miércoles, noviembre 30, 2011

Investigan a Banorte e Interacciones por coahuilazo

El gobierno de Coahuila omitió reportar el 72 por ciento de su deuda a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, revelan datos del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero. El endeudamiento oculto no es el único problema que enfrenta el estado: el secretario de finanzas de Humberto Moreira habría recibido diariamente –durante tres meses– más de 500 mil pesos en efectivo de Banorte. Las autoridades federales investigarían, también, los presuntos flujos de efectivo que le habría entregado el banco Interacciones. Ante lo que consideran una arbitrariedad, empresarios promueven amparos masivos y exigen rendición de cuentas del uso del dinero público.

Piedras Negras, Coahuila. Quien fuera secretario ejecutivo del Sistema de Administración Tributaria en el gobierno de Humberto Moreira Valdés, Héctor Villarreal Hernández, habría recibido 500 mil pesos diarios en efectivo durante tres meses del Grupo Financiero Banorte. También el banco Interacciones habría entregado dinero en efectivo a ese mismo exfuncionarios aunque aún se desconoce el monto.
Las operaciones, que ya estarían siendo investigadas por las autoridades federales, implicarían a los empresarios Roberto González Barrera y Jorge Hank Rhon, ambos ligados al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que desde enero de 2011 dirige Moreira Valdés.
El dinero en efectivo se habría entregado, al menos, durante un periodo de tres meses por lo que superaría los 50 millones de pesos. Consultado al respecto, Fernando Solís Cámara –director corporativo de Comunicación e Imagen de Banorte– refirió que los movimientos en efectivo son un delito. Y aunque se comprometió a dar en tres días la versión oficial del banco, propiedad de González Barrera, a 20 días de hecha la solicitud, no hubo respuesta.
Éste no sería el único escándalo que habría enfrentado Villarreal Hernández. El pasado 29 de octubre fue detenido por la Policía Investigadora e internado por unas horas en la cárcel de Saltillo. Ahí compareció ante el Juzgado Segundo Penal por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de uso de documentos falsos y equiparado al fraude por simulación de actos jurídicos.
De acuerdo con la Fiscalía General de Coahuila, el exsecretario de Humberto Moreira habría intervenido en la contratación irregular de créditos por 3 mil millones de pesos a largo plazo con los bancos del Bajío y Santander.
Y aunque hasta ahora se desconocen los acuerdos a los que Héctor Villarreal habría llegado con Banorte e Interacciones para la entrega del dinero en efectivo, ambas instituciones figuran entre los acreedores del gobierno estatal.
Incluso el pasado 30 de septiembre el Grupo Financiero Banorte informó que, junto con diversas instituciones financieras, suscribió un acuerdo con el gobierno de este estado para refinanciar la deuda mediante un crédito simple por 33 mil 867 millones de pesos, más costos de refinanciamiento, a un plazo de 20 años.
En ese acuerdo también participó Interacciones, de Hank Rhon, cuyo crédito renegociado con Coahuila ascendió a 10 mil 488 millones de pesos. Tras esta operación, Moody’s Investors Service (agencia de calificación de riesgo que realiza investigación financiera internacional y el análisis de las entidades comerciales y gubernamentales) bajó la calificación de fortaleza financiera de este banco.

La deuda oculta
Coahuila es la tercera entidad más endeudada del país y es la primera en la lista de las 21 que han ocultado parte de su deuda a las autoridades federales. Y es que los gobiernos de Humberto Moreira Valdés y Jorge Torres López omitieron enterar adeudos por 23 mil 643 millones 800 mil pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, revela el Análisis de la deuda pública de las entidades federativas y municipios, 2000-marzo 2011.
El informe –elaborado por la Auditoría Superior de la Federación y presentado a la Cámara de Diputados en junio pasado– señala que el estado reportó un pasivo por concepto de contratación de créditos de tan sólo 8 mil 329 millones 300 mil, al primer trimestre de 2011. No obstante, datos del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero citados en el reporte revelan que la deuda real en ese periodo ascendía a 31 mil 973 millones 100 mil pesos.
Alejandro Gurza Obregón, empresario de la industria automotriz, señala en entrevista que durante los cinco años que Moreira Valdés gobernó la entidad manejó presupuestos públicos por más de 150 mil millones de pesos en total, cifra a la que se le deben agregar la deuda con bancos, por 34 mil millones, y los pasivos con proveedores, que superan los 200 mil millones de pesos. “¿Qué hizo con ese dinero?”, se pregunta el militante panista.
El monto que ocultaron las dos recientes administraciones priístas en Coahuila equivale al 46 por ciento de los préstamos no enterados a la Secretaría de Hacienda: entre las 20 entidades restantes, los pasivos por créditos no informados suman un total de 27 mil 730 millones de pesos. Tan sólo entre Coahuila, que ocupa el primer lugar en la lista de entidades omisas, y Chihuahua, que se encuentra en la segunda posición, hay una diferencia de más de 18 mil millones. El estado gobernado por el priísta César Duarte Jáquez no notificó un adeudo por 5 mil 168 millones 400 mil pesos.
“El saldo de la deuda [de Coahuila] al primer trimestre de 2011 asciende a 8 mil 329 millones 300 mil pesos, aunque el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero señala que es de 31 mil 973 millones 100 mil, al no contabilizar 23 mil 643 millones 800 mil [pesos]”, señala el Análisis del máximo órgano de fiscalización en el país. Agrega que eso significa un 283.9 por ciento superior al saldo registrado en la Secretaría de Hacienda.
Armando Guadiana Tijerina, empresario de la industria minera y promotor de la organización civil Claridad y Participación Ciudadana, indica que la deuda pública supera en más del ciento por ciento el presupuesto de Coahuila, que en promedio a ascendido a 31 mil millones anuales. Lo cual, dice, es ilegal.
Para la Auditoría Superior, los pasivos por habitante ascendieron a 3 mil 8 pesos –cantidad que supera en 18.3 veces los 164.3 pesos por persona de 2006– en 2010; no obstante, advierte que “la información con base en la cual se estimaron los indicadores es inconsistente, debido a que no está registrada la totalidad de la deuda”.
La entidad fiscalizadora también señala que “con la información disponible se observa que los indicadores de sostenibilidad revelan una tendencia al deterioro. Esto implica un posible riesgo de las finanzas públicas estatales al comprometer una mayor cantidad de recursos para el pago de la deuda”.
De acuerdo con el Análisis, “la deuda pública estatal representa progresivamente un mayor porcentaje del producto interno bruto, de las participaciones federales y de los ingresos fiscales ordinarios. Respecto del ahorro interno, la proporción se incrementa cada vez más, debido a que el crecimiento de la deuda es mayor al del ahorro interno (la tasa media anual fue de 39.1 por ciento entre 2008 y 2010)”.
Para el órgano fiscalizador, “Coahuila presenta [un] deterioro en sus finanzas públicas debido al déficit en sus balances primario y presupuestario, los cuales han sido cubiertos con disposiciones de deuda de corto y largo plazo. Además, la entidad mantiene una alta dependencia de los ingresos federales, los cuales al cierre de 2010 representaron el 92.2 por ciento de los ingresos totales, lo que es indicativo del bajo dinamismo en la recaudación local”.

