sábado, mayo 01, 2010

Presidentes de Latinoamérica – Hugo Chávez, segunda parte




http://www.youtube.com/watch?v=aZt-rjn36Vk


http://www.youtube.com/watch?v=VeuJrRKZx8w


http://www.youtube.com/watch?v=FfKycNUgNkg


http://www.youtube.com/watch?v=xIaDQ7kqh1g


http://www.youtube.com/watch?v=XxHAryXZCj8

........PORQUE YO SOY SOLO SI ELLOS Y ELLAS SON...........

En Recuerdo de Bety Cariño Asesinada por paramilitares, en San Juan Copala, Oaxaca, Mex.

http://www.youtube.com/watch?v=LSk7drjmSx4

EN VIVO por AMLOTV en Foro Social Mundial El Presidente Legítimo de México Lic. Andrés M. López Obrador



AMLO EN EL FORO SOCIAL MUNDIAL


El próximo lunes, dentro del marco del Foro Social Mundial, a las 4 de la tarde en la carpa central que se montará en el zócalo, se presentará Andrés Manuel con el tema "Resistencia ciudadana y cambio democrático". Sería útil que nos ayudaras con la difusión a los compañeros de Brújula ciudadana y de ser posible a los otros círculos con los que tengas contacto. En documento adjunto te envío el programa completo y te adelanto que no está el nombre de Andrés Manuel porque confirmaron apenas hace unas horas. Lo van a resolver volanteando.

La inauguración es el domingo a las 10 de la mañana y estará presente
10 am

Oscar Gonzalez, Foro social mundial mexico
Marcelo Ebrad Gobierno del DF
Trinidad Ramirez Edo Mex, Frende de lospueblos en Defensa de la tierra
Martin Esparza DF SME
Rosaro Ibarra de Piedra Monterrey Comite Eureca Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la republica
Gustave Massiah Francia, Consejo Internacional Foro Social Mundial
12 am
Pablo Gonzalez Casanova Mexico En defensa de la Humanidad
Francois Houtart Belgica
Lau Kin Chi China
Whillemina, Sudafrica
16hrs
Euclides André Mance Red Brasileña de Socioeconomia Solidaria
Oscar Ugarteche Peru Mexico Observatorio Economico de America Latina
WIlliam Robinson EUA Universidad de California en Santa Barbara
Alberto Arroyo Picard DF re Mexicana de Acccion frente al Libre Comercio
y MUCHO MASSS
Y
NUESTRA QUERIDA Y ENTRAÑABLE MAESTRA DE HISTORIA EDNA MA OROZCO,
ESTARA EL MARTES 4 DE MAYO EN EL PANEL CENTRAL A LAS 10AM!!! NO FALTES
Panel Central del Bicentenario: A los 200 años de las luchas de Independencia en America latina, Panel Otra historia para la descolonizacion con
Edna Ovalle Michoacan Universidad Intercultural de Michoacan
con Adolfo Gilli UNAM
Pedro Salmeron INAH
Francisco Perez Arce
Saul Escobar

Programa Foro Social Mundial México 2010


Narcolavado, otra guerra perdida por Calderón

Los narcodecomisos de ida y vuelta

El poder del narcotráfico no se agota en las armas y el ejercicio de la violencia ni en su capacidad corruptora. Con ganancias anuales estimadas en 40 mil millones de dólares, según el propio gobierno federal, su fortaleza está en los vastos recursos de que dispone para sus actividades criminales y que, hasta ahora, apenas han sido tocados por las administraciones panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón. Y lo que es peor: los cárteles de la droga han recuperado legalmente buena parte de lo que se les incautó en la última década. Una investigación de Proceso revela la incapacidad gubernamental para llevar su guerra contra el narco fuera del ámbito militar y aplicar inteligencia financiera contra el lavado de dinero.

Patricia Dávila


El combate contra el lavado de dinero producto del tráfico de drogas es otro flanco perdido en la guerra contra el narcotráfico: en una década, el gobierno federal ha intervenido tan sólo 55 empresas, pero ha tenido que devolver 24 a sus propietarios, según registros del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Sin embargo, de acuerdo con datos de diversas fuentes oficiales, los capos han logrado recuperar por lo menos otras nueve empresas más. Es decir, el narco le ha ganado al gobierno en 60% de los casos. La organización delictiva más beneficiada ha sido el cártel de Sinaloa.

En estos 10 años, el gobierno vendió 69 mil 870 bienes muebles e inmuebles asegurados al narco, por los que obtuvo cerca de 900 millones de pesos. La cifra no llega ni a 7.2% de la fortuna de mil millones de dólares atribuida a Joaquín El Chapo Guzmán Loera por la revista Forbes en marzo de 2009, cuando lo incluyó como uno de los hombres más ricos del mundo. Si se compara con las ganancias anuales de todos los cárteles de la droga que operan en México, calculadas en 40 mil millones de dólares por el propio gobierno federal, equivale apenas a 0.18%.

La información del SAE contrasta con la obtenida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que desde 2002 incluye en sus bases de datos a 116 empresas mexicanas sospechosas de mantener vínculos con cárteles y de realizar actividades de lavado de dinero. De éstas, el gobierno mexicano sólo ha asegurado ocho, pero ha devuelto siete a sus propietarios, aun cuando forman parte de esas organizaciones delictivas.

Transparencia obligada

Con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el 30 de septiembre de 2009 Proceso solicitó al SAE una lista de los bienes muebles e inmuebles y empresas aseguradas o decomisadas al narcotráfico desde 2000.

Más específicamente, este semanario pidió que los datos se entregaran desglosados por año, con descripciones detalladas de cada uno de los bienes, el nombre de las personas a quienes se les incautaron, fecha y lugar de aseguramiento, cárteles implicados y valor real del bien.

En el caso de los que fueron vendidos, también se requirió al SAE el nombre del adquiriente, la fecha y el monto de la venta, así como la relación de los bienes que no han sido subastados y su estatus legal. Se pidió que se especificara cuáles fueron devueltos a sus propietarios, lugar y fecha de la restitución y el motivo de ésta. En el caso de las empresas, se solicitó además la razón social y el giro comercial.

Ese mismo día, la Unidad de Enlace del SAE asignó a la solicitud el número de folio 0681200020209. Casi dos meses después, el 27 de noviembre, esa entidad respondió de manera “negativa” a la petición. El argumento: la información requerida se consideraba “reservada” o “confidencial”.

El SAE se basó en los artículos 44 y 35 de la Ley de Transparencia para determinar que “proporcionar los datos relativos a montos pondría en desventaja al SAE, pues impediría maximizar el precio de venta y reducir gastos administrativos”. Además, argumentó que la difusión de esa información “puede obstruir las acciones de verificación del cumplimiento de leyes de prevención o persecución de delitos o de impartición de justicia”.

También advirtió acerca de los inconvenientes de identificar bienes asegurados que revelarían “datos de carácter personal”, es decir, “que se encuentren sujetos a un procedimiento jurisdiccional que incide en la esfera jurídica de una persona física”.

El SAE solamente aceptó entregar a Proceso tres listas con información “parcialmente reservada y confidencial” que incluía una relación de bienes muebles e inmuebles, así como de empresas, y su procedencia, la fecha de aseguramiento, la fecha en que fueron entregados a la administración del SAE y el estatus jurídico en que se encuentran. Sin embargo, ni siquiera toda esta información estaba completa en la mayoría los casos.

Debido a la negativa de información del SAE, el 11 de diciembre de 2009 Proceso interpuso un recurso de revisión ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), que fue admitido el 7 de enero último con el número de expediente 5908/09. Tras una solicitud de ampliación del plazo para resolver, el pasado 7 de abril el IFAI ordenó al SAE difundir el monto de los muebles e inmuebles, incluyendo empresas, decomisados al narcotráfico y que fueron enajenados entre 2000 y 2009.

La resolución elaborada por la comisionada del IFAI María Elena Pérez Jaén desecha los argumentos del SAE para reservar la información, porque hacer público el monto en que se vendieron esos bienes decomisados al crimen organizado ya no puede afectar el acto de presentación de ofertas por el cual se determinó el precio para lograr la recuperación económica.

Así, el 8 de abril, Proceso tuvo acceso a la totalidad de la información proporcionada por el SAE.

