miércoles, febrero 04, 2009

Editorial. Subiendo peligrosamente la mira. .

Año 6, número 2515
Miércoles 04, febrero del año 2009


Ante la justa indignación de los militares, que verán la ejecución del General Enrique Tello Quiñones, ocurrida el día de ayer en la madrugada sobre la carretera Cancún-Mérida, donde al parecer lo interceptaron y fue encontrado con el tiro de gracia, junto con un teniente del Ejército y el jefe de escoltas de Gobernador Gregorio Sánchez, como una afrenta que tendrá que ser lavada, a pesar de que el polémico General ya no estaba en el activo de las Fuerzas Armadas.

La sociedad, con semejante hecho, también obtiene la lectura de que hasta los militares de alto rango están involucrados (a querer o no) con las mafias que trasiegan las drogas.

Enfatizando que la expresión de “a querer o no”, es porque las amenazas ya están llegando hasta los altos mandos militares, que de no obedecer a los narcos, corren el riesgo de ver involucradas a sus familias.

Y también por las venganzas, al haber participado en operativos que les hicieron mucho daño a los narcotraficantes; como en el que participó el General Tello en la colonia Buenos Aires de la Ciudad de México, lo que le valió estar encarcelado durante un año bajo cargos de tortura.

Solo que semejante acción tan osada también indica que el radio de acción del crimen organizado se ha extendido ya por todo el territorio nacional de manera imparable; y a pesar de los operativos que han resultado todo un fracaso, pues donde han sido enviados, ni la delincuencia ha disminuido, ni las drogas han dejado de circular.

Por otro lado, también con el pretexto de combatir a la delincuencia organizada, las declaraciones de que el 62 % de las policías municipales, estatales y federales están en la nómina de los narcos, ha hecho que se desconfíe de todos los uniformados con los que la población se cruza.

Toda vez que se han convertido una auténtica amenaza para los ciudadanos, sometidos actualmente a un estado policiaco en el que han vuelto a aparecer la prepotencia y la bestialidad, propias de las nefastas “hermandades” con las que se protegen los unos a los otros.

Cabiendo una vez más reflexionar en si no es ya suficiente con lo que está sucediendo; ¿cuando si se despenalizara el uso de las drogas se terminaría con tanto derramamiento de sangre e inseguridad?

Columna Asimetrías .Enrique, Fidel y Manlio




04 febrero 2009


"El camino hacia Los Pinos eofrece obstaculos colocados por los propios aspirantes porque no son estadistas, sino sólo "grillos" de poca monta".
Hernán G. de Maura.

I

Por sesgos y giros del destino --entendido éste en un sentido ajeno a interpretaciones esotéricas y metafísicas--, los gobernadores Enrique Peña Nieto, del Estado de México, y Fidel Herrera Beltrán, del de Veracruz, comparten suerte que antójanse macabra y de hechuira y autoría propia. Ambos han desatado fuerzas de dificílísimo control.

Hágase la salvedad que en éste espacio no suélense tratar temas de coyuntura --por definición efímeros y sin mayor alcance--, pero los asuntos abordados hoy acerca de los gobernadores citados trascienden lo circunstancial y devienen en coyundas y articulaciones de sucedidos trascendentes. Antójansed connubio dialéctico.

Véase:

1) El asesinato, de ocurrencia misteriosa y, desde luego, aun no aclarado, de un miembro de la extensa familia Yunes de políticos, educadores y empresarios en Veracruz podría tener consecuencias no muy gratas para el gobernador del Estado veracruzano, el señor Herrera, notorio chapucero patológico en toda lid política y por añadidura represor avieso de opositores.

2) El fallo favorable de un tribunal coplegiado a los perseguidos políticos de Atenco que, en revisión, les concedió amparo a éstos, lo cual precede resoluciones por venir de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de otros acosados y hostilizados políticamente por el poder político del Estado mexicano y el Estado mexiquense.

Despúlpense a seguidas, primero, el asunto atañedero a la familia Yunes e identifíquense, luego, los componentes del contexto dentro del cual ocurrió el asesinato de José Antonio Yunes Zamudio.

II

Al menos tres de los Yunes --Miguel Angel Yunes Linartes y sus hijos del mismo nombre y Fernando--, situados en la antípoda al PRI que en el confín veracruzano se representa en el PAN, son objeto de hostigamiento variopinto por el mandatario Herrera, quien confunde esa investidura subrogada con la de mandante. Olvida que el mandante es el pueblo.

Por supuesto, nadie demostraría responsabilidad legal de una presunta autoría intelectual y/o material del asesinato al propio gobernador, pero el señor Yunes, quien es director general del ISSSTE y se le atribuyen anhelos a suceder a don Fidel en 2010, ha acusado al mandatario. Y lo ha hecho públicamente, en notcieros de televisión.

Empero, si bien el gobernador pudiere no tener responsabilidad penal alguna, sí tiene responsabilidad moral, pues ha creado condiciones conducentes a perseguir y reprimir al señor Yunes y a su descendencia en la vida política local. Esa responsabilidad moral tendría, predeciblemente, consecuencias. Secuelas negativas, agregaríase.

Don Fidel, como es público, realiza una intensísima campaña de proselitismo paraelectoral con metas insoalayables: una, que la diputación federal veracruzana sea abrumadoramente priísta; otra, que su sucesor en la gubernatura sea un paniaguado que, por ello, no repare en el desorden administraivo de su gestión que le heredaría ni en la corrupción rampante y escandalosa de ésta.

La responsabilidad moral por las condiciones contextuales en Veracruz propicias a un asesinato político como el descrito se convierte en un pasivo para el señor Herrera en su búsqueda de la postulación del PRI a la Presidencia de la República, aspiración que al parecer comparte, competitivamente, con el señor Peña Nieto y, presúmese, con el Senador Manlio Fabio Beltrones.

III

Los amparos concedidos a los perseguidos políticos del señor Peña Nieto tienen también el mismo efecto: son un obstáculo-- que pudiere ser formidable e incluso insuperable-- en la ruta de sus anhelos presidenciables. A ningún príísta raso ni mucho menos a los de la cúpula les resulta atractivo postular a represores notorios e intolerantes.

Por añadidura, ambos mandatarios locales han exhibido magra, si no es que nula, inclinación por la tolerancia y sí, por contrapartida, vocación por las soluciones de fuerza, de prejuicio extremo incluso, a disidencias, y de actuar con ventajosa y alevosamente en agravio de sus opositores. Optan por la truculencia para ejercer el poder.

En el caso de los perseguidos de Atenco, el mandatario local es corresponsable con el poder político federal, el del Estado nacional al cual están adheridos los 31 Estados Unidos Mexicanos. Los amparados son Bernardino Cardona y Jesús Adán Espinosa Rojas. En la SCJN se examinan los casos de Ignacio del Valle, Felipe Arizmendi y Héctor Galindo.

Todos ellos son miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierras, pero los tres últimos --los señores Del Valle, Arizmendi y Galindo-- están presos en el penal de alta seguridad del Altiplano. La defensa jurídica se sustenta sobre la improcedencia de la acusación del delito de scuestro equiparado.

Ésto le dejaría el camino libre de obstáculos aparentes al señor Beltrones, quien, habiendo sido, como fue, gobernador del Estado de Sonora y, antes, subsecret6ario del despacho de Gobernación, pudiere guardar algunos esqueletos en el proverbial closet. Y aunque la renovación del Poder Ejecutivo ocurrirá en 2012, la puja por la postulación prísta tiene ya muchos postores.

ffponte@gmail.com

Glosario:

Connubio: matrimonio, apareamiento.
Coyunda: yugo, ayuntamiento.