Rebelión empresarial
La previsible crisis de las finanzas públicas coahuilenses, cuya deuda podría superar ya los 35 mil millones de pesos, encuentra sus primeras reacciones sociales, sobre todo porque quienes acabarán pagando el déficit serán los contribuyentes. Así, un cada vez más nutrido grupo de empresarios se rebelan a las nuevas cargas impositivas y a la falta de transparencia en el uso del dinero público.
Y es que para hacer frente a los adeudos, el 15 de noviembre pasado el Congreso local aprobó en el paquete fiscal 2012 un aumento de 1 a 2 por ciento en el impuesto sobre nóminas, así como la vigencia del cobro de la tenencia vehicular. Del presupuesto total, por 32 mil 296 millones 300 mil pesos, la nueva administración de Rubén Moreira destinará 4 mil 627 millones 968 pesos al pago a la banca privada.
El grupo de empresarios inconformes, encabezado por Armando Guadiana Tijerina, promueve la presentación de amparos contra lo que consideran el endeudamiento excesivo de las finanzas públicas locales.
En entrevista con Contralínea, Guadiana Tijerina explica que “cuando inició el gobierno de Humberto Moreira, el estado no debía un solo quinto a ninguna institución financiera. La única deuda era la de la operación normal del estado, del orden de 300 millones, a proveedores, obras en proceso y cuestiones de esa naturaleza; pero a bancos o instituciones financieras públicas y privadas no se debía un solo peso. Y ahora resulta que llegamos a 34 mil millones de pesos en deuda”.
El empresario Alejandro Gurza señala que en esta previsible crisis financiera, “tan cómplice es Humberto como Rubén: los dos. Uno era el gobernador y el otro era el jefe del PRI”. Para el presidente fundador de Coparmex-Torreón e integrante de la organización civil, “el perverso de Humberto junto con Rubén Moreira [gobernador de la entidad desde el 1 de diciembre de 2011] hicieron un daño más grave a Coahuila que el económico: lo pudrieron, lo corrompieron con cooptaciones, mordidas y compra de votos. Sobre todo [dañaron] al magisterio, que debería ser lo más limpio en el país para bien de la sociedad, porque en el magisterio es donde se le enseña al niño y al adolescente los valores, los principios, la moral, el respeto a los padres, el respeto a los mayores”.
El empresario Víctor Alducin Flores expresa que, “como ciudadanos, hemos sido indolentes, le hemos dejado al gobierno hacer y esa facilidad que le hemos obsequiado, le permitió abusar. Por eso precisamente se ha llegado al grado del cinismo, de lo que pasó aquí, con el famoso coahuilazo. La reacción ciudadana tiene que ser esperada y ya una situación de éstas donde lastima abiertamente al ciudadano y desgraciadamente a los más pobres, a los más necesitados, nos hacen reflexionar y nos hacen accionar”.
En entrevista, el también presidente de la asociación Claridad y Participación Ciudadana y líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana en la región lagunera advierte que el movimiento de los empresarios apenas comienza. “Esto nada más fue el detonador, el trampolín para exigir a los gobiernos, no nada más al estatal, que es la problemática actual aquí en Coahuila, sino las problemáticas municipales, estatales y la federal”.
Indignado, el empresario Armando Guadiana Tijerina señala: “Definitivamente fue un fraude hacia los coahuilenses, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político y moral. Y ahora resulta que está de presidente nacional de nuestro partido, porque yo pertenezco al PRI. Pero yo quiero un PRI diferente y no el que comanda Humberto Moreira”.

Amparos masivos
La organización civil Claridad y Participación Ciudadana promueve la presentación de amparos masivos en contra de la deuda pública en Coahuila. El abogado Reyes Flores explica en entrevista la estrategia legal que siguen los empresarios y ciudadanos adscritos a esa asociación.
“Es un paquete. Nosotros iniciamos primero con amparos colectivos. Amparos de ciudadanos de manera individual que se presentaron de manera masiva y se siguen presentando. Pero las líneas son varias: una es la oposición en términos del artículo 17 de la Constitución local que es una garantía individual, de oposición ciudadana a la deuda de Coahuila. Ya se presentaron controversias locales constitucionales ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado solicitando la invalidez de la deuda por ser violatoria directa de principios constitucionales”.
El integrante del Partido Acción Nacional agrega que la otra vía es la penal. “Las acciones no sólo son en contra del gobernador interino, que es el que solicita la legalización de la deuda, sino también en contra del gobernador con licencia que consintió durante su periodo la contratación de deuda de manera ilegal. Pero también contra los diputados de la legislatura actual que solaparon y se coludieron con estos funcionarios para legalizar la deuda”.
Reyes Flores agrega: “Nos hemos escandalizado con el monto de los 34 mil millones de pesos, pero lo más grave desde el punto jurídico es el camino de la deuda: primero, los servidores públicos responsables negaron la existencia actual de la deuda. Si se analizan los cinco informes de gobierno y las cuentas públicas de [Humberto] Moreira de los cinco años [de su gobierno], en ninguno se habla de ingresos por deuda. Si lo analizamos en estricto sentido llegamos a la conclusión de que los 34 mil millones de pesos se adquirieron durante el último de gobierno. El año electoral en el que se encapricharon en que su hermano [Rubén] fuera gobernador de Coahuila. ¿Qué sucede en el camino de la deuda? Eso es lo grave desde el punto de vista jurídico”.
El abogado advierte que “la ley de deuda anterior prohibía que la deuda a corto plazo se contratara arriba del presupuesto anual del gobierno. La deuda de Coahuila equivale al 105 por ciento del presupuesto anual y evidentemente han violado la ley. Prohibía expresamente que la deuda se contratara sin la autorización del Congreso; se hizo sin la autorización de éste. Prohibía también que la deuda contratada a corto plazo fuera reestructurada; y el [artículo] 22 de esa ley indica que la deuda contratada en contravención era nula de pleno derecho. Se trata de cuatro principios que impedían la reestructura de la deuda a corto plazo, que la hacía ilegal por haberse contratado por arriba del 5 por ciento del monto del presupuesto anual, y por no haber tenido autorización del Congreso y que también la hacía nula de pleno derecho por no haber cumplido con los requisitos que marca la ley. ¿Qué implica esto? Una deuda nula no puede convalidarse bajo ninguna circunstancia ni con una nueva ley”.
Para el abogado, “el Congreso del estado, coludido para salvar y lavarle las manos a Humberto Moreira y compañía, abroga la ley anterior y dicta una nueva donde anulan el candado del porcentaje, permiten la contratación sin autorización del Congreso, el refinanciamiento y reestructura de la deuda contratada a corto plazo. Eso es gravísimo, sólo sucede en un estado autoritario”.
Reyes Flores pregunta “¿a dónde se destinó la deuda? El Congreso concluye que a la inversión pública productiva sin tener un sólo documento que demuestre el destino, y concluye que hay 34 mil millones de pesos de deuda sin tener un sólo documento que demuestre el origen. ¿De dónde salen los 34 mil millones de pesos?”.