De los 69 mil 870 bienes asegurados que han sido subastados por el SAE entre 2000 y 2009, la mayor parte corresponden al sexenio de Vicente Fox: se liquidaron 59 mil 298 por la cantidad de 676 millones 120 mil 533 pesos. En cambio, durante los tres años y medio que lleva la “guerra” calderonista contra el narcotráfico se han enajenado 10 mil 572 bienes por un monto que apenas alcanza los 185 millones de pesos.

Los años que más decomisos registran son 2002, 2003 y 2004, con 26 mil 990, 11 mil 751 y 11 mil 881 bienes, respectivamente. De acuerdo con las cifras de venta reportadas, en 2002 se obtuvieron los mayores dividendos: 227 millones de pesos. En 2003 la suma fue de 102 millones, y de 145 millones de pesos en 2004.

En 2001 se reportaron 5 mil 552 decomisos con ingresos por 160 millones de pesos. Ese año se efectuó la transacción más alta realizada en la década: el 28 de diciembre fue vendido en 32 millones 200 mil pesos el buque atunero Macel, interceptado meses antes por la Secretaría de Marina en el puerto de Manzanillo, Colima, cuando transportaba 9.5 toneladas de cocaína con valor de 80 millones de dólares. Según la Procuraduría General de la República, el Macel formaba parte de la red de transporte empleada por Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico, para traer cargamentos de droga desde Colombia.

En el listado de bienes asegurados y vendidos de 2000 a 2009 aparece la venta de 5 mil 96 vehículos (automóviles, camionetas y tractocamiones), con precios que van de 170 mil a 650 mil pesos por unidad; 70 aeronaves y 238 embarcaciones; yeguas finas de la raza friesian vendidas entre 70 mil y 90 mil pesos; equipos y accesorios para celulares y radiocomunicación; enseres para el hogar (ornamentos, recámaras, electrodomésticos y aparatos electrónicos como televisores, videocaseteras y videojuegos), y hasta ropa interior y pistolas de juguete.

De acuerdo con la lista proporcionada por el SAE, los 69 mil 870 bienes muebles enajenados fueron adquiridos por 3 mil 471 compradores, de los cuales 359 son empresas. Del resto, 130 compras las hicieron varias presidencias municipales de los estados de Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Morelos, Zacatecas, Culiacán y Oaxaca. Otras seis transacciones corresponden a los gobiernos de Tamaulipas, Baja California Sur, Chiapas, Hidalgo, Sonora y Veracruz. Las demás fueron hechas por particulares.

En el apartado correspondiente a la venta de inmuebles, el SAE señala que de 2006 a 2009 se vendieron a valor de “mercado” tres departamentos localizados en el Distrito Federal, así como cuatro casas en Jalisco, Estado de México y San Luis Potosí, y un terreno urbano en Sinaloa. La suma de las ocho transacciones es de 34 millones 540 mil 742.81 pesos.

Usted disculpe

De acuerdo con el Anexo 1 entregado a Proceso, que contiene la relación de los 22 mil 285 bienes muebles asegurados y decomisados en administración, el gobierno federal ha reintegrado 4 mil 582 y tiene pendientes de devolver mil 599.

Dentro del mismo listado destacan 9 mil 17 aseguramientos de dinero en efectivo, tanto de moneda nacional como de dólares estadunidenses. El SAE no determina el monto total decomisado en cada intervención; sin embargo, de la información proporcionada se desprende que el gobierno federal ha perdido 3 mil 186 casos, en los que ha debido reintegrar el dinero.

Los seis estados en que se ha realizado la mayor parte de los decomisos son el Distrito Federal; Sinaloa, Sonora, Jalisco, Chiapas, Baja California, Veracruz y Chihuahua. En donde menos se decomisa es Tlaxcala, con 33 operaciones, y Morelos, con 28.

En el anexo 2, el SAE revela que ha recibido mil 201 bienes inmuebles para su administración, de los cuales, 10 se encuentran en posesión de terceros, 14 en uso del propio SAE, mientras que 31 se han dictaminado para devolución (tres ya se han regresado). El resto permanece bajo resguardo del SAE en tanto se define su estatus.

Aquí sobresalen casas habitación, terrenos, departamentos, edificios, ranchos y locales comerciales. La mayor parte de los mil 201 inmuebles ha sido asegurada en los estados de Sinaloa, Jalisco, Sonora, Baja California Sur, Distrito Federal y Colima, que suman 936 decomisos.

En un tercer anexo, el SAE proporciona una relación de 31 empresas que se encuentran “aseguradas, decomisadas en administración” entre 2000 y 2006. En lo que va de la administración de Felipe Calderón, esta entidad no ha recibido negocios decomisados al narcotráfico.

El SAE asegura que desconoce la procedencia de los bienes, “así como si se encuentran relacionados con algún cartel del narcotráfico”. Sin embargo, de acuerdo con información de Proceso, al menos 23 casos están relacionados con algún grupo delictivo, según lograron identificar Rogelio Flores, Juan Carlos Baltasar y Juan Carlos Cruz Vargas, del centro de documentación de este semanario.

Estas son: Servicios Aéreos de Colima; inmobiliaria Jov; Aires Acondicionados Jov; Operadora Turística Jov; Autotransportes Especializados Jov; Materiales para Construcción Jov; Operadora Minera Jov y Centro de Capacitación y Adiestramiento Aeronáutico Jov, todas ellas pertenecían a José Ocampo Verdugo, detenido por la PGR e1 29 de noviembre de 1999 y acusado de lavar dinero de los hermanos Amezcua Contreras, entonces operadores del cártel del Milenio. También aparece la Cooperativa de Producción Rural Emmanuel, establecida en Jalisco, en la que se criaba ganado propiedad de Ocampo Verdugo.

El restaurante D’Carlos Butcher Shop, ubicado en Tijuana, fue decomisado el 1 de febrero de 2000, por ser una de las inversiones de los hermanos Arellano Félix, según la sentencia emitida por el entonces juez de Distrito en materia penal, con sede en Toluca, Estado de México.

El Instituto Rector Hidalgo, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, fue asegurado el 26 de enero de 2005, cuando la Agencia Federal de Investigación (AFI) y el Ejército realizaron un operativo para incautar las propiedades del exlíder paramilitar de Los Zetas, Carlos Rosales Mendoza, que lo utilizaba como centro de inteligencia.

Transportadora Purépecha, en Uruapan, Michoacán, es propiedad de Nicandro Barrera Medrano, alias El Nico, quien en el pasado 25 de febrero fue identificado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como uno de los siete cabecillas del cártel La Familia.

El 27 de septiembre de 1997, Manuel de Jesús Bitar Tafich fue señalado por el entonces juez undécimo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, como responsable de delito de lavado de dinero, a través de Inmobiliaria Cobit, establecida en el estado de Chihuahua. Bitar Tafich, fue compadre de Amado Carrillo El Señor de los Cielos, el finado líder del cártel de Juárez.
Otras empresas relacionadas con ese grupo criminal –hoy al mando de Vicente Carrillo Fuentes– es Lualti, la cual manejaba la seguridad de los aeropuertos de Mérida y Cancún, así como Diversiones y Fiestas y Tequila Rock de Chetumal. La PGR las vinculó con el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva.

El 9 de marzo de 1997 fueron aseguradas Bioesport, Fletes y Transportes Gaxgar, Inmobiliaria Gaxiola, Molduras del Noroeste y Distribuidora de Hermosillo Gaxiola, todas propiedad de Rigoberto Gaxiola Medina, señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como “componente vital” de la organización criminal de Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

En la información oficial proporcionada a Proceso, el SAE incluye a las empresas de Gaxiola en la lista de bienes que están todavía bajo su administración. Sin embargo, el 13 de diciembre de 2001, el Juez José André Nalda emitió la resolución 56/2000 en la que ordenó a la PGR la devolución de las empresas, ya que Rigoberto Gaxiola García (hijo) demostró ser el legítimo propietario.

De acuerdo con un informe emitido en agosto de 2008 por el Departamento del Tesoro estadunidense, la red sigue operando a través de la esposa e hijos de Gaxiola: María del Rosario García Durán, así como Rigoberto, Carlos y María Elena Gaxiola García.