Círculos de Estudio

EL CÍRCULO DE ESTUDIO COAPA
invita a la conferencia
"LA CONSTITUCIÓN DE 1917"
Análisis de los pros y contras de las reformas a nuestra Carta Magna
impartida por el
Lic. Manuel Fernández Flores
Ex secretario General del Sindicato de Electricistas
que se llevará a cabo en el
Auditorio "JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN"
Av. Canal de MIramontes # 3755, esq. Cárcamo y Prol. División del Norte
Subdelegaciópn de Villa Coapa, antes de la Glorieta de Vaqueritos (junto al Registro Civil)
Jueves 5 de Febrero a las 7 pm.
escuchar en vivo por www.radioamlo.org

Círculos de Estudio


Estimados amigos y amigas:


Redes Universitarias y La Brigada 21 (Círculos de Estudio y Universitarios)

invita al:

  • Círculo de Estudios Central

¿Qué es la Comisión de Ayuda Mutua en Apoyo a la Economía Popular?

Este jueves 5 de febrero nos acompañará en el Círculo de Estudios Central, la Maestra Cristina Barros quien es integrante de la Comisión de ayuda mutua en apoyo a la Economía Popular, para platicar con nosotros sobre las acciones a realizar por medio de esta Comisión.

La cita es este jueves 5 de febrero, a las 19 hrs. en el lugar de costumbre; el Club de Periodistas (Filomeno Mata # 8, Col Centro, cerca Metro Allende).

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¡En defensa de la Económia Popular y el Petróleo!
Te invitamos a unirte a la Brigada 21 "Círculos de Estudio y Universitarios" y a los Círculos de Estudio

Informes de los Círculos y de la Brigada 21:

Manuel: 044 5538970441
Karina: 044 5513987078
Juanjo: 044 5532590714

Redes Universitarias

El espeluznante costo humano de la guerra de Iraq

1,5 millón y de muertos, 4,5 millones de desplazados, entre 1 y 2 millones de viudas, 5 millones de huérfanos

John Tirman
The Nation

Traducido por Manuel Talens

Hoy ya podemos estimar el número de iraquíes muertos en la guerra instigada por el gobierno de Bush. El análisis de las pruebas empíricas del legado de la guerra de Bush pondrá en entredicho sus pretensiones de victoria. Por supuesto, incluso según su vara de medir –la estabilidad– el veredicto es negativo. Casi seis años después de la invasión, el país permanece dividido por el sectarismo y por importantes problemas sin resolver, como el estatuto de Kirkuk.

Ahora conocemos mejor el costo humano de la guerra. Por ejemplo, Naciones Unidas estima que hay alrededor de 4,5 millones de iraquíes desplazados –más de la mitad de los cuales son refugiados–, lo cual equivale a uno de cada seis ciudadanos. Sólo el 5% han escogido regresar a sus hogares durante el último año, un período de menor violencia con respecto al grado que ésta alcanzó entre 2005 y 2007. La disponibilidad de servicios médicos, agua potable, escuelas en funcionamiento, trabajo, etc. sigue siendo aleatoria. Según la Unicef, muchas provincias advierten que menos del 40% de los hogares tienen acceso a agua potable. Más del 40% de los niños en Basora y más del 70% en Bagdad no pueden ir a la escuela.

La mortalidad provocada por la guerra es también alta. Entre 2004 y 2007 se realizaron varias encuestas entre las familias iraquíes. Aunque existen diferencias entre ellas, la amplitud estadística de los datos sugiere la congruencia de sus estimaciones [1]. Durante los últimos 18 meses no ha habido encuestas y las dos más fiables se realizaron a mediados de 2006. De éstas, la que arrojó cifras más elevadas contabilizó 650.000 "muertes en exceso" (es decir, la mortalidad atribuible a la guerra); la otra contabilizó 400.000. La guerra continuó en toda su ferocidad durante 12 a 15 meses más después de tales encuestas y luego empezó a aminorar.

Los datos provenientes de Iraq Body Count, una ONG con sede en Londres que utiliza los informes de los medios en lengua inglesa provenientes de Iraq para contabilizar las muertes entre la población civil, permiten actualizar las estimaciones de 2006. Aunque es bien sabido que el recuento está por debajo de la realidad, ya que los informes de la prensa son incompletos y bagdadicéntricos, Iraq Body Count permite señalar tendencias estadísticas muy valiosas y sorprendentes. Sus estimaciones se acercan a 100.000 más, que incrementan la cifra de 45.000 publicada en junio de 2006 (no se contabilizan las muertes no violentas en exceso, por emergencias sanitarias, por ejemplo, ni las muertes entre la resistencia). Si consideramos estas cifras como un marcador estadístico aceptable, podremos calcular con bastante precisión las muertes totales duplicando el total de las encuestas familiares de 2006, que utilizaron para sus estimaciones un método mucho más fiable, sofisticado y de larga experiencia en epidemiología. De manera que, en la actualidad, en vísperas del sexto aniversario de la guerra, estaríamos entre 800.000 y 1,3 millones de "muertes en exceso".

Esta cifra horripilante adquiere sentido si se compara con el cálculo de los dirigentes iraquíes, según el cual hay en el país entre 1 y 2 millones de viudas de guerra y 5 millones de huérfanos, lo que constituye un indicio empírico directo –y también indirecto– del total de la mortalidad en exceso que confirma la realidad de los desplazados, de los hogares destruidos por el luto y de la inseguridad general. Las cifras son contundentes: 4,5 millones de desplazados, 1-2 millones de viudas, 5 millones de huérfanos, alrededor de 1 millón de muertos de una manera o de otra. Casi uno de cada dos iraquíes se ha visto afectado por la guerra.

Sea cual sea el método que se utilice, parece difícil describir esto como una victoria, dice mucho sobre la reparación que les debemos a los iraquíes y debería ponernos en guardia contra las guerras salvajes a que somos tan propensos. Ahora que Bush se fue, quizá Usamérica pueda hacer frente con honradez al daño que ha infligido y aceptar la responsabilidad de su autoría.

[1] En estadística, la amplitud (range) es la diferencia entre el valor máximo y mínimo de los valores de una variable se encuentran comprendidos el 100% de los valores muestrales. (N. del T.)

Los responsables en Estados Unidos, impunes, disfrutando sus millones.

Dictamen de la Corte ratifica las graves violaciones a la ley cometidas en Atenco

Concluye que el uso de la fuerza pública fue desproporcionado, ineficiente e irresponsable

Jesús Aranda

En San Salvador Atenco, estado de México, fueron gravemente violadas garantías individuales y derechos constitucionales a la vida, la integridad de la persona, libertad sexual, no discriminación por género, inviolabilidad del domicilio, libertad personal, debido proceso, trato digno de los detenidos y el derecho a la justicia, indica el dictamen elaborado por el ministro instructor de la corte José de Jesús Gudiño Pelayo.

Al darse a conocer ayer la versión abierta –sin datos personales o confidenciales de las víctimas, autoridades y policías que estuvieron involucrados en los hechos violentos ocurridos los días 3 y 4 de mayo de 2006–, el documento sostiene que el uso de la fuerza pública por parte de la policía del estado de México y de la Policía Federal Preventiva (PFP) fue ejecutada “de manera excesiva, desproporcionada, ineficiente, improfesional e indolente”, y que, por tanto, el Estado utilizó a las corporaciones policiacas de manera irresponsable y arbitraria.

El documento de 924 cuartillas que incluye fotografías y gráficas de los hechos, cuestiona la actuación del gobierno del estado de México, encabezado por Enrique Peña Nieto, y de la PFP, cuyo titular era el actual procurador Eduardo Medina Mora, por no haber cumplido con su obligación de investigar las agresiones y violencia sexual en contra de los detenidos y por no haber actuado penalmente en contra de los responsables.

La actuación de las autoridades, añade, resulta negativa “pues infunde desconfianza en el Estado y temor en los cuerpos de seguridad pública”. “Desconfianza y miedo que, a su vez, es terreno fértil para la inseguridad, la injusticia y la impunidad, porque quien no cree en sus policías, en sus instituciones de seguridad pública, no denunciará ilícitos y, menos aún, colaborará con la autoridad para evitarlos o esclarecerlos”.

Lo cual, enfatiza, se traduce en impunidad e inseguridad que a todos nos afecta, además de que “inhibe la expresión de protesta, totalmente válida –cuando se ejerce sin violencia, en el marco de la ley– en un país que se precia de ser democrático y respetuoso de las libertades del hombre, entre ellas, la libertad de expresión”.