“Gobierno invirtió deuda en desarrollo”
Los gobiernos de Humberto Moreira Valdés y Jorge Torres López destinaron los recursos de la deuda al desarrollo de Coahuila, asegura en entrevista Jorge Verástegui Saucedo, secretario de la Función Pública con Rubén Moreira y exsubsecretario de Vinculación de la Secretaría de Fomento Económico local.
El funcionario detalla que la deuda es de 34 mil 867 millones de pesos, monto renegociado con los bancos. “Es una inversión que difícilmente hubiéramos podido hacer con el presupuesto anual. Es un trabajo que fácilmente se haría en 20 o 30 años; eso es lo que estamos adelantando a nivel estado”.
Añade que “la deuda se dio en 2008, cuando la economía del mundo enfrentó un problema internacional severo derivado de la problemática que se presenta en Estados Unidos con la quiebra de Lehman Brothers [Holdings Inc, compañía global de servicios financieros]. México no estaba absorto de esa situación y tuvimos repercusiones muy graves: el producto interno bruto (PIB) cayó casi un 6 por ciento a nivel nacional”.
Verástegui Saucedo asegura que, para salir de la crisis, “el gobierno de Coahuila decidió lanzar un programa muy ambicioso de infraestructura vial, educativa, de salud y de desarrollo social. Con ese marco es como se adquiere la deuda, como se compra ésta, dicen los empresarios. La deuda se compra. Y no es malo deber; lo importante, precisamente, es no lo que se debe sino la solvencia que tengas para pagarlo y cómo puedes salir adelante con esa situación”.
De acuerdo con el funcionario, el servicio de la deuda es de 8 por ciento. “Eso nos da un margen de maniobra suficiente para poder enfrentar el siguiente sexenio. ¿Cuál es la mejor prueba de que esto va a ser así? Pues el tiempo. Me lo preguntaban algunos empresarios en el estado; les decía: lo importante es esperar que entre el siguiente gobernador, si tienes alguna duda, y esperar a ver el programa de obras y cómo se va a mover. Ése es el servicio de la deuda, un 8 por ciento. Entonces, sí da margen de maniobra para poder enfrentarlo”.
Añade que ese programa posibilitó que el PIB de la entidad cayera menos que el nacional. “Nos permite ser el tercer lugar en productividad laboral: el haber incurrido en este tipo de programas de infraestructura, como la vial, con todo el sistema de vialidades, puentes, avenidas, bulevares, caminos rurales; dio la oportunidad de ocupar a muchas personas, de dar mucho trabajo”.
Respecto de los sectores cultural y social, indica: “Tenemos 20 bibliotecas, museos, teatros. Sacamos a 106 mil personas de la pobreza; y éstos son datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Contamos con un programa que se llamó Cero Marginación que buscó sacar [adelante] a los municipios que estaban en alta marginación y ya no tenemos ningún municipio en alta marginación. Se hicieron 54 mil viviendas con piso firme, casi 34 mil cuadras pavimentadas. Privilegiamos el acceso al agua potable y la energía eléctrica de esas regiones. Hoy tenemos, por lo menos, una preparatoria en la cabecera municipal de los 38 municipios”.

Las presiones de Calderón y Moreira


La presión sobre el presidente Felipe Calderón va en aumento. Su capacidad de maniobra política se acota día con día, sin importar que aún le reste un año como ocupante de Los Pinos. Sus contrapesos se hacen sentir en todos los terrenos. En el Congreso de la Unión, la oposición lo obliga a modificar sus propuestas de reformas de ley y reprueba abiertamente su gestión; en los organismos políticos de oposición lo acusan de autoritario y de generador de la violencia; en su partido no le hacen caso los precandidatos que se niegan a declinar a favor del elegido Ernesto Cordero; y en el propio gabinete hay una rebelión para impedir que el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) enfrente a la justicia por la corrupción y el desvío de recursos públicos en Coahuila.
En medio de esta crisis política, de credibilidad y de confianza hacia el presidente de la República, su gobierno destapó un escándalo de corrupción en Coahuila, que va a marcar la contienda electoral de 2012 hacia la Presidencia de la República.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General de la República (PGR) cuentan con evidencias sólidas del monumental fraude que llevó a endeudar a la entidad cuando Humberto Moreira se desempeñaba como gobernador, cuyo monto alcanza los 34 mil millones de pesos. Ante ello, el priísmo nacional se ha volcado en apoyo a su líder y hasta el mismo precandidato Enrique Peña Nieto se ha pronunciado para impedir que el profesor Moreira enfrente a la justicia como cualquier ciudadano.
Hasta ahora suman cinco expedientes acumulados en el Ministerio Público federal que involucran a Moreira en el cuantioso fraude, pero en la PGR, en Hacienda y en la Procuraduría Fiscal de la Federación hay funcionarios que operan a favor del dirigente priísta para evitar que sea llevado a juicio. Algunos de esos burócratas corruptos esperan beneficios posteriores si Peña Nieto asume la Presidencia y otros, por temor a represalias futuras, tampoco están dispuestos a enfrentarse a la maquinaria priísta en el siguiente sexenio.
El mismo Moreira considera que nadie se atreverá a consignarlo ante un juez federal y mucho menos que algún impartidor de justicia se aventure a sentenciarlo y declararlo culpable. Nos refieren que algunos funcionarios del gabinete de Calderón han enviado mensajes de apoyo al líder nacional del PRI, con la promesa de que ellos harán hasta lo imposible para evitar que enfrente a la justicia.
Presión, miedo y oportunismo de burócratas es lo que marca esta investigación de fraude y abuso de poder en contra del exgobernador coahuilense, quien confía en librar la cárcel y mantenerse al frente del PRI hasta pasadas las elecciones presidenciales.
En Los Pinos y en el Partido Acción Nacional (PAN) las cosas no son menos complicadas. Es el propio secretario particular de Calderón quien está al pendiente del proceso que se sigue a Moreira en la PGR y, por todos los medios, busca sentar en el banquillo de los acusados al responsable principal del desvío escandaloso de recursos bancarios con cargo al erario de Coahuila. Para lograrlo, tendrían que hacer a un lado a varios funcionarios del gabinete que se han dedicado a bloquear y entorpecer la investigación. Algunos de éstos son priístas infiltrados en el gobierno y a otros les han ofrecido un hueso de regresar el PRI a la Presidencia.
En el PAN también están hechos bolas. Por un lado el candidato oficial, Cordero, se niega a declinar y ceder la candidatura a Josefina Vázquez Mota, quien encabeza las encuestas. Calderón, sin fuerza y un poder disminuido, ha tenido que hacerse a un lado para que el Consejo de ese partido político de derecha sea el responsable de nombrar al mejor candidato, que como sabemos será Vázquez Mota. Pero sea una u otro el nominado, ya se prevé que el PAN pase a ser la tercera fuerza política del país, por abajo de la “izquierda” y del PRI.
Y sobre el coahuilazo, de Los Pinos salió la instrucción de perseguir a los empresarios que supuestamente hicieron obras a cambio de contratos multimillonarios que, de acuerdo con Moreira, ocuparon los 34 mil millones de pesos del endeudamiento. Es ahí en donde van a apretarlos para que confiesen cómo expidieron facturas abultadas para el desvío de recursos públicos, pues las obras hechas en esa entidad en la gestión de Moreira no pueden justificar la millonada gastada.
Lo que sí es seguro es que este caso de corrupción y abuso de poder político enmarcará el proceso electoral de 2012, y enfrentará al PRI y al PAN en una de las batallas más cruentas de que se tenga memoria.
*Periodista

La ofensiva “zeta”

Las masacres perpetradas en Culiacán y Guadalajara la semana pasada indican que Los Zetas han lanzado una ofensiva a gran escala contra sus enemigos, en particular el cártel de Sinaloa. Sus acciones, sin embargo, rebasan lo que podría llamarse una venganza. En el trasfondo yacen asuntos de envergadura binacional: la incapacidad del gobierno mexicano para sacar adelante su guerra contra el narcotráfico y las crecientes sospechas acerca de la protección y colaboración que parece recibir el cártel de Sinaloa por parte de autoridades de Washington, incluida la escandalosa entrega de armamento de alto poder a través de la operación Rápido y furioso. No en balde el proceso contra el hijo del Mayo Zambada, en Chicago, ha sido declarado un asunto de “seguridad nacional”.

Sacuden la fortaleza de “El Chapo”

El gobernador Mario López Valdez decía que en materia de seguridad él podía solo… El hallazgo de 16 cuerpos calcinados el miércoles 23 en Sinaloa lo obligó a retractarse: tuvo que enviar al grupo estatal de élite adonde no quería, Culiacán, y dejar que las fuerzas federales le invadieran el territorio, pues hay indicios de que la masacre sólo es el principio de una batalla mayor. La información acerca del “calentamiento” de esa entidad a raíz de la presunta incursión de grupos de zetas es publicada en la edición de este domingo 27 de Ríodoce. Proceso la reproduce con autorización del semanario sinaloense.

CULIACÁN, Sin.- Tuvo que ocurrir la siniestra incineración de 16 cuerpos, el miércoles 23, y hubo de llegarle información al gobierno de Sinaloa de que un grupo criminal ajeno penetró la capital del estado –antes fortaleza del cártel de Sinaloa–, para que el gobernador, Mario López Valdez, decidiera retirarle el veto policiaco a Culiacán y ordenara la incursión de 120 elementos del Grupo Élite.