El Anexo 3 proporcionado por el SAE contiene también una lista con la razón social de las 24 empresas devueltas de 2000 a 2007. Al menos ocho de ellas tienen relación con el negocio de las drogas, según datos que pudo obtener Proceso en fuentes oficiales que solicitaron reservar su identidad:

Lavatronic, propiedad de Patricia Baeza Rodríguez, pareja sentimental de Mario Villanueva, y Complejo Turístico Oasis y Playa Mar, que desde finales de 1990 fueron catalogadas por la PGR como “lavadoras” de dinero de los Arellano Félix. Otra de las empresas es Candilejas de Saltillo, asegurada en octubre de 1994, propiedad de José Luis García Treviño, también conocido como Juan Chapa Garza o Juan García Ábrego, viejo líder del cártel del Golfo detenido en 1996 y actualmente preso en Estados Unidos.

Por cierto, García Ábrego pelea al gobierno mexicano la devolución de 25 millones de dólares.

Otra propiedad, regresada en octubre de 2007, es el rancho El Tesoro del Capulín, asegurado en noviembre de 2006 cuando militares y agentes federales encontraron armas largas, rifles AK-47 y AR-15 y 2 mil 500 cartuchos, granadas de fragmentación y prendas de vestir con camuflaje.

Laboratorios Ttokkyo, en Morelos, se dedicaba a la fabricación del psicotrópico conocido como ketamina, que distribuían en Estados Unidos, fue asegurado en septiembre de 2002 por la PGR.

La lista incluye varias empresas propiedad de Carlos Ahumada Kurtz, aseguradas el 18 de marzo de 2004 por la PGR como bienes de posible “procedencia ilícita”, pero que le fueron devueltas en octubre de ese mismo año: Promotora Deportiva de Futbol León, Nueva Perspectiva Editores y Deportiva de Futbol Comarca Lagunera.

El Establo Lechero Puerto Rico, propiedad de Ismael El Mayo Zambada, operador del cártel de Sinaloa, fue asegurada por la PGR el 23 de junio de 2000, pero la recuperó apenas seis meses después. Esta empresa, junto con Multiservicios Jeviz, Gasolinera Rosario, Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, Lechera Santa Mónica y Jamaro Constructores fueron boletinadas por autoridades de Estados Unidos en mayo de 2007.

De un total de 116 empresas que el gobierno estadunidense señala que lavan dinero del narco, 48 estarían relacionadas con los hermanos Arellano Félix, cabecillas del cártel de Tijuana; cinco con la familia Amezcua Contreras, del cartel Milenio; 16 a los hermanos Beltrán Leyva, y una a La Familia.

Otras 40 estarían vinculadas con el cártel de Sinaloa, de las cuales dos pertenecen a Agustín Reyes Garza, Don Pilo; cinco a Ismael El Mayo Zambada; 19 a Blanca Margarita Cazares Salazar y 14 a Rigoberto Gaxiola Medina.

De todas las empresas boletinadas por las autoridades estadunidenses, el gobierno mexicano sólo ha intervenido a ocho; sin embargo, de acuerdo con la información del SAE, siete ya fueron devueltas: una al Mayo Zambada y seis a Gaxiola Medina, ambos del cártel de Sinaloa.

Un fracaso más

MÉXICO, D.F., 30 de abril (apro).- ¿Dónde están los operadores de Felipe Calderón, del encargado del Ejecutivo federal?, es la pregunta. La verdad, es que parece no tenerlos, por lo menos eso se demostró cuando fracasó la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional.

Desde que inició su sexenio, Calderón sacó al Ejército a las calles para combatir al narcotráfico y, tres años después, ahí lo mantiene; intensificó los operativos y dio golpes mediáticos con la detención de grandes capos, pero con un costo muy alto: más 22 mil muertos, según la cifra oficial. Sin embargo, las calles sigues circulando las drogas y se ha intensificado la violencia.

En abril de 2009 Calderón envió al Congreso la iniciativa de reforma para darle un marco jurídico al trabajo de las fuerzas armadas en su combate al crimen organizado, o mejor dicho, brindarles impunidad para hacer un trabajo que corresponde a otras instancias y seguir justificando los “daños colaterales”, como le gusta llamar a las muertes de inocentes.

Es cierto que la presencia del Ejército en las calles es un reclamo de la sociedad, pero no para que se justifiquen atropellos de la milicia, sino como medida última para acabar con la preocupación de los ciudadanos que sus hijos no regresen a sus casas y sean alcanzados por balas pedidas o que mueran en fuego cruzado, como ha ocurrido en las últimas semanas en diversas partes del país.

Sin embargo, el encargado del Ejecutivo federal, porque no se le puede llamar presidente de la República a quien llegó en forma tan dudosa a esa posición, erró la vía política para lograr la aprobación de la reforma.

Las fuerzas armadas que le abrieron la puerta de atrás del Congreso de la Unión a Felipe Calderón Hinojosa para que aquel 1 de diciembre de 2006, rindiera protesta como titular del Ejecutivo federal, le exigieron seguridad jurídica en las acciones de combate contra el crimen organizado que han venido realizado en los últimos tres años. Los salvadores, es decir, las fuerzas armadas, a quienes el Ejecutivo federal les debe en gran parte estar en la silla presidencial, quieren seguridad jurídica, pero Calderón no les ha podido cumplir.

Calderón envió al Senado su iniciativa de reforma --quizá por los acuerdos que ya tenía con el líder de los priistas, Manlio Fabio Beltrones, para sacar adelante la ley--, pero cometió un grave error:

Primero: el Senado nunca trabajó en conferencia, es decir, en acuerdo con la Cámara de Diputados, por lo tanto, tampoco con los diputados priistas para sacar adelante la reforma.

Segundo: los votos reales que aseguraban el transito de las reformas estaban entre los legisladores de la Cámara baja.

Efectivamente, el pasado 27 de abril salió del Senado la iniciativa con tan sólo dos votos en contra: los de Rosario Ibarra de Piedra y de Ricardo Monreal. Sin embargo, el problema es que la reforma fue aprobada con innumerables cambios que a las fuerzas armadas no gustaron; pretendían que la ley fuera aprobada según la había enviado el Ejecutivo federal.

Piensa ahora el Ejército que los senadores, en su negociación entre los diferentes partidos políticos, les quietaron los “dientes” que ellos habían presentando con la iniciativa calderonista, que más bien pareció haberla elaborado el propio Ejército.

Al llegar a la Cámara de Diputados la minuta se “atoró” porque el Ejército, molesto, pidió el apoyo de los priistas para que la frenaran y le hicieran nuevas modificaciones. Es decir, regresar la iniciativa a los términos en que fue presentada la propuesta.

El error político de Calderón consistió en haberla enviado al Senado y no a la Cámara, digo lo anterior porque entre los diputados, ---237 del PRI— hay más priistas que tienen un gran respeto por las fuerzas armadas; era mucho más factible que saliera adelante.

La operación política le falló a Calderón, pues no sólo equivocó la vía, sino que a pesar de saber del descontento del Ejército por los cambios, todavía ordenó a su secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, que empujara entre los diputados para que saliera adelante la minuta.

Todavía el 28 de abril --día en que llegó la minuta a la Cámara de Diputados-- y el mismo 29, último día en que sesionaron los legisladores, Gómez Mont seguía presionando para que incluyeran la minuta en el orden del día y fuera aprobada.

Una minuta que rechazan los militares, una minuta que no tiene el consenso de todos los partidos pero que, si hubiera llegado primero a la Cámara y no al Senado, con los 237 votos del PRI más los 143 del PAN, hubiera salido adelante sin ningún problema, incluso, como lo pedía el Ejército.

A pesar de tener todo el rechazo de las fuerzas militares, Calderón insistió y ordenó a Gómez Mont operar hasta el último momento.

“¡Pero qué le pasa al presidente!”, es el comentario que en los pasillos de la Cámara de Diputados se escuchó los días 28 y 29 de abril. “¡Ya se equivocó enviando al Senado la minuta y ahora que el Ejército está molesto por la forma en que quedó, todavía insiste en que se apruebe!”, decían los legisladores priistas.

El PAN en la Cámara de Diputados solo no puede hacer absolutamente nada, no sólo porque la coordinadora de los panistas, Josefina Vázquez Mota, nunca ha servido como operadora, sino también porque en estos momentos el tema ya se empalmó con los procesos electorales.

Hay que recordar que el 4 de julio habrá elecciones para elegir gobernador en 10 estados, los cuales, muy seguramente ganará el PRI --aunque Sinaloa aún mantiene preocupados a los priistas--, así es que en los meses de mayo y junio, los partidos estarán más preocupados por la operación política en cada una de esas entidades que lo que pueda ocurrir en el Congreso de la Unión.