Gudiño señala que las agresiones perpetradas “resultan graves y muy lamentables, considerando el trasfondo histórico que el uso de la fuerza tiene en nuestro país, y las negativas consecuencias que esto pudiera acarrear en un futuro próximo”.

Los hechos, subraya, dan motivo a que se reafirme un sentir colectivo que rechaza y reprueba en términos absolutos el uso de la fuerza, “cuando lejos de ello, es no sólo una facultad que le asiste, sino a veces incluso un deber hacerlo”.

El documento destaca que si bien era justificado el uso de la fuerza para desalojar la carretera Texcoco-Lechería, la falta de protocolos en el uso de ésta y las omisiones en que incurrió la autoridad al no vigilar la actuación de los uniformados, derivaron en la violación de los derechos de las víctimas. Por ello, convocó a los poderes Legislativo y Ejecutivo a reglamentar el uso de la fuerza pública para evitar que se repitan este tipo de situaciones.

Asimismo, advierte que “de nada sirve que se reconozcan, en leyes, en tratados, en discursos, que nuestro país admite y respeta los derechos humanos, si cuando son violados, en este caso por agentes del Estado, amén de que no haya sido por orden institucional, las violaciones quedan impunes y a las víctimas no se les hace justicia”, porque no se toman las medidas necesarias para que los responsables sean identificados y reprimidos.

El ministro, cuyo dictamen será discutido en sesión pública el próximo 9 de febrero, se desmarca en dos aspectos únicamente de la recomendación que emitió en su momento la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en cuanto a la violación de garantías de los menores de edad que fueron trasladados a un penal para adultos y del joven que murió a consecuencia de un disparo. Gudiño señala que en cuanto a los jóvenes, éstos fueron enviados al Consejo para Menores en un tiempo razonable y que no existen, por otra parte, elementos que demuestren que el disparo provenía del arma de un policía.

Por lo demás, el dictamen concluye que en este asunto se complementaron las atribuciones que tiene la CNDH y la propia Corte para investigar violaciones graves a las garantías individuales.

Cerrarán Teotihuacán indefinidamente

Ciudad de México, 26 de Enero.- Trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), dieron a conocer que a partir del tres de febrero "cerrarán por tiempo indefinido" la zona arqueológica de Teotihuacán, en protesta a los daños ocasionados a las Pirámides del Sol y de la Luna para la realización del "Proyecto de Iluminación Resplandor Tehotihuacano" que tuvo a su cargo la empresa "Philips Mexicana".

Nadia García, Secretaria del Exterior del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), informó que a partir de las diez de la mañana del próximo 3 de febrero, cerrarán por "tiempo indefinido" la zona arqueológica de Tehotihuacán.

En entrevista, explicó que el motivo de su protesta será por las 12 mil perforaciones que la empresa "Philips Mexicana" le hizo a la pirámide del Sol y por las fragmentaciones que presenta la pirámide de la Luna en su estructura, la cual fue dañada en sus basamentos por los cableados que le realizaron para el proyecto, de luz y sonido, denominado: "Iluminación Resplandor Tehotihuacano". Proyecto que, por cierto, enfatizó la dirigente sindical, fue prohibido por el Congreso de la Unión.

"Invitamos a toda la comunidad para que nos acompañe, vamos a cerrar toda la zona arqueológica de Tehotihuacán y si no ceden con esto, vamos hacer un paro nacional los trabajadores de Antropología.

Es lo grave que se le de luz verde a un proyecto, cuando además la Cámara ya había dado la recomendación de que se suspendiera al director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien hizo caso omiso de la recomendación y continúo con los trabajos. No solamente nos acabamos de enterar que además Teotihuacán es ya marca registrada por Philips que es la empresa que está encargada de la iluminación y tiene esto en verdad muchas repercusiones.

Empezó esto como una inconformidad de los trabajadores respecto a la destrucción del patrimonio y, ahora, que vamos rascando más, nos estamos enterando que los intereses comerciales existen, no solamente para la zona, sino para los funcionarios del INAH que están involucrados y gente del Gobierno del Estado que con esto van a ganar cantidades de dinero que no creo que lleguen al pueblo ni a la comunidad de Teotihuacán", denunció.

La lideresa de la delegación D-III-24 del Sindicato Nacional de Trabajadores Administrativos, Técnicos y Manuales del INAH, sostuvo que su protesta, se basa principalmente, porque los sitios arqueológicos deben ser utilizados como centros del saber de nuestro pasado como mexicanos y no como negocios espectaculares que resultan "invasivos".

"Los trabajos que se hicieron aquí en México son invasivos, de verdad, para poner esas estructuras, las autoridades del INAH dicen que son una tecnología de quinta y sexta generación, respecto a iluminación. Pero para poner esas estructuras pusieron un anclaje con taquetes expansivos, es decir, perforaron, pusieron unas planchas de aluminio grandotas con cuatro puntos de perforación y esas son las más de 12 mil perforaciones.

Una compañera restauradora informaba que ahora no nada más es retirar y sacar los taquetes expansivos, sino se tiene que hacer un proyecto de restauración y, por lo pronto, para enmendar el asunto de manera temporal y destaparlos, en lo que se determina de qué manera se tiene que sacar, porque con las prisas vuelven a meter pinzas y están fracturando más todavía el edificio", explicó.

Nadia García detalló que el tres de febrero tomarán las cinco taquillas de los accesos al sitio arqueológico, haciendo paralelamente vallas humanas alrededor de las pirámides del Sol y de la Luna para explicar a los visitantes el daño que se ha hecho a esos monumentos con el proyecto "Resplandor Teotihuacano", el cual, dijo, viola la "Ley Federal de Zonas y Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos", y contraviene al Decreto Presidencial de 1988, en el que se declara a Teotihuacán como zona de Monumentos Arqueológicos.

Audio del discurso del Presidente Legítimo en la Sria. de Hacienda del gobierno espurio.

Audio del discurso del Presidente Legítimo en la protesta realizada el día de hoy frente a la Secretaría de Hacienda, para demandar que bajen los precios de gasolina diesel, luz, gas y que protejan los fondos de pensiones de los trabajadores


Exige AMLO renuncia de Carstens

MÉXICO, D.F., 3 de febrero (apro).- Andrés Manuel López Obrador exigió la renuncia del secretario de Hacienda y Crédito Público (SCHP), Agustín Carstens.
En un mitin realizado frente a la Secretaría de Hacienda, el excandidato presidencial acusó a Carstens de haber aplicado una política económica cuyo modelo neoliberal ha fracasado.
Ante cientos de seguidores que no se cansaron de vitorearlo, el líder del Frente Amplio Progresista (FAP) dio a conocer que el próximo 17 de febrero encabezará un mitin frente a la Cámara de Diputados para exigir a los legisladores que tomen en cuenta su propuesta para superar la crisis económica. El mitin estaba programado para realizarse frente a las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza.López Obrador dio a conocer también que envió sendas cartas a los presidentes de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión, el senador panista Gustavo Madero, y el diputado del PRI, César Duarte, en las cuales expone sus razones para que sea tomada en cuenta su propuesta anticrisis.Así mismo, anunció que este miércoles 4 de febrero enviará la misma misiva a los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) para que la repartan entre sus correligionarios.
El diputado José Antonio Almazán, miembro del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), demandó a los seguidores de López Obrador organizarse para exigir al gobierno de Felipe Calderón que reduzca las tarifas del servicio eléctrico.Hay que crear una "tarifa social" en beneficio de la ciudadanía para acceder al derecho universal, que es "el derecho a la energía eléctrica". "Las veces que sea necesario saldremos a las calles a defender al pueblo", advirtió.

