anterior subdirector (de Pemex Refinación), Francisco Toscano”.
A partir de estas denuncias, la Comisión de Energía también comenzó a investigar la asignación de varios contratos supuestamente “amañados” otorgados a empresas que ya operan en distintas refinerías.
El entramado de irregulares lo componen el contrato Co-RMAD-108-10, fechado el pasado 14 de octubre y asignado al Consorcio Industrial Cadereyta para dar servicio de “mantenimiento de calor No 040-1E-05-A/B, 040-2-E06-A-/B de la planta de alquilación de la refinería Francisco I. Madero”. El monto inicial fue de 6 millones 191 mil dólares, pero se aumentó a 22 millones de dólares sin justificación aparente, según la denuncia, “por instrucciones de Carlos Riquelme”.
Se indaga el contrato Co-RMAD-13 3-10, del 1 de noviembre de 2010, también asignado por el grupo encabezado por Riquelme, Carlos Murillo y Eduardo Gaytán al Consorcio Industrial Cadereyta para realizar trabajos de “restauración y desmantelamiento de línea de proceso emplazadas en la planta de alquilación U-040 de la refinería Francisco I. Madero”. El monto: 8 millones 713 mil 661 dólares.
Las pesquisas por presunto tráfico de influencias en Pemex también incluyen la asignación de dos contratos más –Co-RMAD-008-10– otorgados el 19 de abril de 2010 a Construcciones Industriales Everest y cuyo monto asciende a 2 millones 900 mil dólares y 15 millones de dólares, respectivamente, para realizar trabajos de reparación en el calentador de la planta de alquilación de la refinería Francisco I. Madero.
Otro caso fue el de la licitación número RCDY-LPN-OP-031-2010 para restaurar “el tanque cilíndrico vertical techo cónico fijo, clave TV517”, por un monto de 9 millones 949 mil dólares que ganó la empresa Global Romorake.
Dice la denuncia: “Resulta interesante dicha licitación, ya que como se podrá revisar y constatar, todas las compañías que participaron resultaron descalificadas técnicamente y financieramente. La única empresa que pasó la evaluación fue la empresa ganadora, es decir, ni siquiera 1% de los participantes pasaron.
“Sabemos, y esto es parte de lo que los diputados y las autoridades federales deben investigar en Pemex, que Carlos Riquelme dio instrucciones precisas para que se le asignara sin ningún contratiempo el contrato a la empresa Global Romorake, por lo que resulta absurdo y oscuro que descalifiquen a todas las compañías para beneficiar a una sola, la seleccionada por la subdirección.”
El pasado 3 de abril, la Procuraduría General de la República (PGR) integró un acta circunstanciada para indagar las presuntas maniobras fraudulentas y de tráfico de influencias de Bernardo de la Garza Hesles por otorgar el contrato de 42 millones de dólares sin licitación a KBC Advanced Technologies.
Una fuente consultada en la PGR sobre este caso, y que solicitó el anonimato, dice a Proceso que el caso de De la Garza puede constituir la posible comisión de varios delitos, entre otros: ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y tráfico de influencias. Aclara que el acta circunstanciada servirá para determinar si se requiere la querella de la Secretaría de la Función Pública para comenzar una averiguación previa.
–¿La PGR investiga a otros funcionarios de Pemex? –se le pregunta.
–En un caso relevante como éste es difícil que se actúe solo. Se requiere el concurso de muchas personas. Eso lo determinará la investigación.
Refinerías en ruinas
Pese a que desde 1997 comenzaron los trabajos de modernización del Sistema Nacional de Refinación de Pemex para reducir la importación de combustibles, dicho proyecto fracasó, según acreditan los datos de la paraestatal.
La corrupción en las refinerías tiene historia: comenzó en el sexenio de Ernesto Zedillo, cuando empezó la reconfiguración de la planta de Cadereyta, Nuevo León, y con ello el megaproyecto de modernizar las seis refinerías de la paraestatal en el país.
Planeada como la obra emblemática del sexenio de Zedillo, la refinería de Cadereyta terminó convertida en un embrollo tan grande que llegó a litigarse ante un tribunal internacional en París.
En el expediente Cadereyta –cuyo proyecto se tasó en 200 millones de dólares y terminó costando mil 800– hay de todo: “Mordidas millonarias”, mala planeación, tráfico de influencias, contratos sin validez jurídica, subcontrataciones fuera de control, materiales con sobreprecios, entre otras anomalías que dieron al traste con el proyecto, según se plasma en las denuncias hechas llegar al Congreso.
