martes, julio 15, 2008
La incongruencia
Rodríguez Zapatero
MADRID.- El pasado 22 de junio, mientras 16 millones de espectadores españoles festejaban cada gol de su selección de futbol en la agónica serie de penaltis contra Italia en la semifinal de la Eurocopa, un grupo de africanos magrebíes y subsaharianos llegaron a Melilla, ciudad española ubicada en el norte de África.Ahí, los guardias marroquíes y españoles apostados en el paso fronterizo de Beni Enzar veían el futbol por televisión. Los africanos aprovecharon esa situación y varias decenas de ellos cruzaron los puestos fronterizos. Sin embargo, la Guardia Civil española detuvo a 70 y los deportó.
Al día siguiente, otros 30 africanos intentaron lo mismo y fracasaron.
No fue la invasión de hombres desesperados a Melilla y Ceuta –reductos españoles que constituyen la verdadera frontera sur europea–; en 2005 miles de africanos intentaron saltar las mallas limítrofes para llegar a Europa. El saldo fue de 13 muertos y 600 heridos.Después de Estados Unidos, España es el segundo país con mayor número de inmigrantes: 5 millones 220 mil, que equivalen a 11.3% de la población del país, de acuerdo con un informe que el Instituto Nacional de Estadística (INE) difundió en enero pasado.El crecimiento ha sido explosivo: del año 2000 a la fecha, España registró tasas de inmigración de 2.8%, una de las mayores en el mundo y de tres a cuatro veces mayor que la tasa media de Estados Unidos. Empujado por la crisis económica de España, el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ha empezado a compartir el endurecimiento de la política migratoria con la mayoría de países de la Unión Europea (UE), que tienen gobiernos de derecha. Rodríguez Zapatero es uno de los principales defensores de la Directiva del Retorno que el pasado 18 de junio aprobó la UE y que entre otras medidas autoriza la retención de inmigrantes ilegales hasta por 18 meses y prevé el envío de menores de edad a países distintos al de origen. Interlocutor europeo con Latinoamérica, el gobierno español convocó el pasado 24 de junio a los embajadores de estos países, incluido México, para una reunión privada a fin de tranquilizarlos y explicarles el contenido de la mencionada directiva. El encuentro fue encabezado por la secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, y por el secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, quienes dijeron que las normas españolas garantizarán los derechos humanos de los inmigrantes. Jiménez explicó que la directiva de la UE establece “un mínimo de garantías (de protección a inmigrantes) donde antes no las había (…) y no obliga a que las reduzcan aquellos países que ya tenían más y mejores garantías, como es el caso de España”, que fija el plazo máximo de retención en 40 días.Un diplomático mexicano que participó en la reunión explica que esta norma no afectará a la reducida comunidad mexicana en España. Según datos del Ministerio de Trabajo y del Departamento de Extranjería hay alrededor de 10 mil mexicanos con documentos de residencia, la mayoría estudiantes de posgrado, ejecutivos y empleados de empresas multinacionales, así como parejas de ciudadanos españoles.El diplomático dice que España no cambiará su política con México. Incluso, enfatiza que recientemente ambos gobiernos firmaron un acuerdo de flujos migratorios que incluye la contratación temporal de trabajadores mexicanos por empresas españolas.
Retorno forzado o voluntario
En 2005, durante el primer año de su gobierno, Rodríguez Zapatero aprobó la regularización de 700 mil inmigrantes que se encontraban en su país ilegalmente. Sin embargo, en el presente año –cuando inicia su segundo mandato– el presidente español ha impulsado medidas para evitar el ingreso de inmigrantes ilegales y devolver a sus países de origen a los que ya están aquí. Algunas medidas son las de siempre. El 28 de junio unos 60 agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana y Extranjería hicieron una redada en la localidad Torre Pacheco, en Murcia, para identificar a los inmigrantes y entregarles oficios de expulsión. Con ayuda de policías locales, los agentes concentraron a los inmigrantes en las plazas del centro y detuvieron a 59 indocumentados. Además, el pasado 8 de abril, Rodríguez Zapatero anunció que exploraría “con carácter de inmediato” nuevas fórmulas que incentiven a los inmigrantes que pierdan su empleo a volver a sus países de origen. Declaró que mantendrá los acuerdos ya establecidos con países de origen de los migrantes, a fin de que las contrataciones se realicen en sus territorios, y también promoverá convenios similares con aquellas naciones en las mismas condiciones. Así mismo se comprometió a reforzar el control en las fronteras, para lo cual pidió la participación de la UE, y dijo que combatirá las redes de tráfico de personas.El pasado 24 de junio, durante su participación en el Forum Nueva Economía, el ministro español de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, anunció que en septiembre próximo iniciará un programa para impulsar, mediante incentivos económicos, el regreso de un millón de inmigrantes desempleados a sus países. Con este programa los extranjeros que carezcan de empleo podrán cobrar en dos entregas todos los subsidios de desempleo que hayan acumulado, pero a cambio deberán renunciar a sus permisos de residencia y de trabajo, además de comprometerse a no regresar en al menos tres años a España. Después de este período podrán solicitar su regreso, pero el gobierno se reserva el derecho de aceptarlos o no, aun cuando sus solicitudes tendrán prioridad sobre las de aquellos que pretendan entrar por primera vez.El ministro también propuso modificar la Ley de Extranjería para impedir el ingreso a familiares de ilegales, como abuelos, suegros o hijos mayores de 18 años. En el mismo foro, Corbacho informó que 700 mil extranjeros no tienen tarjeta de residencia.Hasta abril pasado había en España 165 mil extranjeros desempleados provenientes de países ajenos a la UE. La mayoría de ellos son marroquíes (37 mil 801), ecuatorianos (22 mil 192) y colombianos (219 mil 599) y se ubican sobre todo en los sectores de la construcción y la hotelería.Eduardo Quezada, ecuatoriano que tiene nueve años de residir en España, dice que “ya es momento de regresar (a su país). Aquí las cosas se están poniendo muy complicadas (...) No puedo seguir pagando mi hipoteca en Ecuador, y aquí seguir pagando una renta, y sin trabajo... Veré un par de opciones de trabajo en estas dos semanas y decidiré”. Hasta enero de 2005, la comunidad ecuatoriana fue la más grande en España, con empleo o sin él: eran más 490 mil inmigrantes; hoy son 420 mil y ocupan el tercer sitio, después de los rumanos (728 mil 967) y marroquíes (644 mil 688).Las autoridades españolas y Frontex, organismo encargado de la seguridad de las fronteras de la UE, han reforzado la operación Hera de vigilancia marítima, que se aplica desde 2006 en las costas africanas de Guinea, Senegal y Mauritania, así como en las islas Canarias.De hecho, el pasado 1 de julio la organización Amnistía Internacional acusó a España de forzar al menos a uno de esos países a realizar detenciones preventivas, según se desprende de su informe Mauritania: Nadie quiere tener nada que ver con nosotros. Esteban Beltrán, director de AI en España, dijo en conferencia de prensa que “la presión de la UE y en especial de España está provocando violaciones de los derechos humanos en Mauritania”.Dicho país persigue en su territorio a potenciales emigrantes y los encarcela. También ha aceptado recibir a los extranjeros expulsados de España que hayan zarpado de sus costas, aunque provengan de otro país africano. l
pacto perverso
Inmigrantes. Criminalización
Para el presidente francés Nicolas Sarkozy, quien actualmente encabeza la Unión Europea, la recién aprobada Directiva del Retorno para inmigrantes ilegales es insuficiente. Por ello impulsa el llamado Pacto Europeo de Inmigración y Asilo. Su objetivo: que los gobiernos de este continente adopten me-didas comunes para controlar los flujos migratorios. Sin embargo, ese pacto –que en los hechos criminaliza a los indocumentados y hace ver a todos los extranjeros como una amenaza– no ataca las causas profundas del fenómeno y se presta a la manipulación política.
PARÍS.- ¿La Unión Europea armonizará algún día su política de inmigración?El presidente francés Nicolas Sarkozy lleva dos años moviendo cielo y tierra para lograrlo. En septiembre de 2006 defendió por primera vez esa idea en una reunión informal de ministros del Interior de seis países europeos.Luego convirtió ese proyecto en uno de los caballos de batalla de su campaña presidencial. Apenas ocupó el palacio presidencial, Sarkozy encomendó a Brice Hortefeux, ministro de Inmigración y de la Identidad Nacional, una misión especial: convencer a los otros 26 dirigentes europeos de la “imperiosa” necesidad de definir una política de inmigración común. El tema es actualmente una de las grandes prioridades de Sarkozy como presidente de la Unión Europea (UE).Una prueba de ello: el lunes 7 y el martes 8 –una semana después de que Sarkozy asumió la presidencia de la UE–, Hortefeux reunió en la ciudad sureña de Cannes a los ministros del Interior de la unión para presentarles el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo, elaborado por Francia pero corregido por España y Alemania.El documento fue aprobado por los ministros y ahora tiene que ser formalmente adoptado por el Consejo Europeo que se reunirá el próximo 15 de octubre.Con ese pacto, criticado por organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos y numerosos analistas, se pretende controlar todos los flujos migratorios –legales e ilegales– que llegan a Europa. Sus impulsores instan a los dirigentes de la UE a que respeten cinco grandes compromisos: promover una “inmigración legal escogida” en función de las necesidades del mercado del trabajo europeo y limitar al máximo la reagrupación familiar; proteger a Europa de la inmigración ilegal reforzando el control de las fronteras; organizar el regreso efectivo de los extranjeros ilegales a sus países; elaborar una definición y una política comunes del asilo, y promover el codesarrollo y la ayuda al desarrollo de los países de origen de los indocumentados.