Este municipio, gobernado por un alcalde (Héctor Melesio Cuen Ojeda) que no es del mismo grupo político que llevó al poder a López Valdez, había padecido durante ocho meses la ausencia de la policía estatal especial creada para combatir al crimen organizado.

Hasta que en la primera semana de este mes, vía Inteligencia Militar, llegaron informes al despacho de Malova en el sentido de que células delictivas que no habían cobrado fuerza en el centro del estado lograron introducir numerosos comandos de sicarios al territorio controlado por la organización liderada por Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada.

De acuerdo con la información que tiene el gobierno estatal, se trata del grupo Los Zetas, que desde mediados del año lucha por violentar la plaza en alianza con los Beltrán Leyva, que han establecido sus centros operativos en Ahome y Guasave, y los Carrillo Fuentes, que operaran parcialmente en Navolato, Angostura y Salvador Alvarado.

Algunas células de Los Zetas, por su parte, habían tomado como foco de operaciones el sur de Sinaloa y su aparente presencia se especuló en Culiacán el 2 de julio de 2011, cuando los restos de dos cuerpos decapitados fueron arrojados en la escalinata poniente de palacio de gobierno.

La sospecha del Ejército respecto “a la presencia en Culiacán de un numeroso grupo de zetas” fue sustentada a raíz de que el pasado 4 de noviembre un comando del narco asesinó a ocho personas en una cancha de volibol en la colonia Pemex.

Aunque no especifica cuántos son ni en qué zonas de Culiacán operan, la Novena Zona Militar, en coordinación con el Grupo Élite y las Bases de Operaciones Mixtas Urbanas, instrumentó desde inicios de noviembre un cerco en las zonas limítrofes de la capital del estado tendente a contener la entrada de más zetas. Sin embargo, el casco urbano de la capital no fue cubierto.

El jueves 24, en reacción por los 24 homicidios dolosos ocurridos un día antes, entre éstos los 16 cadáveres calcinados, el gobernador confirmó que “todos sabemos que aquí opera el cártel del Pacífico y que hay otros cárteles o células locales que están aliadas con algo de zetas, los Beltrán Leyva, los Carrillo, que están en la disputa… Se trata de grupos, mensajes que se mandan, que nadie es lo suficiente fuerte o blindado como para no sufrir penetraciones”, expresó.

Sinaloa en alerta

Bastó también la psicosis de terror que impuso la quema de 16 cadáveres –12 en la colonia Antonio Rosales y cuatro en el Desarrollo Urbano Tres Ríos– para que el mandatario diera la orden de que el Grupo Élite, concentrado en Mazatlán y Los Mochis, entrara a Culiacán.

En la misma mañana de ese miércoles negro, horas después de sacudirse ante la peor embestida delictiva sufrida en el primer año del sexenio, Malova ordenó al secretario de Seguridad Pública, Francisco Manuel Córdova Celaya, el despliegue de más policías en la zona urbana y rural de Culiacán.

El gabinete de seguridad se declaró en alerta y dispuso que los 18 alcaldes estuvieran atentos en sus municipios para detectar cualquier situación que signifique riesgos para la población. Deberán avisar de inmediato a la SSP para proceder a la coordinación de operativos.

En Culiacán, ciudad desdeñada anteriormente en acciones de seguridad pública implementadas por policías estatales y federales, se procedió a movilizar a alrededor de 300 soldados que desde la tarde del mismo miércoles 23 patrullan las zonas consideradas más conflictivas e instalan puntos de control en lugares estratégicos.

En algunos casos, como en las sindicaturas de los municipios de Angostura, Salvador Alvarado y Guasave se “aconsejó” a los presidentes municipales que recomendaran a la población extremar precauciones. Una de las sugerencias es que eviten andar en las calles, carreteras y caminos más allá de las ocho de la noche.

Trascendió que en la comunidad de Palmitas, municipio de Angostura, el comando que el lunes por la madrugada levantó ahí a tres policías preventivos, mismos que aparecieron incinerados en Culiacán al amanecer del miércoles, dejó un mensaje amenazando a los pobladores de correr la misma suerte si los encontraban por las noches fuera de sus casas.

La sacudida violenta de ese día puso a temblar a los sinaloenses. Incluso al gobierno porque el martes 22, a raíz de que el periódico El Debate publicó que una hija de Gerardo Vargas Landeros, secretario general de Gobierno, había sido trasladada de Culiacán a Los Mochis en el helicóptero gubernamental, el gobernador dio a conocer que la delincuencia acecha a los funcionarios de su gabinete y los pone en situación vulnerable.

Mario López Valdez reveló que sus hijos se han ido de Sinaloa, “no están aquí, tienen rato fuera”, agregó. Luego afirmó que “hay señales, informaciones, conversaciones de que cuando se detiene a alguien importante, tratan de atentar contra representantes del Poder Ejecutivo del estado”.

Enseguida el secretario Vargas Landeros declaró que también envió a sus hijos fuera de Sinaloa debido a que él y su familia han sido amenazados y que se han registrado intentos de extorsión en su contra: “Cuando hemos detenido a gente importante para ellos (los delincuentes) han tratado de intercambiar a nuestros hijos por las gentes que estamos encarcelando”.

En esa atmósfera de zozobra, los dirigentes de sectores productivos y de organismos ciudadanos alzaron la voz en demanda de medidas más enérgicas del gobierno de López Valdez. Mercedes Murillo de Esquer, presidenta del Frente Cívico Sinaloense, deploró de nuevo que los criminales se paseen por la ciudad sin que nadie los vea, haciendo lo que quieren y sometan a la gente a estados de terror.

En el mismo ambiente de miedo, el jueves 24 se ordenó en diferentes escuelas públicas que reforzaran labores de seguridad interna con tal de prevenir la presencia de delincuentes que buscarían atacar a grupos numerosos de personas para “calentar la plaza” en Culiacán.

Capital vulnerada

Pese a ser la ciudad que tiene mayor índice delictivo en Sinaloa –aquí se ha cometido 40% de los mil 755 homicidios dolosos registrados en todo el estado del 1 de enero al 24 de noviembre de 2011–, la presencia de agentes estatales y federales reporta un repliegue, a diferencia de urbes como Mazatlán, Los Mochis y Guasave, que desde marzo de 2011 han tenido el despliegue de elementos del Grupo Élite, la Policía Federal y el Ejército.

De acuerdo con la información que la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado entregó al Congreso local, en Mazatlán, donde el Grupo Élite fue destacado desde su creación, el robo de vehículo bajó 40% de 2010 a 2011, el homicidio doloso se abatió 21%, el robo a casa habitación se redujo 31% y el robo bancario descendió 83%.

En Ahome, que también ha recibido atención especial del gobierno de Malova, el informe de la SSP resalta que el índice delictivo ha bajado 26%.

En cambio en Culiacán, adonde el Grupo Élite no había entrado sino que lo hizo a partir del “miércoles negro”, la dependencia estatal reporta que los delitos de alto impacto han aumentado 44%, el robo en comercios creció 138% y el robo de vehículos subió 38%.

Aun cuando la capital sinaloense vive en las semanas recientes una situación de violencia extrema, tampoco López Valdez ha solicitado la intervención del gobierno federal para que efectúe operativos como los que realiza en Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León. Ha dicho que puede solo con el problema.

–Cuando ustedes dicen que pueden solos con el problema de la delincuencia, sobre todo los delitos de alto impacto, ¿a qué se refieren? –se le preguntó a Gerardo Vargas Landeros (entrevista publicada en la edición 460 de Ríodoce).

–Lo que pasa es que se ha dicho que por qué no se declara a Sinaloa como un Sinaloa Seguro con el programa federal, es decir, que vengan e invadan las fuerzas federales al estado, y nosotros decimos que no, no consideramos todavía que estamos rebasados por la delincuencia –respondió.