Coloca AMLO cuatro candidatos en Convergencia


MÉXICO, D.F., 3 de febrero (apro).- Al menos cuatro colaboradores del presidente "legítimo", Andrés Manuel López Obrador, encabezan la lista de precandidatos a diputados federales plurinominales por el partido Convergencia. Se trata de José Agustín Ortiz Pinchetti, Martha Pérez Bejarano, Bertha Luján y Rafael Decelis. En la lista también aparece Ericel Gómez Nucamendi, suplente del senador Gabino Cué por ese partido y dueño del periódico Noticias de Oaxaca y Chiapas.A Gómez Nucamendi también se le vinculó, en 2006, con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), y con el gobernador de ese estado, Ulises Ruiz, así como con el exprocurador de Justicia de la entidad, Mariano Herrán Salvatti, actualmente en prisión. Los cinco personajes forman parte de la Coalición "Salvemos México" y contarán con el apoyo de Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió a hacer campaña por los candidatos del PT, Convergencia y PRD.

Confirma la SCJN graves violaciones a derechos humanos en Atenco


MÉXICO, D.F., 3 de febrero (apro).- Los cuerpos de seguridad que participaron en los operativos de San Salvador Atenco y Texcoco, Estado de México, en mayo de 2006, cometieron graves violaciones a los derechos humanos, establece el proyecto final elaborado por el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo.
El dictamen, que será discutido en el pleno el próximo lunes 9, señala que las carencias y deficiencias con que operan los cuerpos de seguridad, la falta de profesionalismo de los policías y la inexistencia de una legislación y de protocolos acerca del uso de la fuerza pública, fueron las causas que detonaron las graves violaciones a los derechos humanos registradas durante los operativos.
De acuerdo con el ministro Gudiño Pelayo, dichos factores propiciaron que los policías que participaron en los hechos se salieran de control y que, incluso, algunos de ellos abusaran sexualmente de las mujeres detenidas en los operativos.
Al respecto, confirma que se detectaron indicios y pruebas de que varias de las mujeres detenidas fueron víctimas de algún tipo de abuso sexual. Sin embargo, el texto omite los nombres de las afectadas.
Sin embargo, señala que el cúmulo de carencias y deficiencias detectadas no son privativas de los agentes que participaron en los operativos, sino de todas las policías del país.
Pese a la confirmación de las graves violaciones a los derechos humanos y a la confirmación de que varias mujeres sufrieron abusos sexuales, la SCJN aclara que no emitirá ninguna lista de responsables ni tampoco recomendará algún tipo de sanción en particular, debido a que no está facultada para ello.
El documento presenta una relación de las personas que tuvieron algún tipo de participación en los hechos acontecidos los días 3 y 4 de mayo de 2006, "sin realizar un señalamiento acerca de su responsabilidad en los hechos". En la lista aparece el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, así como el actual procurador general de la República y secretario de Seguridad Pública Federal en el momento de los hechos, Eduardo Medina Mora.
El dictamen simplemente explica y detalla qué fue lo que hicieron cada uno de los funcionarios, antes, durante y después de los operativos.Esta será la tercera ocasión en que la SCJN difunda en su página de internet un dictamen antes de su discusión pública. La primera fue con el proyecto de la Ley Televisa, y la segunda, con las reformas que despenalizaron el aborto en el Distrito Federal hasta las 12 semanas de gestación.
El Pleno de la Corte acordó suspender las sesiones de esta semana para estudiar a detalle el dictamen presentado por el ministro Gudiño, y arrancar el análisis de este caso en la sesión del próximo 9 de febrero.

El imperio de los jueces


La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inaugura su “Año de la Sociedad” con una decisión paradójica que impide precisamente la participación social en el funcionamiento del Poder Judicial: El pasado 20 de enero, echó abajo una reforma a la Constitución de Baja California que buscaba diversificar la integración del Consejo de la Judicatura de la entidad. En lugar de celebrar este esfuerzo por abrir el principal órgano de vigilancia y administración del Poder Judicial a la sociedad, los ministros rechazaron tal atrevimiento y ratificaron la histórica insularidad y opacidad que caracteriza a esta institución.
La Suprema Corte sostiene que la reforma de Baja California violenta los principios de autonomía e independencia del Poder Judicial porque deja en manos del Poder Legislativo la facultad de nombrar a la mayoría (tres de un total de cinco) de los integrantes del Consejo de la Judicatura. Para los ministros, tal procedimiento supuestamente implicaría una intromisión de los legisladores y perjudicaría el buen funcionamiento de la justicia local porque actores externos tomarían decisiones medulares sin tener en mente los mejores intereses del Poder Judicial.En la sesión pública, el distinguido ministro Genaro Góngora Pimentel argumentó su respaldo a la decisión de la siguiente manera: “El hecho de que un poder ajeno al Judicial tenga la facultad de nombrar por sí y ante sí a la mayoría de los miembros que integran el órgano de vigilancia, administración, supervisión y disciplina del Poder Judicial del Estado constituye una intromisión violatoria de la división de poderes, pues con ello se genera la posibilidad de una influencia externa determinante en la toma de decisiones que atañen al funcionamiento del Poder Judicial”. El ministro Mariano Azuela coincidió al afirmar que “la división de poderes supone equilibrio entre poderes, y no es posible que uno o dos poderes se unan para disminuir al tercero eliminando propiamente el sistema de equilibro que la Constitución establece”. La paradoja principal es que si bien la intención de los ministros es defender “la división de poderes”, en los hechos lo que están propiciando es la construcción de un imperio de los jueces. Parecen olvidar que ellos mismos fueron nombrados por el Poder Legislativo. Nadie en su sano juicio pondría en cuestión la independencia y objetividad de los propios ministros de la Suprema Corte de Justicia por el hecho de que los senadores hayan participado en su proceso de nombramiento. ¿Por qué razón tendría que ser diferente con los consejeros de la Judicatura? Y aceptando sin conceder que este fuera el caso, ¿por qué entonces se permite participar en el Consejo a un par de estos negativos e intrusos actores, aunque no sean la mayoría?Con su férrea defensa del control mayoritario de los jueces “de adentro” en los Consejos de la Judicatura, los ministros de la Suprema Corte evocan las tendencias autoritarias de antaño del partido del Estado; por ejemplo, cuando a principios de la década de los 90 se abrieron a la oposición algunos lugares simbólicos en el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE). En aquel entonces el gobierno veía con buenos ojos que la oposición tuviera voz y representación, siempre y cuando ésta fuera minoritaria. El control de la mayoría por los cercanos tenía que ser garantizado en todo momento.Los señores ministros tienen razón en que existe la posibilidad de que los legisladores nombren personas no idóneas para el puesto de consejero de la Judicatura, lo cual desde luego perjudicaría el funcionamiento del Poder Judicial. Sin embargo, la historia también ha demostrado que los mismos ministros (y magistrados de los tribunales superiores en las entidades federativas) no siempre eligen a los mejor calificados para esta importante labor. No existe ninguna garantía de que un consejero elegido por un juez sea más capaz que uno elegido por representantes populares.Y en la actual coyuntura de creciente desconfianza en la justicia, convendría más inclinar la balanza hacia la apertura y la participación cívica que hacia la cerrazón. Ese es precisamente el espíritu de la campaña institucional de la Suprema Corte que lleva por nombre “2009: Año de la Sociedad; Observar, Participar y Construir”. Con esta campaña, la Corte buscará crear un observatorio ciudadano del Poder Judicial y mejorar su comunicación con la sociedad. Tales iniciativas se suman a los proyectos de transparencia ya en curso, como la proyección en vivo de las discusiones del pleno por el Canal Judicial, así como la circulación anticipada de proyectos de resolución en casos clave, como el de la llamada “Ley Televisa”.Todas estas acciones y compromisos son loables. Sin embargo, también valdría la pena que los ministros respaldaran la transparencia y la rendición cuentas desde su actividad jurisdiccional. Lamentablemente, el fallo con respecto a la integración del Consejo de la Judicatura en Baja California camina en sentido contrario a estos objetivos y deja establecido un muy mal precedente para casos futuros. La decisión se vuelve aún más preocupante vista a la luz del fallo de mayo del año pasado, cuando el máximo tribunal de justicia rechazó las solicitudes de acceso a la información interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación al Consejo de la Judicatura Federal. Esta desafortunada tendencia a buscar blindarse del escrutinio social también se corrobora con la resistencia de parte de la Corte a aceptar la conformación de un órgano garante en materia de transparencia integrado por expertos externos, tal y como lo ordena el nuevo texto del artículo 6º constitucional.