Hipocresía
Driss El Yazami, secretario general de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y respetado historiador marroquí especializado en los problemas migratorios, explica a la corresponsal:“Por lo menos en la versión del texto aprobada en Cannes se canceló la obligación impuesta a los inmigrantes legales de firmar un ‘contrato de integración’. Esa medida, que figuraba en el primer documento presentado por Francia, implicaba ‘un aprendizaje de las identidades nacionales y de los valores europeos’. “Ahora ya no se menciona semejante aprendizaje. En cambio, se insiste sobre los valores fundamentales de los derechos humanos. También se recalca que los Estados tienen la obligación de llevar a cabo ‘políticas ambiciosas de integración de los inmigrantes’. Desafortunadamente, ese último punto amenaza con ser meramente retórico, porque no se recomiendan medidas concretas para lograr esa integración.”El directivo de la FIDH se muestra muy crítico sobre la política de ‘inmigracion escogida’ recomendada por el pacto: “Europa busca seleccionar a los inmigrantes que requiere su mercado laboral. Le interesan en particular técnicos y profesionales calificados. Al atraerlos favorece la fuga de cerebros que tanto perjudica a las economías de los países del sur. “Esa política es absolutamente incompatible con el quinto compromiso del Pacto Europeo de Inmigración y Asilo, en el que los europeos aseguran que impulsarán el desarrollo de los países de origen de los inmigrantes. Todo esto es a la vez contradictorio e hipócrita.”Precisa:
“En la actualidad, los países de África Subsahariana tienen más personal médico trabajando en Europa que en su propia tierra. Es una verdadera hemorragia. Cito ese ejemplo entre muchos otros…”La inmigración legal de trabajadores no calificados, tal como lo prevén los tecnócratas europeos, indigna también a El Yazami:
“Los dirigentes europeos están perfectamente conscientes de que esa mano de obra es indispensable para su economía. Pero pretenden acoger a los inmigrantes en sectores específicos, por períodos limitados y controlando sus movimientos. Es a la vez absurdo y cínico. Un gran pensador alemán, cuyo nombre se me escapa, dijo con justa razón: ‘Se quiso importar a trabajadores pero llegaron seres humanos’.“Hay un abismo entre la realidad y los planes de los burócratas. Los seres humanos no se dejan encerrar en los esquemas de los tecnócratas. Los flujos migratorios tienen su propia dinámica que escapa a las previsiones. Se trata de fenómenos sumamente complejos, con múltiples motivaciones. Tratarlos en forma simplista y caricatural, como lo hace el pacto, es inadmisible. Hacer creer a los pueblos europeos que están amenazados por los inmigrantes y que sólo una respuesta común de la UE puede protegerlos es un engaño y una manipulación.”Así mismo, subraya otra “contradicción” del Pacto Europeo de Inmigración y Asilo: “Los eurócratas se dan el lujo de reconocer que el derecho de los inmigrantes a la reagrupación familiar es un derecho fundamental y al mismo tiempo justifican la necesidad de limitarlo al máximo imponiendo drásticas condiciones socio-económicas a los trabajadores extranjeros. Seguramente piensan que el solo hecho de hacer el elogio de ese derecho a la reagrupación familiar les da carta blanca para violarlo (…)”.Los dos capítulos más densos y detallados del pacto están dedicados a la lucha contra la inmigración ilegal. Se busca dar muchísimo más medios a Frontex, agencia de vigilancia de las fronteras creada en 2004 por los miembros de la UE y que empezó a operar en 2005 con un presupuesto de 14 millones de euros. En 2006 ese presupuesto subió a 32 millones de euros y ascendió a 72 millones de euros en 2007.Frontex dispone de modernos barcos de intercepción en alta mar, helicópteros de combate y una flotilla de aviones de vigilancia equipados con tecnología de punta. Pero no les parece suficiente a los promotores del pacto, que insisten en transformar a esa agencia en una poderosa policía europea de las fronteras.Expresa El Yazami: “Frontex se movilizó en las costas italianas en los últimos tres años. Ahora se busca extender sus zonas de intervención. El pacto exige que despliegue más fuerzas en las rutas marítimas de los clandestinos entre España y Marruecos; entre Argelia, Marruecos por un lado, y España por otro; entre Túnez, Libia, Malta e Italia también. Después se le pedirá que intercepte a ilegales que se embarcan en Grecia y Turquía.“Además se recomienda el registro electrónico de las entradas y salidas de Europa, la adopción del pasaporte biométrico, la interconexión de todos los bancos de datos europeos sobre los inmigrantes”.El secretario general de la FIDH admite que es indispensable luchar contra los traficantes de indocumentados, pero deplora que el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo se enfoque esencialmente sobre el problema de los inmigrantes ilegales.Enfatiza: “En realidad ese pacto refleja lo que pasa en la UE desde hace tres décadas. Los dirigentes europeos –los de derecha y los socialistas– están difundiendo una imagen totalmente pervertida de los extranjeros. Cada vez manipulan más a sus respectivas opiniones públicas al mezclar insidiosamente a los extranjeros con residencia legal con los indocumentados. Pero la realidad es totalmente distinta. Los inmigrantes ilegales son una ínfima minoría. Se calcula que 90% de los extranjeros que viven en Europa lo hace legalmente. Muchos acaban siendo naturalizados y poco a poco se van integrando. Iniciativas como el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo tienen consecuencias muy graves porque tienden a criminalizar a todos los extranjeros”.
Crisis de identidad
Cuando se le pregunta a El Yazami cómo explica ese endurecimiento de la política europea, suspira:
“Hay muchas razones que permiten entender la crispación actual de los europeos ante la inmigración. Destacaré solamente una. Es cada vez más obvio que las sociedades europeas se interrogan sobre su propia identidad. Ya no saben quiénes son. No saben cómo conciliar su identidad nacional con su identidad europea. Sus respectivas naciones son algo tangible. Europa sigue siendo una noción bastante abstracta. “Su malestar ante la inmigración es muy sintomática de los debates que estas sociedades tienen sobre sí mismas. Algunos dirigentes europeos no saben cómo contestar a estas dudas, muchos las aprovechan. Los resultados de esta profunda crisis de identidad son la Directiva del Retorno aprobada el pasado 18 de junio por el Parlamento Europeo y el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo que acaba de tener el visto bueno de la cumbre de los ministros del Interior de la UE.”
–¿Europa se estaría convirtiendo en un búnker? –se le pregunta a El Yazami, quien a diferencia de la mayoría de los defensores de los derechos humanos no compara la Europa del pacto de inmigración con una fortaleza.
–Sé que quienes dicen eso tienen las mejores intenciones del mundo. Son mis compañeros de lucha por años. Pero hay que tener mucho cuidado con ciertos conceptos porque pueden desinformar a la opinión pública. Es cierto que Europa se va encerrando sobre sí misma y se erige como una fortaleza. Pero hoy en día, la gran paradoja de nuestro mundo globalizado es que son cada vez más numerosos los países que se van transformando en búnkeres. Por doquier se construyen nuevos muros, barreras, se cierran o se militarizan las fronteras. Es un fenómeno mundial. “Por otra parte, cuando se dice que Europa se defiende transformándose en fortaleza, se avala la idea de que la gran mayoría de los inmigrantes del sur buscan tomarla por asalto y que Europa se está sofocando bajo el peso de toda la miseria del mundo.“Esa idea es totalmente falsa. Una vez más, no se quiere enfrentar la realidad. La mitad de quienes emigran de los países del sur se van a otros países del sur. Los iraquíes viven en condiciones sumamente difíciles en Jordania, Siria o Líbano. Muy pocos llegan a Europa. Lo mismo pasa con los afganos, que se concentran sobre todo en Pakistán. Millones de africanos circulan exclusivamente en su propio continente. Son los países pobres del sur los que más cargan con los grandes flujos migratorios y no los del norte.”Según el secretario general de la FIDH, la filosofía del Pacto Europeo de Inmigración y Asilo es “lamentable y peligrosa” porque nace del miedo de los pueblos y de las élites europeas ante su propia crisis de identidad. No enfoca las migraciones como lo que son: un inmenso problema global que implica respuestas globales. Por el momento el pacto no deja de ser un bosquejo de una eventual política de inmigración común europea y seguirá mucho tiempo así.Las discusiones que precedieron a su elaboración demuestran que en realidad la mayoría de los países de la UE no quiere renunciar a su soberanía en materia de inmigración legal. Y la reunión de Cannes sólo desembocará en una mayor coordinación para reprimir a los inmigrantes ilegales.
Violaciones legalizadas
Detención y expulsión masiva de inmigrantes ilegales. Práctica frecuenteLa llamada Directiva del Retorno –aprobada por la Unión Europea (UE) en junio pasado– legitima una práctica cada vez más frecuente: la detención yexpulsión masiva de inmigrantes ilegales. Más aún: otorga “carta blanca” a los gobiernos europeos para violar derechos humanos, pues –entre otras medidas– permite el encarcelamiento de inmigrantes –incluidos niños– hasta por año y medio y su deportación a naciones donde podrían correr peligro sus vidas.
BRUSELAS.- Bertrand tiene 33 años y vive en Bélgica desde abril de 2006. Ingresó de manera ilegal con un pasaporte falso. Comenta que salió huyendo de la violencia étnica en su país, Costa de Marfil.Cuando solicitó asilo político al gobierno belga, la Oficina de Extranjería la rechazó y le envió una orden de expulsión. Tenía 30 días, que ya transcurrieron, para abandonar el país de forma voluntaria.A principios de mayo pasado, él y su mujer –embarazada de tres meses– formaron parte de un desesperado grupo de 170 inmigrantes ilegales que realizaron una huelga de hambre, refugiados en una iglesia de Bruselas. Reclamaron a las autoridades su regularización migratoria, y detener el arresto y expulsión de indocumentados. La mujer de Bertrand cayó enferma y perdió al bebé.Bertrand –quien oculta a la prensa su nombre real por su situación migratoria– fue uno de los pocos huelguistas que obtuvo un permiso temporal de algunos meses para residir y trabajar en Bélgica. El lunes 7 inició en la Casa de América Latina otra huelga de hambre junto con 20 indocumentados originarios de Ecuador, Congo, Irán, Argelia y Nepal.Cuando el corresponsal le pide su opinión sobre la Directiva de Retorno –que aprobó la Unión Europea el pasado 18 de junio–, el hombre se enfada: “Nos sentimos tratados como criminales sin haber cometido ningún delito. En toda Europa es igual: aplican duras políticas represivas contra nosotros. ¡Es una vergüenza que los presidentes africanos no hayan protestado como lo hicieron los de Latinoamérica!”.Dicha directiva –que comenzó a negociarse entre los Estados miembros y el Parlamento Europeo en septiembre de 2005, con base en una propuesta de la Comisión Europea– no sólo falló en establecer niveles adecuados de protección a los derechos humanos de los inmigrantes indocumentados, sino que además otorgó “carta blanca” a los gobiernos europeos para que puedan establecer prácticas abusivas contra ellos en los procesos de expulsión, según denuncian organismos no gubernamentales.En su informe Trends in total migrant stock, la ONU estima que en la Unión Europea (UE) hay entre 7 y 8 millones de personas sin documentos migratorios en regla. Organismos civiles calculan que medio millón de personas entran clandestinamente cada año.Frente a ello –y a pesar de que la ONU ha advertido a la UE que necesitará acoger a 44 millones de inmigrantes en los próximos 40 años si quiere sostener su economía y sistemas de pensiones–, los gobiernos europeos, tanto de derecha como de izquierda, recurren con mayor frecuencia a las expulsiones masivas de indocumentados.Francia, que se ha puesto a la cabeza del “combate contra la migración clandestina” tras la llegada de Nicolas Sarkozy al gobierno, expulsó a casi 24 mil extranjeros ilegales el año pasado.Italia expulsa cada año a unas 60 mil personas, e inclusive lo hizo durante la anterior administración de centro-izquierda de Romano Prodi.Entre 2004 y 2007, el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero aplicó procesos de repatriación a 370 mil clandestinos (92 mil 500 expulsiones por año).El pequeño reino de Bélgica ejecuta 14 mil repatriaciones cada año.Otro aspecto del problema: el dique que impone la UE a los solicitantes de asilo humanitario o político. Tan sólo el año pasado, los 27 países de la UE examinaron en conjunto 237 mil 985 solicitudes de este tipo. Rechazaron 137 mil 500 (casi 60%). Gran Bretaña, Francia, Suecia y Alemania, en ese orden, fueron los países que más solicitudes negaron: cerca de 100 mil.En cambio, con la finalidad de “elevar su competitividad global”, la UE pretende revertir la actual llegada masiva de inmigrantes pobres y poco calificados (95% del total) por la de aquellos con niveles educativos superiores, a quienes se les ofrecerían todas las facilidades migratorias y laborales mediante una “cédula azul” de residencia. No obstante, un estudio interno de la Comisión Europea, fechado el pasado 20 de junio, afirma que hay 3 millones de empleos vacantes en la UE y que para ocuparlos se requieren ambos tipos de inmigrantes.