Cadereyta fue la primera refinería que se reconfiguró. Los trabajos comenzaron en 1997 y se estableció que estarían concluidos en dos años, pero en 2002 la reconfiguración aún no terminaba y actualmente dicha planta ya se considera obsoleta pues no refina los combustibles pesados que se tienen que enviar a Estados Unidos.
Para completar el megaproyecto de modernizar las refinerías seguiría la reconfiguración de otras cinco: Tula, Salamanca, Madero, Salina Cruz y Minatitlán. Adicionalmente Pemex construye otra refinería en Hidalgo.
En 14 años de trabajos de modernización la única refinería por modernizar es la de Minatitlán, Veracruz, que tiene dos años y medio de retraso. Pero aun cuando los trabajos concluyan, Pemex no tiene capacidad para producir los combustibles que se consumen en el país.
Según estimaciones de Pemex, la reconfiguración de la refinería de Minatitlán estaría terminada en marzo de este año, pero ahora la paraestatal dio un nuevo plazo y será en agosto cuando terminen los trabajos. Este retraso implica, reconoce Pemex, que unos 50 mil barriles diarios de gasolina se sigan importando, lo que se suma a los 400 mil que actualmente se traen de Estados Unidos para el abasto nacional.
Pese a que sólo queda una refinería por reconfigurar, el Sistema Nacional de Refinación ya es obsoleto y genera pérdidas cuantiosas, según cifras oficiales.
De acuerdo con el estudio interno denominado Diagnóstico de Pemex Refinación, cuya copia tiene Proceso, esa subsidiaria “enfrenta una situación desfavorable ocasionada por graves deficiencias operativas y restricciones de infraestructura, institucionales, normativas, de regulación y relativas a la insuficiencia de recursos para financiar sus programas de operación, mantenimiento y expansión”.
No obstante las inversiones en la modernización de las plantas, las refinerías están en colapso por falta de rendimiento:
“La situación”, sostiene el informe de Pemex, “es especialmente crítica en el caso de la infraestructura de producción, que ha permanecido con un crecimiento limitado en capacidad frente a una demanda de petrolíferos que aumenta a tasas más elevadas que la economía nacional. Este conjunto de factores, en combinación con la política de precios y restricciones administrativas, ha repercutido en los resultados financieros de la empresa, que ha presentado pérdidas desde su creación como organismo subsidiario”.
Datos de Pemex indican que actualmente se requieren 790 mil barriles diarios de combustibles para abastecer el mercado nacional, de los cuales alrededor de 400 mil se importan de Estados Unidos.
Como consecuencia de las excesivas importaciones, Pemex arrastra pérdidas desde hace 10 años. El informe citado indica que la paraestatal ha dejado de ganar 52 mil 696 millones de dólares mensuales.
A la baja producción de las refinerías y a las pérdidas se suman los recurrentes paros de operaciones y los accidentes, que han aumentado y cuestan vidas. En los últimos cuatro años, el índice de accidentes fue de 1.06% y el de paros no programados en las plantas por mala operación y planeación fue de 9.6% en 2010.
Lejos de reparar las fallas en el Sistema Nacional de Refinación, Juan José Suárez Coppel insiste en que a Pemex le conviene más refinar petróleo fuera de México.
En tanto se revierte esta situación, en Pemex Refinación los altos funcionarios siguen repartiendo contratos y concesiones para amigos y socios, como si la subsidiaria fuera un gran botín.
trampade una alianza con AN
Todos, con diferentes maneras y palabras, llamaron a la unidad para que la izquierda triunfe el 3 de julio en el estado, y a mantener esta cohesión para las elecciones presidenciales de 2012.
López Obrador explicó que la unidad en torno a Encinas se debe a que es un dirigente honesto, ejemplar, con principios y convicciones
, y celebró estar junto a Cárdenas, precursor del movimiento democrático de nuestros tiempos
, y de mi amigo, mi compañero, el gran gobernante de la ciudad de México
, Marcelo Ebrard.
Indicó que, juntos, los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia, integrantes de Diálogo para la Reconstrucción de México (Dia), ganarán en el estado y luego, en 2012, volveremos a ganar la Presidencia de la República
.
Aunque aclaró que no era momento de polémicas, “no está de más decir: ¡qué bueno que vamos juntos! ¡Qué bueno que no caímos en esa trampa de ir a las alianzas con el PRI o con el PAN! Eso representa una gran simulación.
Es del dominio público que son lo mismo. No nos confundamos: la mafia en el poder tiene el control del PRI y del PAN
, y ahora que ya no le sirven
el blanquiazul ni Felipe Calderón inició una operación de recambio y apuesta a que regrese el tricolor con Enrique Peña Nieto, afirmó, a unos pasos de los dirigentes perredistas Jesús Zambrano, Carlos Navarrete y Luis Sánchez, así como del coordinador nacional de Dia, Manuel Camacho Solís, principales impulsores de esos acuerdos.