Televisoras, conjura de pantalla

JENARO VILLAMIL

Fue el famoso decretazo, negociado por Marta Sahagún de Fox y Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa.En 2006, en plena campaña presidencial, impusieron en el Congreso una ley confiscatoria del espectro radioeléctrico y de las telecomunicaciones, la ley Televisa, bajo el chantaje de que si los partidos no apoyaban sus ambiciones, les aplicarían el "castigo" en la pantalla comercial y en la negociación de los spots para los comicios federales de ese año.
En 2007, protagonizaron una "rebelión" en el Senado y transmitieron en vivo y en directo aquella famosa sesión en la que los principales comentaristas de los medios electrónicos se unieron al unísono para encubrir sus intereses bajo la acusación de que la reforma electoral era violatoria a la libertad de expresión.El pasado fin de semana, en vísperas del inicio del proceso electoral de 2009, Televisa y TV Azteca mintieron abiertamente a las audiencias de sus eventos deportivos y otros programas para acusar al Instituto Federal Electoral de haberles ordenado transmitir "en bloque" los spots de los partidos políticos. No sólo eso. A través de conductorescomo Javier Alatorre, en Canal 13, comenzaron su propia guerra sucia contra las campañas electorales con mentiras insostenibles.Según lo leído por Alatorre en TV Azteca, "la reforma electoral diseñada y aprobada por el Congreso contempla transmitir 24 millones de spots, así que esta situación va para largo".Más astutos, los de Televisa dejaron que sus comentaristas radiofónicos y los columnistas periodísticos que los apoyan dijeran otro tanto de imprecisiones, acusando al IFE de ser el responsable de la interrupción de los encuentros deportivos.Héctor Aguilar Camín, por ejemplo, publicó en Milenio Diario que el sábado y domingo las televisoras "estiraron la liga al absurdo"."Está claro que las televisoras dieron una gozosa ayuda a la estrategia, interrumpiendo a teleadictos de todos los horarios. Cortaron caricaturas y transmisiones de futbol en vivo para transmitir los mensajes pautados de los partidos explicando sus propuestas para salvar a México".El exconductor de Zona Abierta, de Canal 2, remató su artículo con una frase que pinta entera la conjura que las televisoras preparan en la pantalla:"Creo que el IFE, los partidos y los medios probarán en los meses que siguen, hasta la saciedad, por reducción al absurdo, que hace falta otra ley de elecciones. Quizá otro IFE".En realidad, la conjura de pantalla tiene como objetivo cobrarle a los partidos y al IFE la reforma electoral del 2007 que disminuyó una buena parte del negocio mediático-electoral que llegó a niveles de inversión escandalosa en 2006.Por supuesto, ni Televisa ni TV Azteca se indignan por los 'infomerciales' de Enrique Peña Nieto o de Marcelo Ebrard, porque esos sí son pagados, bien a través de empresas intermediarias o de favores políticos y empresariales para las compañías televisoras.En medio de este escenario, lo que sorprende e indigna es la tibieza de las autoridades encargadas de regular los contenidos de empresas que hacen usufructo de un bien público concesionado y también de los responsables de sancionar la violación a los títulos de concesión.En otras palabras, no se trata de una "guerra" exclusiva entre el IFE y las televisoras sino de un abierto desafío de Televisa, TV Azteca y de otros concesionarios a la Secretaría de Gobernación, a Comunicaciones y Transportes, al IFE, al Congreso y a los partidos políticos que deberían, por lo menos, emitir un extrañamiento urgente a la abierta conjura de las televisoras.Este martes, el Consejo General del IFE lo más que hizo fue calificar de "conducta atípica" lo que a todas luces es una ilegalidad por parte de las televisoras.La violación consiste en que ellos decidieron "compactar" como minutos continuos lo que ya habían acordado como pautas o spots, losque no debían afectar el contenido de los programas televisivos, tal como se establece en los artículos 74 y 350 del Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales (Cofipe).El consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, informó que le darán 24 horas a las televisoras para que "informen". ¡Veinticuatro horas cuando durante todo un fin de semana violaron el acuerdo de transmisión de anuncios electorales!La tibieza del IFE se agrava por el fariseísmo de la Secretaría de Gobernación, entidad responsable, hasta ahora, de vigilar el buen funcionamiento del contenido de los medios.El 2 de febrero, Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, afirmó que su dependencia apenas analiza los hechos y "no va a precipitar sus juicios". Hasta el martes 3 de febrero Gómez Mont se reunió con los responsables de Normatividad de Medios y de Radio, Televisión y Cinematografía para "analizar" qué deben hacer ante las conjuras televisivas.Por si fuera poco, el desafío del duopolio coincide con el pleito interno en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que desembocó en el descabezamiento de la subsecretaria Purificación Carpinteyro, quien se volvió non grata para las televisoras y para el propio titular de la SCT, Luis Téllez.Basta recordar que Téllez fue miembro del Consejo de Administración de Televisa y que los intereses de la empresa de Azcárraga Jean siempre han sido defendidos por el exjefe de la oficina presidencial durante el zedillismo.Hábiles como son para detectar las debilidades del gobierno federal y para alentar las intrigas y las conjuras para beneficiarse, los dueños de Televisa y de TV Azteca están haciendo una "pequeña" demostración de lo que son capaces de crear para descarrilar la cobertura y la publicidad electoral en la televisión.Están furiosos porque ya no se les permitirá cobrar por los spots que se transmitan, pero también están advirtiendo que si el Congreso se atreve nuevamente a tocar sus intereses con el pétalo de una mínima regulación legal, ellos estarán dispuestos a utilizar la pantalla como un ariete de su propiedad.

Retan Televisa y Tv Azteca al IFE



MÉXICO, D.F., 3 de febrero (apro).- Televisa y TV Azteca ignoraron la petición del Instituto Federal Electoral (IFE) de informar sobre la emisión de spots políticos en bloques continuos y a una misma hora. Además, establecieron que se sujetarán a la postura fijada ayer por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), la cual señaló en un comunicado que las pautas de las precampañas electorales fueron notificadas un par de semanas atrás, cuando ya existían compromisos contractuales previos en la programación. En pronunciamientos por separado, Televisa informó que no emitiría opinión alguna y TV Azteca señaló que hasta el momento no tiene planeado pronunciarse sobre el tema. El pasado fin de semana, ambas televisoras integraron a su barra de programación bloques de propaganda político-electoral con miras a las elecciones de julio próximo, sin embargo, dichos spots interrumpieron programas infantiles, películas y partidos de futbol. La acción fue condenada por el IFE, al aclarar que la decisión de agrupar en un solo bloque los anuncios de partidos políticos fue exclusivamente de las televisoras y no por una pauta marcada por el órgano electoral. Este martes, el IFE emplazó a Televisa y TV Azteca para que expliquen la presencia de “conductas atípicas” en la transmisión (en bloque) de las pautas del Instituto y los partidos, fijando un plazo “improrrogable” de 24 horas para responder. Al leer un comunicado, el consejero presidente, Leonardo Valdés, dijo que “una vez que las empresas requeridas respondan, el Instituto federal Electoral determinará si hay lugar al inicio de procedimientos sancionadores”. A partir del pasado sábado 31 de enero y hasta el 5 de julio, cada una de las mil 569 emisoras concesionadas de radio y televisión en el país deberán difundir un total de 48 minutos diarios para los promocionales de los partidos y de las autoridades electorales, hasta llegar a más de 23.4 millones de spots.