Graves abusos
La Directiva de Retorno –cuya parte central consta de 23 artículos– fija un marco regulatorio al que deben adaptarse las leyes de los países miembros de la UE, más Noruega, Islandia y, pronto, Liechtenstein y Suiza.Defensores de derechos humanos señalan que este marco de “normas y procedimientos comunes” de expulsión presenta dos problemas principales: Por un lado, las disposiciones de la directiva son tan vagas en lo que respecta a las garantías individuales de las personas en espera de ser expulsadas, que su aplicación dependerá de la manera como las interpreten las autoridades de cada país, señala a Proceso Mathieu Beys, jurista de la asociación católica Cáritas International, que brinda apoyo legal a tales inmigrantes.Explica: “La directiva indica que cuando se vaya a expulsar a alguien, hay que tener cuidado si es una persona vulnerable. Pongamos el ejemplo de una mujer embarazada. El texto no estipula ninguna regla concreta que, digamos, prohíba expulsar a una persona que tenga un número determinado de meses de embarazo. Eso no dice y, por lo tanto, cada Estado podrá hacer lo que quiera”.Menciona otra potencial fuente de atropellos: “La directiva dice que hay que tener en cuenta el ‘interés superior del niño’ que será repatriado. Para empezar, no hay necesidad de una directiva para imponerlo, porque ya hay una convención internacional sobre los derechos de los niños que aplican los Estados miembros. La directiva, en este caso, no prohíbe el encierro de niños, ni precisa, por ejemplo, que no se les puede expulsar antes de que termine el año escolar. Eso sería una aportación a las leyes actuales. Pero mientras no suceda, el concepto de ‘interés superior del niño’ no querrá decir nada y, en general, la directiva tendrá un impacto muy negativo en la mayoría de los países de la UE”.Algunas de las principales disposiciones de la directiva prolongan o permiten la aplicación de medidas muy severas. Así, a más tardar en 2010, los inmigrantes ilegales podrán ser detenidos hasta un año y medio en centros cerrados, se aceptará la eventualidad de recluirlos en cárceles antes de repatriarlos y se les prohibirá el reingreso a la UE en un período de hasta cinco años tras la expulsión.La simple existencia de “centros cerrados” en Europa para internar a los inmigrantes ilegales que serán repatriados plantea un grave problema de derechos humanos.Cédric Vallet, organizador de la asociación denominada Coordinación e Iniciativas por y con los Refugiados y Extranjeros, expone que en tales centros los niños no tienen derecho a ningún tipo de educación escolar porque están recluidos en una estructura equivalente a la prisión.“Bélgica –abunda– firmó y ratificó la Convención Internacional de los Derechos del Niño en 1992, la cual indica que los pequeños no deben padecer las sanciones administrativas aplicadas a sus padres. También determina que si la detención es el último recurso, ésta debe ser lo más breve posible. Ese derecho es violado completamente por Bélgica, que desde hace algunos años encierra a cada vez más familias con niños.”En una de las visitas a centros belgas, en enero de 2006, llegó a contar hasta 73 niños, incluyendo recién nacidos, que pueden permanecer encerrados cuatro meses o más, lo que, apunta Vallet, les deja profundos traumas psicológicos.A principios de abril, una delegación de eurodiputados constató que se daba la misma situación en el centro danés de Sandholm, donde en los últimos siete años se suicidaron 43 internos.Pero ninguna disposición de la directiva prohíbe que tales prácticas continúen.
Contradicciones legales
Además de la convención que protege a los niños, la directiva ha sido acusada, incluso por Naciones Unidas, de violar otros pactos internacionales.La Oficina del Alto Comisario de la ONU para los Refugiados expresó, en un comunicado de principios de junio, que no apoya la directiva porque “no garantiza un retorno con seguridad y dignidad” a los migrantes expulsados. En particular, se refiere a la violación del llamado principio de no rechazo (non refoulement) relativo a la protección de los refugiados –que forma parte de la Convención de Ginebra de 1951–, según el cual una persona no puede ser enviada de regreso a un lugar donde su vida o libertades corran peligro.Mathieu Beys puntualiza: “La directiva dice respetar ese principio, pero excluye de su campo de protección a los refugiados que sean objeto de una demanda de extradición de su país, lo mismo que a aquellos inmigrantes que sean rechazados directamente en las fronteras de la UE, quienes pueden ser expulsados de inmediato o detenidos en centros cerrados sin que puedan acogerse a las garantías mínimas que otorga la directiva”.Otra infracción a las leyes internacionales que comete la directiva afecta el derecho de cualquier inmigrante a interponer una demanda de asilo humanitario o político en la UE. Así, una persona que fue expulsada e impedida de regresar a la UE hasta por cinco años, no podrá ejercer su derecho al asilo en ninguna nación del bloque comunitario en caso de que la situación de su país se vuelva peligrosa debido, por ejemplo, a un conflicto bélico o a su actividad política.También se vulneran dos documentos fundadores de la UE: el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, y el artículo 63 apartado 3 del Tratado de la Comunidad Europea, que desaprueba “cualquier instrumento de armonización”, como lo es la directiva, “si priva a los individuos de sus derechos fundamentales y civiles”.En una carta dirigida el pasado 27 de mayo al Parlamento Europeo, la Comisión Permanente de Expertos en Derecho Internacional de la Migración, de los Refugiados y del Derecho Penal –una reconocida asociación de juristas holandeses– aseguró que la Directiva de Retorno puede ser atacada y anulada por la Corte Europea de Justicia.Así mismo, la Corte Europea de Derechos Humanos puede examinar la directiva y formular oficialmente una condena. Ese máximo tribunal acostumbra reprobar las prácticas abusivas de los Estados miembros contra los inmigrantes. Bélgica, por ejemplo, ha sido condenada en tres ocasiones en los últimos años por casos relacionados con la detención y expulsión de menores de edad.El 12 de octubre de 2006, el Estado belga fue sentenciado a indemnizar con 35 mil euros a Tabitha Kaniki Mitunga, una niña congoleña refugiada en Canadá, por haberla detenido ilegalmente el 18 de agosto de 2002, cuando tenía 12 años y mientras viajaba a Holanda; por infligirle tratos inhumanos y por violar su derecho a la vida privada y familiar.El 26 de noviembre pasado, la Comisión Europea amonestó a Bélgica, Hungría, Italia, Eslovenia, Grecia y Malta por “los graves problemas” que tienen esos países para ofrecer a los demandantes de asilo “condiciones adecuadas de internamiento”, por lo que incumplían con la directiva en la materia del 27 de enero de 2003.“Lo más deplorable es que, al preparar la Directiva de Retorno, nuestros gobernantes no consideraron esas y otras advertencias de la Corte Europea de Derechos Humanos. No sacaron ninguna lección. Ahora la directiva legitima esos abusos y, peor aún, incita a los Estados miembros a ir más lejos en tales prácticas”, concluye Beys. l
Berlusconi: con licencia para librar la ley
Silvio BerlusconiROMA, 11 de julio (apro).- Silvio Berlusconi no pierde el tiempo. Tres meses después de que ganó las elecciones que lo llevaron a ocupar por cuarta ocasión la presidencia del Consejo de Ministros en Italia, puso a discusión de las cámaras de Senadores y Diputados propuestas de ley para garantizar la inmunidad de cuatro presidentes en el país: el de la República, el del Senado, el de la Cámara de Diputados y el del Consejo de Ministros, es decir, para él mismo.
Y lo está logrando.
Apenas el pasado 10 de julio, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la nueva ley de Seguridad Pública, también denominada ley Alfano (llamada así por el ministro de Seguridad Angelino Alfano), en la que se incluye la inmunidad para los más altos cargos del país.El proyecto tiene por objeto “defender el interés del sereno desarrollo de las funciones propias de los altos cargos”. Así lo presentó Alfano, aunque, según reportó el diario República en su edición de ayer, “parece que el texto es obra, como los demás escudos presentados por Silvio Berlusconi, de su abogado Niccolò Gedini”.“Por fin estamos convirtiéndonos en un país normal”, señaló Alfani cuando supo los resultados de la votación: 309 votos a favor, 236 en contra y 30 abstenciones. De esta manera, la Cámara de Diputados dio vía libre a la propuesta sin ninguna modificación, con lo que avanzó la llamada “Operación salva Berlusconi”. Berlusconi, quien tiene varios pendientes legales, busca que la justicia del país que él mismo dirige, suspendiera todos los juicios por delitos cometidos antes de 2002, con excepción de los crímenes violentos o relacionados con la mafia. Intenta, además, recibir al menos un año de tregua “para poder gobernar en paz”, palabras que él mismo viene repitiendo desde el pasado 29 de mayo, cuando por primera vez presentó dicha propuesta ante el Senado.Se trata de una operación que, a decir de los magistrados italianos, podría causar un “caos sin precedentes”, ya que con la propuesta del también conocido como Il Cavaliere serían suspendidos más de 100 mil procesos penales.El Senado aprobó la propuesta por mayoría una semana después e inmediatamente fue turnada a la Cámara de Diputados que, aunque comenzó a discutirla desde el 16 de junio y se esperaba su aprobación a más tardar el 21 de junio, decidió pasar la votación para los primeros días de julio, debido a la polémica que esta propuesta ha generado a nivel político y judicial, principalmente.Ello ocasionó que, el pasado 27 de junio, Berlusconi hiciera extensiva esta inmunidad a los presidentes de la Cámara de Diputados, del Senado y del propio presidente de la República, presentando el proyecto al Consejo de Ministros, mismo que fue aprobado por unanimidad.Esto significa que ninguno de los cuatro dirigentes podrán ser procesados por ningún delito, salvo por aquellos que hayan cometido en el propio ejercicio de sus funciones.“O hago de presidente del Consejo de Ministros o dedico mi tiempo a preparar los juicios. Las dos cosas a la vez no pueden ser”, dijo Berlusconi en la sesión del pasado 27 de junio, según el diario italiano Corriere Della Sera.
Ley a la medida
Y es que de los juicios que actualmente arrastra Berlusconi, uno es el que más le preocupa. Se trata de un caso de corrupción que enfrenta en el Tribunal de Milán: el caso Mills, llamado así por el nombre de un abogado inglés que trabajó con Il Cavaliere, David Mills, y quien supuestamente declaró a favor del propio Berlusconi en otro proceso acusado de crear fondos negros para Mediaset, su empresa de comunicaciones que tiene cuatro canales de televisiòn en Italia, uno en España y otro en Francia.Según este juicio –que inició en marzo de 2007--, en 1997 Berlusconi depositó 600 mil dólares a Mills como recompensa por no revelar en dos procesos judiciales información sobre dos sociedades off-shore usadas por Mediaset que, según la Procuraduría de Justicia, fue para crear fondos negros. En su calidad de testigo en esos juicios, Mills tenía la obligación legal de decir la verdad y no omitir nada. El proceso por el caso Mills –que pretendía juzgar a Berlusconi por corrupción-- llegó a Italia a través de los jueces de Gran Bretaña, donde produjo, hace dos años, un pequeño terremoto político. “Todo empezó cuando el Ministerio de Finanzas de Gran Bretaña detectó que David Mills, abogado de Berlusconi tiempo atrás, tenía 500 mil euros en una cuenta secreta en Bahamas que llegaron a través de Suiza y Gibraltar. Mills confesó que era una comisión que había recibido de Fininvest por haber declarado como testigo a favor de Berlusconi en dos juicios celebrados en 1997 y 1998. Luego se desdijo, pero dio igual. Poco después, la mujer de Mills, Tessa Jowell, ministra de Cultura del gobierno de (Tony) Blair, gran amigo de Berlusconi, se vio obligada a dimitir de su cargo”, publicó la revista Expresso el pasado 4 de julio.De ahí que para miembros de la oposición, la de Seguridad Pública es una ley hecha a la medida, pensada y redactada para conceder inmunidad a Berlusconi en el caso Mills. Antonio di Pietro, líder del partido Italia de los Valores y juez que llevó en la década de los 80 el proceso “Manos Limpias” (contra la corrupción) ha promovido desde el principio manifestaciones contra esta medida, argumentando que “la ley debe ser igual para todos”.A inicios de la semana pasada, cuando Berlusconi estaba en Japón para participar en la reunión del G-8, hubo manifestaciones de protesta en contra del primer ministro. La más numerosa se realizó el 9 de julio en la tradicional Plaza Navona, en el centro de Roma.La ley suspenderá todos los procesos penales en marcha contra los cuatro grandes jefes de la administración, independientemente del grado y de la fase del juicio en que se encuentren. Habrá dos únicas excepciones a la inmunidad total: alta traición y atentado a la Constitución. Los beneficiarios podrán renunciar a la suspensión de los procesos, y la medida regirá por una sola legislatura, con la salvedad de que si el primer ministro es elegido dos veces durante la misma legislatura, seguirá siendo inmune.Además, se suspenden los plazos de la prescripción de los delitos, aunque los acusados podrán continuar los juicios del orden civil.Tanto Mills como Berlusconi se jugarían una condena de entre seis y ocho años de cárcel. Al parecer, la sentencia no será en su contra.