En el seno de la LX Legislatura local también el gobierno del estado había sido cuestionado por la postura de Malova, insistente en que puede solo contra los grupos del crimen organizado. El 7 de noviembre, el diputado Miguel Calderón Quevedo, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, preguntó a Francisco Manuel Córdova Celaya, secretario de Seguridad Pública: “¿En realidad podemos solos? ¿En realidad, si es así la premisa de que los sinaloenses podemos solos, eso quiere decir entonces que Ahome puede solo, que Mazatlán puede solo?”.

Córdova Celaya le respondió que “el comentario del señor gobernador ha ido en el sentido de que no vamos a esperar a que la federación actúe… en las administraciones pasadas vimos que le echábamos la culpa a la federación, decíamos, es una guerra entre capos grandes, guerra entre grupos grandes, y el estado no puede con el paquete y el estado no puede sacar adelante esto, que venga el Ejército, que venga la Marina, que venga la PFP, que venga la PGR y que limpien casas… ya vimos que no han llegado… entonces no nos podemos dar el lujo de decir, sabes qué, vamos esperando a que llegue la federación, tenemos que actuar como estado, como municipios y sacar adelante esta tarea, la gente no quiere saber que es un problema federal, la gente sabe que le está afectando la calidad de vida y ya están hartos, como lo estamos todos, yo pienso que podemos solos si nos agarramos de la mano sociedad y gobierno.

“Aquí hay de dos sopas: seguir lamentándonos, diciendo estamos superados y es problema de la federación, o agarrar el toro por los cuernos y buscar los mejores hombres y mujeres que defiendan a Sinaloa. Los sinaloenses van a tener que defender Sinaloa, la federación no lo va hacer, la federación se va a ir a donde ellos estén viendo que es la necesidad apremiante del momento, encuentran muertos acá, se arrancan para allá…”, remató Córdova.

Sin embargo, las circunstancias dieron un vuelco inesperado. El Grupo Élite, el Ejército y la Policía Federal recibieron la orden de concentrarse en Culiacán al contarse con información castrense que alertaba sobre el “calentamiento” de una plaza que durante 10 meses no ameritó la atención del gobierno.

El gobierno de Mario López Valdez ya no pudo solo.

Hallan entrada de narcotúnel cerca de la PGR

El hallazgo en San Diego.


MÉXICO, D.F., (apro).- La entrada del narcotúnel descubierto ayer por autoridades estadunidenses en la frontera con México se encontraba en una bodega continua a instalaciones militares y de la Procuraduría General de la República (PGR).

Luego de que policías y soldados trabajaron toda la noche, detectaron que a 300 metros de la entrada al pasadizo, ubicado en la zona conocida como 70-76, se encuentra la Base Aérea Militar, la comandancia de la Policía Federal, la Unidad contra el Narcomenudeo de la Procuraduría General de la Republica (PGR) y oficinas del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Es una bodega de dos niveles, con un túnel de 10 metros de profundidad, con elevador, sistema de iluminación y rieles a lo largo de 800 metros para desembocar en otra bodega de San Ysidro, California.

El tránsito vehicular en el área –situada al este de la ciudad, prácticamente en la entrada de la carretera de Mexicali y a un costado del Aeropuerto Internacional de Tijuana– corresponde a unidades militares y policiacas federales.

La portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Lauren Mack, dijo ayer que el narcotúnel descubierto en la frontera entre Tijuana, Baja California, y San Diego, California, se ubicó en un almacén en la Mesa de Otay.

De manera extraoficial se dio a conocer que el narcotúnel –en cuyo lado mexicano se encontró un cargamento superior a las dos toneladas de mariguana– pertenecía al cártel de Tijuana que lidera Fernando Sánchez Arellano, El Ingeniero.

Este es el segundo “narcotúnel” descubierto en este mes. El anterior hallazgo ocurrió la semana pasada en la misma zona. En esa acción, las autoridades decomisaron cerca de 17 toneladas de mariguana.

Rápido y furioso: Armas para “El Chapo”

El cártel de Sinaloa fue el principal destinatario de las armas de la operación estadunidense Rápido y furioso. Eso lo supieron desde el principio el Departamento de Justicia y varias agencias de inteligencia de Estados Unidos. Pese a ello, continuaron con el operativo y lo ocultaron al gobierno de México. Tal es la conclusión de un informe realizado por los congresistas estadunidenses Darrell E. Issa y Charles E. Grassley. Con base en éste y en otras fuentes y documentos, los periodistas independientes Andrew Kennis y Jason McGahan describen, en un texto para Proceso, aspectos del operativo que terminó por beneficiar al cártel del Chapo Guzmán.
Armas de un decomiso en Estados Unidos.
Foto: AP



MÉXICO, D.F. (Proceso).- El 5 de noviembre de 2010 agentes de la Policía Federal (PF) y de la Procuraduría General de la República (PGR) encontraron el cadáver de Mario Ángel González Rodríguez –hermano de Patricia González, que recién había terminado su gestión como procuradora de Justicia de Chihuahua– en una fosa poco profunda, en la colonia Granjas del Valle de la capital del estado.

Fue “levantado” el 21 de octubre; días después circuló en internet un video en el que aparecía esposado y a merced de cinco hombres armados que vestían uniformes de camuflaje, máscaras y chalecos antibalas. En el video, Mario González dijo que su hermana había ordenado asesinatos a petición del cártel de Juárez.

La procuradora rechazó el señalamiento. Afirmó que los plagiarios habían obligado a su hermano a declarar eso. Sostuvo que el secuestro era una represalia por la persecución que ella había encabezado contra miembros del cártel de Sinaloa y que se había realizado debido a la corrupción de agentes policiacos.

Horas antes de que las autoridades descubrieran el cadáver, agentes de la PF irrumpieron en una casa de seguridad y arrestaron a ocho presuntos miembros de la banda que había secuestrado y asesinado a Mario González. Les decomisaron 16 armas de grueso calibre.

Ese mismo 5 de noviembre, Tonya English, agente de la Oficina de Información Estratégica e Inteligencia (OSSII, por sus siglas en inglés), perteneciente a la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), envió un correo electrónico a David Voth, supervisor del Grupo VII de la ATF en Phoenix, Arizona, para informarle que su oficina había rastreado esas armas decomisadas a los presuntos asesinos de Mario González y que dos de ellas, un par de rifles AK-47, habían llegado a México como parte de la operación Rápido y furioso.

La noticia pronto se regó dentro de la ATF. “Empleados de la OSII contactaron a sus colegas en Phoenix para alertarlos de esta conexión. Agentes de la OSII también se lo dijeron al personal de la oficina de la ATF en México”.

Carlos Canino, agregado alterno de la oficina de la ATF en México, se preocupó. Temía que la prensa mexicana descubriera la conexión entre el asesinato de Mario González y Rápido y furioso. Pidió a sus superiores que informaran de dicha conexión a las autoridades mexicanas o que lo autorizaran a hacerlo él mismo.

Consideraba que si los funcionarios nacionales se enteraban de ese dato por la prensa, y no por las autoridades estadunidenses, les retirarían su confianza a los agentes de la ATF, lo que les impediría trabajar con ellos. En ese caso, razonó, “nosotros sólo podríamos hacer las maletas e ir a casa”. Además, se afectarían aún más las relaciones entre México y Estados Unidos, de por sí tensas a causa de lo que se había sabido de la operación Rápido y furioso.

Pero los directivos de la ATF no respondían a las peticiones de Canino. Le daban largas. Ocho meses después, en junio pasado, el agregado alterno obtuvo “un tipo de aprobación” de su superior inmediato, Daniel Kumor, jefe de Asuntos Internacionales de la ATF, y Canino se comunicó directamente con Marisela Morales, procuradora general de la República. Cuando le soltó la noticia, dice, “ella quedó en shock” y luego exclamó: “¡Híjole!”.