Televisoras maniobreras

PLAZA PÚBLICA
Televisoras maniobreras

Miguel Ángel Granados Chapa

El fin de semana tanto TV Azteca como Televisa manipularon mensajes electorales para defender sus intereses. Acumularon spots y los asestaron durante varios minutos al público que sólo quería ver futbol. El duopolio demostró su renuencia a la nueva legislación electoral

Apenas el jueves 29 la doctora Denise Dresser preguntó a los senadores si gobernaban ellos o Ricardo Salinas Pliego, y dos días después tuvimos una respuesta que ya conocíamos: quedó confirmado que el poder radica en TV Azteca, y en Televisa.
El sábado y el domingo las integrantes del duopolio de la televisión abierta manipularon mensajes electorales con la intención no declarada pero transparente de defender sus intereses y malquistar a su público con el IFE y los partidos políticos.En vez de presentarlos en los minutos previos a los partidos de futbol, o en los intermedios, o al concluir cada juego, las televisoras acumularon spots o promocionales (¡vaya dilema: ni cuál escoger entre esas palabrejas!) y, precedidos por comentarios de los locutores y la leyenda que atribuía la interrupción a "órdenes" del IFE, asestaron mensajes políticos durante varios minutos a públicos ganosos de ver futbol, soccer o americano, que muy probablemente los recibieron en el mejor de los casos resignadamente si no es que irritados por la intromisión.Al actuar de ese modo, las televisoras confirmaron su renuencia a la legislación electoral que estableció un régimen nuevo para la radio y la televisión en ese campo y prohibió la propaganda pagada en esos medios, en que los partidos derrochaban hasta ahora cerca de dos tercios de las abultadas sumas que reciben del erario, es decir, de los contribuyentes. Las televisoras han juzgado esa decisión del poder revisor de la Constitución y del Congreso como una ofensa y la han combatido por medios legales y estorbos ilícitos. Tienen derecho a lo primero, a acudir a los tribunales para impugnar normas que lastimen sus intereses. No lo tienen, en cambio, para desacatar las normas y generar con su incumplimiento desprestigio a la autoridad electoral y a los partidos, que ya hacen bastante para distanciarse de los ciudadanos.En marzo del año pasado, TV Azteca rehusó de plano transmitir los primeros mensajes partidarios, al comenzar la vigencia de esa porción del Código electoral. Ni siquiera recibió la documentación que disponía las transmisiones. Solicitó amparo contra su obligación legal de hacerlo y al serle negada la suspensión demandada se vio en el caso de pasar al aire en mayo lo que había dejado de transmitir en marzo y también en abril. El IFE sancionó su infracción con una multa de 5 millones y medio que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación atenuó apenas en diciembre pasado, considerando que no merecía la pena máxima porque no era reincidente.Ahora, en cierto modo, ya lo es. Ciertamente, no se negó a transmitir los mensajes que mercaban el comienzo de una temporada electoral, las precampañas. Pero lo hizo a contrapelo del numeral cinco del artículo 36 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral aprobado por el Consejo General del IFE el 10 de julio pasado y aparecido en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto siguiente. Ese texto establece a las claras que "los concesionarios de radio y televisión no podrán alterar las pautas ni exigir requisitos técnicos adicionales a los aprobados por el Instituto".El IFE reaccionó en lo inmediato desmintiendo a las televisoras que le achacaron el modo y el momento de la transmisión de los mensajes. Ahora tiene que ir más allá de esta explicación al público (que ameritaría haber sido mejor redactada):"
1.- Desde hace varios años el Estado dispone en la radio y la televisión de 48 minutos diarios para emitir propaganda gubernamental y de otros poderes (sic).
2.- Dichos promocionales (¿?) son transmitidos a lo largo del día dentro de las barras comerciales... Por esa razón, la propaganda gubernamental se alterna con la publicidad comercial y el público está acostumbrado a ella.
3.- Con la reforma electoral de 2007 se dispuso que los tiempos del Estado no deben ser utilizados por el gobierno durante las precampañas y campañas electorales, para no afectar la equidad en la competencia partidista. Por eso, a partir del 31 de enero esos tiempos son utilizados sólo por los partidos políticos y las autoridades electorales."
4.- Por lo tanto, no se han incrementado los tiempos del Estado y los concesionarios no necesitan sacrificar sus programas o ceder su tiempo comercial para transmitir los promocionales de partidos y el IFE. Son el gobierno y otros poderes los que, por disposición constitucional, han cedido el tiempo para partidos y autoridades electorales.
5.- Los promocionales que se transmiten a partir del inicio de las precampañas por todos los medios de comunicación electrónica del país utilizan solamente el tiempo que le pertenece al Estado y fueron pautados para ser transmitidos, a lo largo del día, de manera similar a la propaganda gubernamental."
6.- Con base en lo anterior es necesario informar que la decisión de agrupar los promocionales de los partidos políticos y autoridades electorales en un solo bloque comercial (¿?) así como la de interrumpir programas deportivos o de entretenimiento para ofrecer al público la transmisión de dichos promocionales dentro de los mismos programas y no en los bloques comerciales normales, ha sido adoptada exclusivamente por las televisoras, pero no por el Instituto Federal Electoral".Pertinente y necesaria la aclaración, debe ser sólo parte de la actitud que asuma el IFE, que no puede quedar a merced -y con él los partidos- de la inquina de TV Azteca y Televisa. Debe evitar que la maniobra se reedite.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com

Gobierno Legítimo de México

No dejen de leer las propuestas del Presidente, bien desglosaditas y bastante claras.

Tan claras, que hasta los congresistas, legisladores, diputados federales y senadores tendrían que entenderlas.

ROMPIENDO EL CERCO INFORMATIVO:


Tiene que entrar al quite el Congreso, porque Calderón no tiene capacidad para enfrentar y resolver la crisis, asegura López Obrador

México, Distrito Federal
Martes 03 de febrero de 2009


* Discurso del presidente legitimo de México, Andrés Manuel López Obrador, durante el mitin del Movimiento nacional en defensa de la economía popular, frente a las oficinas de la Secretaría de Hacienda

Amigas y amigos.

Me da mucho gusto estar de nuevo en esta asamblea, encontrarnos otra vez, de acuerdo a lo que se decidió en la anterior asamblea en el Zócalo.

Muchas gracias por su asistencia, por su participación.

Tenemos que recordar siempre que nuestro movimiento tiene dos objetivos: Defender al pueblo y defender el patrimonio nacional y, al mismo tiempo, trabajar en la organización para la transformación de nuestro país.

Yo le informo que en este segundo objetivo de ir trabajando en la organización del pueblo, para renovar la vida pública, desde hace dos años, desde enero del 2007, estoy recorriendo todos los municipios del país. Trabajo en la ciudad de lunes a miércoles y de jueves a domingo los dedico a recorrer los municipios del país.

Les informo que ya llevo más de mil 900 municipios visitados, ya nada más nos faltan 110 municipios de régimen de partidos. Vamos a terminar de recorrer los dos mil 38 municipios del país de régimen de partidos a principios de marzo.

Nos van a quedar pendientes, y los vamos a recorrer este año, los más de 400 municipios indígenas, de usos y costumbres, del estado de Oaxaca, los vamos a recorrer todos.

En cada municipio se hacen asambleas informativas y podemos ir hasta el municipio más apartado, como ahora que fuimos a la sierra de Sonora, limítrofe con Chihuahua y allá hay ciudadanos, mujeres y hombres, informados e interesados, conscientes y dispuestos a participar en el movimiento de transformación.

En esas asambleas se le convoca a los que participan a que se apunten como representantes del Gobierno Legítimo de México. Ya hay dos millones 200 mil representantes del Gobierno Legítimo de México.

Tenemos una representación territorial en todos los municipios del país. Este es el trabajo que se ha venido haciendo de organización, que es fundamental. No se puede, como lo hemos dicho en otras ocasiones, enfrentar a una mafia que detenta el poder, si el pueblo no está organizado.

Por eso, tenemos que seguir adelante, en las dos vertientes. En el movimiento para la defensa del pueblo y del patrimonio nacional y la organización para la transformación del país.

Porque si hacemos una sola cosa, si nos dedicamos a cumplir solo un objetivo, si nada más nos dedicamos, como lo hacemos, a defender al pueblo y a defender le patrimonio nacional y no trabajamos en la organización para transformar la vida pública del país, pues no vamos a lograr la renovación que se necesita, porque no olvidemos que hemos escogido para transformar a México la vía pacífica, la vía electoral y eso requiere de mucha organización.