Es cierto que se puede convocar a un periodo extraordinario para aprobar la Ley de Seguridad Nacional, pero los principales operadores del PRI estarán en los procesos locales y no tendrán tiempo para negociar los cambios que el Ejército quiere que se hagan a la minuta aprobada en el Senado. El PAN, tendrá que hacer lo propio, sobre todo, ahora que, como lo indican los sondeos de opinión, está a punto de perder todas las elecciones.

Calderón ya fracasó con cumplirle al Ejército sus exigencias; y como parte de sus errores políticos envió su iniciativa de cambios al fuero militar de nueva cuenta al Senado.

Pareciera que los operadores del calderonismo no saben hacer cuentas y desconocen la gran cercanía que hay entre los priistas y el Ejército. Pero parece que también ignora que al interior del priismo hay una lucha por la candidatura presidencial, una lucha que se enmarca en las cámaras.

Por ejemplo, dos de los principales competidores por la candidatura, Manlio Fabio Beltrones y Enrique Peña Nieto, mueven sus piezas y empujan acuerdos para sacar adelante sus aspiraciones.

En el Senado manda Beltrones pero en la Cámara, que por el momento es la importante, manda Peña Nieto.

Calderón escuchó a Beltrones y ahora la posibilidad de brindarles seguridad jurídica a los militares está en manos de Peña Nieto, está en la Cámara de Diputados.

Los errores de Calderón no hacen sino regresar el poder de decisión al PRI, que puede vender caro su amor a los militares y lo hará en función de la candidatura presidencial.

Quien obtenga lo que los militares quieren, es decir, Beltrones o Peña Nieto, tendrá también a un fuerte sector de su lado, lo cual lo hará un candidato más viable para la Presidencia de la República por el PRI.

Parece que todo esto no lo calcularon los operadores de Calderón o más bien, esto es una muestra de que Felipe Calderón no tiene ni ha tenido verdaderos operadores políticos, de ahí que halla decidido iniciar una “guerra” en contra del narcotráfico y haya provocado la ira de las fuerzas armadas, un bastión con el que el presidente de la República debe saber negociar siempre y tenerlo de su lado, en todo momento.

Ahora, con este descalabro legislativo, la pregunta es si los militares seguirán confiando en Calderón y seguirán dando la cara por él en la lucha contra el narcotráfico; esa confianza implica seguir cargando con los muertos, el descredito y el repudió generalizado de la ciudadanía por los errores que ha cometido en la lucha contra el narcotráfico y que han dado como resultado la muerte de civiles inocentes.

Y es que como están las cosas y los tiempos electorales, será difícil que una ley de seguridad, a modo de los militares, salga durante mayo o junio; pasados los procesos electores --y más si se presentan conflictos poselectorales--, será muy complicado que se convoque a un periodo extraordinario para el mes de agosto.

Siendo así, lo más probable es que la minuta del senado se discuta al inicio del siguiente periodo ordinario que arrancará en septiembre, aunque el otro problema es que se empantanaría con la discusión del paquete económico para el 2011 que, por ley, debe estar en la Cámara de Diputados a más tardar el 8 de septiembre.

Siendo así los tiempos, se antoja complicado que la ley pueda salir, y si esto llega a ocurrir será por la operación política del PRI, el cual, de nueva cuenta, podrá condicionar al gobierno de Felipe Calderón, quien desde su llegada no ha podido rebasar a su principal opositor, el PRI.

mjcervantes@proceso.com.mx

EN MARCHA DEL DÍA DEL TRABAJO.......



DISCURSO MARTIN ESPARZA 1 DE MAYO

Como se celebró el día del trabajo en algunas partes del mundo

A ver si estas noticias logran dar una idea al mundo del comportamiento de los gobiernos con sus trabajadores y ya dejan de creer en las mentiras de la prensa internacional:

En la capital alemana, Berlín, efectivos policiales usaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que salieron a exigir reivindicaciones laborales.

En Hamburgo, se registraron movilizaciones que concluyeron en hechos violentos. Esta manifestación dejó un saldo de 14 personas heridas, tras el enfrentamiento de unos 150 manifestantes con policías.

En España una multitud de personas salió a protestar en su capital, Madrid, ante la difícil situación económica que atraviesa ese país, cuya tasa de desempleo acaba de superar el 20 por ciento, la más alta de todo el continente europeo.

En Francia fue la reforma de las pensiones que el Gobierno de Nicolás Sarkozy pretende poner en marcha, la que provocó a más de 185 mil personas a protestar en el Día del Trabajador.

En Atenas, Grecia, cerca de 20 mil ciudadanos griegos salieron a marchar en rechazo a las medidas que serán anunciadas por el Gobierno en las próximas horas para enfrentar la grave crisis económica de la nación, pero fueron dispersados con un fuerte operativo de la Policía local. Los participantes de la marcha portaban pancartas en las que se podían leer consignas como "Trabajadores unidos, jamás serán vencidos" y "Abajo con las leyes contra los trabajadores". La manifestación que pasó frente al Parlamento y concluyó frente a la embajada de Estados Unidos, en donde se escucharon consignas como "¡Fuera la junta del FMI! (Fondo Monetario Internacional)", "Primero de Mayo rojo, el día en que lucha la clase obrera".

Atenas. Manifestantes que intentaban llegar al Parlamento se enfrentaron a la policía griega, en la marcha por el Día del Trabajo. Reuters

En Zúrich, Suiza, policías antimotines detuvieron a varias personas que se manifestaban por el Día del Trabajo en esta ciudad suiza. Reuters.

En Irak, cientos de miembros del Partido Comunista, tomaron las calles de Bagdad para conmemorar el 1 de mayo. Los manifestantes demandaron, entre otras cosas, mejores condiciones laborales para los obreros y protección legal efectiva para los sindicatos.

En Lahore, Pakistán, mujeres paquistaníes protestan hoy primero de mayo contra las condiciones de trabajo. Reuters.

En Estados Unidos, miles de personas se concentran este primero de mayo en al menos 70 ciudades de Estados Unidos para protestar en contra de la controvertida ley de inmigrantes aprobada recientemente en el estado de Arizona (suroeste), la cual ha sido rechazada por gran parte de la comunidad internacional. El legislador demócrata de Illinois Luis Gutiérrez y otras 32 personas fueron arrestadas hoy por la policía estadounidense, cuando demandaban frente a la Casa Blanca el cese de las deportaciones y la aprobación de la reforma migratoria.

En Colombia, al menos 14 heridos dejó este sábado la actuación de la Policía Nacional colombiana en Bogotá durante la marcha en conmemoración al Día de Trabajador, según lo informó el comandante Rodolfo Palomino. Decenas de detenidos cuyos nombres están siendo recabados por las organizaciones de derechos humanos, y por lo tanto la lista que se presenta a continuación será actualizada en tiempo real con los reportes que nos lleguen. Un periodista reportó una paliza brutal por parte de la Policía contra el estudiante Danilo Lozada, en hechos ocurridos en cercanías a la Biblioteca Luis Ángel Arango, al igual que la golpiza que dio la policía a un periodista español, que está siendo atendido en el Hospital San Ignacio de Bogotá. Entre los heridos habría un periodista español, Oriol Segon Torra, que ya está siendo atendido por una herida en la cabeza en el Hospital San Ignacio de la capital colombiana.

Cali. Un joven golpea el vidrio de un banco durante las marchas celebradas en esta ciudad colombiana. Reuters

En México, decenas de miles de trabajadores de organismos sindicales de signos distintos arribaron en contingentes por separado. Todos los gremios repudiaron la reforma laboral panista. 71 trabajadores del SME se encuentran en huelga de hambre: "Pedimos desaforar a Lozano por su política en contra de los trabajadores. Por su política represiva que sólo ha golpeado a la clase trabajadora del país. Solución inmediata al conflicto de los trabajadores electricistas, solución inmediata al conflicto de los mineros, eso es lo que exigimos", dijo el líder de los electricistas.

En Panamá, miles de representantes de gremios panameños marcharon hoy en ocasión del Día Internacional de los Trabajadores, como rechazo al alto costo de vida y las reformas fiscales impulsadas por el gobierno.

En Honduras, miles de trabajadores organizados de Honduras y el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) exigieron este sábado, en el Día Internacional del Trabajo, la realización de una Constituyente y el regreso del ex presidente Manuel Zelaya, quien fue derrocado el 28 de junio de 2009.