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Morelia, Mich., 16 de mayo. La hermana del Presidente de la República, Luisa María Calderón Hinojosa, acusada por sus opositores de utilizar recursos federales para que el Partido Acción Nacional (PAN) la postule a la gubernatura, negocia acuerdos de publicidad con medios de comunicación local. Nos enfrentaremos a una elección de Estado
, afirmó el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Víctor Báez Ceja.
El PRD está en alerta ante los cuestionamientos de una fracción del panismo por uso de recursos federales en favor de la aspirante
, indicó Víctor Báez en conferencia de prensa.
El dirigente agregó que existe una pugna entre Luisa María Calderón y el senador panista Marko Cortés, “quien acusa a la hermana del Presidente de estar detrás de la guerra sucia en su contra”.
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Cuernavaca, Mor., 16 de mayo. Lo más importante para los integrantes de la Red por la Paz y la Justicia es firmar el próximo 10 de junio en Ciudad Juárez, Chihuahua, el Pacto Ciudadano por un México en Paz con Justicia y Dignidad, dio a conocer el activista Rocato. Indicó que por ello pasa a segundo término el diálogo con el presidente Felipe Calderón, quien ha manifestado reiteradamente que no cambiará su estrategia militar para combatir al narcotráfico.
En conferencia de prensa que ofreció este lunes ante la ofrenda floral colocada a la entrada del palacio de gobierno, Rocato señaló que al momento la red se concentra en las actividades previas al fortalecimiento del pacto ciudadano, como movilizar a la sociedad en contra de la violencia, así como en repudio a las muertes de civiles y la estrategia gubernamental contra la delincuencia organizada.
El pacto contemplará como ejes la exigencia de verdad y justicia; poner fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadano; combatir la impunidad y la corrupción; la exigencia de combatir la raíz económica y las ganancias del crimen; la atención de emergencia a la juventud y acciones efectivos de recuperación del tejido social, así como democracia participativa, representativa y democratización de los medios de comunicación
, dijo.
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Monterrey, NL, 16 de mayo. La defensa de los siete soldados implicados en la muerte del médico Jorge Otilio Cantú, ocurrida el pasado 18 de abril, solicitó a la juez tercero de lo penal encargada del caso, Rosa Linda Zapata, que se inhiba de seguir conociendo el proceso y lo envíe a un tribunal de justicia castrense. Fuentes cercanas al caso revelaron que dos abogados militares y dos de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) estatal asumieron la defensa de los acusados, quienes ayer al mediodía habrían empezado a rendir su declaración preparatoria ante la juez. Los siete soldados, integrantes del grupo que desde febrero pasado da apoyo a la SSP, quedaron arraigados desde el 25 de abril por participar en un enfrentamiento con presuntos criminales, en cuyo fuego cruzado quedó atrapado Otilio Cantú, y por colocar un arma en el vehículo en el que circulaba el civil.
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Cosméticas, las medidas anunciadas por ese instituto, asegura
El sacerdote Alejandro Solalinde aseguró: ¿Cómo es posible que si el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Salvador Beltrán del Río, conocía la información de que 200 servidores de esa dependencia habían sido cesados y que a 40 de ellos se les inició proceso penal por faltas graves en que incurrieron, se haya atrevido a afirmar en abril pasado, en la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, que en México no hay corrupción ni impunidad, y que el organismo que preside pasa todos los controles de confianza
.
Claro, abundó el religioso, él sabía que mentía. Nosotros dimos allá nuestra visión y documentamos casos de violaciones a los derechos humanos de los migrantes, incluso secuestros
.
Solalinde cuestionó: ¿Cómo le voy a creer al comisionado? ¿Cómo espera que sea tomado en serio, si muchos atestiguamos lo que dijo en la ONU, y desde entonces sabíamos que no era verdad?
El gobierno, aseveró, “sabe que lo que anunció son medidas cosméticas. El INM es indispensable para cumplir los acuerdos del Plan Mérida, por eso lo mantienen, pero no está al servicio de los derechos humanos de los migrantes.
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La Procuraduría General de la República (PGR) informó que por la venta, secuestro y trata de indocumentados el Poder Judicial ha emitido 642 sentencias en el país, de las cuales 67.6 por ciento corresponde a esos delitos cometidos en Chiapas, entre 2000 y febrero de 2011.
En información entregada al Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai), reveló además que la unidad especializada en la investigación de tráfico de menores, indocumentados y órganos indicó que de 2003 a diciembre de 2010 inició 147 averiguaciones previas por el delito de tráfico de migrantes.