Lo mismo, si nos dedicamos nada más a organizar para la transformación y dejamos sin protección al pueblo y no defendemos el patrimonio nacional, cuando se den los cambios que se tienen que dar, porque más temprano que tarde va a triunfar este movimiento, cuando haya un verdadero gobierno del pueblo, ya no vamos a tener de qué echar mano, porque éstos son muy voraces y están decididos a seguirse quedando con los bienes de la nación, con los bienes del pueblo, aunque arruinen a nuestro país.

Por eso es muy importante tener claro hacia dónde vamos, entre todos fijamos éstos objetivos, yo les diría que vamos bien, logrando poco a poco que se vaya consolidando nuestro movimiento.

El día de hoy, ustedes escucharon a los compañeros que tuvieron la responsabilidad, el encargo, de hablar sobre los asuntos fundamentales de esta asamblea.

La verdad que los tres que tomaron la palabra, Mario, el compañero Almazán y el licenciado Muñoz Ledo, lo hicieron de manera excelente, con mucha claridad.

Esto me ayuda a mí, porque ya no tengo que profundizar en cosas que los tres compañeros han dejado en claro.

Yo sólo les informo que hoy envié una carta a los congresistas, a los legisladores, tanto a diputados federales, como a senadores. Una carta que les quiero leer y luego les quiero hacer una propuesta.

La carta dice así:

Señoras y señores legisladores:

Desde hace tiempo, hemos venido insistiendo en que se tomen medidas de fondo, no demagógicas, para reorientar el presupuesto público y proteger al pueblo ante el agravamiento de la crisis económica.

Como es sabido, el presidente espurio no ha hecho realmente nada importante para frenar el desempleo, la carestía, el empobrecimiento del pueblo, la inseguridad y la violencia.

Ustedes también ignoraron la propuesta que les hicimos el 28 de septiembre de 2008, desde el Zócalo de la Ciudad de México, en el sentido de que el Congreso convocara a la celebración de un acuerdo entre todas las fuerzas políticas y sectores económicos y sociales del país para llevar a cabo un plan anticrisis.

Asimismo, no tomaron en cuenta el Programa para la Defensa de la Economía Popular que les propusimos el 4 de noviembre, cuando estaba por aprobarse la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 2009.

Por esta razón y dada la gravedad del asunto, de nueva cuenta les volvemos a insistir en que se deben tomar medidas urgentes para cambiar la política económica, empezando por reorientar el gasto público y destinar fondos al desarrollo económico y social del país.

En primer término, les recordamos que en las últimas dos administraciones (de 2001 a 2008), el gasto público corriente ha crecido en términos reales, 72 por ciento, muy por encima del crecimiento de la economía (20.9 %), y del crecimiento del gasto total (64 %).

Tan sólo entre 2006 y 2008, el gasto corriente del sector público se incrementó en 437 mil millones de pesos, al pasar de un billón 321 mil millones a un billón 758 mil millones. Dicho de otra manera: si durante este periodo, el gasto corriente sólo hubiese aumentado en la misma proporción a la economía del país, hoy habrían 233 mil millones de pesos disponibles.

Como ustedes bien saben, una importante cantidad de este gasto corriente se destina a mantener los privilegios de los altos funcionarios públicos de los tres poderes de gobierno.

Hay quienes ganan, en términos reales, hasta 600 mil pesos mensuales y tienen servicios médicos privados, fondos de ahorro especial, bonos discrecionales y otras prebendas. Además, mucho dinero del presupuesto se destina a proteger a banqueros y a grandes empresarios, se derrocha y se va por el caño de la corrupción.

Por eso, insistimos en nuestro planteamiento de reducir, de inmediato, el gasto corriente y destinar estos fondos aminorar los efectos de la crisis económica que nos afecta desde el año pasado.

De otra manera, México no podrá enfrentar el aumento del desempleo, la pérdida de ingreso disponible de la gente, la caída del consumo de alimentos y bienes necesarios y la falta de recursos y oportunidades para trabajadores y empresas.

De manera específica, el ahorro de 200 mil millones de pesos que proponemos, se puede lograr reduciendo a la mitad los sueldos, desde el presidente espurio hasta los directores generales y adjuntos del Poder Ejecutivo Federal; las percepciones, también a la mitad, de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de los consejeros del IFE y magistrados del Tribunal Electoral; de diputados federales y senadores; suprimir las partidas de fondo de ahorro especial y de gastos médicos para atención en hospitales privados de la alta burocracia; cancelar las pensiones millonarias a los expresidentes de México; eliminar la entrega de bonos discrecionales, la compra de vehículos para altos funcionarios, los gastos de representación, viáticos, la remodelación de oficinas, la renta de oficinas alternas, los boletos en primera clase y gastos de vestuario; reduciendo drásticamente las partidas de publicidad, servicios telefónicos, celulares, fotocopiado y papelería, alimentación de funcionarios, servicios de asesoría, donativos, combustibles, arrendamiento de inmuebles, fideicomisos, entre otras partidas.

Todo ello, acompañado de la disminución de estructuras burocráticas para bajar los gastos de administración.

A partir de la aplicación de un plan de austeridad republicana y ahorrando en una primera etapa 200 mil millones de pesos, se pueden tomar las siguientes medidas:

1. Apoyos al campo para la producción de alimentos

En el presupuesto del 2009 se contemplan 16 mil 800 millones de pesos para el Procampo. Este monto no es suficiente para apoyar la producción de alimentos, además, los recursos están llegando tarde, cuando ya se realizó la siembra, obligando a los productores a tomar crédito de los proveedores de insumos, como semillas y fertilizantes, por los que llegan a pagar hasta el 30 por ciento de lo que reciben del programa.

Con frecuencia también tienen que pagar al personal de la ventanilla para que les liberen los fondos, dando hasta 500 pesos por un cheque de 3 mil 300 pesos.

Es indispensable hacer a un lado la absurda política de comprar los alimentos afuera, cuando podemos producir en el país lo que consumimos, generando empleos y atemperando el fenómeno migratorio.

Nuestra propuesta es comenzar con apoyos adicionales por 20 mil millones de pesos para los productores y la exigencia de que el gobierno espurio libere los recursos con prontitud.

2. Impulsar el crédito a la pequeña y mediana empresa

Se requieren cuando menos 40 mil millones de pesos para la banca de desarrollo con el objeto de garantizar créditos a las pequeñas y medianas empresas. Cabe aclarar que el fondo de 50 mil millones de pesos que está ejerciendo el gobierno espurio, supuestamente para este propósito, se está dedicando realmente a apoyar a las grandes empresas en sus emisiones de papel comercial, como Cemex, Coppel, Soriana y Comercial Mexicana.

De ahí la necesidad de tener una partida destinada a las empresas medianas y pequeñas.

3. Reducir los precios de la electricidad, la gasolina, el gas y el diesel en beneficio de consumidores y empresas

Nuestra propuesta contempla disminuir las tarifas de los consumidores de energía eléctrica, con un costo de 15 mil millones de pesos.

Asimismo, para la reducción de precios de gasolina y gas en 10 por ciento, y de diesel en 15 por ciento, se requieren 35 mil millones de pesos.

Debe entenderse que abaratar estos energéticos tiene dos efectos positivos. Uno es el aumento real en el ingreso de la gente y otro es la reducción de la inflación, lo que daría pie a bajar las tasas de interés de su nivel actual, reduciendo con ello costos de crédito para el consumidor y para toda la economía.

4. Más presupuesto para salud, alimentos, becas a estudiantes y apoyo a desempleados

Es urgente destinar recursos para adultos mayores, más recursos para adultos mayores, para madres solteras, para personas con discapacidad, para comedores populares, becas para estudiantes de escuelas públicas, atención médica y medicamentos gratuitos para quienes no cuentan con seguridad social.

Lo hemos dicho en otras ocasiones y lo repetimos ahora, hay dos derechos humanos fundamentales: el derecho a la alimentación y el derecho a la salud y es obligación del Estados garantizarlos.