Sin embargo, en las "tiranías" y las "¡terribles de dictaduras!" de Cuba y Venezuela se festejó con alegría y no hubo ninguna protesta:

En Venezuela, miles de trabajadores salieron este sábado a las calles de Caracas y otra ciudades de Venezuela para celebrar el Día Internacional del Trabajador y dar su respaldo al Gobierno de este país, al cual agradecen por respetar los derechos de la clase obrera.



En Cuba, el pueblo cubano se volcó a las calles desde tempranas horas de este sábado para formar parte de un desfile por el Día Internacional del Trabajador en la capitalina Plaza de la Revolución, aupado por el Gobierno nacional, con la participación del jefe de Estado cubano, Raúl Castro, y del vicepresidente cubano, Esteban Lazo.



SUS PAPELES PLIS!

Fleeing Drug Violence, Mexicans Pour Into U.S.

C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa:
Ante sus absurdas minimizaciones ("son una minoría ridícula" o " las bajas civiles son las menos"), en primer lugar debería darle VERGÜENZA no saber que la vida de un ser querido, principalmente si son niñ@s o jóvenes que no tienen qué ver con la delincuencia organizada de los narcos o del ejército, no es solo una "perdida lamentable", un "daño colateral", sino lo es todo. Vidas que empiezan y padres que ven cómo, con impunidad aterradora, son asesinados por los delincuentes o por el ejército. Fuerza bruta y fuerza más bruta. Como le dijo la madre agraviada en Ciudad Juárez, madre de dos estudiantes masacrados junto con otros 17, ¿diría lo mismo si se tratara de los suyos?.
Pero no nos preocupamos realmente, pues es un problema de percepción, ¿verdad?.
Fue una percepción la balacera y muertes en la costera de Acapulco. La gente en Cuernavaca, por la percepción, ya no visitan ni restaurantes ni antros. También lo es la caída económica de la zona fronteriza, toda ella, según lo que declaran los desorientados hoteleros. No, lo que pasa es que no vemos la realidad, ¿no?: le vamos ganando a los delincuentes y están desesperados, aunque la cara del Mayo Zambada nos diga otra cosa.
Ya bastante entrado en la tercera edad, puedo decir que jamás había visto un régimen tan parecido, pero más autoritario y despiadado, que el del gorila Díaz Ordaz; parece que, además de la tragedia de su "guerra" sin inteligencia y solo enlodando al ejército (que ya no quiere seguir en las calles) disfrazado de policía, nada le sale bien, o nada hace bien: Procampo, Seguro Popular, una buena reforma energética, otra laboral, otra fiscal, y no las contrarreformas que solo entregan al país y a la sociedad a sumisión y más desigualdad económica. En verdad, ¿algo hace usted bien?. ¿No le da pena que sus secretarios mientan con el desparpajo que lo hacen y manoseen las estadísticas ante lo que vivimos todos los días de desempleo, de sueldos de miseria (la oferta está cañona y la demanda escasa y abusiva). No se diga la inseguridad al nivel de rapiña en las calles, bolsas de mujeres, automóviles, cosas personales que arrebatan quienes delinquen por hambre o marginación e ignorancia. Seguridad, educación, salud....ésos son los pilares de una sociedad sana. Quienes no saben hacer nada o casi nada, se convierten en correos de narcos, en narcomenudistas o adictos. ¿No es un gobierno así el que propicia el Estado fallido?.
Renuncie, C. Calderón Hinojosa. Por el bien de México.
Vea lo que escriben de nuestro fallido país desde el influyente (a nivel mundial) periódico The New York Times:

Noemi, who fears reprisal if her identity is revealed, fled El Porvenir with her daughter Alicia, 1, and her four other children.


FORT HANCOCK, Tex. — The giant rusty fence of metal bars along the border here, built in recent years to keep illegal immigrants from crossing into the United States, has a new nickname among local residents: Jurassic Park Gate, a nod to the barrier in a 1993 movie that kept dangerous dinosaurs at bay in a theme park.
On the other side, a brutal war between drug gangs has forced dozens of fearful families from the Mexican town of El Porvenir to come to the border seeking political asylum, and scores of other Mexicans have used special visas known as border-crossing cards to flee into the United States. They say drug gangs have laid waste to their town, burning down houses and killing people in the street.

Americans are taking in their Mexican relatives, and the local schools have swelled with traumatized children, many of whom have witnessed gangland violence, school officials say.

“It’s very hard over there,” said Vicente Burciaga, 23, who fled El Porvenir a month ago with his wife, Mayra, and their infant son after gang members burned down five homes in their neighborhood and killed a neighbor. “They are killing people over there who have nothing to do with drug trafficking,” he said. “They kill you just for having seen what they are doing.”

The story of Fort Hancock, 57 miles southeast of El Paso on the Rio Grande, is echoed along the Texas border with Mexico, from Brownsville to El Paso. As the violence among drug gangs continues to spiral out of control in Mexico, more Mexican citizens are seeking refuge in the United States.

The influx of people fleeing the violence, some of whom were involved in drug dealing in Mexico, has disrupted Fort Hancock’s peaceful rhythms. These days, there are more police cars prowling the dusty streets, and fear runs high among residents.

The town has only a few paved streets, one restaurant near Interstate 10, a feed store, a small grocery, a gas station and a couple of general stores. Irrigation canals carry water from the Rio Grande to alfalfa and chili fields, set amid the cactus, sand and mesquite of the Chihuahuan Desert.

About 2,000 people live here, in ramshackle trailer homes, weather-battered recreational vehicles and well-kept brick houses. The water tower boasts of the high school’s six-man football team having won the state championship five times between 1986 and 1991.

A few children among the refugees belong to families involved in the drug trade, and rival gang members have threatened them, bringing the specter of gangland killings to the high school, law enforcement and school officials say.

“Some of the families who are fleeing from Mexico are doing it because they were somehow participating in these acts,” said Jose G. Franco, the school superintendent, “and if you want to get at somebody, you get at their children.”

The Hudspeth County Sheriff’s Department and the state police are keeping a close eye on unknown vehicles parked near the schools. The school district has for the first time hired a law enforcement officer to patrol its three campuses and has installed security cameras. Spectators are now barred from football and basketball practices.

“The kids are a little bit on edge, you know,” said Constable Jose Sierra, who patrols the schools. “When we see a different car, we start to get phone calls.”

Not everyone coming from El Porvenir is seeking asylum. Many Mexicans in towns along the river have special border-crossing cards, which let them cross for up to 30 days to do business and shop near the border. But some have used the visas to relocate their families temporarily to Fort Hancock and other small towns on the Texas side.

Those who have temporary tourist visas or who can obtain business visas because they have enough money to start businesses in the United States are also moving their families across the border. (Cities like El Paso and San Antonio have had real estate booms and a flourishing of small businesses and Mexican restaurants as a result.)

Other Mexicans who were once happy living in Mexico are taking advantage of whatever means they have to obtain a visa and get out. Some were born in a hospital on the United States side and are American citizens, for instance, or have married citizens but have never applied for residency.

In El Paso alone, the police estimate that at least 30,000 Mexicans have moved across the border in the past two years because of the violence in Juárez and the river towns to the southeast. So many people have left El Porvenir and nearby Guadalupe Bravos that the two resemble ghost towns, former residents say.

To read the complete article HERE.

La duplicidad



La crisis de México tiene un rasgo fundamental que muy pocos han querido abordar y es el de un gobierno que siendo, de facto, o acaso por esto mismo, no le importa actuar en la más absoluta ilegalidad.

1. El rasgo fundamental que ha tenido la supuesta política de seguridad nacional del gobierno de facto de Felipe Calderón en estos tres años ha sido que sus acciones se han llevado a cabo al margen –y en contra– de lo prescrito por la Constitución General de la República, como está aconteciendo en materia laboral y petrolera –dos casos de singular trascendencia–, y acaso en todos los ámbitos de la vida nacional, lo que ha conducido a que país se halle hundido en plena ilegalidad.

2. El problema central ante esta circunstancia no lo constituye el hecho de que un gobierno, que no fue electo por los mexicanos, actúe al margen del marco constitucional y violando principios fundamentales del país, sino que al haber extremado la política de gobernar por acuerdos y decretos y parchar con disposiciones aberrantes las leyes secundarias, como ahora se trata de hacer en materia de seguridad nacional ante las exigencias de Washington, el clamor de organismos defensores de derechos humanos o el creciente enojo de las cúpulas militares, lo que se ha logrado es destruir el entramado legal del país, el principio de la seguridad jurídica y el consenso nacional en torno a lo fundamental.