“Todo bajo control”

Esa información aparece en el informe Operación Rápido y furioso del Departamento de Justicia: alimentando la violencia de los cárteles, elaborado por los congresistas Darrell E. Issa, jefe del Comité de Vigilancia y Reforma de Gobierno de la Cámara de Representantes, y Charles E. Grassley, miembro del Comité de Justicia del Senado.

Ellos encabezan la investigación del Congreso sobre Rápido y furioso, por lo que llamaron a comparecer a agentes y funcionarios de la ATF, lo mismo que del Departamento de Justicia. Además, tuvieron acceso a documentos relativos a la operación elaborados por las dos dependencias y por otras, como la DEA y el FBI.

El informe de 60 páginas, fechado el pasado 26 de julio, describe cómo los funcionarios de la ATF en Estados Unidos ocultaron los detalles del operativo Rápido y furioso a las autoridades mexicanas y a los agentes de la ATF destacados en México, aunque éstos empezaron a notificar desde finales de 2009 un “incremento anormal” en el decomiso de armas relacionadas con “una investigación” que se llevaba a cabo en la división de la ATF en Phoenix, Arizona.

Darrell Gil, quien era el jefe de la ATF en México, dijo a los investigadores del Congreso que a finales de 2009 comunicó sus preocupaciones a los funcionarios de la ATF en Phoenix y, como no le hacían caso, lo hizo en enero de 2010 con sus superiores en Washington. En ambos casos recibió respuestas similares: “Existe una investigación en curso”, “estamos trabajando en eso” y “todo está bajo control”.

Gil contó que la división de la ATF en Phoenix bloqueó a sus agentes en México el acceso a la base de datos del sistema de rastreo de armas conocido como e-Trace. Tanto Gil como Canino comentaron que los funcionarios de la ATF en Phoenix y Washington les ocultaban información del operativo porque temían que los agentes en México pudieran compartirla con funcionarios del gobierno de Felipe Calderón y éstos, a su vez –debido a la corrupción imperante en el país–, la filtraran a los cárteles de la droga, con lo cual fracasaría la investigación.

Más aún, Gil relató que cuando el director de la ATF, Kenneth Melson, y el subprocurador de Justicia de Estados Unidos, Lanny Breuer, realizaron visitas por separado a México en 2010, ambos intentaron calmar las preocupaciones de los agentes destacados en el Distrito Federal. Según Gil, Melson les comentó: “Es una investigación en curso que está proveyendo de alguna buena información de inteligencia (…) Lo vamos a checar cuando regresemos (a Washington), pero yo creo que está dando algunos buenos resultados”.

Destino: el cártel de Sinaloa

Con base en documentos del Departamento de Justicia, el informe de los congresistas señala que hasta julio pasado se habían recuperado 122 armas conectadas con la operación Rápido y furioso en 48 decomisos realizados por las autoridades mexicanas.

Sin embargo, los autores advierten: “existen indicios de que ese número podría ser mayor”. Citan como ejemplo el correo electrónico que Bill Newell, agente “en cargo” de la ATF, envió a su jefe, el subdirector adjunto William McMahon, según el cual hasta el 16 de diciembre de 2010 se habían recuperado 241 armas relacionadas con Rápido y furioso en México y 350 en Estados Unidos.

El informe de los congresistas estadunidenses y otras fuentes consultadas por los reporteros revelan que la mayoría de las armas de Rápido y furioso aparecidas en diversas “escenas del crimen” en México estaba destinada al cártel de Sinaloa.

Por ejemplo, en el informe de los congresistas aparecen extractos de la comparecencia de Steve Martin, director adjunto de la OSII, quien sostuvo que hasta el 27 de febrero de 2010 habrían terminado en manos del cártel de Sinaloa un total de mil 26 armas de Rápido y furioso, con un valor total de 650 mil dólares, y que de ello eran conscientes los funcionarios de la ATF.

En su comparecencia Martin se refiere a una “sesión informativa” sobre Rápido y furioso que se llevó a cabo el 5 de marzo de 2010 y en la que participaron importantes funcionarios de la ATF:

Pregunta: Después de esa sesión informativa no hay duda que las armas en este caso estaban siendo vinculadas al cártel de Sinaloa, con base en…

Respuesta: Con base en la información presentada. Y podría decir que sí.

Pregunta: Y eso era, presumiblemente, muy claro para todos en el salón (donde se llevó la sesión informativa).

Respuesta: Con base en eso, se dice que la gente (que compra las armas) está conectada con el cártel de Sinaloa, y yo podría decir que es cierto.

El citado informe señala que “el primer gran decomiso de armas ligadas a Rápido y furioso ocurrió el 20 de noviembre de 2009 en Naco, Sonora”. Se trató de 41 rifles AK-47 y un rifle Beowulf calibre.05. Verónica Álvarez Toscano, una mujer de 21 años residente en DeLand, Florida, las transportaba en un vehículo. Las había comprado 24 horas antes en una tienda de armas en Arizona. Lorren Leadman, especialista de la OSII, dijo el 5 de julio a los investigadores del Congreso que Álvarez Toscano admitió ante la policía mexicana que todas las armas estaban destinadas al cártel de Sinaloa.

Tres semanas después, el 9 de diciembre de 2009, efectivos del Ejército Mexicano incautaron en una casa de seguridad de Mexicali, Baja California, un arsenal similar: 41 rifles AK-47, un rifle AR-15, una pistola FN 5.7 y 392 cartuchos de diversos calibres, así como 421 kilogramos de cocaína, 60 kilogramos de metanfetaminas, 2 millones de dólares y 1 millón de pesos en efectivo. Los militares detuvieron a 12 personas, varias de ellas sospechosas de pertenecer al cártel de Sinaloa. “El rastro de las armas recuperadas llevó a testaferros que estaban siendo monitoreados por la operación Rápido y furioso”, señala el informe del Congreso.

Y añade: “Con una segunda gran incautación de armas en menos de tres semanas, los agentes de la ATF que monitoreaban la operación Rápido y furioso tenían pocas dudas de lo que estaba pasando”. Y cita lo que uno de éstos, José Wall, escribió en un correo electrónico a su colega de la agencia, Hope MacAllister: “(el liderazgo del cártel de Sinaloa) se está armando para una guerra”.

El 13 de enero de 2010 la policía de El Paso, Texas, incautó 40 armas largas, cargadores y chalecos antibalas que se encontraban en un auto Volkswagen Jetta abandonado en un estacionamiento de la ciudad. La ATF rastreó los números de serie de las armas. Eran de Rápido y furioso y estaban destinadas a un importante jefe del cártel de Sinaloa en Ciudad Juárez. El informe señala: “Este decomiso pudo representar un cambio en el movimiento de las armas de Rápido y furioso destinadas a la batalla del cártel de Sinaloa por el control del corredor de tráfico de drogas de Ciudad Juárez”.

Hubo otro decomiso importante de armas relacionadas con Rápido y furioso que no aparece en el informe de los congresistas pero que el diario Los Ángeles Times dio a conocer el pasado 8 de octubre con base en los registros de una Corte federal y de documentos de la ATF.

Según esa versión, en abril pasado agentes de la PF tomaron por asalto una casa ubicada en la parte norte de Ciudad Juárez. Los agentes recibieron el chivatazo de que ahí vivían pistoleros. El inmueble, se supo después, pertenecía a José Antonio Torres Marrufo, alias El Marrufo o El Jaguar, jefe del cártel de Sinaloa en Ciudad Juárez

En el gimnasio que estaba en el sótano de la casa, detrás de un muro cubierto por espejos de cuerpo entero los agentes encontraron un cuarto en el que había una ametralladora antiaérea calibre 30, un lanzagranadas, dos docenas de AK-47, rifles Barrett calibre .50 (conocidos como “matapolicías”), 26 mil 708 cartuchos, 247 cargadores, lo mismo que 53 uniformes de la Policía Militar, máquinas registradoras y máscaras antigás. “Hemos confiscado el alijo de armas más importante en la historia de Ciudad Juárez”, se jactó ante la prensa el gobernador de Chihuahua, César Duarte.