¿a quién sirve la corte?
Gallut
Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia, ante la cual acudieron algunos medios televisivos para inconformarse por las disposiciones de la nueva Ley Federal Electoral, acaba de darle la razón a los industriales.La ley señalaba penas económicas para las empresas que contravinieran la prohibición de difundir campañas políticas a favor o en contra de partidos o candidatos. Se había establecido en un monto del doble del costo del minuto de publicidad comercial, aun cuando es poco significativo para los millones de pesos que ganan, era de cualquier manera más importante que la actual rectificación. La multa se reduce a 100 mil días de salarios mínimos, alrededor de 6 millones de pesos como tope. Si consideramos que, por ejemplo, en Televisa, en horario estelar, el noticiario de Joaquín López Dóriga cuesta noventa y tres mil ocho cientos pesos en el cuarto trimestre por punto de rating, la ganancia bien valdría la sanción.El dictamen es otro indicador de que los medios audiovisuales seguirán incrementando su poder sobre el Estado y la sociedad. También preocupa que abra la puerta a una renovada guerra sucia para aumentar la polaridad entre los mexicanos. Los grandes grupos empresariales, pese a tener de su lado al Poder Ejecutivo, a las dos terceras partes del Legislativo y a una buena parte del Judicial, se empeñan en reducir los márgenes de presencia de la oposición de izquierda. Con todos los medios a su favor, logran a través de noticiarios y programas de debate golpear sistemáticamente a los gobiernos del PRD, en especial al de la Ciudad de México. Al mismo tiempo acallan o tergiversan las iniciativas de la oposición en materia de políticas públicas.Dos ejemplos recientes son la puesta en escena de todo tipo de argumentos y también de improperios contra la consulta que el DF efectuará entre los ciudadanos para que digan su parecer acerca de la reforma energética de Calderón. Otro es la tragedia de los niños y jóvenes muertos en el New’s Divine, a consecuencia del operativo de la policía. Esta noticia ha ocupado, durante 18 días, las primeras planas y notas iniciales de informativosnacionales. Ello sirve de cortina de humo frente al foro en el Senado de la República respecto de los planteamientos del petróleo y el estatus de Pemex. Para quitarle importancia a la carestía de alimentos, servicios y al aumento de la inflación que ha dejado sin efecto el pingüe aumento a los minisalarios. Una política informativa muy conveniente para los panistas que no buscan la justicia ni corregir errores, sino defenestrar a Ebrard.De otra parte, los mismos medios que hacen campaña de manera impune contra autoridades electas tienen la piel muy suave cuando se les critica a ellos. Y responden de una manera agresiva e insultante. Hace un par de semanas, Gabriel Sosa Plata, uno de los pocos columnistas que tratan el tema de los medios en la prensa, escribió un artículo en el que señalaba como probable la injerencia de la pareja presidencial del sexenio pasado en el otorgamiento de la concesión de Canal 28 al grupo empresarial dueño de los hospitales Ángeles, del periódico Excélsior, del grupo radiofónico Imagen, entre sus negocios sobresalientes. Ello bastó para que se desatara una andanada en su contra. Una carta a El Universal, del grupo empresarial desmintiendo lo aseverado. Ataques personales en las radiodifusoras de Imagen. Una articulista de Excélsior tachándolo de “seudoacadémico”.Acusaciones todas falsas. Es fácil comprobar que tiene una maestría en comunicación por la UNAM y se tituló con una brillante tesis sobre la radio digital. También que es un maestro destacado en la UAM. Su trabajo más visible es el de periodista. Desde su columna ha documentado el desarrollo de la política de medios, la compra-venta de radio, televisión y periódicos. Los tropiezos de la Cofetel y las discusiones sobre la ley de medios. Todo desde una visión critica, por lo cual quienes están acostumbrados a un periodismo complaciente, se molestan. Desde aquí mi solidaridad con Gabriel Sosa Plata. l
Calderón y sus mafiosos
MÉXICO, D.F., 14 de julio (apro).- Se denomina capo al jefe de una organización mafiosa y ese es, precisamente, el nombre que le da Manuel Espino a cada uno de los miembros del grupo compacto de Felipe Calderón, una imputación que revela el nivel de la disputa interna en el Partido Acción Nacional (PAN), pero que implica --también-- conductas delincuenciales de la facción gobernante.Tildar de "capos" a miembros de su propio partido no parece ser un acto irreflexivo de Espino --político profesional que conoce lo que significan las palabras--, sino resultado de una decisión deliberada, que inequívocamente alcanza a Calderón: El jefe de jefes de la facción del PAN que se autodenomina "calderonista".Pero si son de interés público las revelaciones que hace Espino sobre los "capos del calderonismo" en su libro Señal de alerta. Advertencia de una regresión política --como el ilegal espionaje a que fue sometido antes de la toma de posesión de Calderón y cuyos detalles ahora se tratan de ocultar mediante un operativo instrumentado desde el gobierno federal, como lo publica el semanario Proceso--, lo son también las imputaciones que hace sobre la concertacesión de Calderón con el senador Manlio Fabio Beltrones, a su vez el jefe de facto en el PRI.Espino, quien llegó a la presidencia del PAN en marzo del 2005 luego de que se observaron "actitudes sesgadas y comportamientos subrepticios que en nada corresponden con las normas de transparencia" del PAN --como dijo el burocratizado prócer Luis H. Alvarez--, y echado del cargo por los "capos del calderonismo" antes de concluir su periodo, alerta sobre los "arreglijos" de Calderón y Beltrones, cuya connivencia actualiza la complicidad que, desde 1988, se estableció entre Carlos Salinas y, justamente, "don Luis".A lo largo de las 213 páginas del libro, Espino intercala su experiencia como enviado del CEN del PAN presidido por Calderón a Sonora, a partir de 1996 --donde Beltrones gobernaba con métodos que ahora repudia, como el espionaje--, con la que tuvo como presidente de su partido y los continuos choques con los "capos del calderonismo", entre ellos Juan Camilo Mouriño, y Germán Martínez, que prevalecen hasta ahora.Espino, quien dedica su libro a Vicente Fox, a Calderón y a su familia, narra cómo --ya con Calderón en Los Pinos-- padeció el uso de la estructura gubernamental para que los "capos del calderonismo" lograsen apoderarse de la instancia que elige al presidente nacional, que incluyó la memorable rechifla en León, Guanajuato, en junio del año pasado, y que fue el paso previo a la imposición de Martínez como presidente del PAN.Y son, justamente, Mouriño y Martínez --aun con sus propios pleitos por disputarse la preferencia de Calderón para ser a uno como candidato presidencial en el 2012-- los que operan la complicidad con Beltrones, con la fe de que cumpla con el apoyo para aprobar la reforma petrolera: El primero de ellos, con acuerdos desde la Secretaría de Gobernación que le confieren al priismo un poder que no tiene por ser la tercera fuerza política del país, y el segundo enalteciendo inclusive a los gobernadores priistas, como Mario Marín y Ulises Ruiz.En realidad, es preciso recordarlo, esta complicidad viene desde el proceso electoral del 2006, cuando Beltrones le garantizó a Calderón el quórum para la toma de posesión en la sesión de Congreso General, en la Cámara de Diputados, a donde llegó por una puerta trasera y envuelto en nubes de soldados. Un personero de Beltrones, el senador bajacaliforniano Fernando Castro Trenti --miembro de una cofradía del mismo signo ultraderechista a la que pertenece Espino, sólo que antagónica, incrustada en el priismo--, lo reconoció sin sonrojo: "Nos vimos obligados a aceptar los resultados de una elección fraudulenta en 2006, que impuso a un presidente en donde estábamos nosotros en la disyuntiva de reconocerlo o desconocer las instituciones."Por eso, y no por otra cosa, se explica la impunidad de ejemplares de la talla de Marín y Ruiz --déspotas y corruptos---, así como de Elba Esther Gordillo y Romero Deschamps, emblemas del cacicazgo sindical, educativo y electoral. A la par que se estrechaban alianzas entre estos grupos mafiosos priistas en la campaña presidencial del 2006, algunas de ellas tejidas por el propio Espino –como con Marín--, Calderón y sus operadores incurrían en otras conductas delictuosas, por ejemplo el trasiego de recursos en efectivo de los grandes consorcios gasolineros relacionados con Mouriño.Y, claro, el pacto con los grupos empresariales que lo impusieron y que le exigen más concesiones, como Televisa, uno de cuyos ejemplos de poder más recientes es la destitución de Santiago Creel como coordinador de la bancada del PAN en el Senado, dócilmente operada por Martínez.Así lo dijo Creel, este lunes 14: "Uno de los argumentos que dio el presidente de mi partido fue precisamente el del conflicto que yo tenía con las televisoras. Me parece un argumento igualmente reprobable por agraviante. Es lamentable que se haya utilizado un argumento como el del conflicto con las televisoras para proceder a hacer un cambio de la naturaleza como el que se dio."Esos son los "capos del calderonismo". ¿Hay también "capos" en la facción antagónica a Calderón? Por lo que murmuran los que están en las nóminas del gobierno federal y del PAN, sí. Y pronto se verá…
Apuntes
Pero si así proceden los jerarcas del PAN en el gobierno a nivel nacional, elevados a rango de próceres por autocomplacencia, de igual y peor manera proceden los gobernantes en estados y municipios: En León, Guanajuato, donde el PAN-gobierno ejerce el poder desde hace dos décadas, se multiplican las conductas delincuenciales de los cuerpos policíacos y de sus superiores, el gobernador Juan Manuel Oliva y el alcalde Vicente Guerrero Reynoso, colocados al mismo nivel de primitivismo que Marín y Ulises. A la sevicia se suma la impunidad, antivalores contrapuestos a la "inminente dignidad de la persona humana (sic)", la proclama enlodada del PAN. Qué clase de seres humanos son los policías que juegan con un agónico delincuente sometido a balazos, muchacho que les sirve para bromear. Y la repugnancia: Vicente Guerrero arma una reunión con 300 incondicionales para la quema de incienso. Ese acto y los mítines del delegado perredista Francisco Chiguil son la misma cosa… En León, como en todo Guanajuato, hay mujeres y hombres que no se someterán jamás a los dogmas de la derecha: Son hombres y mujeres libres, como Yazmín, que exigen la renuncia de Guerrero, algo que lamentablemente no ocurrirá porque este personaje carece de una cualidad fundamental: Respeto a sí mismo y a su comunidad.