De ese total, 79 casos están en trámite, en 28 se consignó a los presuntos culpables, en 19 se declaró la incompetencia, 13 quedaron en reserva, cuatro fueron acumulados y en otros cuatro se autorizó el no ejercicio de la acción penal.
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Los senadores Rubén Velázquez, José Luis García y José Guadarrama, del PRD, hicieron un llamado al Ejecutivo a que publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley de Migración y su reglamento interno, para garantizar el respeto de los derechos humanos de los migrantes.
Velázquez insistió en la urgencia de que se publique dicha ley con su reglamento, con la finalidad de brindar certeza y seguridad jurídica a miles de personas extranjeras que transitan o residen en el país, así como para cumplir con lo dispuesto en los diversos instrumentos internacionales suscritos por México en materia de derechos humanos.
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El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Juventino Castro y Castro (PRD), solicitó a legisladores de los demás grupos legislativos analizar si la minuta del Senado en materia de reforma política invade las atribuciones constitucionales de los diputados en la definición del Presupuesto de Egresos.
Además, revisar si la modificación al artículo 84 constitucional –votado por los senadores– respecto de la designación automática de un presidente de la República sustituto también pasa encima de otra facultad del Congreso, que debe erigirse en colegio electoral para nombrar un interino si la falta absoluta del titular del Ejecutivo ocurre en los dos primeros años del sexenio, o designar un relevo en caso de que la ausencia ocurra en los últimos cuatro años del mandato.
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La comisión especial de diputados que investiga los daños ecológicos causados por Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que la trasnacional alemana The Lind Group instaló su planta de inyección de nitrógeno para la extracción de gas natural en el área protegida Laguna de Términos, en la sonda de Campeche, con un permiso que le concedió la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
En el informe que la comisión entregó sobre la visita que en marzo pasado realizó a las comunidades afectadas, destacó que la planta, que opera desde 2002, produce 1.5 millones de pies cúbicos de nitrógeno, mientras la de recompresión de gas propiedad de Pemex procesa 500 millones de pies cúbicos de gas.
La comisión lamentó que, a pesar de las quejas de habitantes y de la solicitud expresa que hace 10 meses envió a la paraestatal para determinar si ambas plantas generan residuos que han provocado casos de cáncer en las vías respiratorias, Pemex no ha respondido.
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Está acusada de violación equiparada; habría encubierto el ultraje a un menor de edad
el interés superior del niño como criterio interpretativo, y que en el caso concreto se demostró la responsabilidad y complicidad de la directora del plantel en la comisión del delito de violación equiparada.
En la sesión intervinieron los cinco integrantes de la primera sala; sólo Arturo Zaldívar apoyó la postura de Sánchez Cordero, quien propone negar el amparo a la quejosa; José Ramón Cossío, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Jorge Mario Pardo Rebolledo dijeron que no estaba comprobada la responsabilidad de la directora.
Este martes se espera que los otros seis ministros fijen su postura y, de acuerdo con fuentes consultadas, sólo se tiene la certeza de que el ministro presidente Juan N. Silva Meza apoyará el proyecto en contra de conceder el amparo.
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La Familia Pasta de Conchos, ONG y defensores de derechos humanos demandaron ayer a diputados de PRI y PAN no aprobar sus iniciativas de reforma a la Ley del Trabajo, al considerar que violan los derechos humanos de los trabajadores y legalizarán la subcontratación que, acusaron, han permitido a los patrones eludir sus responsabilidades de seguridad social y en el trabajo, y fomentado la discriminación salarial a las mujeres.
Ayer, al continuar los foros de consulta sobre la reforma laboral, Tania Muñoz Martínez, hija de Vladimir Muñoz Delgado, uno de los 65 mineros fallecidos en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, por la explosión del 19 de febrero de 2006, cuestionó que el proyecto priísta ignora la mayoría de las recomendaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos e incluso toma una dirección distinta.
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Este lunes comenzó en Coahuila el operativo conjunto de diversas instituciones federales para la verificación de unidades mineras en aquella entidad, revisión que fue comprometida en una reunión en Nueva Rosita, entre los gobiernos federal, estatal y municipal. En un comunicado se indicó que el propósito es supervisar al menos cien centros de trabajo, durante los primeros noventa días de vigencia de este operativo.
Se indicó que a través de la Inspección Federal del Trabajo se revisará el cumplimiento de las condiciones de seguridad y de la normatividad laboral por parte de concesionarios y empleadores, a través de la Norma Oficial Mexicana de Seguridad para Minas Subterráneas de Carbón.
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