3. En México existen hoy dos marcos de referencia para las acciones del gobierno panista: la Ley Suprema del país, que no respeta, y las prácticas y normas neoliberales, de corte despótico y antinacional, que nos están imponiendo desde el exterior, y ante las que se doblega, pero que no son leyes en México. El desmantelamiento de la Constitución mexicana, calificada por los centros de poder neoliberal de intervencionista y estatista, ha sido uno de sus objetivos en estos años, pero lo que han logrado los fanáticos panistas no sólo es hundir al país en la pobreza y la degradación, sino instaurar un escenario social al margen e la legalidad.

4. El marco constitucional mexicano establece que el Ejército no puede investigar ni perseguir los delitos, pero el gobierno panista se empeña en que así sea; en materia petrolera y de energía está claramente prohibido otorgar concesiones y contratos a los particulares y ya Calderón ha cuadriculado las aguas territoriales del Golfo de México y les está entregando contratos inadmisibles a las corporaciones trasnacionales con las que él y sus amigos se encuentran amafiados; los trabajadores tienen derechos constitucionales fundamentales y la Secretaría del Trabajo se los desconoce de manera escandalosa a electricistas y a mineros; el juego está constitucionalmente prohibido, pero los casinos se multiplican por el país.

5. El diseño que se está haciendo en Estados Unidos de las nuevas instituciones de facto mexicanas, muy distintas de las previstas en la Constitución de 1917, no se oculta ya, y se va filtrando a los medios para recoger el aval de la derecha mexicana. El ex presidente Bill Clinton demandó en una conferencia en la Universidad del Valle de México, el sábado 24, que se implante aquí lo que en los hechos se ha venido instaurando: un Plan México, que, a semejanza del Plan Colombia, con el pretexto de combatir al narcotráfico, cree en México, como en el país sudamericano, un escenario de terror en el que se legitimen las actividades de las agencias de seguridad de Estados Unidos y su control estratégico del país. Y si al día siguiente de estas declaraciones Fernando Gómez Mont, titular de Gobernación, negó que esto fuera a acontecer, decenas de columnistas y de voceros de grupos privados externaron su respaldo a dicho plan.

6. La firma del Plan México no sería más que la formalización de medidas de facto que ya se le han impuesto a México durante el gobierno entreguista de Calderón: la militarización de amplias regiones del país, el escenario de violencia generalizada, la intervención en territorio mexicano de un número creciente de oficiales estadunidenses, la creación de grupos paramilitares, la expedición de un nuevo marco legal violatorio de la Constitución y la subordinación de las acciones de las fuerzas armadas mexicanas a las decisiones de Washington. El proyecto, que según Clinton fue expuesto ya a los funcionarios mexicanos por su esposa Hillary (secretaria de Estado), ya está siendo analizado en el Congreso, según informó, lo que a nadie pareció sorprender.

7. La nueva Ley de Seguridad Nacional, al igual que las reformas al Código de Justicia Militar, que está aprobando el Congreso de la Unión, constituye, por lo mismo, un nuevo bodrio legal contrario a la Constitución General de la República, que se inscribe en el marco de los cambios exigidos desde Washington, pues lo que se busca con esta serie de textos vagos e imprecisos es asegurar a las fuerzas armadas que existe un marco jurídico para que desempeñen tareas policiacas (lo que les prohíbe la Constitución General de la República) y al mismo tiempo hacer creer a las instancias internacionales que los militares ya podrán ser procesados en México por sus delitos contra el pueblo (cuando esto seguirá siendo una decisión discrecional del Ejecutivo), así como el hecho de que éste no tiene ya tantas facultades (cuando lo que se está haciendo es precisamente fortalecer su discrecionalidad o, mejor dicho, su autoritarismo).

8. La expedición en el estado de Arizona de la Ley SB 1070 el 23 de abril, que criminaliza a los migrantes ilegales y conduce a un mayor acoso y discriminación de todos los trabajadores latinoamericanos, debe entenderse en el contexto del doble lenguaje del neoliberalismo, que caracteriza ahora las relaciones entre México y Estados Unidos. No como la iniciativa de un grupo extremista, sino como un elemento más de las políticas antilatinoamericanas del gobierno estadunidense, las que está coadyuvando de manera clara a imponer la administración ilegítima de Calderón, para servir a intereses del otro lado de la frontera. La gobernadora Jan Brewer, de Arizona, ha visto subir ya su popularidad mientras el sheriff Joe Arpaio, del condado de Maricopa, organiza las primeras redadas al amparo de la nueva ley.

9. El gobierno de Calderón se ha caracterizado en estos tres años por mentir como pocos gobiernos lo han hecho en el pasado al pueblo mexicano, tratando infructuosamente de engañarlo en materia económica y de empleo, y muy particularmente en lo tocante a la violencia que ha desatado en el país y de la cual es el responsable, pero también, y sobre todo, en cuanto a la legalidad de sus actos.

10. Un gobierno como el panista, que se mueve por atavismos y un odio secular a las leyes fundamentales de México, no podría generar otro escenario como el actual: un escenario de desastre en el que urge restablecer un marco de legalidad para que el país pueda retomar otro camino.

Anuncian en Cuba multitudinaria marcha contra la "injerencia" de EU

Raúl Castro, titular del gobierno cubano.


MÉXICO, D.F., 29 de abril (apro).- Ante las críticas que ha recibido el gobierno cubano tras la muerte del disidente Orlando Zapata y el ayuno que desde hace dos meses sigue el también opositor Guillermo Fariñas, la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) convocó a una movilización para el próximo 1 de mayo, en rechazo a "una hipócrita campaña de difamación" orquestada por Estados Unidos.
En comunicado difundido este jueves por la prensa local, la CTC afirmó que el 1 de mayo “inundaremos las calles y las plazas públicas... reafirmando nuestro categórico respaldo a la revolución, al Partido (Comunista de Cuba), a Fidel y a Raúl".
La organización destacó que la marcha se realizará "en momentos en que los enemigos de la Revolución, apoyados por los grandes medios de comunicación masiva, han tejido una hipócrita campaña de difamación, con la complicidad de sus agentes internos (opositores) pagados con fondos del gobierno estadounidense y la participación interesada de sus socios europeos".
De acuerdo con la CTC, la información sobre la muerte de Zapata, tras una huelga de hambre, y el ayuno que sigue Fariñas, está llena de "calumnias" y "busca engañar al mundo" sobre la realidad cubana.
La marcha "será la repuesta contundente que de todos demanda hoy la patria" ante la “injerencia” de Estados Unidos y de la Unión Europea, apuntó la CTC.

Los "crímenes" del procurador de Jalisco

Edición 285 de Proceso Jalisco. Los "crímenes" del procurador.

Gloria Reza M.

GUADALAJARA, Jal., 30 de abril (Proceso Jalisco).- Agentes investigadores que denunciaron la corrupción en la Procuraduría General de Justicia de Jalisco a principios de año culpan al titular de la dependencia, Tomás Coronado Olmos, de la ejecución, el viernes 9, de uno de sus compañeros, el comandante Arturo López Maravilla. Sostienen que varios de ellos han sido objeto de hostigamiento, amenazas y atentados, como el que sufrió recientemente Juan Carlos Ávila Domínguez, el abogado que redactó el proyecto anticorrupción. A él, varios comandantes le dijeron: “¿quieres ser el segundo?”.