Comentarios: delgado@proceso.com.mx
Apuntes
Pero si así proceden los jerarcas del PAN en el gobierno a nivel nacional, elevados a rango de próceres por autocomplacencia, de igual y peor manera proceden los gobernantes en estados y municipios: En León, Guanajuato, donde el PAN-gobierno ejerce el poder desde hace dos décadas, se multiplican las conductas delincuenciales de los cuerpos policíacos y de sus superiores, el gobernador Juan Manuel Oliva y el alcalde Vicente Guerrero Reynoso, colocados al mismo nivel de primitivismo que Marín y Ulises. A la sevicia se suma la impunidad, antivalores contrapuestos a la "inminente dignidad de la persona humana (sic)", la proclama enlodada del PAN. Qué clase de seres humanos son los policías que juegan con un agónico delincuente sometido a balazos, muchacho que les sirve para bromear. Y la repugnancia: Vicente Guerrero arma una reunión con 300 incondicionales para la quema de incienso. Ese acto y los mítines del delegado perredista Francisco Chiguil son la misma cosa… En León, como en todo Guanajuato, hay mujeres y hombres que no se someterán jamás a los dogmas de la derecha: Son hombres y mujeres libres, como Yazmín, que exigen la renuncia de Guerrero, algo que lamentablemente no ocurrirá porque este personaje carece de una cualidad fundamental: Respeto a sí mismo y a su comunidad.
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Las boletas: hacia una reforma ineludible
Cuando el Instituto Federal Electoral y las instancias judiciales negaron a este semanario el acceso a las boletas electorales de 2006 se perdió una oportunidad de fortalecer el derecho a la información. Sin embargo, a decir de tres connotados especialistas, la actitud inicial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la demanda de Proceso contra el Estado mexicano le da un nuevo impulso a los esfuerzos por mejorar la rendición de cuentas y la transparencia, y se convierte en tema ineludible para una reforma de las normas electorales. La medida cautelar dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se detenga la destrucción de las boletas utilizadas en la elección presidencial de 2006 puede constituir un estímulo para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Federal Electoral reflexionen sobre su actuación, y para que los legisladores propongan reformas en materia de transparencia.Tres de las voces más prestigiadas sobre el tema de la rendición de cuentas en México: Juan Pablo Guerrero, comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI); el maestro Juan Francisco Escobedo, uno de los creadores de la Ley Federal de Transparencia; y el investigador Ernesto Villanueva, coinciden en lo anterior al ser consultados por Proceso para que valoren este caso, que no tiene precedente.El pasado miércoles 2 de julio –día en que se cumplieron dos años de aquella elección– Felipe Calderón fue notificado de que la CIDH le pedía a su gobierno que evitara la destrucción de las boletas. La comisión dio ese primer paso ante la denuncia presentada por este semanario el pasado 24 de abril en contra del Estado mexicano por violación al derecho de información, luego de que el IFE y las instancias judiciales le negaron el acceso a los paquetes de los controvertidos comicios (Proceso 1653).En su anuncio sobre la medida cautelar, la CIDH aclaró que al solicitarla no prejuzga sobre el fondo de la demanda. En ésta, el director de Proceso argumentó que el tema ya trasciende el simple acceso a las boletas solicitadas, pues la intención es que la justicia internacional proteja en México el derecho a la información en materia electoral.El gobierno de Calderón cuenta con 10 días para responder a la petición de medidas cautelares de la CIDH, es decir, tendrá que responder la segunda semana de julio. Después, en forma periódica, deberá actualizar la información sobre el cumplimiento de la medida.Si la comisión admite la demanda, pasará al análisis de fondo y las partes tendrán un plazo de dos meses para presentar sus respectivas observaciones.Como publicó Proceso en su edición pasada, si la CIDH concluye que se violó el acceso a la información se podrá emitir una recomendación al Estado mexicano; y de no cumplirse ésta, el caso pasaría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a cuya jurisdicción se encuentra sometido el Estado mexicano desde 1998.Ernesto Villanueva, investigador y consultor en materia de transparencia tanto en México como en el extranjero –recientemente trabajó en el sistema de rendición de cuentas en Guatemala–, señala que el asunto de las boletas debe ser importante para la CIDH, a juzgar por la rapidez con la que actuó.Lo que sucedió con el recurso de Proceso es casi imposible, destaca, porque la comisión tiene tantos casos que no se da abasto: “Normalmente tienen capacidad para desahogar ocho o diez, pero de repente llegan 50 de un solo golpe. Por eso me parece que (al caso del semanario) le dieron relevancia. Eso lo hace singular”.Para Juan Pablo Guerrero, la decisión de la CIDH será una piedra angular para que los intelectuales, los investigadores y otros ciudadanos que se interesen en el tema sigan construyendo una base sólida en la que pueda apoyarse el derecho a la información.En respuesta a un cuestionario enviado por Proceso, el comisionado del IFAI considera que en materia de acceso a la información México está apenas en el comienzo; falta debate, discusión pública, asimilación social, criterios, tesis y jurisprudencia. La intervención de una instancia superior, internacional y constitucionalmente reconocida como la CIDH, será trascendental, apunta Guerrero. Y mientras, continúa, las boletas deberán conservarse, lo que ya es un triunfo en la defensa de una garantía individual por parte de un puñado de ciudadanos persistentes. En este drama hubo quien murió en la raya; es un sacrificio que en el futuro agradecerán los que vienen después, afirma Guerrero.Otro especialista, el catedrático Juan Francisco Escobedo, fundador del Grupo Oaxaca –quien desarrolló en 2002 el actual sistema de transparencia de México, hoy emulado internacionalmente–, sostiene que, sin celebrar antes de tiempo, la decisión de la CIDH será fundamental para que los legisladores y los nuevos consejeros del IFE se ocupen del tema y para que se hagan reformas en materia de transparencia.En entrevista, afirma que esto hace mucha falta en México ante la fuerte competencia partidista y la creciente exigencia de acceso a archivos y documentos gubernamentales por parte de los medios de comunicación.
Larga batalla
El 8 de agosto de 2006 Proceso tramitó un paquete de solicitudes de acceso a la información para que se pusiera a disposición de los reporteros las boletas de la controvertida elección presidencial en la que el TEPJF declaró ganador a Felipe Calderón Hinojosa.Las circunstancias eran particularmente difíciles: los seguidores del líder opositor Andrés Manuel López Obrador mantenían tomadas las calles del primer cuadro de la Ciudad de México y estaban en plantón permanente frente al Palacio Nacional. Diariamente, en sus asambleas ciudadanas y en ruedas de prensa exhibían lo que a su juicio eran evidencias del fraude electoral.Por otro lado, los panistas y en especial el equipo de Felipe Calderón rechazaban que existiera tal fraude. Los empresarios protestaban contra la izquierda. El TEPJF analizaba las impugnaciones y la tensión política hacía temer por la estabilidad del país.Este semanario solicitó acceso a las boletas de votación con estrictos fines de investigación periodística. Un año y siete meses después de que se presentaron los correspondientes paquetes de solicitudes en el IFE, en marzo de 2008, la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cerró la posibilidad de abrir los paquetes. Antes habían hecho lo mismo el TEPJF y el IFE.A raíz de que Proceso interpuso su demanda ante la CIDH el pasado 24 de abril, la comisión envió su petición para que el gobierno federal aplique medidas urgentes en favor del director de la revista, Rafael Rodríguez Castañeda, quien alegó la violación al derecho de acceso a la información pública previsto en la Constitución mexicana y en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, de la que México forma parte desde 1981.Juan Pablo Guerrero, quien aclara que aborda el tema a título personal, sostiene que la medida dictada por la CIDH demuestra que no estaba en juego la calificación presidencial, que ya era cosa juzgada.“¿No pudieron o no quisieron entender que se trataba de una investigación periodística y que desde esa trinchera era imposible cambiar el resultado?”, se le preguntó a Guerrero en el cuestionario.“La elección se dictaminó y es historia –responde–. La jornada electoral de julio de 2006 fue hace dos años y, por buenas razones, el país siguió su curso. Pero en ese parteaguas electoral uno de los cuestionamientos centrales fue el de la transparencia. Se dice que la transparencia es la oportunidad de oro de los gobiernos para generar confianza y legitimarse. La solicitud de acceso a las boletas fue la oportunidad de entonces, pero una vez atemperados los ánimos, en forma inexplicable, se perdió esa oportunidad.”Para este especialista, la Ley de Transparencia admitía la interpretación para favorecer el acceso a las boletas donde se encontraban, sin problema alguno. Es cierto que otra disposición legal, el Cofipe, ordena la destrucción de las boletas, pero no establece término para la incineración, así que no había un plazo fatal. “Desde la perspectiva de la transparencia, ¿qué dice la ley? Supimos desde el principio que las boletas eran documentos que contenían información en términos de su artículo tercero; supimos desde el origen que esos documentos no estaban clasificados en términos de los artículos 13, 14 o 18 de la ley; supimos que si eran documentos y no estaban clasificados, eran por lo tanto públicos y accesibles en términos de lo establecido en los artículos 4, 6 y 42 de la propia ley. ¿Cómo pudo llegarse a otra conclusión? Con una elaboración tan compleja como inconsistente: ‘Sí pero no’”.
¿Entonces dónde estuvo el problema?
“La dificultad era, sin duda, de orden práctico –prosigue el comisionado–. ¿Cómo garantizar el acceso a millones de documentos que no están clasificados y que por lo tanto son públicos y deben ser accesibles, sin incurrir en costos estratosféricos o una logística irrealizable o en una presentación que los hiciera tan accesibles como inútiles? No obstante, la Ley Federal de Transparencia es clara: no permite al juzgador prejuzgar sobre la justificación o el interés jurídico del solicitante. Si los documentos solicitados son públicos, queda en la autoridad facilitar su acceso. Lo demás es problema del solicitante, que ya para entonces defendía su derecho a saber.” Para Juan Pablo Guerrero, la reciente reforma a la Constitución sobre la materia fortalece el principio de máxima publicidad, no obstante lo cual siempre hay quien prefiere establecer que un documento no está clasificado y es público, pero que no debe entregarse. “He visto varias resoluciones así –escribe Guerrero–. Por ello, me parece que, como lo hace la ley canadiense en la materia, debe quedar claramente redactado, sin lugar alguno a interpretación, que los principios de máxima publicidad y disponibilidad significan que si los documentos con la información solicitada no están clasificados, procede la entrega contante y sonante. De otra forma, seguiremos encontrando resoluciones propias del país del cumplo y miento. Lo que me pides es público, te pertenece, no está reservado... pero no lo puedes ver.”
Negativa política
Para Ernesto Villanueva, la negativa a que esta revista tuviera acceso a los paquetes no tiene fundamento legal, por lo que a su parecer se trató de una decisión política. Como muestra de ello dice que en el fallo del TEPJF los magistrados inventaron conceptos e interpretaron donde no había qué interpretar; se trató de un operativo para ceder a presiones partidistas. Lo mismo, afirma, hizo la SCJN. No obstante, si no hubiera de por medio un asunto de acceso a la información, la CIDH no hubiese intervenido y menos aun con tanta rapidez.“La Comisión Interamericana ve el caso en sentido más plural, con ojos más reposados, sin una subordinación al Estado mexicano. Lo ven como una decisión de más largo aliento”, explica el experto.A su vez, el profesor Juan Francisco Escobedo, quien desde sus primeros artículos periodísticos sobre el tema sostuvo que las boletas electorales eran documentos públicos susceptibles de ser consultados después de que se calificara la elección presidencial, estima que ante los yerros de instancias judiciales se está abriendo un capítulo inédito en la historia de la transparencia en el nivel internacional.En la charla telefónica, Escobedo reconoce que cuando se diseñó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública no previeron este problema:“No alcanzamos a ver el asunto de la transparencia electoral. En ese entonces se trataba de abrir la presidencia imperial del PRI. Pero, sin duda, ahora será un tema pendiente en la agenda de la reforma electoral para 2009. Es también, desde luego, un tema ineludible para la siguiente elección presidencial en el año 2012.”Escobedo lamenta que los magistrados del TEPJF actuaran como un solo cuerpo, sin que ninguno manifestara siquiera un matiz distinto, y asegura que “los ministros de la Corte perdieron la oportunidad de reglamentar de alguna manera este asunto”.Juan Francisco Escobedo considera que la postura de la CIDH debe motivar a los magistrados del TEPJF y a la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre todo porque el proceso de aprendizaje no concluye: aun cuando la Ley Federal de Transparencia mexicana haya sido un ejemplo internacional, todos los actores sociales tienen que seguir explorando las posibilidades de mejorarla.“La medida cautelar de la CIDH debe marcar la agenda de la transparencia para el resto del sexenio. No obstante, hay algunos que quizá requieran de mayor adoctrinamiento sobre la materia. Me refiero a algunos ministros, los magistrados electorales y los consejeros del IFE. No pueden seguir actuando con ese espíritu de cuerpo.”