Agentes de la ATF rastrearon el origen de las armas. También eran de Rápido y furioso. Un “comprador civil” las adquirió en Phoenix y, con la anuencia de la ATF, las envió a El Paso, Texas, donde miembros del cártel de Sinaloa las “cruzaron” por la frontera.

En su comparecencia ante los congresistas, el funcionario de la ATF Carlos Canino expresó su preocupación sobre los efectos de Rápido y furioso: “Se alega que más de 2 mil armas fueron traficadas en esta operación. Para ponerlo en contexto: el 75 regimiento de la armada de Estados Unidos tiene aproximadamente 2 mil 500 efectivos. Eso significa que, como resultado de esta operación (Rápido y furioso), el cártel de Sinaloa ha recibido tantas armas como las que se necesitan para equipar a un regimiento entero”.

Y puso énfasis en los 34 rifles Barrett calibre .50 que habrían terminado en manos del cártel de Sinaloa. Señaló que el poder de destrucción de estas armas es tal que podría cambiar el desenlace de cualquier combate.

*Andrew Kennis es un periodista independiente que trabaja en Chicago y en la Ciudad de México y ha colaborado en The Christian Science Monitor y Al- Jazeera. Jason McGahan es maestro de literatura británica y estadunidense; formó parte del equipo editorial de The Washington Post.

Fox ante el narco: “Ahi te la vas llevando…”

Abogado regiomontano que acaba de recobrar su militancia en el PAN tras 15 años de haber sido expulsado de esa organización, Javier Livas Cantú se dice la “cuarta opción” panista en busca de la candidatura presidencial una vez que hizo el anuncio correspondiente el domingo 20. Nadie se salva de la crítica de este personaje –ni Fox ni Calderón ni López Obrador…– cuyo estilo se asemeja al de varios panistas altisonantes: bronco, desafiante, de propuestas políticas facilonas.
Vicente Fox. Omisiones.



MÉXICO, D.F. (Proceso).- “¡Yo soy líder de líderes! ¡De líderes, no de la raza de mero abajo!”, se autodefine, con énfasis, Javier Livas Cantú, el abogado regiomontano que hace 10 meses recobró la militancia en el Partido Acción Nacional (PAN) tras 15 años de haber sido expulsado y que ahora irrumpe, en otra de sus audacias, para proponerse como candidato a la Presidencia de la República.

“México está en la rayita, al borde de un barranco profundo y oscuro”, alerta Livas, quien se proclama “el plan V” del PAN –verdad, valentía, valores, victoria– para un tercer periodo de gobierno de ese partido, pese a que, juzga, los de Vicente Fox y Felipe Calderón claudicaron en el objetivo de cambiar el sistema priista.

Bronco, claridoso y desafiante, quien hace 18 años disputó a Diego Fernández de Cevallos la candidatura presidencial –a quien luego criticó por dejar de hacer campaña–, que se deslindó de Fox por incumplir el cambio y que en 2006 pidió a Calderón no aceptar la Presidencia por ser una “designación formalmente válida, pero percibida como ilegítima”, Livas afirma: “¡Me da vergüenza el país que tenemos!”.

Revela a Proceso que, inclusive, el propio Fox le confesó que fue omiso ante el crimen organizado por ser “un problema muy difícil” y por la corrupción de la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal, que entonces se llamaba PFP, y la DEA, la agencia antinarcóticos de Estados Unidos.

“Ahi te la vas llevando”, le dijo coloquialmente Fox a Livas en una reunión celebrada hace un par de años, en el rancho San Cristóbal, en Guanajuato, en la que descalificó a Calderón: “Está haciendo muy mal en usar al Ejército así”, censuró el expresidente.

“Yo le dije: ¿Y tú qué (hiciste)? Y me dice Vicente: ‘No, mira, es un problema muy difícil. Le preguntas a la PGR dónde está el problema y te dicen que en la PFP, le preguntas a la PFP y te dice que la PGR está corrupta, le preguntas a la DEA y te dicen que las dos están corruptas, y le preguntas a éstos y te dicen que la DEA también está corrupta. Total, no sabes ya ni qué está pasando. Entonces –fíjate lo que me contestó–, ahi te la vas llevando, te la vas llevando’. ¡Te la vas llevando!”

–¿Eso textualmente le dijo Fox?

–Así: “Te la vas llevando”. O sea, todos acusan a los demás de corruptos y tú te la vas llevando.

–¿Y usted qué le respondió?

–Le dije: “Oye, ¿entonces no hay nadie en qué confiar?”. “No, te digo, todos acusan a todos los demás”. Y ya no supe qué fregados. ¡Con razón se hizo el despiporre que se hizo!

Pero la indolencia de Fox no fue sólo en materia de seguridad, sino en todo, dice Livas, porque delegaba el gobierno en Ramón Muñoz Gutiérrez, el jefe de la Oficina de la Presidencia, actual senador. “Hizo confesiones de que cuando él se iba le encargaba a Ramón el changarro”.

–¿Claudicó de su deber?

–Vicente llegó y fue impactado por el tamaño del monstruo que él estaba heredando, y dijo: “aquí me la voy llevando”.

Arriando vacas

En entrevista con el reportero, la noche del miércoles 23, el abogado regiomontano de 65 años de edad revela otra estampa de Fox en el ejercicio del poder, cuando, con dos años en el gobierno, lo encontró en Los Pinos, tras reunirse con Rodolfo Elizondo, entonces vocero presidencial:

“¿Cómo te está yendo, Vicente?”, le preguntó Livas. “¿Sabes qué gesto me hizo? Me hizo el gesto de vamos arriando vacas. ‘Ahi vamos’. Ese fue el gesto que me hizo. Fue incapaz de verbalizar una situación y me dijo: ‘ahi vamos’, como arriando vacas.”

–¿En qué sentido lo dijo?

–De resignación, de que no queda de otra, de seguirle aquí, darle para adelante. Entonces yo tengo la teoría de que Vicente se encontró un monstruo que lo rebasaba por mucho y que se la fue llevando a ver qué.

Aunque Livas no era militante del PAN, apoyó a Fox radicalmente y, tras el triunfo de éste, reabrió su despacho en Monterrey, hasta que en la toma de posesión, el 1 de diciembre de 2000, se dio cuenta de que el futuro no sería halagüeño.

“Se transformó y no hizo lo que creí que iba a hacer. ¿Sabes cuándo me di cuenta? El día que improvisó la protesta constitucional y pensé: ‘Esto ya valió madres’. Es un acto solemne y las palabras tienen que ser exactas.”

Todavía, a la mitad del sexenio, Livas evoca otra reunión con Fox, gestionada con El Negro Elizondo, para decirle “que no estaba jalando su gobierno” y se ofreció a apoyarlo: “Oyó, nos dijo que no sabíamos lo que estaba pasando, que todo estaba magnífico y adiós, se acabó. Y se acabó”.

Por eso el 2 de julio de 2005, cuando el PAN encabezado por Manuel Espino organizó un acto en el Ángel de la Independencia para conmemorar el quinto aniversario del triunfo, un grupo de promotores de Fox, algunos de ellos aún en el gobierno, publicaron un desplegado cuyo título era rotundo: “¿Hay algo que celebrar?”.

El desplegado expresaba la insatisfacción por los logros alcanzados, pero pedía evitar el desánimo y el conformismo. “La verdadera tarea sigue siendo combatir la corrupción, la impunidad, la pobreza y la indiferencia social”.