“Se lo pusieron en charola de plata a quien lo iba a matar”, comenta el policía investigador Armando Cervantes Tirado al referirse a su amigo Arturo López Maravilla, el comandante regional en Autlán que fue ejecutado el viernes 9 afuera de su domicilio.
López Maravilla, quien pugnaba por una reestructuración en la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJ), estaba solo al momento de ser atacado, lo que llama la atención, puesto que, en su calidad de comandante, debería estar acompañado por un chofer y dos elementos más, sostiene Cervantes Tirado.
Integrante del grupo que denunció la corrupción que impera al interior de la PGJ (Proceso Jalisco 280), el agente entrevistado insiste: aun cuando era su día de descanso, López Maravilla “debió estar acompañado por un compañero, pero no fue así. Eso es muy raro”, reitera.
Con la ejecución del comandante de Autlán suman 20 los agentes caídos en forma similar desde que Tomás Coronado Olmos encabeza la procuraduría.
El abogado Juan Carlos Ávila Domínguez, autor del proyecto de reestructuración de la PGJ, quien sufrió un atentado el lunes 19, del que salió ileso, culpa a Coronado Olmos del homicidio de López Maravilla: “El procurador quiere hacer creer que es una represalia de la gente que hirió de gravedad a Maximiano Barbosa (fundador de El Barzón) y a su hijo hace varios meses, pero eso es mentira”.
Ávila Domínguez recuerda que él y sus compañeros que denunciaron la corrupción han sido “recomendados con los jefes (de la PGJ) o con la delincuencia organizada”, para que los hostiguen; algunos, como él mismo, incluso han sufrido atentados:
“A López Maravilla lo amenazaron y te lo digo porque él me lo comentó vía telefónica. Que no quieran manejar una información que no es real. El procurador dijo que iba a acabar con todos los del grupo…Yo hago responsable al procurador de todo los que nos pase a nosotros y a nuestras familias. Espero que pague esta bajeza.”
El abogado asevera que Coronado Olmos le habló por teléfono el sábado 10 para ofrecerle 5 millones de pesos a cambio de que se callara y “no se le cayeran todos sus negocios”. Como no aceptó la “oferta”, dice, el procurador lo increpó: “Si no te callas, atente a las consecuencias; te vamos a desaparecer”, relata Ávila Domínguez.
–¿Siente temor?
–Sí. Él dio la orden a Héctor Gómez, a Julio Vázquez y a Daniel Martínez Terrones (agentes investigadores leales a Coronado Olmos) para que me hicieran 28 (que en clave de la procuraduría significa “golpear”) y que si se les pasaba la mano y me hacían 29 (“matar”) no había ningún problema.
–¿Han intentado cumplir las amenazas?
–Me han hablado desde dos teléfonos directos de la procuraduría; también han utilizado un nextel, que aparece a nombre de Jesús Quirarte Ruvalcaba, y de varios celulares.
–¿Qué le dicen?
–Que ya me calle y desaparezca; si no, ellos me van a desaparecer porque me estoy metiendo con su patrón. El comandante Julio Vázquez Alcaraz, Raúl Alaniz, Indalecio Trigueros y otro de apellido Mondragón me amenazaron: “Ya tenemos órdenes de matarte, ya va uno –me dijeron, en alusión al comandante López Maravilla–. ¿Quieres ser el segundo?”.
Ávila Domínguez asegura que el lunes 19 le dispararon cuando circulaba por el periférico, a la altura del cerro de la Reina, en Tonalá. Los agresores iban en dos camionetas RAM de modelo reciente. En uno de los vehículos oficiales iba Jahir Gamaliel Plascencia Méndez, escolta del procurador, dice el entrevistado. Y comenta que las placas de esas unidades “empiezan con JR 60, terminación 5, aunque no vi los demás números”.
En relación con las acusaciones en su contra por presunto fraude y extorsión, Ávila Domínguez explica:
“Son fabricadas. Yo soy una persona recta, responsable. La mayoría de los servidores públicos de la procuraduría me conocen. Ese señor (Coronado Olmos) me está queriendo desprestigiar porque estoy haciendo saber todo lo que está haciendo en su institución. Inventan, hacen lo que quieren sólo porque están en el poder.”
Pero vuelve al tema de las amenazas: “Temo salir a la esquina. Ya mataron a uno de los que apoyó al proyecto (el comandante López Maravilla). Yo que lo elaboré, qué puedo esperar ahora”.

Campaña de hostigamiento

A principios de marzo, la procuraduría entregó un oficio al comandante Arturo López Maravilla en el que le notificaba su cambio de adscripción. Un documento similar recibieron los otros integrantes del grupo anticorrupción en la misma semana, cuenta Ávila Domínguez.
A López Maravilla lo mandaron de Puerto Vallarta a Autlán de Navarro sin el equipo adecuado. Sólo le dijeron que eso le pasaba “por pertenecer al grupo. Él no se opuso. Se fue y sucedió su deceso”, comenta el abogado.
“Yo me pregunto si el procurador no estará de acuerdo con la delincuencia organizada, al no proveer de equipo a sus agentes. ¿Cómo es posible que no les den armamento, cuando hay un fondo federal que recibe la procuraduría para la compra de armamento? Y si lo compran, ¿por qué no lo entregan?”, cuestiona.
Ricardo Camacho, otro de los policías investigadores del grupo anticorrupción, recuerda que López Maravilla, “al igual que los compañeros que murieron en cumplimiento del deber en Lagos de Moreno, Magdalena y Tequila en los últimos meses, solicitó por escrito a Felipe Reyes Rivas (coordinador general administrativo) que le dotaran de más armamento, y a Daniel Martínez Terrones (subdirector de la policía investigadora) de más personal. Nunca obtuvo respuesta”.
La agente del Ministerio Público (MP) Orfa Yolanda López Soltero cuestiona al procurador Coronado Olmos por haber enviado a varios de los participantes del proyecto anticorrupción a zonas altamente peligrosas, como Autlán: “¿Acaso esperaba que a todos nos pasara lo mismo que al comandante López Maravilla?”, espeta.
La agente del MP confía en que el gobernador Emilio González Márquez deje de proteger a Coronado. “Yo pregunto: ¿cuándo toca que congelen al procurador y cuándo dejará de ser impune?”
Otro agente ministerial, Eduardo López Pulido, sostiene que Coronado Olmos declaró que los cambios de personal obedecían a “un proceso cotidiano y normal; pero eso es falso”. La verdad es que “nos están mandando a esos lugares no por motivos laborales, sino de represión, porque le estamos afectando sus intereses”, puntualiza.
“Desde que llegó Coronado no se habían hecho movimientos. Hasta que detectó el proyecto de reestructuración entonces empieza hacer el movimiento y con las personas que están dentro del proyecto. En mi caso tengo siete años en la misma área y fue con todo dolo hacer el movimiento y enviarme a una zona peligrosa; eso ha pasado con cada uno de los compañeros del proyecto”, asegura López Pulido.
Algunos de los integrantes del grupo anticorrupción recuerdan que, luego de que les notificaron su cambio de adscripción, enviaron un oficio al coordinador administrativo de la PGJ para pedirle equipo antes de trasladarse a sus nuevas plazas. Lejos de atenderlos, comenzó el hostigamiento, incluso se les impidió el acceso a las instalaciones de la PGJ. Varios de los agentes decidieron dejar de laborar. Hasta hoy no se han definido sus funciones
El abogado Ávila Domínguez aclara que no todos los agentes que avalaron el proyecto que él elaboró han sido amedrentados. Algunos, como Arnulfo González Gómez, el investigador que “divulgó el proyecto”; y el jefe de grupo de reacción inmediata, de los motorizados, cuyo nombre no recuerda; y Roberto Carlos Arias Navarro. “Son traidores”, dice.
A ellos no sólo no los cambiaron de adscripción, agrega el abogado, sino que incluso los premiaron. Es el caso de Arias Navarro, quien hoy es coordinador de Informática, gracias a su colaboración. El colmo: González Gómez llegó a decir que “pretendíamos derrocar al procurador”.