–¿Hacía dónde podría ir la CIDH?
–Es difícil saberlo. Lo cierto hasta el momento es que la medida cautelar encierra un significado importante. Que nadie se llame a engaño: en la Constitución está claramente establecido el derecho de acceso a la información y en su artículo 133 se aceptan y se respetan los convenios -internacionales.
Una experiencia democrática
Pablo Gutiérrez. Demanda positivaMONTERREY, NL.- El director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), Pablo Gutiérrez, considera que todos los países del continente deben estar “muy atentos” a la demanda que Proceso interpuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano, debido a que éste le negó el acceso a las boletas de la elección presidencial de 2006 para fines informativos.En entrevista efectuada el jueves 10 en esta ciudad, el funcionario de la OEA califica el recurso del semanario como un ejercicio iné-dito en el continente, y afirma que “todo ciudadano tiene derecho a hacer una solicitud ante la autoridad”.Enfatiza: “Debemos estar, creo yo, todos los países de América muy atentos para aprender de esta experiencia, y por eso nosotros estamos colaborando intensamente a que se encuentren las autoridades en distintas instancias, para ver esta experiencia en México”.Para Gutiérrez, de origen chileno, es “importante” que este semanario consiguiera el miércoles 2 que la CIDH, organismo de la OEA, pidiera al Estado mexicano evitar la destrucción de las mencionadas boletas electorales.Situaciones como ésta, dice, contribuyen al desarrollo político “totalmente, absolutamente. No hay una mejor guía de reconstrucción y modernización que la misma experiencia de los procesos electorales”.Y advierte: “Si esto lo vamos a tomar para demoler a las autoridades electorales, no tiene ningún sentido, porque la autoridad electoral es uno de los pilares de la democracia; pero si eso significa que los Congresos modernicen, generen nuevas regulaciones, yo creo que es muy positivo”.Lo que pasa, agrega, es que los problemas surgidos en cada contienda electoral son específicos y en ocasiones inusuales, como el que atañe a Proceso. Como ejemplo, Gutiérrez refiere la legislación de un país cuyo nombre prefiere no citar. Ésta, dice, prohíbe las agresiones “a ladrillazos” en los centros de votación.“Eso quiere decir que alguien, en algún minuto, lanzó un ladrillo. ¿Por qué no dicen ‘una piedra’? Lamentablemente no hay regulación que pueda contener, adivinar o prever muchas situaciones. Pero lo importante es ir recogiendo estas experiencias, institucionalizándolas y regulándolas; por eso cada país debe buscar la fórmula que le parezca más adecuada.”Cuando se le pregunta si conocía un caso semejante al que Proceso presentó a la CIDH, el funcionario de la OEA responde: “La verdad, no conozco ninguno. Todos los ciudadanos tienen derecho a hacer su solicitud ante la autoridad, y esto viene desde Juan Sin Tierra, desde varios siglos atrás, así que me parece estupendo (…) Todo este tipo de situaciones debe ayudar a los latinoamericanos a ir aprendiendo experiencias, mecanismos y fórmulas nuevas”.
Desconfianza
En 2006 Pablo Gutiérrez fungió como observador de la OEA en la elección presidencial mexicana, y los pasados 10 y 11 de julio participó en el Encuentro Interamericano sobre Gestión de Calidad en Autoridades Electorales, que se realizó en Monterrey con el auspicio de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León.En la entrevista, señala que problemas poselectorales como el que se desató en México se repitieron en otros países del hemisferio ese mismo año: menudearon los pleitos legales y los fallos fueron dictados en tribunales, no por el voto ciudadano directo y en las primeras instancias electorales.Explica que el principal problema lo origina la confusión que generan los resultados que de manera extraoficial revelan las mismas instituciones, los partidos políticos y las empresas privadas, los cuales dan a conocer cifras anticipadas que confunden a los ciudadanos.Por ejemplo, señala que sondeos como el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que utiliza en México la autoridad electoral, generan incertidumbre y deben ser modificados.Las cifras del PREP que se dieron a conocer la noche del 2 de julio de 2006 provocaron desconcierto porque inicialmente dieron la ventaja a un candidato y en cuestión de horas cambiaron a favor de otro.“Muchas de las quejas iban orientadas a la entrega de resultados. Hay distintos tipos de resultados con distintos niveles de certeza. Están los conteos rápidos, que son una suerte de auditoría del resultado electoral, que no es certera y, además, tiene un margen de error.”También, dice, aparecen resultados preliminares que abarcan la totalidad de los votos, incluso los impugnados, y por último el resultado definitivo, cuando la elección está juzgada.“Estas son las opciones que existen aquí, que fue lo que ocurrió en 2006 en México, que hubo un conteo rápido y un resultado preliminar. Alrededor de eso, además, están las encuestas y las bocas de urna (conteos de salida). Lo que nosotros planteamos es que tenemos que buscar la manera de que el resultado que la ciudadanía conoce, y entiende que es, debe estar ajustado a la realidad popular”, dice Gutiérrez.Y advierte que una característica constante en procesos electorales es que la publicación de resultados previos genera un estado de ánimo en la ciudadanía, y como esos números no son confiables, contravienen “en no pocos casos” las cifras finales. l
Desdén legislativo
Guerrero Amparán. Acceso procedentePese a que el acceso a los paquetes electorales, y por ende a las boletas, es un tema recurrente desde la elección presidencial de 1988, los partidos políticos y los legisladores federales lo ignoraron en la pasada reforma electoral, pues no se incluyó en ninguna de las iniciativas ni se mencionó en el debate legislativo.La norma que ordena destruir los paquetes “una vez concluido el proceso electoral”, establecida en el párrafo 2 del artículo 302 del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, surgió desde abril de 1990 para legitimar la controvertida quema de las boletas de 1988.La cuestión reapareció en la mesa del Consejo General del Instituto Federal Electoral el 30 de enero de 1998, cuando éste aprobó, por ocho votos a uno, un acuerdo que permitía el acceso público a los paquetes para la realización de estudios e investigaciones. En esa ocasión se ponderó la bondad de ese acuerdo, aunque dos voces (la del consejero José Barragán y la del representante del PRI, Enrique Ibarra) cuestionaron su legalidad.Durante la discusión, la senadora perredista Rosa Albina Garavito, entonces consejera del Poder Legislativo, calificó la destrucción de los paquetes como “la barbarie de destruir la memoria histórica de los procesos electorales” e hizo votos por que, “en el perfeccionamiento del marco jurídico electoral, esto pueda ser eliminado”. En la misma sesión, el entonces representante del PAN, Juan Antonio García Villa, reconoció que la documentación electoral tiene carácter de información pública, “quizá con la excepción de la Lista Nominal de Electores”, y, como la mayoría, manifestó que oponerse a su consulta era “una especie de barbarie”. Pero estas expresiones no se materializaron en ninguna iniciativa de reforma. Y el acuerdo mencionado tampoco pudo ser aplicado porque la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo revocó al resolver el recurso que interpuso el PRI en contra de aquél.Sin embargo, estas preocupaciones sí se materializaron en el ámbito estatal. La Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California, promulgada el 30 de octubre de 2000, establece en el artículo 407 que dicha documentación, “una vez concluido el proceso, se expondrá al público durante los siguientes 30 días, para (en seguida) remitirla a la Dirección General del Instituto Estatal Electoral y (proceder a) elaborar la estadística electoral y los estudios del proceso…”. Esta norma de la legislación de Baja California reconoce su carácter de información pública a la documentación resguardada en los paquetes electorales y ordena la realización de estudios e investigaciones que permitan perfeccionar la organización y desarrollo de los comicios.Y aunque los legisladores federales no se ocupan del tema, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al gobierno del presidente de Felipe Calderón impedir la destrucción de las boletas utilizadas en los comicios del 2006 “hasta que el organismo se pronuncie sobre la petición presentada en relación con una presunta violación al derecho de acceso a la información pública contemplado en el artículo 13.1 de la Convención Americana”. En el pasado las recomendaciones de la CIDH se han traducido, aunque con unos años de demora, en disposiciones legales, como sucedió con la sugerencia de “brindar un recurso sencillo, rápido y efectivo” para que los afectados pudieran hacer valer sus derechos “ante tribunales imparciales independientes”. La CIDH llegó a esta conclusión en la resolución 01/90, del 17 de mayo de 1990, así como en el informe 8/91, del 22 de febrero de 1991, en respuesta a recursos interpuestos por militantes panistas en contra del fraude en comicios locales de Durango, Chihuahua y Nuevo León. Dichos pronunciamientos propiciaron, primero, la constitución del Tribunal Federal Electoral y, posteriormente, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la reforma constitucional de agosto de 1996; y, después, se hizo extensivo a las entidades federativas por las disposiciones establecidas en el artículo 116 constitucional. Sin embargo, no todas las recomendaciones de la CIDH corren la misma suerte; otras son prácticamente ignoradas, como la contenida en el Informe Especial de 1998, que solicita adoptar “las medidas necesarias para que la reglamentación del derecho de votar y ser votado contemple el acceso más amplio y participativo posible de los candidatos al proceso electoral, como elemento para la consolidación de la democracia”, lo cual implica eliminar el monopolio de los partidos políticos para la postulación de candidatos y para la interposición de los recursos de impugnación.Aunque todavía no hay elementos para prever el sentido de la conclusión de la CIDH, y las respuestas del Estado mexicano a sus recomendaciones son muy dispares, la solicitud del organismo internacional incrementa la esperanza de concretar el acceso a las boletas de la elección presidencial de 2006 y la posibilidad de legislar para permitirlo en el futuro. Esto, a pesar de que el interés de acceder a las boletas y conocer la verdad es más una preocupación de periodistas, académicos y ciudadanos que de los políticos y sus partidos, los cuales no han hecho solicitudes específicas o interpuesto recursos legales al respecto, e inclusive desperdiciaron la oportunidad de incluir el tema en la reciente reforma electoral. l
Mejor el éxodo