En ese entonces, en su calidad de vocero del grupo, Livas dijo al reportero: “Es pintar nuestra raya de manera muy clara. Es un deslinde: Decir que lo que queríamos, lo que habíamos visualizado, no se ha cumplido”. (Proceso 1496).

Activista por los derechos ciudadanos desde que renunció al PRI, en 1985, en el Asamblea Democrática por el Sufragio Efectivo (Adese), el Grupo San Ángel, y luego promotor de leyes de transparencia y juicios orales, Livas se atribuye haber contribuido a la concertacesión, como se conoce al arreglo de la cúpula del PAN con Carlos Salinas para hacer gobernador interino de Guanajuato a Carlos Medina Plascencia.

Tras la debacle del PAN en las elecciones de julio de 1991, y la derrota de Fox en las de Guanajuato, en agosto de ese año, el presidente del PAN, Luis Álvarez, rompió relaciones con Salinas, como se lo comunicó José Luis Salas Cacho, entonces influyente panista, a Livas.

Livas revela que Salas Cacho le dijo que el gobierno de Salinas y el presidente del PRI, Luis Donaldo Colosio, proponían darle al PAN 16 diputados más para sumar 101. “No, le dije, no pidas eso, pide territorio, pide Guanajuato. A los gringos no les importa si tienes control constitucional o no, lo que les interesa es que el PRI consiga que el PAN vote junto con el PRI, no importa si tienes 85 o tienes 40. Tú pide territorio, porque es control electoral”.

Agrega: “Entonces van con Colosio y le dicen que no quieren diputados, sino Guanajuato. Y se ponen tan perros que dicen que sí, pero no a Vicente. Y se lo dan a Medina Plascencia. Yo influí para la concertacesión esa. Yo fui el que dije qué hacer”.

–Y ahí se engendró Fox.

–Exactamente, porque Vicente se queda de víctima y luego regresa y nada más entra y va por la grande, y ya nadie lo pudo parar.

Calderón no entiende

La irrupción de Livas Cantú como aspirante a la candidatura presidencial del PAN se produce cuando parecía que sólo la disputarían Josefina Vázquez Mota, Santiago Creel y Ernesto Cordero, aunque las reglas de la convocatoria lo colocan en desventaja: Debe acreditar que cuenta con el respaldo de por lo menos 30 mil firmas de todos los estados.

“Es una circunstancia muy difícil, no me hago”, reconoce Livas y, aunque dice que “sería una proeza” conseguir las firmas antes del 7 de diciembre, cuando se cierra el registro de candidaturas, confía en obtenerlas, no sólo mediante la red de líderes que ha conocido en más de 25 años de activismo político en el PAN, aun cuando tuvo 16 años sin militancia.

A pregunta expresa, acepta que una de sus opciones es persuadir a Espino, el expulsado expresidente del PAN, de cederle las firmas de los panistas que forman parte del movimiento Volver a Empezar (VAE). “Puede ser”, dice.

Administrador de empresas por el Instituto Tecnológico de Monterrey y abogado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, experto en cibernética, Livas lanzó su candidatura, vía su cuenta de Twitter, el 20 de noviembre, después de que hizo un sondeo entre panistas prominentes que no quisieron hacerlo, entre ellos a Francisco Barrio, embajador en Canadá, el senador Ricardo García Cervantes y Fernando Canales Clariond.

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Sólo en México y Honduras creció la pobreza en el último año: Cepal

*Anticipa el organismo un alza en la indigencia por el mayor costo de los alimentos

*El número de mexicanos en esa condición aumentó en 2 millones 359 mil de 2009 a 2010

*Para la zona en conjunto, el indicador se redujo 1.6 por ciento desde el comienzo de la crisis

Una de las zonas depauperadas en la delegación Iztapalapa, en la ciudad de México

México y Honduras se convirtieron en los dos únicos países de América Latina y el Caribe en que aumentaron la pobreza y la indigencia entre su población en el último año, reveló este martes un organismo de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Las variaciones ocurridas en México explicaron la mayor parte del aumento de la pobreza y la indigencia de la región en el último año, reportó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), un organismo de la ONU.

El universo de personas que vivían en pobreza en México en 2009 equivalía a 34.8 por ciento del total de los habitantes del país, según la Cepal. En ese año la economía mexicana resintió la mayor crisis económica en ocho décadas. El porcentaje se elevó a 36.3 por ciento del total de los habitantes del país en 2010, cuando la economía, al menos en cuanto a la evolución del producto interno bruto (PIB), había logrado remontar la crisis, según las cifras aportadas ayer por el organismo regional.

En 2010 la población alcanzó 112 millones 336 mil habitantes, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Presenta panorama social

La mayor variación en cuanto a la situación de pobreza en México ocurrió en el universo de personas que, según los parámetros de la Cepal, viven en una situación de indigencia, agregó el informe Panorama social de América Latina y el Caribe, presentado este martes por Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva del organismo regional.

El número de mexicanos que viven en indigencia o pobreza extrema fue equivalente a 13.3 por ciento de la población total del país en 2010, abundó el reporte de la Cepal. El porcentaje, respecto de 2009, se incrementó en 2.1 puntos porcentuales, lo que equivale a alrededor de 2 millones 359 mil personas, si se toma como universo total al número de habitantes del país reportados en el último censo de población del Inegi.

Los promedios, tanto de pobreza como de indigencia, para el caso de México son superiores a los de la región en su conjunto, abunda el informe. A la vez, la situación que prevalece aquí contrasta con la de la mayoría de Latinoamérica y el Caribe, donde la pobreza no sólo no aumentó sino que tendió a disminuir, según las cifras mostradas ayer por la Cepal.

En 2010, la pobreza afectó a 31.4 por ciento de la población latinoamericana –que es de 591 millones de personas–, incluido 12.3 por ciento que vive en condiciones de pobreza extrema o indigencia, mencionó la Cepal. En términos absolutos, esas cifras equivalen a 177 millones de personas en pobreza y, de ellas, 70 millones de indigentes.

A diferencia de lo ocurrido en el caso de México, las cifras para la región en conjunto revelan que tras la crisis de 2009 la recuperación económica se ha reflejado de manera positiva en los indicadores de pobreza.

Con respecto de 2009, la tasa de pobreza en la región se redujo este año en 1.6 puntos porcentuales, que representan 9.4 millones de personas. Mientras, la indigencia disminuyó en 0.8 puntos entre un ejercicio y otro, lo que equivale que alrededor de 4.7 millones de habitantes de la región dejaron la pobreza extrema, de acuerdo con los datos del informe.

A 2010, la información disponible sobre 12 países de la región revela variaciones de la pobreza de distinto signo y magnitud con respecto al año previo, consideró el organismo. Cinco países registraron disminuciones significativas en sus tasas de pobreza: Perú (-3.5 puntos), Ecuador (-3.0 puntos), Argentina (-2.7 puntos), Uruguay (-2.0 puntos) y Colombia (-1.4 puntos). En este grupo, la indigencia también disminuyó, con caídas que van desde 0.5 hasta 1.7 puntos porcentuales.

Por otra parte, Honduras y México fueron los únicos países (de la región) con incrementos significativos en sus tasas de pobreza e indigencia, de 1.7 y 1.0 puntos porcentuales en el primer país; y de 1.5 y 2.1 puntos porcentuales en el segundo, indica el informe, que acota:

“Debe tenerse presente que, en el caso de México, la comparación se realiza con respecto a la medición de 2008 y, por tanto, no refleja solamente la apreciable expansión de la economía mexicana en 2010, sino también la fuerte contracción del PIB per cápita observada en 2009”.

Con base en sus proyecciones de crecimiento del PIB y de las previsiones sobre la evolución de la inflación en cada país, la Cepal consideró que en 2011 la tasa de pobreza se haya reducido levemente en al región, no así la de indigencia que incluso podría aumentar porque, explicó, el alza del precio de los alimentos contrarrestaría el incremento previsto en los ingresos de los hogares.