Coronado, al Congreso

El martes 13, el diputado priista y presidente de la Comisión de Justicia, Luis Armando Córdova Díaz, presentó ante sus compañeros del Congreso un acuerdo para citar a Coronado Olmos a comparecer ante el pleno.
El propósito, sostiene el legislador, es que “explique la estructura organizacional de la procuraduría, el método de selección y contratación de personal, los perfiles de los actuales mandos superiores y medios, y el perfil del personal operativo administrativo; además del proceso de seguimiento de las denuncias y averiguaciones previas, así como de las denuncias ciudadanas por corrupción al interior de la dependencia”.
Sin embargo, el acuerdo legislativo se envió a la Comisión de Justicia, no al pleno. Una semana antes, el miércoles 7, el propio Coronado estuvo en el Congreso y pidió a varios legisladores que si pensaban citarlo lo hicieran pero sólo ante la Comisión de Justicia, donde incluso podían mentarle la madre, pero no ante el pleno porque ahí corría el riesgo de que la gente de su propio partido lo exhibiera, señaló una diputada que estuvo en la reunión de ese día.
El priista Córdova Díaz terminó por justificarse y adujo que su propuesta “no tuvo eco” en la junta de coordinación política. “Los demás compañeros del grupo parlamentario y de los otros partidos me pidieron que no politizara el tema”, comenta a la reportera.
–¿Tomaron en consideración la solicitud de Coronado de no ser citado ante el pleno?– se le pregunta a Córdova.
–Desconozco si el procurador acudió al Congreso. Lo que le puedo decir es que, si comparece ante la Comisión de Justicia, no le quita seriedad al asunto, el hecho es hacerlo más ágil y encontrar una solución rápida.
–No se trata de un asunto político, sino de terminar con la corrupción en la procuraduría que denunció el propio personal de la dependencia.
–Para la comparecencia de un titular no es suficiente con que algún grupo, aunque sean funcionarios de la propia dependencia (…) denuncie una irregularidad. Eso no procede de pleno derecho. Esta situación requiere de mucha más seriedad.
“(No se trata) de atender los intereses de algunas personas, que no sabemos si son legítimos o están sucediendo. Sabemos que hay muchas cosas que deben cambiar en la procuraduría (…) Los planes que está implementando el gobierno en materia de seguridad son insuficientes y equívocos.”
–Pero el grupo recibió amenazas de muerte…
–Desconozco si existe una denuncia. Pero si alguien es amenazado debe presentar una denuncia.
–Sería ilógico que la presentaran ante la propia procuraduría.
–Hay otras instancias, incluso internacionales. No pueden quedarse atados de manos. Cuentan con el apoyo de un servidor. También tengo checado quiénes son ellos y sé quiénes litigan y qué casos tienen, para no abanderar causas con poco apego a la realidad. Tenemos que encontrar un punto para que la procuraduría salga de ese colapso en la impartición de justicia.
Córdova Díaz asegura que la Comisión de Justicia está recabando datos reales para cuestionar a Coronado de manera sustentada. El propósito es hacer propuestas correctivas, insiste.

Regreso del Estado autoritario

Bancada del PAN en el Senado.

Ernesto Villanueva

MÉXICO, D.F., 30 de abril.- La iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales presentada por el PAN significa un retroceso para el ejercicio de la democracia deliberativa. Existen, por supuesto, elementos que permiten sustentar mi afirmación. Veamos.

Primero. Se propone regresar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) las atribuciones sustantivas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Se acotan las facultades de la Cofetel, ahora nombrada como Instituto Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, el cual se reduce a un órgano de dictamen y sin autonomía real, habida cuenta que: a) las actuales facultades de la Cofetel para entregar concesiones en materia de radio y televisión pasan a la SCT; b) sus disposiciones deben sujetarse a los planes de la SCT (artículo 12); c) sus actos y resoluciones pueden ser revocadas por la SCT (artículo 7, fracción V); d) sus comisionados son libremente designados por el presidente de la República, y e) carece de personalidad jurídica y patrimonio propio por ser un organismo desconcentrado.

Segundo. Se busca subordinar a los concesionarios a los vaivenes de la política gubernamental. En efecto, el artículo 42 de la iniciativa del PAN prioriza la renovación de los concesionarios de frecuencias con independencia de que cumplan o no la ley, salvo que haya “igualdad absoluta” (¿?) con otros participantes, pues “por una sola vez tendrá derecho de preferencia”. Y el artículo 43 dispone que no podrá participar en los procesos de licitación el concesionario que “no acepte las nuevas condiciones que al efecto le establezca la Secretaría”. ¿Cuáles condiciones? El artículo 108 dispone que la SCT podrá “cambiar o rescatar una frecuencia o una banda de frecuencias concesionada o asignada en los siguientes casos: ¡I. Cuando lo exija el interés público y II. Por razones de seguridad nacional! Se trata de conceptos jurídicos indeterminados que en su nombre cabe todo lo que la imaginación gubernamental permita.

Tercero. En materia de medios públicos, la iniciativa del PAN reproduce la naturaleza jurídica actual de sus medios. Se avanza en la creación de las figuras de las defensorías de las audiencias y en la creación de consejos consultivos. El ánimo político de la iniciativa se advierte porque la SCT se reserva la potestad discrecional para otorgar o no frecuencias. El artículo 47 dispone que, tratándose de nuevas frecuencias, es requisito que los asignatarios sean organismos descentralizados “a través de los cuales prestarán el servicio a fin de asegurar su autonomía de gestión e independencia editorial. En sus órganos de gobierno deberá garantizarse la participación del sector privado y social, integrando al menos dos personas de reconocido prestigio profesional en la materia”. En otras palabras, todo el peso de la democracia informativa para los gobiernos del PRI y del PRD y la excepción a los medios del gobierno federal que están en manos del PAN y que ya tienen frecuencias. ¿Por qué no se propuso la figura del organismo descentralizado para la Cofetel?

Cuarto. Por lo que se refiere a contenidos, en su artículo 187 la iniciativa del PAN no diferencia la crítica de los servidores públicos, necesaria en un Estado democrático para ejercer un escrutinio sobre el poder. Introduce, por el contrario, que en la programación de radio y televisión no se podrá… III. Afectar el honor, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la vida privada de las personas y demás derechos y libertades consagradas en la Constitución y demás disposiciones legales aplicables; IV. Promover, estimular o hacer apología de la violencia; y V. Difundir información contraria a la seguridad del Estado, a la integración nacional, a la paz y al orden público”. Se inhibe desde la ley la crítica a políticos y servidores públicos por ser “atacados en su honor o vida privada”; se reduciría la información sobre la guerra personal de Calderón contra el crimen organizado por “estimular la violencia”. El artículo 190 constituye un ataque al ejercicio periodístico al prohibir “transmitir en radio y televisión información que atente contra la privacidad y confidencialidad de las comunicaciones privadas, o que no hayan sido emitidas para su difusión pública o destinadas al público en general, salvo que medie autorización expresa de quien las emite”. ¿Se imagina que un gobernante corrupto grabado con contenidos incriminatorios, que la sociedad tiene derecho a saber, va a dar su autorización por escrito?

Quinto. Por si hicieran falta razones para discutir de manera reposada esta iniciativa, el artículo 12 es inconstitucional. Es gravísimo su contenido al intentar dejar en estado de indefensión a los gobernados. A la letra dice: “En contra de las disposiciones administrativas, planes técnicos fundamentales, normas oficiales mexicanas, resoluciones y acuerdos mencionados en el párrafo que antecede y de su aplicación, no procederá suspensión o medida cautelar alguna”. De un plumazo el PAN pretende eliminar la eficacia del amparo contra violaciones a la Constitución que reside precisamente en las suspensiones provisionales o definitivas.

Concesionarios, permisionarios y asignatarios quedarían impedidos de ejercer las garantías del principio de legalidad previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales. Es mejor dejar las cosas como están que dar ese salto al Estado autoritario que a nadie conviene.

evillanueva99@yahoo.com

Los militares mataron a mis hijos: Cynthia Salazar

Retén militar.

MÉXICO, DF, 30 de abril (apro).- La madre de los menores que perdieron la vida en Tamaulipas, Cynthia Salazar, refutó la versión difundida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en el sentido de que sus hijos murieron por granadas:
“Bryan falleció por impacto de balas, no por granada, no es como lo dicen”, denunció en Culiacán, Sinaloa.
En entrevista radiofónica, sostuvo: “Estoy 100% segura de que fueron militares quienes agredieron a mi familia”.
Por la mañana, el procurador general de Justicia Militar, José Luis Chávez García, dijo que según el peritaje castrense los menores murieron por “esquirlas de granadas, que no pertenecen a las utilizadas por el Ejército”.
Sin embargo, la señora Salazar insistió en que “Bryan falleció por impacto de balas (...) se me murió en mi brazos cuando me bajé de la troca”.
Luego de este testimonio, el abogado de la familia, Raymundo Ramos, dijo que acudirán a instancias internacionales de ser necesario, e invitó al presidente Felipe Calderón a asistir a Tamaulipas, como lo hizo en Ciudad Juárez, Chihuahua, luego de la matanza de 16 jóvenes en Villas de Salvácar.
Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) anunció que los peritajes y dictámenes que sustenta la Sedena serán contrastados con sus propias investigaciones.
Así lo informó su titular, Raúl Plascencia, al presidir en Culiacán la ceremonia del segundo informe de labores del ombudsman estatal, Juan José Ríos Estavillo.
Plascencia Villanueva recordó que, en el 2009, se acumuló el mayor número de quejas contra el Ejército, con un total de 30 casos y, lo más grave, es que las fuerzas castrenses continúan con estas prácticas.