Sinaloa. MasacresCULIACÁN, SIN.- Como nunca, la escalada de violencia cobró ya dimensiones críticas en esta entidad.Hace un mes y medio, tras la ejecución de ocho policías federales durante una emboscada en la colonia Las Vegas de esta ciudad, el gobernador Jesús Aguilar Padilla declaró que la ola de homicidios había tocado fondo.Desde entonces los enfrentamientos entre grupos de pistoleros con los cuerpos policiacos y los ajustes de cuentas entre los cárteles que comandan Joaquín El Chapo Guzmán y los hermanos Beltrán Leyva se han multiplicado. En mayo, por ejemplo, se registraron 116 asesinatos; en junio hubo otros 127, y durante los primeros 10 días de julio las bajas sumaban 65, incluidas las nueve víctimas del jueves 10 en el taller de hojalatería Mega 2000, en la colonia Ejidal de esta capital.Esta situación obligó al mandatario a cancelar su viaje a España para seguir de cerca las indagatorias, según informó su oficina de Comunicación Social el mismo jueves 10.La alarma se activó en Culiacán desde el miércoles 2, día en que fueron abandonados en una céntrica calle de Culiacán los cuerpos decapitados de cuatro badiraguatenses: Luis Enrique Aguirre, Ricardo Pacheco, Héctor Adán Venegas y Noel Uriarte, todos de la tierra de Joaquín Guzmán Loera. Junto a los cuerpos había un recado dirigido al capo del cártel de Sinaloa: “Sigues tú Chapo traidor malagradecido nunca vas a cambiar y sigue tu gallinita dizque huevos de oro malnacido ya ves todas las pendejadas que okasionas cobarde”, decía el mensaje.Dos días después, el viernes 4, fueron localizados otros tres cuerpos en la cajuela de un Tsuru. Tenían amputadas las piernas. Fue la respuesta de El Chapo. Uno de ellos era el excomandante de la Policía Ministerial Roberto Carlos Barceló Villagrán. De acuerdo con el reporte del Servicio Médico Forense, a Barceló le abrieron la espalda con un cuchillo.Doce horas después, otro comandante, Jorge Zataráin Camacho, y su compañero, Jesús Gastelum Leyva, fueron acribillados por un comando en el bulevar Emiliano Zapata. En la refriega murió también Daniel Sillas, un vendedor de revistas.Y los ajustes de cuentas continuaron. El sábado 5 por la noche dos choferes de tráileres de la sindicatura de Villa Juárez fueron decapitados y sus cabezas arrojadas en la barda perimetral de la empresa Santa Mónica, propiedad de la familia Zambada Niebla. Adherido a uno de los cuerpos había un recado: “Fallé con Sajarópulos; el gobierno te protege mucho; no mandes federales y ¡Viva la familia!”.Constantino Sajarópulos, comandante de la Policía Ministerial, fue atacado el mediodía de ese mismo sábado junto con sus escoltas cuando viajaban por la carretera México 15 en el tramo de Guasave a Guamúchil, a la altura de Las Brisas. Ninguno murió.En el ataque del jueves 10 murieron José Alfonso Ochoa Casillas, de 61 años, y su hijo José Alfonso Ochoa Quintero, de 37; ambos eran catedráticos en la Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). También murieron Martín Ochoa Medina, de 44 años; Cruz Francisco Villela Martínez, de 34; Efrén González Ramos, de 40; José Alfredo Armenta González, de 38, y Cristóbal Herrera Camacho, de 16, todos ellos carroceros, así como Francisco Javier Gámiz Camacho, ayudante de carrocero, y el mecánico Jesús Alfonso López Félix, de 24.La agencia segunda del Ministerio Público, especializada en homicidios dolosos, abrió ese mismo día la averiguación previa 100/2008. A su vez, la Procuraduría General de Justicia del estado informó que sólo uno de los nueve ejecutados, José Alfredo Armenta, tenía antecedentes penales por los delitos de lesiones y robo violento. La dependencia no precisó fecha ni lugar en que se cometieron esos delitos.Según algunos testigos consultados por Proceso, poco después de las 11 de la mañana el comando irrumpió en el taller y comenzó a disparar contra los nueve ocupantes. El operativo fue rápido. Cumplido el trámite, los homicidas abordaron sus vehículos y enfilaron hacia el bulevar Zapata, donde atacaron a tres elementos de la Policía Ministerial del estado: Emigdio Rocha Trujillo, cuyo cuerpo sin vida quedó en una patrulla; el comandante Antonio Rodríguez Murguía, quien falleció cuando era atendido en un hospital cercano, y Heriberto Regalado, que aún convalece debido a los impactos recibidos.A su paso por avenida Insurgentes, los agresores dispararon contra los efectivos militares que se encontraban frente a los edificios donde funcionan los juzgados federales; ninguno de ellos resultó herido, pero al menos uno de sus vehículos fue perforado por las balas de los fusiles AK-47 y AR-15.En su huida, el comando armado sembró pánico en la zona. Los comercios bajaron sus cortinas metálicas y dejaron a los clientes adentro; el tráfico se congestionó en el bulevar Zapata y en la avenida Pascual Orozco, lo que obligó a los vecinos a encerrarse en sus viviendas.Poco después llegaron soldados y policías federales, quienes de inmediato acordonaron el lugar.“Hay muchas versiones, pero nadie quiere opinar”, declaró un funcionario de la procuraduría. Según una de esas versiones, el comando iba tras un encargado de Mega 2000, a quien apodan El Caimán.
Comunidad fantasma
En la comunidad de El Pozo, ubicada a 17 kilómetros al oriente de Culiacán, los habitantes aún no olvidan la tragedia del 25 de junio. Aquel día arribó al lugar un convoy de camionetas con 40 gatilleros armados con fusiles AK-47. Ya había oscurecido. El comando ejecutó a cuatro personas, entre ellas un joven de 16 años que trató de escapar. Luego se llevaron a Pedro López, velador de un establecimiento de autopartes; al día siguiente fue localizado su cadáver.La viuda de Pedro López, Lourdes Álvarez, se arrepiente de no haberle hecho tres rezos a su esposo asesinado porque, dice, ya nadie la acompaña. Sólo la rezandera y una sobrina que vivía en su casa acudieron al novenario. Apenas se cumplió el último rezo, Lourdes y su sobrina se marcharon del pueblo.“¿Por qué nosotros? –se pregunta la viuda. Mi esposo nunca se metió en nada chueco.”Ella dice que es poco probable que se castigue a los asesinos. “Los policías tienen miedo. Saben quiénes fueron los asesinos, pero no investigan”. Y estalla: “Ellos jamás agarran a los responsables de nuestros muertos”.Al igual que Lourdes Álvarez, otras 100 familias abandonaron la comunidad desde que empezaron las matanzas. Una ocurrió en marzo, cuando un grupo de sicarios irrumpió en el caserío y mató a cuatro hombres. Desde entonces, seis habitantes de El Pozo que se mudaron a Culiacán han sido asesinados. Hasta el viernes 11, alrededor de 100 casas habían sido abandonadas por sus propietarios. Y el éxodo continúa. El pueblo luce desolado. La sociedad no sabe qué hacer para protegerse de la violencia. Lejos de organizarse, los sinaloenses prefieren encerrarse en sus casas. Para colmo, la semana pasada el Congreso del estado rechazó un punto de acuerdo propuesto por el PRD para realizar una gran marcha contra la violencia a la que había convocado la familia de un policía asesinado.Por eso la gente mejor huye. Muchas familias se han ido a otros estados; otras están a punto de marcharse ante la falta de protección de las autoridades, que se muestran incapaces para detener las ejecuciones, cada vez más crueles.Además de la violencia generada por la guerra entre las bandas de narcotraficantes, los sinaloenses padecen las vejaciones de las fuerzas federales. En los dos meses que lleva el operativo Culiacán-Navolato, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha recibido 30 quejas contra el Ejército y la Policía Federal Preventiva. Algunas incluso fueron turnadas a la CNDH. De enero a la segunda semana de julio, en la entidad han muerto en sucesos violentos más de 500 personas, de las cuales 63 eran policías, según el recuento hecho por este corresponsal a partir de notas publicadas en diarios locales. l
Seguridad nacional y espionaje
El tema de la seguridad nacional se encuentra hoy en debate con motivo de la denuncia que ha formulado el senador Manlio Fabio Beltrones en el sentido de que es objeto de espionaje por parte del Cisen. Las discusiones han girado en torno a aspectos inmediatistas y exteriores, no alrededor del fondo de la cuestión. Veamos.
Primero. El diseño institucional y normativo actual, paradójicamente, limita el derecho de los legisladores a saber para hallarse en condiciones de evaluar el ejercicio de programas y acciones de la administración pública federal. No obstante que son representantes de la comunidad, los legisladores tienen por ley el mismo o menor acceso que los gobernados a determinada información o documentación de las dependencias y entidades del gobierno. Resulta que los acuerdos parlamentarios para exigir ciertos datos al Ejecutivo son, en realidad, verdaderos llamados a misa porque carecen de cualquier efecto vinculatorio. La fuerza de estos acuerdos reside, si acaso, en la denuncia pública a través de los medios de comunicación. El candado se encuentra en las limitaciones para ejercer un escrutinio mayor que extrañamente siguen vivas en el artículo 45 numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo. Si el Congreso no puede lo menos, lógicamente no puede lo más. Es de llamar la atención cómo la reciente Ley de Seguridad Nacional, creada en 2005 con el propósito de sujetar los servicios de inteligencia a los intereses del país y al control parlamentario, en realidad se queda en un conjunto de buenas intenciones. Se supone que los servicios de inteligencia deben regirse por “los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales, confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación y cooperación”. Así lo establece el artículo 4 de la citada ley. El gran problema reside en que la propia normativa no dispone de los mecanismos para verificar ese cumplimiento. ¿Quién garantiza que los servicios de inteligencia no se conviertan en herramientas para la defensa del gobierno en turno? ¿Cómo asegurar que estos organismos realmente cumplen una función de Estado y no una defensa de intereses ajenos a los legítimamente previstos para mantener el estado de derecho y la integridad del Estado nacional? La respuesta debe apuntar al Congreso. La Ley de Seguridad Nacional dispone de un título dedicado al control legislativo de los servicios de inteligencia, particularmente del Cisen. El artículo 56 señala que “las políticas y acciones vinculadas con la seguridad nacional estarán sujetas al control y evaluación del Poder Legislativo Federal, por conducto de una Comisión Bicamaral integrada por tres senadores y tres diputados”. Pero todo esto es una mera ilusión óptica. La Comisión Bicamaral únicamente recibirá la información que tenga a bien proporcionarle el Cisen, conforme a lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley de Seguridad Nacional, que prescribe: “Los informes y documentos distintos a los que se entreguen periódicamente, sólo podrán revelar datos en casos específicos, una vez que los mismos se encuentren concluidos. En todo caso, omitirán cualquier información cuya revelación indebida afecte la seguridad nacional, el desempeño de las funciones del Centro o la privacidad de los particulares. Para tal efecto, ningún informe o documento deberá revelar información reservada”. En otras palabras, la Comisión Bicamaral prácticamente tiene las mismas posibilidades de acceso y fiscalización que cualquier ciudadano si se toman en cuenta las disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Tercero. La solicitada remoción del director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés Castellanos, quien ha logrado consenso en su contra mediante el punto de acuerdo de la Comisión Permanente del Congreso para solicitar su salida de ese organismo, no podrá resolver el quid de la cuestión. Lo que debe hacerse es legislar para regular de mejor manera los servicios de inteligencia, de suerte que, por un lado, se garanticen los intereses del país y, por el otro, se respeten los derechos humanos. Se sabe que no sólo la delincuencia organizada, sino también gobiernos estatales, sindicatos, agrupaciones e incluso algunos ayuntamientos están pertrechados por equipos de espionaje, y que existe un mercado negro de la información para todos los fines, sin más límites que la imaginación de esos operadores y sin que nadie diga ni haga nada. Por ello debe haber una normativa puntual que evite la liberalización de este discreto pero eficaz mercado que cada día crece en México y puede volverse un problema de gobernabilidad. El Cisen debe renovarse y estar sujeto a una vigilancia adecuada por parte del Congreso, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales, para que algún día pueda tener el monopolio de los servicios de inteligencia del país, del cual hoy carece. Esos son los puntos finos de la agenda pendiente. l
(evillanueva99@yahoo.com)
Para ordenar regionalmente nuestro optimismo
Sección “Mezquino es quedarse en el territorio de las convicciones anteriores, cuando lo verdaderamente generoso es ya no creer en nada”
1YO SIEMPRE HE SOSTENIDO LO MISMO, LO QUE PASA ES QUE USTEDES VIVEN FUERA DE CONTEXTO.