5. Derogar el IETU

No hay mejor manera de apoyar a las empresas y dar un alivio a la carga fiscal de los trabajadores que eliminar este impuesto injusto que causa gravámenes superiores a la capacidad de pago de los contribuyentes, al no permitirles la deducción de la nómina, las pérdidas cambiarias o el pago de intereses por la deuda.

Para los trabajadores ha representado un aumento de la carga fiscal que les es retenida y que golpea sobre todo a la clase media. Esta acción tendría un costo de 50 mil millones de pesos, según las estimaciones de recaudación de la Secretaría de Hacienda. El año pasado recaudaron por este impuesto 46 mil millones de pesos.

En suma, el costo estimado de los programas de emergencia económica y social, que proponemos, en una primera etapa, para enfrentar la crisis es el siguiente:

PROGRAMA MONTO (mdp)

Apoyo a productores de alimentos 20,000
Crédito a empresas pequeñas y medianas 40,000
Reducción de electricidad, gasolina, gas y diesel 45,000
Bienestar social 45,000
Derogación del IETU 50,000
TOTAL 200,000
Esta cantidad sale del ahorro al reducir el gasto corriente del gobierno.

Adicionalmente, es urgente que el Congreso tome la decisión de proteger los fondos de pensiones de los trabajadores, cuya pérdida asciende a 60 mil millones de pesos, mientras las administradoras financieras privadas han obtenido utilidades de 11 mil millones de pesos.

Esto es lo que estamos proponiendo.

Termina la carta así:

Señoras y señores legisladores:

Es el momento de cambiar, en definitiva, la política económica que sólo atiende a los privilegiados de siempre y ha llevado a la bancarrota al país.

También les recomendamos, por el bien de México, que construyan acuerdos en el Poder Legislativo, no sólo para reorientar el presupuesto sino para solicitar la remoción del actual secretario de Hacienda, Agustín Carstens, quien ha demostrado su incapacidad para enfrentar los retos que exige la actual crisis económica.

Téngase en cuenta que este funcionario sólo sabe aplicar fórmulas simplistas de un modelo que ha hundido al país y ha fracasado por completo.

Tiene que renunciar Carstens porque no tiene capacidad, aprendió en la corriente, en la escuela neoliberal, algunas fórmulas, formas, para justificar el pillaje en beneficio de unos cuantos, a costa del sufrimiento de la gente.

Y todo esto ya fracasó, está demostrado que ese modelo no funciona y él no sabe de otra cosa y, como aquí lo explico, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas.

Tiene que mandarse un mensaje claro a toda la sociedad, al pueblo, inclusive tiene que haber un mensaje de confianza a inversionistas.

La economía tiene dos principios básicos: Una ley, que es la de la oferta y la demanda, y un principio fundamental, que tiene que ver con la confianza.

¿Ustedes creen que como está la situación del país, no todo el pueblo, porque nosotros, la mayoría, ya sabemos que estos son empleados de los potentados y no les tenemos ninguna confianza, pero inclusive los propios inversionistas creen que les pueden tener confianza en el manejo de la economía, a Carstens?

Lo estamos viendo. Si no pueden detener la devaluación del peso. Hoy llegó a estar en 14.70 el peso con relación al dólar y no parece detenerse esta devaluación, si no hay un mensaje claro de confianza a los inversionistas, no vamos a lograr que haya estabilidad económica y financiera en el país.

Se van a terminar las reservas, porque diariamente le tienen que estar inyectando recursos, para supuestamente estabilizar la paridad peso-dólar y no lo han conseguido y no lo van a lograr, porque no se trata nada más de un asunto económico o financiero.

Se trata de un asunto de confianza y, como no hay un mensaje claro del gobierno usurpador, pues predomina la especulación en el mercado y en todo el país.

Por eso es indispensable la renuncia de Carstens, por el bien del país.

No pasemos por alto que estamos ante una nueva realidad, ya no se puede estar aplicando la política que una y otra vez ha fracasado, los llamados paradigmas de la economía, del modelo neoliberal, se hicieron añicos y se requieren planteamientos nuevos, distintos, formular nuevas políticas.

Esta es una nueva realidad y se necesita, repito, una nueva política económica y una visión diferente para enfrentar la crisis. Es decir, repito, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas.

De modo que así terminamos este escrito:

Señoras y señores legisladores.

Tienen todavía la oportunidad de actuar a la altura de las circunstancias y reivindicarse como verdaderos representantes populares.

Estamos viviendo momentos decisivos y el Congreso está llamado a jugar un papel fundamental, porque como aquí se dijo, no hay capacidad en el que está usurpando la Presidencia de la República, no existe capacidad, no sólo no tiene autoridad moral, sino que se ha revelado como todo un inepto y, por encima de su incapacidad e ineptitud, nosotros tenemos que cuidar el interés general, tenemos que cuidar a México, tenemos que cuidar a nuestro país.

No queremos que se desmorone nuestra Patria, queremos salvar a México. Ese es el propósito principal de nuestro movimiento.

Por eso, el Congreso tiene que entrar al quite en estos momentos difíciles para la Nación y de ahí la propuesta que les quiero hacer.

Tenemos que reunirnos, como lo acordamos en el Zócalo, el próximo martes 17 de febrero, para protestar por cobros excesivos de luz. Va a haber una jornada nacional, ¿qué les parece si en el caso –y esta es la propuesta—del Distrito Federal, ese acto que tiene que ver con las tarifas altas de luz y cobros excesivos, lo hacemos para buscar la respuesta a este escrito, frente al Congreso?

Que en los estados se haga frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad o las oficinas de Luz y Fuerza y nosotros lo hacemos frente al Congreso, para ir por la respuesta a este escrito y, desde luego, también ahí vamos a tratar el tema de los cobros excesivos de luz y vamos a seguir insistiendo en la disminución de las gasolinas, del diesel, del gas y en nuestros planteamientos.

¿Cómo ven?

Yo estoy seguro que si ahora, miren cuántos somos. Somos muchos, yo estoy seguro que el día 17 va a llegar mucha más gente, van a participar más ciudadanos.

Primero, sería a la misma hora, a las cinco de la tarde. ¿Les parece?

El martes a las cinco de la tarde. Vamos a estar a esta hora, porque muchos compañeros trabajan y para que puedan acompañarnos.

¿Les parece así? ¿Nos ayudan a invitar y a decirle a la gente que ahora lo vamos a hacer frente al Congreso, porque así lo ameritan las circunstancias?

¿Estamos de acuerdo? Levantemos la mano.

Nos vamos a encontrar de nuevo el martes 17, a las cinco de la tarde, en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Ahí vamos a estar.

Voy a entregar este documento a diputados y senadores del Frente Amplio Progresista, para que mañana nos ayuden a distribuirlo entre otros legisladores, aunque ya formalmente enviamos este documento a los presidentes de las mesas directivas de las cámaras de diputados y de senadores y les pedimos, de manera respetuosa, hagan llegar esta carta a todos los legisladores.

De todas formas, vamos a entregar esta carta a los legisladores del Frente Amplio Progresista, para que ellos entreguen este documento a todos los legisladores, diputados y senadores, porque ante el vacío de poder que hay actualmente en el país, el Congreso está llamado a jugar un papel fundamental, para enfrentar la crisis y detener este proceso de decadencia, que nos está afectando a todos y que puede agravarse, si no se actúa de inmediato.

Me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo. Nos sentimos muy fortalecidos, todos.

¿Verdad que nos sentimos muy bien? Porque va muy bien nuestro movimiento.

Y, como decía el presidente Juárez: Vamos a rescatar a México como se pueda, con lo que se pueda y hasta donde se pueda.

Muchas gracias.

Cartera vencida del INFONAVIT

Bitácora Mexicana del 1 de febrero de 2009.
Tema: Cartera vencida del INFONAVIT.
Invitados: Laura Itzel Castillo, René Sánchez Galindo y AlfonsoRamírez Cuéllar.
VIDEO:
http://video.google.es/videoplay?docid=-8132435855646826912&hl=es