“Convoco a (los michoacanos) no regatear ni ser mezquinos sino apoyar al presidente Felipe Calderón… Nos va a ir mejor a los michoacanos con este presidente”. (Para no ser oportunistas, nunca hay que separarse de la oportunidad.)Leonel Godoy, gobernador de Michoacán al recibir a Felipe Calderón, presidente de todos los michoacanos, en Michoacán, la tierra de todos los votantes michoacanos del michoacano que es gobernador y de los michoacanos que a lo mejor votaron por el PRD (sin ser michoacanos).
Nota de Claudia Herrera, La Jornada, 2 de julio de 2008.
2CANO POR CANO, MICHO POR MICHOACANO.
“Ya no puedo cantar porque luego me regañan en mi equipo. (No por desentonado, sino porque les quita la chamba a los de Televisa. La R.) ¿Por qué no se echan Puños de Tierra?, encargó el mandatario, una popular pieza de Antonio Aguilar.“Yo no niego la cruz de mi parroquia –afirmó Felipe Calderón. Estamos michoacanizando el gobierno federal para enderezar el rumbo. (Si nos define qué es michoacano se lo decimos al gobernador para que lo apoye todavía más. La R.) Como presidente trabajo parejo para todos los estados (pero) hay un estado más parejo que otro…” (¿Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Tamaulipas? Allí también matan a montones. La R.) Y Leonel Godoy afirmó: “Lo que sí tenemos en común es que somos michoacanos, o como dijera alguien por ahí, es que somos michoacanos”. (Y si son michoacanos lo más probable es que nacieran muy cerca de su lugar natal.)
En la celebración de la “victoria” de Calderón del 2 de julio de 2006.
Nota de Mayolo López, Reforma, 3 de julio de 2008.
Sección “Por ellos aunque mal paguen”
3YA QUE OBTUVIERON LO QUE QUERÍAN, NOS ALEJARON CON EL PRETEXTO DE QUE NO ESTÁBAMOS CASADOS ANTE DIOS.
“Felipe Calderón le está pagando mal al PRI porque no ha reconocido que por los priistas tomó posesión como presidente de la República (y no se le olvida, dice la R., porque los michoacanos no son mezquinos). En este sentido no nos está pagando bien el gobierno federal y yo espero que sean suposiciones y no realidades de que nos estén espiando a senadores, diputados y gobernadores, que no pertenecemos a la misma corriente política del presidente Calderón.” (Se refiere a los michoacanos.)
Eugenio Hernández Flores, gobernador de Tamaulipas, al dolerse en público de la ingratitud de los estadistas michoacanos.
Nota de Martín Sánchez, La Jornada, 5 de julio de 2008.
Sección “Si saltas bien y te sostienes un rato sobre tus patitas, te regalo una sombrillita”
4POR CIERTO, ¿YA LES DIJERON A MANLIO, A GAMBOA, Y A PEÑA NIETO QUE DEJARON MUY SUCIO EL PISO, QUE VUELVAN A TRAPEARLO?
“Confío en que el PRI será una oposición socialmente útil y responsable a la hora de dictaminar el proyecto de reforma energética… (Útil porque no será oposición, responsable porque votará de rodillas. La R.) Acción Nacional no tiene deudas pendientes con nadie. La única que tiene es con los ciudadanos… (¿Para qué quiere otra el Presidente del Empleo, ese que ya se obtiene a raudales? La R.) Y en cuanto a la reforma energética de Calderón, quienes la rechazan están negando puestos de trabajo a los mexicanos (¡Claro! ya no podrán concederle otro puesto al contratista Mouriño ni podrán nombrar a cuatro consejeros independientes en el Consejo de Administración de Pemex. La R. nominal). Quienes se oponen tienen que explicar por qué no quieren empleos para la población, y dónde y cómo generar puestos de trabajo sin una reforma en la industria petrolera”. (Es fantástico: así que los que se oponen a la venta de garaje no quieren empleos para la población. Si alguien leyera al declarante se daría cuenta que en su fantasía las mentiras se vuelven profecías.)Germán Martínez, dirigente histórico del PAN, durante un mitin panista en el Toreo de Cuatro Caminos, en respuesta al muy dolido gobernador de Tamaulipas.
Nota de Georgina Saldierna y Fabiola Martínez, La Jornada, 6 de julio de 2008.
Sección “Vaya que los michoacanos no son mezquinos”
5Y NO DIGAN QUE NOS ANTICIPAMOS PORQUE ESTE SEXENIO YA SE ACABÓ, INCLUSO PARA TODO PROPÓSITO IMPRÁCTICO.
“Por convicción, por decisión prácticamente unánime (sinónimo priísta de convicción. La R.), los priistas de Morelia vamos a dar la cara públicamente por Peña Nieto y vamos a emprender una gran cruzada nacional, dentro y fuera del PRI, para que sea el futuro presidente. (¿En 2018? ¿En 2024? ¿En 2030?... No me diga que ahorita. La R. rumbo a Toluca.) Si bien hoy los priistas contamos con un amplio abanico de prospectos presidenciales como Manlio Fabio Beltrones, Fidel Herrera, Beatriz Paredes, Ulises Ruiz y Eduardo Bours, es inocultable que Peña Nieto tiene el mejor posicionamiento a escala nacional… (¿Mejor que Ulises Ruiz y Eduardo Bours? Pues nada más se nos ocurre Mario Marín. La R.)
–¿Es la cargada?
–Es una necesidad política que compartimos los priistas. Hace unos días estuvo en Morelia Humberto Roque Villanueva y en una reunión oficial del partido escuchó infinidad de manifestaciones a favor de Peña Nieto. Entonces, lo que procede es darle orden y cuidar este proyecto para que se consolide y crezca lo mejor posible”.
Martín Julio Aguilar, dirigente del PRI en Michoacán, al destapar a Enrique Peña Nieto para candidato presidencial de su partido en 2012.
Nota de Francisco García, Milenio Diario, 7 de julio de 2008.
Sección “Voto por Carlos, casilla por Salinas”
6SI TUVIERA VOTO NO ESTARÍA YO AQUÍ.“
–Los señores están muy tensos, se ven muy preocupados, porque nada justifica que el dirigente del PAN, Germán Martínez, haga una convocatoria o una reunión de partido con el único propósito de hacer un discurso en el que se refiere exclusivamente a las elecciones de 2009, cuyo proceso no ha iniciado y que por tanto debe ser sancionado por el IFE de acuerdo a las reformas recientemente aprobadas.
–¿Y qué pasa con la influencia de Carlos Salinas de Gortari en la decisión de los priistas?
–El expresidente Salinas es un hombre que no tiene voto en la Cámara de Diputados ni en la de Senadores. Es falso… (Este declarante es astuto y muy preparado. Ahora sí que despistó al Sic para siempre.)
–Voto no, ¿influencia sí?
–Es un expresidente. Sin duda alguna tiene muchísimos amigos dentro del PRI y otros partidos, pero no tiene voto. (Pues algunos le habrán quedado de la votación de 1988. Sáquenlo del paquete. La R.)
–Hay reseñas periodísticas donde se precisa que usted se la pasó platicando más de cuatro horas con Salinas. Es más, que se bajó en la Fuente de Petróleos.
–¿Me siguieron ustedes? No. (Oiga, mi buen, si no somos del Cisen. La R.)
–¿Tiene influencia en el voto del PRI el expresidente?
–No para determinar el voto del priismo. Quienes van a votar son los 106 diputados aquí y los 33 senadores (del PRI) en la Cámara de Senadores.” (¡Qué astuto, de veras!)
Emilio Gamboa Patrón, coordinador de los priistas en la Cámara de Diputados, al responderle al patrón de la Oposición Servicial.
Nota de Enrique Méndez y Ciro Pérez, La Jornada, 8 de julio de 2008.
Sección “Fíjense en cómo tarda en decidirse a decir algo que se le está olvidando”
7QUE NO LE DEN A EXPLICAR UN ARTÍCULO DE LA CONSTITUCIÓN PORQUE SE TARDA POR LO MENOS TODO EL SIGLO XX.
“Pues, yo no sé si lo que está queriendo hacer es algo de publicidad a su libro antes de que salga, pero realmente son declaraciones que no están ayudando a tener un mejor clima que es el que yo quisiera que nos aplicáramos a procurar, sobre todo en este terreno, en el terreno de la discusión de la reforma energética, lo que debemos de abonar y apostar es al entendimiento, a la comunicación y no a la descalificación de los actores políticos…
–¿Usted cree o advierte que hay un sector del PAN que pretende dinamitar la posibilidad de una alianza PRI-PAN para sacar la reforma energética?
–Yo creo que es muy importante cerrar filas en torno al presidente Calderón para que esta reforma salga lo mejor posible, lo antes posible y lo más completa posible. Yo confío en que esto va a poder ser así y no estoy pensando en méritos, colgarles la medalla a un grupo, a otro, a un poder o a otro. Esto es por el bien de México, tenemos que ser generosos, humildes y poner cada quien nuestro granito de arena y ser albañiles en la construcción de acuerdos.” (¡Viva el partido de los alarifes!)
Gustavo Madero, coordinador de los senadores del PAN, al opinar (al parecer) sobre las acusaciones de Manuel Espino en contra de Felipe Calderón, o a la mejor, al revisar la Guerra de Crimea o el repertorio de Pavarotti. ¿Quién lo sabrá jamás? Versión estenográfica, 8 de julio de 2008.
Sección “El Muro de las Lamentaciones era virtual”
8SIN SPOTS LA VIDA NO VALE NADA. ES MÁS, SIN SPOTS NI CASO TIENEN LAS ELECCIONES.
“Con las resoluciones de la Corte sobre los spots contratados por ciudadanos, el problema cae en nosotros, con multas hasta de 100 mil días de salario mínimo. (¿Diez minutos de sus ganancias? La R.) Puede ser que busquemos contratar medios y ellos no van a tener sanciones, ni los partidos. Creo que no es parejo, por lo que tendremos que ir cerrando las apuestas a todos, eso nos queda claro”.Enrique Pereda, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT).
Nota de Alonso Urrutia, La Jornada, 9 de julio de 2008.
Sección “Si no fuera por el espionaje, los políticos vivirían sintiéndose de celofán”
9¿Y NO SERÍA MÁS ÚTIL ORGANIZAR REALITY SHOWS? ASÍ CONFESARÍAN MUCHO MÁS Y NO HABRÍA ACUSACIONES. ¡LARGA VIDA A BIG BROTHER!
“Legisladores integrantes de la primera comisión de la Comisión Permanente aprobaron un dictamen donde se solicita al presidente Felipe Calderón y al secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño, la remoción del director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés Castellanos, por haber autorizado a una empresa particular que investigara a diputados y senadores. El 26 de mayo pasado se reveló que el Cisen contrató a la empresa privada Consultores en Diseño de Estrategia Político-Legislativa, a la que ordenó un análisis clasificado con reservas de 12 años sobre trabajo de senadores y diputados.” (Dentro de 12 años nadie se acordará ni de quiénes eran ni de lo que hacían. ¿No podrían desclasificarlos la semana próxima? A lo mejor todavía tienen algún interés, aunque no es probable.)
Nota de Víctor Ballinas y Elizabeth Velasco C., La Jornada, 9 de julio de 2008.
Solicitud de la Medalla Belisario Domínguez para quienes deben escuchar por obligación laboral las conversaciones de los congresistas: CM y JV.
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